El pago del 25% del bono de las paritarias de los aceiteros distendió en las últimas horas la medida de fuerza que paralizaba a las plantas de Vicentin. Pero la empresa ha advertido que la desconfianza de quienes le entregan girasol para procesar a fasón (hoy ingresa un tercio de los 450 camiones que llegaban antes del paro) pone en riesgo el recurso para operar en febrero y pagar sueldos.

Estanislao Bougain, director independiente de la concursada Vicentin Saic, no dudó ante la consulta: "no tenemos plata y si dejamos de trabajar tampoco vamos a tener para pagar los sueldos".

Hubo la semana pasada una conciliación obligatoria luego de que Vicentin no pagara el bono a sus empleados, lo que detuvo la tarea en las plantas de Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda. "Fue acordado en unas paritarias de las que la empresa no participó y que no fue homologada". Bougain señaló sin embargo que "la reacción del sindicato fue un bloqueo a las plantas.

"O no ven o no creen lo que contamos, o lo miran de una manera apasionada con conclusiones que se dan la cabeza contra la realidad. Venimos diciendo hace tres meses que nos estamos quedando sin recursos, que están limitados porque trabajamos únicamente a fasón".

Bougain recordó que "no compramos ni vendemos granos, sino que simplemente prestamos un servicio con un precio de mercado que hace bastante tiempo es inferior a nuestros costos".

El directivo lamentó que el gremio rechazara de plano el procedimiento preventivo de crisis, que le hubiera posibilitado a la empresa contar con recursos para pagar salarios sin las cargas sociales. "El sindicato simplemente rechazó toda posibilidad", afirmó.

"No creo que haya una intencionalidad del sindicato de conducirnos a una situación de insolvencia", señaló Bougain tras la pregunta. Y comentó: "Una de las hipótesis que estamos manejando es que ni los sindicatos ni los principales actores creen que nosotros no tenemos fondos".

A lo mejor están especulando con que es una medida de presión para la Corte y a los propios sindicatos para obtener la homologación. Es algo que rechazamos categóricamente", sostuvo.

Planteó que la razonabilidad de las partes debe reponer la llegada normal del girasol, que garantice el trabajo el próximo mes y permita alcanzar a la campaña de soja, cuyo grano entraría desde fines de marzo. Bougain insistió en que la única salida es "la buena administración, trabajar, juntar los fondos y seguir pagando. Si no alcanza más, se detiene la rueda".

Ante lo que calificó de "pensamiento mágico", Bougain ratificó que "no tenemos más plata; hay cuentas por cobrar que no nos pagan", mencionó, en referencia a un acuerdo con Friar frenado en la justicia y problemas financieros de Renopack.

Dijo que "en el nodo norte la situación es dramática" porque incluso la paralización perjudica a otras industrias que trabajan a partir del vapor de las calderas de Vicentin. "Vamos a una catástrofe colectiva... que es evitable", sostuvo.

"La Corte está mirándose a sí misma y nos está arrastrando a una posición irreversible; es inexplicable la pérdida de tiempo. Se tomaron 8 meses una vez y ahora vamos por otros dos meses y medio; como que Vicentin no fuera una empresa viva de la que dependen los trabajadores".

Bougain respondió así cuando se le preguntó sobre el estado del expediente. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista resolvió homologar la propuesta de rescate presentada por Vicentin el 6 de marzo, pero la Corte santafesina admitió revisar un recurso de inconstitucionalidad planteado por un acreedor, la empresa Grassi de Rosario.

En cuanto a la posición de Aca, Virterra y Bunge (los inversores que comprarían Vicentin si se homologa el acuerdo) Bougain dijo que "nos ratifican su apoyo permanente pero hay que entender que están condicionados a la homologación. Quieren terminar este negocio pero hasta que no se lo podamos dar, el problema es nuestro".

El directivo agradeció en especial a Bunge, que derivó parte de sus granos para que los procese la empresa concursada. "Sin eso no hubiésemos podido sobrevivir", concluyó.

El cramdown "no existe"

Respecto de Cima, el grupo inversor que compró a los bancos internacionales la deuda que con ellos tenía Vicentin por casi US$450 millones, Bougain señaló que "es un acreedor por otro.

"Es cierto que el grupo Grassi (vinculado a Cima) con esto adquiere una relevancia que no tenía y pasa a ser el acreedor más importante; estamos abiertos a hablar con ellos".

Pero advirtió que hay "una paradoja. No entiendo cómo podrían beneficiarse; el cramdown existe jurídicamente pero no existe en el concurso. Supongamos que se va a abrir el 1 de febrero… ¿quién va a pagar los sueldos? ¿El grupo Cima? Nosotros no vamos a tener la plata para pagar. Un cramdown tiene que conseguir la conformidad de los defaulteados".

Incluso especuló Bougain: "¿Qué le pasaría al grupo Cima? Hicieron la inversión y tendrían que ir a verificar a una quiebra la plata que pusieron… pusieron dólares y van a cobrar pesos. No tiene sentido que hagan eso".

Recordó que según trascendidos, pagaron 11 centavos por dólar de deuda de Vicentin a los bancos, y "tienen una propuesta que paga 20 centavos inmediatamente y 10 centavos más en 12 años" en la homologación.

Al recordársele que Nofal afirma tener un plan B, expuso que "yo no lo veo. La única salida que veo es la homologación. ¿O le voy a decir a la gente que venga a trabajar gratis mientras dura el cramdown? Eso se termina inmediatamente; Grassi nunca hizo una propuesta, pero a esta altura no va a tener ocasión de presentarla porque no resistimos el proceso.

"Vendrán los síndicos a administrar la quiebra, eventualmente, pararán las cosas, algún día sacaran a la venta algo y por ahí es barato comprar en ese momento. Esa es la mala sangre de todos los acreedores y el principal de ellos es el grupo Cima. Y es la mala sangre de todos los trabajadores porque es garantía de que se quedan sin trabajo".

"Si no logramos la homologación vamos a plantar bandera. Es el fin", afirmó Esteban Bougain.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y las cámaras de la actividad Ciara, Ciavec y Carbio acordaron hoy en la revisión paritaria un salario básico inicial de 508.302,11 pesos desde el 1 de septiembre. Lo informó en un comunicado la organización sindical, que reivindicó en la negociación "el derecho a percibir un salario mínimo, vital y móvil acorde con lo determinado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)".

"Ello permite asegurar para la jornada legal de labor la satisfacción de las necesidades que esas normas contemplan: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión", afirmó.

En septiembre el personal aceitero percibirá un haber inicial de 458.828,44 pesos y una suma no remunerativa de 49.473,68 pesos, que se incorporará al remunerativo en octubre.

"El nuevo logro fue consecuencia de la continua unidad sostenida entre las dos organizaciones gremiales que representan a los obreros aceiteros y de la claridad en el objetivo de defensa de los legítimos derechos de los trabajadores", indicó el documento.

La Federación ratificó "el lazo con el SOEA San Lorenzo para representar los intereses de los trabajadores" ante "el embate de una situación económica muy difícil, en la que la codicia de las corporaciones concentradas acelera la inflación y genera sufrimiento".

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de aceite y sostener los precios el Gobierno Nacional creó un programa. La medida fue necesaria luego de que el fideicomiso aceitero se quedara sin recursos en diciembre y repercutirá con faltantes en las góndolas.

Se confirmó la creación del Programa de Fomento al Sector Aceitero, a través de la Resolución 30/2023, publicada en el Boletín Oficial. La misma funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, y tendrá por objeto “propender a sostener en el mercado interno un precio razonable de los aceites envasados y refinados para los consumidores y las consumidoras, así como su pleno abastecimiento”.

Desde hace semanas el sector aceitero viene negociando con el Ministerio de Economía, la continuidad de los fideicomisos que permiten llegar con los productos a precio subsidiado a los consumidores. El subsidio llega a las botellas de 900 ml y 1,5 litro de soja, girasol y mezcla, pero el fideicomiso se quedó sin fondos el mes pasado y las empresas dejaron de entregar mercadería a supermercados y solo comercializan las marcas que habían quedado fuera del fideicomiso y que arrastraban precio de mercado.

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En la resolución publicada este miércoles, se estableció que en el programa creado “se dispondrá el pago de las compensaciones a quienes realicen en la REPÚBLICA ARGENTINA la venta de aceites refinados comestibles de soja, girasol y/o sus mezclas, destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta TRES (3) litros, que a la fecha de entrada en vigencia de esta medida se hayan adherido al Fideicomiso Fondo Fiduciario Aceitero en su carácter de Beneficiarios durante el plazo que transcurre entre el 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, inclusive, siempre que el aludido Fideicomiso no cuente con los Bienes Fideicomitidos necesarios que le permita afrontar este gasto”.

“A dicho efecto, el Fiduciario deberá acreditar la insuficiencia de los Bienes Fideicomitidos en el marco de lo previsto en el presente Artículo”, aclaró el Poder Ejecutivo.

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La medida se oficializó por medio del Decreto 18/2023 publicado en el Boletín Oficial. Ahora se amplió el rubro de inversión y se espera un impacto sobre el mercado de compraventa del sector.

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La intención de la Secretaría de Comercio que fue planteada semanas atrás consistía en retomar con el fideicomiso en febrero con aportes del dólar soja 2. Luego, en marzo, vuelve a correr el aporte de los exportadores, que tiene un máximo de USD 190 millones anuales y subsidia el precio salido de fábrica de los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas en envases de 900 ml y 1,5 litros. En 2022, por la fuerte suba de precios, los fondos se agotaron en septiembre, por lo que la exportación puso otros USD 50 millones, que también se terminaron. Trascendió que una posibilidad, hacia adelante es que el fideicomiso ya no subsidie el aceite de girasol y que sólo sostenga el precio bajo de los aceites mezcla.

El mencionado fideicomiso surgió a fines de 2020 en el marco de un acuerdo alcanzado entre los ex ministros de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Matías Kulfas y Luis Basterra, con los distintos actores del mercado de la soja y el girasol, con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, en el marco de un mecanismo de asistencia financiera previsto bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica.

Y en octubre de 2022, se extendió el aporte anual al Fondo Fiduciario Aceitero a USD 240.000.000, los cuales quedaron agotados con parte de las entregas de aceites del mes de diciembre.