Quedó en prisión preventiva un hombre al que se investiga por abusos sexuales cometidos en perjuicio de una niña que es hija de una mujer que era su pareja en Rufino (departamento General López). El imputado tiene 35 años y sus iniciales son SDA.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia desarrollada en el mediodía de este viernes  en los tribunales rufinenses.

La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, valoró que “la jueza consideró que la evidencia que presentamos era suficiente para acreditar la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría, así como la presunción de riesgos procesales”. Además, precisó que “la magistrada contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.

Asimismo, la funcionaria del MPA destacó que “la jueza tuvo en cuenta que transcurrió más de una semana entre la fecha en la que el imputado fue notificado de que había una grave denuncia en su contra y el día en el que se puso a disposición de la Justicia”, y agregó que “durante ese tiempo, brindó versiones falsas sobre su ubicación”. En función de ello, mencionó que “mientras estaba prófugo, fue declarado rebelde”.

“Aunque hoy la Defensa ofreció alternativas a la preventiva, la jueza rechazó todos sus planteos e hizo lugar a nuestro pedido de prisión ordinaria y sin plazos mientras dure la investigación”, destacó Florit.

La funcionaria del MPA indicó que “en una clase de Educación Sexual Integral (ESI) que tuvo a principios de este mes en la escuela a la que asiste, la víctima reveló que durante aproximadamente tres años el imputado abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades”. Al respecto, resaltó que “desde la institución se actuó según el protocolo correspondiente y la madre de la niña radicó de inmediato la denuncia que originó la investigación penal”.

En cuanto a los hechos ilícitos, Florit señaló que “el hombre de iniciales SDA vulneró la integridad sexual de la pequeña en una vivienda en la que ambos convivían con otros integrantes del grupo familiar”. Además, puntualizó que “en el marco de los abusos, él amenazaba a la niña con hacerle daño a sus seres queridos si alguien se enteraba de lo sucedido”.

La fiscal manifestó que “el agresor se valía de la situación de autoridad que tenía respecto de la víctima”, y añadió que “también aprovechó la confianza de su pareja, quien solía dejar a la niña al cuidado de él”.

Al hombre de iniciales SDA se le endilgó la autoría de abuso sexual con acceso carnal, reiterado, agravado (por haber estado encargado de la guarda y por haber aprovechado la convivencia preexistente con la víctima, quien es menor de edad).

A su vez, el imputado es investigado como autor de los delitos de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada (por tratarse de una víctima menor de 13 años y por haber sido cometidos mediante violencia y amenazas por parte de una persona conviviente y encargada de la guarda).

La funcionaria del MPA refirió que “en el marco del legajo, también se investiga como autora de resistencia a la autoridad a una mujer que es la actual pareja del imputado”. Según detalló, “si bien fue aprehendida por agentes policiales tras haber cometido el ilícito que se le atribuyó, posteriormente se le impusieron cautelares no privativas de la libertad”.

En relación a esta imputada, la fiscal expuso que “mientras el hombre de 35 años estaba prófugo, ella trató de entorpecer un allanamiento que tenía como fin recabar elementos que permitieran el avance de la investigación”.

El hombre de 38 años acusado de ser el mayor pedófilo de la Argentina se negó a declarar y continuará detenido al corroborarse que todos los elementos hallados en su domicilio en Ituzaingó son relevantes para constatar su participación en los aberrantes abusos a menores de edad.

Fue este martes por la tarde cuando el acusado se sentó frente a los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la UFI N°5 de Morón y pese a que se negó a declarar, la jueza a cargo del Juzgado de Garantía 1 de Morón, Laura Pintos, ordenó su detención.

La investigación de seguimiento contra el empleado de Telered comenzó hace meses y mediante el uso del Child Protection System (CPS) se logró su identificación, la cual fue preservada para proteger a posibles víctimas.

Con la instalación de una vigilancia encubierta y el respaldo tecnológico del CPS, se esperó el momento en que el individuo iniciara su conexión P2P para compartir el material ilegal.

La acción policial culminó con éxito en la madrugada del martes cuando el sospechoso fue sorprendido en flagrancia mientras compartía material de abuso infantil a través de conexiones P2P.

En el allanamiento a su domicilio, se incautaron más de 100 mil archivos, una macabra colección de muñecos altamente realistas, figuras de bebés y niños, un manual explícito sobre cómo atacar a menores y una decena de juguetes sexuales de gran tamaño.

La justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a una monja por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado" contra cinco adolescentes con quienes convivió en el Hogar de las Hermanas Trinitarias de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro.

La sentencia a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro, integrado por los jueces Sebastián Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino recayó sobre María Tellez Fajardo (Sor Marina), de nacionalidad colombiana, quien se encontraba con prisión preventiva.

Según el fallo, Tellez Fajardo fue encontrada culpable por ser "autora penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda y contra menores de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente, su relación de autoridad y que las víctimas no haya podido consentir libremente el accionar".

Los abusos se produjeron contra cinco adolescentes de entre 12 a 17 años durante 2017 y 2021 en el Hogar ubicado en la calle Carlos Tejedor número 348.

En noviembre, la querella había solicitado una condena de 15 años de prisión y la fiscalía, otra de 10.

El juez Aquino consideró en la sentencia que "lo que ha quedado probado aquí es que la imputada no protagonizó un acto aislado, fugaz, discontinuo o sorpresivo en perjuicio de sus víctimas".

"Inexorablemente tal circunstancia configura una mayor ofensa a la dignidad e integridad sexual, moral y personal de las damnificadas, que sufrieron un grado de degradación o vejación superior al del abuso sexual simple", remarcó el magistrado al referirse al período de entre "2 y 5 años".

Para el magistrado, "es evidente que María Tellez Farjado actuó desde una posición de aprovechamiento de convivencia preexistente con las menores desde que eran nada menos que niñas institucionalizadas en un Hogar de la Congregación de la cual la misma era parte, y que los abusos se consumaban en la propia casa - Hogar donde la imputada junto" a las víctimas "compartían la vida en común".

Esta situación "permitió la comisión de los hechos ventilados en el presente legajo y de la cual se valió la primera para lograr sus objetivos -que no eran otros más que satisfacer sus propios deseos sexuales- en ocasión que se encontraba a solas con las criaturas".

Una de las víctimas que en ese momento tenía 14 años, declaró en el juicio oral y público que los "cinco o seis" hechos de abuso ocurrieron en la cocina donde ella trabajaba.

La abogada de una de las víctimas relató que la adolescente le había comentado lo ocurrido a la directora del hogar -Sor Silvia Challu- y que ella "le respondió que iban a esperar una señal divina que le indiquen que era lo que tenían que hacer, una señal de Dios".

De acuerdo a los declarado en el debate por la licenciada en Psicología del Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía General de San Isidro, Sonia Oettel, otra de las víctimas "describió que la actitud del hogar era de tapar todo, que ella había recurrido a Sor Silvia para contarle lo de Marina pero que descreyó de ella y la trató de mentirosa".

Otra de las víctimas señaló, según el testimonio de Oettel, que todas las jóvenes le hablaron "de la misma persona denunciada" y que los abusos se daban en la cocina del Hogar y en una dependencia que el lugar tenía por fuera dentro del mismo predio.

En uno de los casos, la adolescente, luego de sufrir dos episodios de abusos, dijo haberse sentido muy triste tras de lo ocurrido y comenzó a "autoagredirse a través de cortes en sus brazos", por lo que tuvo que ser hospitalizada.

El 12 de abril de 2022 el fiscal Marcelo Fuenzalida, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género de San Isidro, firmó el pedido de elevación a juicio de la causa por abusos sexuales contra Sor Marina.

Fuenzalida hizo el pedido a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías 3 de San Isidro, quien denegó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa.

Tellez Fajardo estuvo cinco días en la DDI de San Isidro y después fue trasladada a la Alcaidía de La Plata N° 3, donde permaneció durante seis meses en el pabellón femenino.

Por su parte, la defensa de sor Marina, encabezada por Alejandro López Romano, manifestó que "impugnará la resolución que condenó hoy a la religiosa, para que sea revisada por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires".

"De esta manera, luego de analizar exhaustivamente todos los pormenores de la sentencia, buscaremos en la instancia superior, plantear que hubo inaplicabilidad de la Ley y la doctrina legal, dado que se han calificado los hechos sobre una figura más gravosa que la que representaban las denuncias", agregó el letrado.

"De hecho, uno de los tres jueces se manifestó en este sentido al plantear en el fallo la figura del abuso sexual simple, que hubiera merecido una pena sustancialmente menor", destacó López Romano.

Además, enfatizó que "no se han valorado elementos probatorios objetivos que contradicen las conclusiones y razonamientos para quebrar el principio de inocencia".

Sor Marina llegó a esa residencia en mayo de 2017 y en abril de 2021 se concretó la primera denuncia y fue detenida el 10 de junio de 2022 (ver video al inicio de la nota).

Según describen en su página web, el trabajo de las Hermanas Trinitarias "en Argentina se ha desarrollado básicamente en hogares, de menores adolescentes y de jóvenes" y "el sentido de estos ha sido, desde los orígenes, ofrecer una casa, hogar y familia, a aquellas jóvenes que debían dejar la suya o no la tenían". La comunidad de religiosas fue fundada el 2 de febrero de 1885 en Madrid.

En 2019, la justicia argentina condenó a tres años de prisión a la monja Luisa Ester Toledo en 2019, pero por privación ilegítima de la libertad agravada bajo la utilización de violencia y amenazas contra otras dos monjas de inferior rango en Paraná.

En octubre de 2023, fueron absueltas, junto a otros siete acusadas, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez acusadas por abusos sexuales contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Un padre fue condenado a 27 años de prisión por abusar sexualmente de manera reiterada de sus cinco hijas menores en la localidad santafesina de Suardi, informaron fuentes judiciales.

La sentencia, impuesta por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin y Nicolás Stegmayer y por el conjuez Hugo Parma, tuvo lugar al término de un juicio de procedimiento abreviado solicitado por el acusado.

La fiscal del debate, Favia Burella, indicó que "si bien no nos opusimos al pedido, planteamos que la condena debía ser a 27 años de prisión y con la misma calificación penal, tal como lo requerimos en nuestra acusación".

"En definitiva, el acusado reconoció expresamente su responsabilidad por todos y cada uno de los hechos que le endilgamos, y también manifestó su conformidad -al igual que su abogado defensor- con la pena impuesta, la calificación penal y el procedimiento", remarcó la fiscal.

En virtud del acuerdo de todas las partes, el tribunal aceptó el procedimiento de juicio abreviado y dictó la sentencia condenatoria para el hombre identificado con las iniciales H.O.G. por ser el autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal a una menor de 13 años y abuso sexual a menor de 18 años de edad con acceso carnal mediando abuso coactivo de una relación de poder patriarcal reiterado e indeterminado.

Las calificaciones penales son agravadas por el parentesco y por el aprovechamiento de la situación de convivencia.

En ese sentido, la fiscal sostuvo que "en el marco de la relación paternofilial, las víctimas fueron agredidas sexualmente en reiteradas oportunidades por su progenitor en una casa en la que convivían en (la localidad santafesina de) Suardi".

A su vez, precisó que "el condenado vulneró a sus hijas en la época en la que ellas transitaban la escuela primaria", y remarcó que "cometió los ilícitos en un claro contexto de violencia de género".

La fiscal manifestó que "el padre de las víctimas solía amenazarlas con quitarles la vida a ellas y a su madre si se resistían o si contaban a alguien los padecimientos a los que las sometía".

Además, explicó que "las cinco niñas sufrieron delitos contra la integridad sexual por parte del condenado".

Burella aseguró que "las evidencias colectadas e incorporadas al debate -exámenes médicos, pericias científicas y testimonios, entre otras- dieron cuenta de que el condenado se aprovechó del estado de vulnerabilidad en el que estaban las víctimas, así como de la convivencia y el vínculo entre ellos".

Un joven de 23 años, sobre quien pesaban denuncias de vender fotos de sus compañeras de estudio tras "desnudarlas" a partir de una edición basada en Inteligencia Artificial (IA) y que luego enfrentó la acusación por tenencia y distribución de imágenes de explotación sexual infantil, terminó condenado a tres años de prisión en suspenso.

La condena cayó sobre Mario Leandro Pérez González, un estudiante de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de San Juan, residente en la localidad de Albardón, ubicada al norte de la capital sanjuanina.

Hace tres semanas, Pérez González fue denunciado por sus compañeras de estudio por utilizar la inteligencia artificial y emplear sus rostros en cuerpos de mujeres desnudas, que distribuía en redes sociales.

Hace tres semanas, Pérez González fue denunciado por sus compañeras de estudio.

Según la denuncia, el acusado llegó a vender imágenes de unas 15 mujeres en dólares, pero no pudo ser condenado porque la Fiscalía descartó que esa acción se inscribiese en un delito tipificado por el Código Penal.

La investigación del hecho llevó a que fuese descubierto que el acusado tenía y distribuía imágenes de explotación sexual de menores, por lo cual recibió la condena de tres años de prisión en suspenso.

En principio, Pérez González negó haber sido quien "desnudaba" a sus compañeras y aseguró que su cuenta de redes sociales había sido hackeada, pero los fiscales del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi) del Poder Judicial sanjuanino encontraron un hecho delictivo adicional.

Es que al dar seguimiento al IP de la distribución de esas imágenes dieron con el domicilio del joven y en un allanamiento se descubrió que también tenía "material real, no generado por inteligencia artificial", de explotación sexual infantil.

Según se informó, Mario Pérez González fue acusado de tener y distribuir al menos 29 archivos de imágenes de explotación sexual, varias de ellas correspondientes a menores de 13 años.

Con esa acusación, el Juez de Garantías Alberto Caballero, lo condenó a tres años de prisión, de acuerdo a lo que acordaron en un juicio abreviado entre su abogado defensor César Jofré con el fiscal Eduardo Gallastegui, después que el imputado reconociera su autoría en el delito cometido.

En tanto, el Senado tiene en estudio un proyecto conocido como "Ley Olimpia", que ya recibió media sanción por parte de Diputados, para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar la figura de la "violencia digital" y penalizar a quienes violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

La llamada "Ley Olimpia" se basa en el caso de la actual activista mexicana Olimpia Melo, quien cuando tenía 18 años -en la actualidad tiene 33- grabó de modo consensuado un video sexual con su pareja de entonces, quien terminó viralizándolo en redes sociales y otros sitios de internet tras separarse de ella.

La repercusión social y emocional del episodio llevó a que Olimpia padeciera depresión, trastorno que no impidió que conformase una red de mujeres que terminó logrando que el Congreso mexicano aprobara una ley, la cual llevó su nombre, que reconoce la violencia digital y sanciona con prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento.

"Ahora creo que yo no soy la Olimpia del video, soy la Olimpia de la ley. Una ley que sirvió, después de la violación masiva que tuvimos de nuestro cuerpo en las redes para evitar que otras mujeres sean violadas como nosotras", reflexionó Olimpia durante un pasaje de la entrevista que Télam le hizo en julio del año pasado, en ocasión de su visita a Argentina para impulsar el proyecto de ley al que Diputados aprobó por amplia mayoría -191 votos- en julio pasado y ahora debe obtener el visto bueno del Senado.

Un australiano que trabajaba en centros de cuidado de niños fue inculpado por presuntamente abusar de 91 menores en lo que la policía describió este martes (01.08.2023) como uno de los casos “más espantosos” de abuso infantil en el país.

Los agentes le imputan 1.623 crímenes, entre ellos 136 violaciones y 110 de interacción sexual con menores de 10 años.

El hombre de 45 años fue arrestado después de que los investigadores descubrieron material de pornografía infantil en la web oscura (ver hacia el final de la nota “Qué es la web oscura”) y usaron pistas visuales en el fondo para rastrear esas imágenes hasta un centro de Brisbane.

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Pero no fue hasta que empezaron a examinar los más de 4.000 archivos almacenados en su teléfono y su ordenador que se dieron cuenta de la magnitud de los presuntos delitos.

La policía explicó que los supuestos abusos ocurrieron entre 2007 y 2022 en diez centros distintos y se centraban exclusivamente en “chicas preadolescentes”.

Algunas de sus víctimas solo tenían un año, añadieron.

De las 91 víctimas, 87 son de Australia. Las otras cuatro no han sido identificadas y la policía sospecha que corresponden a un corto periodo de trabajo en el extranjero entre 2013 y 2014.

La policía aseguró que está trabajando con agencias de seguridad internacionales para encontrar a estas niñas, pero no reveló en qué países se centra la búsqueda.

“No hay mucho consuelo que pueda dar a los padres y los niños que han sido identificados”, dijo la comisaria asistente de la policía federal, Justine Gough.

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“Es un tiempo angustioso para las familias, los cuidadores y la comunidad”.

Su compañero en la policía de Nueva Gales del Sur, Michael Fitzgerald, dijo que era uno de los casos más espantosos que había visto.

“Lo que esta persona hizo a estos niños sobrepasa los límites de cualquier imaginación”, dijo. “Intentas no escandalizarte tras tanto tiempo en la policía, pero este es un caso espantoso”.

La policía aseguró que el hombre había pasado todos los controles de antecedentes necesarios para trabajar con niños en Australia.

El acusado debe ser juzgado el 21 de agosto en el estado de Queensland, donde se encuentra Brisbane. Cuando termine el proceso será extraditado al estado de Nueva Gales del sur, donde se enfrentará a más cargos.

Para entender qué es la Dark Web hay que entender cuatro conceptos diferentes: Clearnet, Deep web, Dark web y Darknet. El más fácil de entender es el de la Clearnet, que es el Internet tal y como lo conocemos, las páginas que se encuentran en Google y otros buscadores y a las que se puede acceder directamente desde ellos.

Sin embargo, el 90% del contenido de la red no es accesible a través buscadores. Eso es una parte de la Deep Web (Internet Profunda), que engloba toda la información a la que no se puede acceder públicamente. Puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un paywall, pero también archivos guardados en Dropbox, correos guardados en los servidores de proveedores, y todas esas páginas que se crean durante unos instantes, por ejemplo, cuando se configura un buscador de viajes y muestra el contenido.

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Si la Deep Web es el 90% de Internet, la Dark Web (Internet Oscura) ocuparía únicamente el 0,1% de ella. Es una porción de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles sólo con un navegador web especial. La Dark Web por lo tanto forma parte de la Deep Web, pero son cosas diferentes.

La Dark Web es el contenido que se puede encontrar en diferentes Darknets, que son cada una de las redes a las que sólo se puede acceder con programas específicos. La más popular es TOR, pero también tienes a Freenet, I2P o ZeroNet.

Si bien muchas veces es noticia por ser albergue de crímenes aberrantes, es importante dejar claro que la Dark Web no es mala por definición, que muchos de sus mitos son falsos y que tiene bastante páginas con contenido constructivo. Además, la Dark Web sirve como cobijo a activistas perseguidos en países especialmente férreos con la libertad de expresión, y ayuda a que otros puedan saltarse las censuras locales para acceder a la información.

Los investigadores establecieron que el imputado comenzó a contactarse con el menor de edad en marzo de 2020 a través de Instagram, Twitter y WhatsApp. A través de conversaciones eróticas, buscaba obtener imágenes explicitas y generar un encuentro personal a solas con la víctima.

Detuvieron al presunto abusador de sus cuatro hermanas y su hijastra

La familia del chico realizó la denuncia a fines del mes de octubre de este año, cuando él manifestó a la madre que quería cambiar de pediatra.

Así, efectivos verificaron que las conexiones de Internet del imputado se originaban de un domicilio ubicado en la calle Arcos al 2600, en el barrio de Belgrano.

También determinaron que el hombre era un médico pediatra, que tenía un consultorio particular en la zona y atendía a sus pacientes de forma remota.

Con todo el material probatorio, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 15, a cargo de la doctora Karina Giselle Andrade, dictó la orden de allanamiento para el domicilio del médico, lograr su detención y secuestrar material de interés para la causa. Del procedimiento participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal.

Encontró a su abusador en el colectivo y lo bajó a trompadas

En el domicilio fue aprehendido el imputado y los efectivos incautaron tres notebooks, tres teléfonos celulares, una computadora de escritorio, nueve pendrives y quince DVD grabables. Todo el material secuestrado fueron llevados para ser peritados en el Laboratorio de Informática Forense.

Andrade dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía Número 10 de la Policía de la Ciudad por el delito de grooming.

La investigación fue llevada a cabo por la Sección Ciberdelitos Contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Superintendencia de Tecnología Informática de la Policía de la Ciudad, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la doctora Daniela Dupuy.

La entrada Detuvieron a un pediatra que le pedía fotos íntimas a un paciente se publicó primero en Notife.

Alan Vidaña (Mirador Provincial)

Un hombre de 43 años fue sentado en el banquillo de los acusados como responsable de haber abusado sexualmente de su propia hija. Así, el tribunal pluripersonal compuesto por los jueces Álvaro Campos, Eugenio Romanini y Carlos Gazza resolvió condenar a Martín O. de 43 años a la pena de 12 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de la convivencia con la víctima y amenazas simples, en concurso real, en calidad de autor. En tanto, la fiscalía había solicitado la pena de 20 años de prisión efectiva.

El juicio fue desarrollado durante este martes 14, en los Tribunales Provinciales de Casilda. La investigación comenzó a finales de 2017, luego de que la menor le contara a su madre que había sido abusada por su progenitor. A partir de esa revelación, la mujer realizó la correspondiente denuncia en la comisaría de la mujer.

El fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Baños, le atribuyó al condenado haber abusado sexualmente de la víctima menor de edad desde el año 2017 cuando tenía entre 11 y 12 años. Además, lo hizo responsable de haber amenazado a su ex pareja para atemorizarla.

Baños aclaró que los demás datos en relación a la mecánica de los hechos y la identidad se mantienen en reserva para preservar a la víctima ya que lleva su mismo apellido.

Por otra parte, cuando la menor tuvo que exponer su versión ante Cámara Gesell manifestó que mintió porque su padre no quiso pagarle el viaje de estudios de séptimo grado. Ante esa declaración, la investigación se dilató hasta que en septiembre de 2019 la nena se animó a denunciar, en compañía de un familiar, de que su padre había amenazado a su madre y por esa razón no había dicho la verdad cuando fue entrevistada en Cámara Gesell.

A partir de eso, la víctima reveló que no solo había sido abusada dos veces, sino en varias oportunidades. Eso hizo que la investigación adquiera más solvencia y pueda continuar otro rumbo.

Finalmente, los procesos investigativos avanzaron y llevaron a juicio al acusado. En el marco de un juicio oral y público el tribunal resolvió dictar la pena de 12 años de prisión efectiva, aunque hasta que la condena quede firme, el condenado seguirá con prisión domiciliaria y gozando de salidas laborales.

La conexión santafesina de una poderosa red dedicada al abuso y explotación sexual infantil (con conexiones en otros países) fue desbaratada este miércoles por personal de la Agencia de Investigación Criminal, sección Trata de Personas.

Desde las primeras horas del día, los pesquisas realizan allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe, como así también en las ciudades de Rosario, Villa Constitución y en Buenos Aires.

En la capital provincial los agentes requisaron un inmueble de barrio Candioti Norte, más precisamente en calle Avellaneda 3787/89 donde se llevaron detenida a una persona y se secuestró material de interés para la causa.

En este domicilio se secuestró una Notebook; una Tablet, un pendrive, celulares, cuatro discos externos y gran cantidad de DVD con contenido pornográfico.

Otro procedimiento similar se realizó este miércoles en barrio La Esmeralda, en calle Misiones al 2400, con idéntico resultado.

A su vez se realizaron 8 allanamientos en la ciudad de Rosario, tres en Villa Constitución, todos con resultado positivo en cuanto a detenidos y secuestro de material.

Los agentes siguen las directivas de una operación llamada Luz de Infancia, que refiere al facilitamiento y tenencia con fines inequívocos de distribución de material de explotación sexual infantil.

Según trascendió el alcance de esta red trasciende las fronteras de Argentina, ya que se detectaron contactos en Brasil, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, entre otros.

(Gisela Mesa para Mirador Provincial) ¿Silenciar o denunciar? Es la pregunta que muchas madres se hacen a la hora de enfrentar un tema tan delicado y tan poco difundido, el abuso sexual infantil. El ex juez federal Carlos Rozanski, de destacada trayectoria, ha sabido visualizar este problema y por eso mismo escribió el libro “¿Denunciar o silenciar?”. 

Se trata de un referente en materia de derechos humanos; es autor de la ley Nº 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de Argentina para regular la declaración de niños abusados en sede policial y judicial y de nuestro país. Rozanski fue el juez que presidió el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata que en 2006 condenó al comisario de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, así como al ex capellán policial Cristian Von Wernich en 2007. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro fundador de la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) 

En entrevista exclusiva con Mirador Provincial, el magistrado brindó su punto de vista sobre las grietas de la justicia ante el abuso sexual infantil. 

Ex Juez federal Carlos Rozanski.

-¿Quién es Carlos Alberto Rozanski y por qué eligió estudiar abogacía?

-Elegí estudiar abogacía porque mi madre decía que yo hablaba bien y tenía que ser abogado. Si bien no fue para nada una imposición, definió a la hora de elegir. Una vez recibido, ejercí durante 10 años la profesión en todos los fueros y luego concursé para el cargo de juez de la Cámara del Crimen en la Provincia de Río Negro, ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí me desempeñé con ese cargo hasta que fui designado por concurso Juez de Cámara Federal en el TOCF 1 de La Plata en el año 2000. Me desempeñé 15 años en ese cargo hasta mi jubilación en 2016. 

-¿Ha sufrido obstáculos a lo largo de su carrera como juez? 

-Sin dudas. Veinticinco años juzgando crímenes graves siempre supone obstáculos. Si bien se generaron en diferentes espacios, los más difíciles de enfrentar fueron los que provinieron del interior del sistema. Se trata de las resistencias de la propia institución judicial, que es tradicionalmente conservadora, a modificar aquello que represente un cambio ante lo establecido. De mi parte, es allí donde me topé con las mayores dificultades. 

-¿Cuáles fueron los libros y profesores que más influyeron en su formación? 

-Si tuviera que elegir, los libros serían “La sabiduría de Confusio” de Lin Yutang, “De los delitos y las penas” de Cesar Beccaria, “Vigilar y castigar” de Michel Foucault, y muy especialmente “El proceso” de Franz Kafka. Entre los profesores, Enrique Bacigalupo, Marcos Kaplan y David Baigun. 

-¿Cuál es su opinión respecto del abuso y maltrato infantil? 

-Se trata del delito más impune de la tierra. Esto demuestra que son crímenes con particularidades propias que los diferencian de los tradicionales. Suceden en su mayoría dentro de las familias o grupos convivientes, y en segundo orden dentro de variadas instituciones. Por eso, ante el develamiento de un caso, se produce un choque frontal entre el concepto de “familia” tradicionalmente descripto de manera muy parcial en la historiografía oficial y la realidad de cada caso. Lo mismo sucede con el resto de las instituciones. Es muy fuerte la resistencia de los sectores sociales más conservadores a aceptar que hechos tan aberrantes sucedan en el seno de instituciones históricamente sacralizadas. 

-“En nuestro país se esclarecen alrededor de tres de cada cien casos denunciados de abuso sexual de menores. Es el delito menos sancionado de todos los que integran el Código Penal. Si se tiene en cuenta que como máximo se denuncia el 10 por ciento de los abusos sexuales infantiles que se cometen, tenemos un total de 3 casos con condena cada 1.000”. Dicho por usted en 2008 y observamos que aún hay fallas en cómo se trabaja los casos de abuso sexual infantil. ¿A qué se debe? 

-La impunidad que tienen esos hechos es multicausal. Si tuviera que elegir dos razones, diría que una es la propia esencia del fenómeno, que como señalé antes, en su mayor parte se produce en el seno de las familias o grupos convivientes. Eso sólo es una característica muy propia del abuso en las infancias. La segunda, en mi experiencia, radica en que en el ámbito policial-judicial en el que se llevan adelante las investigaciones de los crímenes, se aplican los criterios de pesquisa tradicionales sin tener en cuenta las particularidades de los protagonistas. Me refiero a víctimas infantiles (el sector más vulnerable de nuestra sociedad) y a victimarios, en su inmensa mayoría varones (el sector más poderoso de nuestra sociedad). 

Junto a ellos, las madres protectoras y todas y todos los profesionales que intenten proteger a las víctimas, los que serán a su vez atacados por los violentos con el fin de lograr la impunidad. En ese sentido, mantener una mirada prejuiciosa, misógina y patriarcal, aleja a la mayoría de los investigadores y juzgadores de la posibilidad de disminuir las fallas que generan ese altísimo nivel de impunidad. 

-Hábleme de su libro “Abuso Sexual Infantil, ¿Denunciar o silenciar?” ¿Qué lo llevó a escribir sobre este tema? 

-En la época en que se publicó -2003-, yo ya había juzgado numerosos casos de abuso y la mayor parte de los obstáculos, como decía, se producían en el corazón del sistema. Había vivido en juicios orales cómo colegas que integraban el tribunal, revictimizaban niñas en las audiencias y entendí que era una obligación intentar modificar eso. Además, no había bibliografía que hiciera visible esa contradicción tan profunda y creí oportuno escribirlo. 

-¿Cómo evalúa la experiencia de la Cámara Gesell como herramienta y prueba clave? 

-Ese mismo año 2003, en que se publicó el libro, se sancionó la ley 25.852 cuyo proyecto yo había redactado y enviado a distintos diputados nacionales. Se trató de un cambio de modelo ya que prohibía el interrogatorio directo de las víctimas y establecía un sistema de entrevistas video grabadas o en Cámara Gessel. Ese cambio radical de modalidad, en principio fue resistido especialmente por muchos jueces. Con el tiempo, se fue asimilando la idea de que las niñas y niños no deben ser interrogadas/os en ámbitos hostiles como audiencias judiciales o policiales. El sentido de esa ley fue sacar a los chicos de espacios agresivos que los volvieran a dañar y simultáneamente los silenciara. El derecho a ser escuchado es precisamente crear las condiciones para que se puedan expresar de acuerdo a su edad, a su nivel evolutivo y al trauma sufrido. Ese espacio nunca puede ser una sala de audiencias con desconocidos preguntándole sobre sus intimidades. Eso, más allá de si se lleva a cabo la entrevista en una Cámara Gessel o mediante video grabación. Lo esencial es evitar cualquier interferencia de las partes así como de los operadores no especializados, incluidos los jueces. 

-Cabe mencionar que las madres de los niños y niñas abusadas viven un calvario durante todo el proceso judicial. ¿Por qué sucede esto? 

-Es una suma de factores. En primer lugar porque el sistema policial-judicial continúa en lo esencial, con la mecánica tradicional de investigación. Fundamentalmente en lo que respecta a la perspectiva de análisis de las pruebas, así como de los protagonistas. El niño es una víctima más, su mamá una testigo más y así respecto de todos incluyendo el propio victimario. Eso genera muchas veces una distorsión en las conclusiones. Por ejemplo, quienes analizan los dichos de una niña de 8 años a la luz de lo que estudiaron en la facultad respecto de la teoría de los testimonios, seguramente consideran que son contradictorios y poco consistentes. En abuso sexual en las infancias, es precisamente al revés. Las modificaciones de relatos y posibles contradicciones o silencios de parte de las víctimas, generalmente, confirman los sucesos. De ahí la importancia decisiva de implementar métodos de escucha adecuados a la característica del fenómeno. 

-¿Qué medidas se pueden tomar para que las víctimas no sigan siendo revictimizadas por la sociedad y el sistema legislativo? 

-La mayor revictimización de niños y niñas proviene de parte de los imputados y de un sistema que las tolera. Argentina tiene una de las mejores legislaciones del mundo en materia de protección. El problema es la distancia entre las normas teóricas y la aplicación a los casos concretos. Eso es una deuda muy grande de la justicia que no sólo tiene que ver con la formación intelectual de los operadores, sino con los sistemas de selección. Quien no tiene una perspectiva de género genuina, no debería ser ni fiscal ni juez. En esos casos, no sólo han fallado los sistemas de designación, sino además, los de control. Es por eso que las juezas y jueces así como los y las fiscales que aplican correctamente la legislación protectora, suelen tener problemas incluso en sus propios tribunales. Además son acosados y agredidos por los violentos y sus asesores sin que el sistema los contenga y proteja adecuadamente. 

-¿Podría decirse que los jueces “compran” el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)? 

-Hoy hay un porcentaje importante de magistrados que conocen la falsedad tanto del SAP como de sus sucedáneos. El problema es que también hay funcionarios que por aquella carencia de perspectiva de género y su mirada prejuiciosa, toleran y aceptan teorías que son absurdas y está comprobado que sólo buscan la impunidad de los abusadores. La misma naturalidad con que los buenos jueces rechazan esas estrategias destructivas, debería ser la que inspire al propio sistema a expulsar a quienes tanto daños hacen desde un lugar de enorme poder como es la magistratura. 

-¿Qué sucede cuando un niño o niña siente que su relato no es escuchado y desestimado? 

– Es una tragedia que se suma a la del abuso mismo. Se frustra la posibilidad de comenzar una etapa de reparación que, en condiciones adecuadas, se debería garantizar a las víctimas. La falta de escucha respetuosa es ilegal en nuestro país y una deuda que habrá que saldar. 

-Supongamos que una familia denuncia al padre por abuso sexual, esa denuncia llega a fiscalía y de ahí la denuncia no avanza, mientras tanto la madre debe recorrer los tribunales sin saber qué acciones tomar y además es maltratada por el sistema judicial que no auxilia inmediatamente a esta familia, donde lo que avanza es el daño psicológico del menor. ¿Dónde está el problema? 

-En esos casos, lamentablemente frecuentes, se violan todas las normas de nuestra legislación. Desde la Constitución Nacional, con las Convenciones sobre Derechos Humanos, hasta los códigos locales que regulan las intervenciones. El problema en todos esos casos, es un sistema que se originó en prácticas de larga data, donde la discriminación y el prejuicio han sido la regla, y que no ha alcanzado a mejorarse lo suficiente con reformas parciales y poco profundas. 

-¿Cómo debería ser el modelo de comunicación adecuado por parte del Poder Judicial en estos casos? 

-La distancia entre el Poder Judicial y la gente, es inherente a la ideología del sistema. Se trata de una verdadera aristocracia en la que recién hace pocos años han logrado ingresar profesionales formados en una visión más humanista y menos discriminadora. Entiendo que esa distancia se acorta enormemente cuando los funcionarios y magistrados que intervienen en estos casos, lo hacen con el conocimiento cabal de la temática y con la sensibilidad imprescindible para aplicar las normas protectoras. Esa buena gente a la que me refiero, no habla en difícil ni con palabras en latín. Simplemente se comunica con la comunidad a la que sirve. Desde ese lugar, la comunicación fluye con naturalidad y sin transgredir limitaciones propias de la temática. 

-Hoy, habiendo pasado un tiempo, ¿Qué reflexión hace sobre lo que fue su relación con el gobierno de Mauricio Macri y cómo se dio su salida? 

– Mauricio Macri es el único personaje en el mundo sospechado de integrar de manera orgánica una mafia -la ‘Ndrangheta-, que accede a la presidencia de un país. Eso no sólo lo define sino que además marca una prioridad de su gobierno en cuanto a perseguir a sus opositores y a cualquier funcionario que pudiera oponerse a la gestión de saqueo del país que instaló en 2015. En mi caso, (la salida) tuvo que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad que venía realizando en La Plata y el comienzo del juzgamiento de civiles cómplices del genocidio. Afortunadamente, yo tenía tramitada mi jubilación y ni bien se produjo la extorsión del ministro Garavano por orden de Macri, me jubilé.