Mientras Jorge Lanata sigue internado en la clínica Santa Catalina, la jueza Lucila Córdoba dispuso un bozal legal a la libertad de expresión y prohibió a los medios nombrar al reconocido periodista y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio.

Lanata

La prohibición rige para medios gráficos, audiovisuales y digitales, en una medida que restringe las libertades de expresión y de prensa.

La jueza lo hizo por solicitud de Elba Marcovecchio, que se encuentra en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, quienes la acusaron ante la Justicia "por hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido periodista.

"Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa", establece el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.

Esa decisión generó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y dirigentes políticos, como la diputada del PRO Silvana Giudici (extitular del ENACOM), que destacaron el valor de la libertad de expresión y rechazaron la orden de "censura judicial", por ser una medida inconstitucional, que "representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público".

La jueza, además, dispuso una medida similar de bozal legal para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata, según establece el oficio electrónico que el Juzgado Civil N° 8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.

Esta medida se enmarca en un clima de época que busca restringir las libertades de prensa y de expresión, como también lo fue el decreto que a principios de mes dictó el presidente Javier Milei para limitar el acceso a la información pública.

En su presentación ante la Justicia, las abogadas de Marcovecchio pusieron en conocimiento "la gran angustia por lo que esta pasando su cónyuge y su delicado estado de salud; así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad no sólo por la condición médica del Sr. Lanata, sino también por el hecho de que todos los medios de comunicación están difundiendo la presentación efectuada por las hijas respecto de éste, exponiendo parte de su contenido y haciendo alusión a las cuestiones relativas al patrimonio de su cónyuge y lo denunciado respecto de su persona".

La medida judicial de este viernes también solicitó una evaluación médica interdisciplinaria por parte de la Clínica Santa Catalina, con el fin de determinar su capacidad psicofísica y establecer si Lanata puede tomar decisiones autónomas, como administrar su dinero, trasladarse o consentir tratamientos médicos.

Además, se ordenó a varias instituciones médicas, incluyendo el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, que presenten informes detallados sobre el estado actual de salud de Lanata y el tratamiento recomendado. El objetivo es garantizar que reciba el mejor cuidado posible y evaluar si su entorno actual es adecuado para sus necesidades.

Finalmente, el tribunal solicitó la intervención urgente de un equipo forense para evaluar la idoneidad del lugar de internación de Lanata y si las terapias que está recibiendo son las apropiadas para su estado.

En las últimas horas, se difundieron videos de Marcovecchio dentro de la casa del periodista, retirando dinero y objetos de gran valor. Fue en medio de una denuncia de sus hijas por faltantes en la vivienda y gastos llamativos, como "dos millones de pesos en una joyería".

La denuncia, que consta de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia. Las hijas de Lanata aseguraron que la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre.

Además, sostuvieron que la abogada y panelista televisiva mantiene con ellas una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno. Y también detallaron gastos considerables en tarjeta de crédito, como "dos millones de pesos en una joyería"

Bárbara, hija de Lanata y Andrea Rodríguez, y Lola, fruto de la relación del periodista con Sara Stewart Brown, destacaron que Elba no vive en el hogar de su padre, sino en otro departamento en el mismo edificio que “fue comprado en gran medida con plata de nuestro padre”.

Junto a la denuncia presentaron como pruebas audios y videos de cámaras de seguridad, donde se la ve a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y la habitación de trabajo de su marido.

Bárbara y Lola acusaron a Marcovecchio de "hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, entre "35 y 50 mil dólares". Especificaron 42 objetos, entre esculturas, relojes, lapiceras, joyas, gemelos y certificados de autenticidad de obras de arte.

"El listado de faltantes en el domicilio de nuestro padre es triste", aseguraron en la denuncia.

En la denuncia también se citó el testimonio de un colaborador de Lanata, quien relató una llamativa actitud de Marcovecchio durante sus visitas al Hospital Italiano, donde el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se encontraba internado.

"A pesar de conocer su estado de salud, le traía siempre cosas dulces como scons, lemon pie, tortas de Maru Botana. Ellas se las ponía delante para que las comiera. Le insistía para que las probara incluso cuando él decía que no", sostuvo el asistente de Lanata.

Lola y Bárbara, con esta presentación judicial, pidieron que se designe a otra persona para administrar los bienes de su padre, quitándole así el poder a Marcovecchio, quien actualmente posee esa facultad por ser la cónyuge del reconocido periodista.

La polémica que generó esa presentación de las hijas de Lanata hizo que los abogados de su esposa pidieran un bozal legal para que los medios gráficos, audiovisuales y digitales dejen de informar sobre esta situación; medida que fue otorgada por la jueza Córdoba, pese a que es un tema de interés público, que atraviesa una figura pública.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa.

Un inaceptable caso de censura judicial ➡️https://t.co/wwWmGL3bd1

A través de un comunicado, ADEPA consideró que "se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado".

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película “La Última Tentación de Cristo” contra Chile", agrega el texto.

"El juez -prosigue-, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación".

"La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público", concluye el comunicado.

Al cierre de la 62ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en la ciudad de Posadas el día 20 de septiembre, se procedió a la elección del Consejo Ejecutivo que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período 2024-2025.

El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente 2º: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Secretaria General: Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

Secretario de Organización: Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Secretario de Actas: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Tesorero: Francisco Muñoz (Opi Santa Cruz, Río Gallegos)

Protesorero: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)3ª Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)4º Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)5ª Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)6º Juan A, Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

1º Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)2º Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)3º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)4º Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)5º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)6ª Jorge Arias (Actualidad, Gral. Villegas)

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Presidente: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Vicepresidente: Marcelo Carbone (Crónica, Buenos Aires)

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Vicepresidente: Carlos de Elía (TN, Buenos Aires)

Presidente: Tomás Vio (Olé, Buenos Aires)

Vicepresidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Secretaria: Sabrina Salvi (Diario Uno, Mendoza)

Presidente: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Secretaria: Ana Tronfi (ADN Sur, Comodoro Rivadavia)

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Vicepresidente: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Presidente: Fernando Rajneri (Río Negro, General Roca)

Vicepresidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)

Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca, y Diego Garazzi

Suplente: Cecilia Gargatagli

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Sergio Ducca

Andrés D´Alessandro

Gabriel Matijas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su preocupación por el intento de reimplantar la matrícula para ejercer la profesión, al tiempo que alertó sobre el aumento de los hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital, y la no renovación de acreditaciones para coberturas.

En la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de la organización, se analizaron diversas situaciones que afectan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la Argentina.

“Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa. En definitiva, el derecho a la libre expresión”, dice la comunicación.

Además, llama a la reflexión al gobierno por avanzar con ideas anacrónicas: “Hubiera llamado la atención que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida, establecida por una ley de 1946 (la número 12.908), que además de no haber sido nunca exigida en la práctica para el ejercicio periodístico, debe ser considerada derogada desde la ratificación por la República Argentina del Pacto de San José de Costa Rica, en 1994. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 5, de 1985, de modo unánime sostuvo que “la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículos para expresar o transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En otro pasaje del documento, la organización advierte sobre las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos del país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales. “El trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública. Para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias. Adepa espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible”, afirma.

Finalmente, la entidad “condena todos los hechos de violencia física y verbal contra periodistas y comunicadores ocurridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas en los alrededores del Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases. Y también alerta por el crecimiento de los ciberataques y hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital (y replicados en ocasiones por funcionarios y políticos) contra periodistas, medios y organizaciones que los nuclean, en ciertos casos incluso a partir de noticias falsas o manipuladas”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condena enérgicamente las amenazas de muerte al periodista Nelson Castro y al equipo del canal TodoNoticias, mientras se encontraban realizando una cobertura informativa en la ciudad de Rosario, que en los últimos días fue escenario de graves crímenes perpetrados por bandas de narcotraficantes.

Las amenazas fueron recibidas en el teléfono celular del periodista Sebastián Domenech, desde un número desconocido. Fueron varios mensajes intimidatorios dirigidos contra Castro y el equipo del canal. “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiro(s)”, decía una de las amenazas, acompañada por una foto de la transmisión de TN en vivo, donde se lo ve al conductor de Telenoche parado en una esquina de la ciudad.

“El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, fue otro de los mensajes amenazantes, firmado por “la mafia”.

Rosario: amenazaron de muerte a Nelson Castro y al equipo de TNEl periodista Sebastián Domenech recibió, de un número desconocido, tres mensajes intimidatorios dirigidos contra el conductor de Telenoche: “Los vamos a sacar a tiros, el que avisa no traiciona” pic.twitter.com/95YE5EhDnn

Tras ese mensaje, continuaron los mensajes amenazantes: “Que no se acerque a Francia y Seguí y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”. Y en la última parte del WhatsApp que le llegó a Domenech, los agresores dicen que si Castro no se retira del lugar “va a terminar como (José Luis) Cabezas”, el fotógrafo que fue brutalmente asesinado en enero de 1997 en Pinamar.

Las amenazas recibidas por parte del equipo de TN.

Adepa insta a las autoridades locales y federales, y a los tres poderes del estado, a investigar y a sancionar a los responsables de las amenazas que recibió el conductor y el equipo que cubre la violencia narco en Rosario.