La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso un proceso de consulta pública para reglamentar los nuevos "Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral". Se trata de un paso previo en la implementación del Sistema de Cese Laboral previsto en el Decreto N° 847/2024, que busca ofrecer una alternativa a la tradicional indemnización por antigüedad en casos de desvinculación laboral.

La iniciativa, formalizada a través de la Resolución General 1066/2025, "invita" a ciudadanos y actores del mercado a expresar sus opiniones y propuestas sobre la creación de un marco normativo específico para estos instrumentos. El objetivo es que los fondos acumulados a lo largo de la relación laboral puedan ser utilizados al finalizar el vínculo, independientemente de la causa.

Según la propuesta, estos "PICs de Cese Laboral" podrán adoptar la forma de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). Una característica distintiva es que deberán incluir obligatoriamente la expresión "Cese Laboral" en su denominación.

"En los términos y con el alcance previsto en el Decreto N° 847/2024, se considerarán Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos y a los Fideicomisos Financieros que se constituyan en los términos del artículo 11 del Anexo II del mencionado Decreto con las exigencias allí dispuestas", detalla el Anexo I de la resolución.

La reglamentación establece pautas específicas para ambos tipos de instrumentos. En el caso de los FCI de Cese Laboral, se requerirá un reglamento de gestión particular, diferente al modelo general, que detalle, entre otros puntos, el mecanismo de notificación del cese laboral y el destino de los fondos en diversos escenarios de desvinculación.

La suscripción de cuotapartes provendrá exclusivamente de aportes de empleadores y/o trabajadores. Además, se limitará la concentración de inversiones por industria a un máximo del 30% del patrimonio neto del fondo, y no se permitirá invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes.

Para los Fideicomisos Financieros de Cese Laboral, si bien no estarán obligados a presentar un prospecto para aprobación de la CNV, deberán publicar cierta documentación en la Autopista de la Información Financiera (AIF).

El contrato de fideicomiso deberá ser exhaustivo, incluyendo detalles sobre el procedimiento de pago al trabajador y el manejo de los fondos ante distintas causales de extinción laboral. Al igual que los FCI, no podrán invertir en instrumentos de los empleadores fideicomitentes.

Un aspecto relevante es la simplificación de ciertos procesos para estos instrumentos. Por ejemplo, para los Fideicomisos Financieros, "será suficiente la acreditación de los esfuerzos de colocación mediante la difusión del contrato de fideicomiso entre los trabajadores de la empresa que adhiera al mismo", sin necesidad de cumplir con las disposiciones generales sobre colocación primaria en el mercado.

La CNV destaca que, como autoridad de control y supervisión, garantizará que las entidades administradoras y fiduciarias mantengan políticas de inversión adecuadas.

La "Elaboración Participativa de Normas", aprobada por el Decreto N° 1172/2003, es el mecanismo elegido para este proceso, buscando fomentar el diálogo con los interesados y la transparencia en la producción de normas administrativas.

Los interesados en participar en esta consulta pública tienen un plazo de quince días hábiles para presentar sus opiniones y propuestas a través del sitio web oficial de la CNV. En el Anexo II de la resolución, se aprueba el formulario modelo para realizar dichas presentaciones.

En la argumentación libertario, esta reglamentación sienta las bases para el funcionamiento en el mercado de capitales de los fondos de cese laboral, ofreciendo una alternativa para la gestión de los recursos destinados a la protección del trabajador ante la finalización de su relación laboral.

El viernes, la provincia pagará el 22,4% adeudado de la última paritaria cerrada por la gestión de Omar Perotti y en los últimos días dictó cinco decretos para determinar los alcances de esa política salarial para el sector público. Uno de esos decretos, fija los haberes mínimos previsionales con retroactividad al 1 de febrero en $ 260.073,85 para jubilados y en $ 195.059,39 para pensionados. A diferencia de beneficiarios de Anses donde la mayoría cobran el haber mínimo, en la provincia son la minoría los que tienen el piso. A noviembre eran apenas 1397 jubilados y 1920 pensionados, según la información disponible en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Los cinco decretos publicados en el Boletín Oficial fijan los nuevos valores salariales para la administración central, viales, profesionales universitarios de la salud, docentes, policía, servicio penitenciario e Iapip.

Hoy martes , el gobierno se volverá a sentar con los gremios docentes en la mesa paritaria del sector mientras otros sectores como los estatales vienen reclamando la convocatoria respectiva que se concretaría en días más.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, informó que "el Gobierno provincial, en un contexto de muchas dificultades y con un gran esfuerzo", va a abonar el viernes 15 de marzo por planilla complementaria el 22,4 % que sumado al 14 % de aumento en febrero, salda el compromiso adeudado por la gestión anterior del 36,4 %. De esta manera se completa un 215 % de aumento durante el 2023, contrastando con la caída de los recursos provinciales, cuyos ingresos fueron apenas del 123%".

Olivares destacó que "este aumento otorgado por la anterior gestión y que le tocó asumir a la actual gestión, significa un impacto presupuestario de casi $ 800.000 millones, todo esto en un contexto macroeconómico nacional de ajuste y de poca previsibilidad, que afectan directamente las arcas provinciales".

El ministro de Economía recordó que el objetivo de la actual gestión "es defender el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, meta que se irá cumpliendo a medida de los ingresos que la Provincia vaya obteniendo mes a mes".

El Gobierno Provincial recordó que cerró 2023 con un déficit de $ 131.111.688.114. Los gastos corrientes (134,7 %) crecieron por sobre los recursos corrientes (117,8 %), es decir se gastó más de lo que ingresó. Esto implicó que en el resultado económico, el ahorro corriente -diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes- cayera un 42,7 % en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la desvalorización por inflación.

"De cada $ 100 de recursos que en 2023 recaudó el Estado Provincial consumió $ 97,63 para hacer funcionar el Estado y pudo ahorrar solo $ 2,37 para financiar la inversión" precisó el ministro. El informe oficial señala que en materia de gastos, en 2023 apenas un 7,5% fueron destinados a Gastos de Capital, como obras, rutas, arreglo de patrulleros, ambulancias, equipamiento, etc, y se encuentra entre los niveles más bajos de los últimos 30 años.

Ese 7,5 % de gasto de capital fue financiado apenas un 29,7 % por el ahorro (proveniente de la diferencia entre los gastos e ingresos corrientes), un 8,7% por recursos de capital (la venta de bienes de capital del Estado o el ingreso de recursos por parte de leyes o convenios) y la parte mayoritaria (61,6%) con deuda.

Así el decreto 0227 que fija la política para la administración central y otros organismos determina que desde febrero "ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria N.º 10.052 y sus modificatorias, percibirá un salario de bolsillo menor a la suma de $346.542,00, previo descuentos de ley, y mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados".

Por el mencionado decreto se fijan los haberes al personal comprendido en los Escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83; personal de la API y del Servicio de Catastro e Información Territorial; de Fiscalía de Estado; personal de Talleres Gráficos Provinciales, y pertenecientes al Escalafón "Convenio 113/1994 — E" dependiente de la Administración Central.

Comprende además el decreto los nuevos topes mínimos y máximos dispuestos por la compensación mensual "Falla de Caja" entre un mínimo de $ 12.572,35 y un máximo de $ 53.839,13. El valor de los viáticos quedó establecido en $ 35,459.

El decreto 0228 tiene alcances sobre el personal comprendido en el Escalafón Convenio 572/09 de Trabajadores Viales, a los que también les garantiza un piso de $ 346.542,00.

El siguiente decreto fija los nuevos montos de los profesionales universitarios de la salud que incluye a los auditores de IAPOS. Por ejemplo determina que el suplemento denominado "Diagnóstico y Tratamiento Médico", tendrá un valor hora de $ 2.017,3728 con un tope mensual de $ 48.418. También incrementa el valor de los suplementos de carácter no remunerativo y no bonificable denominados "Director de Hospital" y "Subdirector de Hospital", llevándolo a $ 96.834.

El decreto 0230 fija los montos para la política salarial docente con una serie de contenidos específicos y de acuerdo a cada categoría en que se desempeñan los educadores.

En el decreto 0231 están fijados los montos para el personal policial, penitenciario y de IAPIP. Así los haberes básicos para el director general de Policía y el Inspector General del Servicio Penitenciario fue determinado en $ 601.012,16 mientras que la categoría mínima (suboficial y subayudante, respectivamente) es de $62.870,69.

En las tres instituciones, el haber mínimo de bolsillo no podrá ser inferior a $ 394.732,58.

A noviembre último, 76.425 jubilados cobraban el beneficio de la Caja provincial con un haber promedio de % 571.503. El promedio más bajo era percibido por pasivos de municipios y comunas con $ 376.032 mientras que el superior es de pasivos del Poder Legislativo con 1.906.594. Entre los primeros había 4.559 beneficiarios y entre los segundos, apenas 584.

La pensión promedio fue de $ 335.060, siendo la inferior la de municipios y comunas con $187.083 y la superior la del Poder Judicial con $ 1.203.156.

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles en el Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución. El grupo de trabajo que encabeza el socialista Joaquín Blanco fue convocado desde las 9 y el objetivo central es analizar la situación de los trabajadores de Acindar, empresa que resolvió paralizar las actividades durante un mes.

Al encuentro han sido invitados representantes de los trabajadores, de la UOM de Villa Constitución así como la comunidad de esa zona del sur santafesino.

La jueza de Nueva York Loretta Preska decidió acceder al pedido del gobierno argentino de no entregar los US$ 16.000 millones del fallo adverso por la "expropiación irregular" de la petrolera YPF, pero fijó nuevas condiciones.

El dato se conoció este martes, 48 horas después del balotaje que convirtió al liberal Javier Milei en presidente a partir del 10 de diciembre próximo.

Mientras las acciones de la petrolera reaccionaron con fuerza a la victoria de Milei, la jueza Preska accedió al pedido de la Argentina para no depositar US$ 16.000 millones.

Pero a cambio pretende que la Argentina entregue algunos activos con el fin de evitar embargos.

"La jueza Preska accede a pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de USD 16.100 millones, pero ordena a Argentina aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos", dijo el abogado Sebastián Maril, quien sigue de cerca este juicio.

Maril, CEO de Latin Advisor, es seguramente el mayor especialista en este extenso y complejo juicio en el que la sentencia adversa a la Argentina, plasmado en un escrito de 25 páginas de la jueza Preska, que se conoció el 15 de septiembre último. Desde entonces, los abogados de la Argentina han apelado la decisión.

Preska determinó la suspensión de posibles embargos hasta que la Corte de Apelaciones se expida. Para evitarlos, la Argentina deberá depositar un monto menor, y tiene tiempo para hacerlo hasta el 5 de diciembre.

"La Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar garantía. No lo va a hacer. El presidente-electo Milei asume el 10 de diciembre. Recomiendo a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente-electo "pronto". Hay caminos para resolver esto. Hay ganas de dialogar", dijo Maril en su cuenta de la red social X.

La noticia se conoce en un momento particular para la acción de la empresa. Pocas horas después de imponerse en la segunda vuelta electoral, Milei anunció que planea que la petrolera, de capital mayoritario estatal, sea privatizada. Tras ese anuncio y el resultado electoral, la acción de YPF tuvo una histórica suba de precio de casi 40 por ciento.

El proceso judicial lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de EEUU a analizar el caso.

A fines de marzo de este año, Preska había dicho que el Estado argentino expropió mal la petrolera –YPF fue exculpada de todo cargo– y lo condenó a resarcir a los demandantes.

Seis meses más tarde, a inicios de septiembre de este año, la jueza volvió a fallar en contra de la Argentina.

En ese momento, Burford, un fondo que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negociar con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debía rondar los USD 16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra era de USD 5.000 millones.

Apenas una semana después, Preska dejó firme la sentencia, condenando al Gobierno argentino a pagarle a Burford Capital los USD 16.000 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012. Al Estado aún le quedan instancias de apelación, pero desde entonces comenzaron a correr intereses de entre 5 y 6 por ciento (varían semanalmente y seguirá así hasta que la causa defina su rumbo).

En 2012, la Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de USD 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa, cuyo valor fue determinado en base al valor de mercado de YPF en ese momento.

La operación fue un proceso complejo que implicó varios factores financieros. Para llegar a la cifra se tomaron una serie de parámetros. Por un lado, se tomó en consideración el valor de la empresa en mayo de 2012.

Así, las negociaciones entre el gobierno argentino y Repsol concluyeron en un acuerdo final en el que el gobierno argentino acordó pagar USD 5.000 millones en bonos del gobierno como compensación por la expropiación.

La capitalización bursátil de la petrolera sufrió muchos vaivenes desde el pago a Repsol, la mayor parte de ello de tipo bajista. En 2020, en medio del desplome bursátil provocado por la pandemia de coronavirus, la capitalización llegó a caer a cerca de USD 2.000 millones, mucho menos de lo que se pagó por la mitad de la firma.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó este jueves cómo será el cronograma de pago para los empleados públicos.

El mismo comenzará el próximo martes 1 de agosto y finalizará el 4 para los agentes públicos. Por el lado de las autoridades superiores de los tres poderes, les tocará el día 7.

Martes 1 de agosto 2023

1.Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 253.000 pesos

2.Escalafón policial

Miércoles 2 de agosto 2023

1.Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 242.000 pesos

2.Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º y 2º Convenio

Jueves 3 de agosto 2023

1.Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 242.000 pesos

2. Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Viernes 4 de agosto 2023

1.Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 253.000 pesos

Lunes 7 de agosto 2023

1. Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Desde la cartera económica se destacó que lso sueldos se incrementan un 8% en línea con lo acordado con los distintos gremios en el marco de la paritaria. En simultáneo, dicho aumento será percibido por el sector pasivo.

La Unión Europea (UE) congelará los activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del canciller de ese país, Sergei Lavrov, como represalia por la invasión militar a Ucrania, anunció este viernes el Alto Representante de Asuntos Exteriores del bloque, Josep Borrell.

La decisión se da por descontada pero debe ser aprobada en una reunión extraordinaria en la que los ministros de Exterior de los Veintisiete aprobarán el segundo paquete de sanciones contra Rusia.

“Si no hay sorpresas y si nadie objeta, porque necesitamos unanimidad, entonces sí, Putin y Lavrov estarán en la lista”, dijo Borrell.

La medida será añadida al paquete de sanciones que los líderes europeos aprobaron el jueves y que los cancilleres deben validar, añadieron las fuentes.

Estas sanciones aprobadas el jueves se centran en los sectores de energía, finanzas y transportes de Rusia y fijan además restricciones en exportación de tecnología y concesión de visados.

Dos de los diplomáticos consultados dijeron que las últimas reservas a esas sanciones habían sido presentadas por Alemania e Italia, pero que el acuerdo había sido alcanzado.

Ese consenso permitiría también añadir al paquete de sanciones el veto a viajes al espacio europeo a portadores de pasaportes diplomáticos rusos, acotaron las fuentes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había formulado en la jornada un llamado a endurecer las sanciones europeas.

Zelenski dijo que lo ocurrido en su país “no es solo la invasión de Rusia a Ucrania”, sino que marca “el principio de una guerra contra Europa. Contra la solidaridad europea. Contra los derechos elementales de los europeos”.

Poco después de esa proclama de Zelenski, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo en Twitter que se preparaban “urgentemente” más sanciones contra Rusia.

Este viernes se cumple el segundo día de una invasión militar a gran escala de Rusia en Ucrania que ya ha provocado daños en cientos de instalaciones militares ucranianas pero también en viviendas y sectores civiles, incluso en la capital, Kiev.

Putin dice que no tuvo otra opción que invadir para garantizar la seguridad de regiones prorrusas que durante años fueron víctima de violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno ucraniano, el cual, por el contrario, asegura que todo ello es un pretexto para obligar a un golpe de Estado y la entrada en escena de un Gobierno amigo de Moscú.

Los países centrales y los integrantes de la OTAN han afirmado que están dispuestos a brindar ayuda humanitaria a Ucrania y a obligar a Rusia a retroceder con las sanciones económicas, pero mantienen que no enviarán tropas a luchar en territorio ucraniano con las fuerzas militares rusas.

Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo.

Dos mujeres y un hombre fueron condenados a tres años de prisión por la autoría del delito de lavado de activos cometido en Melincué y en otras localidades del sur provincial. Así fue resuelto por el juez Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral y público, en el cual el MPA fue representado por el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Matías Merlo.

Las condenadas son Ana Inés Llovera, de 80 años, y Andresa Ramona Baéz, de 47 (de nacionalidad paraguaya), mientras que el hombre condenado es Gustavo David López, de 51. Además de la pena de prisión -que en los tres casos será de cumplimiento condicional-, se les impuso el pago de multas.

Llovera deberá abonar 2.873.462 pesos; Baéz tendrá que pagar 1.437.912 pesos; y la multa impuesta a López es de 4.311.374 pesos.

En su resolución, el juez Baravalle también dispuso el decomiso de dos camiones y de dos acoplados. Asimismo, rechazó los planteos de incompetencia, nulidad e incongruencia que fueron presentados por el abogado defensor.

Merlo detalló que “en este caso, el dinero había sido obtenido por López del facilitación y la explotación económica de la prostitución de mujeres que prestaban y ofertaban sus servicios sexuales en el bar nocturno El Encuentro”. El funcionario del MPA recordó que “el condenado y otro hombre eran los administradores del local comercial”.

“En el debate pudimos demostrar que se configuró el lavado de activos”, remarcó Merlo. “Aportamos pruebas que permitieron establecer con certeza la relación entre las ganancias ilícitas, la explotación sexual de las mujeres y la compra de los bienes para introducirlos en el mercado legal”, añadió.

Merlo se mostró conforme con la decisión de condenar a los acusados. Sin embargo, dijo que “leeremos en profundidad los argumentos del juez para poder sacar conclusiones y analizaremos los pasos a seguir”.

Por último, el fiscal subrayó que “si bien en la provincia hay algún registro de condenas por lavado de activos, habían sido impuestas en procedimientos abreviados, por lo que la del juicio oral y público que finalizó hoy fue la primera por este delito”.

El último reporte municipal correspondiente al sábado 10, distribuido en los primeros minutos de este domingo, informa 35 nuevos contagios de Covid-19 en Venado Tuerto (habían sido 50 el jueves y 71 el viernes), mientras que son 38 las personas accedieron al alta médica, es decir que disminuyó el número de pacientes activos en la ciudad, que de esta manera llega a 494 casos activos.

Las autoridades municipales también detallan que 449 pacientes cursan la enfermedad respiratoria en sus domicilios, siete en el Centro de Aislamiento, y son 38 los venadenses internados (la estadística no incluye pacientes domiciliados en otros puntos de la región) entre el Hospital Gutiérrez y los sanatorios locales (28 en Sala Clínica y 10 en la Unidad de Terapia Intensiva).

Por otro lado, desde el Gobierno Provincial reportaron 1.024 contagios en la jornada del sábado, además del fallecimiento de 10 santafesinos (entre ellos un chabasense de 17 años), llegando a un total de 6.903 decesos desde el inicio de la pandemia.

Mientras tanto, en la estadística nacional, se registraron 11.561 nuevos casos positivos de coronavirus y 354 decesos, llevando la lista de víctimas fatales a 98.501 a lo largo de la pandemia.

La Municipalidad de Venado Tuerto confirmó en los primeros minutos de este sábado 57 nuevos casos positivos de Covid-19 en la ciudad y en consecuencia son 412 los pacientes activos, los cuales cursan la enfermedad en las siguientes condiciones: 372 en sus domicilios; cuatro en el Centro de Aislamiento y 36 entre el Hospital Gutiérrez y sanatorios locales (27 en salas de internación general y nueve en unidades de Terapia Intensiva).

También se comunicó este sábado que 37 personas recibieron el alta médica en las últimas 24 horas y son 7.630 los pacientes recuperados.

Por su parte, este viernes el Ministerio de Salud santafesino había informado informó 3.607 casos nuevos (cifra récord para una jornada desde el inicio de la pandemia en la provincia).

Con estos registros, el total de infectados asciende a 336.129, de los cuales 303.573 ya se recuperaron y 27.223 son pacientes activos.

Además, se comunicaron 44 fallecimientos de pacientes con Covid-19 en toda la provincia, acumulando hasta la fecha 5.333 muertos por el virus en el territorio provincial.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 907.767, de los cuales 708.718 personas recibieron una dosis y 199.049 las dos.