Un comunicado de prensa del Ministerio de la Producción informó que "el gobierno de la Provincia de Santa Fe detectó abusos en usuarios de Tarifa Social" con "consumos de hasta 7000 kw/h mensuales y facturas por $ 17 millones". El texto difundido oficialmente indica que "la Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la EPE, tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios".

El despacho pone el acento en que "el Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw".

Se destacan los casos de "21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw/h, y generaron facturas de más de 17 millones de pesos", pero por su condición de caso social "abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes", indica el parte de prensa.

"Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Esa cartera tiene a su cargo la compañía estatal distribuidora de energía eléctrica.

"Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones", precisa la gacetilla.

La EPE profundizó auditorías para garantizar un uso equitativo de los recursos públicos.

"La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos", añade.

Por otra parte, el comunicado cita expresiones de la presidenta del Directorio de la EPE, Anahí Rodríguez. "Estos números -afirma la funcionaria- muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos".

En la ciudad capital y en San José del Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en un barrio de nivel residencial, sobre calle 1 de Mayo de la ciudad de Santa Fe que figuraba como caso social y consumió 2.840 kilovatios: "generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094". Otro caso en barrio Centenario "mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado".

"La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado", puntualiza el texto que divulgó la Casa Gris.

En Santa Fe, Rosario y Funes se concentraron los mayores registros de consumo desproporcionado.

"En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827".

Un caso de Funes "expone con claridad el desvío del beneficio". Un usuario con tarifa social "consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693". En el mismo complejo, "dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959".

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para mejorar el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así "poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos". "Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos", agregó.

El propósito "es que la tarifa social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables", expresa el parte de prensa del Ministerio de la Producción.

Maria Eugenia Chapero

El control coercitivo es una cárcel a cielo abierto. Una afrenta directa a los derechos humanos: a la libertad ambulatoria, a vivir una vida libre de violencia y a la integridad psicofísica. La condena a 19 años de prisión contra Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, marca un hito judicial. Fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia psicológica, económica y amenazas. Pero más allá de los tipos penales, este caso es un manual del control coercitivo: un patrón sistemático de conductas que no solo dañan, sino que anulan por completo la autonomía de la víctima.

Durante años, la pregunta social frente a la violencia extrema ha sido: "¿Por qué no se fue? ¿Por qué no denunció antes?" El concepto de control coercitivo cambia el ángulo: "¿Qué hizo el agresor para que ella no pudiera irse ni denunciar?" En el caso Prandi, las respuestas están documentadas:

- Aislamiento: separación de su familia, limitación en la comunicación y movilidad.

- Dependencia económica: control de ingresos, cobro de su sueldo, manejo de sus cuentas.

- Desgaste psicológico: amenazas, humillaciones y degradación de su autoestima.

- Intimidación y sexualidad forzada: imposición de relaciones sexuales bajo la idea de "obligación conyugal".

- Control del tiempo y del espacio: vigilancia de actividades y vínculos.

No son hechos aislados. Son piezas de una estrategia continua de dominación.

Cuando se reconoce el control coercitivo, el proceso judicial deja de ver "episodios" desconectados y entiende un mismo delito de larga duración. Esto permite:

1) Reconstruir la escena completa: mostrar cómo las agresiones físicas y sexuales se insertan en un clima de dominación constante.

2) Probar la intencionalidad: no es un conflicto de pareja, es un plan sostenido para someter.

3) Evitar la revictimización: se deja de interrogar a la víctima y se examinan las acciones del agresor.

4) Valorar el daño integral: físico, psicológico, social y económico.

En este caso, poner el foco en el patrón y no solo en los delitos puntuales, permitió comprender:

- Que las agresiones sexuales fueron posibles gracias a una estructura previa de miedo, dependencia y control.

- Que la demora en denunciar no fue omisión de la víctima, sino el resultado de un cerco invisible, construido a fuerza de degradar la autoestima y desbastar la subjetividad, hasta inmovilizar por completo.

- Que romper ese cerco solo fue posible después de atravesar un largo proceso de reconstrucción personal y de autoestima, suficiente para dar el primer paso hacia la denuncia.

- Que ese paso requirió un enorme esfuerzo personal, mediático y judicial, y aun así, la respuesta institucional fue lenta.

La condena repara en parte el daño, pero también expone la urgencia de:

- Formar a operadores judiciales para detectar patrones coercitivos desde la primera denuncia.

- Incorporar esta perspectiva en pericias, medidas cautelares y valoración de pruebas.

- Crear políticas públicas que traten el control coercitivo no solo como factor de riesgo, sino como delito autónomo.

Conclusión: el caso de Julieta Prandi demuestra que las violencias más destructivas no siempre empiezan con golpes. Muchas veces, nacen de un control sutil, que se acumula, se normaliza y termina encerrando a la víctima en una cárcel sin barrotes. Detectarlo y nombrarlo a tiempo puede salvar vidas.

Mientras en Argentina aún no existe un tipo penal específico para el control coercitivo, Francia discute hoy su incorporación al Code Pénal, mientras que Irlanda, Escocia, Inglaterra, Australia, Canadá y Bélgica ya lo han tipificado o incorporado en sus marcos legales, reconociendo su capacidad para esclarecer el contexto de la violencia y sancionar de forma integral la conducta del agresor.

Este tema ha sido objeto de un ciclo especial organizado por la Red de Mujeres para la Justicia, en colaboración con la Embajada de Francia en Argentina, que contó con la participación de la Embajadora de Derechos Humanos de Francia, Isabelle Rome, la magistrada francesa Isabelle Drean-Ivette y la psicóloga especializada Andreea Gruev-Vintila, autora de una obra de referencia sobre el control coercitivo.

La actividad reunió a integrantes del mundo judicial y académico de la Argentina, generando un espacio de intercambio internacional sobre los desafíos y la urgencia de legislar esta figura. Este camino comparado y este trabajo de articulación muestran que legislar el control coercitivo no es solo una opción técnica: es una herramienta para prevenir, proteger y hacer justicia.

(*) Jueza de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. Presidenta de la Red Mujeres para la Justicia.

La diputada provincial Rosana Bellatti (PS) presentó días atrás, formalmente, la acusación contra el fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, solicitando su destitución por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La legisladora fundamentó su pedido en las reiteradas faltas de respuesta del fiscal ante casos graves de abuso de niños, niñas y mujeres, "lo que pone en evidencia una ineficaz administración de justicia en situaciones de extrema vulnerabilidad".

La Comisión de Acuerdos -integrada por senadores y diputados- encomendó a Bellatti la investigación de la conducta de Gerosa ante las denuncias presentadas por el responsable de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, así como el diputado Fabián Palo Oliver (FAP).

La diputada provincial Rosana Bellatti.

Trascendió que desde el MPA se elevaron al menos seis presentaciones observando la conducta del integrante del cuerpo.

El lunes, Gerosa fue citado por Acuerdos para hacer su eventual descargo. Tres días después, el jueves a las 13, está citada la reunión conjunta de Senado y Diputados para resolver la situación del fiscal en base al o los dictámenes que elabore Acuerdos, comisión que hoy preside el senador Raúl Gramajo.

Gerosa fue fiscal titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista, y su desempeño ha sido severamente cuestionado en diversas instancias.

"En octubre de 2024, presentamos la primera acusación ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura por la causal de mal desempeño. Recientemente ampliamos el expediente tras la recepción de nuevas denuncias y procedimientos disciplinarios impulsados por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA)", explicó Bellatti.

Las investigaciones realizadas por la diputada han permitido analizar detalladamente la actividad de persecución penal llevada a cabo por Gerosa, especialmente en casos de violencia de género, sexual y familiar.

"Identificamos alrededor de diez causas graves en los que, pese a la prioridad asignada por la Fiscalía General, los procedimientos terminaron en juicios abreviados con penas irrisorias, aceptadas por las víctimas en su búsqueda desesperada de justicia. En otros casos, la falta de impulso procesal llevó a la inacción y la impunidad, prolongando el sufrimiento de las víctimas durante años", remarcó.

La diputada socialista dijo que además, "se analizaron expedientes relacionados con la protección de bienes jurídicos como la propiedad y el ambiente, en los cuales también se detectaron irregularidades: juicios abreviados con penas insignificantes y condenas en costas al MPA".

"El accionar de Gerosa implica violadores sueltos en las calles. No solo afecta a las víctimas directas de los delitos que debería perseguir, sino que también perjudica a toda la sociedad santafesina al desperdiciar recursos humanos y económicos destinados a la función de persecución penal", aseguró.

En este sentido, sostuvo que su destitución "es un acto de justicia imprescindible para garantizar una administración judicial eficiente, transparente y cercana a las necesidades de la ciudadanía", concluyó Bellatti.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió este martes que "si queremos defender lo público, tenemos que cambiar y transformar las cosas que se tienen". En diálogo con la prensa, el mandatario volvió a eludir la consulta respecto de si prevé o no privatizar las empresas de servicio ASSA y EPE. O en todo caso, respondió con el axioma que, desde su punto de vista, debe aplicarse a todas las esferas públicas, si es que verdaderamente pretenden ser resguardadas.

El mandatario apuntó así a "las situaciones de privilegio" que persisten en ambas compañías y que deben ser desterradas. Porque a su criterio, la situación deficitaria en ambos organismos que se viene describiendo desde que arrancó la gestión obedece a causas estructurales pero también, a "descalabros y abusos". En ese contexto, y ante la insistencia de la consulta periodística respecto de cuáles eran tales privilegios, Pullaro habló del "premio" a la productividad que venían cobrando los trabajadores de ASSA, y a los mecanismos de ingreso del personal que rigen en la EPE. El premio en Aguas – se abonó el 40% en abril y debía cancelarse el resto en octubre- no se pagará bajo el paraguas jurídico de la situación de emergencia de la empresa que fue declara por ley. En cuanto a la EPE, Pullaro cuestionó "la bolsa de trabajo" que garantiza la incorporación de familiares de los trabajadores. "Esto no está bien – dijo-. Tenemos que propender a que a las empresas públicas entren los mejores; no que entren los nietos de los hijos de los ex empleados de las empresas. Eso se terminó en la provincia de Santa Fe; se terminó la joda en estas empresas. Si queremos defender lo público, tenemos que cambiar y transformar las cosas para que el servicio se preste mejor", insistió.

El diagnóstico que traza el oficialismo sobre las empresas públicas genera otras interpretaciones en la oposición. Como publicara El Litoral, fue Marcos Corach, diputado justicialista y ex ministro de Omar Perotti, el responsable de denunciar este fin de semana que la verdadera intención del oficialismo es "demonizar" tanto a EPE como a ASSA, a fin de allanar el camino para una eventual privatización. Pullaro dijo desconocer los dichos de Corach y vertió las declaraciones señaladas. Lo hizo este martes casi al mediodía, tras verificar las obras del Hospital de Niños "Orlando Alassia". Apenas unos minutos antes de la recorrida, el gobernador había estado reunido, precisamente, con Perotti. Ambos compartieron una nueva actividad en la Casa de Gobierno.

El ex mandatario acompañó a una comitiva integrada por autoridades de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela y especialistas, y participó de un encuentro de trabajo junto a Pullaro y otros colaboradores del gabinete. El gobernador fue interiorizado acerca de la pretensión de lograr que la legendaria competencia IndyCar vuelva a correrse -la primera experiencia había sido en 1971- en el circuito rafaelino. Según pudo saber El Litoral, Pullaro se mostró interesado pero cauteloso; en tanto que su antecesor, distendido y predispuesto.

Autódromo de Rafaela. Crédito: Gentileza

En la noche de este martes, el gobernador cenó con el bloque de diputados provinciales de la UCR. Ya había estado reunido la semana pasada con la bancada del Socialismo, y en las próximas horas, lo hará con el PRO. Pullaro reconoce en esas instancias a los legisladores el apoyo otorgado a la reforma previsional, en una sesión de extrema complejidad por los hechos violentos que precipitaron una votación, hoy, judicializada. Son rondas para agradecer y para reorganizar las etapas que se vienen, a propósito de los ejes que marcarán la agenda hasta fin de año. Allí se encuentra la reforma constitucional. Quizá, la próxima semana, un encuentro bilateral entre radicales y socialistas busque "recalcular" los tiempos de un proceso que requiere de determinadas garantías. Y existe un doble desafío; el oficialismo no deberá entorpecer con esa discusión política, otra batalla relevante: la del presupuesto 2025. El próximo proyecto de gastos y recursos será el primero que elabore en su totalidad la actual gestión – el actual, había sido confeccionado en épocas de transición-. Y vendrá con adicionales, porque la intención del Poder Ejecutivo es incorporar a la ley tributaria, la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); y de manera condicionada, al blanqueo de capitales que plantea el gobierno nacional. De allí, que el Ejecutivo pretenda aceitar la articulación de Unidos, tanto en Diputados como en el Senado.

La etapa de réplicas y duplicas tras los alegatos en la causa que investiga los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza, y tiene como imputada a la monja Kumiko Kosaka, en los que la fiscalía pide 25 años de prisión, y su defensa la absolución, finalizó en las últimas horas, informaron hoy fuentes judiciales. Tras el cierre de esta etapa, cuyos alegatos de las partes comenzaron en mayo último, comienzan a prepararse los alegatos de la otra causa en este juicio, que tiene como imputadas a la monja Asunción Martínez, a la ex representante legal del lugar, a ex directoras de la institución y la psicóloga, entre otras imputadas.

El debate se reiniciará con estas acusaciones el 14 de agosto y aun no hay fecha probable de sentencia, informaron desde la querella, aunque estimaron un plazo no menor a dos meses.

A mediados de mayo, la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores, en el marco de la causa que investiga las responsabilidades por los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Pornografía infantil encontrada en la web oscura permitió rastrear a un pederasta australiano

Así lo requirió el jefe de fiscales de esa unidad, Alejandro Iturbide, al alegar ante el Tribunal compuesto por la jueza Gabriela Urciuolo; Belén Salido y Belén Renna, en el Polo Penal Judicial, en el tercer juicio por estos hechos.

En tanto, las querellas se sumaron al pedido de la fiscalía y el abogado Sergio Salinas (ONG Xumek) solicitó durante su alegato a fines de mayo “la pena de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores” en virtud de “la acumulación de los delitos que representamos en ese combo de causas por cuatro víctimas”, según explicó en ese momento a Télam.

“Esta investigación llevó siete años. Esto comienza en noviembre de 2016, cuando una chica, que fue llamada como la testigo de identidad reservada número 1, realizó una denuncia con una lengua de señas muy precaria”, recordó el letrado.

“Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja que era mala (por Kosaka) y con el tiempo nos dimos cuenta de que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos”, agregó Salinas en ese momento.

En tanto, el lunes 24 de julio -tras 17 jornadas hábiles- finalizaron los alegatos la defensa de Kumiko Kosaka, representada por Carlos Varela Álvarez y otros letrados, quienes pidieron su absolución.

“Se ha podido establecer la debilidad de las acusaciones basadas en contradicciones, hechos imposibles, mentiras, derivados esencialmente de la contaminación a que han sido expuestos muchos de los testigos y denunciantes”, sostuvieron mediante un comunicado los abogados de la acusada.

Este tercer debate, a diferencia del anterior, contiene tres causas acumuladas, por lo que habrá un alegato por cada una de ellas: en dos de los expedientes la única imputada es Kosaka, quien tiene imputaciones como autora además de partícipe y encubridora, mientras las otras ocho imputadas están acusadas como partícipes en comisión, por omisión.

El primer juicio fue un abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el cual el monaguillo Jorge Bordón y exempleado administrativo en el Instituto confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

En tanto, el segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y Horacio Corbacho Blanc a 45, mientras que el jardinero Armando Ramón Gómez recibió 18 años de prisión.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) informó este miércoles (14.06.2023) que creó cuatro comisiones para prevenir, investigar y generar “espacios seguros” para evitar delitos de pederastia en la Iglesia católica.

“Estas comisiones van a dar un servicio a las jurisdicciones eclesiásticas, a las congregaciones religiosas y a las instancias de la Iglesia que deban atender denuncias por un tema de abuso sexual”, dijo la encargada de la Comisión de Investigación de la CEB, Susana Inch, en una rueda de prensa.

Las comisiones estarán encargadas de “prevenir e investigar” denuncias de abusos sexuales de menores “y personas vulnerables”, según un comunicado leído en la misma comparecencia por la secretaria ejecutiva de la Comisión de Comunicación, Sarah Vargas.

La primera es la “Comisión Nacional de Prevención y Formación”, que coordinará todas las labores para evitar que haya casos de violencia en cada ambiente eclesial.

El Papa Francisco sobre los abusos en la Iglesia: “Hay curas presos por todos lados”

La segunda es la “Comisión Nacional de Escucha” que estará a cargo de una psicóloga clínica que recibirá las denuncias y “proponer el adecuado acompañamiento a las víctimas”.

La tercera es la “Comisión Nacional de Investigación”, liderada por la asesora legal de la CEB, que junto con un equipo jurídico va a “acompañar las denuncias e investigaciones en el ámbito canónico para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

La última es la “Comisión Nacional de Comunicación” a cargo del vocero de la CEB, Andrés Eichmann, que informará sobre los procesos de investigación de los casos de abusos denunciados.

“Con estas acciones reafirmamos nuestra plena solidaridad y cercanía con las víctimas y nos comprometemos a ayudar, en todo lo posible, para que tengan un acompañamiento adecuado y en la medida que nos permitan ayudar a sanar sus heridas”, añade el comunicado.

Inch recalcó que la idea es que estos hechos “jamás vuelvan a suceder”, que se creen “ambientes seguros” y que ningún niño se sienta “susceptible” de algún tipo de abuso.

Las denuncias por pederastia en Bolivia se dieron luego de que el medio español El País publicara una investigación sobre un diario del jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.

Inch comentó que en el Ministerio Público están abiertos aproximadamente 12 casos y que hay otras denuncias “que se están iniciando”.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, destacó la importancia del servicio de la Línea 102, de atención a chicas, chicos y adolescentes.

“La línea de los chicos y las chicas” es un servicio telefónico especializado, gratuito y confidencial del Sistema de Protección Integral de Derechos, que coordina y articula las políticas públicas locales, provinciales y/o nacionales, para la restitución o cumplimiento del derecho vulnerado o necesidad manifestada por niñas, niños o adolescentes.

Funciona como una herramienta de prevención, promoción, difusión y protección de los derechos de las infancias y adolescencias. Tiene por objetivo brindar atención a niñas, niños y adolescentes con el fin de escuchar, contener, o derivar en los casos que sea necesario, para acercar las políticas públicas existentes que le permitan a este sector de la población el acceso a sus derechos.

Desde que comenzó a funcionar la Línea en la provincia de Santa Fe, en septiembre de 2021, el equipo recibió 1.483 llamadas, de las cuales el 70% tienen que ver con algún tipo de maltrato físico, abuso sexual infantil y negligencia, entre otras. También se recibieron consultas sobre orientación legal.

Entre los motivos que más se destacan, 287 fueron por denuncias por maltrato físico, 334 por consultas legales, 169 relacionados a temas de negligencia, mientras que se recibieron 123 consultas relacionadas con abuso sexual infantil y 74 por maltrato psicológico o emocional.

En cuanto al origen geográfico, se recibieron llamados de 111 localidades de la provincia. A su vez, se realizaron articulaciones con otras provincias donde también funciona la línea y con la Línea 144, número asignado para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, en situaciones que involucraban a niñas, niños y adolescentes.

En la recepción de los llamados, un equipo de profesionales especialmente capacitados, lleva adelante el funcionamiento de la línea brindando atención o derivación. Actualmente, está conformado por cinco operadoras, dos profesionales que realizan tareas administrativas y soporte técnico, y dos personas que coordinan el espacio. El horario de atención es de 7 a 19, de lunes a viernes. La línea funciona también los días feriados en los mismos horarios.

Para la segunda etapa de implementación, que comienza luego de este primer año y medio de puesta en marcha, se prevé el fortalecimiento de la línea a través de campañas de difusión y apropiación por parte de las niñas, niños y adolescentes, en trabajo articulado con todas las instituciones, tanto públicas y privadas, como de la sociedad civil, para que la información llegue a todos los rincones de la provincia.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, manifestó que “debemos destacar la importancia de esta iniciativa que ya funciona en todo el país, y que significa una herramienta fundamental para garantizar más derechos para las chicas y los chicos, y que posibilita un acompañamiento y escucha de quienes transitan situaciones conflictivas”.

Por su parte, la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, recordó que “la propuesta fue generada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el año 2009 y se fue provincializando con el tiempo. Hoy, a más de un año y medio de su puesta en marcha, nos enorgullece que la gestión provincial haya tomado la decisión de que Santa Fe cuente con una línea gratuita para niños, niñas y adolescentes”.

La Línea 102 tiene alcance nacional, funciona en todo el país, y está operada por equipos especializados de cada provincia. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) acompaña a los organismos provinciales en su implementación, adecuación y fortalecimiento.

Además, capacita a los equipos de trabajo, brinda acompañamiento técnico y financiero, monitorea su funcionamiento, sistematiza la información de los llamados y facilita la articulación institucional.

El Papa Francisco reafirmó la “tolerancia cero” a los abusos cometidos por parte de miembros del clero y sostuvo que “hay curas presos por todos lados”.

Las declaraciones del pontífice fueron hechas en un documental en el que diálogo con jóvenes sobre temas de actualidad. El encuentro tuvo lugar el 28 de junio de 2022

“Estos casos de abusos de menores no prescriben, en la Iglesia al menos”, planteó Francisco en el diálogo que forma parte de la producción “Amén. Francisco responde”, que se estrenó mundialmente .

“El drama del abuso de menores es más escandaloso en la Iglesia porque, donde precisamente tienes que cuidar a la gente, la destruyes”, sostuvo Francisco.

“Puede ser que haya gente que esté jugando mal. La política es limpiar. Si sabemos que está jugando mal que venga la denuncia y limpiamos, pero tolerancia cero, esa es la política de la Iglesia”, añadió.

En el documental, Jorge Bergoglio plantea sin embargo que la tolerancia cero no fue siempre la praxis habitual ya que antes “la tentación de la Iglesia siempre fue cubrirlo, hasta que cayó en la cuenta”.

“Encontré de todo, desde el negacionista que niega hasta la evidencia y está cerrado y no le entran balas, hasta el arrepentido, que está llevando su pena por lo que hizo. La cultura del abuso está por todos lados, lamentablemente”, subrayó.

“La Iglesia está tratando de que sus curas y sus monjas no abusen. Hoy en día creo que es un ejemplo de lucha contra los abusos lo que está haciendo cada diócesis, el Vaticano, etcétera”, añadió.

Durante el encuentro, una joven argentina catequista católica, le entregó luego un pañuelo verde de los usados durante la campaña para la aprobación del aborto en el país.

“A los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación, con un cargo de conciencia, pues es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos, como es Jesús”, le respondió el pontífice.

“Pero el problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad. Cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el ADN y están dibujados todos los órganos. Por tanto, no es un montón de células que se juntaron, sino que es una vida humana”, agregó luego.

A continuación se preguntó: “¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema?”.

“Conviene llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar a la persona que hizo esto y otra cosa es justificar el acto”, expresó.

Durante el dialogo, el pontífice sostuvo con ironía que para hablar del Vaticano que “acá adentro roban todos! Así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero”, al hablar con un joven de ayudas económicas.

“Qué quiero decir con eso, que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas”, agregó Francisco.

El 18 de abril de 1978, el exsacerdote argentino Santiago Mac Guire pasó a buscar a su hijo Lucas, de cinco años, por el jardín de infantes y lo subió a la bicicleta. Cuando estaban a pocas cuadras de casa, en la ciudad de Rosario, un automóvil les cortó el paso y los tiró al suelo. Salieron de él cuatro o cinco militares de civil que se lanzaron sobre Mac Guire, lo encapucharon y se lo llevaron tumbado en el suelo del coche, mientras dejaban al niño abandonado en mitad de la calle.

Lucas tiene hoy 49 años y se prepara para declarar como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó el pasado lunes en Rosario. El caso de su padre es uno de los 116 englobados en la causa Guerrieri IV -por Pascual Guerrieri, ex responsable de inteligencia del Ejército- por el que están acusados 17 exmilitares y policías. Sin embargo, se trata de un caso singular por la acusación inédita que lo acompaña: la querella sostiene que Mac Guire fue secuestrado y torturado junto a otros dos detenidos en la casa salesiana Ceferino Namuncurá, a las afueras de Rosario. De confirmarse, sería la primera vez que se prueba que una dependencia eclesiástica funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina (1976-1983).

“Escuchaba ruidos de aviones, así que sabía que estaba más o menos cerca del aeropuerto, que queda en la zona de Funes. Cuando lo mandan a buscar para legalizarlo [pasarlo de un centro de detención clandestino a uno legal] lo llevan dos soldados y cuando él les pregunta que dónde estaban le dicen que vienen del Ceferino Namuncurá. Ahí entiende que es el retiro espiritual de los salesianos donde había ido muchas veces y establece la relación”, cuenta Lucas por teléfono.

Mac Guire no puede prestar testimonio porque falleció en 2001, pero había declarado en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el organismo creado por Ricardo Alfonsin tras el regreso de Argentina a la democracia con el objetivo de investigar los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Su hijo se basa en ese testimonio para responder, que forma parte también del expediente judicial.

Lucas era muy pequeño para acordarse con precisión del día en el que golpearon y secuestraron a su padre frente a él, pero conserva la sensación de frío y de vacío de los primeros minutos, cuando todo el mundo se había escondido en sus casas por miedo. “Primero apareció el kioskero y después una mujer con una nenita que iba a mi escuela. Se acercó a mí, que lloraba descontrolado, y me llevó a mi casa”, reconstruye.

Como las demás familias de desaparecidos durante la dictadura, la esposa de Mac Guire, María Magdalena Carey, comenzó a buscarlo por todos lados. Una de las puertas que golpeó fue la del Obispado de Rosario. Se presentó a pedir ayuda junto a sus cuatro hijos y no se fue hasta que la recibieron. Aunque Mac Guire, quien fue un destacado sacerdote tercermundista hasta que colgó los hábitos en 1972, su familia cree que sus lazos con la Iglesia fueron esenciales para salvarle la vida.

“A los 15 días aproximadamente llaman a mi madre desde el Obispado para decirle que vaya al Batallón 121 porque mi padre ha aparecido ahí. Cuando llega se encuentra a una persona irreconocible por la cantidad de lesiones y golpes y su delgadez”, cuenta Lucas. En su testimonio ante la Conadep, Mac Guire relató que cuando fue trasladado a ese batallón lo recibió [Eugenio] Zitelli, el capellán de la policía rosarina, “tomando café y fumando un cigarrillo con [el comandante de Gendarmería Adolfo] Kusidonchi”.

Kusidonchi fue condenado en 2018 a 22 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pero Zitelli murió antes de ser juzgado. “Zitelli estuvo procesado por hechos de privación, de aplicación de tormentos y por integrar la asociación ilícita del aparato represor estatal en Rosario, pero no fue condenado porque falleció pocos días antes del inicio del juicio en el que estaba procesado”, afirma la abogada querellante Gabriela Durruty. “El caso de Mac Guire vuelve a poner en agenda el tema de la corresponsabilidad de la Iglesia con la dictadura”, continúa Durruty.

Según la querella, Mac Guire estuvo detenido en la casa salesiana Ceferino Namuncurá junto a Roberto Pistacchia -secuestrado el mismo día que él y también sobreviviente- y Eduardo Garat, que permanece desaparecido. El terreno donde se encontraba fue vendido en 1979 a la Fuerza Aérea, una operación que recuerda a la que se realizó ese mismo año en el delta del Tigre en la conocida como quinta El Silencio. Esa propiedad de la iglesia fue vendida a los militares y albergó poco después a algunos detenidos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) para burlar la inspección que iban a realizar los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita a Argentina.

Lucas lamenta que el juicio haya tardado tanto en llegar y que sólo haya una audiencia semanal en el Tribunal Oral Federal 1, lo que alargará aún más el proceso. “Por un lado es una sensación liberadora [el inicio del juicio], pero por otro lado hay bastantes matices, porque muchos acusados murieron, o por enfermedad o vejez no estuvieron en la sala”, critica.

Amigos y activistas de derechos humanos acompañaron el lunes a los familiares a las puertas del tribunal. Todos esperan condenas ejemplares, pero recuerdan que, además, cada nuevo juicio supone una nueva oportunidad para recordar los crímenes perpetrados y que no vuelvan a repetirse. Desde que Argentina reanudó los juicios por delitos de lesa humanidad en 2006, más de mil personas han sido condenadas.

Las piedras empezaron a volar el martes de la semana pasada por la noche. La manifestación llevaba algunas horas y adentro del jardín N° 1.000 de Virrey del Pino (La Matanza), siete docentes y varios administrativos quedaron encerrados. Cuando llegó la Policía para custodiar la salida, en vez de ayudar, todo empeoró. 

En la vereda, la impotencia se transformó en incidentes que se extendieron hasta la madrugada. Al otro día, una familia contaba que su hija de 5 años había sido víctima de un abuso sexual dentro del colegio. Desesperada, pedía ayuda. 

“¿Sabés qué pasa? Nos subestimaron por pobres. Como este es un barrio humilde, quisieron tapar todo”, dijo una mamá. El jardín queda en el barrio Nicole, en Virrey del Pino, es el único provincial y la matrícula está llena de chicos de la zona. 

Su hija empezó a relatar los episodios en su casa. Hablaba de “El Loquito” del colegio y, como otros de sus compañeros, pudo poner en palabras lo que pasaba. 

“Nuestra hija nos decía que tenía secretos con esta persona, nos acercamos al jardín y le dijeron que le aseguraban que esto no podía ser posible, que era una persona profundamente amable con los chicos. No nos contuvieron, no le creyeron a mi hija y las pericias terminaron demostrando lo que ella contaba”, se indignó Clara, la mamá de A. Los nombres son falsos para preservar a las víctimas. 

“Mi hija dijo que en dos oportunidades se acercó a decirle a la señorita lo que estaba pasando y que no le dieron bola”, advirtió. 

Por eso, además de la denuncia por abuso, en la fiscalía N° 5 de La Matanza, a cargo de Cecilia Pérez, también presentó una denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona” para las docentes y los directivos a cargo de su hijo. 

El camino de Clara empezó en la escuela, en la comisaría, en la fiscalía y, por último, en el departamento de medicina forense, donde constataron lesiones compatibles con abuso en la nena de cinco años. Siempre sintió, según cuenta, que no le creyeron ni a ella ni a su hija. 

“Nosotros fuimos a la escuela, firmamos un acta, en la que explicábamos lo que pasaba. Eso fue un jueves. El viernes teníamos la denuncia y recién ahí lo sacaron de la escuela. El lunes hicieron un acto en el colegio como si nada hubiera pasado, no hablaron con los otros padres, no dijeron nada. Si el martes no hacíamos la marcha, no lo iban a detener. Querían que todo quedara ahí”, se quejó la mamá. 

Lo cierto es que esa manifestación subió de tono cuando los padres empezaron a hablar con sus hijos. Muchos se enteraron de que había un caso de abuso en la escuela recién en la puerta, pero ninguno había sido notificado formalmente. Tampoco los docentes del turno mañana, que no compartían horario con el portero que finalmente fue detenido. 

“Siento culpa porque no quería creer lo que estaba pasando. La veía tan tranquila a la mamá que no podía entender. ‘Yo rompo todo si le hacen algo a mi hija’, decía. Ahora me doy cuenta de que uno queda en su mundo, tratando de ver qué hacer con todo esto, cómo seguir”, contó María, otra mamá, que tiene turno para que periten a su hija. 

Nora, otra madre, confirmó que su hijo, de cuatro años, también tenía lesiones compatibles con el abuso. “Cuando llego de trabajar, veo el grupo de padres y madres y me entero lo que estaba pasando. Habían mandado una foto de este hombre y se la mostré a mi hijo. Lo señaló y me dijo ‘Loquito’. Cuando le pregunto quién es, me dice que lo lleva al baño y describe todas las cosas que hacía”, le detalló a este diario. 

Indignada, agregó: “Me dijo que fue a decirle a la seño y ella le contestó ‘andá, pegale’. Como si fuera un juego”. 

Ella fue otra de las mamás que amplió la denuncia contra los adultos responsables de los chicos por esa negligencia. 

“Ninguna docente ni directivos están en la escuela. Continúa la investigación de un equipo interdisciplinario de inspección, según los plazos que establece la normativa”, confirmaron en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

 Sin embargo, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de La Matanza indicaron que los docentes del turno tarde y los directivos de la institución están de “licencia por ART” por el “mal momento” que habían pasado durante los disturbios en la puerta del colegio, con “acompañamiento psicológico”. 

Además, contaron que muchos “recibieron amenazas” y que “tienen miedo”. 

El Jardín N° 1.000 volvió a abrir con nuevas maestras suplentes pero sin noticias de los nuevos directivos hasta que finalicen las investigaciones internas y los sumarios administrativos. 

Fuentes judiciales confirmaron que mientras esperan el resultado de las pericias, continúan tomando declaraciones y que, por el momento, Carlos Mattone (65) permanecerá detenido. 

Mattone es veterano de Malvinas. Hace 10 años que cumple funciones en colegios a cargo de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Pero desde antes de la pandemia había sido derivado al Jardín N° 1.000. 

“Lo que yo quiero saber es por qué los chicos iban solos al baño con este hombre. Por qué nadie estaba atento a que tardaban tanto tiempo o a que una persona que no tenía por qué estar ahí ingresaba con los nenes y nadie decía nada. Lo defendían”, se quejó otra mamá. 

La estrategia defensiva de Mattone quedó derribada con la sumatoria de casos. En un primer momento, intentaron desacreditar la denuncia de la primera víctima alegando un “hecho intrafamiliar” por el que se intentaba “culpar al jardín”. Sin embargo, con la gran cantidad de denuncias y al menos otro caso comprobado, su situación es cada vez más complicada. 

Los padres, este miércoles, pedirán que los dispositivos de salud brinden asistencia psicológica y médica para los chicos que lo necesiten. 

La Justicia analizó los dibujos que Lucio Dupuy realizaba en el jardín y las pericias determinaron que el nene se expresaba en lo que dibujaba aunque “no encontró interlocutores que descifraran lo que decía”. Con estos resultados, podría agravarse la situación de las dos acusadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez.

“Hacia dibujitos sin piernas y sin ojos. La maestra se tendría que haber dado cuenta, ahora ya es tarde”, dijo Ramón Dupuy, el abuelo del menor asesinado.

Luego de las pericias psicológicas a la madre de Lucio y su pareja que indicaban en ellas “rasgos de perversidad”, la Justicia pidió examinar los dibujos que realizaba el menor en la escuela para probar si era víctima de violencia mientras convivía con las acusadas.

Los dibujos fueron hechos por Lucio durante un período de casi un año y medio, que abarcó el paso por la sala jardín de 4 y 5 años, los dos atravesados por la pandemia.

Ramón contó la información que le brindó el abogado de la familia, José Mario Aguerrido. “Dicen que Lucito a través de sus dibujos se expresaba. Hacía sus dibujos sin ojos por cosas que no quería ver o (cosas) que le hicieron ver y no quería ver”, explicó.

Detalló que Lucio “hacia también dibujos sin piernas o con las piernas cortadas, que puede ser porque se las ataban o por las violaciones que sufrió durante mucho tiempo”.

Y reclamó: “La maestra se tendría que haber dado cuenta. Pedía auxilio a gritos, pero bueno, ahora ya es tarde. Nadie se dio cuenta que un nene de 5 años se expresaba así con los dibujos”. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició sumarios para analizar algún tipo de responsabilidad a las maestras de Lucio.

La psicóloga Lorena Ruggero, especializada en psicología jurídica, fue quien realizó las pericias y uno de los peritos oficiales de la causa, el psicólogo Ignacio Dalgallarondo, adhirió a esas conclusiones.

Aguerrido indicó: “El informe da cuenta que los dibujos son de un niño sufriente y gritando gráficamente, que no encontró interlocutores que lo escuchen o descifren en lo que sí decía dibujando”.

La familia Dupuy impulsa la “Ley Lucio”

En diálogo con TN, Ramón contó que la familia sigue juntando firmas para que se apruebe la Ley Lucio y expresó: “No queremos que haya otro Lucio más y no vamos a parar hasta que se apruebe”.

“Imaginamos la condena que le van a dar a estas asesinas, pero no quiero que haya otra familia destruida como la nuestra”, concluyó.

La provincia de Salta amaneció conmocionada tras conocerse que seis jóvenes violaron a un compañero que padece de retraso madurativo, al que además amenazaron de muerte si contaba lo que había sucedido en el baño de una escuela de la localidad de Guachipas.

El gravísimo episodio ocurrió este lunes en el Colegio Agrotécnica Soberanía Nacional N° 3158. Según informaron los medios locales, el estudiante salió de la entidad en estado de shock nervioso, caminando de forma extraña y cuando llegó a su casa, entró al baño y se cambió de ropa mientras su madre le preguntaba qué le pasaba, pero el horror y el llanto no lo dejaban hablar.

La mujer observó que tanto la ropa interior como el pantalón de su hijo tenían manchas de sangre, tras lo cual lo contuvo y el joven le contó que un grupo de compañeros, diciéndole los nombres, lo violaron en el baño y que luego entre todos lo amenazaron: “Si llegás a contar algo, te vamos a matar a golpes”.

Ante esta situación, la madre radicó la denuncia en la Sub Comisaría de Coronel Moldes donde además le pidió a los policías que la ayuden para que su hijo sea asistido por un médico.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1, está a cargo de la causa y ordenó la “intervención del Juzgado de Menores e Incapaces” para que realicen las investigaciones pertinentes.

Además solicitó que se lleven a cabo los exámenes médicos correspondientes y el análisis de las evidencias que se encuentran en la ropa del joven para llevar adelante la causa e imputar a los individuos que cometieron la violación.

El Papa Francisco ha dispuesto una reforma de la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe para, entre otras cosas, agilizar los procesos acerca de temas disciplinarios, como los casos de abusos que arrollan a la Iglesia.

El pontífice ha redactado el “motu proprio” (documento papal) “Fidem servare” (Servir fielmente) para modificar la estructura interna de esta Congregación que se encarga de velar por la fe y que actualmente está en manos del jesuita español Luis Ladaria Ferrer, su prefecto.

El texto, divulgado hoy por la Santa Sede pero datado el 11 de febrero, separa claramente las dos competencias del organismo: La “doctrinal”, que se ocupa de la protección de la fe. La “disciplinar”, que regula los delitos contra la moral.

Francisco no alude específicamente en el documento a los casos de abusos sexuales a menores que sacuden la Iglesia. pero la restructuración del antiguo Santo Oficio tiene mucho que ver con ello, pues los casos llegan a sus estancias desde todo el mundo.

La reforma establece que el prefecto de la Congregación estará asistido por un secretario al frente de cada una de las dos secciones de este ente, heredero de la Inquisición medieval.

La parte disciplinar se ocupará de gestionar todos los delitos tratados por la Congregación mediante la jurisdicción del Tribunal Supremo Apostólico, y es aquí donde entra la espinosa cuestión de los casos de abusos sexuales o de poder por parte de clérigos.

El pasado diciembre, Francisco promulgó una nueva versión de las “normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, es decir, “los delicta graviora”, que perjudican de forma particular a la Iglesia Romana.

Y el 11 de octubre de 2021 había reescrito los delitos por los que la Doctrina de la Fe podría juzgar a cardenales, patriarcas, legados apostólicos y obispos, entre otros miembros de la alta jerarquía.

El artículo 6 de este “vademécum” establece como “grave delito contra la decencia” la violación del Sexto Mandamiento (“No cometerás actos impuros”) por un clérigo contra un menor de dieciocho años o personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

Aclara además que “la ignorancia o el error por parte del clérigo sobre la edad del menor constituye un atenuante” en el juicio.

La Doctrina de la Fe también juzga “la adquisición, posesión, exhibición o divulgación, con fines libidinosos o de lucro, de imágenes pornográficas de menores” por parte de un clérigo.

El Papa, separando las dos vías de la Congregación, la disciplinar y la doctrinal, agiliza los procesos: “Para que se pueda promover una recta administración de la justicia”, escribe Francisco.

Es decir, cada sección, dotada de un secretario propio, tendrá una mayor autonomía y, presumiblemente, se agilizarán los procesos por abusos, a los que sin embargo Francisco no alude en el texto.

Esto debido a que los numerosos casos contra sacerdotes, sobre todo de abusos a menores, estaban acumulando retrasos.

Otros “delicta graviora” que podrán ser tratados son los cometidos contra la fe, como la herejía, la apostasía o el cisma; contra la Eucaristía, como la profanación o el sacrilegio, o contra la Penitencia, como escuchar confesiones sin permiso u ordenar mujeres.

La otra sección, la doctrinal, se ocupa de cuestiones que tienen que ver con la promoción y protección de la doctrina, de la fe y de la moral, y favorece los estudios pertinentes para difundir el catolicismo en todo el mundo, para la evangelización.

Este apartado de la Congregación tendrá la tarea de estudiar los documentos publicados por otros organismos de la Curia romana y de los textos u opiniones “problemáticos” para una fe “recta”.

Francisco sigue inmerso en la solución del mayor desvelo para la Santa Sede, los escándalos de abusos surgidos a lo largo y ancho del planeta, en Chile, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Irlanda o Polonia.

“Es el momento de la vergüenza”, aseguró el pontífice en la audiencia general del 6 de octubre, en referencia a la “incapacidad de la Iglesia” de gestionar los casos de pedofilia.

Un problema que incluso ha turbado el retiro del papa emérito Benedicto XVI, señalado por otra investigación en la diócesis de Múnich y que asegura que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pedófilos cuando era arzobispo allí.

“Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica”, ha confesado Ratzinger, de 94 años.

El papa emérito Benedicto XVI pidió perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido.

Su declaración se dio a conocer en una carta, publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich.

“Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica”, subraya Benedicto XVI.

Joseph Ratzinger, de 94 años, añade en la misiva que “tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que han ocurrido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares” y asegura que es necesario, por parte del clero, “el momento de la confesión”. Asimismo añade: “Roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas”.

“En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia”, admite.

“Un descuido”

A pesar de su petición de perdón, Benedicto XVI niega en otro documento, publicado también hoy por sus colaboradores, cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania.

En su carta, Ratzinger empieza defendiendo el “gigantesco” trabajo en la redacción del documento de respuesta a la investigación que entregó en su momento a los investigadores y explica que “se produjo un descuido” sobre su participación en el Ordinariato (reunión de obispado de Múnich y Freising) del 15 de enero de 1980.

En aquella reunión, según la investigación, se trató el traslado de un sacerdote acusado de abusos a menores, Peter H., quien después volvió a cometer abusos en la archidiócesis de Múnich, lo que motivó que fuera trasladado de nuevo. En un principio, Benedicto XVI aseguró que él no había participado en esa reunión, pero después se retractó de esta declaración y explicó que se había tratado de un error.

“Este error, que desgraciadamente se ha producido, no ha sido intencionado y espero que sea disculpable”, escribe el papa emérito, quien añade que le ha “sorprendido profundamente” que el descuido haya hecho dudar de su veracidad y que incluso le hayan presentado “como un mentiroso”, al tiempo que destacó haber recibido numerosas cartas de apoyo y las oraciones del papa Francisco.

Benedicto XVI concluye la carta diciendo: “Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Aunque mirando hacia atrás en mi larga vida puedo tener muchos motivos de temor y miedo, sin embargo, tengo un estado de ánimo alegre porque confío firmemente en que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias y es, por tanto, como juez, al mismo tiempo mi abogado”.

Francisco hizo este llamamiento al final de la audiencia general de este miércoles al recordar que mañana la Iglesia católica italiana celebra la primera jornada de oración por las víctimas y supervivientes de los abusos.

El papa Francisco habló de los abusos de menores en Francia: “Siento vergüenza”

Y agregó entonces que es “un deber imprescindible” de quienes “tienen responsabilidades educativas en las familias, en las parroquias, en las escuelas y en los lugares recreativos y deportivos, proteger y respetar a los adolescentes, a los chicos que se les confían, porque en estos lugares es donde suceden la mayoría de los abusos”.

Recientemente, el papa urgió a “una formación renovada” de todos los religiosos que trabajan con niños para prevenir que se vuelvan a repetir los casos de abusos de menores y de poder, en un mensaje enviado a un encuentro sobre la defensa de los menores en la época de la COVID-19 organizado por la comunidad Papa Juan XXIII.

Francisco instó a “hacer todo lo posible para crear una cultura capaz de evitar que tales situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacio para ser encubiertas y perpetuadas”, como ya había escrito en su carta al Pueblo de Dios del 20 de agosto de 2018.

Sobre la lucha contra la pederastia en la Iglesia, el pontífice explicó que se trata de un viaje que todos deben hacer “urgidos por el dolor y la vergüenza de no haber sido siempre buenos custodios, protegiendo a los menores que nos han sido confiados en nuestras actividades educativas y sociales”.

“Algunos me querían muerto”, denunció el papa Francisco

Retrocesos en la paz y justicia globales

Este miércoles, el Papa también hizo hincapié en las “numerosas contradicciones del sistema económico y político” que se han hecho evidentes con “la crisis” de la pandemia mientras que denunció la “tendencia a retroceder” en los compromisos de paz y justicia globales.

“La crisis actual ha revelado numerosas contradicciones del sistema económico y político, mientras persisten desafíos no resueltos que requieren el compromiso conjunto de muchos actores”, dijo el pontífice en su discurso a los participantes del encuentro mundial de las Comisiones de Justicia y Paz de las Conferencias Episcopales de todos los países que ha organizado el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

Se trata de una cita virtual que se estructura en torno al rol de las Iglesias locales al servicio del desarrollo humano integral en la era (post) Covid y que tiene en cuenta los desafíos actuales y las perspectivas para el futuro a la luz de las encíclicas ‘Laudato si’ y ‘Fratelli tutti’ que concluye este jueves.

Francisco señaló que el contexto actual está caracterizado por la “crisis sanitaria y social” que ha provocado la pandemia de Covid-19 y los “viejos y nuevos focos de conflicto” que están abiertos en tanto que se tiende a “retroceder en los compromisos adquiridos tras las “enormes tragedias del siglo pasado”.

El Papa pidió a los entes eclesiales locales que actúen con “esperanza”, “determinación” y “creatividad” y a buscar alianzas con otras comunidades de fe, así como con las autoridades civiles regionales e internacionales.

Para el Papa la justicia y la paz solo se pueden construir a través de dos caminos que son “el cuidado de la casa común” y la “fraternidad y amistad social”. “Dos caminos que se originan en el Evangelio de Cristo” – dijo el Papa- que también reconoció que para lograr que se hagan realidad “se puede caminar junto a muchos hombres y mujeres de otras confesiones cristianas”, “de otras religiones” e incluso junto a personas que no cuentan con “una afiliación religiosa específica”.

La entrada Para el papa Francisco es un “deber imprescindible” proteger a los jóvenes de los abusos se publicó primero en Notife.