Un hombre de 47 años fue condenado este lunes en el Valle de Uco, provincia de Mendoza, por acosar a una adolescente de 13 años a través de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado, identificado como Benjamín Elías Marín Mendoza, confesó los hechos y recibió una pena de tres años de prisión condicional.

Marín Mendoza ingresó a Roblox haciéndose pasar por un adolescente y entabló contacto con la menor. Gracias a esa interacción, la niña le pasó su número de WhatsApp. Posteriormente, comenzó a exigirle fotos íntimas, según la acusación.

La madre de la víctima detectó las conversaciones y denunció el hecho ante la Fiscalía, que imputó al agresor por el delito de “distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil”.

El juicio se resolvió mediante un procedimiento abreviado ante el juez Marco Martinelli del Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Tunuyán. La pena es condicional, lo que implica que no habrá prisión efectiva inmediata, pero sí un registro judicial.

A raíz del caso, la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) decidió bloquear el acceso a Roblox en las redes escolares de la provincia, en instituciones con pisos tecnológicos. Otras jurisdicciones argentinas analizan medidas similares.

Luego de que la Cámara Penal de Venado Tuerto absolviera este jueves 21 de marzo al músico y docente Juan Alfredo “Fredy” Dabove, sus familiares publicaron un contundente mensaje en redes sociales, celebrando la decisión judicial y explicando por qué sostienen que fue injustamente acusado.

“ABSUELTO. Fredy es inocente”, encabeza el posteo, que enumera distintos puntos clave en los que se apoyó la defensa para cuestionar la acusación y lograr la revocación de la condena en segunda instancia.

Entre los fundamentos mencionados, destacan que el médico forense no detectó ninguna lesión compatible con abuso, y que los psicólogos intervinientes concluyeron que no hubo abuso, sino posibles traumas emocionales atribuibles a otros factores como crisis familiares o cambios en el entorno.

Asimismo, subrayan que el informe psicológico sobre Dabove no lo vincula con perfiles de perversidad o pedofilia, y que el juicio se basó en un único hecho no corroborado, construido a partir de “recortes del relato de los niños” que no se condicen con la realidad.

También cuestionaron fuertemente el uso de las Cámaras Gesell, señalando que fueron criticadas por otros profesionales debido a la forma en que se desarrollaron y la falta de imparcialidad.

“Fredy tuvo que demostrar su inocencia cuando la ley dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, expresaron en el mensaje. Y agregaron: “De la otra familia no hay pericia ni ninguna investigación”, en referencia a la parte denunciante.

Con esta publicación, la familia de Dabove volvió a poner el foco en el proceso judicial y celebró el fallo que lo dejó libre de culpa y cargo, luego de haber sido condenado en julio de 2024 a 11 años de prisión en un juicio de primera instancia.

Arsenio Domínguez, el experimentado abogado que asumió la defensa de Juan Alfredo “Fredy” Dabove, condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, informó a comienzos de agosto último que presentarían la apelación al fallo de primera instancia, resuelto por el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Benjamín Révori. 

“Lo que estamos pidiendo ahora es que se revoque el fallo y se lo declare libre de culpa y cargo porque, a priori, consideramos que no hay elementos incriminantes para semejante acusación”, enfatizaba Domínguez ante los medios de prensa. 

Las pericias médicas. Una de las pruebas que la defensa consideraba clave es el examen del médico forense, que “no vio ningún tipo de hematoma, escoriación, ni fisura, es decir ninguna irregularidad en la zona anal del menor”, planteó. 

Según dicho informe, el pequeño tenía una pequeña congestión, pero que “puede obedecer a otra causa, no pudo aseverar que haya sufrido algún tipo de penetración. En nuestra opinión, debe prevalecer el informe médico a cualquier pericia psicológica o lo que pueda manifestar el menor en la Cámara Gesell, porque si está diciendo una cosa que la realidad demuestra que no se configura, no puede ser causal para condenar a una persona”.

Además, exclamó: “Según se estableció en la acusación, los casos se habrían producido cuando el menor tenía entre tres y cuatro años, algo que nos llama la atención, porque introducir o penetrar a un menor con un palo o una rama con espina tiene que producir daños en su cuerpo”.

Cámara Gesell. Domínguez también criticó, ocho meses atrás, el rol de los psicólogos, ya que “son de parte y está en juego la imparcialidad”. A su vez marcó que dichos profesionales, “en vez de escuchar primero a los menores y formular un diagnóstico, escucharon la versión de su mamá; de ese modo lo que hacen es predisponerse para seguir ese camino”, aseveró.

Seguidamente, hizo referencia al rol de la Cámara Gesell: “Creo que hay que formularle muchas críticas. Primero, porque en el proceso acusatorio, quienes deben interrogar a los testigos son las partes; aquí la que interroga es una psicóloga, mientras que los abogados y los peritos tenemos que estar detrás del vidrio, es decir que no tenemos ningún tipo de participación, más allá de alguna pregunta que se le pueda trasladar. Vemos que los psicólogos van induciendo o llevando al menor, a través de preguntas sugestivas, lo cual está prohibido, a que diga lo que el señor fiscal necesita en un caso; va direccionando el interrogatorio. Segundo, que el entrevistador debe ser designado por el juzgado, no por el fiscal, porque los peritos que toman la Cámara Gesell son funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, o sea que responde a una de las partes”. 

Por última, disparó: “Cómo puede ser que un psicólogo, en una entrevista de 20 minutos pueda determinar si es creíble o no lo que dice un menor”. 

El Gobierno de Santa Fe licitará el próximo miércoles 26 de marzo la compra de 100 pistolas de electroshock, otras 100 armas a base de dióxido de carbono que disparan proyectiles cinéticos, además de bodycam y cartuchos adicionales que serán destinados a la Policía de la Provincia. El acto se realizará en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno, en la ciudad de Rosario, y el presupuesto oficial es de $ 1.669.567.867.Al respecto, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraoni, indicó que con esta adquisición “le estamos otorgando a la Policía una herramienta de control y defensa con una letalidad infinitamente menor a las armas de fuego, ya que si bien las armas no letales no existen, las de electroshock tienen una muy baja intensidad de corriente, que logra inmovilizar a quien recibe el disparo para ser reducido por el agente”.

Respecto de las armas, también llamadas dispositivos de inmovilización o disruptor neuro-muscular, en la actualidad se utilizan en más de 100 países. La pistola de electroshock, al ser disparada, lanza dardos que se enganchan en la ropa del agresor: están conectados a alambres que son alimentados por una batería recargable dentro del mismo dispositivo. Los dardos, al interceptar a la persona, trasladan una carga eléctrica que genera una parálisis muscular momentánea en el cuerpo de quien recibe el impacto, sin provocar lesiones de gravedad y permitiendo que el personal de seguridad pueda reducirlo.El cuerpo de la persona a la que se le ha disparado recibe una descarga de 50.000 voltios con una intensidad de corriente menor de 4 mA (mili amperios). En ese sentido, Faraoni indicó que “no hay que asociar el voltaje con la letalidad, porque lo que hace letal a un arma es la intensidad de corriente, y en este sentido estas pistolas de electroshock transmiten menos intensidad de corriente que un desfibrilador, e incluso si se dispara a una persona que tiene un marcapasos, no la afectaría”.Mientras, las armas a base de dióxido de carbono disparan proyectiles cinéticos, municiones compuestas por un polímero que puede ser hueco o relleno de una sustancia irritante. De estas, el Gobierno santafesino comprará otras 100: 50 pistolas, 30 rifles y 20 rifles con tolva. “Este tipo de pistolas disuade a una persona que pone en riesgo una situación y la desactiva sin recurrir a un arma de fuego. Están pensadas para el personal de Infantería, es decir en otro tipo de contextos o conflictos”, explicó Faraoni.En ambos casos, estas pistolas “son pensadas para los agentes caminantes y ese tipo de patrullamientos”, dijo el funcionario; y se recomienda el uso solo para reducir a personas que se encuentran en un estado de alteración o bajo efectos de estupefacientes. 

A la compra de las armas, el Ministerio de Justicia y Seguridad también agregó la incorporación de cámaras corporales que se colocan en el pecho y graban desde 15 segundos antes del disparo. Según el subsecretario, “esto permite monitorear si hubo un buen uso o un abuso del arma. Así se puede proteger al efectivo de una falsa denuncia por la mala utilización del arma”.Además, las bodycam se comunican con agentes alrededor del efectivo que está utilizando el dispositivo, activando cámaras corporales de los mismos, para contar con un registro fílmico desde varios ángulos sobre el hecho.

Asimismo, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento aseguró que habrá “capacitaciones y protocolos de utilización, además de que la pistola tiene instrumentos de auditoría tanto para el buen uso como para si hay alguna especie de abuso”.En ese sentido, describió que la pistola de electroshock “tiene una caja negra donde queda almacenado el momento en que se desenfunda, la tensión de corriente que se dispara al agresor, la intensidad de corriente que circula, cómo impactaron los dardos, pero además de eso, el agente tiene una bodycam en el pecho que siempre está grabando, lo que permite tener un registro fílmico del contexto en el cual el arma fue desenfundada”.Por último, Faraoni subrayó que el agente policial “portaría las dos armas, por eso la capacitación es fundamental, ya que las armas se portan del lado cruzado. El arma de fuego se porta del lado de su mano hábil y la de electroshock del otro lado. El policía verá, en el marco del protocolo del uso gradual de la fuerza, qué arma usa en el momento. Por supuesto, lo ideal es arrancar de menor a mayor”, concluyó.

Un hombre de 65 años fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por haber amenazado de muerte a una mujer que se negó a tener una relación de pareja con él. La pena también se le impuso por haber incumplido una medida de distancia respecto de ella y porque en una oportunidad agredió y amenazó a un hombre que estaba con la víctima.

La condena a Julio Enrique Villani fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Milagros Parodi realizó la investigación que permitió arribar a la condena por los delitos de "desobediencia de mandato judicial" en tres oportunidades, "amenazas coactivas" y "agresión con arma y amenazas"."Villani acosó y hostigó a la víctima, a quien conoció porque él tenía una relación de amistad con la madre de ella", explicó.

En la audiencia de juicio abreviado, el condenado admitió expresamente su responsabilidad penal en los ilícitos atribuidos. Además, junto con su abogado defensor, manifestaron su conformidad con los hechos endilgados, con la calificación legal definida por la fiscalía y con el procedimiento elegido para llegar a la condena.

"Los ilícitos que investigamos fueron cometidos entre mediados de 2022 y el año pasado, no obstante, el condenado ya venía hostigando a la víctima desde antes", aclaró la fiscal. "El primer hecho fue el 11 de agosto de 2022, y consistió en desobedecer una medida de distancia que ya le había impuesto en junio de ese año el juzgado de Circuito número 28 de Santo Tomé, a raíz de lo denunciado por la víctima", agregó Parodi.

La funcionaria del MPA relató que "hubo otros dos hechos en los que Villani incumplió la prohibición de acercamiento. Uno de ellos fue el 14 de marzo y otro el 15 de junio, en ambos casos, de 2023".

Villani también fue condenado por haber agredido con un fierro a un hombre que estaba con la mujer. "Fue el jueves 9 de junio de 2022, en la vía pública en la localidad de Franck, donde interceptó con su auto a la víctima y a su acompañante, la amenazó de muerte a ella y lo golpeó a él en las manos", indicó la fiscal.

Parodi puntualizó que "las desobediencias de las medidas de distancia consistían en persecuciones callejeras y hostigamientos permanentes", y especificó que "el condenado le exigía a la víctima que fuera su pareja, ella se negaba sistemáticamente y entonces él la amenazaba de muerte".

"En uno de los casos, Villani la persiguió hasta la puerta de la comisaría número 23 de Santo Tomé, adonde ella estaba yendo a denunciarlo", remarcó la fiscal. "En otra oportunidad, la contactó telefónicamente, la amenazó de muerte, le infundió temor y le impidió el libre ejercicio de sus acciones", añadió.

En relación a la tercera desobediencia, Parodi detalló que fue en Franck. "A raíz de la relación de amistad que tenía con la madre de la mujer, contrató una empresa de rastreo satelital de vehículos, hizo colocar un dispositivo en el automóvil de la víctima y la siguió hasta la localidad del departamento Las Colonias", concluyó.

Un muralista santafesino de 37 años, cuyas iniciales son A.I., más conocido como "Niño de Cobre", fue imputado este lunes como autor de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la mujer que era su pareja en la ciudad de Santa Fe.

La atribución delictiva fue realizada en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los tribunales de la capital provincial por la fiscal a cargo de la investigación, Luciana Escobar Cello, ante el juez Pablo Busaniche.

De acuerdo con lo informado por la fiscal, "el imputado cometió el ilícito el sábado 17 de diciembre del año pasado y la víctima pudo hacer la denuncia este año". En tal sentido, señaló que "avanzamos firmemente con la investigación, relevamos las evidencias necesarias para llegar a la imputación y pedir la prisión preventiva".

En la audiencia de esta mañana, Escobar Cello estuvo acompañada por su colega, Alejandra Del Río Ayala. Ambas integran la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1.

"El imputado y la víctima tenían una relación de pareja de aproximadamente nueve meses, que era sumamente abusiva, desigual y violenta", señaló Escobar Cello en la audiencia. "Él celaba y manipulaba a su pareja, le controlaba el uso del teléfono celular y la comunicación con las personas de su entorno, tanto sus amistades como su familia", agregó la fiscal.

Escobar Cello también informó que "controlaba el modo en que la víctima se vestía, sus publicaciones en las redes sociales y la forma en que se desenvolvía en reuniones sociales". La funcionaria del MPA concluyó que "ejercía violencia física, psicológica y sexual sobre la mujer".

La fiscal también hizo hincapié en que "el imputado obligaba a la víctima a tener determinadas conductas sexuales que ella no quería". En tal sentido, explicó que "en el hecho ilícito que investigamos, la víctima se negó a tener relaciones sexuales y él la obligó con violencia".

De acuerdo con lo resuelto esta mañana, la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo mañana a las 13:30. Escobar Cello adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

Un fiscal solicitó este viernes penas de hasta 13 años de prisión para cinco de los acusados por la violación grupal de una joven de 22 años ocurrida en febrero de 2022 dentro de un auto estacionado en las inmediaciones de la Plaza Serrano del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales.

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 de la Capital Federal, el fiscal general Fernando Klappenbach pidió 13 años de cárcel para Ángel Pascual Ramos (24), 12 para Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), 10 para Thomas Fabián "TH" Domínguez (23), 9 años y 6 meses para Alexis Steven Cuzzoni (21), y 4 años y 8 meses para Ignacio Retondo (24), mientras que, en el caso de Franco Jesús Lykan (24), solicitó su absolución en el abuso por el beneficio de la duda, pero sí una condena a seis meses de prisión en suspenso por las lesiones leves ocasionadas a un testigo.

Los seis imputados son Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián "TH" Domínguez (23), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24).

Todos llegaron al juicio con prisión preventiva, acusados de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con las "lesiones leves" -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad.

En su alegato del 27 de octubre pasado, la querella de la víctima, representada por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, solicitó 20 años de cárcel para cinco de los seis detenidos, el máximo de la pena para el delito que les imputan.

Para los abogados de la joven abusada, Ramos, Ciongo Pasotti y Lykan fueron “coautores” del hecho, mientras que a Domínguez y Cuzzoni les atribuyeron una participación necesaria.

En el caso de Retondo -que quedó filmado tocando la guitarra en la vereda, fuera del auto donde terminó el abuso-, el abogado solo lo consideró un “partícipe” secundario, por lo que la pena se reduce.

La querella además solicitó que al margen del agravante de la “participación de dos o más personas”, se tome en cuenta también el del inciso “a” de este delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal, que es cuando del abuso “resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima”.

Cuando declaró en el juicio, el 1 de septiembre pasado, la víctima afirmó que no recordaba nada del episodio, que "le arruinaron la vida", que tuvo que dejar sus estudios en la carrera de ingeniería de sistemas y cambiarse de sector en su trabajo, donde antes hacía atención al público, y dejó en claro que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados por su “inclinación sexual”.

Ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, en la calle Serrano al 1.300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

La prueba clave fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima durante nueve horas.

Según la reconstrucción del hecho, la joven fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche "Espacio Ro Techno Bar" de la calle Thames 1625, de allí fueron a una plaza de Soler y Godoy Cruz y luego a un kiosco de plaza Serrano donde fue manoseada, hasta que pasadas las 15 fueron caminando hasta el auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300, de donde fue rescatada. 

(Ornella Pazzi) - Un nuevo dato fue dado a conocer en el marco de la causa que investigó los abusos sexuales a una niña de 12 años oriunda de Garibaldi, que a principios de año accedió a la interrupción legal de un embarazo (ILE).  

Los resultados de las pericias realizadas fueron contundentes respecto a que su padre no fue el responsable del embarazo, sino que el estado de gravidez fue producto de los abusos cometidos por un hermano de la niña, quien es menor de edad e inimputable. 

Fuentes cercanas a la investigación informaron que lo surgido de los estudios de ADN no les resultó sorpresivo. Si bien durante la entrevista en cámara Gesell la niña responsabilizó a su padre por el embarazo, luego logró contar a los profesionales de la Secretaría de Niñez que no sólo fue abusada por su progenitor, sino que también fue sometida por su hermano, un menor de 14 años. 

Sostuvo que su padre la abusaba cuando vivían en el campo, y que su hermano lo había presenciado. “Aprendió a violarla después de haber visto cómo lo hacía el padre”, explicaron. Como su madre no le creyó, la niña mantuvo en secreto los abusos de su hermano hasta que no pudo más. En marzo fue retirada de su hogar y se encuentra en un centro residencial bajo la tutela del Estado. 

Por todo esto los resultados de ADN eran “esperables” y no tuvieron injerencia sobre la acusación presentada contra Gustavo A. (en prisión preventiva), la cual se sostiene y, de hecho, fue ampliada. Resta la realización de la audiencia preliminar, tras lo cual se agendará el debate. La fiscal Alejandra Del Río Ayala solicitará en juicio que se lo condene a 16 años de prisión.  

DevelamientoLa investigación por abuso inició el 19 de diciembre pasado en la fiscalía de San Jorge, por una cuestión jurisdiccional. Recién el 2 de enero fue asignada a la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe, que ordenó la inmediata detención de Gustavo A. (43), quien se había mudado a Recreo para trabajar en una chanchería.   

Durante la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Del Río Ayala señaló que los abusos atribuidos al hombre comenzaron cuando su hija tenía 10 años y continuaron hasta finales de junio de 2022, cuando junto a su madre y sus hermanos huyó de la casa familiar. 

A finales de noviembre la mujer notó que los pies de su hija estaban hinchados y la llevó al centro de salud. Esto, sumado a la presión alta, motivó que realizaran estudios para descartar alguna afección renal. Como la nena estaba sana, el 19 de diciembre le realizaron un test de embarazo, que dio positivo. 

El sorpresivo resultado llevó a que la menor le contara a su madre y a las profesionales que había sido violada por su padre, quien la amenazaba para procurar su silencio. Él aprovechaba los momentos en los que enviaba a su esposa a buscar leña y se quedaba solo con su hija, para someterla.  La mujer hizo la denuncia ese mismo día.

Asistieron a un efector de salud en Rafaela, donde la niña manifestó ante los profesionales que “no lo quiero tener”, y su madre firmó el consentimiento para la ILE. Pero antes de que acudieran al turno en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, fueron captadas por la ONG Grávida y trasladadas hasta una de sus sedes en Santa Fe, desde donde fueron retiradas por la policía. Esto motivó que se abriera una investigación sobre la asociación. 

Medida de excepciónYa bajo la tutela del Estado, la niña confirmó su deseo de interrumpir el embarazo y volvió a responsabilizar a su padre. Luego del procedimiento, se tomaron las muestras que fueron remitidas a un laboratorio para el análisis de ADN.  

Los recientes resultados confirmaron que el abuso que derivó en el embarazo no fue cometido por el padre, sino por un hermano, lo que no fue sorpresivo ya que en marzo la niña había manifestado que no había sido sometida sólo por su progenitor.

Actualmente, la situación de la menor es compleja. Tras la realización de la ILE, la Secretaría de la Niñez asignó un acompañante personalizado en la casa de la familia. Tras el develamiento de que también fue abusada por su hermano, se dispuso una medida de excepción para retirarle la tenencia a su madre. La mujer no sólo estaba a cargo de la niña (a quien no le creía), sino también de su hermano adolescente, que debido a su corta edad no puede ser juzgado por los abusos. 

Primero se intentó que la chica se mudara con una familia de su comunidad, ya que no hay familiares que puedan recibirla, pero esto no funcionó. Entonces, fue alojada en un centro residencial, donde continúa hasta la actualidad.

(Por Ornella Pazzi) - Un secreto familiar del que nadie hablaba, siquiera puertas adentro, fue “blanqueado” entre los propios miembros de una familia sanjavierina mientras ampliaban la denuncia contra el “patriarca” que, borracho y enojado, había amenazado con una cuchilla a su exesposa porque había permitido que “la negrita” se fuera. Se refería a su hija de 36 años, a quien desde los 8 sometía sexualmente y controlaba de forma constante.

Esta semana se llevó a cabo en los tribunales santafesinos el juicio al hombre, actualmente de 73 años, acusado por haber proferido amenazas a su exesposa y su hija, y cometido en reiteradas oportunidades abusos sexuales agravados en perjuicio de esa misma hija. Este jueves, el tribunal compuesto por los Dres. José Luis García Troiano, Sebastián Szeifert y Nicolás Falkenberg, condenó J.F.C. a 20 años de prisión.

Las declaraciones de la exesposa, la hija -que no tiene un vínculo biológico con el acusado, sino que él le dio el apellido y la crió desde los 3 años-, y la mayor de los 5 hijos que la mujer tuvo con el acusado producto de los abusos sufridos durante casi tres décadas, sumadas al testimonio de la profesional que realizó las pericias genéticas, fueron fundamentales para reconstruir la historia familiar ante el tribunal.

“Valentía y coraje”

Si bien los relatos expusieron que los abusos comenzaron cuando la víctima era pequeña, a juicio se llevaron tres hechos puntuales, cometidos entre 2008 y 2016, los que resultaron en los últimos tres embarazos de la mujer. Por estos, y por la amenaza a su exesposa, fue condenado de forma unánime. La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Cecchini, quien acudió al juicio junto a su colega Guillermo Persello, mientras que J.F.C. contó con la asistencia técnica de los abogados particulares Nicolás Díaz Álvarez y Facundo Kieffer.

La víctima “relató con mucha valentía y coraje cómo comenzó a ser abusada en 1992 cuando ella iniciaba la escuela primaria, y contó que el último ataque fue horas antes de la detención del condenado en 2020”, señaló el fiscal. 

“Las agresiones fueron cometidas de forma sistemática en una vivienda de San Javier bajo graves amenazas. Para que su hija no hablara con otras personas sobre lo ocurrido, el condenado la amedrentaba con armas y le aseguraba que estaba en condiciones de quitarles la vida a ella y a otros integrantes de la familia”, resaltó el funcionario del MPA. Los hechos se dieron “en un contexto de violencia de género física, verbal y psicológica” y “menoscabaron la dignidad, la integridad y la seguridad personal de las víctimas”.

“30 años de calvario”

El develamiento de esta historia de violencias y sometimiento tuvo su punto inicial en agosto de 2020, cuando el hoy condenado amedrentó con un facón a su expareja, lo que motivó la intervención de la policía. 

“La denuncia por esa amenaza fue clave, porque mientras la mujer contaba en la Comisaría de la Mujer lo que había ocurrido minutos antes, su nieta –e hija de la víctima de los abusos– brindó información de los ataques sexuales que desde hacía años se venían dando en la familia y que nadie se animaba a contar”, destacó el fiscal, explicando cómo se dio inicio a la investigación.

De hecho, el silencio puertas adentro era tal que la joven se dio cuenta de que su madre era abusada por su abuelo, y de que tanto ella como sus cuatro hermanos eran hijos de él, sacando conjeturas y observando lo que sucedía en el día a día. Desde que podía recordar, su abuelo tenía el dominio de todo lo que su madre hacía, no le permitía salir de la casa ni tener contacto con otras personas, mucho menos con hombres. Sin embargo, la mujer seguía quedando embarazada. 

Al momento de denunciar, la joven expuso ante las autoridades todas sus sospechas, que fueron confirmadas por su madre. “Este es un caso paradigmático en el que el mayor esfuerzo lo hicieron las propias víctimas y los testigos. El mérito es de ellas”, remarcó Cecchini, “todo lo que se pudo conocer en el juicio fue gracias a los testimonios de la mujer abusada, de su madre amenazada y de su hija mayor de edad”.

“Desde la fiscalía trabajamos mucho, no sólo técnicamente, sino también para acompañar a la familia”, explicó. No obstante, “la mujer abusada tuvo el coraje y la valentía de exponer detalles de su vida completa ante el tribunal ya que, tal como lo definió ella misma, fueron casi 30 años de un calvario”.

AbsoluciónAdemás de ser condenado por “amenazas coactivas” y “abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado”, J.F.C. fue absuelto por un hecho de “amenazas” y otro de “abuso sexual con acceso carnal”. Para conocer los detalles de esta decisión hay que aguardar a que el tribunal dé a conocer sus fundamentos.

PrisiónJ.F.C. llegó al juicio en prisión preventiva, la cual había sido morigerada a domiciliaria por su edad y estado de salud. Esto fue revocado por el tribunal, que dispuso que hasta que la condena adquiera firmeza, el hombre permanezca tras las rejas.

En la mañana de este jueves, padres y madres de alumnos que asisten a la Escuela N º 893 «Mariano Moreno» de Reconquista se manifestaron en las puertas de la institución educativa a raíz de un hecho de abuso sexual del que habría sido víctima un alumno menor de edad que asiste al último grado de la primaria.

Con carteles que tenían leyendas del tipo «justicia por los niños», entregaron una nota a los directivos escolares en la que manifestaron «nuestra decisión de no enviar a nuestros hijos e hijas a la escuela a partir de la fecha y hasta que continúen asistiendo los niños acusados de ser los partícipes de una violación a otro niño de dicha institución».

Más adelante, pusieron en evidencia que «esta situación facultada por dichas autoridades directivas poniendo en riesgo la integridad de los demás niños que asisten regularmente, lo cual tomamos como un acto inadecuado como docentes y directivos hacia los demás estudiantes».

«Como si nada»

La decisión de no enviar sus hijos a clase fue tomada luego de que «nos enteramos de los hechos y que los alumnos acusados siguen ‘como si nada pasara’, provocando una situación peligrosa y quizás irresponsable para los demás niños», consignaron.

En ese sentido, insistieron en la misiva con que «las autoridades y supervision de la escuela ‘ocultaron todo’, como siempre lo hacen, diciendo que en la escuela solo se acata lo que los directivos dicen», y solicitaron «medidas inmediatas» que protejan a los niños y niñas. «Estos niños no tienen que estar más en la escuela», aseveraron, en referencia a los denuniciados agresores.

La denuncia salió a la luz la semana pasada. Fue cuando trascendió que un alumno menor de edad contó a sus padres haber sido víctima de abuso sexual por parte de tres estudiantes del nivel secundario de 16 años. En ese momento, las representantes de la Region II de Educación, Jorgelina Vogel y Mariana Aguilar, indicaron que hubo una reunión con los padres de los alumnos involucrados, a raíz de lo cual se tomarán otras medidas para la vuelta a clases, después del receso invernal. Las funcionarias afirmaron que debían garantizar la educación de los chicos, por lo que las medidas tomadas hasta el momento fueron consensuadas entre los padres de ambas partes.

Por Ornella Pazzi

Abuso sexual infantil, maltratos físicos y amenazas fueron imputados a un residente de Carlos Pellegrini, a quién también le atribuyeron haber mantenido encerrados durante 17 días a su pareja, los tres hijos de ella y el bebé que tienen en común.

El fiscal Francisco Cecchini endilgó a Pablo Ezequiel L., un entrerriano de 32 años, una serie de hechos cometidos entre 2022 y 2023. Los últimos ocurrieron entre el 6 y el 21 de julio de este año, cuando mantuvo privados de su libertad a su pareja y cuatro hijos, a quienes golpeó e incluso, en un ataque de ira, quemó con agua caliente.

Respecto a las dos hijas de su pareja se le imputó haber sometido sexualmente a las menores, entre los 5 y 6 años de la más chica y los 10 y 11 de la mayor, configurando los mismos “abuso sexual agravado” y “abuso sexual gravemente ultrajante calificado”.

La atribución delictiva fue realizada ante el juez Sergio Carraro, y Pablo L. contó con la asistencia del defensor público Mario Guedes. El fiscal pidió audiencia para tratar la prisión preventiva, que debido a que se presentó un abogado particular, se realizará recién el jueves.

El fiscal Francisco Cecchini adelantó que solicitará la prisión preventiva, que será discutida este jueves en los tribunales santafesinos.

El primer hecho atribuido corresponde al encierro al que el imputado sometió a su pareja y cuatro niños menores de edad, entre el 6 y el 21 de julio. Durante la audiencia, el fiscal detalló que los obligó a permanecer en la vivienda que compartían, ubicada sobre calle Rivadavia al 900 de la localidad de Carlos Pellegrini (departamento San Martín), impidiéndoles salir “mediante amenazas y el uso de la violencia física”.

Golpeaba a su pareja, la tomaba del cabello y empujaba cuando intentaba salir de la vivienda. La mujer siguió intentando, hasta que finalmente tras 17 días de encierro y maltratos logró escapar del inmueble y pedir auxilio a la policía.

Durante el período en que los mantuvo privados de la libertad, a Pablo L. se le atribuyó haber golpeado a los tres hijos de su pareja, que tienen 6, 8 y 11 años. Como consecuencia, los dos más chicos terminaron con lesiones, el de 8 en el ojo izquierdo y la de 6 en la zona de las piernas, el tórax y el rostro.

Al momento de imputarle las lesiones, el fiscal señaló que todos los hechos “ocurrieron en el marco de una relación de pareja signada por la violencia física y psicológica -con golpes, encierro, amenazas, celos, desprecios- generando una relación desigual de poder capaz de atentar contra la integridad física, psíquica y económica de la mujer y sus hijos”. Particularmente respecto a los golpes a los niños, “fueron cometidos con el propósito de causar sufrimiento a su madre”

Además, al entrerriano se le atribuyó haber quemado a su pareja y al hijo que tienen en común, de 1 año. El mediodía 18 de julio, durante el período en que los mantuvo encerrados, “en el marco de una situación violenta en la que estaba increpando a la mujer, golpeó un termo con fuerza, haciendo que saltara el agua caliente en su interior” que alcanzó a su pareja y al bebé. Ella resultó con quemaduras en la pierna derecha, mientras que al menor “le provocó una quemadura en la cara, cerca del ojo”.

En la atribución delictiva se señaló que el imputado realizó esta acción “sabiendo, o debiendo representarse al menos como posible, que podría derivar en ese resultado”.

Además, a Pablo L. se le atribuyeron delitos de índole sexual, contra las dos hijas de su pareja. Los hechos “ocurrieron en la vivienda de Rivadavia 900, aprovechando para ello la situación de convivencia que mantenía con las menores y estando a su cuidado y guarda por ser pareja de la madre”.

Respecto a la menor, los abusos fueron imputados como “reiterados”, “en forma sostenida y repetida en el tiempo, en el período comprendido al menos entre 2022 y julio de 2023”. Durante el mismo período, en fecha indeterminada y al menos en una oportunidad, se le atribuyó haber sometido a la mayor.

A pedido de la defensa, la audiencia en la que se tratarán las medidas cautelares será realizada el jueves.

El juez Martelossi autorizó un botón de pánico para las víctimas, tobillera electrónica y un dispositivo de geolocalización para el acusado. También reglas de conductas habituales.

El abogado defensor, Dr. Roberto Pagura, explicó que “pidieron una pericial para que se establezca que el imputado estaba disponiendo de una preventiva en la policía y tenía riesgo médico. El juez estableció que lo vea el médico forense, pero como está de licencia, lo vio el médico policial. El día miércoles tuvimos la audiencia, donde estuvo Bianchini y yo, como abogados de la defensa, el doctor Parquet, y el médico Salinas, que era el perito”.

Agregó que “le hicieron la pericia y el médico determinó que no eran las condiciones necesarias por el riesgo psiquiátrico y cardiológico que tiene el acusado de estar preso en la comisaría”, por lo que el magistrado definió que “siga preso, pero en la casa”.

Pagura afirmó que “la fiscalía y la gente del CAJ, que patrocinó a las víctimas, pedían más pericial, querían que otro médico especialista, a lo que a nosotros nos opusimos, nos parecía innecesario. Decían que Salinas no tenía en su carácter de médico las condiciones necesarias para que dicte ese examen, nnosotros creemos que si”.

“Otra de las discusiones fue que era muy cerca la casa de una de las víctimas, de 750 metros más o menos, de donde vive el detenido al de las víctimas, que las perimetrales son de 200 metros, inclusive de 300. O sea, es imposible él que no puede salir de la casa, vaya y amedrente a las víctimas”, sostuvo el abogado.

Por último, subrayó que “su señoría le dijo que no nos puede llamar por teléfono, no puede comunicarse ni por telegram, ni por instagram, ni por cualquier vía. O sea que ahora él se va a ir a su casa detenido y no va a poder salir de ahí. Y en su celular se va a poner una geolocalización para saber si está o no está en su casa. Y bajo la guarda de su esposa”.

Las presuntas víctimas que denunciaron al funcionario de 58 años y con un puesto encumbrado en la Dirección Municipal de Tránsito, son PBL, de 37 años, y JAR, de 36 años.

Los hechos expuestos por las agentes municipales fueron haber sido víctima de acoso sexual, y manoseos, quien además la habría obligado a que le practicara sexo oral; y haber sido víctima de acoso sexual y hostigamiento, respectivamente.

En una de las salas de la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista se firmó el acuerdo para condenar a Marcelo “Leche” Galaz a la pena de 7 años de prisión efectiva, más una indemnización de 6 millones de pesos, en el marco de un juicio abreviado al que arribaron las partes.

En el que se considera un caso emblemático del norte santafesino por sus incidentes, dilaciones y denuncias, el exempleado de la Municipalidad de Avellaneda admitió la autoría de los hechos en perjuicio de M. G., su sobrina, ocurridos cuando era menor y caratulados como abuso gravemente ultrajante, reiterado en un número indeterminado de veces, todo en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La condena será dictada una vez que la “multa altruista” haya sido abonada por en favor de la víctima, que en la audiencia presidida por el juez penal Santiago Banegas realizada el miércoles leyó una carta a modo de reflexión y descargo de lo vivido durante el proceso penal.

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“Muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresarme. La verdad es que durante todos estos años para mí fue tan doloroso el silencio como los hechos en sí. Sabía lógicamente que hoy iba a estar nerviosa, ansiosa, así que decidí escribir para hacerlo más claro y concierto posible”, comenzó.

M. G., de 27 años, contextualizó que “en principio me gustaría comenzar haciendo un breve resumen de cómo llegamos hasta acá con la esperanza de que la justicia tenga capacidad autocrítica y ninguna otra víctima sufra la revictimización que yo sufrí a manos del fiscal Aldo Gerosa y su equipo”. Señaló que fue un “maltrato” que en su momento informó tanto al fiscal general como al fiscal jurisdiccional, esperando que se tomen las medidas correspondientes.

“Porque considero que estamos en el año 2023 y hay cosas que ya no podemos tolerar”, asentó, y tras citar la Ley Micaela sostuvo que “todos los integrantes del Poder Judicial deberían tener perspectiva de género”.

A la revictimización denunciada contó haberla sufrido cuando “la prensa muchas veces se enteraba cosas del proceso antes que yo. Literalmente, todavía no entiendo cómo se filtran este tipo de cosas del Poder Judicial y nadie hace nada. Para mí fue muy fuerte enterarme de lo que iba pasando con mi causa por los medios de comunicación”.

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Luego, apuntó contra su abusador: “¿Cómo llamarte? Marcelo, tío, abusador. Tantas personalidades en una misma persona. Mi diablo personal más de dos décadas. Ruego a Dios que esta sea la última vez que te vea y literalmente podría estar horas y horas echándote en cara todo el daño que me hiciste. Mucho más del que podés llegar a imaginarte”.

“O preguntarte por qué, ¿qué te hice para que me odiaras tanto? ¿cómo pudiste lastimarme de esa manera? Pero la realidad es que esto no me llevaría a nada, porque no hay respuesta que valga frente a un hecho tan atroz como un abuso”, razonó en vos alta, para expresar a continuación: “Lo que sí quiero decirte es que ya no te odio y no me arruinaste la vida. Sí, teñiste de tristeza gran parte de mi niñez, mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta, pero hasta ahí, basta, Hasta acá llegaste, hasta acá te dejo llegar. El resto de mi vida es mía, sólo mía”.

Respecto al odio, mencionó que “durante años tuve un deseo recurrente, emboscarte de sorpresa, voltearte y dejarte tirado en el piso, sangrando, sufriendo, porque eso fue exactamente lo que vos hiciste conmigo. Como un buen cobarde me tomaste desprevenida cuando era una niña sin herramientas ni recursos para defenderme, me destrozaste y me dejaste tirada en un charco de sangre”.

Pero, entonces algo pasó, no sé cómo ni en qué momento, puede estar la terapia, el paso del tiempo o Dios, pero “ya no te odio, no quiero lastimarte, porque soy consciente de que el hecho de que vos sufras no va a mitigar mi dolor. Comencé a sanar el día que solté el odio para concentrarme en mí, y por eso voy a perdonarte. Hoy no, hoy todavía no puedo, pero voy a trabajar para hacerlo porque me lo merezco. Merezco una vida en libertad y armonía, porque el abuso no me define a mí. El abuso te define, te definió y siempre te va a definir a vos, Marcelo”, culminó.

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El Dr. Doctor Sebastián Marichal, fiscal de la causa, habló tras el acuerdo alcanzado: “Este es un acuerdo de partes donde también la propia víctima asesorada por el Dr. Gabriel Baucero, junto con el abogado defensor, el doctor Andrés Ghío, que no estaba presente por cuestión de salud, y el imputado acordaron una reparación y una pena a siete años de prisión”.

“Básicamente por el delito de abuso sexual ultrajante y por abuso sexual con exceso carnal, reiterados. En la audiencia se explicó las razones por las cuales se modificaron los agravantes, pues en definitiva la diferencia es que acá en el acuerdo se habían eliminado las agravantes de corrupción de menores y de convivencia, guarda y grave daño”, comentó.

El representante del MPA dijo que el juez entendió razonable, pero aclaró que “eso va a quedar supeditado al pago, digamos de la reparación y después se dictará sentencia; en principio se admitió el acuerdo, básicamente no se dictó ya la condena, pero se va a dictar aparentemente en 30 días cuando se cumpla la totalidad de la reparación integral que pactaron las partes”.

El próximo 2 de febrero se conocerá el veredicto final del juicio por la muerte de Lucio Dupuy, el pequeño niño de 5 años torturado, abusado y golpeado en La Pampa. Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de ésta, Abigail Páez, son las acusadas de haber dado muerte al menor la noche del 26 de noviembre de 2021.

En la audiencia número 16, Espósito Valenti declaró y dio su versión de los hechos sobre la vida que llevaba el menor con ella. Lucio hacía meses que vivía con su madre y la pareja de ella en Santa Rosa, La Pampa, y desde su familia paterna era reclamado constantemente.

Magdalena declaró durante 40 minutos y contó que su hijo “llevaba una vida normal” y “era feliz” con ella, ya que mencionó en varias oportunidades que el menor le decía que quería estar con ella. Sin embargo, no mencionó nada sobre las condiciones en las que estaba el cuerpo de Lucio, el cual tenía heridas de larga data compatibles con una larga tortura según la autopsia del caso: estaba mordido, le habían quemado cigarrillos, lo habían golpeado y lo abusaron sexualmente.

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“Yo sólo quiero aclara que teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo”, dijo Espósito.

La madre de Lucio también habló sobre la relación que mantenía con Cristian, el padre del menor, y los abuelos del niño. “Yo nunca tuve problemas con Cristian más allá de que él me haya violentado física, psicológica y económicamente. Yo jamás lo odié, ni tuve un problema con él. Cuando terminamos nuestra relación lo tomé como que había terminado la relación y nada más. Es más, siempre le reclamé que él se preocupara por su hijo y se ocupara de su hijo, que cumpliera su rol como padre”, expresó.

“Con respecto a sus abuelos, lo mismo. Yo nunca tuve problemas con ellos ni se lo negué (a Lucio) a nadie. Jamás tuve ningún inconveniente con que lo vean ni nada de eso. Las veces que han venido para Santa Rosa siempre lo pudieron ver. Nunca puse ningún impedimento para que lo pudieran ver”. Luego agregó, que “si no tuvieron más contacto con él, fue porque no se interesaron”.

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Además aseguró que Cristian no cumplía su rol como padre con Lucio: “La responsabilidad era de los dos. Tanto mía como madre y el cómo padre. Porque no lo hice sola a Lucio. Lo hicimos entre los dos. Él se desentendió siempre. Lo único que hizo fue pasar en algún momento la pensión alimentaria, pero a mí me pareció siempre importante que el estuviera presente”.

Tal y como lo hizo Abigail Páez, Magdalena Espósito evitó hablar específicamente de las condiciones en las que llegó Lucio Dupuy al hospital. Además en ningún momento mostró arrepentimiento alguno.

El juez Martín Torres dispuso la prisión preventiva sin plazos para un santafesino imputado por haber abusado de su hija de 3 años. Así lo resolvió el jueves, tras escuchar el cúmulo de evidencias reunidas por la fiscalía.

La denuncia fue radicada el 8 de enero, luego de que la noche anterior la nena regresara de la casa de su padre y le contara a su hermana adolescente y a su mamá que su papá la había tocado.

Tras la revisión médica, se entrevistó a la menor en cámara Gesell, donde aportó detalles de lo sucedido, y se tomaron declaraciones al entorno familiar. La fiscal Alejandra Del Río Ayala ordenó la detención de Eduardo I., a quien atribuyó la autoría de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “promoción a la corrupción de menores”, ambos delitos agravados.

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Según lo expuesto en la audiencia en la que Eduardo I. -cuyo apellido se reserva para preservar la identidad de la víctima- quedó en prisión preventiva, el viernes 7 de enero pasó a buscar a su hija por la casa de su expareja y la trasladó hasta el domicilio donde él residía junto a sus padres.

Los testigos mencionaron que esto era habitual, él solía buscarla y llevársela por un par de días, algo que la nena ansiaba, ya que “adora a su papá, siempre quiso ir con él”. Pero sorpresivamente, ese viernes por la noche la madre recibió un mensaje de su expareja, diciéndole que le devolvería a su hija porque ella “no quería estar más ahí”.

La nena arribó a su hogar cerca de la medianoche, notablemente decaída. Su hermana mayor intentó animarla y le ofreció caramelos. Pero la chiquita no quiso, algo que extrañó a la adolescente, que le preguntó si le pasaba algo. Fue entonces que la víctima contó que le dolía la “cola”, señalándose la vulva, y cuando le preguntaron si alguien la había tocado, dijo: “Sí, el amigo de mi papá y mi papá”.

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Tras contar lo vivido, la niña se descompuso y vomitó, lo que alarmó a su madre. Cuando su hija mayor le comentó lo que acababa de escuchar, la madre se llevó a la pequeña y volvió a preguntarle por lo que había pasado. La menor le contó, y volvió a repetirlo ante el médico que la atendió y la psicóloga que la entrevistó, señalándole a todos que no era la primera vez que pasaba. En cámara Gesell aportó más detalles y fue “muy concreta” al explicar qué le habían hecho.

Eduardo I. fue detenido e imputado. Durante la audiencia de medidas cautelares, la defensora pública Sonia Bustos ofreció una serie de medidas alternativas para cautelar el proceso, las cuales fueron rechazadas por el juez Torres tras considerarlas insuficientes para mitigar los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio.

(Por Nancy Balza) – Las trabajadoras de la Seguridad pública, principalmente las integrantes de la Red de mujeres policías, realizaron una segunda encuesta sobre las violencias que atraviesan sus integrantes. De las 128 personas que respondieron a la consulta sobre si habían atravesado algún tipo de violencia dentro de la institución, 89 dijeron que si, 30 que no y 9 no contestaron.

El principal tipo de violencia que reconocieron fue el moobing (acoso laboral) con 56 respuestas afirmativas. La violencia psicológica estuvo presente en 30 respuestas (también predomina fuera de la institución), sexual (18), física (1), simbólica (9), discriminación (10 y por maternidad (10) fueron las modalidades percibidas por las encuestadas.

El otro dato alarmante lo constituye el paso posterior a la agresión. Son muchas las encuestadas que reconocen no haber hecho la denuncia por vergüenza, miedo o falta de recursos. También hubo quienes denunciaron pero desconocen cómo sigue la causa.

“El único objetivo es seguir haciendo visibles con números reales las violencias por las que atravesamos, y una búsqueda constante de soluciones”, indican en el documento que acompaña las principales cifras del relevamiento.

Allí advierten que “a pesar de llevar más de tres años trabajando y de los logros obtenidos, aún falta información y nos cuesta mucho llegar a diversos puntos del territorio; las compañeras no sienten confianza en concurrir a los organismos destinados a la recepción de denuncias, y las que se animaron hasta el día de la fecha no han obtenido ninguna respuesta: sienten que sus denuncias “se cajonean” o sus causas se archivan por falta de pruebas o por diversas causas de las que no les dieron ningún argumento”.

Más grave aún: “Varias manifestaron que fueron cambiadas de destino, que no se resuelven los conflictos laborales e incluso más de una vez escuchan la sugerencia de que no realicen denuncias o soliciten las licencias que por ley les corresponde, según las distintas situaciones de cada una, porque ponen en riesgo su actual destino y pueden ser trasladadas”.

Con la convicción de que la problemática de género es una situación que afecta a todos los sectores sociales, la red evalúa que debe ser atendida como “grave”, y advierte que “deteriora las relaciones interpersonales y laborales como así también para el afuera”.

En este punto insisten: “cómo vamos a dar una óptima respuesta a lo que a género respecta si nosotras mismas somos vulneradas con el mismo tipo de violencia”.

La encuesta fue contestada por 137 agentes policiales durante los meses de junio a agosto de 2022; 102 aportaron su nombre o datos personales. En cuanto a las edades, 19 tenían entre 20 y 30 años; 85 entre 31 y 40; 31 de 41 a 50, y una 52.

Como ya se dijo, la primera pregunta buscó establecer si las encuestadas habían atravesado algún tipo de violencia dentro de la institución. De las 128 respuestas obtenidas, 89 fueron por la afirmativa.

El tipo de violencia predominante es le moobing, también conocido como acoso laboral. Sin embargo hay una notable prevalencia de violencia psicológica, seguida por sexual que registra 18 respuestas positivas. Como siempre que se aborda este tema, hay más de una respuesta afirmativa, es decir, una misma persona puede sufrir más de una forma de agresión.

Fuera de la institución también se atraviesan situaciones de violencia: 37 del tipo psicológica, 6 física y una cifra similar sexual. Hay violencia doméstica (18) simbólica (3) y económica (2).

Hubo 126 respuestas a la siguiente consulta: ¿Denunciaste? ¿Dónde? ¿Hasta que instancia llegó la denuncia? 81 respondieron en forma negativa por vergüenza, miedo, edad, porque nadie le iba a creer o por falta de recursos; 10 dijeron que si pero no dieron más detalles; 29 especificaron que la denuncia se frenó, se desconoce qué pasó con el archivo, no tuvieron respuesta o suspendieron o trasladaron a la denunciante.

Con todo, 58 de 128 dijeron percibir algún cambio respecto a los derechos de las mujeres dentro de la institución. Otras 28 dijeron que cambió “muy poco” y 33 respondieron por la negativa mientras que 9 no contestaron.

A la pregunta ¿eres jefa de hogar o madre soltera?, 84 agentes (sobre 132) dijeron que si, 44 que no y 4 no respondieron. El 45,2 % tiene más de un hijo; el 28.6 % un hijo, y el 8,5 % más de tres. El 13,8 % tiene algún hijo con discapacidad.

Las taras de cuidado y el concepto de doble o triple jornada laboral también aplica para agentes de la policía: el 45,2 % manifestó tener familiares a cargo.

El 56 % de las consultadas vive en la localidad donde trabaja. El 67,3 % habita a menos de 50 km.; 8,9 % entre 50 y 100 km. Y un 23,8 % a más de 100 kilómetros.

Un 30.7% reconoció que fue madre y no se le permitió ascender (antes fue un 72.9%) y un 69.3% dijo que si (contra un 27.1% anterior). Y el 61,1 % dijo que tuvo permiso para amamantar.

Sobre 133 respuestas a la consulta sobre si habían solicitado licencia médica por patología psicológica, 64 dijeron que si, 66 que no y 3 no respondieron. Apenas 8 solicitaron el día femenino; 3 lo pidieron y no se lo dieron, 1 no contestó y 123 no lo solicitaron.

¿Qué ocurrió cuando solicitaron licencia por violencia de género? ¿Les otorgaron los días? Sobre 124 fueron afirmativas 5 respuestas; 113 negativas y 6 no respondieron. “Alguna compañera relató que cuando la pidió su jefe le dijo que si sacaba ese artículo la trasladaba, otra que no porque la culpa era para ella, otras que desconocían ese derecho”.

¿Tuvo resolución su caso?, ahonda la última pregunta: 63 respuestas fueron por el no y 16 por el si.

En horas del mediodía de este viernes se llevó a cabo la audiencia imputativa contra un hombre de 27 años, quien fue denunciado por abusar sexualmente de una niña de 5 años en un Jardín de Infantes de San Gregorio. El acusado, de nombre Bruno C., se desempeñaba como asistente escolar de dicha institución educativa y, según se investiga, habría cometido estos ataques durante el transcurso de este año.

Cabe recordar que la presentación se realizó en sede policial en la jornada del jueves por la madre de la niña, quedando la fiscal Rafaela Florit a cargo del caso.

La imputación fue abuso sexual simple agravado por haber sido cometidos en un Jardín de Infantes, aprovechándose de su situación de asistente escolar y portero.

Si bien el hombre continuará en libertad, se le impuso reglas de conducta, prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima y grupo familiar. También deberá presentarse en la Comisaría local dos veces a la semana y la obligación de mantener actualizado su domicilio.

Según fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que “se iniciaron actuaciones sumarias mediante una denuncia radicada por la madre de la niña, donde da cuenta que su hija de 5 años de edad le manifestó que no quería ir al jardín porque Bruno la tocaba”.

Seguidamente la progenitora se comunica con el área de Acción Social de la comuna de San Gregorio por el cual se hacen presentes ante sede policial para radicar la denuncia correspondiente. Luego se informó del hecho ocurrido a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de Rufino, Rafaela Florit, quien dispuso que se realice una inspección ocular, croquis y fotos del jardín, video filmación, como así también ampliación de entrevista a la denunciante, relevamiento de cámaras de seguridad y se cite de inmediato al llamado Bruno C. (portero y asistente escolar) y se lo notifique de la causa caratulada Abuso sexual simple agravado.

La madrastra de la adolescente de 13 años hallada muerta en su vivienda de la localidad bonaerense de Lima confesó que se le “fue la mano” al golpearla con un palo, mientras que el padre de la víctima se declaró “inocente” porque estaba “trabajando” cuando su concubina cometió el crimen, informaron fuentes judiciales. 

María Delia Ludueña (40) y Pablo Ramón Lavín (42) fueron indagados por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por ser progenitor y guardadora respectivamente, y ser garantes de la vida de la víctima y por el “abuso sexual con acceso carnal realizado por dos personas contra una menor de 18 años”. 

“Se me fue la mano”, declaró la mujer al confesar que atacó a la adolescente con un palo porque tenía “celos” debido a un supuesto trato distinto del hombre hacia otra hija que la pareja tiene en común. 

En tanto, Lavín negó haber participado en el crimen porque en ese momento estaba “trabajando” y admitió que, si bien hace “sacrificios” con animales al profesar la religión umbanda, “nunca” le haría daño a su hija. 

Por otra parte, los investigadores establecieron que no había denuncias previas de alguna agresión sobre la víctima y confirmaron que había denuncias recíprocas entre la pareja por “amenazas y violencia familiar”. 

Todo comenzó el martes último, cuando una mujer llamó al teléfono de emergencias policiales 911 y dijo que estaba con una adolescente de 13 años, quien no podía respirar. 

Cuando arribó una ambulancia del Sistema de Emergencias Municipal (SEMU) de Zárate a la vivienda ubicada en la Calle 16 al 100 de Lima, al norte de la provincia de Buenos Aires, el médico intentó reanimar a la adolescente, pero finalmente falleció. 

Según las fuentes, la adolescente presentaba a simple vista golpes, cortes y quemaduras en varias partes de su cuerpo, por lo que por protocolo se dio aviso a la Policía. Hasta ese momento, en la vivienda solo se hallaba la mujer con la adolescente muerta, dijeron las fuentes. 

En su primer pronóstico, el médico que la atendió no descartó que la adolescente haya muerto por la ingesta de pastillas, indicaron las fuentes. 

Si bien en un primer momento la causa comenzó a investigarse como “averiguaciones de causales de muerte”; tras el resultado preliminar de autopsia el fiscal decidió recaraturarla como “homicidio”. 

Ese informe reveló que el cuerpo de la adolescente tenía signos compatibles con abuso sexual, una hemorragia externa y varios politraumatismos, por lo que inmediatamente se ordenaron distintos peritajes. 

El Litoral Un hombre identificado como Juan Rubén Alviso, fue condenado a 13 años de prisión como autor de un hecho de abuso sexual cometido en perjuicio de una adolescente a la que le enseñaba oficios en Santo Tomé. La pena fue impuesta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Susana Luna (presidenta), Nicolás Falkenberg y Sergio Carraro en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, la investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1.

El MPA sostuvo que en el debate quedó probado que el abuso sexual fue cometido el sábado 16 de noviembre de 2019 en la vivienda del condenado. La Fiscalía planteó que Alviso se aprovechó de la confianza de la adolescente, quien en esa época transitaba el último tramo de su escolarización primaria e integraba un grupo de jóvenes a los que el hombre instruía en oficios como panadería, peluquería, jardinería. En relación a la denuncia que dio origen a la investigación, el MPA valoró que fue radicada por la madre de la víctima días después del ilícito.

Alviso fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado (por haber estado encargado de la educación y de la guarda).

Por Juliano Salierno 

Una tarjeta de embarque de Aerolíneas Argentinas a nombre de una mujer santafesina que en agosto de 2019 fue obligada a viajar desde Buenos Aires hasta la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, fue uno de los tantos elementos de prueba que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe utilizó para condenar a Nicolás Alejandro Carreón, un proxeneta de 28 años de Villa del Parque, que ahora cumple pena en la cárcel de Coronda. 

La sentencia, dictada el pasado 20 de abril por el juez de cámara José María Escobar Cello, es el resultado de un juicio abreviado en el que la fiscal auxiliar Jimena Caula y el abogado particular Luis Carlos Rittiner, acordaron la imposición de 6 años de prisión para Carreón, como autor del delito de “explotación de la prostitución de una persona, agravado por mediar engaño, violencia, amenaza y abuso de situación de vulnerabilidad de la víctima, y por su calidad de conviviente”. 

El delincuente, detenido hacia fines de 2020 por la Justicia Provincial, fue imputado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el 19 de diciembre de ese año, por hechos ocurridos entre 2016 y marzo de 2020, cuando obligó a su pareja de entonces M.A.C. a intercambiar sexo por dinero, en distintos puntos del país y en condiciones que sólo se comprenden, asociadas a un contexto de “vulnerabilidad extrema”, que el magistrado supo valorar a la hora de emitir los fundamentos. 

Además, se le atribuyó haber repetido la maniobra delictiva con otra víctima, L.A.C. con la cual también formó pareja, entre marzo y agosto de 2020 y a la que engañó con similares artilugios que a la postre se convirtieron en graves hechos de violencia. 

Las denuncias de ambas mujeres se encuentran ampliamente corroboradas, tanto en el ámbito local, a través de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género y el Juzgado de Familia Nº 2 de Santa Fe; como en jurisdicciones vecinas como la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de Entre Ríos; y otra tan distante como la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales de Río Grande, en los confines de la Argentina. 

Además de los informes de las agencias estatales, la justicia cuenta como matriz probatoria, las capturas de pantalla de redes sociales y mensajes de texto, que ratifican el sometimiento al que se encontraban sujetas sus víctimas. 

Y si bien la investigación se encontraba encaminada, la justicia provincia declaró la incompetencia y las actuaciones pasaron a la órbita de la justicia federal, quedando a cargo del Fiscal Federal Nº 1, Gustavo Onel. 

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, fue el resultado de un juicio abreviado alcanzado entre Fiscalía y defensa. Foto: Mauricio Garín/Archivo 

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, fue el resultado de un juicio abreviado alcanzado entre Fiscalía y defensa. Foto: Mauricio Garín/Archivo

Con el cúmulo de evidencias en contra, el fiscal Onel solicitó el procesamiento con prisión preventiva de Carreón, el cual fue dictado el 6 de abril del año pasado; acto seguido el representante del ministerio público formuló el requerimiento de elevación a juicio y solicitó que se continúe investigando otros eslabones del negocio. 

“Se encuentra acreditado que durante el año 2016 y hasta marzo de 2020 Nicolás Alejandro Carreón obligó a M.A.C. –con quien formó pareja y tuvieron un hijo en común- a intercambiar sexo por dinero con terceras personas, en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe y en otras ciudades del país, mediante el uso de violencia y amenazas, aprovechándose además de la situación de vulnerabilidad de la nombrada”, destacó el Dr. Escobar Cello en los considerandos del fallo. 

Para el magistrado, Carreón le mintió a la mujer asegurándole que a su lado podría abandonar su vieja vida, pero al poco tiempo la volvió a introducir en la actividad, esta vez “todos los días y por jornadas de 12 horas”, tras las cuales le solicitaba rendición de cuentas y le exigía una determinada suma de dinero como piso, dinero del que la mujer era despojada. 

De las tareas investigativas surgió que Carreón explotaba a la mujer en la esquina de Castelli y Dr. Zavalla, cerca del complejo educativo Don Bosco. Allí la dejaba a las 6 de la tarde y la buscaba a la medianoche. También en una gomería de la ruta once, en las playas de camiones de Puerto General San Martín, a donde viajaba en remis o colectivo; y en una “parada” al lado del parque industrial de la ciudad de Paraná (en Entre Ríos) desde las 20 y hasta las 3 del día siguiente. 

Además de esos tres puntos fijos, Carreón solía llevarla a las carreras, a los eventos realizados en los autódromos de La Plata (en Buenos Aires), Concepción del Uruguay y Concordia (en Entre Ríos), Río Hondo (en Santiago del Estero), San Luis y Rafaela. 

Sin dudas el dato más llamativo remonta al 18 de agosto de 2019, cuando el condenado hizo tratativas para enviar a la primera de sus mujeres a más de 3400 km de distancia, para ser prostituida en los confines de la Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego. 

La mujer era obligada a ofrecer servicios sexuales en dos viviendas de la ciudad de Río Grande, donde se le prohibía salir, le cobraban la comida y la plata que le sobraba se la depositaban en una cuenta a la que Carreón tenía acceso. 

M.A.C. regresó a Santa Fe seis meses después y continuó bajo el yugo de Carreón, ahora en su casa de Villa del Parque -pasaje Irala N° 4473-, donde el 19 de febrero de 2020 se produjo un hecho crucial para la causa. Ella se negó a darle la plata recaudada y a cambio recibió una feroz golpiza y quedó encerrara allí mismo, para luego ser trasladada a otra precaria vivienda de Villa Oculta, de la que logró escapar para hacer la denuncia. 

Pero la vida no mejoró para M.A.C. tras la separación. Imposibilitada de abandonar el oficio, siguió frecuentando lugares donde Carreón la vigilaba de cerca, hostigándola, a punto tal que el 20 de noviembre de 2020, mientras se encontraba en Puerto General San Martín, fue apuñalada por dos mujeres que la insultaron y le manifestaron “esto es por Nico”. 

Profesionales del Centro de Salud del barrio Villa del Parque ratificaron la situación atravesada por la víctima, al igual que personas del entorno de la familia, que con sus limitaciones y carencias, pudieron narrar la mala vida a la que Carreón la había entregado antes de ser detenido y puesto a disposición de la justicia. 

Como consecuencia de la investigación, la policía llevó a cabo varios allanamientos en Santa Fe, Rafaela e incluso en Río Grande, donde se incautaron elementos que reforzaron los hechos denunciados. “Así, por ejemplo, desde uno de los domicilios emplazados en la última localidad, secuestraron una tarjeta de embarque de la empresa Aerolíneas Argentinas de fecha 18 de agosto de 2019, a nombre de M.A.C., en la que figuraba como punto de partida la ciudad de Buenos Aires y de destino su par de Río Grande”. 

Además de su casa de Pasaje Irala al 4400, Carreón utilizaba otros domicilios en Santa Fe y zona. Entre ellos cuentan una vivienda ubicada en un pasillo de pasaje Cullen al 3900, otro en calle 27 de Enero al 3600; y un rancho de la ciudad de Santo Tomé, detrás del country “Altos de la Rivera”. 

En el caso de L.A.C. con quien el proxeneta entabló relación entre enero y agosto de 2020, consta que los lugares a donde la llevaba para que ofrezca sus servicios sexuales eran la calle Almafuerte “pasando el puente de hierro” de la ciudad de Paraná y en la intersección de calles Junín y San Luis, en la Recoleta santafesina, donde era trasladada de lunes a viernes en horas de la noche, despojándola luego de las ganancias de la jornada. 

Como ocurrió con su anterior pareja, el 29 de agosto del 2020 ella le dijo que quería dejar de prostituirse y él, lejos de comprender el reclamo, la golpeó, la amenazó y encerró en la casa que compartían, hasta que logró salir y llamar a la policía. 

“Mamá, el abuelo es malo y cochino”. Esa terrible declaración pertenece a una niña de 6 años, quien en la noche del 24 de diciembre del año pasado le contó a su madre que era abusada sexualmente por su abuelo. Una revelación que sacudió el seno de una familia sanjuanina y terminó en la Justicia, con una condena sin cárcel para el acusado.

Según publicó Diario de Cuyo, el caso salió a la luz por la confesión que hizo la niña cuando su madre la estaba bañando. Según la menor, su abuelo, quien vivía bajo ese mismo techo, le había tocado sus partes íntimas por encima de la ropa.

La mamá de la niña se presentó horas siguientes en la UFI ANIVI para realizar la denuncia correspondiente, pero recién este jueves el hombre tuvo condena tras un juicio abreviado. Allí se resolvió condenar al imputado J.R.T a cumplir la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor penalmente responsable (art. 45 CP) del delito de “abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente” (art. 119 1º y 5° párrafo en función del inc. b y f. del 4° párrafo del mismo art. del Código Penal).

Pese a la condena, testimonio de la víctima e informes de los psicólogos, el acusado no irá a la cárcel. Pero deberá cumplir reglas de conducta (art. 27 bis CP), entre ellas medidas de protección hacia la víctima y su progenitora.