Un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales GSO, recibió una condena de 12 años de prisión efectiva tras comprobarse su responsabilidad en graves delitos contra la integridad sexual y violencia de género. La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Rufino. La investigación, que permitió esclarecer los hechos y lograr la condena, fue liderada por la fiscal Rafaela Florit, quien representó al Ministerio Público de la Acusación durante todo el proceso judicial.

Según detalló la fiscal Rafaela Florit, los abusos sexuales fueron perpetrados de manera reiterada entre junio de 2017 y octubre de 2024. El condenado aprovechó la convivencia en la vivienda que compartía con la familia para cometer los ilícitos. La funcionaria judicial subrayó que el agresor se valió de su posición de poder y autoridad sobre la menor para vulnerar su integridad de forma sistemática. Estos actos fueron calificados legalmente como abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos agravados por la guarda y la convivencia.

Además de los abusos contra la menor, el fallo contempló la violencia ejercida contra la madre de la niña. El 13 de octubre de 2024, el hombre protagonizó un episodio de extrema violencia tras una discusión. En esa oportunidad, amenazó de muerte a su pareja para evitar que lo denunciara y posteriormente le propinó golpes en el rostro. Por estos hechos, fue condenado por amenazas simples y lesiones leves dolosas, agravadas por el vínculo y la violencia de género. También se le sumó el delito de desobediencia judicial.

Durante la audiencia de juicio abreviado, el imputado admitió expresamente su culpabilidad en todos los hechos atribuidos por la Fiscalía. Junto a su defensa técnica, manifestó su conformidad con la calificación legal y la pena impuesta por la magistrada. La fiscal Rafaela Florit confirmó que la víctima mayor de edad fue debidamente informada sobre los alcances de la resolución judicial y expresó su acuerdo con el veredicto, tanto por los ataques que ella misma sufrió como por los delitos cometidos contra su hija menor de edad.

Es importante destacar que, para preservar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización, las autoridades judiciales han decidido no difundir el nombre completo ni el apellido del condenado. Este caso pone de manifiesto la importancia de las denuncias en contextos de violencia intrafamiliar y el trabajo de las instituciones para garantizar justicia en situaciones de vulnerabilidad. La sentencia de 12 años de prisión representa un paso fundamental en la protección de los derechos de las víctimas y la sanción de los delitos de género en la región.

Un hombre de 24 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente de su entorno en la localidad de San Gregorio.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizado en los tribunales de Rufino.

La fiscal Rafaela Florit estuvo a cargo de la investigación y es quien representó al MPA en la audiencia en la que se ordenó la condena.

Florit señaló que “desde una fecha que no se pudo determinar con exactitud hasta mediados del año pasado, el condenado agredió sexualmente a una adolescente en reiteradas oportunidades”, y puntualizó que “los hechos delictivos tuvieron lugar en una casa en la que ambos convivían con otras personas”.

La funcionaria del MPA sostuvo que “el condenado cometió los ilícitos de madrugada, en momentos en los que no había nadie cerca para advertir lo sucedido y socorrer a la víctima”. Al respecto, agregó que “el atacante solía enviarle mensajes de WhatsApp mediante los que pretendía obtener consentimiento para realizar prácticas sexuales y, si ella lo rechazaba o no le contestaba, la abusaba momentos después”.

“La víctima logró hablar acerca de lo sucedido con una amiga suya, quien se lo comunicó de inmediato a la madre de la víctima”, valoró Florit. “Al enterarse, la mujer acompañó a su hija hasta una dependencia policial en la que realizaron la denuncia que dio origen a la investigación penal”, concluyó.

El condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos agravados (por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia con la víctima, quien es menor de 18 años).

Junto con su abogado defensor, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

En tanto, la madre y el padre de la víctima fueron informados y manifestaron su acuerdo con lo dispuesto.

Identidad

Las iniciales del hombre de 24 años son AJA. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la adolescente que sufrió los ilícitos.

El juicio oral y público contra Walter Andrés M., quien se desempeñaba como responsable de la oficina de Anses de Villa Cañás, comenzó este martes en los Tribunales de Venado Tuerto. El Ministerio Público de la Acusación lo acusa de haber cometido un abuso sexual simple contra una mujer que había concurrido a la dependencia estatal para realizar un trámite vinculado a una beca estudiantil.

La jueza Andrea Cavallero interviene como tribunal unipersonal. La investigación fue iniciada por la fiscal Mayra Vuletic y continuada posteriormente por la fiscal Luciana Del Grecco, de la Fiscalía de Venado Tuerto.

La acusación fiscal

Según la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación, el episodio investigado ocurrió el 9 de marzo de 2023 en la oficina de Anses de Villa Cañás, cuando Walter M. estaba a cargo de la dependencia.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el ex jefe de la repartición (sigue siendo empleado) habría convocado a la denunciante fuera del horario habitual de atención para avanzar con un trámite relacionado con una beca estudiantil correspondiente a su hijo.

La Fiscalía sostiene que, durante ese encuentro, se produjo una situación que fue encuadrada legalmente como abuso sexual simple y que habría ocurrido en un contexto de violencia de género.

La denuncia y la investigación

La denuncia fue realizada por la mujer en mayo de 2023 ante personal policial especializado de Villa Cañás, según consta en el expediente judicial.

En su declaración, explicó que había iniciado gestiones en la oficina de Anses y que conocía previamente a Walter M. por tratarse de una persona de la localidad con quien había tenido contactos ocasionales.

A partir de esa presentación se inició la investigación penal que derivó en la imputación del ex jefe de la oficina local del organismo nacional.

Pedido de pena

En la acusación formal, la fiscal Luciana Del Grecco atribuyó a Walter M. la presunta comisión del delito de abuso sexual simple en calidad de autor.

Por ese motivo, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una condena de tres años de prisión y una inhabilitación especial por el mismo período.

Continúa el debate oral

Durante las audiencias, las partes expondrán sus pruebas y argumentos ante la jueza Andrea Cavallero, quien deberá resolver si la acusación fiscal logra ser acreditada en el marco del juicio.

Hasta que exista una sentencia firme, el imputado conserva el principio constitucional de inocencia.

El juicio oral desarrollado en los tribunales de Melincué contra L. A. V. concluyó este jueves con una condena a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por hechos de abuso sexual cometidos contra su hijo cuando era menor de edad.

La resolución fue conocida luego del debate en el que intervino el fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N° 8, quien sostuvo la acusación durante el proceso y en sus alegatos había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva.

La condena

El tribunal declaró a L. A. V. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser ascendiente de la víctima, y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con el menor de 18 años, reiterado en una cantidad indeterminada de oportunidades.

A partir de esa calificación, los jueces fijaron una pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva, además de las accesorias legales y las costas correspondientes.

El fallo también establece que, oportunamente, se deberá proceder al encarcelamiento ordinario del condenado en una unidad penitenciaria provincial, donde quedará a disposición del Colegio de Jueces correspondiente y deberá recibir el tratamiento progresivo de resocialización previsto por la normativa vigente.

La acusación sostenida por Cochero

Durante el juicio, el fiscal Julián Cochero sostuvo que los abusos comenzaron cuando la víctima era menor de edad y convivía con sus padres en Rosario. Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su hijo para someterlo sexualmente.

La acusación planteó que posteriormente la familia se trasladó a Bombal y que los episodios denunciados continuaron durante un período prolongado. Sobre esa base, Cochero llevó el caso a juicio y reclamó una condena de 16 años de prisión efectiva.

Al fundamentar su pedido, el representante del Ministerio Público de la Acusación tuvo en cuenta el vínculo existente entre el acusado y la víctima, la reiteración de las conductas y las consecuencias psicológicas atribuidas a los hechos.

Parte de los hechos fueron declarados prescriptos

El tribunal hizo lugar parcialmente a un planteo de la defensa y declaró prescriptos los hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado atribuidos entre los años 2005 y 2007. Como consecuencia de esa decisión, dispuso el sobreseimiento de L. A. V. respecto de esos episodios.

También fue declarado prescripto el hecho atribuido como amenazas agravadas. Se trataba de un episodio que la Fiscalía había situado en febrero de 2019 en Bombal, cuando, de acuerdo con la acusación, la víctima manifestó que revelaría los abusos sufridos.

Estas decisiones no alcanzaron a los restantes hechos que llegaron al debate y por los cuales finalmente se estableció la responsabilidad penal del acusado.

El cierre del proceso en Melincué

Además de la pena de prisión, la sentencia dispone que, una vez firme, se realicen los exámenes destinados a obtener la identificación genética del condenado y su posterior inscripción en el registro correspondiente.

El tribunal también ordenó comunicar distintas medidas derivadas de la sentencia a los registros correspondientes y dispuso expresamente que la resolución sea notificada a la víctima.

Este jueves se conocerá el veredicto en el juicio oral que tiene como acusado a Leonardo Adrián V. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y amenazas. El proceso se desarrolla en los tribunales de Melincué y llega a su instancia de resolución luego de la presentación de los alegatos.

La acusación está a cargo del fiscal Julián Cochero, quien solicitó al tribunal que el imputado sea condenado a 16 años de prisión efectiva. El pedido fue formulado al finalizar la etapa de producción de pruebas y luego de que durante las audiencias se expusieran los distintos elementos incorporados a la causa.

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos habrían comenzado cuando la víctima era menor de edad y residía junto a su familia en la ciudad de Rosario. Los hechos, según la hipótesis presentada ante el tribunal, se habrían mantenido durante un período prolongado.

Posteriormente, la familia se trasladó a la localidad de Bombal. La Fiscalía sostiene que, pese al cambio de residencia, las situaciones denunciadas continuaron, motivo por el cual Cochero planteó durante el debate la existencia de una reiteración de los hechos.

Dentro de la causa también fue incorporado un episodio ocurrido en febrero de 2019. Según la acusación, en esa oportunidad el imputado habría amenazado de muerte a la víctima utilizando un cuchillo, luego de que esta manifestara su intención de contar lo que estaba sucediendo.

Expectativa

A partir de los hechos expuestos durante el debate, el representante del Ministerio Público de la Acusación atribuyó a Leonardo Adrián V. los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y amenazas, encuadre legal sobre el cual formuló su pedido de condena.

Durante el juicio fueron analizadas las pruebas reunidas en la causa y escuchadas las distintas intervenciones previstas en el proceso oral. Concluida esa etapa y presentadas las posiciones de la acusación y la defensa, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto por el tribunal.

La causa tuvo su origen a partir de la denuncia de los hechos y posteriormente avanzó a través de las distintas etapas del proceso penal hasta llegar al debate oral. Allí se incorporaron los elementos que ahora deberán ser evaluados por los jueces para determinar la responsabilidad penal del acusado.

El juicio oral llevado adelante en los tribunales de Melincué llegó a su etapa final y la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva para un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hijo durante un prolongado período. Los hechos investigados habrían ocurrido primero en Rosario y luego en la localidad santafesina de Bombal.

El pedido fue formulado por el fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N° 8, quien intervino en el debate contra Leonardo Adrián V., acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y de amenazas.

La acusación contra el hombre

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos habrían comenzado cuando la víctima era menor de edad y convivía con sus padres en la ciudad de Rosario.

La Fiscalía sostuvo que el acusado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con su hijo para someterlo sexualmente. La situación, según la investigación, se habría reiterado durante años.

Posteriormente, cuando la familia se trasladó a Bombal, en el departamento Constitución, los episodios denunciados habrían continuado.

La acusación sostiene que las agresiones se produjeron en un contexto de amenazas y sometimiento, una circunstancia que fue considerada por el Ministerio Público de la Acusación al momento de fundamentar el pedido de pena.

Una amenaza con un cuchillo

Entre los hechos incluidos en la acusación también figura un episodio ocurrido en febrero de 2019 en Bombal.

Según la Fiscalía, cuando la víctima manifestó su intención de contar los abusos que había padecido, el acusado habría tomado un cuchillo, se lo habría colocado en el cuello y lo habría amenazado de muerte.

El episodio fue incorporado al proceso judicial como parte de las amenazas atribuidas al imputado.

El pedido de la Fiscalía

Al momento de los alegatos, el fiscal Julián Cochero solicitó que Leonardo Adrián V. sea condenado a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Para fundamentar el monto de la pena, la acusación tuvo en cuenta las pautas contempladas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, además del vínculo entre el acusado y la víctima, la prolongación de los hechos investigados y las consecuencias psicológicas que, según la Fiscalía, produjo la situación denunciada.

El Ministerio Público de la Acusación remarcó especialmente que los hechos habrían ocurrido durante un extenso período y dentro de una relación familiar y de convivencia.

El procurador general interino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció a favor de hacer lugar al recurso de queja presentado por un joven integrante de la etnia wichi, y solicitó dejar sin efecto la condena a siete años de prisión que le había sido impuesta por abuso sexual con acceso carnal.

En un pronunciamiento de alto impacto jurídico, el funcionario dictaminó que el Superior Tribunal de Justicia de Chaco omitió analizar el principio de culpabilidad, el "error de prohibición" y las severas barreras idiomáticas y culturales. Advirtió que se vulneraron garantías constitucionales al rechazar peritajes antropológicos e inspecciones en el territorio.

Según recoge el sitio especializado Palabras del Derecho, el fallo de origen, dictado por la Cámara Multifueros unipersonal de la VI Circunscripción Judicial de Chaco y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia en abril de 2022, había considerado al acusado culpable de convivir y mantener relaciones sexuales con una niña de 11 años.

Sin embargo, la Procuración General consideró que la sentencia cuestionada adolece de una "fundamentación sólo aparente" y arbitrariedad, al haber soslayado de manera dogmática los planteos centrales de la defensa orientados a determinar si el imputado actuó bajo un error "invencible", condicionado por las pautas socioculturales de su comunidad originaria.

Las actuaciones judiciales se iniciaron tras la denuncia de la médica directora del puesto sanitario de Miraflores. La profesional citó a la niña al tomar conocimiento de la convivencia y, cuando la menor concurrió acompañada por F. (el joven que luego sería acusado), le colocó un implante anticonceptivo subdérmico.

En ese ámbito, el propio joven expresó con absoluta naturalidad que convivían con el pleno consentimiento y conocimiento de las familias de ambos.

Los informes socioambientales y psicológicos incorporados al legajo revelaron un escenario de extrema vulnerabilidad, marginación, analfabetismo y aislamiento social. F. residía en una choza de adobe, palos y paja, dentro de un predio donde cohabitaban varias familias interrelacionadas por parentesco; la madre de la niña convivía en concubinato con el padre del acusado.

Asimismo, los peritajes hicieron hincapié en la profunda barrera idiomática -el acusado no dominaba el idioma español- y en que, al ser entrevistado mediante intérprete, manifestó desconocer la edad de la niña.

Explicó que en la cultura wichi no se inquiere sobre las edades ni aspectos íntimos, sino que las relaciones se entablan por mutuo acuerdo y apreciación visual externa.

Los profesionales de la salud mental advirtieron expresamente que el imputado "no tendría incorporadas las normas jurídicas culturalmente establecidas" y que no comprendía que conductas naturalizadas en su etnia constituyeran delitos penalizados por el Estado nacional.

En su dictamen, Casal remarcó que la defensa solicitó desde la instrucción la eximición de responsabilidad (artículo 34 del Código Penal) fundada en un "error de prohibición invencible", producto de una socialización atípica. Sin embargo, los tribunales chaqueños rechazaron analizar si el procesado tuvo la posibilidad real de conocer la ilicitud del acto o de ajustar su conducta a la ley penal.

Casal aclaró que la defensa no pretendió poner los usos y costumbres indígenas por encima de la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres, sino verificar el principio constitucional de culpabilidad: no se puede sancionar penalmente a quien no tuvo la capacidad o posibilidad efectiva de comprender la criminalidad de su acto.

El procurador criticó duramente que los jueces provinciales rechazaran los planteos alegando meramente que "cualquier persona mínimamente socializada sabe que mantener relaciones sexuales con un menor está prohibido" o deduciendo conocimientos por el hecho de ser hermanastros.

Para el jefe de los fiscales, el tribunal resolvió con base en la experiencia de su propio contexto social urbano, sin precisar los parámetros del pretendido "grado de socialización" ni relacionarlo con la realidad del imputado.

Un aspecto central del dictamen radica en la severa restricción probatoria sufrida por el imputado. Durante el proceso, la defensa requirió un peritaje antropológico-sociológico para comprender el grado de penetración de las pautas culturales y una inspección ocular del tribunal en el territorio para constatar el aislamiento extremo del paraje.

Ambas medidas fueron denegadas: la primera, argumentando insólitamente que el Poder Judicial chaqueño no contaba con peritos antropólogos en su plantilla; la segunda, por considerarla "impertinente".

Casal tildó de inaceptables estas excusas. Indicó que el tribunal debió convocar a especialistas de universidades u otras jurisdicciones, recordando que en Chaco casi el 5% de la población se reconoce indígena u originaria y que la etnia wichi es una de las más numerosas del país según el Censo 2022.

Asimismo, remarcó que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigen expresamente el uso de peritajes antropológicos y visitas in situ para garantizar la igualdad material ante la ley.

Finalmente, el dictamen censuró la determinación de la pena de 7 años de prisión. La justicia provincial se había limitado a calificar al acusado como "un hombre joven, jornalero y con estudios primarios incompletos", omitiendo todo análisis sobre el impacto del desarraigo y la privación de la libertad en una persona indígena.

Casal recordó la doctrina internacional que impone a los Estados la obligación de garantizar la excepcionalidad de la prisión preventiva y de la pena privativa de la libertad para integrantes de comunidades originarias, priorizando medidas alternativas para evitar un sufrimiento desproporcionado y un impacto cultural regresivo.

Por todo ello, el Procurador General concluyó que el Superior Tribunal de Chaco incumplió el estándar de "revisión amplia e integral de la condena" (doctrina del fallo Casal de la CSJN y art. 8.2.h de la CADH), recomendando a la Corte Suprema declarar procedente la queja, anular la sentencia y ordenar la redacción de un nuevo fallo ajustado a derecho.

Fallo de la Corte by El Litoral

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos integrantes de su entorno familiar en Santo Tomé (departamento La Capital). Así lo resolvió la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano representó al MPA en el debate. En tal sentido, tras conocer el veredicto, indicó que “si bien valoramos el resultado condenatorio, aguardaremos los fundamentos del fallo para analizarlos y evaluar los pasos a seguir”.

Abusos reiterados

Giordano afirmó que “el condenado primero abusó de un hijo de su pareja y, años más tarde, vulneró también la integridad sexual de su propia hija, quien es hermana de la otra víctima por parte de madre”.

“En ambos casos, los hechos delictivos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en viviendas en las que residió el grupo familiar en Santo Tomé”, sostuvo la fiscal. “Si bien el hijo de la pareja del condenado actualmente es mayor de edad, las dos víctimas sufrieron los ilícitos en la época en la que cada una transitaba su escolaridad primaria”, agregó.

Delitos

Al condenado se le impuso la pena a 12 años de prisión como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

Identidad

Las iniciales del hombre de 36 años son MJDF. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

La Justicia condenó a nueve años de prisión a Fabián Alejandro Suárez, un hombre de 34 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando la víctima era una niña, en la ciudad de Venado Tuerto.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Belén Vidal, luego del juicio oral y público que comenzó el 23 de julio y en el que Suárez fue juzgado por hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Débora Valentín, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mauro Javier Blanco.

Los hechos investigados

Según sostuvo la Fiscalía durante el debate, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de seis años y se habrían producido en una cantidad indeterminada de oportunidades.

La acusación planteó que Suárez se aprovechaba del vínculo familiar y de la confianza generada en situaciones en las que acompañaba a su pareja a cuidar a la niña y a su hermano.

De acuerdo con la teoría presentada por el MPA, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su sobrina para someterla a distintas conductas de contenido sexual.

La Fiscalía también describió otros episodios en los que Suárez llevaba a la niña hasta otro domicilio mediante diferentes excusas y allí continuaban los abusos.

El planteo de la Fiscalía

Durante su alegato de apertura, Valentín sostuvo que la prueba permitiría acreditar que el acusado actuó aprovechándose de la confianza y de las circunstancias de cuidado de la niña.

Para la representante del MPA, las conductas atribuidas a Suárez fueron prematuras e impropias para la edad de la víctima y tuvieron incidencia sobre su desarrollo sexual.

La fiscal consideró que durante el proceso quedaron acreditados tanto los hechos de abuso sexual como aquellos vinculados con la promoción de la corrupción de menores.

En función de esa acusación y del cuadro probatorio presentado durante el debate, la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión.

El desarrollo del juicio

El juicio oral comenzó el 23 de julio ante un tribunal unipersonal encabezado por la jueza Vidal.

Suárez participó presencialmente desde el inicio de las audiencias y fue informado de sus derechos y de la posibilidad de declarar durante el proceso.

Cuando prestaron testimonio los padres de la víctima, el acusado fue retirado de la sala principal y siguió las declaraciones desde un espacio contiguo. Allí pudo mantener contacto con su abogado defensor y proponer preguntas para los testigos.

Durante las audiencias se incorporaron los testimonios y demás elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación.

La condena

Tras analizar las pruebas producidas durante el juicio, la magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal de Suárez.

En consecuencia, resolvió condenarlo como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

Si bien la Fiscalía había reclamado 14 años de cárcel, finalmente la jueza estableció una pena de nueve años de prisión.

De acuerdo con la parte resolutiva del fallo, las figuras penales por las que fue condenado fueron consideradas en concurso ideal.

Confirmaron en segunda instancia la condena a 11 años de prisión impuesta a un hombre por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de una mujer que era su pareja en Elortondo. El hombre condenado tiene 46 años y sus iniciales son CMM. El tribunal de la Alzada estuvo integrado por los jueces Juan Pablo Lavini Rosset, Daniel Curik y Tomás Orso.

La fiscal Susana Pepino realizó la investigación y representó al MPA en las distintas etapas del proceso judicial. Tras conocer el veredicto, valoró que “los camaristas rechazaron todos los agravios planteados por la Defensa, los cuáles estuvieron vinculados a la valoración de la prueba y al monto de la pena única dispuesta en el juicio oral”, y aclaró que “en ese momento, se ponderó que el condenado tenía un antecedente penal condenatorio”.

La funcionaria del MPA también subrayó que “los jueces de segunda instancia manifestaron que la postura defensiva carecía de perspectiva de la infancia”, y explicó que “el abogado del condenado cuestionó que la víctima haya relatado sus padecimientos con palabras y recursos propios de su edad”.

Pepino recordó que “el condenado atentó contra la integridad sexual de la víctima en la época en la que ella transitaba el primer tramo de la escuela secundaria”, y agregó que “por entonces ambos convivían con la madre de la niña en una zona rural de Elortondo”.

“El agresor abusó de la víctima en diferentes ocasiones en las que estuvieron a solas en un lugar descampado y en el domicilio en el que residían”, especificó la funcionaria del MPA. “Para evitar que la niña hablara con otras personas acerca de lo sucedido, él solía amenazarla con matarlas a ella o a su madre si alguien se enteraba”, agregó.

La condena confirmada es por la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos reiterados y calificados (por haber sido cometidos en contra de una víctima menor de 18 años, aprovechándose de la convivencia preexistente).

Identidad

El nombre y apellido del condenado no se informan para evitar la revictimización de la víctima.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 33 años, cuyas iniciales son GAP, que es investigado por el abuso sexual de una adolescente de su entorno en la localidad de San Gregorio (departamento General López). Así lo dispuso la jueza Lorena Garini, a partir de lo solicitado por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Rufino.

La funcionaria del MPA valoró que “aunque el abogado defensor del imputado se opuso, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”. Al respecto, destacó que “la magistrada tuvo en cuenta que entre las diligencias pendientes está entrevistar en cámara Gesell a la víctima, lo cual incidía especialmente en el peligro de entorpecimiento probatorio”.

En una vivienda

Florit indicó que “el imputado llevó adelante su accionar delictivo el viernes 10 de este mes alrededor de las 13:00 en una vivienda que un amigo le había prestado de buena fe”, y aclaró que “en ese momento, el propietario del inmueble no estaba allí”. Según precisó, “el investigado se había quedado a solas con la víctima, quien transita la primera parte de su escolaridad secundaria, y un bebé que es familiar de ambos”.

“El hombre de iniciales GAP se aprovechó de la circunstancia de estar a cargo de cuidar a la adolescente y la abusó sexualmente”, aseguró la fiscal.

La funcionaria del MPA también señaló que “momentos después del ilícito, la víctima logró enviarle un mensaje a una mujer de su confianza a la que le pidió ayuda, quien a su vez le avisó a otra persona de su entorno que logró que el imputado lleve a la adolescente y al bebé a otro lugar”.

“Desde que salieron del domicilio en el que estaban hasta que llegaron a destino, el hombre investigado le dijo a la víctima en reiteradas oportunidades que no debía contar nada acerca de lo sucedido porque si lo hacía, él iría preso”, remarcó Florit.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple, agravado (por la guarda).

En la jornada de este martes se llevó adelante la audiencia preliminar contra R.P.P., de 57 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina, quien al momento de los hechos tenía entre 6 y 9 años. La fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente y solicitó una condena de 17 años de prisión efectiva.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Luciana Del Grecco, de la Unidad Fiscal Venado Tuerto. Según consta en la requisitoria de acusación, la audiencia imputativa que dio inicio formal al proceso se había celebrado el 9 de septiembre de 2025, tras lo cual la fiscalía avanzó con la instrucción de la causa hasta arribar a esta instancia.

De acuerdo con la acusación, R.P.P. habría abusado sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades desde que la niña tenía 6 años hasta que cumplió los 9, aprovechando que convivía con ella y que ejercía su guarda. Los hechos habrían tenido lugar en una vivienda de Venado Tuerto entre los años 2021 y fines de 2024.

La fiscalía encuadró la conducta como “abuso sexual con acceso carnal en cantidad indeterminada de oportunidades, agravado por la convivencia con una víctima menor de 18 años y por revestir el acusado la calidad de encargado de su guarda, en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada”.

Al fundamentar el pedido de pena, la acusación sostuvo que el imputado se encontraba en condiciones de comprender el carácter ilícito de sus actos y de ajustar su conducta a esa comprensión, motivo por el cual solicitó la pena máxima prevista para el caso, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

Tras la audiencia preliminar de este martes, resta que el tribunal interviniente resuelva si la causa queda en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral y público, donde se debatirá en definitiva la responsabilidad penal del acusado.

Un médico santafesino de 40 años fue arrestado este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Región I.

El profesional es pediatra de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe y es blanco de una denuncia por el delito de abuso sexual simple.

La causa es dirigida por la fiscal Dra. Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer de 26 años, quien manifestó que el hecho habría ocurrido en su contra una semana atrás, el pasado 20 de julio, durante una consulta médica que hizo para que revisaran a su hija.

En cumplimiento de una orden dispuesta por la Fiscalía, personal de la PDI detuvo a E.A. en un domicilio ubicado en calle Pío Pandolfo al 8900 de la capital provincial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo las directivas de la fiscal interviniente.

Ornella Pazzi

Suspendieron el inicio del juicio oral y público contra Juan Martín Brussa, el oficial de policía acusado por el presunto abuso sexual de una cadete dentro del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de Recreo.

Así lo dispuso la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Santa Fe. El debate, que originalmente estaba programado para comenzar en los últimos días de julio, fue postergado debido a cuestiones de agenda del tribunal, lo que altera el cronograma previsto para la resolución del caso.

Por el momento, no existe una fecha cierta para el inicio de las audiencias. Según trascendió, el debate podría ser fijado para los próximos meses o, incluso, quedar postergado para principios de 2027. La investigación judicial comenzó en septiembre de 2024, con la denuncia de la mujer.

Tribunales de Santa Fe.

En cuanto a la situación del acusado, Brussa se encuentra en libertad mientras aguarda el inicio del juicio. Si bien en etapas anteriores del proceso se encontraba bajo prisión preventiva, actualmente cumple con medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad.

La acusación que pesa sobre Brussa se centra en lo ocurrido el 12 de septiembre de 2024 en un depósito cercano al sector de cocina del ISEP. Según la investigación fiscal, el policía habría aprovechado su función y la vulnerabilidad del entorno para realizar tocamientos contra la víctima, quien en ese momento se encontraba prestando servicios en el establecimiento.

La rápida denuncia de la cadete, realizada el mismo día del incidente tras lograr apartar al agresor, permitió la intervención inmediata de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación.

El oficial fue acusado como autor de "abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por personal policial en funciones", y la fiscalía adelantó que solicitará una condena de 8 años de prisión.

A pesar de la postergación, las partes que intervendrán en el juicio ya están definidas. El tribunal estará compuesto de forma unipersonal por la jueza Celeste Minniti. La acusación será llevada adelante por la fiscal Laura Gerard, mientras que la defensa técnica del imputado estará a cargo del abogado Franco Scali.

La jueza Minniti estará a cargo del debate oral.

Para el desarrollo del debate, se ha confirmado la citación de un total de 21 testigos. Entre los testimonios previstos se destaca el relato fundamental de la víctima, además del aporte de personal del ISEP que tuvo conocimiento de las circunstancias que rodearon el hecho en el sector de cocina.

El proceso, que originalmente debía concluir con un veredicto a finales de julio, queda ahora a la espera de una nueva disponibilidad en la agenda judicial.

Comenzó este jueves el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La fiscal Débora Valentín, solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación, los hechos se prolongaron durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la víctima con su madre como en el domicilio del propio imputado. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que Fabián Alejandro S. se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la nena —en su carácter de pareja de una tía de la víctima— para cometer los abusos.

La causa, caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima" fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero —hoy jueza— y continuada por Valentín. La imputación de cargos se formalizó el 11 de junio de 2024, con la defensa del acusado a cargo de la Dra. Silvia Couselo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron calificados como gravemente ultrajantes en atención a sus características y a la normativa vigente al momento de su comisión, previa a la reforma introducida por la Ley N° 27.352 en 2017.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía comenzó a incorporar como prueba la evidencia recabada durante la investigación, con el objetivo de acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

El debate continuará en los próximos días.

 Un hombre de 24 años cuyas iniciales son JJCG quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado por golpear y lesionar, amenazar y abusar sexualmente de la mujer que era su pareja en Rufino. Así lo dispuso la jueza Lorena Garini a raíz de un planteo formulado por la fiscal del MPA, Rafaela Florit, en una audiencia llevada a cabo ayer en los tribunales rufinenses.

“Si bien la Defensa del imputado propuso medidas alternativas a la privación cautelar de la libertad, la jueza rechazó el planteo, entendió que había riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento de que el hombre investigado quede en prisión preventiva”, valoró la fiscal.

De acuerdo con lo informado por Florit en la audiencia, el imputado tiene un antecedente penal condenatorio por delitos que también cometió en un contexto de violencia de género en perjuicio de otra mujer con quien mantuvo una relación de pareja.

Por la fuerza

“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos hace dos semanas en la vivienda que compartían el imputado y la víctima a raíz de la relación de pareja que tenían”, informó la fiscal del MPA.

Florit relató que “minutos antes de las 6 de la mañana del martes 7, mientras la víctima dormía, el hombre investigado le revisó el teléfono celular”, y agregó que “a raíz de que encontró fotos archivadas de ella con amigos y con su expareja, el imputado comenzó a agredirla verbal y físicamente”.

“A pesar de los insultos y de los golpes que estaba recibiendo, la mujer intentó calmar al imputado, pero él buscó un cuchillo tipo Tramontina y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte”, subrayó la fiscal. “Además, ese día, el hombre investigado obligó a la mujer a que lo acompañe al campo en el que él trabaja y le recriminó durante todo el día las fotos que ella tenía guardadas en su teléfono”, agregó Florit.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “al día siguiente, el imputado quiso tener relaciones sexuales con la víctima, pero ella se negó”. En tal sentido, añadió que “a él no le importó, utilizó su fuerza para imponerse, desvistió a la mujer y abusó sexualmente de ella”.

“Lo mismo ocurrió dos días después, oportunidad en la que volvió a atentar contra la integridad sexual de su pareja”, remarcó la fiscal.

Denuncia

Luego de lo ocurrido ese viernes 10, la víctima hizo la denuncia que permitió iniciar la investigación de los ilícitos. “La mujer esperó que el imputado se fuera a trabajar para ir a una sede policial donde relató lo que había tenido que padecer”, indicó la fiscal.

Florit explicó que “escuchamos a la víctima y le brindamos contención” y agregó que “el mismo viernes, rápidamente libramos la orden de detención del hombre investigado, solicitamos distintas pericias y tomamos testimonios a personas del entorno de la mujer”.

“Buscamos al imputado en la casa de su madre y en distintos lugares que frecuentaba y, finalmente, se presentó el lunes en la comisaría de Rufino, donde quedó detenido”, finalizó la fiscal.

Calificaciones penales

El imputado es investigado por la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas doblemente calificadas (por ser cometidas contra persona con la que mantuvo una relación de pareja y mediando violencia de género), amenazas calificadas (por el uso de arma) y abuso sexual con acceso carnal.

La fiscal Luciana Del Grecco, presentó la requisitoria de acusación contra un hombre de 31 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Teodelina, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia con la víctima y por su condición de encargado de su guarda. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una pena de 18 años de prisión de ejecución efectiva.

El hecho

Según la acusación, el imputado abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su ex pareja, entre 2020 y 2024, período en el que la niña tenía entre 8 y 12 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Villa Cañás, donde convivían, y en momentos en que la madre de la menor no se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con la investigación, el acusado se aprovechó de la guarda que ejercía sobre la niña para tocarla por arriba y por debajo de la ropa, obligarla a tocarlo a él, entre otros vejámenes, lo que le generó fuertes dolores físicos.

Cómo se destapó el caso

La denuncia fue radicada por una docente de la escuela a la que asistía la niña. La menor se acercó a contarle lo que estaba viviendo luego de una charla sobre bullying y ciberbullying dictada en el establecimiento educativo. En esa misma conversación, la niña relató que ya le había contado a su madre sobre los abusos, pero que esta no le había creído.

La calificación legal

La causa quedó caratulada como "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por ser encargado de la guarda" y "abuso sexual con acceso carnal", con los mismos agravantes, en concurso real de delitos. Con la presentación de la requisitoria de acusación, la Fiscalía consideró contar con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria y avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Un hombre de 45 años de iniciales MIC fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en una localidad del departamento General López. Así lo resolvieron por unanimidad las juezas Silvina Marinucci y Andrea Cavallero y el juez Adrián Godoy en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Melincué.

El fiscal Julián Cochero representó al MPA en el debate. Luego de la lectura de la sentencia, indicó que “si bien valoramos la sentencia condenatoria, analizaremos los fundamentos del tribunal para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”.

Por otro lado, el fiscal destacó que “tal como lo solicitamos en nuestros alegatos, se dispuso que el autor de los ilícitos continúe en prisión preventiva hasta que el fallo adquiera firmeza”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de dos integrantes de su entorno familiar durante la infancia y la adolescencia de las víctimas”, sostuvo el fiscal Cochero.

A su vez, el funcionario del MPA precisó que “el hombre de iniciales MIC cometió la mayoría de los ilícitos en su vivienda”, y detalló que “solía aprovechar momentos en que se quedaba a cargo de cuidar a las niñas y reuniones familiares en las que coincidían”. Además, puntualizó que “el hombre abusó de una de las víctimas en un automóvil y en la casa en la que ella residía”. 

 Al condenado se le impuso la pena a 16 años de prisión como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos delitos agravados por la guarda.

El nombre y apellido del condenado se omiten para preservar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización.

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales como EOL, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abuso sexual contra una niña en la localidad de Sancti Spiritu, departamento General López.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez y dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. Según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación, el imputado era, al momento de los hechos investigados, la pareja de la madre de la víctima.

El fiscal valoró la resolución judicial y señaló que “la magistrada avaló nuestro pedido aunque la Defensa se opuso”. Además, sostuvo que “los riesgos procesales estaban latentes y sólo podían ser neutralizados con la prisión preventiva”.

De acuerdo con la atribución fiscal, los abusos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, en una vivienda donde residía el grupo familiar.

Menéndez indicó que, al momento de los hechos, la víctima transitaba su escolaridad primaria. En ese contexto, señaló que el hombre investigado habría aprovechado el rol de autoridad que tenía frente a la niña, quien solía quedar bajo su cuidado.

“El imputado aprovechaba momentos en los que las otras personas que vivían con ellos estaban durmiendo o fuera del domicilio”, detalló el fiscal.

Al hombre se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda y contra una víctima menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

La causa continuará su trámite judicial mientras avanza la investigación penal.