Quedó en prisión preventiva un hombre de 62 años, cuyas iniciales son AHL, al que se investiga por haber abusado sexualmente de dos nietas de su pareja en Rufino. Los ilícitos fueron cometidos durante la infancia de las víctimas, quienes son hermanas y ya alcanzaron la mayoría de edad.

La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo este viernes en la mañana ante la jueza Lorena Garini en los tribunales rufinenses.

Florit indicó que “la jueza valoró el cúmulo de evidencia que presentamos y, al fundamentar su decisión, contempló la necesidad de resguardar a las víctimas y que tanto el peligro de entorpecimiento probatorio como el riesgo de fuga estaban latentes en función de la pena en expectativa y otras particularidades del caso”. En tal sentido, la fiscal puntualizó que “la magistrada consideró que cualquier alternativa a la preventiva era insuficiente y rechazó normas de conducta propuestas por la Defensa”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA hizo hincapié en que “la investigación continúa abierta y hay indicios de que el imputado también pudo haber vulnerado la integridad sexual de otras personas”.

Florit sostuvo que “el hombre investigado abusó sexualmente de las nietas de su pareja en la época en la que ellas iban a la escuela primaria”, y puntualizó que “todos los ilícitos tuvieron lugar en Rufino, en la casa en la que el agresor convivía con la abuela y el padre de las niñas”.

Asimismo, la fiscal manifestó que “el imputado cometía los delitos en ocasiones en las que se quedaba a cargo de cuidar a las víctimas”, y agregó que “se aprovechaba de la posición de poder en la que estaba respecto de ellas y las instaba a guardar silencio sobre lo sucedido”. Según precisó, “en una oportunidad, intentó agredir sexualmente a una de las niñas pero no pudo lograr su objetivo porque otra persona del entorno familiar llegó al inmueble en ese momento”.

En tanto, Florit subrayó que “de forma reiterada, el hombre investigado sometió a las nietas de su pareja a prácticas que tuvieron entidad suficiente para afectar el normal y progresivo desarrollo sexual de cada una de ellas”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA detalló que “la denuncia que originó la investigación fue realizada en septiembre del año pasado por una de las víctimas y, tiempo después, su hermana informó que ella había padecido situaciones similares”. Al respecto, afirmó que “desde entonces se llevaron adelante diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido”, y mencionó que “el imputado fue detenido a fines de marzo”.

Por los ilícitos en perjuicio de las dos nietas de su pareja, el hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda) –en el caso de una de las hermanas, además por una tentativa de ese delito–, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda). A su vez, se le atribuyó la autoría de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada (por tratarse de víctimas menores de 13 años y porque él estaba a cargo de la guarda de ellas).

Un hombre de 30 años, cuyas iniciales son GSO, quedó en prisión preventiva en Rufino, imputado por abusos sexuales reiterados en perjuicio de la hija menor de edad de su pareja. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafaela Florit.

Según expuso la fiscal en la audiencia, el imputado habría cometido los abusos entre junio de 2017 y octubre de 2024, período en el que convivía con la víctima. “Los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades, cuando quedaban solos en el domicilio familiar. El hombre se valió de su posición de poder y autoridad sobre la menor”, sostuvo Florit.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de la víctima, quien en octubre del año pasado notó cambios en el comportamiento de su hija. “La niña pudo contarle lo que había sufrido y la mujer radicó inmediatamente la denuncia”, destacó la funcionaria del MPA.

Además de los delitos sexuales, GSO es investigado por otros dos hechos ocurridos entre junio de 2023 y octubre de 2024, vinculados a un contexto de violencia de género. Entre ellos se incluye una violenta agresión con arma de fuego en mayo del año pasado.

El 15 de mayo de 2024, el imputado protagonizó un incidente armado en la puerta de su casa. Según la investigación, discutió con otro hombre y le disparó con un revólver calibre .22, hiriéndolo en la pierna. A partir de ese hecho, se libró una orden de detención, pero GSO se dio a la fuga.

“Fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo hasta marzo de este año, cuando finalmente fue detenido en la provincia de Chaco”, precisó Florit. Para lograr su captura, se realizaron allanamientos, intervenciones telefónicas y se emitió una orden de búsqueda a nivel nacional.

El miércoles 19 de marzo fue extraditado a la provincia de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre detenido enfrenta una extensa lista de acusaciones penales que reflejan la gravedad del caso. La fiscalía le atribuye haber cometido abuso sexual agravado, en razón de haber convivido previamente con la menor víctima. A esto se suma el delito de abuso sexual con acceso carnal, también agravado por el vínculo convivencial que mantenía con la niña, hija de su pareja.

Además, se le imputa desobedecer disposiciones judiciales, así como haber protagonizado un episodio de abuso de arma de fuego en el marco de una violenta discusión. Por ese hecho también se lo acusa de tenencia ilegítima de arma, amenazas calificadas por el uso de armas, amenazas simples y lesiones leves dolosas. Estas últimas fueron doblemente agravadas, tanto por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja como por haberse producido en un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia, la defensa intentó proponer medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Garini consideró que no eran viables, ya que podrían entorpecer el desarrollo del proceso. En ese sentido, dispuso que el imputado continúe privado de su libertad por tiempo indeterminado, con el objetivo de evitar riesgos procesales y garantizar la continuidad de la investigación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron 35 años de prisión para el preparador físico G.O.C. acusado de 9 abusos sexuales, tres de ellos con acceso carnal. En la audiencia de alegatos que se llevó adelante durante la jornada de este viernes, la abogada querellante planteó la misma pena que la fiscal Florencia Schiappa Pietra, mientras que la defensora del acusado se basó en el principio de inocencia esgrimido por su defendido, solicitando en su defecto una pena morigerada en caso de que el tribunal encuentre elementos probatorios.

Por su parte, el imputado aseguró que “Dios sabe que soy inocente”, y señaló que de lo único que se arrepiente en “la vida es haber enviado a mi madre a un geriátrico”.

Defensa Priopia

Luego de 10 audiencia en las que pasaron 57 testigos, en la mañana de este viernes llegó el turno de los alegatos, previo a la sentencia que se dará a conocer el 26 de marzo. Minutos después de las 8 horas hizo uso de la palabra el preparador físico que se encuentra detenido desde mediados de 2021.

“Me siento en una silla de ejecución”, comenzó diciendo, para agregar que ya “fui condenado en los medios de comunicación y en las redes sociales”. Dijo que no es “culpable”, que declara “ante Dios” y que “la única prueba que tienen es la palabra”.

G.O.C. desde el inicio del juicio fue tomando nota de lo que manifestaron sus ex alumnas como así también los testigos que pasaron por el tribunal. Pero un pequeño detalle hizo que las cosas no salgan como las pensaba: se olvidó los lentes en la Alcaidía de Melincué. 

De esta manera, intentó ir rebatiendo una a una las acusaciones. Apuntó a un par de alumnas que supuestamente se molestaron con él y “arrastraron al resto a sumarse a la denuncia”. Criticó el accionar de algunos padres y destacó la posición tomadas por otros: “Todos los días oro por ellos”, afirmó.

Aseveró no ser “culpable”, y señaló que “en Melincué hay muchos inocentes detenidos”. Pidió que “Dios me quite la vida si miento”, y con reproches a sus ex alumnas mencionó que “hay que levantarse todos los días sabiendo que condenaron a alguien con una mentira”.

Alegato fiscal

Seguidamente fue el turno de la fiscal Florencia Schiappa Pietra quien realizó durante casi tres horas un repaso de todas las denuncias que fueron presentadas contra el preparador físico. Hizo hincapié en el mecanismo utilizado para cometer los abusos, que se dieron generalmente en una sala pequeña donde se encontraba una camilla en el gimnasio de Francia y 25 de Mayo.

Destacó el testimonio brindado por distintos profesionales, quienes hicieron referencia a las “malas prácticas” implementadas por el acusado que derivaban posteriormente en los abusos sexuales que fueron desde tocamientos y masajes en las zonas íntimas y genitales de las víctimas, hasta los tres hechos de acceso carnal.

La fiscal destacó como el imputado se ganaba la confianza de los padres de sus alumnas, para posteriormente realizar viajes de entrenamiento en donde también se daban los abusos. 

Finalmente terminó solicitando una pena de 35 años de prisión por un total de 9 abusos sexuales con distintas calificaciones desde lo legal: por los delitos en perjuicio de dos de las nueve víctimas, el acusado es juzgado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Todos los delitos fueron atribuidos agravados por ser el acusado encargado de la educación. También se le endilgó la autoría de cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante; un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Todos estos ilícitos también son agravados por ser encargado de la educación.

Querella

Ana María Regidor es la abogada querellante, representando a una de las víctimas. A lo largo de una hora describió todo lo padecido por su representada, quien durante el tiempo que concurrió al gimnasio se expuso a un escenario de “violencia, amenazas y abuso de poder”. Dijo que el preparador físico la sometió “a engaños para satisfacer sus deseos sexuales”. 

El primer ataque ocurrió en el año 2020 cuando la joven tenía 14 años y el entrenador 50. Posteriormente fue escalando la violencia sexual y se registró el abuso con acceso carnal en el año 2021 en la camilla del gimnasio. Luego el accionar se repitió en el departamento del preparador físico al cual concurrían generalmente los días sábados con la excusa de “hacer escaleras”. 

Regidor le solicitó a tribunal integrado por Lorena Garini, Benjamín Révori y Aldo Baravalle que a la hora de la condena no hagan un promedio entra le pena mínima en expectativa y la máxima, sino que tengan en cuenta la cantidad de denuncias que pesan sobre el entrenador. En consecuencia, se sumó a los 35 años solicitado por la fiscal.

Defensa 

Melisa Andreata es la Defensora Pública que representó al acusado. Comenzó remarcando que en el caso de que el tribunal no acoja la defensa material que hizo el imputado (declararse inocente), realizó planteos subsidiarios haciendo un repaso uno por uno de los casos denunciados. En uno solicitó la prescripción, al haber pasado los 10 años desde que la víctima pudo haber realizado la denuncia. En otro, coincidió con la calificación legal: abuso sexual simple. En seis pidió que se “morigere” la carátula, por entender que no fueron de tal gravedad. 

Y en el caso más grave (abuso sexual con acceso carnal genital) planteó que hubo una situación de consentimiento entre la alumna que en ese momento tenía 14 años y el profesor de 50. En consecuencia, pidió que sea juzgado por estupro.

Al menos una docena de artistas y políticos forman parte de la escabrosa lista negra derivada de varios documentos desclasificados por la Justicia estadounidense, a raíz del infame caso de Jeffrey Epstein.

En las últimas horas circularon en las redes sociales los nombres de varias estrellas como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Stephen Hawkins, Cameron Diaz, Oprah Winfrey, Cate Blanchett y Naomi Campbell.

Como era de esperarse, la reacción de la opinión pública estuvo dividida entre el desconcierto y los reproches e insultos contra estas celebridades. Esta turbia situación motivó a que los implicados tomaran decisiones radicales. Ese fue el caso de Tom Hanks, Oprah Winfrey, Cameron Diaz y la supermodelo Naomi Cambell, quienes decidieron desactivar los comentarios en Instagram.

En el caso de otras figuras como Leonardo DiCaprio, quien mantiene activados los comentarios de su cuenta, recibió miles de mensajes de sus seguidores que exigen explicaciones sobre su vinculación con el pederasta. Hasta el momento, ninguno de los mencionados ofrecieron declaraciones sobre el tema.

Ciertamente hay que señalar que éste listado no es el definitivo. Al menos unas 170 personas fueron mencionadas y el resto de los nombres que faltan por blanquear, serán expuestos en los próximos días como parte de la orden dictada por la jueza Loretta Preska, quien levantó el veto sobre más de 900 documentos desclasificados.

También cabe aclarar que el hecho de que estas personas aparezcan en el listado, no significa que incurrieron en delitos contra menores.

De hecho algunas personalidades fueron mencionadas en los interrogatorios a las víctimas para descartar su relación con Epstein, otros fueron nombrados como potenciales amigos, e incluso asociados, y se determinó que muchos de ellos nunca visitaron las propiedades del millonario.

Insólitamente, hay casos puntuales como el de Leonardo Di Caprio, Cameron Díaz o Cate Blanchett que aparecen entre la evidencia expuesta, porque en algún momento Epstein los mencionó, pero nunca llegó a conocerlos como hacía creer a sus cercanos.

En otras circunstancias, hubo famosos que sí acudieron a varias fiestas que ofrecía el banquero, pero no tuvieron que ver con la red de trata de menores que regentaba junto a su pareja Ghislaine Maxwell.

El escándalo sexual que involucra a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell sacudió al mundo por sus dimensiones y conexiones con personalidades influyentes. Epstein, financiero y con conexiones en la alta sociedad, fue acusado de dirigir una red de trata de menores, reclutando y explotando a jóvenes mujeres.

Las víctimas, muchas menores de edad, fueron forzadas a participar en encuentros sexuales con él y otros hombres prominentes, creando un entorno de abuso sistemático. Ghislaine Maxwell, ex pareja y presunta cómplice de Epstein, purga cargos por su presunta participación en el reclutamiento y explotación de estas víctimas.

El caso tomó notoriedad por la implicación de figuras públicas, como políticos y celebridades, en las actividades delictivas de Epstein. La denuncia reveló una red de influencias que contribuyó a que Epstein eludiera la justicia en el pasado.

Aunque Epstein murió en prisión en 2019, bajo circunstancias controvertidas, el caso contra Maxwell continúa arrojando luz sobre los detalles de esta red de explotación sexual y sus conexiones con personas poderosas.

A las 21:05 el jueves 24 de agosto, la mayoría de los padres y tutores del Colegio San Isidro, ubicado en la comuna de Buin (Región Metropolitana de Santiago de Chile) y perteneciente a los Legionarios de Cristo, recibió un correo electrónico titulado "Comunicación Dirección CSI". En pocos minutos, las preguntas comenzaron a circular incesantemente dentro de la comunidad escolar. Hasta ese momento, la comunidad había observado con cierta distancia lo que estaba sucediendo en otra institución educativa de los Legionarios, el Colegio Cumbres, a pesar de que el Centro de Padres ya había sido informado horas antes sobre la situación que motivaba el correo.

La razón de esta inquietud radicaba en el contenido del correo electrónico institucional, en el cual Ana María González, directora del colegio, informaba sobre una denuncia presentada por un exalumno contra un exsacerdote de la institución.

Este nuevo episodio abría otro frente para el Regnum Christi, la organización de la que provienen los Legionarios de Cristo, además del caso previamente conocido que había estallado en semanas recientes en el Colegio Cumbres. Este caso había resultado en una carta suscrita por 32 exconsagradas que denunciaban haber sido víctimas de abuso de poder y manipulación de conciencia como algo "común".

El mensaje de la directora González comenzaba con las palabras: “Querida comunidad San Isidro: junto con saludarlos, les informo que el día de hoy el padre Gabriel Bárcena, director territorial de los Legionarios de Cristo, nos ha informado sobre una denuncia presentada el pasado 18 de agosto contra un exsacerdote que trabajó en nuestro colegio”. El denunciante era un antiguo miembro de la comunidad y los eventos supuestamente ocurrieron entre los años 1999 y 2001.

Hacia el final de la breve comunicación, se expresaba el compromiso del colegio en colaborar proactivamente en el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad en relación con este caso, especialmente en un momento tan delicado para la comunidad.

El 24 de agosto, Gabriel Bárcena, director territorial de los Legionarios de Cristo en Chile, también emitió un comunicado breve con una declaración similar: “Deseo informar que el viernes 18 de agosto recibí una denuncia de un exalumno del Colegio San Isidro, quien refiere haber sufrido una situación de abuso por parte de un exsacerdote legionario de Cristo entre los años 1999 y 2001″.

A pesar de que la denuncia se refería a eventos ocurridos hace más de dos décadas, el Colegio San Isidro tomó medidas, que ya estaban siendo implementadas debido a lo ocurrido en el Colegio Cumbres.

Al día siguiente de enviar el correo informativo, la directora del establecimiento se dirigió nuevamente a la comunidad de manera más extensa. “Dados los últimos acontecimientos profundamente dolorosos que estamos viviendo en nuestra comunidad, queremos enfrentar esta crisis como una oportunidad para detenernos y mirar más allá de las múltiples tareas y procesos propios de la vida de un colegio, hacia el sentido profundo de lo que hacemos. En momentos de fuerte remezón hay que buscar la roca sólida, desde la cual se constituye la esencia del proyecto educativo y su razón de ser”, dijo. Esto hacía referencia tanto al problema interno como a la situación que ya había afectado a la comunidad como parte de los Legionarios, con sacerdotes que tenían vínculos con ambas instituciones educativas.

La directora también informó que mientras se completaba la actualización del Protocolo de Ambiente Seguro del colegio y se compartía con la comunidad, se tomarían una serie de medidas. Estas incluían la supervisión de los retiros de cursos por parte de dos profesores, la participación del sacerdote en momentos específicos, como reflexiones y exposiciones sobre Dios, y la posibilidad de confesiones voluntarias en lugares abiertos y visibles, con la opción de que los apoderados asistieran si lo deseaban.

Además, se detalló que las salidas de la actividad de Participación Social serían supervisadas por profesores de la asignatura, acompañados por apoderados o profesores adicionales en caso necesario. Se anunció que las confesiones desde tercero básico podrían contar con apoderados como asistentes y que las entrevistas de familia se llevarían a cabo con la información proporcionada por los profesores jefes, sin necesidad de entrevistas previas de los apoderados con los alumnos.

El comunicado también especificaba que en caso de surgir problemas de convivencia escolar, profesoras jefas, coordinadoras de ciclo, asistentes de coordinación de ciclo y encargados de convivencia se encargarían de hablar con los alumnos en un lugar visible. Además, se mencionaba que el departamento de psicología no sacaría a los alumnos de las clases, a menos que fuera solicitado por los propios alumnos o considerado necesario por el encargado de convivencia.

La directora también compartió las acciones tomadas después de que estallara el caso en el Colegio Cumbres, incluyendo visitas a cursos de séptimo básico en adelante para abordar sus preocupaciones, reuniones con apoderados en busca de más detalles sobre los acontecimientos y encuentros informativos con todo el personal del colegio.

“En estos momentos de dolor para todos, esperamos que la información entregada sea un aporte para ustedes y nos ponemos a su disposición confirmando como comunidad educativa nuestro compromiso con la verdad, el bien y el cuidado de nuestros alumnos, que son el centro de nuestro quehacer formativo”, concluyó Ana María González.

Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa clerical católica de derecho pontificio que pertenece a la Federación Regnum Christi junto con otras dos Entidades Federativas: las Consagradas del Regnum Christi y los Laicos Consagrados del Regnum Christi.

En la tarde de este viernes, como se anunciara en Sur24, vecinos de la localidad de Chapuy se congregaron frente a la Subcomisaría 7ma, para reclamar por un hecho de abuso sexual -agravado por la convivencia- en perjuicio de un niño de siete años.

La autoconvocatoria era para las 18.30, y según informan fuentes policiales la manifestación de unas 40 personas “fue pacífica” no representando mayores incidentes y luego marcharon hacia la casa del acusado. Las personas presentes expresaron su apoyo a la familia y pidieron justicia ya que habrían hecho denuncias previas y no fueron escuchados.

Esta marcha fue enfrente de la sede policial porque el acusado es un ex policía de 57 años de edad (Miguel R.) quien desde el lunes último quedó en prisión preventiva por 10 días, a instancias de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariana Vidal. De esta manera, así como sucedió en los últimos tiempos con otras pequeñas localidades de General López y departamentos vecinos, esta vez es la apacible Chapuy la que se encuentra conmovida por un grave episodio que disparó la movilización de la comunidad. “Para que nunca más se metan con los chicos”, dice uno de los lemas de la movilización en apoyo a la familia de la pequeña víctima y en repudio al atacante.

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena impuesta al empresario maderero Alberto Dolinsky, por el abuso sexual de una niña, cometido en 2014 en un hotel del centro de Santa Fe. 

La sentencia, dictada el 25 de noviembre de 2020 por un tribunal de primera instancia (conformado por los jueces Sergio Carraro, Rosana Carrara y Rodolfo Mingarini), impuso a Dolinsky una pena de 15 años de prisión efectiva como autor de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por dos personas” en concurso ideal con “promoción a la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años”. 

La misma fue apelada por la defensa del empresario, a cargo del Dr. Germán Corazza, y también por los fiscales a cargo de la causa, Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi. En tanto, el abogado querellante José Mohamad -representante de la familia de la víctima- había solicitado la confirmación de la resolución en todos sus términos. 

Los camaristas Eduardo Bernacchia, José Antonio Mántaras y Carlos Renna confirmaron tanto el monto de la pena como la calificación legal, y acreditaron la mecánica de los hechos tal cual fuera presentada por la fiscalía durante el juicio y valorada por el tribunal predecesor. 

El hecho ocurrió la noche del 2 de enero de 2014, cuando la niña de 11 años había quedado a cargo de quien por entonces era la pareja de su padre, Lindaci Da Silva Miranda, y del amigo de su papá, Alberto Dolinsky. Estaban en un hotel céntrico, donde el empresario maderero reside desde hace varios años. 

Antes de la medianoche accedieron a la pileta del edificio, donde los adultos consumieron alcohol y también le dieron a la niña. Allí comenzaron a perpetrar los abusos, que luego continuaron en la habitación de Dolinsky. Antes de que pudiera reunirse con su padre, le advirtieron que no dijera nada. 

De hecho, el develamiento ocurrió años más tarde, cuando Da Silva dejó de ser pareja del padre de la niña, y ella logró contar lo que le había ocurrido cuando tenía 11 años. 

Uno de los planteos del defensor Corazza se centró en la presencia de una traductora en la entrevista en cámara Gesell tomada a la niña -nacida en Brasil-, quien a su entender no estaba debidamente acreditada. Pero los camaristas señalaron que en su momento quienes ejercían la defensa de Dolinsky no se opusieron a la intervención de la traductora. 

No solo esto, sino que además su presencia allí era a los fines de “aclarar algunos términos dudosos o confusos”, y que los jueces dijeron haber comprendido todo. 

A la hora de analizar la sentencia recurrida, el tribunal tuvo por “acreditada la violencia psicológica, física y sexual”, luego de realizar “un análisis de los elementos probatorios”. “En el caso se han visto vulnerados los derechos humanos de la niña víctima en tanto que específicamente se vio afectado su derecho a vivir una vida sin violencia”. 

Los camaristas acreditaron tanto la teoría de los hechos presentada por la acusación y ratificada por el tribunal de primera instancia, como la calificación legal utilizada para condenar al empresario. También sostuvieron el monto de la pena impuesta, 15 años de prisión, confirmando así en todos sus términos la sentencia condenatoria y los fundamentos utilizados por el tribunal precedente.