El Gobierno ya se aseguró los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año, lo que contribuye a sostener el buen clima en los mercados financieros. El Tesoro aprovechó el superávit fiscal conseguido en 2024 para comprar alrededor de US$ 7.000 millones y asegurar sus obligaciones de deuda de 2025.

Por esa razón, ya no necesitaría recurrir al mercado de capitales para buscar financiamiento con el fin de hacer frente a esos compromisos. El Gobierno tiene depositados US$ 6.009 millones en el Banco Central para pagar los vencimientos de capital de enero y julio.

Los fondos se suman a la transferencia de casi US$ 1.000 millones que hizo en octubre pasado al Bank of New York Mellon (BNY), para cubrir parte de los vencimientos de intereses de Bonares y Globales de este mes.

En el mercado financiero se refuerza la perspectiva de que el Gobierno no saldrá del cepo hasta después de las elecciones legislativas, ya que tiene los compromisos de 2025 cubiertos, más allá del posible nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o de que consiga un REPO.

Entre Globales (títulos emitidos bajo ley extranjera) y Bonares (bajo ley argentina), la Argentina enfrenta dos vencimientos de capital este mes y en julio de US$ 2.901 millones cada uno. Además, debe pagar cupones por alrededor de US$ 1.800 millones en ambos meses.

La señal de que el Gobierno ya se aseguró casi la totalidad de los vencimientos de deuda de los próximos meses tuvo un impacto en el nivel del riesgo país, que se desplomó de 1.556 puntos básicos a mediados de año, a los actuales 637.

En este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca cerrar el nuevo programa con el FMI en el primer cuatrimestre del año y el presidente Javier Milei indicó que las negociaciones incluirán un desembolso de fondos frescos que ayudarán a fortalecer las reservas del Banco Central.

En caso de que efectivamente el Ministerio de Economía pague los vencimientos de enero con parte del depósito que tiene en el BCRA, las reservas volverían a caer en torno a US$ 3.000 millones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales deben informar sobre las transacciones, saldos y consumos de sus clientes.

Esta actualización semestral se basa en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Desde el 1° de enero beben informarse las siguientes operaciones sólo si superan los siguientes importes:

$600.000: total de consumos con tarjetas de débito del país e ingresos o egresos totales en billeteras virtuales;

$1.000.000: total de acreditaciones bancarias registradas en el mes, total de depósitos a plazo constituidos en el mes, extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio, saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes o saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes

$2.000.000: aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.

La medida no afecta a los consumidores ya que es un régimen de información que deben cumplir las entidades financieras, billeteras virtuales y plataformas.

Por Ivana Fux 

Los alcances y derivados del acuerdo entre provincia y nación para saldar la histórica deuda de copartipación monopolizaron la discusión política de toda la semana. Y el tema promete seguir en cartelera. El debate logró correr, al menos de la superficie y transitoriamente, las movidas y cónclaves por los futuros armados electorales. 

Con la sucesión de reuniones que se promovieron desde la Casa Gris, el Poder Ejecutivo intentó clarificar y contrarrestar la andana de críticas con las que la oposición recibió la noticia del acuerdo. Los sectores no oficialistas hicieron planteos que objetaron desde las cuestiones de forma hasta el corazón del convenio. En cuanto a lo primero, criticaron las convocatorias “improvisadas” del gobierno y la decisión suscribir el texto “de manera unilateral y a espaldas de la Legislatura”. Respecto de lo segundo, polemizaron sobre el monto a cobrar, el índice de actualización, el instrumento con el que se saldará, la necesidad de enviar el convenio a la Legislatura y, sobre todo, cuestionaron un segundo convenio firmado con AFIP. 

La oposición sostiene que lo que debería haber sido motivo de festejo, por poco no terminará siendo perjudicial para Santa Fe. Desde el gobierno se interpreta que la verdadera razón de las disidencias radica en la circunstancia en la que se termina generando la noticia del cobro de la histórica y millonaria deuda. “La piedra en el zapato (de la oposición) es que la sentencia de la Corte se terminó dictando durante la gestión de Omar Perotti”, resumió el ministro de Gestión, Marcos Corach. 

 Es cierto que, en algunos aspectos, la discusión decantó. Después de los encuentros con entidades, legisladores e intendentes, se aceptó que la determinación del monto a cobrar, así como la tasa de actualización, no fueron responsabilidad de provincia o Nación, sino de la Corte, que fijó esos criterios. De igual modo, se concedió que no había muchas chances de cobrar que no fuesen a través de bonos. Ello no implica que se haya desvanecido la profunda preocupación por saber qué utilidad real tendrán dichos títulos en el contexto volátil e incierto por el que atraviesa la economía. 

No evolucionó demasiado el debate sobre si el convenio debe ser remitido o no a las cámaras; mayoritariamente la oposición insiste en que así deber ser, mientras que el Poder Ejecutivo sostiene que no hay razones técnicas ni jurídicas para que el acuerdo sea ad referéndum de la Legislatura. 

Pero hubo un aspecto cuyas controversias ni los hechos ni dichos producidos durante la semana pudieron disipar. En rigor, las acrecentaron y profundizaron. A diez días de la rúbrica que debía ser histórica, la principal objeción de la oposición está focalizada en el acuerdo que la provincia suscribió con AFIP (al que el gobierno sigue definiendo como “preliminar”). Dicho entendimiento implicará en la práctica que se le volverá a detraer a Santa Fe el 1,9% de su coparticipación federal – unos 8 mil millones de pesos anuales- para financiar al organismo nacional. A cambio, la provincia recibirá “información relevante” para mejorar su recaudación. La simultaneidad en el anuncio de ambos acuerdos generó dudas en la oposición, que deslizó sospechas sobre un supuesto “chantaje”; ello, fundado en el razonamiento de que Nación pagaría su deuda, si antes Santa Fe se comprometía a conceder a AFIP una porción de la coparticipación. El Ejecutivo lo negó; en público y en privado desde el gobernador hasta sus funcionarios, ante la prensa y ante los legisladores dijeron que “una cosa no tenía que ver con la otra”; que “eran convenios independientes”, y que los temas no debían mezclarse. Sin embargo, cuando los textos llegaron a la Legislatura, pudo leerse ya en el título del paper que el acuerdo de AFIP era “complementario” – se presume- al suscripto por la deuda-; allí, se alude directamente en el primer punto de los considerandos al “acuerdo de ejecución de sentencia entre provincia y Nación” que había sido firmado ese mismo día. Lo que implicaría que los acuerdos sí estaban relacionados, aunque hayan constituido rúbricas independientes. La situación irritó al presidente de la Cámara de Diputados; desde su banca como legislador, Pablo Farías trató de “mentiroso” al gobernador. Una aseveración inusitadamente fuerte, que tuvo su correlato con nuevas aclaraciones formales de la ministra de Gobierno, Celia Arena, garantizándole al legislador que no habrá acuerdo si la Legislatura no lo avala. Farías no se retractó, aunque si prefirió no insistir con imputaciones personales. Pero las discrepancias se mantienen. La deuda que permanece, en cualquier caso, sigue siendo el diálogo.