(Por Ignacio Pellizzón) – Ahora que la nueva Agencia Antilavado de Rosario tiene directora (Paula Bruera), se pone en marcha para analizar un desarrollo urbanístico de peso y verificar si se lo utilizó para lavar dinero. Se trata del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña, que lleva la firma de Gustavo Shanahan, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria mientras espera el juicio oral como presunto miembro de una organización ligada al narcotráfico.

Fue en 2015 cuando el Concejo aprobó la ordenanza que modificaba el plan Especial Parque Habitacional Ludueña, donde se desafectaron 36 hectáreas destinadas al barrio cerrado en el marco del fideicomiso Los Pasos, que pasarían a ser loteos abiertos.

Esta iniciativa se vio en su momento con buenos ojos, porque le permitía al municipio la percepción de un importante monto en concepto de mayor aprovechamiento urbanístico, que sería destinado a obras de mejoramiento barrial y a la incorporación de suelo para el Fondo Municipal de Tierras.

Básicamente, Rosario cedió 186 hectáreas de suelo vacante a la vera del arroyo Ludueña, desde la intersección con la autopista Rosario – Córdoba, incluido el estadio mundialista de hockey “Luciana Aymar” y los desarrollos detrás del Jockey Club.

De allí se generaron diversos loteos, abiertos y cerrados, y el fideicomiso desarrollador replicó parcialmente con compensaciones al Estado, como la construcción de una escuela y de un centro de salud.

Ahora, con una Rosario totalmente atravesada por el narcotráfico y el lavado de activos, el concejal de Ciudad Futura, Pedro Salinas, presentó la iniciativa para “revisar y evaluar la derogación de la Ordenanza N°7932/05″, que le dio marco al acuerdo urbanístico, del cual suponen que haya sido terreno propicio para lavar dinero ilícito.

Según el proyecto aprobado en el Palacio Vasallo, al que accedió Mirador Provincial, Salinas expone: “Pedimos información al Ejecutivo municipal porque no tenemos un veredicto concluyente, pero sí hay dos hechos objetivos que ameritan abordar el asunto”, explicó uno de los autores del planteo parlamentario, el concejal Pedro Salinas (Ciudad Futura). “Uno es que para estas cosas el año pasado creamos la Agencia contra el Lavado. El otro es el procesamiento en la Justicia Federal de Shanahan como presunto miembro directo de una organización narco, y que compartirá banquillo de acusados en juicio oral con personajes de otras escalas socioeconómicas que exponen cómo se vertebra el narcotráfico y el narcomenudeo, y sus derivaciones a negocios de alta escala. Razones suficientes para que la Agencia se aboque, habida cuenta de que el rubro inmobiliario es propicio para el lavado de dinero sucio”.

En esta línea, en base a lo aprobado este jueves en la sesión del Concejo, se encomienda a la Agencia Antilavado a revisar el convenio del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña “si existen indicios que requieran elevar una alerta sospechosa de canalización de fondos para el lavado de activos de origen ilícito”.

“En caso de existir supuestos de comisión de delito de lavado de activos, convoque a una mesa de coordinación y cooperación”, concluye el decreto aprobado por unanimidad. Esto es, para “garantizar la inversión y darle tranquilidad a quienes participaron y participan de esos emprendimientos de buena fe”, indicó Salinas.

Gustavo Shanahan, ex director de Terminal Puerto Rosario, y dueño de una compañía financiera del centro de Rosario, fue procesado en noviembre del 2021 como responsable de esa firma que habría vendido moneda extranjera al emisario de una organización criminal dedicada a la venta de drogas. El juez federal Marcelo Bailaque le ordenó prisión preventiva y la imposición de un embargo de 6.480.000 pesos.

La investigación se había iniciado en mayo a partir de la detección de un punto de venta, distribución y acopió de drogas ubicado en Valparaíso al 2600, en Villa Banana, lo que derivó en 23 allanamientos en los que se incautaron estupefacientes, armas de fuego, municiones, unos 34 millones de pesos en efectivo, más de 30 mil dólares y elementos utilizados en el negocio narco que manejaba Rodríguez Granthom desde su celda del penal federal bonaerense de Marcos Paz.

El empresario recibió un procesamiento por la figura de coautor presunto de tráfico de estupefacientes agravado por la intención organizada de tres o más personas. Esa figura lo inserta en la cadena criminal no por dedicarse a negociar con estupefacientes sino, según fuentes judiciales, por facilitar esa actividad a sus autores, a partir de su actividad financiera.

La investigación fue impulsada por la fiscal federal de Rosario Adriana Saccone y el fiscal de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias. Para Shanahan el juez otorgó prisión domiciliaria porque tanto él como Néstor Ciotti, otro de los procesados, pudo acreditar medios de vida lícitos. A ambos el juez les atribuyó una intervención que consistió “específicamente en la recepción de sumas de dinero provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes”, según publicó en su momento el diario La Capital.

La función adjudicada a Ciotti consistía en guardar el dinero ganado por Marcos Díaz con la venta de drogas para su posterior cambio a dólares. En el domicilio de éste se incautaron 1 millón de pesos y 30 mil dólares.

Respecto de Shanahan, la pesquisa de los fiscales que el magistrado avaló determinó que a su financiera de España 889 acudió Díaz en varias oportunidades, entre ellas el 27 de agosto pasado, entrando con bolsos vacíos y retirándose con los mismos llenos.

Con el respaldo de los senadores nacionales, Carolina Losada y Dionisio Scarpin, se pidió la declaración de interés en el Senado de la Nación de la ordenanza municipal de Rosario para la creación de un Sistema de Control Financiero para la prevención del lavado de activos. 

La iniciativa, que tiene como objetivo dotar al gobierno local con una herramienta más para frenar el lavado de activos del narcotráfico y delitos provenientes del comercio ilegal, fue en primer lugar impulsada por el concejal de Juntos por el Cambio y referente de la UCR santafesina, Martín Rosúa. Luego de complementarse con aportes del propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, y otros concejales, el proyecto de Agencia Antilavado fue aprobado el pasado 11 de agosto. 

Ante una situación de violencia urbana inédita en Rosario, Rosúa presentó a principios de año un proyecto para dotar al municipio de una herramienta que le permita actuar con mayor peso y protagonismo frente a los embates de las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico. 

“Buscamos pegarle al narcotráfico donde más le duele, en sus negocios”, explicó Rosúa sobre la ordenanza que pondrá en marcha la agencia que, mediante el entrecruzamiento de datos que posee el Municipio, en convenios con otros organismos provinciales y nacionales, podrá detectar incongruencias entre los patrimonios o bienes de una persona con nula o inexistente actividad económica que lo justifique.  

“Esta ordenanza no solo vino a constituirse en una herramienta más para combatir al narcotráfico, sino que se transformó en la primera norma en su tipo dictada desde un Municipio en la República Argentina”, señaló Carolina Losada, quien confía que, a través de la declaración de interés por parte del Senado, pueda constituirse en un modelo a ser tomado por otras ciudades y localidades en todo el país.  

La crisis en seguridad que vive la provincia de Santa Fe tiene su epicentro en la ciudad de Rosario, que hace más de 10 años viene padeciendo el flagelo del narcotráfico con una magnitud jamás vista en nuestro país. “La inseguridad es hoy la principal preocupación de los santafesinos, que viven acorralados por el miedo ante la inacción y la falta de un plan, tanto del gobierno provincial como el nacional”, expresó Losada. La senadora viene pidiendo la aprobación de su proyecto para la declaración de “Emergencia en seguridad” para todo el territorio provincial.  

“Mientras el kirchnerismo sólo se encolumna detrás de la ex presidente para solucionar sus problemas con la justicia, en mi provincia los vecinos viven con miedo”. En lo que va del año, Santa Fe registra 287 homicidios, más de 500 heridos, figurando entre los muertos, 22 menores de edad y 45 mujeres. 

“La situación es crítica y la ciudadanía necesita que la dirigencia, en todos sus estratos, trabaje codo a codo para hacerle frente a una situación tan compleja como urgente”, agregó Rosúa, quien detalló que la principal  función de la Agencia Antilavado es el entrecruzamiento de datos ya digitalizados de los distintos entes y registros (Registro automotor, embarcaciones, Registro Propiedad, API, Rosario Digital, etc., con AFIP, MPA y UIF), unificando y relacionando la información suministrada sobre los bienes que posee una persona con sus actividades económicas lícitas y sus antecedentes penales. “Cuando el resultado de la investigación encuentre una situación de incongruencia entre los bienes que posee y sus ingresos económicos, la Agencia elevará un informe al organismo judicial correspondiente. Para combatir al crimen organizado es necesario que todos los poderes del estado, en todos sus niveles, estén alineados”.