Una investigación del Ministerio Público de la Acusación concluyó con la condena a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Víctor Mario Fuentes, acusado de disparar un arma de fuego durante un conflicto familiar ocurrido en Venado Tuerto. La causa fue encabezada por el fiscal coordinador Iván Raposo, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca.

La sentencia fue dictada por la jueza Andrea Cavallero en el marco de un procedimiento abreviado. Para arribar al acuerdo, Fuentes reconoció los hechos atribuidos, su responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena finalmente homologada por la magistrada.

El episodio investigado ocurrió el 5 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Iturbide. Según pudo reconstruir la Fiscalía, Fuentes llegó al lugar acompañado por su pareja y llevaba consigo una pistola Bersa Thunder calibre .40, envuelta en un trapo.

En medio de una discusión familiar, el hombre extrajo el arma y realizó un disparo que impactó contra una pared. Ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda sufrió lesiones, aunque la situación provocó que varios de los presentes abandonaran el inmueble ante el peligro generado.

Luego del llamado al 911, Raposo dispuso las primeras medidas para preservar la escena, secuestrar la evidencia balística y reconstruir el recorrido del arma. El trabajo desarrollado junto con Barucca permitió incorporar testimonios, el registro de la comunicación de emergencia, una vaina servida, un cargador con municiones y distintos informes periciales y registrales.

La pistola utilizada fue encontrada pocas horas más tarde, cuando una hija del condenado la entregó voluntariamente a la Policía. La joven explicó que su madre le había dado un bolso cerrado para que lo guardara y que, dentro del mismo, se encontraba el arma vinculada con el episodio.

La pericia balística estableció que la pistola funcionaba normalmente y era apta para efectuar disparos. Asimismo, el informe registral determinó que estaba inscripta a nombre de Fuentes, aunque su autorización como legítimo usuario se encontraba vencida desde 2016.

Con esos elementos, la Fiscalía logró acreditar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal del acusado. La evidencia reunida permitió arribar a un acuerdo abreviado y evitar la realización de un juicio oral.

Fuentes fue condenado como autor de los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional y abuso de armas, ambos en concurso real. Además de la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, la jueza Cavallero dispuso una inhabilitación especial por siete años.

También se ordenó el decomiso de la pistola, el cargador, las municiones y los restantes elementos incorporados a la investigación. De esta manera quedó cerrada una causa iniciada a partir de una intervención policial motivada por un llamado al 911.

Al evaluar la resolución judicial, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó el trabajo conjunto realizado durante la investigación. “Esta condena es el resultado de una investigación seria, rápida y sostenida en evidencia concreta. Desde el primer momento trabajamos junto con Larisa Barucca y el personal policial para preservar las pruebas, recuperar el arma y reconstruir lo sucedido”, expresó.

Raposo también remarcó la gravedad que implica utilizar un arma en este tipo de situaciones y agregó: “La utilización de un arma de fuego durante un conflicto pone en riesgo la vida de todas las personas presentes y exige una respuesta firme del sistema penal. En este caso logramos una condena efectiva, proporcional a la gravedad del hecho y respaldada por un trabajo coordinado de todo el equipo”.

Un accidente entre una motocicleta y una camioneta se produjo este miércoles 19, alrededor de las 9, en la intersección de Castelli y Chacabuco. Bomberos acudieron al lugar y encontraron a la motociclista sobre la calzada, consciente y en posición lateral, debajo de la pickup involucrada.

En el choque participaron una moto Guerrero Trip gris, conducida por Abril, de 25 años, y una Nissan Frontier blanca, al mando de Anabella, de 34 años. Ante la posición en la que había quedado la joven, los servidores públicos realizaron las maniobras necesarias para retirarla de manera segura.

Para concretar el procedimiento, la motociclista fue movilizada mediante una tabla espinal y posteriormente evaluada junto con el personal médico del SIES. Luego de la revisión, los profesionales determinaron que no era necesario su traslado a un centro de salud y le dieron el alta en el lugar.

Además de Bomberos y el servicio de emergencias médicas, intervinieron efectivos policiales y personal de tránsito, que trabajaron en el sector tras el siniestro.

Un accidente entre dos motocicletas se registró en la noche de este martes 18 de agosto, alrededor de las 20, en la intersección de Cabral y 2 de Abril. Como consecuencia del impacto, una de las personas involucradas necesitó ser derivada para recibir atención médica.

Según el reporte de la emergencia, uno de los rodados era una Motomel Blitz 110 cc negra y gris, en la que circulaban una mujer de 42 años y un hombre de 43. La otra motocicleta involucrada era una Honda Wave 110 cc gris, conducida por un joven de 20 años.

Al arribar los servicios de emergencia, los tres ocupantes fueron evaluados junto con personal del SIES. Tras la asistencia inicial, se resolvió trasladar únicamente a la mujer de 42 años hacia el hospital, con uno de sus miembros inferiores inmovilizado mediante una férula.

En el lugar también se realizó el relevamiento correspondiente y se tomaron fotografías para documentar el siniestro. Además del personal de emergencias, trabajaron agentes policiales y de tránsito.

La Justicia de Córdoba investiga un episodio ocurrido en un centro de cuidado infantil del barrio Ampliación Cabildo, donde una docente encontró un monedero con 71 envoltorios que contenían una sustancia que sería cocaína.

El objeto había quedado en el establecimiento luego de que una madre llevara a su hijo, de dos años, al lugar.

De acuerdo con fuentes policiales, el menor encontró el monedero en el piso y comenzó a jugar con él. Al advertir la situación, una docente revisó el objeto y descubrió en su interior los pequeños envoltorios.

Las autoridades constataron posteriormente la presencia de cocaína en el contenido.

Luego de dejar a su hijo en el centro ubicado sobre la calle Bernasconi, la mujer se retiró del establecimiento. Sin embargo, regresó más tarde y solicitó que le entregaran el monedero que había perdido.

Ante esa situación, los docentes dieron aviso al 911. La Policía intervino en el lugar y la mujer fue detenida, quedando a disposición de la Justicia.

En el procedimiento también participó la Policía Federal Argentina (PFA).

Ahora, la investigación apunta a establecer el origen de la droga y cuál era su destino. Además, las autoridades buscan determinar por qué el monedero con los envoltorios terminó dentro del centro de cuidado infantil.

La causa continúa bajo investigación judicial.

Cuatro efectivos policiales brindarán testimonio este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

La cuarta audiencia del debate comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva jornada contará con las declaraciones de cuatro policías, quienes serán convocados ante el tribunal integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Hasta el momento, Álvarez no prestó declaración ante los magistrados durante el debate oral.

En la audiencia realizada el viernes 14 de agosto declaró Carlos Ulises Stiempcich, amigo de Díaz, quien aseguró que intentó intervenir para separar la pelea.

Durante su testimonio, sostuvo que el acusado “le dio un disparo certero en el ojo” a la víctima y que posteriormente efectuó otros tres disparos.

Álvarez había sido detenido luego de confesar el crimen, pero el inicio del proceso judicial sufrió distintas postergaciones debido a su estado de salud mental.

En 2021, el juicio fue suspendido luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el músico no se encontraba en condiciones de ser juzgado. Aunque posteriormente se fijó una nueva fecha para 2023, el debate volvió a suspenderse por su situación psiquiátrica.

Finalmente, el proceso se puso en marcha y la causa continúa bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante las audiencias realizadas hasta el momento, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no brindó testimonio y, según se informó, se quedó dormido en varias oportunidades.

Un accidente de tránsito entre una Chevrolet Tracker y una motocicleta Corven Energy se registró durante la mañana de este martes 18 de agosto en Venado Tuerto. El motociclista, de 20 años, fue evaluado por personal médico del SIES y no necesitó ser trasladado a un centro de salud.

El accidente

El siniestro vial se produjo alrededor de las 8.57 en la intersección de las calles Moreno y Chacabuco, donde por circunstancias que no fueron precisadas colisionaron dos vehículos.

De acuerdo con el parte suministrado por Bomberos, uno de los rodados involucrados fue una Chevrolet Tracker gris conducida por Patricia, de 61 años. El otro vehículo era una motocicleta Corven Energy negra, en la que circulaba Valentín, de 20.

El motociclista fue asistido en el lugar

Cuando arribaron los Bomberos Voluntarios, el conductor de la moto se encontraba sentado sobre el cordón de la vereda.

El joven fue evaluado de manera conjunta por los bomberos y profesionales del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Tras la revisión, el personal médico resolvió darle el alta en el mismo lugar, por lo que no fue necesario su traslado a un establecimiento sanitario.

En el sector también trabajaron efectivos policiales y agentes de Tránsito, quienes intervinieron en las actuaciones correspondientes.

El Ministerio Público de la Acusación concluyó la investigación iniciada por los disturbios registrados el 15 de julio de 2026 en inmediaciones de la plaza San Martín de Venado Tuerto, durante una celebración deportiva que había congregado a una importante cantidad de personas.

Como resultado de la actuación conjunta de la Fiscalía, la Policía provincial y distintas áreas de la Municipalidad de Venado Tuerto, tres personas fueron identificadas e imputadas por atentado a la autoridad agravado. Posteriormente, se dispuso una salida alternativa que incluyó el cumplimiento efectivo de trabajos comunitarios.

Las personas imputadas fueron María Lucía Fagnani, Cristian Roberto Garbes y Elías Ismael Acosta.

De acuerdo con la investigación, los hechos se produjeron alrededor de las 21:00, cuando se registraron enfrentamientos y el arrojo de botellas y otros elementos contundentes contra el personal policial encargado del operativo de prevención.

A Fagnani se le atribuyó haber golpeado desde atrás al subinspector Martín Aguiar e intentado agredirlo con una botella de vidrio. A Garbes y Acosta se les imputó haber participado en el arrojo de objetos contundentes contra los efectivos policiales.

Identificación de los involucrados

El Centro de Monitoreo Municipal detectó las agresiones que se estaban produciendo en el sector de las calles Belgrano y 25 de Mayo y transmitió la información a la central de emergencias 911, lo que permitió orientar el despliegue policial.

Posteriormente, los registros audiovisuales obtenidos mediante el sistema de videovigilancia municipal, junto con otras filmaciones difundidas en redes sociales, fueron incorporados a las tareas investigativas. El análisis de ese material, complementado con informes policiales, consultas en bases de datos, reconocimientos de vestimenta, requisas y allanamientos, permitió avanzar en la individualización de los presuntos participantes.

La investigación fue llevada adelante por Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas, bajo la coordinación del fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, Iván Raposo. Las audiencias imputativas estuvieron a cargo del fiscal adjunto subrogante Luis Lagioia.

Desde la Fiscalía se destacó que la actuación coordinada permitió brindar una respuesta rápida al conflicto: se identificó a los involucrados, se les comunicaron formalmente los hechos y la calificación penal atribuida y se estableció posteriormente una reparación concreta en beneficio de la comunidad.

Respuesta restaurativa

La Fiscalía tuvo en cuenta que no se acreditaron consecuencias personales graves que pudieran ser atribuidas individualmente a los tres imputados.

En el caso de Fagnani, el funcionario policial agredido manifestó no haber sufrido lesiones visibles, más allá de las molestias producidas por el golpe. Respecto de Garbes y Acosta, si bien se comprobó su participación en el contexto general de lanzamiento de objetos, no pudo determinarse que alguno de los elementos arrojados por ellos hubiera provocado concretamente las lesiones sufridas por una funcionaria policial durante los disturbios.

En este marco, cada uno de ellos cumplió 30 horas de trabajo comunitario en la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Venado Tuerto. Las tareas se desarrollaron entre el 3 y el 10 de agosto y consistieron principalmente en el barrido y la limpieza de calles asignadas por el personal municipal.

El aporte municipal

La intervención del Gobierno de Venado Tuerto fue determinante en dos momentos del procedimiento.

En una primera instancia, el Centro de Monitoreo Municipal colaboró en la detección de los disturbios, la comunicación inmediata con el sistema de emergencias y el aporte de registros audiovisuales relevantes para la investigación.

Posteriormente, la Dirección de Servicios Públicos puso a disposición el ámbito necesario para el cumplimiento de los trabajos comunitarios, asignó las tareas, supervisó su ejecución y documentó formalmente el cumplimiento de las horas establecidas.

Criterio de oportunidad

Una vez comprobado el cumplimiento íntegro de los trabajos comunitarios, la Fiscalía resolvió aplicar el criterio de oportunidad previsto en el artículo 19, inciso 2, del Código Procesal Penal de Santa Fe y archivar el legajo respecto de los tres imputados.

La decisión se fundó en la reducida entidad lesiva individualmente atribuible, la ausencia de consecuencias personales graves, la falta de reiteración de las conductas y el cumplimiento efectivo de una reparación proporcional.

“Las salidas alternativas no significan ausencia de respuesta. En este caso se investigaron los hechos, se identificó e imputó a las personas involucradas y se estableció una consecuencia concreta, verificable y beneficiosa para toda la comunidad”, explicó el fiscal coordinador Iván Raposo.

La Justicia investiga un presunto caso bajo la modalidad conocida popularmente como “viuda negra”, ocurrido durante la noche del 7 de agosto en una vivienda de Villa Cañás. La víctima es un adulto mayor que mantenía un vínculo con la mujer señalada en el expediente.

La investigación fue dirigida por el fiscal coordinador Iván Raposo y desarrollada junto con la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante de su equipo de trabajo, quien intervino en el análisis de la evidencia, la definición de las medidas investigativas y la coordinación de las diligencias impulsadas por la Fiscalía.

A partir de los elementos incorporados al legajo, la Fiscalía dispuso el 14 de agosto la detención de Leticia González. La calificación legal provisoria es robo simple, sin perjuicio de que pueda ser modificada de acuerdo con el avance de la investigación.

La hipótesis fiscal sostiene que la mujer habría aprovechado un momento de distracción para colocar un fármaco con efectos somníferos en la bebida del hombre. Una vez reducida su capacidad de reacción, presuntamente se apoderó de cuatro millones de pesos y siete mil dólares antes de retirarse del domicilio.

Uno de los elementos centrales del caso fue la reacción de la cuidadora del adulto mayor, quien declaró que todas las noches se comunicaba con él para conocer su estado.

Durante la madrugada recibió por WhatsApp un mensaje cuya forma de escritura le resultó inusual. Según explicó, el hombre acostumbraba enviar audios que luego eran transcriptos automáticamente, por lo que le llamó la atención recibir una respuesta escrita y con signos de puntuación.

Ante la falta de nuevas contestaciones, decidió acercarse a la vivienda. Cuando estaba llegando, habría visto retirarse de las inmediaciones a la mujer posteriormente investigada.

Al ingresar encontró puertas abiertas, luces encendidas y al dueño de casa acostado, somnoliento y en un estado que le pareció anormal. Horas después, el hombre sufrió una caída y permaneció durante un tiempo sin poder levantarse.

Finalmente debió ser asistido y trasladado a un sanatorio de Firmat, donde quedó internado con un cuadro de deshidratación y neumonía por broncoaspiración, según lo informado por familiares cercanos a la victima.

La desaparición del dinero fue advertida cuando la familia se preparaba para trasladar al adulto mayor a un centro médico. Al revisar el lugar donde guardaba sus ahorros, comprobaron que faltaban aproximadamente cuatro millones de pesos y siete mil dólares.

Según ese relevamiento, el vehículo de la víctima habría realizado durante la noche un recorrido hasta la cuadra donde reside la sospechosa y luego regresado al domicilio. Las imágenes también ubicarían a una mujer retirándose a pie de la casa del adulto mayor alrededor de las 00.35.

El análisis conjunto de estos elementos permitió al equipo fiscal reconstruir de manera preliminar los movimientos registrados durante la noche y solicitar nuevas medidas destinadas a localizar a la investigada y obtener pruebas vinculadas con el hecho.

Como parte de la investigación coordinada por Raposo y desarrollada junto con Barucca, se solicitó autorización judicial para allanar la vivienda de la mujer.

La medida tenía como objetivo secuestrar teléfonos celulares, medicamentos, psicofármacos o sustancias capaces de provocar somnolencia, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y cualquier otro elemento relacionado con la causa.

La solicitud también menciona un episodio anterior relacionado con cheques que habrían sido sustraídos y utilizados en comercios de Villa Cañás. Ese antecedente integra una de las líneas investigativas, aunque no implica por sí mismo una condena ni permite afirmar responsabilidad penal.

Al referirse al trabajo realizado, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó la intervención del equipo y la importancia de la articulación con el personal policial:

“Desde el primer momento abordamos el caso mediante un trabajo coordinado. La fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante de nuestro equipo, tuvo una intervención relevante en el análisis de la evidencia y en la planificación de las distintas medidas de investigación. La rápida articulación con el personal policial permitió reconstruir preliminarmente lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento de un hecho especialmente delicado por la situación de vulnerabilidad de la víctima”, señaló Raposo.

La causa continúa en etapa de investigación con la "viuda negra" detenida. La acusación y la participación atribuida a la sospechosa son de carácter provisional, por lo que deberá respetarse su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

Durante la noche del jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino tras un aviso recibido por el 911, que alertaba sobre dos hombres que habrían sustraído la rueda trasera de una bicicleta en la zona de Belgrano y 9 de Julio y se dirigían hacia el Parque Municipal.

Los agentes se dirigieron al sector y, en inmediaciones de Pueyrredón y avenida Santa Fe, observaron a dos jóvenes cuyas características coincidían con las aportadas, quienes trasladaban una rueda de bicicleta. Ambos fueron detenidos.

La intervención fue comunicada al Ministerio Público de la Acusación, donde la fiscal interviniente dispuso la notificación de la causa por hurto. Uno de los sujetos de 20 años, quedó detenido, mientras que el restante, de 19 años, recuperó su libertad.

Un hombre de 24 años identificado como Agustín Gabriel Galarza fue condenado a cinco años de prisión como autor de un robo con un cuchillo en un comercio de Firmat. La pena fue impuesta por la jueza Silvina Marinucci en un juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales de Melincué.

La fiscal que investigó el ilícito es Vanina Servidio Pozzi, quien también representó al MPA en el debate. “Pudimos probar que el ilícito ocurrió tal como lo planteamos en nuestra teoría del caso”, remarcó la funcionaria del MPA.

“Comprendía lo que hacía”

“Galarza cometió el robo alrededor de las 2 de la madrugada del domingo 1 de junio del año pasado en un almacén que funciona en la parte delantera de una vivienda ubicada en calle Godoy Cruz al 1.300”, precisó la fiscal. “Si bien la puerta estaba cerrada con llave, el condenado la abrió a patadas, ingresó al inmueble con un cuchillo y le exigió a la dueña que le dé dinero”, agregó.

Servidio Pozzi sostuvo que “a raíz del miedo que tenía, la mujer le dio 8.000 pesos que tenía en su bolsillo” y añadió que “el condenado se llevó algo de mercadería que había en el local y escapó en una bicicleta playera con la que había llegado al lugar”.

“El abogado defensor planteó que Galarza actuó bajo los efectos de estupefacientes y, por ese motivo, pidió su absolución”, informó la fiscal. “Desde la Fiscalía sostuvimos que la conducta no fue automática ni inconsciente, y remarcamos que no hay elementos que indiquen que un intoxicamiento como el que planteó la Defensa le hubiera impedido comprender lo que estaba haciendo”, subrayó.

Por otra parte, la representante del MPA agregó que “el ordenamiento no exime de responsabilidad penal por consumo y tampoco fue demostrada alguna causal de inimputabilidad”, y concluyó que “por el contrario, el condenado comprendía lo que hacía, tenía dominio de la situación y podía dirigir sus acciones, todo lo cual fue corroborado por los testigos que declararon en el juicio”.

Calificación penal

Galarza fue condenado por la autoría del delito de robo calificado cometido con arma.

En la jornada del jueves se hizo presente en sede policial la señora Claudia Silvana Ferreyra, madre del llamado Alan Marcelo Martínez, de 29 años, quien se ausentó de su domicilio a bordo de un automóvil Citroën C4 negro (dominio GYG290), sin haber regresado hasta el momento y faltando a su trabajo el día de hoy.

La última vez que fue visto vestía pantalón de jogging negro, zapatillas Adidas negras con rayas blancas, buzo blanco con capucha y campera tipo canelón azul. Presenta los siguientes rasgos físicos: contextura delgada, tez blanca, estatura de 1,73 metros, cabello castaño corto, ojos verdes, cicatriz en la frente símil varicela, una pequeña cicatriz en forma de V debajo de una rodilla, marca por mordedura de perro en una oreja, y tatuajes en la nuca y en un brazo.

Ante cualquier información sobre el paradero de Alan Marcelo Martínez comunicarse al 911 o dirigirse a la dependencia más cercana.

Cinco personas fueron imputadas en Venado Tuerto en el marco de la investigación por los graves incidentes registrados durante el partido entre Sacachispa Football Club y Sportivo Avellaneda, correspondiente a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol.

Las audiencias se realizaron el miércoles 12 de agosto y estuvieron a cargo de la Oficina de Salidas Alternativas de la Fiscalía de Venado Tuerto, encabezada por la fiscal Mayra Vuletic.

Los investigados fueron identificados por sus iniciales como M.E.P., E.J.C., N.M.F., N.F.V. y E.A.C. La Fiscalía les atribuyó provisoriamente hechos vinculados con agresiones físicas y episodios de violencia ocurridos durante un espectáculo deportivo.

Agresiones durante el partido

Los hechos que originaron la causa ocurrieron el domingo 28 de junio de 2026, mientras se disputaba el encuentro entre Sacachispa y Sportivo Avellaneda en Venado Tuerto.

De acuerdo con la investigación, los disturbios se produjeron en el sector destinado a la parcialidad visitante y derivaron en agresiones físicas contra el presidente y el vicepresidente de Sportivo Avellaneda.

La situación obligó a intervenir al personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad.

A partir de las actuaciones realizadas después del episodio y de diferentes medidas investigativas, los fiscales lograron avanzar en la individualización de personas que presuntamente participaron de los hechos.

Un partido que no pudo terminar

El encuentro correspondía a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol y tuvo que ser suspendido cuando transcurrían 21 minutos del segundo tiempo.

En ese momento, Sacachispa se imponía por 2 a 0 y el partido ya había registrado algunas interrupciones.

Sin embargo, los nuevos incidentes relacionados con el sector ocupado por la parcialidad de Sportivo Avellaneda terminaron por impedir la continuidad del juego.

Después de consultar con las fuerzas de seguridad presentes en el estadio, el árbitro Alejandro Titarelli resolvió dar por terminado el encuentro.

Cinco personas imputadas

Casi un mes y medio después de los hechos, la causa derivó en cinco audiencias imputativas.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente a los investigados conductas relacionadas con agresiones físicas y hechos de violencia cometidos en el contexto de un espectáculo deportivo.

Además, se establecieron medidas alternativas a la prisión preventiva con el objetivo de garantizar que los imputados permanezcan sometidos al proceso judicial y resguardar a las víctimas.

Las imputaciones son provisorias y corresponden a una etapa inicial del proceso, por lo que la responsabilidad penal de cada una de las personas investigadas deberá determinarse a medida que avance la causa.

Este jueves, personal de la Comisaría 13era de Firmat intervino en un caso de hurto ocurrido en un domicilio ubicado sobre la calle Juan Lavalle. Según el parte oficial, delincuentes aprovecharon que una ventana de la vivienda se encontraba sin traba para ingresar y sustraer un televisor Smart TV de 50 pulgadas.

La investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de las cámaras de seguridad, lo que permitió a los efectivos policiales rastrear el recorrido del aparato hasta una vivienda situada en la calle Italia. Con la correspondiente orden de la fiscalía, se procedió a realizar una requisa voluntaria en dicho inmueble.

Durante el operativo, los uniformados lograron recuperar el televisor, el cual se encontraba oculto debajo de una pileta de lona en el patio de la propiedad. En medio del procedimiento, un hombre que se encontraba en el lugar intentó escapar saltando por los techos de las viviendas lindantes.

Sin embargo, el sospechoso fue interceptado y aprehendido a pocas cuadras del lugar. Tras ser identificado, se constató que el sujeto contaba con un pedido de detención activo.

Por disposición de la Fiscalía, tanto el hombre capturado como la mujer propietaria de la vivienda donde se halló el elemento robado quedaron detenidos e incomunicados.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

El juez penal de Segunda Instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial, Eduardo Alberto Bernacchia, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la agente de la PDI Reconquista, Stefanía Evelin Oviedo, y confirmó la prisión preventiva que había sido dispuesta en primera instancia por el juez Mauricio Martelossi. La resolución fue dictada el miércoles 12 de agosto.

La defensa había solicitado revocar la medida cautelar y reemplazarla por una prisión preventiva domiciliaria. Entre sus principales argumentos, sostuvo que la escala penal permitiría una eventual condena de ejecución condicional, cuestionó la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y remarcó la situación familiar de la imputada, madre de una bebé de pocos meses, proponiendo medidas alternativas para garantizar su sometimiento al proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar que la imputada, por su condición de funcionaria policial, habría participado en la filtración de información sobre allanamientos y que aún restan diligencias investigativas, incluyendo el análisis de teléfonos celulares y la posible participación de otras personas.

Al analizar los agravios, el juez de alzada entendió que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el artículo 220 del Código Procesal Penal santafesino para mantener la prisión preventiva. Consideró acreditada, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso, la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la participación de la imputada, estimó que la eventual pena sería de cumplimiento efectivo y concluyó que subsisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación.

En consecuencia, el magistrado resolvió rechazar el recurso de la defensa y ratificar la prisión preventiva de Stefanía Oviedo. No obstante, instó a la Fiscalía a gestionar un nuevo lugar de alojamiento que permita a la imputada permanecer con su bebé de 5 meses de vida o, en su defecto, garantizar condiciones de detención más adecuadas, atendiendo especialmente la situación de salud de la menor.

La agente investigada permanece detenida en la Sede Reconquista de la Policía Federal Argentina, ubicada en el Centro Cívico Municipal -que funciona en el edificio del antiguo Hospital Central-. Sus defensores describieron que las condiciones de detención no cumplen con los cánones establecidos, sobre en todo en cuanto a salubridad: “tiene que tomar agua de pozo porque no hay agua potable” en el lugar, y amamantar a su beba varias veces al día luego de que sus familiares trasladar a la lactante en moto o bicicleta hasta el calabozo, en medio del intenso frío que impera por estas épocas en el norte.

En esa línea, también expusieron que el padre de la menor es Ariel Sena, coimputado en la causa por delaciones y también detenido con prisión preventiva. Al momento de su aprehensión fungía como Jefe de Calle de la PDI de General Obligado. Esos planteos motivaron que el camarista Bernacchia ordenara al MPA buscar otro sitio de alojamiento, que no sería otro que una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial.

Ambos quedaron comprometidos en la investigación por la supuesta filtración a narcos barriales de Avellaneda de allanamientos por microtráfico, lo que derivó en que 18 pesquisas domiciliarias terminaran solo con 60 gramos de droga secuestrada.

El viernes 5 de junio, el fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Reconquista -junto al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo-, los imputó por el delito de encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De la acusación se desprendieron novedades de ribetes escandalosos: cobro de 500 mil pesos por avisar a los narcos barriales de las pesquisas, capturas de pantalla adulteradas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación, y un modus operandi que habría tenido ocasiones previas.

“Estefanía Oviedo le avisa a mi hermano V. J. R. que iba a haber un allanamiento y que se vaya de su casa”, testimonió en sede fiscal Cecilia R., que además reveló que luego ese “aviso” se distribuía entre los demás dealers del barrio Cooperación de Avellaneda, un enclave perirurbano cooptado la venta de drogas. “La avisadita cuesta medio millón de pesos y es lo que cobran los de PDI”, aseguró en sus dichos que vertebraron, junto con pruebas documentales, la imputación de los funcionarios policiales.

En cuanto al sembrado evidencia falsa para borrar los rastros que podían incriminarlos, obra en la causa un escrito fechado el 28 de mayo de 2026 por el inspector Sergio Cargnelutti, subjefe del Departamento de Investigaciones Complejas Región 4 de la PDI, en la que denuncia una posible maniobra de suplantación de identidad vinculada a los allanamientos por microtráfico realizados en Avellaneda.

Cargnelutti informó que recibió en su teléfono personal una captura de pantalla de WhatsApp en la que aparecía su foto de perfil y un supuesto mensaje atribuido a él. El texto decía: “No valla a tu casa xq van a ver allanamiento, no dijas nada a nadie javi (sic)”, con evidentes errores ortográficos.

El funcionario aseguró que nunca envió ese mensaje, ni se lo remitió a sí mismo. También sostuvo que la redacción no coincide con su forma habitual de escribir.

Además, señaló que la maniobra podría estar orientada a tratar de involucrarlo falsamente en una filtración de información, obstaculizar investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes. De la misma manera, surgieron más capturas de pantalla de los teléfonos peritados por técnicos de la PDI con la misma finalidad de inculpar a otros efectivos de la repartición.

En tanto, los representantes del MPA dieron crédito a la denuncia de Cargnelutti y sostuvieron que, tras la filtración de los allanamientos, hubo intentos de desviar la investigación e involucrar a otros funcionarios policiales, mediante la circulación de capturas de pantalla y mensajes que, según la hipótesis fiscal, podrían haber sido adulterados o utilizados para direccionar erróneamente la pesquisa.

Las acciones reñidas con la ley penal que se les atribuyen a Oviedo y Sena afectaron allanamientos a realizarse en Avellaneda, a los que se dirigían los numerarios de la división investigativa de San Cristóbal que fallecieron trágicamente en un accidente sobre la Ruta Nacional 98 al oeste de Vera el 29 de mayo. En la madrugada, perdieron la vida -tras chocar con el auto en el que viajaban contra un camión detenido sobre la calzada- la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla, del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.

El siniestro se produjo a las 16:05 de este miércoles en el sector conocido como la Curva de Casillas (Ruta  Provincial 94). Por causas que aún se desconocen, un automóvil que circulaba en sentido desde Villa Cañás hacia Santa Isabel entró en trompo y terminó su recorrido marcha atrás dentro de una cuneta.

Tras el impacto, el conductor del vehículo logró salir por sus propios medios. Sin embargo, el acompañante, una persona mayor de edad, debió ser asistido y retirado del habitáculo mediante un trabajo conjunto entre el personal de Bomberos Voluntarios y los integrantes del servicio de emergencias 107. Posteriormente, el herido fue trasladado al hospital local para una evaluación médica detallada.

En el lugar del hecho se desplegó un importante operativo de seguridad y asistencia que incluyó la movilización de las unidades 1 y 2 del cuartel de Bomberos, además de la participación de personal de EMCOFIR, Policía y Tránsito.

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos integrantes de su entorno familiar en Santo Tomé (departamento La Capital). Así lo resolvió la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Natalia Giordano representó al MPA en el debate. En tal sentido, tras conocer el veredicto, indicó que “si bien valoramos el resultado condenatorio, aguardaremos los fundamentos del fallo para analizarlos y evaluar los pasos a seguir”.

Abusos reiterados

Giordano afirmó que “el condenado primero abusó de un hijo de su pareja y, años más tarde, vulneró también la integridad sexual de su propia hija, quien es hermana de la otra víctima por parte de madre”.

“En ambos casos, los hechos delictivos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en viviendas en las que residió el grupo familiar en Santo Tomé”, sostuvo la fiscal. “Si bien el hijo de la pareja del condenado actualmente es mayor de edad, las dos víctimas sufrieron los ilícitos en la época en la que cada una transitaba su escolaridad primaria”, agregó.

Delitos

Al condenado se le impuso la pena a 12 años de prisión como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

Identidad

Las iniciales del hombre de 36 años son MJDF. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo por un violento episodio ocurrido el 2 de agosto en una vivienda de Venado Tuerto. En la misma causa, Wanda Rocío V. recuperó la libertad bajo reglas de conducta, mientras se analiza si su intervención pudo haberse producido en un contexto de legítima defensa.

Reclamo por una deuda

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 19 del domingo 2 de agosto, en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la atribución realizada por la Fiscalía, que es provisoria y podrá modificarse durante el avance del proceso, Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. se habrían presentado en el domicilio donde se encontraban Diego Ezequiel F. y su pareja, Wanda Rocío V.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, los dos hombres habrían concurrido con un cuchillo y un elemento de hierro para reclamarle una deuda de 400.000 pesos y amedrentarlo.

En esas circunstancias se habría iniciado un forcejeo que terminó con Diego Ezequiel herido en el tórax. La lesión, de características punzocortantes, fue considerada grave debido a que requirió tratamiento quirúrgico.

Qué delitos les atribuyó la Fiscalía

Los agresores fueron imputados, en esta instancia inicial de la investigación, como presuntos coautores de amenazas calificadas por el uso de arma blanca en concurso ideal con lesiones graves en riña.

Luego de las audiencias imputativas y del debate sobre las medidas cautelares, el tribunal resolvió que ambos permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la pesquisa.

La situación procesal de Wanda Rocío V. fue evaluada de manera diferente. La mujer quedó en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta mientras avanza la investigación.

Uno de los puntos centrales considerados en esta etapa es la posibilidad de que su intervención durante el enfrentamiento haya ocurrido en legítima defensa propia o de terceros.

Entre los elementos incorporados al legajo aparece un relato según el cual Héctor Damián habría llegado armado y amenazado a Wanda Rocío con un cuchillo. Siempre de acuerdo con esa versión, la mujer habría logrado quitarle el arma antes de lesionarlo.

La Fiscalía aclaró que esta reconstrucción constituye solamente una de las hipótesis bajo análisis y que todavía no representa una conclusión definitiva acerca de cómo sucedieron los hechos.

Una investigación que todavía tiene medidas pendientes

Las primeras diligencias de la causa fueron ordenadas por la fiscal Marianela Montemarani desde el inicio del legajo.

La investigación continuará ahora con el análisis de declaraciones testimoniales, informes médicos, pericias criminalísticas, elementos secuestrados y otras medidas que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido en la vivienda de calle Almafuerte.

Las medidas cautelares adoptadas corresponden a una etapa preliminar del proceso. Por ese motivo, la situación de las tres personas imputadas podrá ser revisada si aparecen nuevas evidencias o elementos que modifiquen la hipótesis actual.

Este martes en la tarde, se produjo un siniestro vial en la esquina de las calles Junín y Dimmer. El incidente involucró a una motocicleta Corven Energy 110 de color blanco, conducida por un hombre de 46 años llamado Luis, y un automóvil Fiat 147 azul, al mando de un joven de 18 años llamado Mateo.

Al arribar al lugar, el personal de Bomberos encontró al motociclista tendido sobre la calzada. Luego de las curaciones y controles pertinentes, los profesionales médicos decidieron que no era necesario realizar el traslado del accidentado.