La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

El comunicado de la compañía informó que “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires".

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

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Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

El comunicado en cuestión es un cartel ubicado en el ingreso a la planta, el cual fue la primera noticia que recibieron los 920 empleados del cierre de la actividad y de su puesto laboral.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

La empresa de neumáticos Fate atravesó en la instancia un creciente conflicto con sus trabajadores por reclamos de aumento salarial tras 11 meses sin actualizaciones que derivaron en suspensiones para referentes de las protestas.

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Los empleados de la planta que la firma tiene en San Fernando expresaron en noviembre pasado su malestar durante toda una semana mediante un escrito a las autoridades empresarias, asambleas y una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

En el escrito presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a la gerencia de relaciones laborales, expresaron que “los trabajadores de Fate, quienes hace años venimos brindando nuestro esfuerzo en cada jornada laboral, reclamamos a la patronal de Fate terminar con el silencio sobre la negociación salarial impuesto por ella misma, el cual implica en los hechos un intento de rebaja salarial”.

Guido Javier Ferullo, apoderado de la concursada Vicentin SAIC, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Torricelli, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra la sentencia por la que el máximo tribunal de la provincia -el 18 de febrero pasado- anuló la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.

Tras dictaminar inconstitucional el fallo de la Cámara de Reconquista que homologaba el acuerdo, la Corte ordenó una nueva revisión del caso (lo debería hacer la Cámara de Rafaela). Lo hizo por considerar que la homologación del acuerdo -consentido por 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de US$ 1573 millones- violó el principio de igualdad, según el reclamo de Commodities SA.

La incertidumbre que esta situación jurídica plantea, prorroga el enorme interrogante que se abre sobre el futuro de la empresa que emplea a 1200 trabajadores en forma directa y que posee parte de la planta de Renova en Timbúes, planta y puerto en San Lorenzo, planta en Ricardone, 100% del paquete accionario de Renopack S.A. y el 34% del paquete accionario de Patagonia Bioenergía S.A., además de una planta en Avellaneda.

La trascendencia del caso es de especial importancia en la provincia. Hasta su presentación en Concurso preventivo el 10 de febrero de 2020, con estos activos, Vicentin tenía el 24 % de la molienda de girasol y 21 % de soja que se producía en el país; actualmente su participación cayó a un 10 % y 15 %, respectivamente, pero según sus directivos su actividad estuvo por encima del promedio nacional gracias a los contratos de fazon.

La Corte santafesina no tiene plazos para definir si acepta el REF, aunque los antecedentes otorgan baja probabilidad a esa chance. De ser rechazado el recurso, Vicentin tendría una opción para ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son caminos que sin embargo no despejan incógnitas de supervivencia inmediata de la empresa.

Durante una audiencia citada el viernes por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini (ya no tiene parte en el caso), quedó en claro que Viterra, Bunge y ACA -denominados inversores estratégicos- se comprometieron a sostener su potencial inversión en la propuesta concursal por 6 meses, supeditada a la homologación del acuerdo.

Allí, Daniel Succi, secretario de los Aceiteros de San Lorenzo, pidió la intervención de la empresa. Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, siguió con atención las deliberaciones de tres horas, que por su extemporaneidad carecieron de efectos conducentes o consecuencias jurídicas.

Vicentin aún no logra ratificar nuevos contratos de fazon, mediante los cuales procesa en sus plantas los granos de terceros. Sin ellos, la empresa argumenta que no podrá cumplir con una nómina salarial que por mes insume unos $4 mil millones.

Una nueva deuda posconcursal precipitaría la quiebra de la empresa (así lo ordena la ley), escenario que no parece conveniente para ninguna de las partes. Este fin de semana es decisivo para que -tal vez los inversores estratégicos- hagan un aporte para pagar salarios y sostener la actividad, que espera la llegada de la nueva cosecha de soja para revitalizarse con nuevos fazones.

Cabe recordar que Cima Investments, bajo la firma de Esteban Nofal (un inversor financiero) compró las acreencias defaulteadas por Vicentin a bancos internacionales; su inversión podría esfumarse si Vicentin deja de existir.

Mariano Grassi (Commodities) insistió durante la audiencia en la alternativa del cramdown -por la cual terceros ajenos al expediente concursal podrían proponer una salida- pero esa instancia no está abierta en el presente judicial del caso.

¿Abrirá la Cámara de Rafaela esa posibilidad? El tribunal espera que la Corte santafesina le remita el expediente, si es que rechaza el REF.

En Vicentin entienden que el eventual planteo en queja ante la CSJN tendría efectos suspensivos (la Cámara de Rafaela no podría proceder), interpretación que promete abrir un nuevo incidente ante quienes buscan una alternativa de cramdown al acuerdo concursal rechazado.

Eso, o un acuerdo entre enemigos íntimos, en una pulseada de trascendencia para la economía santafesina.

Tras el llamado a concurso preventivo de acreedores, la empresa Sancor evalúa la posibilidad de rematar más de 430 mil kilos de quesos como parte de una estrategia para hacer frente a sus compromisos financieros. Una parte significativa de estos productos se encuentra almacenada en su planta de Gálvez, en la provincia de Santa Fe.

El remate del stock apunta a obtener liquidez para abonar parte de la deuda que mantiene con el fondo inversor IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., uno de sus principales acreedores. Sin embargo, la situación de la histórica cooperativa láctea es mucho más compleja y se arrastra desde hace años, con múltiples factores que han afectado su viabilidad.

Sancor, que en su momento llegó a ser la empresa láctea más importante del país, comenzó a evidenciar problemas financieros a principios de los años 2000. Su estructura de costos, fuertemente condicionada por un modelo cooperativo con altos niveles de gasto, fue el primer síntoma de una crisis que se profundizó con el tiempo.

La falta de financiamiento adecuado, sumado a dificultades para competir en el mercado global, impactaron de lleno en la rentabilidad de la compañía. La caída en los niveles de producción, la pérdida de mercados externos y los problemas para afrontar el pago a proveedores y empleados derivaron en una situación insostenible.

Uno de los episodios clave fue en 2017, cuando la empresa atravesó una crisis profunda que la llevó a reducir su estructura y ceder parte de su negocio a Vicentín Lácteos, en un intento por aliviar sus finanzas. Sin embargo, los problemas persistieron y las soluciones fueron solo temporales.

Uno de los factores que han incidido en la difícil situación de la cooperativa es la fuerte presión del gremio lechero Atilra, que representa a los trabajadores del sector.

Desde hace años, la relación entre Sancor y Atilra ha estado marcada por conflictos salariales y reclamos sindicales que han derivado en paros y bloqueos en distintas plantas de producción. Si bien el sindicato ha defendido los derechos de los trabajadores en un contexto de incertidumbre laboral, también ha sido señalado por imponer costos adicionales a la empresa, como contribuciones obligatorias al gremio que han representado una carga financiera significativa.

En varias oportunidades, Atilra ha exigido recomposiciones salariales por encima de la capacidad de pago de Sancor, lo que ha agravado su crisis de liquidez. A esto se suman conflictos derivados de suspensiones y despidos, que han generado tensiones internas y afectado la operatividad de la compañía.

Durante las negociaciones para su reestructuración, el gremio también ha tenido un rol determinante en las decisiones que han condicionado el futuro de la empresa, exigiendo el mantenimiento de puestos de trabajo incluso cuando la producción no lograba sostenerse.

El remate de los quesos almacenados podría representar un alivio momentáneo para Sancor, pero no soluciona el problema estructural que enfrenta la compañía. En los últimos años, el sector lácteo ha experimentado una fuerte competencia, aumento de costos y dificultades para exportar, factores que han impactado en la viabilidad de la empresa.

Desde distintos sectores políticos y empresariales, se analizan posibles medidas para sostener la actividad de la cooperativa, que sigue siendo un actor clave en la industria láctea argentina. Mientras tanto, la empresa deberá continuar con su proceso de reestructuración y definir estrategias para garantizar su supervivencia en el mediano y largo plazo.

El grupo inversor Cima Investments, bajo la firma de Esteban Nofal, informó que compró los créditos de bancos extranjeros verificados en el proceso concursal de Vicentin SA, por US$ 447,2 millones; habría pagado unos 11 centavos por cada dólar de ese monto. "La operación se celebró el día 12 de noviembre y se notificó formalmente en el expediente judicial del concurso el 17 de diciembre", expuso la comunicación corporativa.

"El grupo inversor que ha adquirido esta deuda tiene como objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva 5 años, y trabajar en una solución que permita reactivar el prolongado proceso judicial, que ya lleva 5 años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector de bandera argentina".

Añade que "Cima ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atienda de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía".

En esta nueva instancias, Vicentin hizo saber al personal, a sus acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso, que "de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio".

Cabe recordar que el acuerdo de la empresa con los acreedores fue homologado por la Cámara de Reconquista, pero no tiene principio de ejecución en tanto la cerealera Grassi pidió en la Corte -y ésta lo concedió- que se revise lo que considera un derecho constitucional lesionado.

"Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior", expuso Vicentin.

La empresa reconoció que "ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario", por lo que presentó un procedimiento preventivo de crisis. "La Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown.

"En ese sentido reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente".

La inversora Coma adquirió los créditos correspondientes a los montos verifcados en el marco del concurso preventivo de Vicentin S.A., por un total nominal de US$447.194.396,91. Las entidades que cedieron dichos créditos son IFC US$ 205.785.014,45; FMO US$ 122.278.129.55; ING US$ 46.429.718,73; RaboBank US$ 22.781.133.64; MUFG US$ 12.381.296,09; SMBC USD 12.381.296,09 y Natixis US$ 9.934.586,27.

La concursada empresa Vicentin Saic analiza por estas horas si interpone algún tipo de acción cuestionando la validez de parte de las actuaciones de quien, hasta aquí, se ha presentado como uno de sus principales acreedores granarios: la firma rosarina Commodities SA.

La empresa del sur santafesino reclamó en su momento un quebranto que estimó en unos $3.200 millones a valores de noviembre de 2020 por granos que había entregado a Vicentin, que quedaron “atrapados” luego de que la empresa con sede en Avellaneda presentara -el 10 de febrero de 2020- el pedido de apertura del concurso de acreedores.

Commodities hizo presentaciones en el marco del concurso que lleva adelante el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Incluso solicitó el “avocamiento” de la Corte al considerar fraudulenta la propuesta de pago a los acreedores por parte de Vicentin, lo que derivó en un decreto del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, el 16 de junio pasado, que suspendió el proceso concursal.

Según fuentes de la empresa Vicentin, Commodities SA cedió a sus accionistas -durante el ejercicio contable que finalizó el 31 de octubre de 2020- sus derechos y acciones emergentes del crédito ante la concursada. Sin embargo la firma rosarina siguió actuando en el marco del expediente concursal. Y fue con posterioridad a esa fecha que pidió la intervención del máximo tribunal santafesino.

Cabe recordar que por estas horas se aguarda un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre el avocamiento o la devolución -simple o condicionada- del expediente al juez de Reconquista.

El directorio de la empresa Vicentin expresó este lunes su confianza en la justicia de Santa Fe, ratificó la propuesta concursal de pago a los acreedores como la “única alternativa” y respondió declaraciones del presidente señalando que “confunde” y no explica de dónde sacaría los US$300 millones que se necesitan para seguir operando y que no se caiga la actividad que sustenta a 1.500 puestos de trabajo directos.

Ese pedido no fue resuelto y el concurso “no cayó”, como se consignó en distintos medios. Pero sí se suspendieron los plazos procesales. El concurso tenía el 30 de junio como límite para el “período de exclusividad” en el que -según la ley- la concursada realiza su oferta a los acreedores.

Vicentin “ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores.

Señala la firma que hasta la fecha el proceso concursal se llevó adelante “con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado.

Vicentin salió a responder la especulación presidencial sobre la posibilidad de hacer de la concursada una empresa estatal testigo en el mercado de alimentos, en el marco del “cramdown”, que supone el fracaso del concurso y la apertura a un inversor aún desconocido como última instancia antes de una quiebra.

Señala que la firma “no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector.

“Por todas estas razones, esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.

Vicentin ratifica que a la fecha, su propuesta de pago con quita de US$1573 millones de deuda acreditada “cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores” y “tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de ‘Existencia de Acuerdo’. “Esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”, sostiene el directorio de la firma.

Ignacio Hintermeister El Litoral Los ex directivos de Vicentin denunciados penalmente por supuesta estafa, se presentarán este martes a primera hora en Rosario a la audiencia imputativa convocada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno. Son 10 ex integrantes del directorio de la firma hoy concursada; en la lista estaba además el fallecido Sergio Nardelli. A ellos se suman dos miembros de la comisión investigadora y tres accionistas de Vicentin. Alberto Macua, ex vicepresidente; Máximo Padoan, ex director y Omar Scarell, actual presidente del directorio -al momento del concurso, síndico titular, miembro de la comisión fiscalizadora- mantuvieron contacto con medios santafesinos a los que ratificaron que “estamos a derecho” y que todos serán representados por los abogados Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca. “De las medidas cautelares que involucraban a más de 30 personas y 15 compañías, (embargos en cuentas bancarias, no innovar sobre tenencias accionarias) la mayoría fueron levantadas”, recordaron. También señalaron que “en el sistema penal santafesino la investigación está a cargo del fiscal y sin los presuntos responsables de los delitos investigados”, por lo que se excusaron en adelantar respuestas hasta no verificar cuáles son las acusaciones y las pruebas. Gustavo Feldman, abogado de una de las querellas (productores y Commodities SA del grupo Grassi) fue quien presentó la denuncia original, a la que se sumaron otros acreedores granarios y los bancos internacionales, que poseen acreencias por U$ S 573 millones. Vicentin defaulteó una deuda que fue verificada y contabilizada en unos U$ S 1573 millones en el marco concursal. Los directivos se expresaron con respeto a la independencia judicial cuando se les preguntó si insistían con la existencia de una causa persecutoria. Pero señalaron la “coincidencia” con un informe que también este martes producirá la comisión investigadora de Diputados sobre el caso de la emblemática empresa con sede en el norte santafesino. “Estábamos intentando una salida mediante la venta a Renova que nos daba una caja de U$ S 320 millones de dólares y ofrecíamos una quita de 50% y alternativa, cuando el 8 de junio de 2020 sale el DNU intentando la intervención y expropiación, proceso que se agudizó con la intervenci´n de la provincia”, recordó Scarell. “Eso nos frenó y demoró alternativas. Recién pudimos hablar con Viterra, Aca y Molinos Agro en mayo de 2021”, para elaborar la propuesta a los acreedores que aún se está negociando y que todavía no fue presentada al juez del concurso, Fabián Lorenzini. Sobre los efectos potenciales de la imputación penal sobre la causa del concurso, señalaron que “pueden tener ningún o mucho efecto. La comisión de Diputados presenta mañana un nuevo informe sobre el concurso. “No decimos que haya persecución. La imputativa es un trámite más dentro del proceso penal, pero que puede ser utilizado para agrandarlo y magnificarlo, para complicar la salida privada. Puede ser. Saquen sus conclusiones”. Si bien reconocieron que los bancos internacionales son querellantes en la denuncia penal, advirtieron que al mismo tiempo podrían acordar en el marco del concurso sin perjuicio de lo que suceda en el juzgado rosarino. Evaluaron que “de una quiebra saldrían perdidosos los trabajadores y los acreedores Los accionistas de Vicentin han resignado 90% de la tenencia accionaria y han dado el control de esa tenencia”.

“Estamos en una etapa decisiva. A partir del 25 de septiembre estamos discutiendo con los acreedores granarios y comerciales, los bancos internacionales y los locales, las propuestas hilvanadas por los interesados estratégicos que son Viterra, Molinos y ACA”, explicó Macua. La propuesta todavía no fue formalmente presentada al expediente que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini. “Estamos informando la propuesta y discutiendo los términos económicos; los bancos internacionales pidieron los términos legales y se les ha presentado un resumen ejecutivo”. Scarell ratificó que “la compañía trabaja a full” y sin deudas concursales, que llegará a la propuesta en sede judicial con una caja de 70 millones de dólares y que servirían para los pagos iniciales a más de 1100 acreedores pequeños, según el objetivo planteado. Reconoció que mientras intentan convencer a los bancos, la imputativa llega “en un momento inoportuno, pero estamos dispuestos a presentarnos sin riesgos de fuga ni entorpecimiento de la causa. “La auditoría forense que ordenó el juez del concurso insumió más de 11 mil horas de trabajo que pagó la empresa. Mal podría decirse que podríamos entorpecer la investigación”. Consultados si la auditoría forense detectó balances que ocultaron pasivos previo al “estrés financiero” de la empresa, Macua señaló que “el querellante puede decir cualquier cosa basándose incluso en artículos periodísticos. “Tenemos denuncias en Paraguay sobre contrabando, que se replicaron en un juzgado federal de Comodoro Py y las pasaron al juzgado federal de Reconquista. El querellante no tiene ninguna obligación de probar nada; simplemente hace la acusación”. En cuanto a la auditoría forense, expuso que “no hay acusaciones, simplemente presunciones, cálculos. Lo del Banco Nación lo mismo”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de posponer varias veces el pago y varios meses de negociaciones, este miércoles la Argentina hará el primer desembolso con destino al Club de París. Es uno de los dos envíos de dinero acordados con el consorcio de acreedores en junio, cuando el Gobierno argentino anunció un acuerdo para hacer un pago parcial de US$430 millones y dilatar la renegociación final hasta el 31 de marzo del año que viene.

El “puente de tiempo” con el Club de París fue anunciado por el ministro de Economía Martín Guzmán a finales de junio. La Argentina le debe US$2400 millones a ese consorcio de acreedores y debía pagar antes del 31 de julio para no caer en default (luego del vencimiento de fines de mayo y los 60 días de gracia). Un mes antes del plazo límite, el titular del Palacio de Hacienda informó que realizará un pago parcial dividido en dos cuotas: una en julio y otra durante el primer trimestre de 2022.

Este miércoles se efectivizará el primero de esos giros de divisas a los países europeos que conforman el Club de París. Se trata de US$226 millones, que se enviarán en ocho monedas de pago distintas (según los créditos de cada nación acreedora). Para hacer frente a sus obligaciones, el Tesoro tomó dólares del Banco Central (BCRA) en las últimas tres ruedas. La demanda de billetes se distribuye en varias jornadas para evitar que la mesa del organismo monetario deba desprenderse de una cantidad importante de divisas en un sólo día.

El efecto de esas operaciones se ve en las reservas de la entidad que desde el viernes de la semana pasada ya cayeron más de US$300 millones y volvieron a perforar los US$43.000 millones. A eso se sumó un recorte en las ventas de dólares de los exportadores -que seguirán mermando en los próximos meses- y una mayor demanda importadora, que llevó al BCRA a finalizar la rueda del martes con saldo negativo por primera vez desde abril.

Al momento de anunciar el acuerdo con el Club de París, Guzmán hizo hincapié en el “alivio financiero” de US$2000 millones para la Argentina. Sin embargo, la deuda continúa pendiente y el país tiene hasta fines de marzo para llegar a una reestructuración más permanente de sus obligaciones con ese consorcio. Los meses adicionales que ese grupo informal de prestamistas concedió al Gobierno apuntan a que el país pueda avanzar en la concreción de un nuevo programa con el FMI. Si bien las conversaciones con este organismo fueron calificadas como “productivas” por ambas partes, se prevé que el anuncio de acuerdo llegará después de las elecciones.

El segundo semestre se presenta particularmente desafiante en materia de dólares. Con menores ingresos de divisas generados por el campo y pagos de deuda que suman alrededor de US$6000 millones, el BCRA se tendrá que despender de buena parte de los más de US$7400 millones que adquirió en el mercado en lo que va del año.

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