Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos integrantes de su entorno familiar en Santo Tomé (departamento La Capital). Así lo resolvió la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano representó al MPA en el debate. En tal sentido, tras conocer el veredicto, indicó que “si bien valoramos el resultado condenatorio, aguardaremos los fundamentos del fallo para analizarlos y evaluar los pasos a seguir”.

Abusos reiterados

Giordano afirmó que “el condenado primero abusó de un hijo de su pareja y, años más tarde, vulneró también la integridad sexual de su propia hija, quien es hermana de la otra víctima por parte de madre”.

“En ambos casos, los hechos delictivos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en viviendas en las que residió el grupo familiar en Santo Tomé”, sostuvo la fiscal. “Si bien el hijo de la pareja del condenado actualmente es mayor de edad, las dos víctimas sufrieron los ilícitos en la época en la que cada una transitaba su escolaridad primaria”, agregó.

Delitos

Al condenado se le impuso la pena a 12 años de prisión como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

Identidad

Las iniciales del hombre de 36 años son MJDF. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 33 años, cuyas iniciales son GAP, que es investigado por el abuso sexual de una adolescente de su entorno en la localidad de San Gregorio (departamento General López). Así lo dispuso la jueza Lorena Garini, a partir de lo solicitado por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino.

La funcionaria del MPA valoró que “aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”. Al respecto, destacó que “la magistrada tuvo en cuenta que entre las diligencias pendientes está entrevistar en cámara Gesell a la víctima, lo cual incidía especialmente en el peligro de entorpecimiento probatorio”.

En una vivienda

Florit indicó que “el imputado llevó adelante su accionar delictivo el viernes 10 de este mes alrededor de las 13:00 en una vivienda que un amigo le había prestado de buena fe”, y aclaró que “en ese momento, el propietario del inmueble no estaba allí”. Según precisó, “el investigado se había quedado a solas con la víctima, quien transita la primera parte de su escolaridad secundaria, y un bebé que es familiar de ambos”.

“El hombre de iniciales GAP se aprovechó de la circunstancia de estar a cargo de cuidar a la adolescente y la abusó sexualmente”, aseguró la fiscal.

La funcionaria del MPA también señaló que “momentos después del ilícito, la víctima logró enviarle un mensaje a una mujer de su confianza a la que le pidió ayuda, quien a su vez le avisó a otra persona de su entorno que logró que el imputado lleve a la adolescente y al bebé a otro lugar”.

“Desde que salieron del domicilio en el que estaban hasta que llegaron a destino, el hombre investigado le dijo a la víctima en reiteradas oportunidades que no debía contar nada acerca de lo sucedido porque si lo hacía, él iría preso”, remarcó Florit.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple, agravado (por la guarda).

Comenzó este jueves el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La fiscal Débora Valentín, solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación, los hechos se prolongaron durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la víctima con su madre como en el domicilio del propio imputado. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que Fabián Alejandro S. se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la nena —en su carácter de pareja de una tía de la víctima— para cometer los abusos.

La causa, caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima" fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero —hoy jueza— y continuada por Valentín. La imputación de cargos se formalizó el 11 de junio de 2024, con la defensa del acusado a cargo de la Dra. Silvia Couselo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron calificados como gravemente ultrajantes en atención a sus características y a la normativa vigente al momento de su comisión, previa a la reforma introducida por la Ley N° 27.352 en 2017.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía comenzó a incorporar como prueba la evidencia recabada durante la investigación, con el objetivo de acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

El debate continuará en los próximos días.

Un hombre oriundo de Firmat fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de abuso sexual simple agravado por el vínculo, en perjuicio de una niña de su entorno familiar. La sentencia se dictó el miércoles, en el marco de un juicio abreviado sustanciado en los tribunales de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Belén Stampella, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El acuerdo de juicio abreviado contó con el aval del abogado defensor del imputado y fue homologado por la jueza Silvina Marinucci.

Como parte de la sentencia, se fijaron reglas de conducta para el condenado, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima.

Según se informó, el hecho habría ocurrido a principios de este año. Desde el MPA optaron por no difundir los datos filiatorios del condenado, dado que se trata de una persona del círculo familiar de la víctima, con el objetivo de evitar su revictimización.

La fiscal Luciana Del Grecco, presentó la requisitoria de acusación contra un hombre de 31 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Teodelina, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia con la víctima y por su condición de encargado de su guarda. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una pena de 18 años de prisión de ejecución efectiva.

El hecho

Según la acusación, el imputado abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su ex pareja, entre 2020 y 2024, período en el que la niña tenía entre 8 y 12 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Villa Cañás, donde convivían, y en momentos en que la madre de la menor no se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con la investigación, el acusado se aprovechó de la guarda que ejercía sobre la niña para tocarla por arriba y por debajo de la ropa, obligarla a tocarlo a él, entre otros vejámenes, lo que le generó fuertes dolores físicos.

Cómo se destapó el caso

La denuncia fue radicada por una docente de la escuela a la que asistía la niña. La menor se acercó a contarle lo que estaba viviendo luego de una charla sobre bullying y ciberbullying dictada en el establecimiento educativo. En esa misma conversación, la niña relató que ya le había contado a su madre sobre los abusos, pero que esta no le había creído.

La calificación legal

La causa quedó caratulada como "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por ser encargado de la guarda" y "abuso sexual con acceso carnal", con los mismos agravantes, en concurso real de delitos. Con la presentación de la requisitoria de acusación, la Fiscalía consideró contar con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria y avanzar hacia la etapa de juicio oral.

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva para un hombre de Hughes acusado de haber abusado sexualmente, en reiteradas oportunidades, de dos sobrinas políticas cuando eran menores de edad. El juicio se desarrolla en los tribunales de Melincué.

El juicio

La causa tiene como acusado a un hombre identificado por sus iniciales M.I.C., domiciliado en la localidad santafesina de Hughes. La acusación está a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica es ejercida por el abogado Alejandro Ferrari.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto familiar y se habrían extendido durante varios años. Las víctimas son dos sobrinas políticas del acusado, ambas menores de edad al momento de los episodios denunciados.

La acusación del Ministerio Público

Según el planteo de Fiscalía, una de las víctimas habría comenzado a sufrir abusos desde temprana edad y de manera reiterada, aprovechando el acusado situaciones de confianza y guarda dentro del entorno familiar.

En el segundo hecho atribuido, el fiscal sostuvo que otra menor también habría sido abusada cuando se encontraba bajo cuidado familiar en el domicilio del acusado.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual y de víctimas menores de edad, se omiten detalles que puedan resultar revictimizantes o permitir la identificación de las denunciantes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado, gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual agravado gravemente ultrajante. La acusación contempla múltiples hechos, dos víctimas menores de edad y la circunstancia de que la guarda habría sido confiada al acusado dentro del ámbito familiar.

Además, la Fiscalía consideró que los hechos se dieron en un contexto de violencia de género y pidió que el acusado sea condenado como autor penalmente responsable.

El pedido de pena

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. Ahora, el tribunal deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía, si acepta los planteos de la defensa o si adopta una decisión distinta en función de la prueba producida durante el debate.

Un joven de Venado Tuerto enfrenta un pedido de 16 años de prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de una niña de 7 años durante 2023. La investigación, a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, sostiene que los hechos ocurrieron mientras la menor estaba al cuidado del acusado, considerado un “amigo de la familia”.

La causa

Kevin P., de 21 años, es señalado por la fiscalía por haber cometido reiterados abusos sexuales contra la niña de 7 años. Según la investigación, el acusado aprovechaba la confianza de la familia y la responsabilidad de cuidado que tenía sobre la menor para cometer los delitos.

Los hechos habrían ocurrido tanto en la vivienda del acusado, ubicada en calle Lussenhoff, como en el domicilio de la niña en calle Junín. La fiscalía detalló que los abusos incluyeron distintos tipos de vejámenes sexuales, realizados de manera reiterada durante el año 2023.

Cargos y pena solicitada

El Ministerio Público de la Acusación imputó a Kevin P. el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guardia”. La pena solicitada es de 16 años de prisión. Actualmente, el juicio se desarrolla en los tribunales de Venado Tuerto, con audiencias que avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios.

La fiscal Débora Vanesa Valentín solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L., acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su expareja. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, mientras el imputado convivía con la víctima y su madre.

La investigadora sostuvo que el acusado se habría aprovechado de la situación de convivencia y del vínculo familiar para cometer los abusos, generando un grave daño en la salud mental de la menor.

Denuncia que inició la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia presentada el 27 de agosto de 2024 por la madre de la víctima ante el Centro Territorial de Denuncias de Venado Tuerto.

Según consta en el expediente, la mujer relató que la menor le había contado los abusos y que esto le generó preocupación por su estado emocional. La madre solicitó que se adoptaran medidas para impedir nuevos acercamientos del acusado hacia ella y sus hijos.

Evidencias y testimonios

Durante la investigación, se recopilaron declaraciones de familiares, docentes, asistentes sociales y profesionales de la salud mental, además del testimonio de la menor en Cámara Gesell.

La Fiscalía destacó que la víctima se encontraba en una situación de absoluta vulnerabilidad, dada su edad y el vínculo de autoridad afectiva que mantenía el imputado dentro del hogar, lo que agrava la conducta delictiva.

Desobediencia judicial

Además de los abusos, el sujeto fue imputado por desobedecer una resolución judicial del Juzgado de Familia de Venado Tuerto que le prohibía acercarse y mantener contacto con su expareja.

Según la investigación, el acusado habría enviado mensajes por Facebook y WhatsApp a pesar de la restricción, hechos denunciados ante la Comisaría de la Mujer.

Calificación legal y pedido de pena

La Fiscalía encuadró los hechos en abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por el daño en la salud mental de la víctima, corrupción de menores agravada y desobediencia al mandato judicial.

Al fundamentar la solicitud de pena, la fiscal Valentín resaltó la gravedad de los hechos, la reiteración de los abusos y el impacto psicológico sobre la menor. Por ello, solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L.

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno en Venado Tuerto.

La sentencia fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales venadenses.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. Tras conocer la condena, valoró que "el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos".

Asimismo, la fiscal destacó que "docentes de la víctima participaron como testigos en el juicio y expusieron detalles acerca de la trayectoria escolar de la niña, lo que permitió probar las consecuencias negativas que los abusos tuvieron en diferentes aspectos de su vida".

En tres domicilios

La funcionaria del MPA afirmó que "el condenado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades, en la época en la que ella transitaba su escolaridad primaria".

Al respecto, puntualizó que "los ilícitos tuvieron lugar en tres domicilios venadenses en los que convivieron a raíz de que integraban un mismo grupo familiar".

Además, Schiappa Pietra resaltó que "en el marco de los abusos, el agresor amenazaba con matar a la niña o a la abuela de ella si alguien se enteraba de lo sucedido".

En tanto, la fiscal subrayó que "la víctima logró contarle sus padecimientos a otra niña, quien la instó a hablar con adultos sobre el tema". A su vez, señaló que "cuando familiares mayores de edad supieron de los ilícitos, se comunicaron con la Central de Emergencias 911", y agregó que "intervinieron agentes policiales que aprehendieron al condenado".

Calificación penal

La condena fue impuesta por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por la guarda y por haber sido cometido en perjuicio de una víctima menor de 18 años con la que convivía).

Identidad

El condenado tiene 39 años y sus iniciales son FGC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la persona a la que abusó sexualmente.

Un hombre es juzgado en los tribunales de Venado Tuerto acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra en reiteradas oportunidades, cuando la niña era menor de edad y convivía con él. En ese marco, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva.

El acusado, identificado como F.G.C., es oriundo de Venado Tuerto. Según la acusación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre el año 2019 y comienzos de 2024, en distintos domicilios de la ciudad, período en el que la niña tenía entre 6 y 11 años.

La Fiscalía le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por tratarse de una víctima menor de 18 años y por la situación de convivencia y guarda que mantenía el imputado respecto de la niña.

De acuerdo con la teoría fiscal, los abusos se habrían producido de manera reiterada durante varios años, aprovechando momentos en los que la madre de la víctima no se encontraba en la vivienda o estaba dormida. Además, la acusación sostiene que el imputado habría ejercido amenazas para evitar que la menor contara lo ocurrido.

La denuncia se inició luego de que la niña, cuando tenía 11 años y cursaba la escuela primaria, relatara lo que estaba viviendo. Según consta en el expediente, primero se lo contó a su madre y posteriormente intervino su abuela, quien radicó la denuncia policial.

El debate oral tendrá su última audiencia el próximo martes. Tras esa instancia, el tribunal contará con el plazo de ley correspondiente para informar la sentencia.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para Damián R., de 45 años, acusado de haber cometido abusos sexuales gravemente ultrajantes y corrupción de menores agravada contra dos niñas que eran hijas de su pareja y estaban bajo su guarda en una vivienda de Venado Tuerto.

La acusación fue presentada por la fiscal Luciana Del Grecco, quien detalló los hechos en cuatro causas judiciales acumuladas, en las que se describe un patrón sistemático de abusos ejercido durante años en el ámbito familiar.

Primer caso

La primera denuncia fue radicada el 22 de julio de 2024, por C.M.P., de 17 años. La joven reveló que fue víctima de abusos sexuales desde los 9 hasta los 12 años, cuando convivía con su padrastro en el domicilio familiar de calle Laprida.

Según la investigación, los hechos incluyeron tocamientos y abusos de todo tipo, en un contexto de amenazas psicológicas para evitar que la víctima hablara. Recién después de una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela, la niña pudo reconocer que estaba siendo abusada.

Más adelante, fue su novio quien la incentivó a contarle a su madre lo ocurrido. Y posteriormente formalizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Segundo caso

La segunda víctima, M.C.B., realizó la denuncia el 7 de mayo de 2025. Afirmó que fue abusada entre los 10 y 12 años, en 2012 y 2013, en el mismo domicilio. Señaló que Damián R. aprovechaba la ausencia de su madre (que trabajaba hasta la tarde) para abusar de ella con frecuencia.

La joven relató que los abusos incluían tocamientos y penetración, entre otros vejámenes. Solo pudo hablar del tema después de que su hermana hiciera pública su historia. Con apoyo psicológico y social, decidió formalizar la denuncia.

Desobedeció medidas judiciales

Pese a las restricciones impuestas por la Justicia, Damián R. violó las órdenes de no contacto en al menos tres oportunidades: el 28 de julio, 2 y 3 de agosto, y nuevamente el 27 de octubre de 2024, enviando mensajes por Instagram a su hija biológica.

Por estos hechos fue imputado por desobediencia al mandato judicial, sumando más cargos a su historial.

Delitos y condena

La Fiscalía calificó los hechos como:

Todos los delitos se le atribuyen al acusado como autor penalmente responsable, en concurso real, y en grado de consumado.

Considerando la gravedad y persistencia de los hechos, la fiscalía solicitó una pena unificada de 22 años de prisión efectiva.

Un hombre de 36 años fue imputado este martes en Venado Tuerto acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años, hija de su pareja, y de filmarla con fines sexuales. La Justicia dictó la prisión preventiva ordinaria, mientras avanza la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

La audiencia imputativa se llevó a cabo en sede judicial, con la intervención de la fiscal Débora Valentín, quien presentó los cargos contra el acusado, quien estuvo asistido por su abogado defensor, Alfredo Cutuli.

Dos hechos, una misma víctima

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar ubicado en calle José Martí, en fechas aún no determinadas, pero dentro del período de convivencia con la víctima.

Medidas judiciales

Tras escuchar la imputación, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva ordinaria para el acusado, medida que busca resguardar la investigación y evitar riesgos procesales. La medida fue solicitada por la fiscalía.

Mientras tanto, el equipo investigador continúa reuniendo evidencia, entre ellas pericias al dispositivo móvil secuestrado, y testimonios que serán incorporados a la causa en las próximas semanas.

Un hombre de 46 años, identificado como Carlos Marcelo Montenegro, fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de una mujer que era su pareja en Elortondo.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal integrado por las juezas Lorena Garini (presidenta) y Paula Borrello y el juez Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de Melincué.

La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Susana Pepino, quien también representó al MPA en el debate. En tal sentido, luego de conocer el veredicto, subrayó que “se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y se impuso una pena única cercana a la de 12 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Según aclaró Pepino, “el monto de la pena dispuesta resultó de la unificación con una condena previa que él aún no había terminado de cumplir”.

Pepino puntualizó que “el condenado atentó contra la integridad sexual de la víctima en la época en la que ella transitaba la primera parte de la escuela secundaria”, y agregó que “por entonces ambos convivían con la madre de la niña en una zona rural de Elortondo”.

“El agresor abusó de la víctima en ocasiones en las que estuvieron a solas en un lugar descampado y en el domicilio en el que residían”, especificó la funcionaria del MPA. “Para evitar que la niña hablara con otras personas sobre lo sucedido, solía amenazarla con matarla a ella o a su madre si alguien se enteraba”, agregó.

Montenegro fue condenado por la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos reiterados y calificados (por haber sido cometidos en contra de una víctima menor de 18 años, aprovechándose de la convivencia preexistente).

Un hombre de 37 años, identificado como Emilio José Emanuel B., oriundo de Venado Tuerto, comenzó a ser juzgado este martes acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante seis años.La fiscal del caso, Mayra Vuletic, pidió una pena de 18 años de prisión y calificó el hecho como “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la convivencia”.

El tribunal está integrado por Lorena Garini, Silvina Marinucci y Mauricio Clavero, mientras que la defensa del acusado está a cargo de los abogados Arsenio Domínguez y José Marchisio.

Los hechos investigados

De acuerdo con la acusación, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 8 años y se extendieron hasta que cumplió 14.Según la fiscalía, el imputado aprovechó la convivencia con la menor, hija de su entonces pareja, para someterla a distintos actos de abuso.

Entre los hechos denunciados se mencionan distintos tipos de tocamientos y aberraciones que habría padecido la niña durante años, llegando al acceso carnal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la menor y derivó en la apertura del juicio oral que se desarrolla en los tribunales venadenses.

El proceso judicial

Durante la jornada inicial, la fiscal Vuletic presentó la acusación formal y los fundamentos de su pedido de condena.En los próximos días, se espera la declaración de testigos, peritos y profesionales del área psicológica que intervinieron en la causa.

Los jueces deberán resolver si hacen lugar a la solicitud de la fiscalía o si adoptan la postura de la defensa, que pidió la absolución del imputado.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de los abusos sexuales intrafamiliares, delitos que suelen desarrollarse en contextos de silencio y vulnerabilidad.De acuerdo con fuentes judiciales, la sentencia podría conocerse en los próximos días, una vez finalizada la etapa de alegatos.

El caso que conmueve a la región tiene como imputado a Leonardo Adrián V., de 56 años, procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de parentesco y amenazas. La investigación del fiscal Matías Merlo comenzó en 2019, cuando se solicitó la captura del sospechoso. Desde entonces, el acusado se mantuvo prófugo, hasta ser localizado el último lunes en Santa Fe.

Luego de un seguimiento de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre fue hallado en calle Estrada al 7.200, barrio San Martín de la capital provincial. Los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su arresto.

En la mañana del miércoles, en los tribunales de Melincué, se llevó a cabo la audiencia cautelar. A instancias del fiscal Julián Cochero, el juez ordenó la prisión preventiva sin plazo hasta la realización del juicio oral y público.

Los hechos investigados

La acusación sostiene que Leonardo Adrián V. habría abusado sexualmente de su hijo (Lucas, hoy de 25 años) desde que el menor tenía 12 años. Los primeros episodios ocurrieron en la ciudad de Rosario, en una vivienda ubicada en calle Juan José Passo y Campbell. Posteriormente, cuando la familia se mudó a Bombal, los abusos habrían continuado.

Según el expediente al que accedió Sur24, el acusado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con el niño para cometer los hechos, bajo amenazas y coacción. En febrero de 2019, cuando la víctima advirtió que contaría los abusos a su madre, el imputado habría tomado un cuchillo para intimidarlo.

Testimonio y pericias

En su declaración, la víctima relató que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta los 23. Dijo que su padre lo llevaba a su habitación, lo obligaba a prácticas sexuales sin protección y le aseguraba que “eso era lo que hacían los padres con los hijos”.

Un informe psicológico incorporado a la causa detalla que la víctima presenta trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, pesadillas, sentimientos de culpa e insomnio, y concluye que el daño psíquico ocasionado es irreversible por la duración y reiteración de los hechos.

La pena solicitada

La Fiscalía pidió una condena de 16 años de prisión efectiva en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, que agravan la pena por el vínculo familiar y la continuidad del abuso en el tiempo.

El comerciante Nelson Ramón Ceballos, de 58 años, fue condenado a siete años de prisión de cumplimiento efectivo por el Tribunal Unipersonal integrado por el juez Mauricio Adolfo Clavero, en el marco de un juicio desarrollado en el Distrito Judicial N° 9 de Rufino.

El hombre fue hallado autor penalmente responsable de dos hechos de abuso sexual simple, de amenazas simples y de desobediencia a la autoridad, todo en concurso real de delitos.

En el debate intervinieron la fiscal Rafaela Florit, en representación del Ministerio Público de la Acusación, y los abogados Sofía Rosso y David Rosso en la defensa del acusado.

Los hechos

La investigación probó que entre 2015 y 2017, cuando la víctima Morena Q. tenía menos de 13 años, Ceballos la sometió a tocamientos y besos inapropiados en el interior de su vivienda, lindera a su kiosco en Rufino.

Otro episodio ocurrió en el predio del Club Jorge Newbery, donde la víctima fue María del Carmen U., una mujer adulta que mantenía con el acusado un vínculo laboral. Según la sentencia, Ceballos aprovechó la situación de vulnerabilidad emocional y económica de la mujer para acosarla y realizar contactos físicos sin su consentimiento.

A estos hechos se sumó una amenaza contra Gustavo Q., padre de la menor abusada. El imputado recurrió a un compañero de trabajo, identificado como Adolfo T., para transmitir la intimidación, pese a que pesaba sobre él una prohibición de contacto y acercamiento dictada por el juez civil Luis Alberto Cignoli.

La sentencia

Al momento de fijar la pena, el juez Clavero ponderó la gravedad de los delitos, la reiteración de las conductas y la violación de órdenes judiciales previas. En ese marco, impuso a Ceballos una condena de siete años de prisión de ejecución efectiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a una mujer que fue acusada de haber abusado de su hija menor de edad, en la ciudad santafesina de Casilda.

La causa se inició el 28 de noviembre de 2018. Ese día, una nena de 9 años ingresó al hospital donde se detectaron las lesiones.

Según dijo la mujer, la niña se estaba bañando, se habría caído en la ducha y el golpe le habría provocado una hemorragia en la zona vaginal. Sin embargo, los médicos sostuvieron que la lesión era producto de la introducción de un elemento fálico (o vibrador) en la vagina. Fue necesario una intervención quirúrgica.

La causa fue impulsada por el MPA de Casilda. Foto: Archivo

Jorgelina Lucía Beatríz Suárez, madre de la menor, quedó acusada por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por su ascendiente y contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma.

El delito fue imputado en concurso real con promoción de corrupción de menores agravada por el vínculo y por la convivencia, en carácter de autora y como hechos consumados, por le cual era acusada.

Según la imputación, la mujer habría abusado sexualmente de su hija de 9 años introduciéndole por vía anal y vaginal un elemento fálico en reiteradas ocasiones.

En noviembre de 2020, la mujer enfrentó un juicio oral. El Tribunal Pluripersonal de Juicio del Colegio de Jueces de Cañada de Gómez absolvió a la acusada. Consideró acreditado el hecho, pero entendió que no había elementos para responsabilizarla por ello y ordenó seguir profundizando la investigación.

La fiscalía apeló y en abril del 2021, el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Cámara Penal de Apelación de Rosario, por unanimidad, revocó la absolución y condenó a Suárez a la pena de doce años de prisión.

El tribunal, con distinta integración, resolvió por mayoría confirmar la condena.

Tras una nueva apelación, la Corte Suprema de Santa Fe consideró que lo planteado por la defensa era un simple disenso a lo resuelto.

El caso terminó en la Corte nacional, donde rechazaron la queja. Foto: Archivo

También rechazó los cuestionamientos a la credibilidad del testimonio de la oficial que vio a la niña en el hospital y al interrogatorio que le hizo a la víctima por entender que se violaron los protocolos establecidos para el acceso a la justicia de las víctimas de abuso sexual.

El caso llegó por un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible.

El tribunal conformado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero condenó este miércoles al religioso Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión efectiva. La sentencia se basó en pruebas contundentes que demostraron su responsabilidad en cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas de 6º y 7º grado del colegio Sagrado Corazón, durante su desempeño como director en los años 2018 y 2019.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra presentó durante el juicio una sólida acusación, acompañada por testimonios y evidencias que respaldaron las denuncias, tanto por abusos ocurridos en la institución como durante un viaje de estudios a Santa Rosa de Calamuchita.

Los testimonios que marcaron el juicio

Dos de los casos se producieron en una sala del colegio, cuando Ortiz convocaba a las niñas bajo el pretexto de corregir cuadernillos de matemática. Las víctimas relataron que esos encuentros eran una excusa para cometer los abusos.

Otros dos hechos ocurrieron durante actividades recreativas en una pileta del hotel en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, donde se realizaba el viaje escolar. Las niñas denunciaron tocamientos inapropiados por parte del docente.

La defensa del acusado y su versión de los hechos

Durante el proceso judicial, el “hermano Pedro” negó todas las acusaciones. Afirmó que nunca llevó a las alumnas a la dirección y que las actividades escolares que mencionaban las denunciantes eran propias del verano y no del ciclo lectivo regular. Sobre los episodios en la pileta, sostuvo que solo participó en juegos con los estudiantes y negó haber tocado a ninguna de forma inapropiada.

Pese a su defensa, el tribunal consideró acreditados los hechos denunciados y falló a favor de las víctimas.

*noticia en desarrolloCobertura: Mauro Dalmazzo

Débora Cieri, la primera madre en denunciar al “Hermano” Pedro por abuso sexual, sostuvo que las docentes del Sagrado Corazón de Venado Tuerto tuvieron una actitud pasiva y que “nunca se preocuparon por cómo estaban las niñas” que aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual por parte del Director el nivel primario del establecimiento educativo.

El juicio contra el religioso se llevó adelante durante los últimos días de junio y comienzos de julio. La fiscal que realizó la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó una pena de 16 años de prisión. En tanto, el tribunal, integrado por Aldo Baravalle (presidente), Mariana Vidal y Mauricio Clavero, informará la sentencia el próximo miércoles 30. 

Comienzo del caso

Durante el año 2021 se potenciaron los rumores sobre ciertas conductas de Pedro Ortiz y Hontoria que incomodaban a las niñas que cursaban la etapa final del nivel primario. En consecuencia, desde Cáritas Diocesana convocaron a un grupo de padres para dialogar al respecto, y en septiembre de 2021 se radicó la primera denuncia. 

El caso se conoció mediáticamente tras una nota periodística publicada por Sur24. Posteriormente desde el establecimiento educativo emitieron un comunicado de prensa desmintiendo los abusos, y defendiendo institucionalmente al “hermano” Pedro. Más tarde, se radicaron tres nuevas denuncias. 

“¿Cómo semejante institución, como el Sagrado Corazón, no va a ponerse a disposición de los padres, de los alumnos? Dijeron ‘nunca se acercaron a hablar’. Pero yo me pregunto: ¿A qué me voy a acercar a hablar al colegio, si ya sé cuál era la respuesta? Además, mi hija pudo contar dos años después lo que había ocurrido”.

Durante las audiencias del juicio “escuché todos los testimonios. Fue muy triste ver a los maestros y a los profesores. En ningún momento se preguntaron por las chicas. Se limitaron a contar cual era la relación con el hermano Pedro y cómo era él en la escuela. Pero sobre las niñas, nada. Tampoco nos preguntaron nunca sobre cómo estaban nuestras hijas”, contó Débora

A esto se suma que “todas las respuestas (de los profesores) eran como muy parecidas, no parecían espontaneas. Dijeron que Pedro tenía un carácter fuerte, pero que se preocupaba por los niños”, añadió.

Puertas adentro

Dos de los cuatro abusos denunciados se habrían registrado en una especie de sala de Dirección donde el religioso convocaba a las alumnas para corregir los “cuadernos de matemática”. Los otros dos, en la pileta de un hotel en Santa Rosa de Calamuchita. 

A lo largo del juicio hubo alumnos que prestaron declaración, testimoniando que en distintas oportunidades los abrazos “efusivos” del Director se daban en el patio del colegio a “la vista de todos” y “nadie hacía nada”.

Débora Cieri asegura que “siempre había docentes. El único lugar en el que no había, era cuando Pedro llevaba a las niñas a su Dirección, que era un lugar que estaba medio escondido, y cerraba con llave. Y eso lo dijeron todas las víctimas y los ex alumnos que fueron a declarar. Contaron que en el recreo en el patio estaban todas las maestras y que Pedro se paraba cerca de la cocina, pero parece que nunca nadie vio nada”.

Recta final

El próximo 30 de julio se conocerá la sentencia que le pondrá fin a un largo juicio, y seguramente abrirá una etapa de apelaciones.

Cieri considera que “la fiscal presentó pruebas contundentes, de sobra, contra el hermano Pedro. Cuando escuchas todo lo que pasó, te das cuenta de la cantidad de pruebas que hay, principalmente el testimonio de las chicas. Es imposible que todas las chicas se pongan de acuerdo para inventar sobre el modus operandi de Pedro”.

Débora espera que haya una sentencia condenatoria “y que ese día quede preso. Sé que es difícil que le den una pena de 16 años. Es algo que venimos charlando, y quizás la pena puede ser menor, pero lo que interesa es que sea declarado culpable”.

En relación a su hija, contó que viven el “día a día. Ella está mucho mejor, pero este proceso es muy movilizante. A esto se suma la espera hasta el 30 de julio, que es terrible por la ansiedad que genera, algo que nos juega muy en contra a todos”.

Por último, dejó en claro que “quiero esperar el fallo, y ver que dicen desde el colegio. Una de las maestras, la directora actual, tuvo una declaración terrible. Están del lado de una persona que está acusada de abuso, y era director de un colegio. Por eso si ‘la cabeza’ de la institución y las personas que están trabajando todavía no pueden ver lo que pasó, es preocupante”. 

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de la fiscal Mayra Vuletic, presentó un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise una decisión de segunda instancia que autorizó la prisión domiciliaria de Daniel Iván Favilla, un hombre condenado a 19 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra la hija de su pareja.

La resolución impugnada fue dispuesta por el camarista Tomás Orso, quien dejó sin efecto una medida de primera instancia que revocaba la morigeración de la detención del imputado. A partir de ese fallo, quedó habilitada la posibilidad de que Favilla –de 55 años– cumpla su condena en su domicilio, aunque todavía no se efectivizó el cambio de modalidad en la ejecución de la pena.

Para la fiscal Vuletic, la decisión del camarista Orso "es inconstitucional porque carece de fundamentación adecuada". Según advirtió, “sin argumentos suficientes, se concedió la detención domiciliaria a una persona que fue condenada a casi dos décadas de prisión por haber cometido severos delitos contra la integridad sexual”.

La funcionaria del MPA alertó que “bastará con que la Defensa solicite el cambio de modalidad de detención en una audiencia de baja instancia para que la prisión domiciliaria se concrete, en función de lo ordenado arbitrariamente por la Alzada”.

Además, remarcó que la medida "pone en riesgo la estabilidad de la condena y atenta contra la integridad de la víctima, quien formaba parte del entorno familiar del condenado y debe ser resguardada".

Favilla fue hallado culpable de haber abusado sexualmente de la hija adolescente de su pareja, en reiteradas oportunidades entre los años 2017 y 2021, mientras la víctima cursaba la escuela secundaria.

De acuerdo con lo sostenido por la fiscal Vuletic, el hombre también “la obligaba a ver videos con contenido sexual”, lo que sumó gravedad al cuadro de violencia y abuso prolongado.

“El daño causado fue de tal entidad que afectó y corrompió el normal desarrollo psicosexual de la adolescente”, subrayó la funcionaria judicial.

En mayo pasado, Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado –por la convivencia con una menor de edad y por haber provocado un grave daño a su salud mental– y corrupción de menores agravada.

Antes del juicio, Favilla había estado detenido en su domicilio como medida cautelar. Tras el veredicto condenatorio, el tribunal de primera instancia revocó esa modalidad, pero la defensa apeló y logró revertir la decisión ante la Cámara, lo que motivó la actual presentación del MPA ante la Corte provincial.