En una audiencia imputativa, solicitada por el fiscal Iván Raposo, que se llevó adelante el mediodía del viernes, el Juez Adrián Godoy definió la prisión preventiva sin plazo para Hugo P. de 42 años acusado ser el ejecutor de la amenaza contra el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. El grave hecho se registró el miércoles 10 de mayo, cuando dos sujetos en motocicleta (uno aún sin identificar) dejaron en la municipalidad un sobre con dos balas y una frase que dejaba en claro que “las ratas estamos presas, pero seguimos haciendo lo que queremos”.

Habló Chiarella tras las amenazas: “De ninguna manera van a amedrentarnos y detenernos”

El emisario a su vez dejó un mensaje verbal a una empleada estatal que se encontraba en la vereda: “Si no solucionan, lo vamos a cagar a balazos a Chiarella”.

La investigación la llevó a cabo el fiscal Iván Raposo. Con cruce de información y tras distintas averiguaciones, lograron identificar a una de las personas buscadas.

Video: así actuaron los narcos que amenazaron al intendente Chiarella

Finalmente, Hubo P. fue detenido en la tarde del jueves en el marco de un allanamiento que se llevó adelante en una vivienda ubicada en calle Ituzaingo al 800. Se trata de una persona nacida en Lomas de Zamora, Buenos Aires, pero radicado en Venado Tuerto.

Ese día desde fiscalía confirmaron que dieron con prendas de vestir que coinciden con la utilizada en la noche del 10 de mayo.

Ordenaron la prisión preventiva de cuatro suboficiales del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto a los que se investiga por diversos delitos cometidos mientras ejercían sus funciones. Los policías tienen 30, 27, 25 y 23 años y sus iniciales son JJS, JEB, JFA y FGV, respectivamente.

Las medidas cautelares fueron impuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses.

El fiscal Eduardo Lago está a cargo de la investigación y es quien solicitó que los imputados sean privados de su libertad. “Aunque los abogados defensores propusieron medidas alternativas, el magistrado las consideró insuficientes para mitigar los riesgos procesales”, sostuvo el funcionario del MPA.

Lago destacó que “se trata de una causa compleja en la que comenzamos a trabajar en julio del año pasado”, y explicó que “para llegar a las detenciones llevamos a cabo numerosas tareas investigativas que permitieron reunir un gran cúmulo de evidencias”. Al respecto, remarcó que “el Organismo de Investigaciones (OI) realizó inteligencia criminal a través de diferentes métodos y herramientas”, y valoró “los aportes de la Agencia de Control Policial”.

Asimismo, el fiscal señaló que “ya fueron condenados otros dos policías que integraban el Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto por su participación en los mismos hechos ilícitos endilgados a los imputados”.

Por otro lado, Lago manifestó que “la investigación continúa”.

El fiscal Lago refirió que “el 11 de junio del año pasado, los cuatro policías que quedaron en preventiva concretaron un robo mientras desempeñaban sus funciones a bordo de motos de la Policía provincial”.

“Alrededor de las 20, los investigados interceptaron en la esquina de Vuelta de Obligado y 3 de Febrero a dos hombres que transitaban en una motocicleta, quienes frenaron la marcha al entender que se trataba de un control de rutina”, explicó el fiscal.

“Los imputados les exigieron a las víctimas información personal y del vehículo y les ordenaron colocar en el asiento de la moto todas las pertenencias que llevaban consigo”, afirmó Lago. “Mientras tanto, los uniformados convocaron a otros agentes que llegaron en dos motocicletas policiales”, añadió.

El funcionario del MPA hizo hincapié en que “una de las víctimas llevaba 40.000 pesos y, tras preguntarle violentamente por el origen del efectivo, los investigados le dijeron que debía entregárselo”. En tal sentido, aseveró que “amenazaron al hombre con incriminarlo por tener estupefacientes en su poder -lo cual no era así-, aprehenderlo y secuestrar su moto”.

Lago precisó que “aunque en principio los policías quisieron apoderarse de los 40.000 pesos, finalmente aceptaron recibir 25.000”, y resaltó que “instruyeron a las víctimas sobre cómo y dónde tenían que dejar el dinero”. Según aclaró, “las personas amedrentadas cumplieron con el trato por temor a sufrir daños mayores”.

Al día siguiente, los cuatro imputados y los dos agentes condenados cometieron un nuevo ilícito. “Alrededor de las 6 de la mañana, y a partir de un acuerdo previo, los agentes simularon una persecución policial a un joven menor de edad que pidió ayuda en una vivienda de calle Lisandro de la Torre al 1.800”, relató Lago en la audiencia.

El fiscal del MPA expuso que “un hombre que vive en el lugar abrió la puerta e inmediatamente ingresaron el adolescente y los cuatro investigados”, y agregó que “los dos condenados se quedaron en la vereda con el fin de procurar la impunidad del grupo”.

“Los policías amedrentaron a la víctima con sus armas de fuego reglamentarias y, sin orden de allanamiento ni razón urgente que lo justifique, revisaron el domicilio”, narró el funcionario judicial. “Cuando los uniformados se encontraron con una mujer que reside allí, también la intimidaron”, indicó.

“Luego de la conducta violenta, los imputados esposaron al joven menor de edad y se fueron sin confeccionar ningún acta ni requerir los datos personales de las víctimas”, puntualizó.

A los cuatro policías se les atribuyó la coautoría de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado (por la participación de un menor de edad y por el uso de arma de fuego).

También se los investiga como coautores de robo agravado (por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones, en poblado y en banda), amenazas coactivas agravadas (por el uso de arma) y cohecho.

Por su parte, al imputado de iniciales JEB se le endilgó la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, por haber tenido un revólver sin la debida autorización legal.

En relación a los dos policías condenados, se les impusieron penas de tres años de prisión de ejecución efectiva y de dos años de prisión de cumplimiento condicional, respectivamente. Además, ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Las condenas fueron resueltas en el marco de juicios abreviados desarrollados en los tribunales de Venado Tuerto. En tal sentido, los dos uniformados reconocieron su responsabilidad penal como partícipes secundarios de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado (porque participó un menor de edad y por el uso de arma de fuego).

Asimismo, uno de ellos admitió su responsabilidad por falsificación ideológica de documentos públicos y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil; y el otro por encubrimiento agravado.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal Venado Tuerto (AIC) llevó a cabo una orden de allanamiento del juez Adrian Godoy, en un domicilio de barrio San Vicente medida que dio resultado positivo, secuestrando varios elementos y procediendo a la detención de tres personas. 

La medida judicial fue tramitada en el marco de una investigación por un robo calificado con uso de arma de fuego. En el lugar secuestraron elementos de interés como una mochila, rodilleras, cuellera, pelota, y motocicleta Honda Biz 125 cc. 

Dentro de las medidas dispuestas por el fiscal Damián Casullo, detuvieron dos hombres y una mujer por encubrimiento.