El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva para un hombre de Hughes acusado de haber abusado sexualmente, en reiteradas oportunidades, de dos sobrinas políticas cuando eran menores de edad. El juicio se desarrolla en los tribunales de Melincué.

El juicio

La causa tiene como acusado a un hombre identificado por sus iniciales M.I.C., domiciliado en la localidad santafesina de Hughes. La acusación está a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica es ejercida por el abogado Alejandro Ferrari.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto familiar y se habrían extendido durante varios años. Las víctimas son dos sobrinas políticas del acusado, ambas menores de edad al momento de los episodios denunciados.

La acusación del Ministerio Público

Según el planteo de Fiscalía, una de las víctimas habría comenzado a sufrir abusos desde temprana edad y de manera reiterada, aprovechando el acusado situaciones de confianza y guarda dentro del entorno familiar.

En el segundo hecho atribuido, el fiscal sostuvo que otra menor también habría sido abusada cuando se encontraba bajo cuidado familiar en el domicilio del acusado.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual y de víctimas menores de edad, se omiten detalles que puedan resultar revictimizantes o permitir la identificación de las denunciantes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado, gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual agravado gravemente ultrajante. La acusación contempla múltiples hechos, dos víctimas menores de edad y la circunstancia de que la guarda habría sido confiada al acusado dentro del ámbito familiar.

Además, la Fiscalía consideró que los hechos se dieron en un contexto de violencia de género y pidió que el acusado sea condenado como autor penalmente responsable.

El pedido de pena

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. Ahora, el tribunal deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía, si acepta los planteos de la defensa o si adopta una decisión distinta en función de la prueba producida durante el debate.

Un joven de Venado Tuerto enfrenta un pedido de 16 años de prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de una niña de 7 años durante 2023. La investigación, a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, sostiene que los hechos ocurrieron mientras la menor estaba al cuidado del acusado, considerado un “amigo de la familia”.

La causa

Kevin P., de 21 años, es señalado por la fiscalía por haber cometido reiterados abusos sexuales contra la niña de 7 años. Según la investigación, el acusado aprovechaba la confianza de la familia y la responsabilidad de cuidado que tenía sobre la menor para cometer los delitos.

Los hechos habrían ocurrido tanto en la vivienda del acusado, ubicada en calle Lussenhoff, como en el domicilio de la niña en calle Junín. La fiscalía detalló que los abusos incluyeron distintos tipos de vejámenes sexuales, realizados de manera reiterada durante el año 2023.

Cargos y pena solicitada

El Ministerio Público de la Acusación imputó a Kevin P. el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guardia”. La pena solicitada es de 16 años de prisión. Actualmente, el juicio se desarrolla en los tribunales de Venado Tuerto, con audiencias que avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios.

La fiscal Débora Vanesa Valentín solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L., acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su expareja. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, mientras el imputado convivía con la víctima y su madre.

La investigadora sostuvo que el acusado se habría aprovechado de la situación de convivencia y del vínculo familiar para cometer los abusos, generando un grave daño en la salud mental de la menor.

Denuncia que inició la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia presentada el 27 de agosto de 2024 por la madre de la víctima ante el Centro Territorial de Denuncias de Venado Tuerto.

Según consta en el expediente, la mujer relató que la menor le había contado los abusos y que esto le generó preocupación por su estado emocional. La madre solicitó que se adoptaran medidas para impedir nuevos acercamientos del acusado hacia ella y sus hijos.

Evidencias y testimonios

Durante la investigación, se recopilaron declaraciones de familiares, docentes, asistentes sociales y profesionales de la salud mental, además del testimonio de la menor en Cámara Gesell.

La Fiscalía destacó que la víctima se encontraba en una situación de absoluta vulnerabilidad, dada su edad y el vínculo de autoridad afectiva que mantenía el imputado dentro del hogar, lo que agrava la conducta delictiva.

Desobediencia judicial

Además de los abusos, el sujeto fue imputado por desobedecer una resolución judicial del Juzgado de Familia de Venado Tuerto que le prohibía acercarse y mantener contacto con su expareja.

Según la investigación, el acusado habría enviado mensajes por Facebook y WhatsApp a pesar de la restricción, hechos denunciados ante la Comisaría de la Mujer.

Calificación legal y pedido de pena

La Fiscalía encuadró los hechos en abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por el daño en la salud mental de la víctima, corrupción de menores agravada y desobediencia al mandato judicial.

Al fundamentar la solicitud de pena, la fiscal Valentín resaltó la gravedad de los hechos, la reiteración de los abusos y el impacto psicológico sobre la menor. Por ello, solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L.

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno en Venado Tuerto.

La sentencia fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales venadenses.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. Tras conocer la condena, valoró que "el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos".

Asimismo, la fiscal destacó que "docentes de la víctima participaron como testigos en el juicio y expusieron detalles acerca de la trayectoria escolar de la niña, lo que permitió probar las consecuencias negativas que los abusos tuvieron en diferentes aspectos de su vida".

En tres domicilios

La funcionaria del MPA afirmó que "el condenado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades, en la época en la que ella transitaba su escolaridad primaria".

Al respecto, puntualizó que "los ilícitos tuvieron lugar en tres domicilios venadenses en los que convivieron a raíz de que integraban un mismo grupo familiar".

Además, Schiappa Pietra resaltó que "en el marco de los abusos, el agresor amenazaba con matar a la niña o a la abuela de ella si alguien se enteraba de lo sucedido".

En tanto, la fiscal subrayó que "la víctima logró contarle sus padecimientos a otra niña, quien la instó a hablar con adultos sobre el tema". A su vez, señaló que "cuando familiares mayores de edad supieron de los ilícitos, se comunicaron con la Central de Emergencias 911", y agregó que "intervinieron agentes policiales que aprehendieron al condenado".

Calificación penal

La condena fue impuesta por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por la guarda y por haber sido cometido en perjuicio de una víctima menor de 18 años con la que convivía).

Identidad

El condenado tiene 39 años y sus iniciales son FGC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la persona a la que abusó sexualmente.

Un hombre es juzgado en los tribunales de Venado Tuerto acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra en reiteradas oportunidades, cuando la niña era menor de edad y convivía con él. En ese marco, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva.

El acusado, identificado como F.G.C., es oriundo de Venado Tuerto. Según la acusación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre el año 2019 y comienzos de 2024, en distintos domicilios de la ciudad, período en el que la niña tenía entre 6 y 11 años.

La Fiscalía le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por tratarse de una víctima menor de 18 años y por la situación de convivencia y guarda que mantenía el imputado respecto de la niña.

De acuerdo con la teoría fiscal, los abusos se habrían producido de manera reiterada durante varios años, aprovechando momentos en los que la madre de la víctima no se encontraba en la vivienda o estaba dormida. Además, la acusación sostiene que el imputado habría ejercido amenazas para evitar que la menor contara lo ocurrido.

La denuncia se inició luego de que la niña, cuando tenía 11 años y cursaba la escuela primaria, relatara lo que estaba viviendo. Según consta en el expediente, primero se lo contó a su madre y posteriormente intervino su abuela, quien radicó la denuncia policial.

El debate oral tendrá su última audiencia el próximo martes. Tras esa instancia, el tribunal contará con el plazo de ley correspondiente para informar la sentencia.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para Damián R., de 45 años, acusado de haber cometido abusos sexuales gravemente ultrajantes y corrupción de menores agravada contra dos niñas que eran hijas de su pareja y estaban bajo su guarda en una vivienda de Venado Tuerto.

La acusación fue presentada por la fiscal Luciana Del Grecco, quien detalló los hechos en cuatro causas judiciales acumuladas, en las que se describe un patrón sistemático de abusos ejercido durante años en el ámbito familiar.

Primer caso

La primera denuncia fue radicada el 22 de julio de 2024, por C.M.P., de 17 años. La joven reveló que fue víctima de abusos sexuales desde los 9 hasta los 12 años, cuando convivía con su padrastro en el domicilio familiar de calle Laprida.

Según la investigación, los hechos incluyeron tocamientos y abusos de todo tipo, en un contexto de amenazas psicológicas para evitar que la víctima hablara. Recién después de una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela, la niña pudo reconocer que estaba siendo abusada.

Más adelante, fue su novio quien la incentivó a contarle a su madre lo ocurrido. Y posteriormente formalizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Segundo caso

La segunda víctima, M.C.B., realizó la denuncia el 7 de mayo de 2025. Afirmó que fue abusada entre los 10 y 12 años, en 2012 y 2013, en el mismo domicilio. Señaló que Damián R. aprovechaba la ausencia de su madre (que trabajaba hasta la tarde) para abusar de ella con frecuencia.

La joven relató que los abusos incluían tocamientos y penetración, entre otros vejámenes. Solo pudo hablar del tema después de que su hermana hiciera pública su historia. Con apoyo psicológico y social, decidió formalizar la denuncia.

Desobedeció medidas judiciales

Pese a las restricciones impuestas por la Justicia, Damián R. violó las órdenes de no contacto en al menos tres oportunidades: el 28 de julio, 2 y 3 de agosto, y nuevamente el 27 de octubre de 2024, enviando mensajes por Instagram a su hija biológica.

Por estos hechos fue imputado por desobediencia al mandato judicial, sumando más cargos a su historial.

Delitos y condena

La Fiscalía calificó los hechos como:

Todos los delitos se le atribuyen al acusado como autor penalmente responsable, en concurso real, y en grado de consumado.

Considerando la gravedad y persistencia de los hechos, la fiscalía solicitó una pena unificada de 22 años de prisión efectiva.

Un hombre de 36 años fue imputado este martes en Venado Tuerto acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años, hija de su pareja, y de filmarla con fines sexuales. La Justicia dictó la prisión preventiva ordinaria, mientras avanza la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

La audiencia imputativa se llevó a cabo en sede judicial, con la intervención de la fiscal Débora Valentín, quien presentó los cargos contra el acusado, quien estuvo asistido por su abogado defensor, Alfredo Cutuli.

Dos hechos, una misma víctima

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar ubicado en calle José Martí, en fechas aún no determinadas, pero dentro del período de convivencia con la víctima.

Medidas judiciales

Tras escuchar la imputación, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva ordinaria para el acusado, medida que busca resguardar la investigación y evitar riesgos procesales. La medida fue solicitada por la fiscalía.

Mientras tanto, el equipo investigador continúa reuniendo evidencia, entre ellas pericias al dispositivo móvil secuestrado, y testimonios que serán incorporados a la causa en las próximas semanas.

Un hombre de 46 años, identificado como Carlos Marcelo Montenegro, fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de una mujer que era su pareja en Elortondo.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal integrado por las juezas Lorena Garini (presidenta) y Paula Borrello y el juez Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de Melincué.

La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Susana Pepino, quien también representó al MPA en el debate. En tal sentido, luego de conocer el veredicto, subrayó que “se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y se impuso una pena única cercana a la de 12 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Según aclaró Pepino, “el monto de la pena dispuesta resultó de la unificación con una condena previa que él aún no había terminado de cumplir”.

Pepino puntualizó que “el condenado atentó contra la integridad sexual de la víctima en la época en la que ella transitaba la primera parte de la escuela secundaria”, y agregó que “por entonces ambos convivían con la madre de la niña en una zona rural de Elortondo”.

“El agresor abusó de la víctima en ocasiones en las que estuvieron a solas en un lugar descampado y en el domicilio en el que residían”, especificó la funcionaria del MPA. “Para evitar que la niña hablara con otras personas sobre lo sucedido, solía amenazarla con matarla a ella o a su madre si alguien se enteraba”, agregó.

Montenegro fue condenado por la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos reiterados y calificados (por haber sido cometidos en contra de una víctima menor de 18 años, aprovechándose de la convivencia preexistente).

Un hombre de 37 años, identificado como Emilio José Emanuel B., oriundo de Venado Tuerto, comenzó a ser juzgado este martes acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante seis años.La fiscal del caso, Mayra Vuletic, pidió una pena de 18 años de prisión y calificó el hecho como “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la convivencia”.

El tribunal está integrado por Lorena Garini, Silvina Marinucci y Mauricio Clavero, mientras que la defensa del acusado está a cargo de los abogados Arsenio Domínguez y José Marchisio.

Los hechos investigados

De acuerdo con la acusación, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 8 años y se extendieron hasta que cumplió 14.Según la fiscalía, el imputado aprovechó la convivencia con la menor, hija de su entonces pareja, para someterla a distintos actos de abuso.

Entre los hechos denunciados se mencionan distintos tipos de tocamientos y aberraciones que habría padecido la niña durante años, llegando al acceso carnal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la menor y derivó en la apertura del juicio oral que se desarrolla en los tribunales venadenses.

El proceso judicial

Durante la jornada inicial, la fiscal Vuletic presentó la acusación formal y los fundamentos de su pedido de condena.En los próximos días, se espera la declaración de testigos, peritos y profesionales del área psicológica que intervinieron en la causa.

Los jueces deberán resolver si hacen lugar a la solicitud de la fiscalía o si adoptan la postura de la defensa, que pidió la absolución del imputado.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de los abusos sexuales intrafamiliares, delitos que suelen desarrollarse en contextos de silencio y vulnerabilidad.De acuerdo con fuentes judiciales, la sentencia podría conocerse en los próximos días, una vez finalizada la etapa de alegatos.

El caso que conmueve a la región tiene como imputado a Leonardo Adrián V., de 56 años, procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de parentesco y amenazas. La investigación del fiscal Matías Merlo comenzó en 2019, cuando se solicitó la captura del sospechoso. Desde entonces, el acusado se mantuvo prófugo, hasta ser localizado el último lunes en Santa Fe.

Luego de un seguimiento de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre fue hallado en calle Estrada al 7.200, barrio San Martín de la capital provincial. Los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su arresto.

En la mañana del miércoles, en los tribunales de Melincué, se llevó a cabo la audiencia cautelar. A instancias del fiscal Julián Cochero, el juez ordenó la prisión preventiva sin plazo hasta la realización del juicio oral y público.

Los hechos investigados

La acusación sostiene que Leonardo Adrián V. habría abusado sexualmente de su hijo (Lucas, hoy de 25 años) desde que el menor tenía 12 años. Los primeros episodios ocurrieron en la ciudad de Rosario, en una vivienda ubicada en calle Juan José Passo y Campbell. Posteriormente, cuando la familia se mudó a Bombal, los abusos habrían continuado.

Según el expediente al que accedió Sur24, el acusado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con el niño para cometer los hechos, bajo amenazas y coacción. En febrero de 2019, cuando la víctima advirtió que contaría los abusos a su madre, el imputado habría tomado un cuchillo para intimidarlo.

Testimonio y pericias

En su declaración, la víctima relató que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta los 23. Dijo que su padre lo llevaba a su habitación, lo obligaba a prácticas sexuales sin protección y le aseguraba que “eso era lo que hacían los padres con los hijos”.

Un informe psicológico incorporado a la causa detalla que la víctima presenta trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, pesadillas, sentimientos de culpa e insomnio, y concluye que el daño psíquico ocasionado es irreversible por la duración y reiteración de los hechos.

La pena solicitada

La Fiscalía pidió una condena de 16 años de prisión efectiva en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, que agravan la pena por el vínculo familiar y la continuidad del abuso en el tiempo.

El comerciante Nelson Ramón Ceballos, de 58 años, fue condenado a siete años de prisión de cumplimiento efectivo por el Tribunal Unipersonal integrado por el juez Mauricio Adolfo Clavero, en el marco de un juicio desarrollado en el Distrito Judicial N° 9 de Rufino.

El hombre fue hallado autor penalmente responsable de dos hechos de abuso sexual simple, de amenazas simples y de desobediencia a la autoridad, todo en concurso real de delitos.

En el debate intervinieron la fiscal Rafaela Florit, en representación del Ministerio Público de la Acusación, y los abogados Sofía Rosso y David Rosso en la defensa del acusado.

Los hechos

La investigación probó que entre 2015 y 2017, cuando la víctima Morena Q. tenía menos de 13 años, Ceballos la sometió a tocamientos y besos inapropiados en el interior de su vivienda, lindera a su kiosco en Rufino.

Otro episodio ocurrió en el predio del Club Jorge Newbery, donde la víctima fue María del Carmen U., una mujer adulta que mantenía con el acusado un vínculo laboral. Según la sentencia, Ceballos aprovechó la situación de vulnerabilidad emocional y económica de la mujer para acosarla y realizar contactos físicos sin su consentimiento.

A estos hechos se sumó una amenaza contra Gustavo Q., padre de la menor abusada. El imputado recurrió a un compañero de trabajo, identificado como Adolfo T., para transmitir la intimidación, pese a que pesaba sobre él una prohibición de contacto y acercamiento dictada por el juez civil Luis Alberto Cignoli.

La sentencia

Al momento de fijar la pena, el juez Clavero ponderó la gravedad de los delitos, la reiteración de las conductas y la violación de órdenes judiciales previas. En ese marco, impuso a Ceballos una condena de siete años de prisión de ejecución efectiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a una mujer que fue acusada de haber abusado de su hija menor de edad, en la ciudad santafesina de Casilda.

La causa se inició el 28 de noviembre de 2018. Ese día, una nena de 9 años ingresó al hospital donde se detectaron las lesiones.

Según dijo la mujer, la niña se estaba bañando, se habría caído en la ducha y el golpe le habría provocado una hemorragia en la zona vaginal. Sin embargo, los médicos sostuvieron que la lesión era producto de la introducción de un elemento fálico (o vibrador) en la vagina. Fue necesario una intervención quirúrgica.

La causa fue impulsada por el MPA de Casilda. Foto: Archivo

Jorgelina Lucía Beatríz Suárez, madre de la menor, quedó acusada por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por su ascendiente y contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma.

El delito fue imputado en concurso real con promoción de corrupción de menores agravada por el vínculo y por la convivencia, en carácter de autora y como hechos consumados, por le cual era acusada.

Según la imputación, la mujer habría abusado sexualmente de su hija de 9 años introduciéndole por vía anal y vaginal un elemento fálico en reiteradas ocasiones.

En noviembre de 2020, la mujer enfrentó un juicio oral. El Tribunal Pluripersonal de Juicio del Colegio de Jueces de Cañada de Gómez absolvió a la acusada. Consideró acreditado el hecho, pero entendió que no había elementos para responsabilizarla por ello y ordenó seguir profundizando la investigación.

La fiscalía apeló y en abril del 2021, el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Cámara Penal de Apelación de Rosario, por unanimidad, revocó la absolución y condenó a Suárez a la pena de doce años de prisión.

El tribunal, con distinta integración, resolvió por mayoría confirmar la condena.

Tras una nueva apelación, la Corte Suprema de Santa Fe consideró que lo planteado por la defensa era un simple disenso a lo resuelto.

El caso terminó en la Corte nacional, donde rechazaron la queja. Foto: Archivo

También rechazó los cuestionamientos a la credibilidad del testimonio de la oficial que vio a la niña en el hospital y al interrogatorio que le hizo a la víctima por entender que se violaron los protocolos establecidos para el acceso a la justicia de las víctimas de abuso sexual.

El caso llegó por un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible.

El tribunal conformado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero condenó este miércoles al religioso Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión efectiva. La sentencia se basó en pruebas contundentes que demostraron su responsabilidad en cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas de 6º y 7º grado del colegio Sagrado Corazón, durante su desempeño como director en los años 2018 y 2019.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra presentó durante el juicio una sólida acusación, acompañada por testimonios y evidencias que respaldaron las denuncias, tanto por abusos ocurridos en la institución como durante un viaje de estudios a Santa Rosa de Calamuchita.

Los testimonios que marcaron el juicio

Dos de los casos se producieron en una sala del colegio, cuando Ortiz convocaba a las niñas bajo el pretexto de corregir cuadernillos de matemática. Las víctimas relataron que esos encuentros eran una excusa para cometer los abusos.

Otros dos hechos ocurrieron durante actividades recreativas en una pileta del hotel en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, donde se realizaba el viaje escolar. Las niñas denunciaron tocamientos inapropiados por parte del docente.

La defensa del acusado y su versión de los hechos

Durante el proceso judicial, el “hermano Pedro” negó todas las acusaciones. Afirmó que nunca llevó a las alumnas a la dirección y que las actividades escolares que mencionaban las denunciantes eran propias del verano y no del ciclo lectivo regular. Sobre los episodios en la pileta, sostuvo que solo participó en juegos con los estudiantes y negó haber tocado a ninguna de forma inapropiada.

Pese a su defensa, el tribunal consideró acreditados los hechos denunciados y falló a favor de las víctimas.

*noticia en desarrolloCobertura: Mauro Dalmazzo

Débora Cieri, la primera madre en denunciar al “Hermano” Pedro por abuso sexual, sostuvo que las docentes del Sagrado Corazón de Venado Tuerto tuvieron una actitud pasiva y que “nunca se preocuparon por cómo estaban las niñas” que aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual por parte del Director el nivel primario del establecimiento educativo.

El juicio contra el religioso se llevó adelante durante los últimos días de junio y comienzos de julio. La fiscal que realizó la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó una pena de 16 años de prisión. En tanto, el tribunal, integrado por Aldo Baravalle (presidente), Mariana Vidal y Mauricio Clavero, informará la sentencia el próximo miércoles 30. 

Comienzo del caso

Durante el año 2021 se potenciaron los rumores sobre ciertas conductas de Pedro Ortiz y Hontoria que incomodaban a las niñas que cursaban la etapa final del nivel primario. En consecuencia, desde Cáritas Diocesana convocaron a un grupo de padres para dialogar al respecto, y en septiembre de 2021 se radicó la primera denuncia. 

El caso se conoció mediáticamente tras una nota periodística publicada por Sur24. Posteriormente desde el establecimiento educativo emitieron un comunicado de prensa desmintiendo los abusos, y defendiendo institucionalmente al “hermano” Pedro. Más tarde, se radicaron tres nuevas denuncias. 

“¿Cómo semejante institución, como el Sagrado Corazón, no va a ponerse a disposición de los padres, de los alumnos? Dijeron ‘nunca se acercaron a hablar’. Pero yo me pregunto: ¿A qué me voy a acercar a hablar al colegio, si ya sé cuál era la respuesta? Además, mi hija pudo contar dos años después lo que había ocurrido”.

Durante las audiencias del juicio “escuché todos los testimonios. Fue muy triste ver a los maestros y a los profesores. En ningún momento se preguntaron por las chicas. Se limitaron a contar cual era la relación con el hermano Pedro y cómo era él en la escuela. Pero sobre las niñas, nada. Tampoco nos preguntaron nunca sobre cómo estaban nuestras hijas”, contó Débora

A esto se suma que “todas las respuestas (de los profesores) eran como muy parecidas, no parecían espontaneas. Dijeron que Pedro tenía un carácter fuerte, pero que se preocupaba por los niños”, añadió.

Puertas adentro

Dos de los cuatro abusos denunciados se habrían registrado en una especie de sala de Dirección donde el religioso convocaba a las alumnas para corregir los “cuadernos de matemática”. Los otros dos, en la pileta de un hotel en Santa Rosa de Calamuchita. 

A lo largo del juicio hubo alumnos que prestaron declaración, testimoniando que en distintas oportunidades los abrazos “efusivos” del Director se daban en el patio del colegio a “la vista de todos” y “nadie hacía nada”.

Débora Cieri asegura que “siempre había docentes. El único lugar en el que no había, era cuando Pedro llevaba a las niñas a su Dirección, que era un lugar que estaba medio escondido, y cerraba con llave. Y eso lo dijeron todas las víctimas y los ex alumnos que fueron a declarar. Contaron que en el recreo en el patio estaban todas las maestras y que Pedro se paraba cerca de la cocina, pero parece que nunca nadie vio nada”.

Recta final

El próximo 30 de julio se conocerá la sentencia que le pondrá fin a un largo juicio, y seguramente abrirá una etapa de apelaciones.

Cieri considera que “la fiscal presentó pruebas contundentes, de sobra, contra el hermano Pedro. Cuando escuchas todo lo que pasó, te das cuenta de la cantidad de pruebas que hay, principalmente el testimonio de las chicas. Es imposible que todas las chicas se pongan de acuerdo para inventar sobre el modus operandi de Pedro”.

Débora espera que haya una sentencia condenatoria “y que ese día quede preso. Sé que es difícil que le den una pena de 16 años. Es algo que venimos charlando, y quizás la pena puede ser menor, pero lo que interesa es que sea declarado culpable”.

En relación a su hija, contó que viven el “día a día. Ella está mucho mejor, pero este proceso es muy movilizante. A esto se suma la espera hasta el 30 de julio, que es terrible por la ansiedad que genera, algo que nos juega muy en contra a todos”.

Por último, dejó en claro que “quiero esperar el fallo, y ver que dicen desde el colegio. Una de las maestras, la directora actual, tuvo una declaración terrible. Están del lado de una persona que está acusada de abuso, y era director de un colegio. Por eso si ‘la cabeza’ de la institución y las personas que están trabajando todavía no pueden ver lo que pasó, es preocupante”. 

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de la fiscal Mayra Vuletic, presentó un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise una decisión de segunda instancia que autorizó la prisión domiciliaria de Daniel Iván Favilla, un hombre condenado a 19 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra la hija de su pareja.

La resolución impugnada fue dispuesta por el camarista Tomás Orso, quien dejó sin efecto una medida de primera instancia que revocaba la morigeración de la detención del imputado. A partir de ese fallo, quedó habilitada la posibilidad de que Favilla –de 55 años– cumpla su condena en su domicilio, aunque todavía no se efectivizó el cambio de modalidad en la ejecución de la pena.

Para la fiscal Vuletic, la decisión del camarista Orso "es inconstitucional porque carece de fundamentación adecuada". Según advirtió, “sin argumentos suficientes, se concedió la detención domiciliaria a una persona que fue condenada a casi dos décadas de prisión por haber cometido severos delitos contra la integridad sexual”.

La funcionaria del MPA alertó que “bastará con que la Defensa solicite el cambio de modalidad de detención en una audiencia de baja instancia para que la prisión domiciliaria se concrete, en función de lo ordenado arbitrariamente por la Alzada”.

Además, remarcó que la medida "pone en riesgo la estabilidad de la condena y atenta contra la integridad de la víctima, quien formaba parte del entorno familiar del condenado y debe ser resguardada".

Favilla fue hallado culpable de haber abusado sexualmente de la hija adolescente de su pareja, en reiteradas oportunidades entre los años 2017 y 2021, mientras la víctima cursaba la escuela secundaria.

De acuerdo con lo sostenido por la fiscal Vuletic, el hombre también “la obligaba a ver videos con contenido sexual”, lo que sumó gravedad al cuadro de violencia y abuso prolongado.

“El daño causado fue de tal entidad que afectó y corrompió el normal desarrollo psicosexual de la adolescente”, subrayó la funcionaria judicial.

En mayo pasado, Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado –por la convivencia con una menor de edad y por haber provocado un grave daño a su salud mental– y corrupción de menores agravada.

Antes del juicio, Favilla había estado detenido en su domicilio como medida cautelar. Tras el veredicto condenatorio, el tribunal de primera instancia revocó esa modalidad, pero la defensa apeló y logró revertir la decisión ante la Cámara, lo que motivó la actual presentación del MPA ante la Corte provincial.

Se llevó adelante la segunda jornada de audiencia en el marco el juicio oral y público que tiene sentado en el banquillo de los acusados al “hermano” Pedro Ortiz y Hontoria, ex director el nivel primario el colegio Sagrado Corazón. Sobre el religioso pesan cuatro denuncias de abuso sexual contra alumnas que cursaban 6° y 7° grado en los años 2018 y 2019, y por las cuales la fiscalía solicitó 16 años de prisión.

En los tribunales venadenses de calle Chacabuco y Castelli en la jornada del miércoles prestaron testimonio psicólogas y psiquiatras que atendieron en los últimos años a una de las niñas que denunció los abusos del religioso. 

Ante el tribunal integrado por Aldo Baravalle (presidente), Mariana Vidal y Mauricio Clavero, a lo largo de las exposiciones la tarea de la fiscal Florencia Schiappa Pietra apuntó a consolidar las evidencias con el objetivo de que no queden dudas en cuanto a los episodios padecidos por las alumnas, ya sea en el establecimiento educativo como en el viaje de estudio a Santa Rosa de Calamuchita, lugar donde se habrían registrado dos de los cuatro casos. 

Testigos

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde brindaron testimonios un importante número de profesionales. En primer lugar, estuvo el Trabajador Social Miguel Ávila, quien confirmó que la primer denunciante estaba en plenas condiciones para declarar en Cámara Gesell. 

Luego prestó declaración la psicóloga Angélica Rinaudo, encargada de la entrevista en Cámara Gesell.

La abogada querellante, Ana María Regidor, sostuvo que “fueron testimonios muy contundentes sobre todos los síntomas indicadores de abusos, los daños psicológicos, emocionales. Una de las psicólogas señaló que de los 40 indicadores de abusos que existen, una de las niñas tenía más de 30, conforme la bibliografía especializada en el tema”.

En consecuencia, “todos esos indicadores llevaban claramente a pensar que el trauma con el que la nena llegó a terapia era por un abuso sexual”, agregó la penalista.

Las profesionales también hicieron referencia a “los daños psicológicos y emocional irreversibles. Además, por los síntomas que presentaba mi defendida, las psicólogas y psiquiatras estuvieron en contacto con médicos de distintas especialidades: clínicos, otorrinos laringólogos, neurólogos de Venado y de Rosario. Todos descartaron cuestiones orgánicas sobre estos síntomas que presentaba la niña”, aseguró Ana Regidor. 

Algunos de los síntomas que se mencionaron como indicadores de abuso sexual fueron “la imposibilidad de defenderse, auto reproches, baja autoestima, intentos de suicidios, depresión, ansiedad, desesperanza, trastornos con el sueño, distanciamientos afectivos, la imposibilidad de concurrir al colegio”, entre otros. 

Además de Angélica Rinaudo, brindaron testimonio la psicóloga Silvina Gross, la médica pediatra con formación en psiquiatría infanto-juvenil Susana Petinón, la psiquiatra Florencia Coronel y Jessica Valeria Sibuet, terapeuta dedicada a la programación neuro-lingüística. 

Este martes 17 de junio comenzará el juicio oral y público contra el “Hermano” Pedro. El religioso que se desempeñaba como Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto está acusado de cuatro abusos sexuales contra niñas que cursaban 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

En tal sentido, la fiscal que llevó adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó 16 años de prisión, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor.

En tanto, el tribunal estará integrado por los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal y Aldo Baravalle. 

El religioso, luego de “dejar” su cargo en el establecimiento educativo local, se instaló en Buenos Aires en donde tuvo que cumplir con una serie de reglas de conductas. Y mientras duró el proceso, surgieron una serie de polémicas, principalmente por los pedidos oficiales que realizaba ante el poder judicial solicitando autorización para viajar a España a visitar a su familia. 

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Pero me quedó resonando esa situación. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner la malla delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

Pandemia

“Para ella la pandemia fue la panacea, porque todo lo que le pasaba quedaba dentro de las paredes de su cuarto. Los síntomas de ataque de pánico se aplacaron, pero el problema fue cuando tuvimos que empezar a salir. Y en el año 2021 pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven describió que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

Tras el impacto de la publicación periodística realizada por Sur24 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple” el 15 de julio de 2022.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá de la adolescente, se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el, en ese entonces, fiscal Horacio Pueyrredón a lo largo de dos horas.

Graciela, contó que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el “hermano” Pedro.

Nuevamente el cuadernillo de matemáticas que el religioso distribuía a los alumnos forma parte de la denuncia.

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala (tipo Dirección), pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones, la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

En los meses subsiguientes el hermetismo en relación a la investigación fue total. Y recién el 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba, ante las historias que se venían contando en los pasillos de la escuela en relación al comportamiento del religioso.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Una de las madres relató que “mi hija volvió triste del viaje y yo no podía entender por qué”.

La fiscal María Florencia Schiappa Pietra apeló la decisión de otorgar la libertad a un hombre de 45 años, cuyas iniciales son GDO, al que se investiga por abusos sexuales cometidos en perjuicio de tres personas de su entorno en Villa Cañas (departamento General López). Las víctimas son una mujer que era su pareja y dos hijas de ella que eran menores de edad cuando comenzaron los ilícitos.

Schiappa Pietra está a cargo de la investigación y presentó el recurso de apelación en los tribunales de Venado Tuerto. La funcionaria del MPA había realizado la atribución delictiva y había solicitado la prisión preventiva ante el juez Leandro Martín, quien no hizo lugar al pedido de la fiscal.

Investigación proactiva

Schiappa Pietra señaló que “al comunicar su decisión en la audiencia en la que se debatieron las cautelares, el magistrado valoró el gran cúmulo de evidencia que presentamos para acreditar las conductas delictivas del imputado, avaló las calificaciones penales que propusimos y puntualizó que la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo”. En tal sentido, afirmó que “sin embargo, planteó que no había riesgos procesales y dispuso medidas alternativas”.

La fiscal remarcó que “las circunstancias del caso ameritaban que el hombre de iniciales GDO transitara el proceso judicial privado de su libertad”. Explicó que “sobre todo, deben contemplarse las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan cada una de las personas que sufrieron los abusos, quienes fueron escuchadas por el juez antes de que el investigado ingresara a la sala”.

“Al abordar la peligrosidad procesal, el juez no tuvo en cuenta lo manifestado por las víctimas, y con su decisión contradijo toda la normativa vigente nacional e internacional respecto de las obligaciones estatales de garantía en este tipo de casos de violencia de género, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, sostuvo Schiappa Pietra.

“El magistrado se basó en que las diligencias comenzaron hace más de un año y se desarrollaron con el hombre de iniciales GDO en libertad, sin contemplar que el estadío procesal cambió después de la audiencia imputativa”, manifestó la fiscal. “Tampoco tuvo en cuenta que se trata de una investigación proactiva, que por lo tanto demanda tiempos distintos a los de legajos de origen reactivo”, especificó.

Según subrayó, “el imputado recibió cautelares que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales que tanto la Fiscalía como la Querella argumentamos que existen”. Detalló que “de acuerdo con lo resuelto, tendrá que pasar a firmar a diario en una comisaría y fijar domicilio en Villa Cañás y no podrá salir del país ni tener armas de fuego”, y agregó que “se aceptaron como caución real dos motovehículos ofrecidos por la Defensa”.

Hermanas

Schiappa Pietra manifestó que “los abusos en perjuicio de una de las hijas de la pareja del imputado comenzaron en 2008, cuando ella iba a la escuela primaria, y se extendieron por una década”. Aseveró que “mediante supuestos juegos que en realidad eran vulneraciones a la integridad sexual, el investigado provocó la naturalización de las conductas delictivas”. Al respecto, añadió que “todos los ilícitos tuvieron lugar en el domicilio familiar, en momentos en los que la madre de la víctima no estaba allí”.

En relación a la otra hija de la pareja del imputado, la fiscal afirmó que “durante el último tramo de su infancia y los primeros años de su adolescencia, sufrió abusos en reiteradas oportunidades, en circunstancias similares a las de su hermana”.

Por otro lado, destacó que “en una ocasión de 2017, cuando esta segunda víctima ya había alcanzado la mayoría de edad, el imputado la agredió sexualmente”.

“Por sus características y contexto, lo ocurrido tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo sexual de ambas víctimas, una de las cuáles resultó con un grave daño en su salud mental”, resaltó Schiappa Pietra.

Violencia de género

La fiscal indicó que “en 2016, el hombre investigado abusó de la mujer que era su pareja mientras estaban en la casa en la cual convivían”. En tanto, expuso que “durante la relación que mantuvieron, el agresor ejerció violencia de género de manera permanente”, y precisó que “controlaba las actividades cotidianas de la mujer, le hacía reproches por celos y la amenazaba con quitarse la vida si se separaban”. A su vez, explicitó que “varias veces, le dijo que los iba a matar tanto a ella como a sus hijos y a cualquier persona con la que ella iniciara un nuevo vínculo sentimental”.

Delitos

Por hechos en perjuicio de una de las hijas de su expareja, al imputado se le atribuyó

la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda y por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años con la cual convivía), y corrupción de menores agravada (por ser conviviente y encargado de la guarda).

Además, por los ilícitos sufridos por la otra hija de su expareja, al hombre investigado se le endilgó la autoría de abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda y por haber sido cometido contra una víctima menor de 18 años con la cual convivía), y corrupción de menores agravada (por la convivencia y por la guarda).

En cuanto a los delitos en perjuicio de la mujer que era su pareja, el imputado es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples.

Un hombre de 45 años, identificado como Gustavo O., docente y residente de la ciudad de Villa Cañás, fue imputado por la Fiscalía de Venado Tuerto por múltiples delitos sexuales cometidos presuntamente contra sus dos hijastras (menores de edad al momento de los hechos) y su ex pareja, con quienes convivía en el mismo domicilio.

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Florencia Schiappa Pietra encabezó la audiencia imputativa donde se le atribuyeron los cargos. Según la acusación, los hechos ocurrieron durante más de una década, en un contexto de abuso de poder, confianza y convivencia familiar.

El hombre, atravesará en libertad el proceso que lo separa de un posible juicio oral y público. 

Abusos durante una década

J.P., hija de la ex pareja del imputado, relató haber sido víctima de tocamientos desde los 9 años, aproximadamente en 2008, en momentos en que su madre se ausentaba del hogar. El imputado, según el expediente, aprovechaba esos momentos para abusar de la menor mientras compartían la siesta en su cama.

La fiscalía sostiene que el acusado persistió en estos abusos hasta que la víctima cumplió 19 años, incrementando su intensidad durante la adolescencia, cuando realizaba tocamientos en distintas partes del cuerpo, bajo la excusa de juegos.

Como consecuencia, J.P. sufrió graves secuelas psicológicas, incluyendo, trastornos de ansiedad y medicación psiquiátrica.

La calificación legal fue “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, triplemente agravado por ocasionar daño en la salud mental, por el vínculo y la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores”.

Segundo hecho

La segunda víctima es J.P.L., hermana de J.P. Los abusos comenzaron, según su testimonio, cuando tenía aproximadamente 12 años. Durante ese período, el acusado habría ejecutado juegos sexuales disfrazados de inocentes y tocamientos frecuentes.

Uno de los hechos más graves ocurrió en febrero de 2017, cuando J.P.L. tenía 23 años. Según la denuncia, Gustavo O. ingresó a su habitación durante la madrugada, la encontró dormida y bajo los efectos del alcohol, y la sometió a un intento de abuso sexual con acceso carnal. El ataque se detuvo solo por la irrupción de otra persona en la vivienda.

El acusado fue imputado bajo la calificación legal de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda y la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores agravada, y en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”.

Abuso y amenazas

La tercera víctima es F.B., ex pareja de Gustavo O. y madre de las dos jóvenes mencionadas. En 2016, luego de una discusión, la mujer tomó medicación para dormir. Según la denuncia, en ese estado fue violada por el imputado, quien luego le dijo que “siempre iba a ser de él”.

Durante la relación, Gustavo habría ejercido control y violencia psicológica sistemática, con amenazas constantes de suicidio. Luego de que F.B. descubriera los abusos contra sus hijas y le pidiera que la hija en común que tienen no durmiera más en su casa, el imputado la amenazó con matarla a ella y a sus hijos. En 2023, tras saber que ella estaba conociendo a otra persona, repitió las amenazas.

El hombre fue imputado bajo la figura de abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples reiteradas.

Un hombre de 30 años, cuyas iniciales son GSO, quedó en prisión preventiva en Rufino, imputado por abusos sexuales reiterados en perjuicio de la hija menor de edad de su pareja. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit.

Según expuso la fiscal en la audiencia, el imputado habría cometido los abusos entre junio de 2017 y octubre de 2024, período en el que convivía con la víctima. “Los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades, cuando quedaban solos en el domicilio familiar. El hombre se valió de su posición de poder y autoridad sobre la menor”, sostuvo Florit.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de la víctima, quien en octubre del año pasado notó cambios en el comportamiento de su hija. “La niña pudo contarle lo que había sufrido y la mujer radicó inmediatamente la denuncia”, destacó la funcionaria del MPA.

Además de los delitos sexuales, GSO es investigado por otros dos hechos ocurridos entre junio de 2023 y octubre de 2024, vinculados a un contexto de violencia de género. Entre ellos se incluye una violenta agresión con arma de fuego en mayo del año pasado.

El 15 de mayo de 2024, el imputado protagonizó un incidente armado en la puerta de su casa. Según la investigación, discutió con otro hombre y le disparó con un revólver calibre .22, hiriéndolo en la pierna. A partir de ese hecho, se libró una orden de detención, pero GSO se dio a la fuga.

“Fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo hasta marzo de este año, cuando finalmente fue detenido en la provincia de Chaco”, precisó Florit. Para lograr su captura, se realizaron allanamientos, intervenciones telefónicas y se emitió una orden de búsqueda a nivel nacional.

El miércoles 19 de marzo fue extraditado a la provincia de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre detenido enfrenta una extensa lista de acusaciones penales que reflejan la gravedad del caso. La fiscalía le atribuye haber cometido abuso sexual agravado, en razón de haber convivido previamente con la menor víctima. A esto se suma el delito de abuso sexual con acceso carnal, también agravado por el vínculo convivencial que mantenía con la niña, hija de su pareja.

Además, se le imputa desobedecer disposiciones judiciales, así como haber protagonizado un episodio de abuso de arma de fuego en el marco de una violenta discusión. Por ese hecho también se lo acusa de tenencia ilegítima de arma, amenazas calificadas por el uso de armas, amenazas simples y lesiones leves dolosas. Estas últimas fueron doblemente agravadas, tanto por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja como por haberse producido en un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia, la defensa intentó proponer medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Garini consideró que no eran viables, ya que podrían entorpecer el desarrollo del proceso. En ese sentido, dispuso que el imputado continúe privado de su libertad por tiempo indeterminado, con el objetivo de evitar riesgos procesales y garantizar la continuidad de la investigación.