La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor de cambio en la economía global, y Argentina no es ajena a este fenómeno. Para abril de 2026, en las vísperas de un nuevo Día del Trabajador, los informes apuntan a un panorama mixto, donde la automatización de tareas rutinarias representa una amenaza para numerosos empleos, pero también abre puertas a nuevas oportunidades laborales.

Según datos de varias fuentes especializadas, la IA está acelerando la reestructuración de plantillas en grandes empresas, especialmente en sectores donde las tareas repetitivas son predominantes, como en la banca, la programación y la atención al cliente. Esto ha generado un temor por el desplazamiento laboral en sectores clave, que podrían ver una reducción drástica de personal en los próximos años.

Las tareas más susceptibles a ser automatizadas son aquellas que requieren poca creatividad y se basan en procesos repetitivos. Según un informe de Goldman Sachs, sectores como la banca, los abogados, y la programación experimentarán una reducción significativa de personal. En Argentina, esta tendencia ya se observa en empresas que han comenzado a sustituir procesos manuales por soluciones automatizadas que utilizan IA para la toma de decisiones y la ejecución de tareas operativas.

La profesionalización de los sectores de ventas, atención al cliente, e incluso ciertas actividades administrativas, ha sido puesta en evidencia por el auge de los agentes inteligentes y la automatización de procesos en plataformas digitales. Estos cambios ya se sienten en empresas locales, donde la optimización de costos ha llevado a la eliminación de ciertos puestos laborales.

Aunque el panorama parece sombrío para ciertos sectores, la IA también está creando nuevos perfiles de trabajo, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo y la gestión de la tecnología. En Argentina, la demanda de profesionales con habilidades digitales está en auge, particularmente en áreas de programación, análisis de datos y gestión de IA. Sin embargo, esta adaptación a la nueva economía digital exige una rápida reconversión de los trabajadores, y un aumento en la capacitación tecnológica.

El impacto de la IA en el empleo será diferente según la región y el nivel educativo de los trabajadores. Aquellos que no tengan acceso a programas de capacitación o que no cuenten con las herramientas digitales adecuadas enfrentarán grandes dificultades para adaptarse a los nuevos requerimientos. En este sentido, los sectores con menor formación tecnológica, como el trabajo manual o los oficios tradicionales, serán los más golpeados.

En términos regionales, las desigualdades territoriales también jugarán un rol clave en cómo los trabajadores se adaptan a este nuevo mercado. Las grandes ciudades, como Buenos Aires, cuentan con mayores recursos para la capacitación digital, mientras que las zonas rurales y otras áreas periféricas podrían quedar más atrás.

Para mitigar los efectos negativos de la automatización, los expertos coinciden en la urgencia de políticas públicas que fomenten la reconversión laboral. En este contexto, las políticas de educación continua, las becas de formación tecnológica y la promoción de empleo en sectores digitales son claves para asegurar que los trabajadores puedan integrarse a la nueva economía.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo tradicional en Argentina es inevitable, pero no necesariamente devastador. A medida que algunas profesiones se extinguen, surgen nuevas oportunidades para quienes puedan adaptarse a los cambios tecnológicos. Sin embargo, para asegurar una transición justa y equitativa, es crucial que se implementen políticas públicas que fomenten la capacitación tecnológica y que se protejan los derechos de los trabajadores afectados.

La Corte Suprema de Justicia distinguió a los mejores promedios de las carreras de Abogacía de las Universidades estatales y privadas de la provincia. Encabezó el evento el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, acompañado por los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Elsa Zabalza.

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de las unidades académicas en la que los premiados cursaron sus estudios de grado y en las que obtuvieron el reconocimiento como mejores estudiantes de Abogacía.

En su discurso de salutación Falistocco destacó que este premio lleva muchos años desde que fue instituido y fue la Corte de Santa Fe pionera en su implementación en todo el país (se cumplieron 34 años desde que se entregó la primer ronda de distinciones).

La entrega de los premios Corte Suprema fue transmistida por el canal YouTube del Poder Judicial de Santa Fe y traducida a la Lengua de Señas de Argentina (LSA).

Los premiados fueron: por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral: Primer Mejor Promedio Abogada Lourdes Bonfils; segundo Mejor Promedio Abogada Lara Lazzaroni; Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, Primer Mejor Promedio Abogada Florencia Reichel Leguizamón; Segundo Mejor Promedio Abogada María Belén Trosero.

En tanto, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Primer Mejor Promedio Abogada Josefina Talamonti; Segundo Mejor Promedio Abogada Clara Harte; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Primer Mejor Promedio Abogada Delfina Noviello; Segundo Mejor Promedio Abogada Cecilia María Canto.

Por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), Primer Mejor Promedio Abogado Lautaro Grassi Pregiutti; Segundo Mejor Promedio Abogada Sofía Lombardi; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Abierta Interamericana- Sede Rosario; Primer Mejor Promedio Abogado Ulises Pellegrini; Segundo Mejor Promedio Abogado Nicolás Alfredo Bosetti.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe estableció nuevas reglas para la interposición de demandas y contestaciones ante los juzgados, con el propósito de agilizar los trámites procesales y reducir los tiempos de respuesta.

A partir del 1 de noviembre de 2025, todas las demandas que se inicien ante órganos jurisdiccionales de primera instancia, como así también las contestaciones a las mismas, deberán ajustarse a una extensión máxima de cuarenta páginas, con veintiséis renglones y letra claramente legible (no menor a tamaño de 12 puntos).

Los escritos no deberán exceder las 40 páginas. Archivo El Litoral.

La decisión fue adoptada mediante Acta Acuerdo N° 39, Punto 10, firmada por el presidente Roberto Falistocco y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, actuales integrantes del cuerpo.

La medida se inscribe en una línea de trabajo que la Corte viene desarrollando desde hace varios años, con hitos como el “Inicio Electrónico de Demandas” y la “Presentación Electrónica de Escritos”, ambos ampliamente aceptados por la judicatura y el foro de abogados.

La resolución fue firmada por el presidente Roberto Falistocco y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, actuales integrantes del cuerpo. Archivo El Litoral.

En esta oportunidad, se refuerza el criterio de evitar la mera transposición del formato papel al digital, promoviendo en cambio una lógica de gestión que optimice tiempos procesales y eleve los índices de respuesta del sistema judicial.

“Esta inteligencia requiere de un esfuerzo conjunto en el diseño de un nuevo escenario de trabajo, que nos interpela a todos: jueces, funcionarios, agentes, abogados, peritos y demás usuarios”, señala el texto del acuerdo.

Además, se establece que los escritos que no cumplan con los requisitos formales serán intimados a subsanarse en el plazo de dos días hábiles. De no hacerlo, se tendrán por no presentados y se ordenará su devolución sin otro trámite.

La Corte también reiteró la vigencia de los lineamientos sobre presentación de prueba documental, recordando que, salvo casos excepcionales, los profesionales deberán describir expresamente los elementos probatorios ofrecidos, los cuales serán requeridos por la magistratura en la etapa procesal correspondiente.

La medida apuesta a agilizar trámites y mejorar los plazos de respuesta en los juzgados de primera instancia. Flavio Raina

Esta nueva reglamentación pretende consolidar un modelo de litigación digital que busca dejar atrás “viejos arquetipos que no comulgan con los actuales estándares de funcionamiento”, aclara el texto firmado por los ministros de la Corte.

Venado Tuerto recibirá por primera vez a la Comisión Nacional de la Abogacía Joven de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en su 1ª Reunión Plenaria Anual, que se desarrollará el sábado 22 de marzo, desde las 9.30, en Sarmiento 698. La jornada incluirá disertaciones de especialistas y mesas de trabajo para abordar problemáticas del ejercicio profesional en los primeros años de la carrera.

El encuentro, que forma parte de los cuatro plenarios anuales organizados por la comisión, tiene como objetivo analizar y proponer soluciones para las dificultades que enfrentan los abogados jóvenes en el inicio de su trayectoria. La agenda del evento contempla una serie de exposiciones y debates sobre temas de relevancia jurídica y social.

La jornada iniciará con dos charlas académicas. En primer término, el Dr. Alberto Biglieri disertará sobre la Reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, un tema clave en el ejercicio profesional. Posteriormente, el encuentro contará con un panel a cargo del fiscal de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone, y la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, quienes abordarán el trabajo interagencial en la lucha contra delitos complejos, como el narcotráfico.

Ambos especialistas expondrán sobre la coordinación entre distintas agencias del Estado para enfrentar delitos de alta complejidad, en un contexto donde la provincia de Santa Fe se encuentra en plena reconfiguración de sus estrategias de seguridad y justicia.

En la segunda parte del evento, los participantes trabajarán en comisiones para debatir y buscar soluciones concretas a los desafíos que enfrentan los jóvenes abogados en sus primeros años de ejercicio.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto destacó la importancia del encuentro y aprobó una declaración de interés municipal en reconocimiento al aporte que la Comisión de Abogacía Joven de FACA realiza en la formación y desarrollo de los profesionales del derecho.

Desde el cuerpo legislativo local resaltaron que esta iniciativa “guía hacia nuevas oportunidades, brinda aprendizajes y genera encuentros constructivos para que los jóvenes abogados puedan seguir creciendo profesionalmente”.

Con la participación de representantes de todo el país, este plenario se presenta como una oportunidad clave para fortalecer la federalización del ejercicio de la abogacía joven y la generación de estrategias de mejora en el ámbito profesional.

Alejandro Damianovich

El 30 de mayo de 1921 el gobernador Enrique Mosca elevó a la Legislatura un proyecto de ley que creaba los Colegios de Abogados en Santa Fe y Rosario. Estimulados por esta perspectiva, un grupo de letrados creó en Santa Fe una entidad colegial privada el 12 de julio de 1922, la que apoyó la iniciativa del ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia, Armando Antille. Luego de diversas demoras, la ley quedó sancionada el 20 de junio de 1924, bajo el número 2062.

A estas alturas existían en el país muy pocos Colegios de Abogados y se habían reunido en una entidad que los nucleaba; la Federación Argentina de Colegios de Abogados fundada en junio de 1921 con la participación de los colegios de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, San Juan, Mercedes, Dolores y Junín. Entre sus objetivos figuraba el de lograr la colegiación legal en los distintos distritos judiciales de la República.

El proyecto había sido presentado en el Senado santafesino por Amadeo Ramírez quien destacó la necesidad de establecer un control sobre el ejercicio profesional de los letrados que bien podía ser ejercido por la misma corporación de colegas con facultades disciplinarias delegadas por el Estado y supervisión del Poder Judicial. En Diputados actuó como miembro informante el doctor Mario Antelo.

La norma sancionada establecía que habría un Colegio de Abogados en cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia, los que tendrían su asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Tendrían por objeto reglamentar y defender los derechos e inmunidades de los abogados, como así también su libertad profesional; representar al gremio y evacuar los informes que le solicitaran los poderes públicos; mantener la armonía y la fraternidad entre los colegiados y el decoro y buen nombre de sus asociados y ejercer sobre los mismos la facultad disciplinaria que autorizaran los propios estatutos.

La ley obligaba a los abogados a matricularse y a ajustar el ejercicio de su profesión a las reglamentaciones de la colegiación, y los Colegios comunicarían a los Tribunales las nóminas de abogados matriculados. Gobernarían las nuevas entidades unas Juntas directivas compuestas por un decano, un secretario, un tesorero y seis vocales.

Los nuevos colegios oficiales se organizarían a partir de las asociaciones civiles por entonces existentes en Santa Fe y Rosario, las que deberían reorganizarse, adaptar sus estatutos y elegir sus autoridades, todo en el plazo de 60 días a partir de la sanción de la Ley. Superado este plazo el gobierno designaría diez abogados del foro local para organizar los nuevos colegios oficiales.

El nuevo gobernador, Ricardo Aldao, que había asumido el 9 de mayo de 1924, encontró en la ley serios reparos. Con tal motivo envió a la Legislatura su veto, explicando que si bien no hallaba objeciones a los fines de los Colegios establecidos en la nueva norma, no opinaba lo mismo con relación a la matrícula profesional obligatoria, sin la cual ningún abogado podría litigar, lo que consideraba atentatorio a la libertad de trabajo reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Es posible que la ley de 1924 avanzara demasiado sobre las atribuciones constitucionales del Poder Judicial, al quitarle el poder de policía sobre el ejercicio de la profesión y el gobierno de la matrícula de abogados. Las normas posteriores vinculadas a la colegiación de las profesiones consideradas auxiliares de la Justicia se moderan en este aspecto, conservando para el Poder Judicial el rol de Superintendencia y el grado de apelación en las cuestiones disciplinarias, estando encuadrada la existencia de los Colegios dentro de la estructura judiciaria y contemplada en las leyes Orgánicas de los Tribunales. Ya en 1935, el doctor Rafael Bielsa, en su libro "La abogacía", opinaba que "la potestad disciplinaria judicial puede coexistir con la de los Colegios, y la de estos ser compartida con los tribunales que actúan en grado de apelación".

La idea de la colegiación obligatoria, tan arraigada en países latinos como España, Italia y Francia, se abrió camino tardíamente en la Argentina. El régimen federal del país, que reserva a las provincias la organización de su sistema judicial, hizo que el panorama nacional fuese bastante heterogéneo en esta materia. Posiciones liberales e individualistas se opusieron la obligatoriedad, especialmente en Buenos Aires, donde su Colegio de Abogados, fundado en 1913, lo hizo tenazmente, al punto que recién en 1985 se estableció el Colegio Público de Abogados, que reúne en la actualidad a la mitad del número de letrados del país.

La Federación Argentina de Abogados se propuso alentar la colegiación obligatoria desde sus inicios, pero cuando el gobierno justicialista tomó esta causa como propia algunas opiniones se retractaron, como fue el caso del Colegio porteño que había sido el principal impulsor.

El veto del gobernador Aldao se inscribe en el contexto liberal al que nos referimos. Significó un rudo golpe para los defensores de la colegiación oficial, y parece haber desencadenado la crisis del naciente colegio santafesino fundado en 1922. El colegio rosarino, más afianzado y algo más antiguo, absorbió el golpe y encomendó al doctor J. M. González Sabathié la confección de un estudio para difundir los antecedentes nacionales y extranjeros relativos a la colegiación legal, trabajo publicado como libro bajo el título de "La ley sobre Colegios de Abogados de Santa Fe".

Las profesiones auxiliares de la justicia lograron la colegiación oficial en Santa Fe cuando las posiciones liberales extremas dieron lugar a las corrientes gremializantes del justicialismo en el ejercicio del poder político, aunque hay que destacar que las leyes sobre la materia buscaron un equilibrio y una delimitación clara entre las potestades de los Colegios y el Poder Judicial, al que mantuvieron siempre en un plano superior.

El veto del Poder Ejecutivo a la ley Nº 2062, parece haber sumido en el desaliento al Colegio de Abogados en Santa Fe, limitado a actuar como entidad de carácter privado con personería jurídica. Así lo comunicó el doctor Amílcar Razori a la Federación Argentina de Colegios de Abogados el 25 de marzo de 1925 en la que informaba la disolución del Colegio santafesino y solicitaba el patrocinio de la Federación para la fundación de una nueva entidad colegial.

A principios de 1926 la entidad debió encontrarse inactiva y de hecho al borde de su disolución. Por iniciativa del doctor Gregorio Parera, decano por entonces de la Facultad de Derecho, y de un grupo de letrados que ya había actuado en el Colegio anterior, se puso en marcha el nuevo Colegio a partir de una asamblea realizada el 21 de agosto de 1926, dando origen al Colegio actual, siempre con el carácter de Asociación Civil.

Esa situación se mantuvo hasta 1949, cuando la nueva Ley Orgánica de Tribunales (la Nº 3611) creó dos Colegios de Abogados de matriculación obligatoria y otorgó poder de policía sobre el ejercicio profesional. Las nuevas entidades, una por cada jurisdicción judicial (Santa Fe y Rosario) se constituyeron sobre la base de las ya existentes asociaciones civiles.

Al modificarse la Ley Orgánica de Poder Judicial de 1987, se dividió la provincia en cinco circunscripciones judiciales, correspondiéndole a cada una un Colegio de Abogados, sumándose a los históricos de Rosario y Santa Fe, los de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, reunidos desde 2020 en la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe.

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, criticó hoy a quienes “intentan socavar” la independencia del Poder Judicial, durante un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales.

El juez Gallo Tagle fue uno de los oradores que tuvo el acto convocado en las escalinatas del Palacio de Tribunales por la Asociación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

“No pasa una semana en que no tengamos que expresarnos sobre distintos ataques” a la independencia judicial, por parte quienes “intentan socavarla” y muestran, de esa manera, “su escasa vocación republicana”, pronuncio Gallo Tagle.

En ese contexto, prometió: “no nos van a vencer en esta lucha. (…) No somos instrumentos partidistas de personas ni de interés alguno”. El presidente de la corporación de jueces y fiscales denunció que quienes “atacan a la independencia judicial” muestran “su vocación de cambiar el sistema democrático y republicano por uno autoritario”.

El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, prometió: “Desde las instituciones de la abogacía vamos a defender a los jueces de todo atropello, de toda descalificación, de todo deterioro”.

Convocaron a la Asamblea Legislativa para 14 cargos en el Poder Judicial, cuatro de ellos para el sur

“Basta de hostigamiento, basta de acoso público, basta de deslegitimar su función, deslegitimando a los jueces se está ocasionando un daño enorme a una Institución básica de la República”, insistió.

El ex camarista federal y ministro de Justicia sostuvo que “Argentina tiene que fortalecer su funcionamiento institucional, hay que renovar los compromisos y las reglas básicas de toda democracia liberal: el respeto a la ley, la independencia de poderes, la independencia de la Justicia”.

A su turno, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (también llamado “Colegio de la Calle Montevideo”, el ala más conservadora de la abogacía porteña), Albergo Garay, cuestionó el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que discurre en la Cámara de Diputados.

“El juicio político no está hecho para discrepar con el contenido de las sentencias, sino para aquellos que se apartan de la República, de la división de poderes y de lo que la ley marca”, exclamó. Sobre la actuación de la Comisión de Juicio Político de Diputados, reclamó que “·este atropello actual debe ser enérgicamente repudiado”.

Por su parte, Julio Piumato, el histórico secretario general de la UEJN, cerró el acto reclamando una acentuación de la autarquía del Poder Judicial a partir de la actualización de los fondos para su correcto funcionamiento.

“Si estuviéramos en el sector privado, la mayoría de los edificios del Poder Judicial estarían clausurados”, advirtió sobre las falencias estructurales de las sedes de los distintos tribunales. Piumato también reivindicó la independencia judicial pero con un sentido específico: como garante de los derechos de los trabajadores.

(Por Ivana Fux y Emerio Agretti) – El ingreso de teléfonos celulares a las unidades penitenciarias de la provincia ha sido identificado como uno de los problemas cruciales en la problemática de la inseguridad ya que, más allá del uso privado que puedan hacer los internos, en muchos casos está comprobado que son el elemento utilizado para organizar delitos que se cometen fuera de los muros.

Por esa razón las autoridades han puesto la mira en esa práctica, incorporando tecnología para detectar aparatos en relevo de las tradicionales requisas (que quedaron reservadas solo para los casos en que se detecte la presencia de algún elemento sospechoso), y a la vez obligando a utilizar recursos cada vez más ingeniosos para tratar de eludirlos.

Así es como en los últimos días fueron noticia el caso de un agente penitenciario que intentó introducir 17 teléfonos celulares en una mochila, en Coronda, después de que unos días atrás también dos abogados particulares tratasen de llevar dispositivos de este tipo a sus clientes, en la cárcel de Piñero.

En este caso, la noticia también se produjo en Piñero este día lunes, cuando los escáneres detectaron la presencia de elementos sospechosos en un bolso que traía una persona visitante, conteniendo alimentos para un interno. Específicamente, y como lo exponen las fotografías que acompañan esta nota, dentro de una papa…

Este hecho se suma a un vasto repertorio de casos en los que el ingenio fue puesto al servicio de esta irregularidad, utilizando un televisor, el apoyabrazos de una silla de ruedas o la suela de una zapatilla. Pero más allá de lo extravagante del mecanismo utilizado, el episodio revela la gravedad del problema, puesto que se trata de acciones recurrentes, que intentan llevarse a cabo pese a los controles tecnológicos instalados.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

El presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, convocó hoy a los medios de prensa locales y regionales para divulgar que mañana al mediodía, junto a sus pares de los colegios de abogacía de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, serán recibidos en Rosario por el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Roberto Falistocco, ante quien expondrán sus quejas por el pésimo funcionamiento del sistema informático Sisfe. Dicho servicio permite consultar los expedientes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe que tramitan por ante los Juzgados y Tribunales de Primera y Segunda Instancia, incluida la Secretaría Técnica de la Corte Suprema de Justicia, en las materias civil y comercial, laboral, familia, extracontractual, circuito y contencioso administrativo.

Sin embargo, Turcato aseguró que “hace tiempo que (los abogados) no podemos trabajar de manera correcta porque no está funcionando el sistema informático (www.sisfe.justiciasantafe.gov.ar) implementado el año pasado, cuando se interrumpió la presencialidad por la pandemia de coronavirus”. Y amplió: “Ya venía con deficiencias, como lo remarcamos desde la federación que nuclea a los cinco colegios de abogacía de la provincia de Santa Fe, y este martes dejó de funcionar, con lo cual no funciona la Justicia en toda Santa Fe en materia civil, comercial, laboral y de familia (no así el fuero penal). Incluso ayer debieron suspender los términos porque los abogados trabajamos con plazos que son perentorios y se podía incurrir en pérdidas de derechos”, exclamó. En la misma línea observó el abogado que “solucionamos ese tema pero se sigue retrasando la prestación de nuestro trabajo y por eso queremos que el ciudadano común se informe de estas situaciones, porque detrás del escritorio de cada profesional hay un cliente que va a pedir sus explicaciones y los motivos del atraso de sus causas. También hay trámites urgentes que no pueden esperar y necesitamos que los juzgados los reciban, porque es la única forma. Además, con el sistema informático caído, no sólo que no ingresan escritos, sino que al no poder retirar los expedientes, tampoco podemos interiorizarnos de las causas”.

“Hay un gran malestar en la abogacía de la región y de toda la provincia -subrayó el profesional- y luego de un pedido de reunión de urgencia con la Suprema Corte de Justicia, mañana al mediodía nos recibirá el presidente del Máximo Tribunal, Roberto Falistocco. Entendemos que tiene que haber un responsable de que un sistema no funcione por fallas técnicas y así obstaculice el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”, consideró.

“Este sistema significó un costo millonario para el Poder Judicial y para la Provincia, e incluso hace un tiempo se actualizó para su presunta optimización, pero esa mejora nunca se pudo implementar. Esperamos no sólo un diálogo amable con las autoridades de la Corte, sino también respuestas concretas”, sostuvo el ex concejal. Y, enfático, sugirió: “Si el sistema no funciona tendremos que volver a la presencialidad, como hacen en los bancos y otras entidades, asignando turnos para evitar aglomeraciones, y que los colegas puedan venir con sus expedientes a hacer sus presentaciones, pero que el sistema de justicia no se detenga. Nosotros podemos atender al cliente y brindarle el asesoramiento jurídico, pero tienen que saber que hoy el sistema judicial no está activo y nosotros en esas condiciones no podemos avanzar”.

Roberto Falistocco, presidente de la Corte Suprema provincial.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rehabilitó las actividades judiciales a partir de mañana y, en consecuencia, se ponen en marcha los plazos judiciales y audiencias que estaban paralizados por la medida de suspensión de actividades en el marco de la pandemia de coronavirus.

No obstante, el máximo tribunal provincial estableció que la tramitación de causas y cualquier tipo de diligencia vinculada a la justicia del ámbito santafesino continuarán efectuándose de manera remota a través de los mecanismos informáticos dispuestos.

Las audiencias se llevarán a cabo mediante el uso de esta tecnología y, eventualmente, de forma presencial, cuando el magistrado entendiera que pudiera producirse la pérdida de un derecho.

En cuanto a la asistencia y eventual presencia de profesionales, auxiliares y público en los edificios del Poder Judicial de la provincia,  se limitará a casos excepcionales, puntuales y justificados. Y para el ingreso a dichas instalaciones se deberá contar -sin excepciones- con el turno previo asignado por el sistema web vigente que se obtiene ingresando a: www.justiciasantafe.gov.ar.

En relación al fuero penal del Poder Judicial santafesino, las audiencias serán “a distancia y de manera remota”, pudiendo las audiencias de juicio materializarse de manera presencial, pero adecuando las mismas a los protocolos de higiene y seguridad sanitaria aprobados.

La noticia fue muy bien recibida por la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe (Fecasfe), que tiene sus cabeceras en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, y en su momento había solicitado a la Corte Suprema de Justicia santafesina que “a partir del lunes 31 del corriente se disponga la reanudación de los trámites en los diversos fueros, con la consiguiente continuidad de los plazos procesales y realización de audiencias a través de los medios informáticos”.

“Nuestra entidad advierte con preocupación la situación sanitaria existente y acompaña las medidas adoptadas para la semana en curso, en consonancia con lo dispuesto por los poderes ejecutivos provincial y nacional”, y agrega: “Ahora bien, teniendo en consideración los avances tecnológicos vislumbrados desde el año pasado hasta la actualidad y habiendo transcurrido un lapso prudencial desde el comienzo de la pandemia, consideramos que se encuentran dadas las condiciones para el desarrollo pleno de las actividades, sin suspensiones de audiencias ni reprogramaciones, empleando las herramientas que la tecnología ofrece, como ocurre en el Fuero Penal”, notificaron los colegiados al presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, quien con esta decisión dejó conformes a todos los profesionales del Derecho.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

Los abogados del departamento General López, agrupados en el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, en el marco de la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe (Fecasfe), que también integran sus similares de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia santafesina que “a partir del lunes 31 del corriente se disponga la reanudación de los trámites en los diversos fueros, con la consiguiente continuidad de los plazos procesales y realización de audiencias a través de los medios informáticos”.

Con el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, como destinatario, el texto especifica: “Nuestra entidad advierte con preocupación la situación sanitaria existente y acompaña las medidas adoptadas para la semana en curso, en consonancia con lo dispuesto por los poderes ejecutivos provincial y nacional”, y agrega: “Ahora bien, teniendo en consideración los avances tecnológicos vislumbrados desde el año pasado hasta la actualidad y habiendo transcurrido un lapso prudencial desde el comienzo de la pandemia, consideramos que se encuentran dadas las condiciones para el desarrollo pleno de las actividades, sin suspensiones de audiencias ni reprogramaciones, empleando las herramientas que la tecnología ofrece, como ocurre en el Fuero Penal“.

Más adelante, aclaran los colegiados que “nuestro planteo no procura alentar la presencialidad, sino por el contrario, estimular la virtualidad para permitir la continuidad del trabajo, en resguardo de los elementales derechos de los justiciables y colegas”, cierra la notificación que firman el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich; el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Gustavo Ensinck; el presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, Alberto Oscar Turcato; la presidente del Colegio de Abogados de Reconquista, Patricia Virili; y la presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Mabel Eusebio.

Además, la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe envió una nota al gobernador Omar Perotti para que considere sus reclamos y se habilite la vuelta a la actividad virtual apenas expire el decreto vigente el próximo 31 de mayo.

En consecuencia, peticionan a la Casa Gris que “disponga la habilitación para asistir a los estudios jurídicos con los resguardos de salubridad pertinentes, sin atención al público, salvo casos de gravedad y urgencia (…) Para que ello resulte operativo y que realmente funcione el servicio de justicia, es esencial que los abogados/as concurramos a nuestros ámbitos de labores para preparar los escritos, puesto que allí se encuentran los elementos esenciales para ejercer nuestra tarea: computadoras, impresoras, libros técnicos, expedientes, etc. Y así poder atender a los requerimientos urgentes de clientes, a través del teléfono fijo, celular u otra vía que asegure la comunicación”, añaden los colegiados.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados regional.

Este viernes 14, a las 10.30, concurrirá al Concejo Municipal el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, en respuesta a la Resolución N° 5265 del 14 de abril último, que le solicitó “una reunión a la brevedad con este cuerpo legislativo a los efectos de que nos brinde información” sobre una serie de planteos que los abogados vienen realizando a través de los medios de comunicación locales y regionales, ante lo que consideran un virtual “colapso del sistema de justicia” en la ciudad.

Según adelantó Turcato a este portal, aprovechará la oportunidad para reflejar ante los ediles la preocupación del Colegio de Abogados por la demora en el nombramiento de nuevos magistrados en juzgados estratégicos como Familia, Laboral y Circuito. Cabe acotar que en el primero de ellos la Provincia llamó a concurso para designar el nuevo juez tras la jubilación de la anterior titular del cargo (Nancy Grasso), pero los otros organismos continúan desprovistos de jueces.

También se hará hincapié en la grave e insostenible situación de tener a los dos jueces en lo Civil y Comercial (María Celeste Rosso y Gabriel Carlini) tomando a su cargo las actuaciones en los tres juzgados acéfalos, con la consiguiente sobrecarga para ellos y, por supuesto, la acumulación de causas que afecta el servicio de justicia que el Estado provincial debe proveer a los ciudadanos y además perjudica la actividad profesional de los abogados.

Con esta presentación en el Concejo, el Colegio de Abogados buscará una mayor resonancia política y mediática para los reclamos que ya hizo en sendas ocasiones, primero en forma personal y luego por nota, ante el secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, para que se normalice cuanto antes esta situación irregular en la ciudad.

Sobre su próxima visita a Sarmiento y Alem, Turcato adelantó a Sur24 que “hoy, más que nunca, necesitamos que todos los actores de la política y las entidades intermedias de la ciudad se involucren en esta problemática que resulta perjudicial para los ciudadanos y afecta el ejercicio profesional de los abogados, y por ende sus ingresos económicos”, observó, admitiendo que los clientes se disgustan con los abogados ante la postergación sin plazo de las causas y “a nosotros nos cuesta hacerles entender que no hay sentencia porque no hay juez”. Y a esto se suman las dificultades inherentes a la pandemia, con atención limitada mediante sistema de turnos y disminución de personal judicial disponible por los protocolos sanitarios.

En los próximos días el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, concurrirá al Concejo Municipal para exponer la delicada situación que atraviesa el servicio de justicia en nuestra ciudad, que desde hace varios meses sufre la ausencia -por razones de salud- de los magistrados del Juzgado de Circuito, Vicente Militello, y del Juzgado Laboral, Jorge Verna, en tanto que se destrabó el llamado a concurso para cubrir la vacancia en el Juzgado de Familia -que ocupaba Nancy Grasso-, aunque todavía sigue sin una suplencia específica.

Sobre su próxima visita a Sarmiento y Alem, expresó el dirigente que “hoy, más que nunca, necesitamos que todos los actores de la política y las entidades intermedias de la ciudad se involucren en esta problemática que resulta perjudicial para los ciudadanos y afecta el ejercicio profesional de los abogados, y por ende sus ingresos económicos”, observó Turcato, quien admitió que los clientes se disgustan ante la postergación sin plazo de las causas y “a nosotros nos cuesta hacerles entender que no hay sentencia porque no hay juez”. Y a esto hay que sumar las dificultades inherentes a la pandemia, con atención limitada mediante sistema de turnos y menor cantidad de personal judicial disponible en función de los protocolos sanitarios.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

“Hay una fuerte sobrecarga en otros jueces, que hacen lo que pueden, pero ya están superados por las circunstancias y eso se refleja en el atraso de las causas”, lamentó el ex concejal. “Para colmo los juzgados laboral y de familia son los de mayor demanda”, enfatizó, añadiendo que “es por eso mismo, y no por capricho, que se aprobaron las leyes de creación de otros dos juzgados, uno Laboral y otro de Familia, porque estaban colapsados, pero ahora faltan los jueces originales y bajo el argumento de que no se asignaron partidas, esos nuevos juzgados no se implementan. Recién cuando haya dos juzgados laborales y dos juzgados de familia, y todos cuenten con sus respectivos jueces, las cosas se normalizarán. Por otro lado -continuó-, en Civil y Comercial veníamos bien, con dos jueces muy eficientes, pero ahora los estamos desestabilizando ante la obligación de colaborar en otros juzgados”.  Cabe acotar que los magistrados María Celeste Rosso y Gabriel Carlini no sólo atienden sus propias reparticiones (Juzgados en lo Civil y Comercial de 1° y 2° Nominación, respectivamente), sino que deben desdoblarse para actuar en el Juzgado de Familia, el Juzgado Laboral y el Juzgado de Circuito. Y hasta tendrían que salir en rescate de algunos de los juzgados de fuero pleno de Firmat, Melincué o Rufino, en caso de resultar necesario.

Consultado sobre eventuales corresponsabilidades en esta situación del Poder Judicial y la Gobernación, Turcato prefirió apuntar a la “laguna legal” que existe en la Provincia ante este tipo de sucesos. “No puede ser que no haya posibilidad de cubrir con una suplencia el cargo de un juez que se enfermó, y que no es una ausencia por una semana, sino por varios meses. Tampoco se puede llamar a concurso porque los magistrados están con licencia médica, es decir que no se trata de una vacante. Distinto es el caso del Juzgado de Familia -aclaró-, donde se llama a concurso porque su titular se acogió al beneficio jubilatorio. Ya lo habíamos hablado tiempo atrás con el senador provincial Lisandro Enrico y este martes lo hice con la diputada provincial Rosana Bellatti, planteando la necesidad de que la Legislatura elabore algún proyecto de ley para evitar que esta clase de situaciones se reitere en el futuro”, comentó.

Cabe recordar que el Colegio de Abogados regional había accedido a importantes reuniones personales en febrero último con el presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Roberto Falistocco, y con el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, entre otras autoridades, en busca de una solución expeditiva ante la imposibilidad de cubrir las mencionadas ausencias. Y a pesar de la buena predisposición exhibida, transcurrieron los meses y todo siguió igual, hasta que un mes atrás los colegiados volvieron a dirigirse por nota a los mismos funcionarios, sin encontrar respuestas una vez más.

Un mes atrás, en nota remitida a la Secretaría de Justicia provincial, el Colegio de Abogados puntualizaba que “las vacancias existentes se prevén de largo aliento y ese panorama exige a todos los sectores el análisis de soluciones creativas que favorezcan y garanticen el debido acceso a la Justicia. Se hace imperativo concretar los llamados a concurso de los juzgados con vacancias definitivas, establecer los nombramientos y puesta en marcha de los juzgados creados por ley, y contemplar algunas alternativas para poder definir presencias transitorias o subrogadas en los juzgados con vacancias temporarias, pero que se observan de largo alcance”.

Hoy se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a docentes de la región en el Hospital Alejandro Gutiérrez. La semana pasada arribaron 5200 dosis a Venado Tuerto de la vacuna de origen chino de las que una parte se destinarán a inocular a 900 docentes hoy, en una jornada de inmunización que comenzó a las 7 en el nosocomio público local y que se extenderá hasta las 17.

Así, continúa a buen ritmo la vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Gutiérrez que ya lleva más de 16 mil dosis aplicadas y continúa bajando la franja etaria.  (Noticia en desarrollo)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial reina la decepción ante la falta de respuesta a las solicitudes de cobertura de vacantes en juzgados neurálgicos de Venado Tuerto, entre otras peticiones desatendidas hasta el momento. Con notoria preocupación, el máximo referente de los colegiados, Alberto Turcato, puntualizó que así como lo hizo dos meses atrás en forma personal, el martes 6 del corriente envió sendas notas al secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Roberto Falistocco, expresando “nuestra fuerte inquietud respecto de la configuración y estado de situación relacionado con los distintos juzgados de esta 3° Circunscripción y sus vacancias provisorias y definitivas, en los cuales en el día de ayer (5/4/21) ha podido verificarse la presencia efectiva de dos jueces a cargo de los ocho juzgados de toda la Circunscripción”.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

“En febrero último, apenas se reanudó la actividad judicial, el presidente de la Cámara de Apelación en lo Comercial, Civil y Laboral, Juan Ignacio Prola, me comunicó la compleja situación que atravesaban el Juzgado de Circuito, a cargo del doctor Vicente Militello, y el Juzgado Laboral, en manos del doctor Jorge Verna, que por razones de salud no se reintegraron luego de la feria. Además, la doctora Nancy Grasso, en virtud de su jubilación, tampoco está en funciones”, describió Turcato.

También señaló el directivo en dichos escritos que “esta situación ha venido motivando una serie de presentaciones, entrevistas personales y un cúmulo de tramitaciones destinadas a resolver y paliar estos hechos, tanto ante esa Secretaría de Justicia, como ante la propia Corte Suprema, pero más allá de la disposición observada en todos los ámbitos, advertimos que la situación no encuentra un cauce que permita cuanto menos atenuar y atender de manera satisfactoria los inconvenientes que se generan”.

Por estos días los magistrados María Celeste Rosso y Gabriel Carlini no sólo cubren sus propias reparticiones (Juzgados en lo Civil y Comercial de 1° y 2° Nominación, respectivamente), sino también el Juzgado de Familia, el Juzgado Laboral y el Juzgado de Circuito, “con el agravante de que el de Familia y el Laboral son los más saturados por el mayor caudal de trabajo”, acentuó. Para más datos, ambos jueces debieron asumir por unos días las funciones del juez de Rufino, Luis Cignoli, quien dio positivo de Covid-19 y recién se reintegró en la víspera.

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“… más allá de la disposición observada en todos los ámbitos, advertimos que la situación no encuentra un cauce que permita cuanto menos atenuar y atender de manera satisfactoria los inconvenientes que se generan”.

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“Tanto Rosso como Carlini, al igual que sus colaboradores, están muy sobrecargados y esto coloca el sistema al borde del colapso”, reforzó el ex concejal venadense. “Jamás dudamos de la buena voluntad ni de la capacidad de trabajo de estos jueces, pero humanamente hay un límite, y es esperable que en breve sobrevengan demoras que no sólo perjudicarán nuestra tarea profesional como abogados, y por lo tanto nuestra fuente de ingresos, sino también, que es lo más importante, se lesionarán los derechos de los justiciables”, remarcó.

En cuanto a los necesarios reemplazos transitorios de Militello y Verna, el dirigente cuestionó que la actual ley de subrogancias no contribuye a un trámite expeditivo para facilitar esas suplencias. Y con igual énfasis reprochó que aún no se haya llamado a concurso para cubrir el cargo de juez de Familia, pese a que desde hace largo tiempo se sabía que Grasso dejaría ese rol para acogerse al beneficio jubilatorio.

Al respecto, en el texto remitido al secretario de Justicia provincial, el Colegio de Abogados puntualiza que “las vacancias existentes se prevén de largo aliento y ese panorama exige a todos los sectores el análisis de soluciones creativas, que favorezcan y garanticen el debido acceso a la Justicia. Se hace imperativo concretar los llamados a concurso de los juzgados con vacancias definitivas, establecer los nombramientos y puesta en marcha de los juzgados creados por ley, y contemplar algunas alternativas para poder de alguna manera definir presencias transitorias o subrogadas en los juzgados con vacancias temporarias, pero que se observan de largo alcance”.

Asimismo, Turcato recordó que en la Circunscripción hay dos juzgados creados por ley, uno de Familia y otro Laboral, esenciales para reforzar la estructura existente, “pero faltan las partidas presupuestarias”, lamentó. “Y ni siquiera están contempladas esas asignaciones para este año”, añadió, aunque lejos de resignarse, volvió a reclamar en tal sentido ante los funcionarios provinciales y judiciales: “No exigimos que sea inmediato, pero sí que se inicie el proceso, pues un concurso suele demandar meses, y más aún la instalación de un nuevo juzgado”, completó.

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