Un joven de 25 años fue condenado a seis años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una adolescente de 13 años en Venado Tuerto, luego de contactarla por redes sociales. El hecho ocurrió en enero de 2023 y fue denunciado dos meses después por la propia víctima.

El sentenciado fue identificado como Briant Ezequiel Valdez Machuca, oriundo de Goya (Corrientes), quien trabajaba como changarín y residía en una pensión ubicada detrás de una verdulería, en la zona oeste de la ciudad.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Fiscal Mayra Vuletic, Valdez Machuca se contactó con la menor a través de Instagram, mintiéndole sobre su edad (le dijo que tenía 22 años). La citó en su habitación alquilada, donde ocurrieron los hechos.

Según el relato de la víctima, que fue clave en la causa, al llegar al lugar el hombre la hizo sentarse en la cama y comenzó a tocarla sin su consentimiento. Pese a sus intentos por resistirse, la abusó sexualmente y luego intentó minimizar lo ocurrido asegurando que era estéril. Días más tarde, al no obtener respuesta del acusado por WhatsApp, la adolescente decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde otras jóvenes relataron haber sido acosadas por el mismo individuo.

Investigación y condena

La denuncia fue radicada el 11 de marzo de 2023 a través del sistema online "Iris", y tras la recolección de pruebas, se ordenó su detención, efectuada el 13 de agosto de 2024 en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

En el marco de la causa judicial, las partes acordaron un procedimiento abreviado. La defensa estuvo a cargo de la Defensora, Silvia Couselo.

La calificación legal fue la de grooming y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

Factores atenuantes y resolución judicial

El tribunal consideró como atenuantes la juventud del acusado, su arrepentimiento y la admisión de responsabilidad, pero valoró la gravedad del delito y el daño causado a la víctima. Por lo tanto, se dictó una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso.

Una problemática en crecimiento

Este caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de redes sociales por parte de adultos para contactar a menores con fines abusivos. La figura del grooming —captación de menores a través de medios digitales con fines sexuales— es una modalidad que crece preocupantemente en nuestro país.

Gustavo Martín Sosa, un joven de 25 años oriundo de Venado Tuerto, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Antonela R., una joven con la que compartía pensión en un inmueble ubicado en calle Carelli al 1.300.

El fallo fue dictado por la jueza Paula Borrello en un juicio oral y público que se desarrolló en los Tribunales de Venado Tuerto. La fiscal del caso, Mayra Vuletic, había solicitado una pena de once años, al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado. En tanto, la defensa, representada por el Dr. José Gabriel Traini, había planteado la absolución por falta de tipicidad penal.

El hecho

La agresión sexual ocurrió en la madrugada del 25 de enero de 2024, en una pensión ubicada en calle Carelli al 1.300, donde vivían tanto la víctima como el acusado. Según el relato de Antonela, esa noche regresó cansada de trabajar y, tras bañarse, aceptó una invitación de Sosa para tomar mates.

En medio de la charla, el joven comenzó a tocarla sin su consentimiento. Al recibir el rechazo de la víctima, la situación se tornó violenta: Sosa la tomó del cabello, la mordió en el cuello y la arrastró hasta su habitación, donde la despojó de sus prendas íntimas y la accedió carnalmente.

"Yo intenté defenderme, pero no tenía fuerzas", expresó Antonela en su declaración, brindada en la sala de audiencias entre lágrimas, con la voz quebrada y la respiración entrecortada.

Un testimonio desgarrador

La declaración de la joven fue clave para el tribunal. Conmovida, relató lo sucedido con interrupciones constantes por el llanto: “Me dijo que tomáramos mates, él tomaba vino. Estábamos hablando cuando me empezó a tocar. Le dije que no, que no confundiera las cosas. Después fue al baño, y cuando pasó por atrás mío me agarró del pelo y me llevó a su pieza...”.

El relato de la víctima incluyó detalles del momento del abuso, su intento por escapar, la aparición del hermano del agresor y la llegada de un amigo que intervino, lo que le permitió salir corriendo y dar aviso a la policía.

Según la fiscal Vuletic, la actitud de Antonela al contar espontáneamente lo sucedido fue valiente, teniendo en cuenta que es una joven sin contención familiar ni recursos emocionales para enfrentar un proceso judicial de estas características. “Exigir más sería pedir una actitud heroica”, afirmó.

La sentencia

La magistrada Paula Borrello condenó a Gustavo Martín Sosa a la pena de ocho años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Para establecer la pena, la jueza consideró la gravedad del hecho, el vínculo entre víctima y victimario, el contexto de vulnerabilidad de la joven y la modalidad de comisión del delito. El tribunal también dispuso que el condenado continúe alojado en prisión preventiva hasta su traslado a una unidad penitenciaria provincial.

Sosa había llegado al juicio privado de su libertad desde enero de 2024, tras ser imputado formalmente y permanecer bajo prisión preventiva ordinaria por resolución del poder judicial. 

Comenzó en los tribunales venadenses un juicio oral y público donde un hombre de 25 años (Gustavo S.) está acusado de abusar sexualmente de una joven de 21 en la casa-pensión que compartían junto a otras personas en calle Carelli al 1.300.

El hecho se habría registrado en la noche del 24 de enero de 2024, y la fiscal que lleva adelante la causa, Mayra Vuletic, solicitó 11 años de prisión para el acusado. 

El hecho

Gustavo S. habría aprovechado que la joven A.R. estaba sola en la pensión y, tras invitarla a tomar mates, la agredió físicamente —tirándole del pelo, mordiéndole el cuello— y la trasladó a su habitación para abusar de ella con acceso carnal.

La joven denunció el hecho ese mismo día en Comisaría 12. Relató que fue intimidada (“no digas nada porque te voy a matar”), herida (“rasguños en espalda, hombro y cuello”) y quedó en estado de conmoción y angustia.

Acusación legal

La Fiscalía califica a Gustavo S. como “autor del delito de abuso sexual con acceso carnal”. Tras audiencia imputativa realizada el 26 de enero de 2024, la acusación formal prosiguió.

Petición de pena

En base a los agravantes —uso de fuerza, intimidación, convivencia previa y vulnerabilidad de la víctima— el Ministerio Público solicitó una condena de 11 años de prisión, dentro del rango previsto de 6 a 15 años, junto a las accesorias legales y costas judiciales.

Un hombre de 55 años, Daniel Iván Favilla, que fue condenador a 19 años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja, podría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria tras un fallo de la Cámara de Apelaciones. El juez considera que la situación de encierro puede perjudicar su cuadro de salud.

Se trata de un caso reciente, con sentencia el 14 de mayo mediante un fallo unánime del tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Aldo Baravalle. Mientras que Mayra Vuletic fue la fiscal que llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio oral y público.

Favilla tiene un diagnóstico de bipolaridad. Según consta en el expediente fue tratado por psiquiatras de la Corte, profesionales de la Junta médica especial y la médica forense. Los profesionales coinciden en que padece una enfermedad que no le impide comprender la criminalidad de sus actos ni cumplir una prisión efectiva. También señalan que, con la medicación correspondiente, puede tener una vida normal.

En tanto, el Camarista sostiene que atento a existir esa enfermedad es necesario ver hasta qué punto la situación de encierro no perjudica su cuadro.

Tomás Orso informó a Sur24 que Favilla viene gozando de prisión domiciliaria desde el principio de la investigación y “la Fiscalía nunca había apelado la misma. Es decir, que no fui yo quien la fijó en su momento”. Además, destacó que “se había otorgado ese régimen atenuado de encierro debido a una patología mental que tiene el ahora condenado en primera instancia”.

Finalmente, “en la audiencia consideré que debía seguir en prisión preventiva domiciliaria debido a que en el juicio hubo un médico que dijo que podía ser tratado de su patología en la cárcel y otro que dijo que lo más conveniente es que siga en su casa, por la contención familiar que deben tener ese tipo de pacientes”.

En consecuencia, hizo “lugar a la apelación, disponiendo un reenvío a primera instancia para que, antes de que vuelva a la casa a cumplir prisión preventiva, se fije caución, eventual tobillera electrónica y otras medidas que pueda solicitar la Fiscalía”, finalizó el camarista. 

Un mes de encierro

Un informe de la Alcaidía del 17 de junio indica que “la persona durante el mes de encierro que lleva no ha padecido ninguna afección a su salud, no fue necesario hacer ningún operativo de rescate (dar asistencia médica urgente a un interno cuando atraviesa una crisis). Tampoco hubo intervenciones de urgencia, ni se ha solicitado asistencia médica. Además, tiene una conducta excelente tanto con el personal policial como con los internos que convive en la celda”.

Mayra Vuletic precisó que previo al juicio “esta persona venía gozando del beneficio de una prisión domiciliaria sin ningún tipo de sustento objetivo, como lo indica la ley. Luego de la sentencia a 19 años, el tribunal, muy atinadamente, revocó esa prisión domiciliaria”.

La defensa del condenado apeló esta decisión y el camarista Tomás Orso “dispone un reenvío de la situación al tribunal de primera instancia para que esta situación se revea. En definitiva, considera que esta persona podría volver a gozar de una prisión domiciliaria”, agregó.

En consecuencia, este fallo “va a ser impugnado por la fiscalía. No coincidimos en absoluto con este criterio. Entendemos que es una decisión que se toma por fuera de los alcances de la ley, incluso por fuera de los criterios que tiene la Corte Suprema respecto a la disposición de prisiones domiciliaria”, aseguró Vuletic. 

El fallo de Tomás Orso “afecta cuestiones constitucionales, apartándose de la ley. Y en segundo lugar, afecta la protección de la víctima, la tutela judicial efectiva”, sentenció la fiscal. 

Por el momento, Favilla continúa detenido en la Alcaidía, mientras el tribunal de primera instancia, audiencia mediante, analice lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. 

La fiscal considera que “una persona puede estar enferma o tener una patología, pero no por eso no va a poder ser encarcelada de manera ordinaria y recibir la asistencia médica correspondiente. Incluso hay una persona condenada por este tipo de delitos que padece una enfermad oncológica y está recibiendo el tratamiento en una unidad penitenciaria”. 

El caso

La fiscal Mayra Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Calificación penal

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada.

En Venado Tuerto, en la mañana de este jueves, fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión tres hombres acusados de abuso sexual con acceso carnal, facilitamiento de la prostitución, privación ilegítima de la libertad y tenencia de pornografía infantil, entre otros cargos.

Se trata de Néstor Enrique Zapata quien deberá cumplir una condena de 15 años. Fabián Miguel Viltes, pasará 13 años tras las rejas. Y Antonio Daniel Payru, sentenciado a 12 años de cárcel. 

La investigación la llevó adelante la fiscal Mayra Vuletic, mientras que el tribunal estuvo integrado por Mauricio Clavero (presidente), Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

El caso

El hecho principal involucra a J.T., quien denunció haber sido víctima de reiterados abusos sexuales, explotación sexual y violencia de género entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Según la acusación, los imputados actuaban en conjunto, beneficiándose económicamente o a través del intercambio de drogas.

Encierro, abusos y explotación

Néstor Enrique Zapata, ex pareja de J.T., fue señalado como quien inició el círculo de violencia. Según el expediente al que accedió Sur24, mantenía encerrada a la víctima, la privaba de comida y la obligaba a mantener relaciones sexuales con él y con otros hombres, a cambio de dinero o drogas. También facilitaba su domicilio para los encuentros sexuales.

Fue sentenciado a 15 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal” y “facilitamiento de la prostitución agravado”.

Abuso sexual y pornografía infantil

Fabián Miguel Viltes fue condenado a 13 años de prisión por mantener relaciones sexuales no consentidas con la víctima a cambio de drogas y dinero, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. También por la tenencia de más de 20.000 archivos con contenido pornográfico, de los cuales al menos 16 contenían imágenes explícitas de menores de edad. Además, enfrentó una causa previa por haber herido gravemente a un hombre con un arma blanca en febrero de 2020.

La calificación legal fue “lesiones graves dolosas”, “abuso sexual con acceso carnal” y “tenencia de pornografía infantil”.

Abuso con arma de fuego

Antonio Daniel Payru estaba acusado de haber abusado sexualmente de J.T. en reiteradas oportunidades y de haberla amenazado con un arma de fuego para cometer los hechos. Su participación se enmarca dentro del mismo contexto de explotación sexual en el domicilio de Néstor Zapata. También enfrentó una causa previa por hurto de un teléfono celular a una mujer en 2021.

En consecuencia, deberá afrontar 12 años de prisión al ser encontrado responsable de “hurto simple” y “abuso sexual con acceso carnal”. 

Rescate

La víctima fue rescatada de la vivienda en donde eran cometidos los abusos producto de un trabajo en conjunto de la fiscalía, la Comisaría de la Mujer y el equipo de Género de la Municipalidad de Venado Tuerto. 

El 13 de octubre de 2023, K.M.V., de 21 años, denunció a su padre, Héctor V., de 45 años, por abusar sexual con acceso carnal. Según su relato, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando el imputado aprovechó la situación para cometer el abuso mientras ella dormía en la misma cama. La joven expresó en su denuncia que no pudo resistir el ataque, y tras darse cuenta de lo ocurrido, trató de defenderse y le advirtió a su padre sobre la gravedad de lo que había sucedido.

El relato de la víctima es estremecedor: después de la agresión, logró salir de la casa a los gritos, buscando ayuda. Primero intentó comunicarse con su abuela, sin éxito, y luego se dirigió a la casa de su madre, donde pudo denunciar el hecho ante la policía.

La Investigación 

La Fiscalía, representada por Mayra Vuletic, llevó adelante una exhaustiva investigación en la que se recabaron pruebas que apuntan a la culpabilidad del acusado. 

Ante los graves hechos, la representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para Héctor V., por ser considerado autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en calidad de progenitor de la víctima. Según el Código Penal, este delito contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión, y en este caso, se solicitó la pena intermedia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

La fiscal, Mayra Vuletic, enfatizó el grado de confianza que debe existir entre un padre y su hija, lo que hace aún más grave el abuso. Además, resaltó el impacto emocional y psicológico que esta agresión ha tenido en la joven, quien ha manifestado en varias oportunidades su deseo de que su agresor sea apartado de su vida y de la sociedad.

El impacto en la víctima

El abuso sufrido por K.M.V. ha tenido consecuencias devastadoras en su bienestar emocional. La víctima ha experimentado un profundo sufrimiento psicológico a raíz de la agresión, lo que se reflejó en sus declaraciones y en los informes de la investigación. La Fiscalía señaló que este tipo de delitos no solo impactan negativamente a la víctima en el momento del abuso, sino que también tienen repercusiones a largo plazo, afectando la salud mental y el futuro de quienes los sufren.

En el marco de un juicio que dará inicio el 27 de mayo, la Fiscalía pidió severas penas de prisión para tres hombres imputados por delitos de abuso sexual con acceso carnal, facilitamiento de la prostitución, privación ilegítima de la libertad y tenencia de pornografía infantil, entre otros cargos. Los acusados son F.M.V., N.E.Z. y A.D.P., todos residentes de Venado Tuerto.

El caso principal involucra a J.T., quien denunció haber sido víctima de reiterados abusos sexuales, explotación sexual y violencia de género entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Según la acusación, los imputados actuaban en conjunto, beneficiándose económicamente o a través del intercambio de drogas.

Las penas solicitadas

El Ministerio Público de la Acusación, representado por Mayra Vuletic, solicitó las siguientes penas:

Abuso sexual y pornografía infantil

F.M.V. fue acusado de mantener relaciones sexuales no consentidas con la víctima a cambio de drogas y dinero, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. También se le imputa la tenencia de más de 20.000 archivos con contenido pornográfico, de los cuales al menos 16 contenían imágenes explícitas de menores de edad. Además, enfrenta una causa previa por haber herido gravemente a un hombre con un arma blanca en febrero de 2020.

Encierro, abusos y explotación

N.E.Z., ex pareja de J.T., fue señalado como quien inició el círculo de violencia. Según la denuncia, mantenía encerrada a la víctima, la privaba de comida y la obligaba a mantener relaciones sexuales con él y con otros hombres, a cambio de dinero o drogas. También facilitaba su domicilio para los encuentros sexuales.

Abuso con arma de fuego

A.D.P. está acusado de haber abusado sexualmente de J.T. en reiteradas oportunidades y de haberla amenazado con un arma de fuego para cometer los hechos. Su participación se enmarca dentro del mismo contexto de explotación sexual en el domicilio de N.E.Z. También enfrenta una causa previa por hurto de un teléfono celular a una mujer en 2021.

Rescate

La víctima fue rescatada de la vivienda en donde eran cometidos los abusos producto de un trabajo en conjunto de la fiscalía, la Comisaría de la Mujer y el equipo de Género de la Municipalidad de Venado Tuerto. 

Un hombre de 33 años acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en Venado Tuerto, comenzará a ser juzgado este martes 14 de mayo. Será en el marco de un juicio oral que está previsto que inicie mañana a las 8:30 en los tribunales venadenses. El tribunal estará conformado por los jueces Roberto Révori (presidente), Paula Borello y Silvina Marinucci.

La fiscal que representará al MPA en el debate es Andrea Cavallero, quien adelantó que solicitará que el acusado, cuyas iniciales son MNT, sea condenado a 18 años de prisión.

Durante cinco años

Cavallero planteó que "el hombre investigado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades durante cinco años, desde la época en la que ella iba a la escuela primaria". Indicó que "los ilícitos fueron en dos domicilios en los que el hombre vivía y ella iba de visita los fines de semana".

"El acusado atentó contra la integridad sexual de su hija con una frecuencia casi diaria", sostuvo la funcionaria del MPA. "En el marco de los abusos, le decía a la víctima que les iba a quitar la vida al hermano menor y a la madre de ella, así como a otros integrantes de la familia", especificó. "Para infundirle temor, llegó a amenazarla de muerte con una cuchilla", aseveró.

La fiscal señaló que "cuando la víctima ya era adolescente, se negó a seguir yendo a la casa de su padre", y subrayó que "el acusado entonces se comunicó con su expareja y le dijo que iba a prender fuego la vivienda en la que ella residía si la hija de ambos no volvía con él". En tanto, valoró que "la mujer no accedió y radicó de inmediato la denuncia correspondiente".

Asimismo, Cavallero manifestó que "tiempo después, la víctima volvió a convivir con el agresor y continuaron los abusos sistemáticos". Al respecto, expuso que "la última vez que él la vulneró, ella se fue del lugar y pidió ayuda a un vecino, quien convocó a la policía". Según remarcó, "desde ese día, el acusado permanece privado de su libertad, ya que luego se dispuso su prisión preventiva como medida cautelar".

Por otro lado, destacó que "la rápida actuación de los uniformados permitió recabar material biológico sobre el que se realizó un análisis de ADN que al compararlo con el del padre de la víctima dio resultado positivo".

Calificación penal

Al hombre que será juzgado a partir de mañana se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente), y amenazas coactivas.

Agenda

De acuerdo con lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Venado Tuerto, los alegatos de apertura comenzarán mañana a las 8:30. El debate continuará el miércoles, el jueves y el viernes con las declaraciones de testigos por parte del MPA, mientras que el próximo lunes expondrán los testigos propuestos por la Defensa.

Una mujer denunció en sede policial que fue obligada en reiteradas oportunidades a tener relaciones sexuales con su vecino. La señora relató que el agresor, de nombre Luis B., ingresa a su domicilio por la fuerza para someterla.

El parte oficial señala que “se presenta en la dependencia la llamada Nancy a realizar la correspondiente denuncia, manifestando toda la situación sucedida con el imputado. Relatando que éste ingresa a su domicilio a la fuerza obligándola a tener relaciones con el varias veces, con comportamiento agresivo y tocando y manoseando sus partes íntimas”.

El informe agrega que “a raíz de todo lo actuado por el momento y de la información recabada se realizó consulta con el fiscal Horacio Pueyrredón, quien dispuso la formación de causa a Luis B. por Abuso sexual simple”.