Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos integrantes de su entorno familiar en Santo Tomé (departamento La Capital). Así lo resolvió la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano representó al MPA en el debate. En tal sentido, tras conocer el veredicto, indicó que “si bien valoramos el resultado condenatorio, aguardaremos los fundamentos del fallo para analizarlos y evaluar los pasos a seguir”.

Abusos reiterados

Giordano afirmó que “el condenado primero abusó de un hijo de su pareja y, años más tarde, vulneró también la integridad sexual de su propia hija, quien es hermana de la otra víctima por parte de madre”.

“En ambos casos, los hechos delictivos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en viviendas en las que residió el grupo familiar en Santo Tomé”, sostuvo la fiscal. “Si bien el hijo de la pareja del condenado actualmente es mayor de edad, las dos víctimas sufrieron los ilícitos en la época en la que cada una transitaba su escolaridad primaria”, agregó.

Delitos

Al condenado se le impuso la pena a 12 años de prisión como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

Identidad

Las iniciales del hombre de 36 años son MJDF. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

La Justicia condenó a nueve años de prisión a Fabián Alejandro Suárez, un hombre de 34 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando la víctima era una niña, en la ciudad de Venado Tuerto.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Belén Vidal, luego del juicio oral y público que comenzó el 23 de julio y en el que Suárez fue juzgado por hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Débora Valentín, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mauro Javier Blanco.

Los hechos investigados

Según sostuvo la Fiscalía durante el debate, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de seis años y se habrían producido en una cantidad indeterminada de oportunidades.

La acusación planteó que Suárez se aprovechaba del vínculo familiar y de la confianza generada en situaciones en las que acompañaba a su pareja a cuidar a la niña y a su hermano.

De acuerdo con la teoría presentada por el MPA, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su sobrina para someterla a distintas conductas de contenido sexual.

La Fiscalía también describió otros episodios en los que Suárez llevaba a la niña hasta otro domicilio mediante diferentes excusas y allí continuaban los abusos.

El planteo de la Fiscalía

Durante su alegato de apertura, Valentín sostuvo que la prueba permitiría acreditar que el acusado actuó aprovechándose de la confianza y de las circunstancias de cuidado de la niña.

Para la representante del MPA, las conductas atribuidas a Suárez fueron prematuras e impropias para la edad de la víctima y tuvieron incidencia sobre su desarrollo sexual.

La fiscal consideró que durante el proceso quedaron acreditados tanto los hechos de abuso sexual como aquellos vinculados con la promoción de la corrupción de menores.

En función de esa acusación y del cuadro probatorio presentado durante el debate, la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión.

El desarrollo del juicio

El juicio oral comenzó el 23 de julio ante un tribunal unipersonal encabezado por la jueza Vidal.

Suárez participó presencialmente desde el inicio de las audiencias y fue informado de sus derechos y de la posibilidad de declarar durante el proceso.

Cuando prestaron testimonio los padres de la víctima, el acusado fue retirado de la sala principal y siguió las declaraciones desde un espacio contiguo. Allí pudo mantener contacto con su abogado defensor y proponer preguntas para los testigos.

Durante las audiencias se incorporaron los testimonios y demás elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación.

La condena

Tras analizar las pruebas producidas durante el juicio, la magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal de Suárez.

En consecuencia, resolvió condenarlo como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

Si bien la Fiscalía había reclamado 14 años de cárcel, finalmente la jueza estableció una pena de nueve años de prisión.

De acuerdo con la parte resolutiva del fallo, las figuras penales por las que fue condenado fueron consideradas en concurso ideal.

Confirmaron en segunda instancia la condena a 11 años de prisión impuesta a un hombre por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de una mujer que era su pareja en Elortondo. El hombre condenado tiene 46 años y sus iniciales son CMM. El tribunal de la Alzada estuvo integrado por los jueces Juan Pablo Lavini Rosset, Daniel Curik y Tomás Orso.

La fiscal Susana Pepino realizó la investigación y representó al MPA en las distintas etapas del proceso judicial. Tras conocer el veredicto, valoró que “los camaristas rechazaron todos los agravios planteados por la Defensa, los cuáles estuvieron vinculados a la valoración de la prueba y al monto de la pena única dispuesta en el juicio oral”, y aclaró que “en ese momento, se ponderó que el condenado tenía un antecedente penal condenatorio”.

La funcionaria del MPA también subrayó que “los jueces de segunda instancia manifestaron que la postura defensiva carecía de perspectiva de la infancia”, y explicó que “el abogado del condenado cuestionó que la víctima haya relatado sus padecimientos con palabras y recursos propios de su edad”.

Pepino recordó que “el condenado atentó contra la integridad sexual de la víctima en la época en la que ella transitaba el primer tramo de la escuela secundaria”, y agregó que “por entonces ambos convivían con la madre de la niña en una zona rural de Elortondo”.

“El agresor abusó de la víctima en diferentes ocasiones en las que estuvieron a solas en un lugar descampado y en el domicilio en el que residían”, especificó la funcionaria del MPA. “Para evitar que la niña hablara con otras personas acerca de lo sucedido, él solía amenazarla con matarlas a ella o a su madre si alguien se enteraba”, agregó.

La condena confirmada es por la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos reiterados y calificados (por haber sido cometidos en contra de una víctima menor de 18 años, aprovechándose de la convivencia preexistente).

Identidad

El nombre y apellido del condenado no se informan para evitar la revictimización de la víctima.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 33 años, cuyas iniciales son GAP, que es investigado por el abuso sexual de una adolescente de su entorno en la localidad de San Gregorio (departamento General López). Así lo dispuso la jueza Lorena Garini, a partir de lo solicitado por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino.

La funcionaria del MPA valoró que “aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”. Al respecto, destacó que “la magistrada tuvo en cuenta que entre las diligencias pendientes está entrevistar en cámara Gesell a la víctima, lo cual incidía especialmente en el peligro de entorpecimiento probatorio”.

En una vivienda

Florit indicó que “el imputado llevó adelante su accionar delictivo el viernes 10 de este mes alrededor de las 13:00 en una vivienda que un amigo le había prestado de buena fe”, y aclaró que “en ese momento, el propietario del inmueble no estaba allí”. Según precisó, “el investigado se había quedado a solas con la víctima, quien transita la primera parte de su escolaridad secundaria, y un bebé que es familiar de ambos”.

“El hombre de iniciales GAP se aprovechó de la circunstancia de estar a cargo de cuidar a la adolescente y la abusó sexualmente”, aseguró la fiscal.

La funcionaria del MPA también señaló que “momentos después del ilícito, la víctima logró enviarle un mensaje a una mujer de su confianza a la que le pidió ayuda, quien a su vez le avisó a otra persona de su entorno que logró que el imputado lleve a la adolescente y al bebé a otro lugar”.

“Desde que salieron del domicilio en el que estaban hasta que llegaron a destino, el hombre investigado le dijo a la víctima en reiteradas oportunidades que no debía contar nada acerca de lo sucedido porque si lo hacía, él iría preso”, remarcó Florit.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple, agravado (por la guarda).

En la jornada de este martes se llevó adelante la audiencia preliminar contra R.P.P., de 57 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina, quien al momento de los hechos tenía entre 6 y 9 años. La fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente y solicitó una condena de 17 años de prisión efectiva.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Luciana Del Grecco, de la Unidad Fiscal Venado Tuerto. Según consta en la requisitoria de acusación, la audiencia imputativa que dio inicio formal al proceso se había celebrado el 9 de septiembre de 2025, tras lo cual la fiscalía avanzó con la instrucción de la causa hasta arribar a esta instancia.

De acuerdo con la acusación, R.P.P. habría abusado sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades desde que la niña tenía 6 años hasta que cumplió los 9, aprovechando que convivía con ella y que ejercía su guarda. Los hechos habrían tenido lugar en una vivienda de Venado Tuerto entre los años 2021 y fines de 2024.

La fiscalía encuadró la conducta como “abuso sexual con acceso carnal en cantidad indeterminada de oportunidades, agravado por la convivencia con una víctima menor de 18 años y por revestir el acusado la calidad de encargado de su guarda, en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada”.

Al fundamentar el pedido de pena, la acusación sostuvo que el imputado se encontraba en condiciones de comprender el carácter ilícito de sus actos y de ajustar su conducta a esa comprensión, motivo por el cual solicitó la pena máxima prevista para el caso, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

Tras la audiencia preliminar de este martes, resta que el tribunal interviniente resuelva si la causa queda en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral y público, donde se debatirá en definitiva la responsabilidad penal del acusado.

Un médico santafesino de 40 años fue arrestado este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Región I.

El profesional es pediatra de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe y es blanco de una denuncia por el delito de abuso sexual simple.

La causa es dirigida por la fiscal Dra. Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer de 26 años, quien manifestó que el hecho habría ocurrido en su contra una semana atrás, el pasado 20 de julio, durante una consulta médica que hizo para que revisaran a su hija.

En cumplimiento de una orden dispuesta por la Fiscalía, personal de la PDI detuvo a E.A. en un domicilio ubicado en calle Pío Pandolfo al 8900 de la capital provincial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo las directivas de la fiscal interviniente.

Ornella Pazzi

Suspendieron el inicio del juicio oral y público contra Juan Martín Brussa, el oficial de policía acusado por el presunto abuso sexual de una cadete dentro del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de Recreo.

Así lo dispuso la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Santa Fe. El debate, que originalmente estaba programado para comenzar en los últimos días de julio, fue postergado debido a cuestiones de agenda del tribunal, lo que altera el cronograma previsto para la resolución del caso.

Por el momento, no existe una fecha cierta para el inicio de las audiencias. Según trascendió, el debate podría ser fijado para los próximos meses o, incluso, quedar postergado para principios de 2027. La investigación judicial comenzó en septiembre de 2024, con la denuncia de la mujer.

Tribunales de Santa Fe.

En cuanto a la situación del acusado, Brussa se encuentra en libertad mientras aguarda el inicio del juicio. Si bien en etapas anteriores del proceso se encontraba bajo prisión preventiva, actualmente cumple con medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad.

La acusación que pesa sobre Brussa se centra en lo ocurrido el 12 de septiembre de 2024 en un depósito cercano al sector de cocina del ISEP. Según la investigación fiscal, el policía habría aprovechado su función y la vulnerabilidad del entorno para realizar tocamientos contra la víctima, quien en ese momento se encontraba prestando servicios en el establecimiento.

La rápida denuncia de la cadete, realizada el mismo día del incidente tras lograr apartar al agresor, permitió la intervención inmediata de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación.

El oficial fue acusado como autor de "abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por personal policial en funciones", y la fiscalía adelantó que solicitará una condena de 8 años de prisión.

A pesar de la postergación, las partes que intervendrán en el juicio ya están definidas. El tribunal estará compuesto de forma unipersonal por la jueza Celeste Minniti. La acusación será llevada adelante por la fiscal Laura Gerard, mientras que la defensa técnica del imputado estará a cargo del abogado Franco Scali.

La jueza Minniti estará a cargo del debate oral.

Para el desarrollo del debate, se ha confirmado la citación de un total de 21 testigos. Entre los testimonios previstos se destaca el relato fundamental de la víctima, además del aporte de personal del ISEP que tuvo conocimiento de las circunstancias que rodearon el hecho en el sector de cocina.

El proceso, que originalmente debía concluir con un veredicto a finales de julio, queda ahora a la espera de una nueva disponibilidad en la agenda judicial.

Comenzó este jueves el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La fiscal Débora Valentín, solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación, los hechos se prolongaron durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la víctima con su madre como en el domicilio del propio imputado. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que Fabián Alejandro S. se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la nena —en su carácter de pareja de una tía de la víctima— para cometer los abusos.

La causa, caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima" fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero —hoy jueza— y continuada por Valentín. La imputación de cargos se formalizó el 11 de junio de 2024, con la defensa del acusado a cargo de la Dra. Silvia Couselo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron calificados como gravemente ultrajantes en atención a sus características y a la normativa vigente al momento de su comisión, previa a la reforma introducida por la Ley N° 27.352 en 2017.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía comenzó a incorporar como prueba la evidencia recabada durante la investigación, con el objetivo de acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

El debate continuará en los próximos días.

 Un hombre de 24 años cuyas iniciales son JJCG quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado por golpear y lesionar, amenazar y abusar sexualmente de la mujer que era su pareja en Rufino. Así lo dispuso la jueza Lorena Garini a raíz de un planteo formulado por la fiscal del MPA, Rafaela Florit, en una audiencia llevada a cabo ayer en los tribunales rufinenses.

“Si bien la Defensa del imputado propuso medidas alternativas a la privación cautelar de la libertad, la jueza rechazó el planteo, entendió que había riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento de que el hombre investigado quede en prisión preventiva”, valoró la fiscal.

De acuerdo con lo informado por Florit en la audiencia, el imputado tiene un antecedente penal condenatorio por delitos que también cometió en un contexto de violencia de género en perjuicio de otra mujer con quien mantuvo una relación de pareja.

Por la fuerza

“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos hace dos semanas en la vivienda que compartían el imputado y la víctima a raíz de la relación de pareja que tenían”, informó la fiscal del MPA.

Florit relató que “minutos antes de las 6 de la mañana del martes 7, mientras la víctima dormía, el hombre investigado le revisó el teléfono celular”, y agregó que “a raíz de que encontró fotos archivadas de ella con amigos y con su expareja, el imputado comenzó a agredirla verbal y físicamente”.

“A pesar de los insultos y de los golpes que estaba recibiendo, la mujer intentó calmar al imputado, pero él buscó un cuchillo tipo Tramontina y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte”, subrayó la fiscal. “Además, ese día, el hombre investigado obligó a la mujer a que lo acompañe al campo en el que él trabaja y le recriminó durante todo el día las fotos que ella tenía guardadas en su teléfono”, agregó Florit.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “al día siguiente, el imputado quiso tener relaciones sexuales con la víctima, pero ella se negó”. En tal sentido, añadió que “a él no le importó, utilizó su fuerza para imponerse, desvistió a la mujer y abusó sexualmente de ella”.

“Lo mismo ocurrió dos días después, oportunidad en la que volvió a atentar contra la integridad sexual de su pareja”, remarcó la fiscal.

Denuncia

Luego de lo ocurrido ese viernes 10, la víctima hizo la denuncia que permitió iniciar la investigación de los ilícitos. “La mujer esperó que el imputado se fuera a trabajar para ir a una sede policial donde relató lo que había tenido que padecer”, indicó la fiscal.

Florit explicó que “escuchamos a la víctima y le brindamos contención” y agregó que “el mismo viernes, rápidamente libramos la orden de detención del hombre investigado, solicitamos distintas pericias y tomamos testimonios a personas del entorno de la mujer”.

“Buscamos al imputado en la casa de su madre y en distintos lugares que frecuentaba y, finalmente, se presentó el lunes en la comisaría de Rufino, donde quedó detenido”, finalizó la fiscal.

Calificaciones penales

El imputado es investigado por la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas doblemente calificadas (por ser cometidas contra persona con la que mantuvo una relación de pareja y mediando violencia de género), amenazas calificadas (por el uso de arma) y abuso sexual con acceso carnal.

La fiscal Luciana Del Grecco, presentó la requisitoria de acusación contra un hombre de 31 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Teodelina, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia con la víctima y por su condición de encargado de su guarda. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una pena de 18 años de prisión de ejecución efectiva.

El hecho

Según la acusación, el imputado abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su ex pareja, entre 2020 y 2024, período en el que la niña tenía entre 8 y 12 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Villa Cañás, donde convivían, y en momentos en que la madre de la menor no se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con la investigación, el acusado se aprovechó de la guarda que ejercía sobre la niña para tocarla por arriba y por debajo de la ropa, obligarla a tocarlo a él, entre otros vejámenes, lo que le generó fuertes dolores físicos.

Cómo se destapó el caso

La denuncia fue radicada por una docente de la escuela a la que asistía la niña. La menor se acercó a contarle lo que estaba viviendo luego de una charla sobre bullying y ciberbullying dictada en el establecimiento educativo. En esa misma conversación, la niña relató que ya le había contado a su madre sobre los abusos, pero que esta no le había creído.

La calificación legal

La causa quedó caratulada como "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por ser encargado de la guarda" y "abuso sexual con acceso carnal", con los mismos agravantes, en concurso real de delitos. Con la presentación de la requisitoria de acusación, la Fiscalía consideró contar con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria y avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Un hombre de 45 años de iniciales MIC fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en una localidad del departamento General López. Así lo resolvieron por unanimidad las juezas Silvina Marinucci y Andrea Cavallero y el juez Adrián Godoy en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Melincué.

El fiscal Julián Cochero representó al MPA en el debate. Luego de la lectura de la sentencia, indicó que “si bien valoramos la sentencia condenatoria, analizaremos los fundamentos del tribunal para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”.

Por otro lado, el fiscal destacó que “tal como lo solicitamos en nuestros alegatos, se dispuso que el autor de los ilícitos continúe en prisión preventiva hasta que el fallo adquiera firmeza”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de dos integrantes de su entorno familiar durante la infancia y la adolescencia de las víctimas”, sostuvo el fiscal Cochero.

A su vez, el funcionario del MPA precisó que “el hombre de iniciales MIC cometió la mayoría de los ilícitos en su vivienda”, y detalló que “solía aprovechar momentos en que se quedaba a cargo de cuidar a las niñas y reuniones familiares en las que coincidían”. Además, puntualizó que “el hombre abusó de una de las víctimas en un automóvil y en la casa en la que ella residía”. 

 Al condenado se le impuso la pena a 16 años de prisión como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos delitos agravados por la guarda.

El nombre y apellido del condenado se omiten para preservar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización.

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales como EOL, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abuso sexual contra una niña en la localidad de Sancti Spiritu, departamento General López.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez y dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. Según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación, el imputado era, al momento de los hechos investigados, la pareja de la madre de la víctima.

El fiscal valoró la resolución judicial y señaló que “la magistrada avaló nuestro pedido aunque la Defensa se opuso”. Además, sostuvo que “los riesgos procesales estaban latentes y sólo podían ser neutralizados con la prisión preventiva”.

De acuerdo con la atribución fiscal, los abusos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, en una vivienda donde residía el grupo familiar.

Menéndez indicó que, al momento de los hechos, la víctima transitaba su escolaridad primaria. En ese contexto, señaló que el hombre investigado habría aprovechado el rol de autoridad que tenía frente a la niña, quien solía quedar bajo su cuidado.

“El imputado aprovechaba momentos en los que las otras personas que vivían con ellos estaban durmiendo o fuera del domicilio”, detalló el fiscal.

Al hombre se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda y contra una víctima menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

La causa continuará su trámite judicial mientras avanza la investigación penal.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Venado Tuerto, detuvo a un hombre de 36 años en el marco de una investigación por abuso sexual simple agravado.La causa es tramitada por el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, con intervención de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.La investigación se inició a partir de una denuncia en la que se puso en conocimiento un presunto hecho de abuso sexual que habría tenido como víctima a una niña de 11 años.

En el marco de las medidas dispuestas por la fiscal interviniente y tras las tareas investigativas correspondientes, se ordenó la detención del investigado.Por tal motivo, personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, con colaboración de efectivos de la PDI Operativa, llevó adelante el procedimiento, concretando la detención del hombre, quien fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

Un hombre de 33 años (del cual se reserva el nombre para evitar la revictimización de la denunciante) de la localidad de Hughes fue condenado a 9 años y seis meses de prisión tras aceptar en un juicio abreviado la responsabilidad por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones y violación de domicilio cometidos contra su ex pareja. La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero.

Crimen y denuncia

La víctima realizó la denuncia el 24 de octubre de 2024, detallando una serie de agresiones físicas y sexuales que habrían ocurrido de manera reiterada durante aproximadamente dos meses.

Según consta en la investigación fiscal, el acusado la habría maltratado golpeándola, mordiéndola, quemándole con un encendedor y profiriéndole amenazas en múltiples oportunidades. En uno de los hechos descriptos, le habría “clavado una lapicera en el pulgar izquierdo”, en otro “propinado un cabezazo que le provocó la ruptura del labio”.

Además, en un hecho que agrava la acusación, el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima en Hughes y, siempre según la imputación, la obligó a mantener relaciones sexuales, lo que fue calificado penalmente como abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio en concurso ideal.

El marco legal de la acusación

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa condujo a la presentación de un procedimiento abreviado, en el cual las partes convinieron la calificación de los hechos y la pena a imponer.

La fiscalía califica los ilícitos como:

Ante ello, el fiscal solicitó una pena de 9 años y seis meses de prisión, la cual fue aceptada y avalada por el tribunal en el marco del juicio abreviado.

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija adolescente en Venado Tuerto. Así fue dispuesto por un tribunal integrado por las juezas Silvina Marinucci, Mariana Vidal y Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que finalizó este jueves en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. En relación con lo dispuesto, valoró que “se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y se ordenó una pena cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

La funcionaria del MPA sostuvo que “el condenado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades en 2023”, y especificó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de su escolaridad secundaria”.

Vuletic planteó que “los ilícitos fueron cometidos en una casa en la que residía el padre de la adolescente”, y mencionó que “ella vive en otra localidad y solía ir a Venado Tuerto para visitarlo a él”.

En tanto, la fiscal subrayó que “durante los abusos, el condenado amedrentaba a la víctima con un cuchillo”. Asimismo, manifestó que “para instarla a guardar silencio sobre sus padecimientos, la amenazaba con hacerles daño a ella o a su madre”.

Con todo, la fiscal destacó que “alrededor de dos meses después de los hechos delictivos, la adolescente pudo contarle a su madre lo que había sucedido”. En tal sentido, indicó que “al enterarse, la mujer radicó de inmediato la denuncia que dio origen a la investigación”.

El padre de la víctima fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por ser ascendiente de la víctima y por el empleo de arma).

Identidad

El condenado tiene 48 años y sus iniciales son OJC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

El máximo tribunal santafesino resolvió el 26 de marzo de 2026 rechazar la queja presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba revertir la absolución dictada en segunda instancia.

De esta manera, la Corte de la Provincia de Santa Fe dejó firme la decisión adoptada el 2 de julio de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había revocado la condena de siete años de prisión por abuso sexual impuesta en primera instancia. Solo quedaría abierta la posibilidad de un recurso extraordinario federal.

El eje del fallo: la inimputabilidadEl punto central del caso radica en la capacidad del imputado, Jesús Stabile, para comprender la criminalidad de sus actos.

La Cámara había determinado, en base a informes de la Junta Especial de Salud Mental, que el joven presenta una discapacidad con una edad mental estimada entre 7 y 9 años, lo que le impediría entender plenamente el carácter delictivo del hecho.

La Corte consideró que esa conclusión estuvo debidamente fundada en la prueba producida, incluyendo evaluaciones interdisciplinarias, testimonios y antecedentes personales, descartando arbitrariedad en el fallo.

Los argumentos de la FiscalíaEl MPA cuestionó la resolución de Cámara al sostener que:

Sin embargo, el máximo tribunal entendió que estos planteos reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y no configuraban una violación constitucional que habilitara su intervención.

La postura de la CorteEn su resolución, la Corte sostuvo que:

Además, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen medidas de seguridad u otras intervenciones en ámbitos civiles.

Cómo se originó la causaEl hecho ocurrió el 3 de febrero de 2021 en Maggiolo, cuando el acusado fue denunciado por abusar sexualmente de una familiar en su domicilio.

En febrero de 2025, el Tribunal de Venado Tuerto lo condenó a siete años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue revertida meses después por la Cámara, que determinó su inimputabilidad.

Por Jorge Bello

"Los niños, niñas y adolescentes pueden ser tanto víctimas como victimarios de la violencia". Esta afirmación procede de la página 8 del informe "Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica: nuevos datos y soluciones", que Unicef y la Organización Panamericana de la Salud presentaron en enero de este año.

Víctima de la violencia es quien recibe los efectos, directos o indirectos, de una o más de las cinco formas de violencia que afectan hoy a los chicos. Victimario es quien aplica alguna forma de violencia a otra persona y la convierte así en su víctima. Y chicos son en esta nota todos los niños, niñas y adolescentes.

En otras palabras y por extensión, quien hoy es víctima de la violencia, mañana puede ser autor de la violencia, y así entran los dos, víctima y victimario, en el círculo vicioso infinito de la violencia. Esto es lo que está pasando. Ante la violencia, más violencia, y así sucesivamente, y no se termina nunca.

Las cinco formas de violencia, según el citado informe, son la violencia armada, la disciplina violenta, el abuso sexual, el acoso escolar y la violencia digital. Aunque afectan de manera desigual según de quién se trate y de dónde esté, estas violencias son hoy un verdadero flagelo que comprometen tanto el presente como el futuro inmediato de la persona y de su comunidad.

A estas cinco formas de violencia, en nuestro medio se les debería agregar la violencia ejercida por perros contra niños. Se trata de perros que ya se sabe que son agresivos, capaces de provocar lesiones graves, mutilaciones e incluso la muerte de la víctima. No son perros callejeros, sino que están a cargo de un adulto. No sería difícil erradicar esta forma de violencia contra la infancia.

Esta forma de violencia ocasionada por un perro permite ver quién es en realidad el responsable, aunque indirecto, de la violencia. En efecto, un hecho violento cualquiera puede ser, y de hecho suele ser, la consecuencia de una violencia anterior, o de un entorno violento.

Si no miramos también hacia esta otra violencia anterior, la consecuencia violenta volverá a repetirse una y otra vez, con los mismos o con otros autores.

Volvamos al informe. Este documento parte del derecho que tienen todos los chicos de "crecer libres de miedo, negligencia y violencia" y continúa con la exposición de la realidad, tanto en texto como en gráficos, de las cinco formas de violencia por separado. Argentina está presente en este informe, y lo está en posiciones variables que no son ni las mejores ni las peores de América Latina.

Es decir, sin ser el mejor ni el peor, el país está inmerso en una realidad de violencias inexcusables a las cuales hay que ponerles remedio. El remedio no es más violencia. El informe propone soluciones pacíficas para cada una de las cinco formas de violencia, y por último hace un llamamiento a la acción, en el cual también propone qué se puede hacer.

En este contexto de buscar soluciones, la escuela tiene un papel decisivo mediante la capacitación de los docentes, y luego la formación de los alumnos. Debe haber lugar para el diálogo, y el diálogo debe ser abierto, y en cada barrio según su realidad. Y no como una sesión única o una serie de clases o reuniones ocasionales, sino incorporando el tema de la violencia en el currículum escolar.

El informe continúa y propone actividades de barrio, promovidas por el propio barrio, para comprometer al conjunto de la comunidad. Este compromiso cuenta con que los vecinos saben, o sospechan, qué pasa acá y allá, y entonces entre todos pueden ver qué hacer puesto que saben quién es quién, y qué hace.

El dibujo que ilustra esta nota, que procede del informe que comento, resulta elocuente, habla por sí mismo. Denuncia la forma de actuar de quienes originan la violencia sin comprometerse en hechos violentos de manera directa, y lo hacen con argumentos que son tentadores para los chicos.

El dibujo dice que uno puede cometer el delito, sí, pero hay otro que es todavía más culpable. Ese otro puede ser alguien, una persona, o puede ser todo un entorno, todo un barrio sin más alternativas que la violencia, o sin más cultura, tradición y costumbres que pensar y actuar con violencia. Entonces, hay que ofrecer otras alternativas.

Este dibujo también está diciendo que un chico es más vulnerable al mensaje trampa, y que por tanto caerá más fácil e ingenuo en esa trampa. Este argumento refuerza la importancia de la escuela y de los clubes y asociaciones de barrio cuando se trata de ofrecer formación para no caer en la trampa, que es un pozo del cual es difícil salir.

Pero para poder ofrecerles alternativas a los chicos que no las tienen, hay que prescindir de la violencia institucional. La autoridad que hoy nos gobierna sale corriendo para abrazar al más violento y acepta sus postulados violentos, pero esos postulados violentos no son propios de los argentinos. Y nos hacen mucho daño.

No me vengan a ofrecer la alternativa de un arma, es decir, de la violencia, con el argumento de que así seremos más fuertes. Menos aún si, en la institución más importante del país, la que nos representa a todos, afirma con histriónica violencia que "me encanta hacerlos llorar".

Así no vale. Nadie quiere que el país se ponga a los pies del más violento ni que le digan que "la justicia social es un robo".

Hay que prescindir de esta violencia oficial y entender que el país necesita una cultura de paz y de concordia entre todos, sin excepción, para frenar la espiral en la que nos han metido. Las distintas formas de violencia que reciben los chicos son lo que alimenta la violencia que ejercen más tarde, o al mismo tiempo. Víctima y victimario pueden ser así las dos caras de una misma moneda.

A poco de comenzar el conflicto actual de Oriente Medio, las fuerzas amigas de nuestro presidente bombardearon una escuela y mataron a maestros y a decenas de chicos. Esto no trajo paz, sino más conflicto. El diario Teheran Times publicó, en portada, la lista con foto de todos los chicos que murieron en este ataque. "Trump, miralos a los ojos", dice el titular.

Varios medios internacionales, incluyendo la NCC y The New York Times, investigaron el origen del misil, y ya lo saben, y lo dicen en voz alta, pero Estados Unidos lo niega todo. En los siguientes bombardeos, los muertes infantiles y adolescentes ya se contaban por centenares.

El presidente argentino apoya y aplaude la guerra, y de ella espera obtener beneficios económicos, y tal vez políticos y personales. Nosotros no.

La violencia, incluso verborrágica, lleva a más violencia, y yo no quiero un país con las manos manchadas de sangre ni parado sobre los restos de su población. Quiero un país donde todos los chicos puedan ver delante de sus ojos un futuro interesante, sano y seguro.

Y hay que ver bien qué te ofrecen con la promesa de un mundo mejor porque puede ser que sea una trampa.

Por Ana Inés Dobal

En el marco de una investigación por grooming en concurso real con producción de material de abuso sexual infantil, personal de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre en la ciudad de Rufino.

El procedimiento fue llevado adelante el jueves 19 de febrero de 2026 por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región 2, que concretó un allanamiento con resultado positivo.

La causa es tramitada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Agustina Fertitta. La investigación se inició a partir de tareas que permitieron detectar maniobras vinculadas a la captación de menores a través de medios digitales.

Con las pruebas reunidas, la jueza penal de Rufino, Lorena Garini, ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Manuel Roca al 500. En el lugar fue detenido M. A. G., de 36 años, programador informático, quien según la investigación operaba desde su vivienda para captar a las víctimas.

Durante la requisa se secuestraron múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular, una notebook y distintos soportes de almacenamiento digital, que serán sometidos a peritajes específicos.

Por disposición de la fiscal, el imputado fue trasladado a la ciudad de Rosario en calidad de detenido, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la causa.

La investigación continúa bajo estricta reserva, en una causa que generó fuerte repercusión en la comunidad local.

Un joven de 22 años, identificado como Eric C., fue imputado formalmente y quedó en prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras ser denunciado por una adolescente de 17 años, oriunda de San Eduardo.

La audiencia imputativa se llevó a cabo este miércoles en los tribunales de Venado Tuerto, donde la fiscal Débora Valentín, del Ministerio Público de la Acusación, expuso los hechos que se investigan en el marco de una causa penal en etapa preliminar.

Relato de la víctima

Según consta en la denuncia, el episodio tuvo lugar en horas de la madrugada del 8 de febrero, alrededor de las 7 de la mañana, en el domicilio de la víctima, ubicado en la localidad de San Eduardo.

La joven relató que, tras asistir a una fiesta junto a su madre y un grupo de amigos —entre ellos el acusado—, Eric. C. fue invitado a pernoctar en su vivienda debido a que había consumido bebidas alcohólicas. Durante la noche, se acostaron en la misma habitación, ella en su cama y él en un colchón en el piso.

Horas más tarde, mientras dormía, la víctima asegura haberse despertado al sentir que era abusada. Al reaccionar, reconoció al joven sobre su cuerpo y, según su relato, le pidió que se apartara. Sin embargo, el acusado habría ejercido fuerza sobre su cabello y caderas para impedir que se moviera. Finalmente, logró liberarse, se dirigió al baño y dio aviso a su pareja, quien se trasladó desde Venado Tuerto al enterarse de lo sucedido.

La víctima manifestó que Eric negó los hechos y alegó que "no recordaba" haber hecho nada. Sin embargo, la joven decidió radicar la denuncia ese mismo día y presentó como evidencia la ropa que llevaba puesta durante el presunto abuso.

Calificación legal

La fiscal Valentín calificó provisoriamente los hechos bajo la figura penal de abuso sexual con acceso carnal, delito que prevé penas de prisión efectiva.

Durante la audiencia, el joven acusado fue representado por la abogada defensora Silvia Cousselo. La investigación continúa en etapa de instrucción penal preparatoria, con medidas en curso que incluirían pericias médicas, análisis forenses y la toma de declaraciones testimoniales.

La joven denunciante expresó que conocía a Eric desde los 13 años y que mantenían una relación amistosa. Aseguró también que actualmente se encuentra en pareja desde hace tres años.

La denuncia de una chica de 16 años que veraneaba con su familia activó un fuerte operativo judicial en Miramar, en pleno arranque de la temporada de febrero.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, la adolescente estaba con un amigo en la zona de playa y fue interceptada por un hombre que actuó solo. Siempre de acuerdo con la denuncia, el agresor los amenazó con un arma blanca, redujo al chico y atacó sexualmente a la menor.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure. Con el testimonio del joven que la acompañaba como eje, los investigadores procuran cerrar una descripción física que permita identificar al sospechoso, señalado como un hombre de menos de 40 años.

En las horas posteriores se montó un despliegue policial en el corredor costero y alrededores, con patrullajes visibles y tareas de búsqueda más discretas entre la gente que sigue yendo y viniendo por la rambla.

Parte del trabajo se concentra en el relevamiento de cámaras públicas y privadas, una herramienta clave pero con límites: no todas cubren el área completa y las condiciones de iluminación complican algunos tramos.

En paralelo, tanto el ámbito judicial como el municipio mantuvieron un perfil bajo ante la prensa. Desde la comuna indicaron que pusieron a disposición recursos, en especial las imágenes del centro de monitoreo local, mientras avanza el análisis.

El caso se filtró rápido en conversaciones de vereda, en grupos de padres y en la sobremesa de los turistas. En una ciudad que vive la temporada a pleno, el golpe fue doble: por la gravedad del hecho y por la sensación de vulnerabilidad en un sector que muchos describen como “tranquilo” incluso de noche.

Se notó, también, un cambio de chip. Más reparos para dejar salir a chicos y chicas, más miradas a la hora de cruzar hacia la arena, más llamados para “volvé apenas salgas”. Cautela pura, sin vueltas.

El episodio ocurre a pocos días de una fecha cargada para la ciudad y para el partido de General Alvarado: se cumplen 25 años del crimen de Natalia Melmann, por el que cada verano se realizan actos de pedido de justicia. En ese contexto, el nuevo caso reabre temores y refuerza el reclamo de respuestas rápidas.

Por estas horas, la prioridad es una sola: identificar al agresor y detenerlo. La causa sigue bajo reserva mientras se procesan testimonios, registros de cámaras y cualquier dato que permita ponerle nombre y rostro al sospechoso.