El grupo inversor Cima Investments, bajo la firma de Esteban Nofal, informó que compró los créditos de bancos extranjeros verificados en el proceso concursal de Vicentin SA, por US$ 447,2 millones; habría pagado unos 11 centavos por cada dólar de ese monto. "La operación se celebró el día 12 de noviembre y se notificó formalmente en el expediente judicial del concurso el 17 de diciembre", expuso la comunicación corporativa.

"El grupo inversor que ha adquirido esta deuda tiene como objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva 5 años, y trabajar en una solución que permita reactivar el prolongado proceso judicial, que ya lleva 5 años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector de bandera argentina".

Añade que "Cima ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atienda de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía".

En esta nueva instancias, Vicentin hizo saber al personal, a sus acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso, que "de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio".

Cabe recordar que el acuerdo de la empresa con los acreedores fue homologado por la Cámara de Reconquista, pero no tiene principio de ejecución en tanto la cerealera Grassi pidió en la Corte -y ésta lo concedió- que se revise lo que considera un derecho constitucional lesionado.

"Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior", expuso Vicentin.

La empresa reconoció que "ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario", por lo que presentó un procedimiento preventivo de crisis. "La Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown.

"En ese sentido reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente".

La inversora Coma adquirió los créditos correspondientes a los montos verifcados en el marco del concurso preventivo de Vicentin S.A., por un total nominal de US$447.194.396,91. Las entidades que cedieron dichos créditos son IFC US$ 205.785.014,45; FMO US$ 122.278.129.55; ING US$ 46.429.718,73; RaboBank US$ 22.781.133.64; MUFG US$ 12.381.296,09; SMBC USD 12.381.296,09 y Natixis US$ 9.934.586,27.

Los abogados de la concursada Vicentin le pedirán al juez Fabián Lorenzini que revise su decisión de no homologar el acuerdo con los acreedores, y que lo haga con efecto suspensivo respecto de la apertura del "cramdown", que habilita el proceso a nuevos eventuales oferentes para tratar con los acreedores y eventualmente quedarse con la empresa.

Ante la previsible negativa del magistrado, "vamos a apelar esta resolución para que la Cámara corrija una decisión completamente irresponsable" que "somete a la compañía a una situación de endeblez, de riesgo objetivo, que el viernes no tenía. El escenario es absolutamente impredecible".

Así lo confirmó a El Litoral el director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain. "Vamos a pedir que la decisión tenga efecto suspensivo porque la revisión del fallo es incompatible con el avance del cramdown", según el cual ya está abierto el período para que se inscriban nuevos oferentes.

Consultado sobre lo que hará Vicentin si la apelación avanza sin suspender los plazos abiertos, Bougain señaló que "no le puedo confirmar lo que vamos a hacer". Hasta el 29 de este mes está abierto el registro para que terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, formulen su propia propuesta de acuerdo preventivo.

"Lo que puedo asegurar a los trabajadores y a los acreedores de Vicentin es que vamos a redoblar los esfuerzos para terminar esto lo mejor posible en las condiciones que habíamos ofrecido". Por lo que insistió en que "pedimos a la Cámara que revise la decisión de Lorenzini y le ordene dictar una sentencia nueva, homologando el acuerdo alcanzado".

Consultado si el mismo Lorenzini podría corregir su propia sentencia en un sentido contrario al que ya adoptó, Bougain apuntó que "las sentencias se corrigen. Está discutido quién las tiene que corregir, sobre todo en este expediente tan complejo".

En cuanto a los argumentos del magistrado que la empresa cuestiona, el directivo señaló que "el primer elemento objetivo es que abrió un incidente de homologación, escuchó todas las impugnaciones y produjo prueba. Terminó rechazando todas las impugnaciones y después no valoró ninguna de las cuatro pruebas que pidió: dos informes de evaluadores independientes, uno de intervención y uno de sindicatura; todos los informes dicen que la propuesta supera el test de la quiebra"

Sobre los contratos de inversores estratégicos, que mantienen activo a Vicentin pero vencen a finales de enero, Bougain expuso que "es parte del riesgo en el que nos ha colocado el juez. No tenemos ninguna confirmación de los inversores estratégicos de que continúen adelante en caso de que haya cramdown. No significa que no lo vayan a hacer; significa que no tenemos confirmación".

Explicó sobre la eventual continuidad de las actividades en el marco del cramdown, que es difícil que alguien entregue granos a procesar por una empresa cuya quiebra está entre las posibilidades inminentes.

"Los trabajadores están al día en salarios y aportes. Pero no pueden usar la tarjeta de crédito para comprar en cuotas porque no saben si van a cobrar el próximo sueldo", comentó.

"Está mal"

Sobre el reproche del juez a la imposibilidad que tendrían los acreedores con cobranzas a largo plazo de vender sus posiciones en la empresa según el acuerdo, Bougain dijo que "efectivamente los acreedores no tendrían una acción, que es un título. Pero sí recibirían otro título que se llama certificado de participación que sí podrían negociar. Es falso; no están atados hasta el final. Esa consideración está muy mal", cuestionó el directivo sobre los argumentos del juez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de la firma La Clementina S.A., respecto de la competencia de la justicia de Reconquista para entender en el concurso de Vicentín SAIC. El máximo tribunal ratificó así la actuación del juez Fabián Lorenzini.

La oficina de prensa del máximo tribunal recordó que Vicentín había solicitado la formación de su concurso preventivo ante los tribunales del norte santafesino, que el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 resultó sorteado y que se declaró expresamente competente para tramitar el proceso.

La Clementina S.A. una acopiadora y semillera con base en San Jorge y sucursales en Rosario, Las Varillas y San Francisco- invocó su carácter de acreedora de la concursada y cuestionó la competencia del juez. Siempre con resultados adversos, su pedido atravesó todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad.

"El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito efectuado. Notifíquese y, oportunamente, archívese", señala el fallo del Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Ya son 330 los trabajadores de Vicentin -en el nodo norte- que pidieron al juez federal Ricardo Alcides Mianovich que ampare a la empresa para que la Afip no le cobre un "anticipo de ganancias". Los empleados vienen apurando a su vez a Fabián Lorenzini para que termine de homologar el acuerdo alcanzado por la empresa con las mayorías -exigidas por ley- de sus acreedores.

La semana pasada unos 160 empleados le enviaron a Mianocich un escrito, al que se sumaron ahora otros 170 trabajadores cuyos salarios -sus puestos de trabajo- están en juego.

Cabe recordar que el 20 de Julio pasado, la Afip dispuso por Resolución General 5391/2023, un pago a cuenta de Ganancias sobre grandes contribuyentes. Los empleados de la empresa le recordaron a la justicia federal que Vicnetin tiene saldo impositivo negativo en el ejercicio -tal como está certificado en sede judicial- y que la imposición del fisco "incrementará los quebrantos".

El presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel, fue detenido este lunes por orden de la Justicia de Santa Fe en la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia, en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia, informaron fuentes judiciales.

La detención de Scarel se concretó en Avellaneda, distante unos 330 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, donde Vicentin tiene además su sede central, y en las próximas horas será trasladado hacia Rosario, donde el miércoles se realizaría la audiencia de imputación.

Tras conocerse la detención, efectuada por agentes de la División Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”.

Además de la detención de Scarel, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de la empresa Viterra, que comparte con Vicentin el paquete accionario de Renova.

Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, cuando era contador de la firma. Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.

También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.

Esas maniobras habrían sido realizadas presuntamente por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera conseguir créditos por US$ 500 millones.

La primera reacción de la empresa fue descalificar la acción de la Justicia de Santa Fe.

A través de un comunicado dijeron que “es absolutamente falso” que la compañía haya “incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento”.

La nota de prensa niega que haya existido un “incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad”. Vicentin señaló que esos acuerdos “se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”

“El señor Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, añadió el texto.

Además, enfatizaron que “llama poderosamente la atención que este hecho (la detención) ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”.

La detención de Scarel se da en el marco de las graves dificultades financieras de Vicentin, que incluso llevó al Gobierno nacional a intervenirla en forma transitoria en junio de 2020, en parte debido a que el Banco Nación era uno de los principales acreedores por créditos otorgados durante la presidencia de Mauricio Macri.