Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija adolescente en Venado Tuerto. Así fue dispuesto por un tribunal integrado por las juezas Silvina Marinucci, Mariana Vidal y Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que finalizó este jueves en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. En relación con lo dispuesto, valoró que “se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y se ordenó una pena cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

La funcionaria del MPA sostuvo que “el condenado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades en 2023”, y especificó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de su escolaridad secundaria”.

Vuletic planteó que “los ilícitos fueron cometidos en una casa en la que residía el padre de la adolescente”, y mencionó que “ella vive en otra localidad y solía ir a Venado Tuerto para visitarlo a él”.

En tanto, la fiscal subrayó que “durante los abusos, el condenado amedrentaba a la víctima con un cuchillo”. Asimismo, manifestó que “para instarla a guardar silencio sobre sus padecimientos, la amenazaba con hacerles daño a ella o a su madre”.

Con todo, la fiscal destacó que “alrededor de dos meses después de los hechos delictivos, la adolescente pudo contarle a su madre lo que había sucedido”. En tal sentido, indicó que “al enterarse, la mujer radicó de inmediato la denuncia que dio origen a la investigación”.

El padre de la víctima fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por ser ascendiente de la víctima y por el empleo de arma).

Identidad

El condenado tiene 48 años y sus iniciales son OJC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

El máximo tribunal santafesino resolvió el 26 de marzo de 2026 rechazar la queja presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba revertir la absolución dictada en segunda instancia.

De esta manera, la Corte de la Provincia de Santa Fe dejó firme la decisión adoptada el 2 de julio de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había revocado la condena de siete años de prisión por abuso sexual impuesta en primera instancia. Solo quedaría abierta la posibilidad de un recurso extraordinario federal.

El eje del fallo: la inimputabilidadEl punto central del caso radica en la capacidad del imputado, Jesús Stabile, para comprender la criminalidad de sus actos.

La Cámara había determinado, en base a informes de la Junta Especial de Salud Mental, que el joven presenta una discapacidad con una edad mental estimada entre 7 y 9 años, lo que le impediría entender plenamente el carácter delictivo del hecho.

La Corte consideró que esa conclusión estuvo debidamente fundada en la prueba producida, incluyendo evaluaciones interdisciplinarias, testimonios y antecedentes personales, descartando arbitrariedad en el fallo.

Los argumentos de la FiscalíaEl MPA cuestionó la resolución de Cámara al sostener que:

Sin embargo, el máximo tribunal entendió que estos planteos reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y no configuraban una violación constitucional que habilitara su intervención.

La postura de la CorteEn su resolución, la Corte sostuvo que:

Además, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen medidas de seguridad u otras intervenciones en ámbitos civiles.

Cómo se originó la causaEl hecho ocurrió el 3 de febrero de 2021 en Maggiolo, cuando el acusado fue denunciado por abusar sexualmente de una familiar en su domicilio.

En febrero de 2025, el Tribunal de Venado Tuerto lo condenó a siete años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue revertida meses después por la Cámara, que determinó su inimputabilidad.

Por Jorge Bello

"Los niños, niñas y adolescentes pueden ser tanto víctimas como victimarios de la violencia". Esta afirmación procede de la página 8 del informe "Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica: nuevos datos y soluciones", que Unicef y la Organización Panamericana de la Salud presentaron en enero de este año.

Víctima de la violencia es quien recibe los efectos, directos o indirectos, de una o más de las cinco formas de violencia que afectan hoy a los chicos. Victimario es quien aplica alguna forma de violencia a otra persona y la convierte así en su víctima. Y chicos son en esta nota todos los niños, niñas y adolescentes.

En otras palabras y por extensión, quien hoy es víctima de la violencia, mañana puede ser autor de la violencia, y así entran los dos, víctima y victimario, en el círculo vicioso infinito de la violencia. Esto es lo que está pasando. Ante la violencia, más violencia, y así sucesivamente, y no se termina nunca.

Las cinco formas de violencia, según el citado informe, son la violencia armada, la disciplina violenta, el abuso sexual, el acoso escolar y la violencia digital. Aunque afectan de manera desigual según de quién se trate y de dónde esté, estas violencias son hoy un verdadero flagelo que comprometen tanto el presente como el futuro inmediato de la persona y de su comunidad.

A estas cinco formas de violencia, en nuestro medio se les debería agregar la violencia ejercida por perros contra niños. Se trata de perros que ya se sabe que son agresivos, capaces de provocar lesiones graves, mutilaciones e incluso la muerte de la víctima. No son perros callejeros, sino que están a cargo de un adulto. No sería difícil erradicar esta forma de violencia contra la infancia.

Esta forma de violencia ocasionada por un perro permite ver quién es en realidad el responsable, aunque indirecto, de la violencia. En efecto, un hecho violento cualquiera puede ser, y de hecho suele ser, la consecuencia de una violencia anterior, o de un entorno violento.

Si no miramos también hacia esta otra violencia anterior, la consecuencia violenta volverá a repetirse una y otra vez, con los mismos o con otros autores.

Volvamos al informe. Este documento parte del derecho que tienen todos los chicos de "crecer libres de miedo, negligencia y violencia" y continúa con la exposición de la realidad, tanto en texto como en gráficos, de las cinco formas de violencia por separado. Argentina está presente en este informe, y lo está en posiciones variables que no son ni las mejores ni las peores de América Latina.

Es decir, sin ser el mejor ni el peor, el país está inmerso en una realidad de violencias inexcusables a las cuales hay que ponerles remedio. El remedio no es más violencia. El informe propone soluciones pacíficas para cada una de las cinco formas de violencia, y por último hace un llamamiento a la acción, en el cual también propone qué se puede hacer.

En este contexto de buscar soluciones, la escuela tiene un papel decisivo mediante la capacitación de los docentes, y luego la formación de los alumnos. Debe haber lugar para el diálogo, y el diálogo debe ser abierto, y en cada barrio según su realidad. Y no como una sesión única o una serie de clases o reuniones ocasionales, sino incorporando el tema de la violencia en el currículum escolar.

El informe continúa y propone actividades de barrio, promovidas por el propio barrio, para comprometer al conjunto de la comunidad. Este compromiso cuenta con que los vecinos saben, o sospechan, qué pasa acá y allá, y entonces entre todos pueden ver qué hacer puesto que saben quién es quién, y qué hace.

El dibujo que ilustra esta nota, que procede del informe que comento, resulta elocuente, habla por sí mismo. Denuncia la forma de actuar de quienes originan la violencia sin comprometerse en hechos violentos de manera directa, y lo hacen con argumentos que son tentadores para los chicos.

El dibujo dice que uno puede cometer el delito, sí, pero hay otro que es todavía más culpable. Ese otro puede ser alguien, una persona, o puede ser todo un entorno, todo un barrio sin más alternativas que la violencia, o sin más cultura, tradición y costumbres que pensar y actuar con violencia. Entonces, hay que ofrecer otras alternativas.

Este dibujo también está diciendo que un chico es más vulnerable al mensaje trampa, y que por tanto caerá más fácil e ingenuo en esa trampa. Este argumento refuerza la importancia de la escuela y de los clubes y asociaciones de barrio cuando se trata de ofrecer formación para no caer en la trampa, que es un pozo del cual es difícil salir.

Pero para poder ofrecerles alternativas a los chicos que no las tienen, hay que prescindir de la violencia institucional. La autoridad que hoy nos gobierna sale corriendo para abrazar al más violento y acepta sus postulados violentos, pero esos postulados violentos no son propios de los argentinos. Y nos hacen mucho daño.

No me vengan a ofrecer la alternativa de un arma, es decir, de la violencia, con el argumento de que así seremos más fuertes. Menos aún si, en la institución más importante del país, la que nos representa a todos, afirma con histriónica violencia que "me encanta hacerlos llorar".

Así no vale. Nadie quiere que el país se ponga a los pies del más violento ni que le digan que "la justicia social es un robo".

Hay que prescindir de esta violencia oficial y entender que el país necesita una cultura de paz y de concordia entre todos, sin excepción, para frenar la espiral en la que nos han metido. Las distintas formas de violencia que reciben los chicos son lo que alimenta la violencia que ejercen más tarde, o al mismo tiempo. Víctima y victimario pueden ser así las dos caras de una misma moneda.

A poco de comenzar el conflicto actual de Oriente Medio, las fuerzas amigas de nuestro presidente bombardearon una escuela y mataron a maestros y a decenas de chicos. Esto no trajo paz, sino más conflicto. El diario Teheran Times publicó, en portada, la lista con foto de todos los chicos que murieron en este ataque. "Trump, miralos a los ojos", dice el titular.

Varios medios internacionales, incluyendo la NCC y The New York Times, investigaron el origen del misil, y ya lo saben, y lo dicen en voz alta, pero Estados Unidos lo niega todo. En los siguientes bombardeos, los muertes infantiles y adolescentes ya se contaban por centenares.

El presidente argentino apoya y aplaude la guerra, y de ella espera obtener beneficios económicos, y tal vez políticos y personales. Nosotros no.

La violencia, incluso verborrágica, lleva a más violencia, y yo no quiero un país con las manos manchadas de sangre ni parado sobre los restos de su población. Quiero un país donde todos los chicos puedan ver delante de sus ojos un futuro interesante, sano y seguro.

Y hay que ver bien qué te ofrecen con la promesa de un mundo mejor porque puede ser que sea una trampa.

Por Ana Inés Dobal

En el marco de una investigación por grooming en concurso real con producción de material de abuso sexual infantil, personal de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre en la ciudad de Rufino.

El procedimiento fue llevado adelante el jueves 19 de febrero de 2026 por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región 2, que concretó un allanamiento con resultado positivo.

La causa es tramitada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Agustina Fertitta. La investigación se inició a partir de tareas que permitieron detectar maniobras vinculadas a la captación de menores a través de medios digitales.

Con las pruebas reunidas, la jueza penal de Rufino, Lorena Garini, ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Manuel Roca al 500. En el lugar fue detenido M. A. G., de 36 años, programador informático, quien según la investigación operaba desde su vivienda para captar a las víctimas.

Durante la requisa se secuestraron múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular, una notebook y distintos soportes de almacenamiento digital, que serán sometidos a peritajes específicos.

Por disposición de la fiscal, el imputado fue trasladado a la ciudad de Rosario en calidad de detenido, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la causa.

La investigación continúa bajo estricta reserva, en una causa que generó fuerte repercusión en la comunidad local.

Un joven de 22 años, identificado como Eric C., fue imputado formalmente y quedó en prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras ser denunciado por una adolescente de 17 años, oriunda de San Eduardo.

La audiencia imputativa se llevó a cabo este miércoles en los tribunales de Venado Tuerto, donde la fiscal Débora Valentín, del Ministerio Público de la Acusación, expuso los hechos que se investigan en el marco de una causa penal en etapa preliminar.

Relato de la víctima

Según consta en la denuncia, el episodio tuvo lugar en horas de la madrugada del 8 de febrero, alrededor de las 7 de la mañana, en el domicilio de la víctima, ubicado en la localidad de San Eduardo.

La joven relató que, tras asistir a una fiesta junto a su madre y un grupo de amigos —entre ellos el acusado—, Eric. C. fue invitado a pernoctar en su vivienda debido a que había consumido bebidas alcohólicas. Durante la noche, se acostaron en la misma habitación, ella en su cama y él en un colchón en el piso.

Horas más tarde, mientras dormía, la víctima asegura haberse despertado al sentir que era abusada. Al reaccionar, reconoció al joven sobre su cuerpo y, según su relato, le pidió que se apartara. Sin embargo, el acusado habría ejercido fuerza sobre su cabello y caderas para impedir que se moviera. Finalmente, logró liberarse, se dirigió al baño y dio aviso a su pareja, quien se trasladó desde Venado Tuerto al enterarse de lo sucedido.

La víctima manifestó que Eric negó los hechos y alegó que "no recordaba" haber hecho nada. Sin embargo, la joven decidió radicar la denuncia ese mismo día y presentó como evidencia la ropa que llevaba puesta durante el presunto abuso.

Calificación legal

La fiscal Valentín calificó provisoriamente los hechos bajo la figura penal de abuso sexual con acceso carnal, delito que prevé penas de prisión efectiva.

Durante la audiencia, el joven acusado fue representado por la abogada defensora Silvia Cousselo. La investigación continúa en etapa de instrucción penal preparatoria, con medidas en curso que incluirían pericias médicas, análisis forenses y la toma de declaraciones testimoniales.

La joven denunciante expresó que conocía a Eric desde los 13 años y que mantenían una relación amistosa. Aseguró también que actualmente se encuentra en pareja desde hace tres años.

La denuncia de una chica de 16 años que veraneaba con su familia activó un fuerte operativo judicial en Miramar, en pleno arranque de la temporada de febrero.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, la adolescente estaba con un amigo en la zona de playa y fue interceptada por un hombre que actuó solo. Siempre de acuerdo con la denuncia, el agresor los amenazó con un arma blanca, redujo al chico y atacó sexualmente a la menor.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure. Con el testimonio del joven que la acompañaba como eje, los investigadores procuran cerrar una descripción física que permita identificar al sospechoso, señalado como un hombre de menos de 40 años.

En las horas posteriores se montó un despliegue policial en el corredor costero y alrededores, con patrullajes visibles y tareas de búsqueda más discretas entre la gente que sigue yendo y viniendo por la rambla.

Parte del trabajo se concentra en el relevamiento de cámaras públicas y privadas, una herramienta clave pero con límites: no todas cubren el área completa y las condiciones de iluminación complican algunos tramos.

En paralelo, tanto el ámbito judicial como el municipio mantuvieron un perfil bajo ante la prensa. Desde la comuna indicaron que pusieron a disposición recursos, en especial las imágenes del centro de monitoreo local, mientras avanza el análisis.

El caso se filtró rápido en conversaciones de vereda, en grupos de padres y en la sobremesa de los turistas. En una ciudad que vive la temporada a pleno, el golpe fue doble: por la gravedad del hecho y por la sensación de vulnerabilidad en un sector que muchos describen como “tranquilo” incluso de noche.

Se notó, también, un cambio de chip. Más reparos para dejar salir a chicos y chicas, más miradas a la hora de cruzar hacia la arena, más llamados para “volvé apenas salgas”. Cautela pura, sin vueltas.

El episodio ocurre a pocos días de una fecha cargada para la ciudad y para el partido de General Alvarado: se cumplen 25 años del crimen de Natalia Melmann, por el que cada verano se realizan actos de pedido de justicia. En ese contexto, el nuevo caso reabre temores y refuerza el reclamo de respuestas rápidas.

Por estas horas, la prioridad es una sola: identificar al agresor y detenerlo. La causa sigue bajo reserva mientras se procesan testimonios, registros de cámaras y cualquier dato que permita ponerle nombre y rostro al sospechoso.

La Policía de Investigaciones (PDI) del distrito Melincué llevó adelante este martes 28 de enero un allanamiento con detención en un domicilio de calle 9 de Julio, en la localidad de Elortondo, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en tres hechos, en concurso real, en carácter de autor.

La medida fue dispuesta por la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Susana Pepino, de la Fiscalía de Melincué, y autorizada por el juez penal Dr. Aldo Baravalle. El procedimiento estuvo a cargo de personal de PDI Distrito Melincué, con colaboración de efectivos del Distrito Venado Tuerto y de la Región 3 de PDI.

Como resultado del operativo, se concretó la detención del masculino identificado como D. A. F. Finalizada la diligencia, el detenido fue trasladado al Hospital de Elortondo para la realización del informe médico correspondiente y posteriormente a la oficina de Melincué para la notificación de la causa.

Luego de cumplimentar las actuaciones judiciales, el imputado fue remitido a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, quedando a disposición de la Justicia.

Un hombre de 55 años e iniciales GAS quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que es investigado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

La fiscal Rafaela Florit representó al MPA ante la magistrada y es quien solicitó que el hombre investigado transite el proceso judicial privado de su libertad. “En función de la gravedad de los hechos delictivos y de la situación de vulnerabilidad en la que está la víctima, la jueza consideró que estaban acreditados los requisitos para hacer lugar a nuestro pedido”, explicó la funcionaria del MPA.

Florit indicó que “el imputado cometió los abusos en una vivienda en la que residía y a la cual su hija iba a visitarlo”, y añadió que, “eventualmente la víctima también convivió en el mismo inmueble”.

“Los ilícitos fueron entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, época en la que la víctima transitaba su escolaridad secundaria”, detalló.

La fiscal planteó que “el hombre investigado se aprovechó de la dependencia económica de su hija, de su rol de autoridad, del poder en su carácter de progenitor y de la situación de vulnerabilidad en la que estaba la víctima, entre otras cuestiones, por haber fallecido su madre”.

“La joven pudo develar lo sucedido a una familia sustituta que la albergaba, y fueron los integrantes de esa familia quienes realizaron la denuncia penal correspondiente”, puntualizó la funcionaria del MPA.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado (por el vínculo de parentesco, por ser el autor el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con menor de 18 años de edad) y abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado (por el vínculo de parentesco, por ser el autor el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años).

La Fiscalía de Venado Tuerto solicitó 13 años de prisión efectiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra en la localidad de Teodelina, al sur de la provincia de Santa Fe. La víctima tenía 12 años al momento del hecho y convivía con el imputado.

El pedido fue formulado por la fiscal Mayra Vuletic, quien acusó formalmente a Horacio U., de 49 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado, en calidad de autor.

Abuso en el contexto de convivencia

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el abuso ocurrió en el mes de enero de 2022, cuando el acusado habría ingresado de noche a la habitación donde la adolescente dormía junto a su hermano. Una vez allí, se metió en la cama de la menor, comenzó a tocarla por debajo de la ropa y luego la penetró.

El acusado residía por entonces en una vivienda ubicada en calle Urquiza al 200, en la localidad de Teodelina.

La madre de la víctima se presentó en la Comisaría 7ª de Teodelina el 29 de marzo de 2023. Allí denunció que su hija le había confesado que el hecho había ocurrido un año antes, y que el autor sería su ex pareja.

A partir de la denuncia, la Fiscalía inició una investigación y solicitó la realización de la audiencia imputativa, que se concretó el 13 de marzo de 2024. En esa instancia, se dispuso la prisión preventiva para el acusado.

Elementos de prueba

Entre los elementos que la Fiscalía considera suficientes para sostener la acusación se encuentra el testimonio de la víctima, el relato de la madre y los informes de intervención policial y judicial.

Vuletic sostuvo que no existen causas de justificación ni razones que eximan de responsabilidad penal al imputado. “El acusado comprendía el carácter ilícito de su conducta y podía adecuar sus actos conforme a esa comprensión”, argumentó la fiscal.

En consecuencia, el MPA solicitó que se le imponga una pena de 13 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso.

Próxima etapa

Tras la audiencia preliminar que se llevó adelante en la jornada del martes, la causa avanza hacia su instancia de juicio oral, donde el tribunal competente deberá valorar la prueba reunida y determinar la responsabilidad penal del acusado. La decisión judicial se conocerá una vez concluidas las audiencias.

Durante una audiencia realizada el lunes en los tribunales de Venado Tuerto, la fiscal Luciana del Grecco imputó a un joven de 20 años por los delitos de estupro y producción y divulgación de imágenes sexuales de menores de edad. La causa fue tratada ante el juez Adrián Godoy, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y dictó prisión preventiva para el acusado.

Según trascendió en el expediente, la víctima tiene 14 años y reside a unas 40 cuadras del domicilio del imputado. Ambos se conocían previamente y, en una ocasión, la adolescente fue a pasar la noche a la casa del joven, donde este vive con sus padres. Allí mantuvieron relaciones sexuales, las cuales fueron grabadas sin el consentimiento de la menor y luego difundidas por el acusado a través de una red social.

Relación desigual y ocultamiento de edad

La investigación revela que el imputado habría ocultado su verdadera edad, haciéndose pasar por un menor de 16 años ante la víctima. Esta diferencia etaria resulta clave para la calificación del delito de estupro, ya que, según la legislación argentina, mantener relaciones sexuales con una persona de entre 13 y 16 años constituye un delito, incluso con aparente consentimiento, si se demuestra un aprovechamiento de la inmadurez o falta de experiencia de la víctima.

Prisión preventiva 

La fiscal del Grecco sostuvo que existen elementos suficientes para considerar la autoría probable del acusado en los delitos mencionados. Por ello, solicitó la prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez Godoy ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación o posible fuga.

Mientras avanza la causa, se continúan analizando pericias sobre los dispositivos electrónicos y la red social utilizada para la difusión del video.

Este miércoles, el tribunal integrado por la jueza Mariana Vidal condenó a Héctor V., de 45 años, a 10 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, tras ser hallado culpable de haber violado a su hija biológica, K.M.V., en la vivienda familiar de Venado Tuerto el 13 de octubre de 2023.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación, quien había solicitado una pena de 15 años de prisión por considerar acreditada la autoría del acusado y la gravedad del caso. La funcionaria judicial analiza la posibilidad de apelar la sentencia por considerarla insuficiente en relación a la magnitud del daño causado.

Según se probó en el juicio oral y público, el hecho ocurrió en la casa que la víctima y acusado compartían. La joven denunció que no pudo resistirse al ataque y que, tras tomar conciencia de lo ocurrido, intentó defenderse y le advirtió a su padre sobre la gravedad del acto. Luego logró escapar de la vivienda y pedir ayuda, primero intentando comunicarse con su abuela, y finalmente acudiendo a la casa de su madre, donde pudo denunciar el hecho ante la policía.

Durante el proceso, la fiscal Vuletic sostuvo que el abuso “violó el vínculo de confianza más sagrado, el de un padre con su hija”, destacando además el impacto emocional y psicológico que el hecho tuvo sobre la víctima.

La representante del MPA reunió múltiples elementos de prueba que confirmaron la denuncia: pericias médicas y testimonios coincidentes de familiares y allegados. Con esas evidencias, solicitó que se condenara a Héctor V. a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, dentro del rango previsto por el Código Penal (de 8 a 20 años).

El juicio se desarrolló durante esta semana en los tribunales de Venado Tuerto, y culminó este miércoles con la lectura de la sentencia. La jueza Vidal impuso 10 años de prisión, una pena menor a la requerida por la fiscalía.

Por Ornella Pazzi

Fue confirmada la condena impuesta al profesor de educación física Juan Francisco Trigatti por haber abusado sexualmente de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

El docente fue juzgado y absuelto en primera instancia, y condenado por la Cámara de Apelaciones. Su defensa realizó una apelación horizontal, y este viernes el tribunal integrado por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri decidió confirmar la condena a 12 años de prisión.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores.

El docente fue investigado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala y llevado a juicio por los Dres. Jorgelina Moser Ferro y Matías Broggi. La familia de una de las víctimas se constituyó como querellante y fue representada por la abogada Carolina Walker Torres.

La defensa estuvo en manos de los Dres. Marcos Barceló y Macarena Olivera, quienes ahora cuentan con un plazo de 10 días para presentar un recurso de inconstitucionalidad. De no hacerlo, la condena quedará firme.

En una primera instancia, en octubre de 2024, el tribunal de juicio conformado por los jueces Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres absolvió de culpa y cargo a Trigatti. Argumentaron la existencia de situaciones de sugestión colectiva y la consecuente influencia y contaminación de las versiones recibidas de las niñas.

El 24 de junio de 2025, los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus revocaron la absolución y condenaron al docente a 12 años de prisión efectiva. Ante esta situación, la defensa interpuso un recurso de apelación horizontal, buscando la anulación o revocación total de dicha sentencia.

Este viernes, los jueces de segunda instancia Mudry, Gentile Bersano y Netri confirmaron la condena a Trigatti. Su resolución fue unánime.

Uno de los puntos centrales del recurso defensivo se centró en que el tribunal que condenó a Trigatti había incurrido en una arbitrariedad al valorar las pruebas producidas en el juicio.

Sin embargo, la Alzada ratificó el criterio del fallo de segunda instancia y consideró que las quejas de la defensa eran infundadas. Para ellos la valoración de los testimonios de las víctimas se realizó de forma conglobada con el conjunto de pruebas producidas en el debate, con la necesaria aplicación de la perspectiva de vulnerabilidad, género y niñez.

Específicamente, el tribunal sostuvo que la crítica de los camaristas preopinantes a la teoría de la "inoculación" o "histeria colectiva" (central del fallo absolutorio) fue acertada, calificándola como la "clara exposición de un estereotipo que busca responsabilizar a las víctimas por lo sucedido".

“La defensa en sus agravios insiste en la fabulación producto de la inoculación, pero no se hace cargo de explicar de qué manera se ha probado esa hipótesis en el caso, como bien se señala en el fallo” condenatorio, argumentó el tribunal que confirmó la sentencia.

Los abusos ocurrieron en el interior del jardín Ceferino Namuncurá. Uno de los argumentos defensivos giró en torno a la existencia de un riguroso protocolo debido a la pandemia de coronavirus, el cual se aplicaba en la institución en 2021, cuando ocurrieron los hechos.

Sobre esto, el fallo confirmatorio señaló: “Sabemos que dichas imposiciones reglamentarias eran respetadas en la medida de lo posible y en las circunstancias que lo permitían”.

Además, “resulta difícil pensar que, como argumenta la defensa, las autoridades tuvieran el control de todo el colegio todo el tiempo” ya que esto “es materialmente imposible y es contradictorio con la modalidad de trabajo que había en la pandemia donde se trabajaba por turnos”.

En cuanto a la declaración de la maestra que aseguró que Trigatti no acompañaba a las niñas al baño, donde ocurrió un abuso, la Alzada sostuvo que “ante la contundencia y abundancia de las pruebas que corroboran el abuso, resulta irrelevante la consideración del testimonio de la docente”, sobre todo cuando esto podría derivar “de alguna ausencia o falta a los deberes de la docente de sala”.

La defensa también había criticado la "deliberada omisión de preservación de las treinta y dos cámaras de video vigilancia" del jardín, argumentando que su pérdida se debía a una "clara intención de obstruir la acción investigativa".

El tribunal reconoció que las filmaciones "hubieran sido centrales en el concierto probatorio" y que su pérdida es inexplicable. Sin embargo, coincidió con la sentencia apelada en que “no resulta posible achacar la responsabilidad de esta carencia probatoria a la acusación”, por lo que esta omisión o descuido "no puede ser interpretado con el sentido que invoca la defensa".

El juez Tizón, en los fundamentos de la condena, se refirió a la no preservación de los registros y señaló que no están suficientemente esclarecidas las circunstancias en las que sucedió. La defensa acusó a la policía y a la fiscalía de no resguardarlas, mientras que desde el MPA señalaron que fueron solicitadas a las escuela pero la directora estaba de licencia.

“Si la responsabilidad de que esas filmaciones no estén disponibles como prueba en la causa no es de la acusación o del personal policial, posiblemente sea una responsabilidad de las autoridades de la escuela, más allá de la explicación poco satisfactoria de que estaba a cargo una vicedirectora, por razones de licencia o ausencia de la titular”, sostuvieron en el fallo confirmatorio.

En cuanto a las irregularidades procesales, la Alzada confirmó la decisión de remitir el legajo a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. No obstante, se revocó la orden de envío de copias al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, que buscaba investigar al personal policial, indicando que los afectados pueden ejercer acciones propias.

La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio de prisión para un hombre identificado como Marcelo, acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante casi diez años en Villa Cañás.

Según consta en la acusación, el imputado se habría aprovechado de la convivencia con la menor para someterla sexualmente de forma reiterada. Los hechos comenzaron cuando la niña tenía tan solo 8 años y se prolongaron hasta que, ya adolescente, pudo abandonar el domicilio que compartían en diciembre de 2024.

Detalles de los delitos imputados

La fiscal Cavallero describió que el acusado habría cometido múltiples abusos de carácter sexual: tocamientos en partes íntimas, acceso carnal y obligarla a realizar distintas prácticas. Todo esto ocurrió en reiteradas oportunidades y durante un período extenso, lo que agrava la imputación.

La denuncia fue radicada por la joven en enero de 2025, apenas semanas después de haberse ido de la vivienda. A partir de allí, se inició una investigación que derivó en la detención de Marcelo en febrero. Desde entonces, permanece con prisión preventiva ordinaria.

Rechazo al pedido de prisión domiciliaria

Durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la defensa del imputado, a cargo del abogado Mauro Blanco, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a este pedido, y el juez Mauricio Clavero terminó rechazándolo. En su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado puede continuar con el tratamiento médico pertinente bajo la atención del servicio penitenciario.

Camino al juicio oral

Días atrás, la fiscal Cavallero presentó la acusación formal contra Marcelo y solicitó una pena de 18 años y medio de prisión. La audiencia preliminar fue programada para el próximo 26 de noviembre, paso necesario antes del inicio del juicio oral y público.

De avanzar el proceso, el caso podría convertirse en un nuevo ejemplo de la creciente visibilización de delitos sexuales en contextos familiares, especialmente cuando las víctimas logran romper el silencio tras años de padecimientos.

Esta semana comenzó el juicio oral y público contra un hombre de 45 años (Héctor V.) acusado de abusar sexualmente de su hija biológica (K.M.V.) el 13 de octubre de 2023 en la casa familiar que compartían.

A fiscal que llevó adelante la investigación fue Mayra Vuletic, quien solicitó 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, Mariana Vidal se desempaña como jueza. El próximo lunes se desarrollará la audiencia con los alegatos de cierre. 

La joven expresó en su denuncia que no pudo resistir el ataque, y tras darse cuenta de lo ocurrido, trató de defenderse y le advirtió a su padre sobre la gravedad de lo que había sucedido.

El relato de la víctima es estremecedor: después de la agresión, logró salir de la casa a los gritos, buscando ayuda. Primero intentó comunicarse con su abuela, sin éxito, y luego se dirigió a la casa de su madre, donde pudo denunciar el hecho ante la policía.

La Investigación

Mayra Vuletic, llevó adelante la investigación en la que se recabaron pruebas que apuntan a la culpabilidad del acusado.

Ante los graves hechos, la representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para Héctor V., por ser considerado autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en calidad de progenitor de la víctima. Según el Código Penal, este delito contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión, y en este caso, se solicitó la pena intermedia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

La fiscal enfatizó el grado de confianza que debe existir entre un padre y su hija, lo que hace aún más grave el abuso. Además, resaltó el impacto emocional y psicológico que esta agresión ha tenido en la joven, quien ha manifestado en varias oportunidades su deseo de que su agresor sea apartado de su vida y de la sociedad.

El impacto en la víctima

El abuso sufrido por K.M.V. ha tenido consecuencias devastadoras en su bienestar emocional. La víctima ha experimentado un profundo sufrimiento psicológico a raíz de la agresión, lo que se reflejó en sus declaraciones y en los informes de la investigación. La fiscalía señaló que este tipo de delitos no solo impactan negativamente a la víctima en el momento del abuso, sino que también tienen repercusiones a largo plazo, afectando la salud mental y el futuro de quienes los sufren.

Un hombre de 49 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una joven de su entorno familiar en el sur provincial. Desde el Ministerio Público de la Acusación evitaron dar precisiones en relación a los datos filiatorios del sentenciado y la ciudad donde ocurrieron los hechos, para evitar así que se conozca la identidad de la víctima y que puede lentamente rehacer su vida.

La sentencia fue dispuesta por el juez Adrián Godoy, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra estuvo a cargo de la investigación penal.

En relación a los ilícitos, la funcionaria del MPA señaló que “el imputado llevó a cabo su accionar delictivo en noviembre de 2023, en el marco de la convivencia que mantuvo con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto”. En tal sentido, precisó que “al momento de los hechos, la víctima ya era mayor de edad”.

Juicio abreviado

El condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. A su vez, junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva, la pena a 10 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Un hombre de 38 años fue condenado a ocho años de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija adolescente en una localidad del sur provincial.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal, en un juicio oral que finalizó este lunes por la mañana en los tribunales de Rufino (departamento General López).

La fiscal Rafaela Florit estuvo a cargo de la investigación y también representó al MPA en el debate. En tal sentido, luego de conocer el veredicto, valoró que “la magistrada consideró acreditada la acusación que realizamos y ordenó la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Florit indicó que “el condenado abusó de su hija entre julio y octubre de 2023, cuando ella transitaba su escolaridad secundaria”, y aclaró que “actualmente, la víctima es mayor de edad”.

La funcionaria del MPA indicó que “los hechos ilícitos se enmarcaron en la convivencia que la adolescente mantenía con el agresor y otros integrantes del grupo familiar”. Según precisó, “él llevaba a cabo sus conductas delictivas en momentos en los que una mujer que era su pareja no estaba en el domicilio”.

En relación al origen de la investigación, la fiscal detalló que “la víctima logró contarle a la madre de su novio lo que había sucedido y esa mujer se comunicó con su consuegra, quien al enterarse realizó la denuncia correspondiente”.

El padre de la víctima fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por el vínculo, por la guarda y por haber sido cometido contra una persona menor de edad con la cual convivía).

Las iniciales del condenado son HEB. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija.

Un hombre de 37 años, identificado como Emilio Josué Emanuel Belén, fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Venado Tuerto.

La sentencia fue ordenada por un tribunal integrado por el juez Mauricio Clavero y las juezas Silvina Marinucci y Lorena Garini, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y además representó al MPA en el debate. En relación al veredicto, sostuvo que “valoramos la sentencia condenatoria pero analizaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir, ya que la pena impuesta es menor a la de 18 años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Vuletic indicó que “el condenado abusó sexualmente de la víctima en reiteradas oportunidades durante la infancia y la adolescencia de ella, quien actualmente es mayor de edad”.

“A raíz de la relación de pareja que Belén mantenía con la madre de la víctima, los tres residieron juntos en dos inmuebles venadenses”, explicó la fiscal. “El condenado aprovechó esas circunstancias de convivencia para llevar adelante su accionar delictivo”, aseveró.

Por otro lado, la funcionaria del MPA destacó que “la denuncia que originó la investigación penal fue radicada por la propia víctima, con la asistencia de una mujer que es la pareja de su padre, en una comisaría de otra localidad del sur provincial”.

Belén fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia con la víctima, quien es menor de edad).

Quedó en prisión preventiva un hombre de 46 años e iniciales MRD que es investigado por haber abusado sexualmente del hijo menor de edad de una mujer que es su pareja en Rufino. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.

La funcionaria del MPA indicó que “frente a la contundencia de las evidencias que presentamos, la Defensa no se opuso a nuestro requerimiento, sólo pidió que la preventiva fuera revisada luego de que la víctima sea entrevistada en cámara Gesell”, y agregó que “la magistrada accedió a la posibilidad de volver a discutir la medida cautelar”. Al respecto, la fiscal remarcó que “insistiremos en que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio que ameritan que el hombre investigado continúe preso por todo el tiempo que dure el proceso judicial”.

Florit indicó que “en un contexto de gran violencia doméstica, el imputado abusó sexualmente del hijo de su pareja en reiteradas oportunidades entre 2019 y principios de este mes”, y aclaró que “al momento de los primeros ilícitos la víctima transitaba su escolaridad primaria y ahora es adolescente”.

“El hombre de iniciales MRD se aprovechó de su situación de poder y autoridad en el ámbito familiar, la dependencia económica que la víctima tenía respecto de él, la convivencia que mantenían en un mismo domicilio y la circunstancia de que su pareja solía dejarlo a cargo de cuidar a los hijos de ella”, especificó la fiscal.

En cuanto a la denuncia que originó la investigación penal, Florit destacó que “fue realizada por el propio adolescente, con la asistencia de la madre de un amigo de él”, y valoró “la contención emocional que le brindó esa familia”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima, quien es menor de 18 años). 

Quedó en prisión preventiva un hombre de 19 años e iniciales PLG al que se investiga por abusar sexualmente de una adolescente en Rufino. También está imputado por agresiones físicas cometidas en perjuicio de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y de un hermano de él.

La privación de la libertad fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit e impuesta por la jueza Lorena Garini, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rufinenses.

La funcionaria del MPA valoró que “aunque la Defensa se opuso a lo que solicitamos, los riesgos procesales estaban latentes y era necesario resguardar a las víctimas, por lo que la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”.

En cuanto al abuso, la fiscal indicó que “fue cometido el miércoles de la semana pasada alrededor de las 17:00, en contra de una adolescente con la que el agresor no tenía ningún vínculo previo”.

“La víctima estaba en el patio de su casa cuando fue sorprendida por el imputado, quien ingresó al domicilio sin autorización”, relató Florit. “Él vulneró la integridad sexual de la joven, forcejearon y ella se fue corriendo del lugar”, destacó.

“El imputado también es investigado porque el mes pasado atacó con golpes de puño a su pareja y le provocó diferentes heridas”, afirmó la fiscal. “Llevó a cabo su conducta ilícita en un inmueble en el que convivía con ella, en un contexto de violencia de género que él ejercía”, planteó.

Por otro lado, la representante del MPA sostuvo que “en otra ocasión, el hombre de iniciales PLG agredió a golpes a su hermano menor, quien es adolescente y sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual simple; lesiones leves dolosas calificadas (por la relación de pareja y por violencia de género; lesiones leves dolosas simples, y violación de domicilio.

La fiscal con asiento en Rufino, Rafaela Florit, solicitó 8 años de prisión para un hombre (H.E.B.) acusado de abusar sexualmente de su hija biológica durante cinco meses en el año 2023, cuando la denunciante no había superado la mayoría de edad.

Los hechos se registraron en una pequeña localidad ubicada en el sur provincial, que por el momento y hasta que finalice el juicio las autoridades judiciales solicitaron no mencionar el distrito y tener reserva con los detalles de la causa.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que los repetidos “abusos simples” se registraron durante el año 2023, desde el mes de junio a octubre, en un contexto familiar, donde el acusado convivía con su pareja y con la hija de ambos.

Según consta en el expediente, el hombre cometía los abusos cuando su esposa se retiraba del hogar debido a que tenía que cumplir con horarios nocturnos de trabajo en determinadas jornadas durante el mes.

Los testimonios del caso señalan que el acusado fue un padre ausente durante muchos años. Y que posteriormente comenzó a aparecer en forma intermitente en la vida de su hija biológica. En el año 2022 inicia nuevamente una convivencia, mientras que, en 2023, en ese contexto, se registraron los abusos.

Desde fiscalía calificaron penalmente el hecho como “abuso sexual simple, agravado por el parentesco, la guarda y la convivencia preexistente con menor de 18 años de edad, en concurso real, y en carácter de autor”. En consecuencia, desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron una pena de 8 años de prisión de ejecución efectiva.

El juicio comenzó en la mañana del martes y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, donde declararon un total de siete testigos.