En el marco de un procedimiento abreviado, la Justicia homologó la condena contra Gian Damián Rolón por delitos vinculados al narcomenudeo y la tenencia ilegal de armas. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, con la participación de la defensa técnica del imputado.

Rolón fue condenado como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil, en concurso real, recibiendo una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de una multa.

El allanamiento El hecho central de la causa se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Independencia al 700 de la localidad de Elortondo.

En el lugar, los agentes secuestraron un envoltorio con cocaína, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes y otros elementos que, según la Fiscalía, resultan compatibles con la preparación y fraccionamiento de droga para su comercialización.

Ventas bajo la modalidad deliveryLa investigación incluyó además tareas de vigilancia y análisis de registros fílmicos. Según se indicó, el joven habría sido captado junto a su pareja realizando maniobras de venta de estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, utilizando un vehículo particular.

Estos movimientos se habrían concretado en distintos puntos de la localidad, lo que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida en el tiempo.

Armas sin autorizaciónDurante el procedimiento también se incautaron armas de fuego: una escopeta calibre 12/70 con cartuchos y una pistola calibre 22 con numeración adulterada, además de municiones. Todo el material era poseído sin la correspondiente autorización legal.

Este hallazgo derivó en una imputación adicional, que se sumó a la causa por estupefacientes.

Una denuncia que inició la investigaciónEl caso tuvo su origen en una denuncia anónima realizada el 21 de agosto de 2025 a través del “Buzón de la Vida”. En ella, vecinos alertaban sobre un movimiento constante de personas y motocicletas en el domicilio investigado, con presuntas maniobras de intercambio de droga a distintas horas del día.

A partir de ese dato, se desplegaron tareas investigativas que culminaron con el allanamiento y la posterior imputación del joven.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Saavedra y Manzano, donde efectivos del Comando Radioeléctrico lograron detener a la sospechosa. La actuación se originó a partir de dos denuncias realizadas por mujeres que reportaron haber sido víctimas de robos en circunstancias similares.

Según indicaron fuentes policiales, ambas situaciones ocurrieron con vehículos estacionados en la vía pública sin medidas de seguridad, lo que habría facilitado el accionar delictivo.

Dos hechos en pocos minutos

En uno de los casos, la damnificada advirtió que su automóvil había sido abierto al activarse la alarma. Al acercarse, constató el faltante de una billetera que contenía documentación personal y tarjetas.

El segundo hecho involucró el robo de una cartera con dinero en efectivo y documentos. La víctima señaló directamente a una mujer como autora del ilícito, lo que permitió orientar el operativo policial.

Rápido accionar y detención

Tras un llamado al 911, los agentes se hicieron presentes en la zona y lograron identificar y aprehender a la sospechosa, quien fue trasladada a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El fiscal en turno dispuso la formación de causa por hurto y ordenó que la mujer sea citada a audiencia imputativa, instancia en la que se definirán los pasos a seguir en la investigación.

Una investigación judicial que comenzó por un robo calificado en la localidad de Sancti Spiritu derivó en el desbaratamiento de una presunta actividad de narcomenudeo en Venado Tuerto.

El fiscal Iván Raposo imputó a Micaela Ayelén B. (ex pareja del narco Matías Alvarez), de 26 años, quien fue detenida tras permanecer prófuga luego del hecho delictivo en el que habría participado junto a su pareja, Agustín B.

Según la investigación, la identificación de la joven se logró a partir de tareas de análisis fílmico y de la declaración del propio Agustín en audiencia judicial.

Allanamiento clave en Venado TuertoLa detención se concretó mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Deán Funes al 1000, donde además se produjo un hallazgo que cambió el eje de la causa.

En el lugar, los efectivos secuestraron:

Para la fiscalía, estos elementos resultan compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Vínculos con una red de microtráficoA partir del procedimiento, los investigadores profundizaron las tareas de análisis criminal y detectaron que la joven no actuaría de manera aislada.

En ese marco, fue vinculada con Cintia Lorena Z., señalada como una figura relevante dentro de una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona.

Los indicios recolectados ubican a Micaela Ayelén B. dentro de ese entramado, con participación en la comercialización de droga.

Imputación y medida cautelarEn la audiencia imputativa, el Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora.

El juez interviniente dispuso la prisión preventiva de la joven mientras avanza la investigación, que no descarta nuevas medidas y posibles detenciones.

Un hombre de 31 años fue aprehendido en la ciudad de Firmat, acusado de sustraer cables de una vivienda ubicada en calle General Paz al 1900.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 15:10, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino tras recibir un aviso por un presunto robo. Al arribar a la intersección de 25 de Mayo y avenida Santa Fe, los efectivos identificaron al sospechoso, quien habría sido señalado por un testigo como el autor del ilícito.

Tras la aprehensión, el sujeto fue trasladado a sede policial, donde se realizaron las diligencias de rigor, y posteriormente derivado a la Alcaidía de Melincué.

Por disposición de la fiscal en turno, se le formó causa por robo, quedando a disposición de la Justicia.

El máximo tribunal santafesino resolvió el 26 de marzo de 2026 rechazar la queja presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba revertir la absolución dictada en segunda instancia.

De esta manera, la Corte de la Provincia de Santa Fe dejó firme la decisión adoptada el 2 de julio de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había revocado la condena de siete años de prisión por abuso sexual impuesta en primera instancia. Solo quedaría abierta la posibilidad de un recurso extraordinario federal.

El eje del fallo: la inimputabilidadEl punto central del caso radica en la capacidad del imputado, Jesús Stabile, para comprender la criminalidad de sus actos.

La Cámara había determinado, en base a informes de la Junta Especial de Salud Mental, que el joven presenta una discapacidad con una edad mental estimada entre 7 y 9 años, lo que le impediría entender plenamente el carácter delictivo del hecho.

La Corte consideró que esa conclusión estuvo debidamente fundada en la prueba producida, incluyendo evaluaciones interdisciplinarias, testimonios y antecedentes personales, descartando arbitrariedad en el fallo.

Los argumentos de la FiscalíaEl MPA cuestionó la resolución de Cámara al sostener que:

Sin embargo, el máximo tribunal entendió que estos planteos reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y no configuraban una violación constitucional que habilitara su intervención.

La postura de la CorteEn su resolución, la Corte sostuvo que:

Además, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen medidas de seguridad u otras intervenciones en ámbitos civiles.

Cómo se originó la causaEl hecho ocurrió el 3 de febrero de 2021 en Maggiolo, cuando el acusado fue denunciado por abusar sexualmente de una familiar en su domicilio.

En febrero de 2025, el Tribunal de Venado Tuerto lo condenó a siete años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue revertida meses después por la Cámara, que determinó su inimputabilidad.

En la audiencia que se desarrolló el último jueves, el fiscal Iván Raposo brindó detalles sobre las declaraciones de dos mujeres, quienes se presentaron como testigos arrepentidas y brindaron detalles en relación al funcionamiento de las dos principales organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y la región. Según su relato, las bandas operaban desde la cárcel a través de los líderes Maximiliano Ezequiel Ríos y Augusto Nicolás Cechetti, actualmente detenidos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que estas redes se abastecían de divisas extranjeras para financiar la compra de droga: mediante el cambio ilegal de pesos por dólares en una agencia de turismo local ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio.

Las testigos, cuyas identidades no fueron reveladas por razones de seguridad, contaron cómo las organizaciones criminales recurrían a la agencia de turismo de Ezequiel A., dueño del local, para convertir grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de la venta de estupefacientes, en dólares estadounidenses. Según las declaraciones, este proceso de cambio de divisas era realizado sin ningún tipo de control o registro formal. “Nunca nos preguntaron por el origen del dinero ni nos dieron recibos. Todo era en negro”, aseguró una de las mujeres, quien trabajaba de forma directa con los cabecillas de la organización.

Los detalles que las testigos compartieron fueron fundamentales para entender cómo operaban las dos organizaciones en Venado Tuerto y en otras localidades del sur-sur santafesino. Según la fiscalía, la participación de Ezequiel A. fue clave, ya que proveía a los narcos de los dólares necesarios para realizar sus compras de estupefacientes, los cuales luego eran distribuidos y comercializados en el mercado local.

Ezequiel, quien fue imputado como “partícipe secundario” en el tráfico de estupefacientes, es señalado como uno de los principales responsables de facilitar este intercambio de dinero. Según las investigaciones, además de las transacciones que se realizaban con billetes en efectivo, el dueño de la agencia recibió transferencias bancarias de parte de miembros de las organizaciones. En particular, se destaca una por un total de 1.471.750 pesos provenientes de intermediarios cercanos a los cabecillas de las bandas, que operaban desde la cárcel.

Por su parte, su suegro, Jorge K., también fue imputado en el caso por su rol como colaborador financiero de la organización. Se le atribuye haber recibido una suma de 1.240.000 pesos mediante transferencias bancarias realizadas por parte de Kiara Rocío D., una de las implicadas en el tráfico de drogas. Además, enfrenta cargos por la tenencia ilegal de varias armas de fuego, que fueron encontradas en su hogar durante el allanamiento de las últimas semanas.

Las declaraciones de las testigos arrepentidas también ofrecieron detalles sobre cómo era la operatoria dentro de la agencia de turismo. “Yo mandaba un mensaje por WhatsApp preguntando el precio del dólar, luego llegaba a la agencia, me atendía una chica, le daba el dinero en efectivo, y me daban los dólares”, relató una de las mujeres. Según su testimonio, este proceso se repetía semanalmente, con sumas que oscilaban entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, dependiendo de la cantidad de dinero que recaudaban. En tanto, otras de las organizaciones, adquiría mensualmente una suma cerca a los 8.000 dólares.

El relato de las testigos fue confirmado por la declaración de una empleada de la agencia, quien indicó que todas las transacciones eran supervisadas por Ezequiel A. “Él fijaba los precios, daba las instrucciones y autorizaba todas las operaciones. Nadie más podía hacer nada sin su consentimiento”, afirmó, quien también detalló que no se realizaba ningún tipo de control sobre el origen del dinero o la identidad de los clientes.

En el allanamiento realizado el 31 de marzo, en la agencia de turismo los agentes policiales incautaron la suma total de 7.027.200 de pesos, 12.215 euros y 39.438 dólares.

El caso sigue en plena investigación. El fiscal Iván Raposo destacó la importancia de las declaraciones de las testigos, ya que brindaron una visión integral sobre cómo se desarrollaba la operatoria de cambio de divisas y cómo las bandas narcos se beneficiaban de la actividad ilícita.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 62 años, cuyas iniciales son AHL, al que se investiga por haber abusado sexualmente de dos nietas de su pareja en Rufino. Los ilícitos fueron cometidos durante la infancia de las víctimas, quienes son hermanas y ya alcanzaron la mayoría de edad.

La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo este viernes en la mañana ante la jueza Lorena Garini en los tribunales rufinenses.

Florit indicó que “la jueza valoró el cúmulo de evidencia que presentamos y, al fundamentar su decisión, contempló la necesidad de resguardar a las víctimas y que tanto el peligro de entorpecimiento probatorio como el riesgo de fuga estaban latentes en función de la pena en expectativa y otras particularidades del caso”. En tal sentido, la fiscal puntualizó que “la magistrada consideró que cualquier alternativa a la preventiva era insuficiente y rechazó normas de conducta propuestas por la Defensa”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA hizo hincapié en que “la investigación continúa abierta y hay indicios de que el imputado también pudo haber vulnerado la integridad sexual de otras personas”.

Florit sostuvo que “el hombre investigado abusó sexualmente de las nietas de su pareja en la época en la que ellas iban a la escuela primaria”, y puntualizó que “todos los ilícitos tuvieron lugar en Rufino, en la casa en la que el agresor convivía con la abuela y el padre de las niñas”.

Asimismo, la fiscal manifestó que “el imputado cometía los delitos en ocasiones en las que se quedaba a cargo de cuidar a las víctimas”, y agregó que “se aprovechaba de la posición de poder en la que estaba respecto de ellas y las instaba a guardar silencio sobre lo sucedido”. Según precisó, “en una oportunidad, intentó agredir sexualmente a una de las niñas pero no pudo lograr su objetivo porque otra persona del entorno familiar llegó al inmueble en ese momento”.

En tanto, Florit subrayó que “de forma reiterada, el hombre investigado sometió a las nietas de su pareja a prácticas que tuvieron entidad suficiente para afectar el normal y progresivo desarrollo sexual de cada una de ellas”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA detalló que “la denuncia que originó la investigación fue realizada en septiembre del año pasado por una de las víctimas y, tiempo después, su hermana informó que ella había padecido situaciones similares”. Al respecto, afirmó que “desde entonces se llevaron adelante diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido”, y mencionó que “el imputado fue detenido a fines de marzo”.

Por los ilícitos en perjuicio de las dos nietas de su pareja, el hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda) –en el caso de una de las hermanas, además por una tentativa de ese delito–, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda). A su vez, se le atribuyó la autoría de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada (por tratarse de víctimas menores de 13 años y porque él estaba a cargo de la guarda de ellas).

Un hombre de 40 años identificado como Sergio David Pintos fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por haber cometido delitos en un contexto de violencia de género en Venado Tuerto (departamento General López). A su vez, la pena se le impuso por amedrentamientos a agentes policiales y por un robo.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales venadenses.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra y el fiscal Damián Casullo representaron al MPA en el debate y, tras conocer el veredicto, valoraron que “Pintos fue condenado a una pena cercana a la de seis años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”. Además, detallaron que “debido a que tenía antecedentes penales condenatorios, fue declarado reincidente”.

Schiappa Pietra sostuvo que “de forma reiterada, Pintos agredió físicamente a una mujer que es su expareja”, y remarcó que “en una ocasión en la que la atacó, también le dio un golpe de puño en el rostro a un niño que es hijo de ambos”.

Por otra parte, la funcionaria del MPA planteó que “con frecuencia, el condenado amenazaba a su expareja con matarla, así como con hacerles daño a otros integrantes del grupo familiar”. Al respecto, especificó que “incluso le envió mensajes intimidatorios por WhatsApp mientras estaba privado de su libertad en un establecimiento penitenciario”.

Schiappa Pietra refirió que “en su domicilio, el condenado cometió el delito de atentado contra la autoridad al intentar quitarle el arma reglamentaria a un policía y luego atacar con rasguños y patadas a otra agente que intervino para que él depusiera su actitud”. Según explicó, “los uniformados habían sido convocados al inmueble a raíz de un episodio de violencia de género padecido por la expareja de Pintos”.

Asimismo, la fiscal resaltó que “tanto en su vivienda como durante el viaje hacia una comisaría a la que lo trasladaron, el condenado amenazó e insultó a los integrantes de la fuerza de seguridad”.

En relación al robo, Casullo señaló que “el condenado y su hermano Lucas Matías Pintos –quien en el marco de un juicio abreviado fue condenado por este ilícito–, abordaron de forma violenta a un hombre que estaba en la esquina de Güemes y Chaco”. Precisó que “después de forcejear unos minutos en la vía pública, le arrebataron una motocicleta, un teléfono celular y un reloj digital”.

“Una vez que concretaron su objetivo delictivo, los atacantes se fueron del lugar a bordo del birrodado de la víctima”, expuso el representante del MPA.

En tanto, el fiscal afirmó que “la investigación penal se inició de inmediato y desde la Fiscalía ordenamos seguir el rastro del código de identificación (IMEI) del teléfono sustraído”. En tal sentido, destacó que “a través de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), se pudo determinar que 12 horas después del robo el dispositivo estaba activo con una línea de la que es titular Sergio Pintos”.

El hombre de 40 años al que se juzgó fue condenado como autor de lesiones leves dolosas calificadas, agresión física sin lesión, amenazas coactivas, amenazas simples, atentado contra la autoridad y robo.

En los últimos días, la Justicia estableció las reglas de conducta que deberá cumplir Sergio Busquet luego de que se confirmara su condena. La resolución fue firmada por la jueza Silvina Marinucci, en el marco de una causa por irregularidades durante su gestión como presidente comunal de Chovet.

Entre las principales medidas, se dispuso que el ex mandatario deberá realizar trabajos comunitarios o, como alternativa, efectuar una donación a los Bomberos Voluntarios de Chovet u otra institución pública de la localidad.

Además, deberá:

Estas reglas deberán cumplirse por el plazo de dos años, bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento.

El origen del casoLa causa judicial se remonta a una maniobra en la que Busquet contrajo un crédito con un particular sin la autorización legal correspondiente, lo que derivó en la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En primera instancia, el ex funcionario había sido absuelto en diciembre de 2024. Sin embargo, la fiscal Susana Pepino apeló esa decisión y, en febrero de 2025, el juez de Cámara Tomás Orso revocó el fallo y lo condenó a 45 días de prisión condicional y 90 días de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Posteriormente, en diciembre de 2025, el camarista Juan Pablo Lavini Rosset confirmó la sentencia, dejándola firme.

La audiencia claveDurante la audiencia en la que se definieron las reglas de conducta, la fiscalía solicitó medidas más estrictas, como firma semanal en la comisaría y prohibición de salida del país.

Por su parte, la defensa (a cargo del abogado Miguel Ángel Pierri) argumentó que Busquet siempre estuvo a derecho, tiene arraigo en la localidad y lleva una vida laboral y familiar estable. También cuestionó la extensión de las medidas.

Tras un cuarto intermedio, la jueza resolvió fijar las condiciones definitivas, incorporándolas como parte de la condena original.

Qué implica la condenaLa pena impuesta es de ejecución condicional, lo que significa que el ex presidente comunal no irá a prisión, pero deberá cumplir estrictamente con las condiciones fijadas por la Justicia.

El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocación del beneficio y la aplicación de sanciones más severas.

En un juicio abreviado realizado en la ciudad de Venado Tuerto, Edgardo Studer, de 64 años, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por agredir a su madre de 85 años y a su pareja, en un contexto de violencia de género. El acusado aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que permitió acelerar los tiempos del proceso judicial.

Studer fue imputado por el delito de lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, así como por lesiones leves dolosas. Además, se le sumó una acusación por desobedecer una resolución judicial. La condena se dictó luego de que el acusado reconociera los hechos que se le imputaron durante la audiencia, a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco.

Hechos que derivaron en la condena

La serie de hechos violentos comenzaron el 19 de octubre de 2024, cuando Studer agredió a su pareja, Sonia, en su vivienda de calle Rodolfo Walsh. Tras una discusión, el hombre le propinó a la mujer golpes de puños en la cabeza y el rostro, provocándole una fractura en la nariz y diversas contusiones. La agresión continuó cuando la víctima intentó escapar al patio de la casa, siendo seguida por Studer, quien la golpeó nuevamente, incluso arrojándola contra un tapial y tirándola del cabello hasta que un vecino intervino.

En otro hecho, ocurrido en diciembre de 2023, el hombre agredió a su madre de 85 años, quien en ese momento vivía con él. En esa ocasión, le propinó golpes en el brazo y el ojo derecho. Un segundo ataque tuvo lugar en la misma vivienda de calle Belgrano, donde Studer volvió a agredirla violentamente, causándole lesiones en el cráneo, cortaduras en los antebrazos y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Incumplimiento de la resolución judicial

En mayo de 2024 fue acusado de incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a su madre y a otras personas, incluida su ex pareja. La resolución había sido emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto, y establecía una restricción de acercamiento a una distancia mínima de 200 metros de las víctimas, además de una orden de abstención de toda forma de violencia física, psicológica y verbal. Pese a la medida cautelar, Studer violó esta disposición, lo que sumó un nuevo cargo en su contra.

La pena solicitada

La fiscalía solicitó una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva en virtud de las agresiones y el incumplimiento de la resolución judicial. La sentencia fue aceptada por el juez, destacándose la gravedad de los hechos, especialmente debido a la relación de parentesco y la violencia de género que subyace en los ataques.

La causa por narcotráfico que se desprendió del megaoperativo realizado el lunes 31 de marzo, con más de 16 allanamientos en domicilios, una agencia de turismo donde también funciona una casa de cambio y celdas de varias unidades penitenciarias, sumó este jueves un nuevo capítulo en los Tribunales de Venado Tuerto. En la sala 2 se desarrolló la audiencia imputativa y cautelar para dos de los empresarios investigados, quienes finalmente recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a una serie de estrictas medidas de conducta.

La audiencia fue presidida por el juez Leandro Martín, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, quien durante varias horas expuso en detalle las imputaciones formuladas contra Jorge K. (72) y Ezequiel A. (47), ambos alcanzados por la investigación que busca esclarecer el funcionamiento de una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes con base en Venado Tuerto.

Luego de varias horas se dio lectura de cargos, mientras que las partes alcanzaron un acuerdo que permitió que ambos imputados transiten el proceso en libertad.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Ezequiel A. fue imputado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes, una calificación que lo ubica con un grado de intervención relevante dentro de la maniobra que se investiga.

En tanto, Jorge K. fue imputado por comercialización de estupefacientes y además por tenencia de armas de guerra, en relación con los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco del operativo.

La defensa de los acusados quedó a cargo de la abogada Ana María Regidor, por Ezequiel A., y del letrado rosarino Jorge Resegue, en representación de Jorge K.

Si bien ambos recuperaron la libertad, el juez dispuso una serie de restricciones que deberán cumplir mientras avance la investigación. Entre las medidas fijadas figura el embargo de un inmueble ubicado en calle Junín por un monto de 60 mil dólares, además de la prohibición de salir del país.

También se ordenó que no puedan mantener contacto con otros implicados en la causa, así como la prohibición de modificar planillas vinculadas a cajeros, un punto que aparece mencionado dentro de la investigación en curso.

Con esta resolución, los dos empresarios continuarán sometidos al proceso judicial, aunque sin prisión preventiva. La investigación, en tanto, seguirá avanzando tanto en la esfera provincial como en la federal, en una causa de fuerte impacto regional que intenta reconstruir el alcance y la operatoria de una supuesta estructura narcocriminal asentada en Venado Tuerto.

Por Juliano Salierno

A más de dos años y medio del crimen de Franco “Paco” Demarchi (28), ocurrido el 21 de julio de 2023 en la ciudad de Santa Fe, su padre, Rubén Demarchi (61), regresó a la capital provincial para reunirse personalmente con el fiscal Carlos Lacuadra, a cargo de la investigación.

El encuentro se concretó el lunes 6 de abril por la mañana, en la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional Nº 1 de Santa Fe y tuvo como objetivo conocer de primera mano el estado actual de la causa, que ya cuenta con dos imputados detenidos y se encamina hacia la etapa acusatoria.

“Como hubo un cambio de fiscal el año pasado nos pareció prudente presentarnos en persona”, explicó Demarchi, oriundo de Sancti Spíritu, quien viajó acompañado por su esposa Adriana, su hijo mayor Juan Martín y su yerno Lázaro.

Según detalló, si bien habían mantenido contactos previos mediante videollamadas, consideraron necesario concretar un encuentro presencial. “Creímos importante estar en Santa Fe, cara a cara con el fiscal”, señaló.

De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, la reunión resultó esclarecedora. “Nos atendió muy bien y nos explicó todo lo que preguntamos. Fue una charla muy buena”, sostuvo. En ese marco, confirmó que actualmente hay dos personas privadas de la libertad: “el asesino y el que hizo toda la vinculación y el engaño”.

En relación con el avance de la carpeta judicial, Demarchi indicó que el fiscal le adelantó que la acusación formal será presentada en los próximos días y que el caso avanzará hacia un juicio por jurados, conforme al sistema vigente.

No obstante, expresó su desconcierto por uno de los aspectos bajo investigación: “Me cuesta creer que desde una comisaría donde hay personas que nos tienen que cuidar se haya hecho este engaño”, afirmó, en alusión a circunstancias que aún son materia de análisis judicial.

El crimen ocurrió el 21 de julio de 2023 en barrio Roma, cuando la víctima llegó a la ciudad junto a un amigo con la intención de concretar la compra de una motocicleta Honda Tornado 250cc, ofrecida a través de redes sociales.

Según la investigación, el joven fue emboscado tras ser citado en la zona de Hipólito Irigoyen al 4200, donde recibió un disparo en la cabeza al intentar escapar cuando tres delincuentes armados los emboscaron para quitarles $1.200.000 que era el precio acordado por la compra de la moto.

Por el hecho se encuentran imputados Daniel Rubén Lescano (28), alias “el Mono”, sindicado como el autor material del homicidio, y Walter Ariel Carmona (25), acusado de haber contactado a la víctima mediante publicaciones falsas y de organizar el encuentro con fines de robo.

La causa presenta además antecedentes relevantes: Lescano se encontraba prófugo tras haberse fugado de la Comisaría 2ª en noviembre de 2022, donde estaba detenido por un intento de homicidio. Carmona, en tanto, habría utilizado el mismo perfil y número telefónico para concretar maniobras similares con otras víctimas que acudieron a la ciudad por compras pactadas en línea.

Ambos permanecen en prisión preventiva desde entonces, particularmente en el caso de Lescano, la Justicia prorrogó la cautelar -por nueve meses- el 8 de octubre de 2025, en el marco de una investigación que también acumula otros episodios delictivos atribuidos al imputado.

En la maniobra investigada, Carmona aparece como una pieza central en la etapa previa al crimen. Según la atribución fiscal, fue quien contactó a la víctima mediante publicaciones en redes sociales —ofreciendo motos y otros bienes—, sostuvo las conversaciones y fijó el punto de encuentro bajo una modalidad engañosa. Ese rol de “captación” ya había sido detectado en episodios similares.

Un dato que atraviesa la investigación es que, al momento del hecho, Carmona se encontraba alojado en una dependencia policial, desde donde —siempre según la hipótesis acusatoria— habría continuado con estas operatorias de contacto, extremo que abrió interrogantes sobre los controles internos y es uno de los aspectos que la Fiscalía mantiene bajo análisis.

En paralelo al avance judicial, el impacto personal sigue siendo profundo. “Somos gente de trabajo, de pueblo. Estamos con un dolor tremendo por la ausencia de mi hijo”, expresó Rubén Demarchi. En ese sentido, describió a Franco como “una persona sencilla, familiera, con cultura de trabajo y un grupo de amigos que no está en nada raro”.

El viaje a Santa Fe, recordó, tenía un sentido recreativo y ocasional: “Para ellos era dar un paseo y buscar una moto, y mirá en lo que terminó”, lamentó.

El crimen también modificó de manera sustancial su vida laboral: “Esto me llevó a dejar toda mi actividad. Yo era contratista rural y Paco tenía un equipo vial. No me puedo enfocar en nada”, relató.

Finalmente, dejó una reflexión dirigida a las familias de los imputados: “Yo le preguntaría a los padres de los detenidos cómo se siente tener un hijo asesino”.

Con la acusación próxima a ser presentada, la causa se encamina hacia una etapa clave, mientras la familia Demarchi continúa a la espera de justicia.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando personal del Comando Radioeléctrico detectó a un joven de 14 años conduciendo una motocicleta de manera imprudente. Según informaron fuentes policiales, el menor realizaba maniobras peligrosas que ponían en riesgo tanto su integridad física como la de terceros que circulaban por la zona.

Ante la situación, los efectivos procedieron a demorar al adolescente y dieron inmediata intervención al Juzgado de Menores, que dispuso las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Secuestro del vehículo y traslado del menorComo parte del procedimiento, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al corralón municipal. En tanto, el menor fue derivado a la Comisaría 12da para cumplimentar los recaudos legales.

Una vez finalizadas las diligencias, el joven fue restituido a su progenitora, quien quedó a cargo de su guarda y custodia.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a dos años de prisión condicional en el marco de un juicio abreviado por un siniestro vial de extrema gravedad ocurrido el 17 de agosto de 2025, en la intersección de ruta nacional 33 y Avenida Chapuis.

De acuerdo a la investigación penal, el imputado (identificado como Germán Uriel Godoy, de 19 años) circulaba en una motocicleta Honda XR 150 cc junto a una joven cuando perdió el control del rodado.

La maniobra derivó en que ambos impactaran contra el guardarraíl ubicado en la banquina, en un episodio de fuerte violencia que dejó evidencias materiales en el lugar.

Alcohol al volante y pérdida de control

Uno de los elementos centrales del caso fue el estado del conductor al momento del hecho. Los estudios posteriores confirmaron que presentaba 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según la acusación, el joven conducía de manera imprudente, antirreglamentaria y sin los cuidados mínimos exigidos, lo que derivó en la pérdida del control de la motocicleta.

Tras el impacto inicial, el vehículo volvió a la calzada y terminó detenido sobre el carril contrario.

Lesiones gravísimas

Como consecuencia del siniestro, la acompañante (Antonella) sufrió heridas de extrema gravedad. El parte médico determinó múltiples excoriaciones y la amputación completa del pie derecho a la altura del tercio medio de la pierna.

La magnitud de las lesiones fue determinante para la calificación legal del hecho.

La resolución judicial

La causa fue tramitada por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, a cargo de Iván Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado acordado con la defensa.

El tribunal consideró a Godoy autor del delito de lesiones gravísimas culposas agravadas por conducir con un nivel de alcoholemia superior al permitido.

Como resultado, se le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional (sin cumplimiento efectivo) y la inhabilitación para conducir vehículos por el plazo de cuatro años.

La ciudad de Rufino se ha visto sacudida por el femicidio de Guadalupe Belén Montoya, una joven de 17 años que perdió la vida el pasado 31 de marzo a manos de su pareja, un adolescente que se encuentra detenido en Rosario.

En un primer momento, la investigación indicaba que la causa de su muerte podría haber sido un suicidio, pero a medida que avanzaron las pesquisas, los fiscales lograron reunir evidencias suficientes para demostrar que se trató de un femicidio. Así lo confirmó desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Marianela Montemarani, quien encabeza la investigación. "A partir de las pruebas recolectadas hasta el momento, le atribuimos al adolescente investigado la autoría de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género", afirmó la fiscal.

Según los detalles de la investigación, el crimen ocurrió entre las 11:30 y las 13:30 del martes 31 de marzo en una vivienda precaria de Rufino. Ese mismo día, el adolescente se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde fue detenido tras un intenso operativo.

La marcha por justicia

El pedido de justicia se hizo sentir en las calles de Rufino este miércoles, cuando un importante grupo de vecinos, familiares y amigos de Guadalupe Montoya marcharon por el centro de la ciudad, partiendo desde Plaza Sarmiento. La movilización tuvo una fuerte carga emocional para todos los participantes, que exigieron el esclarecimiento del caso y el castigo para el responsable.

La marcha estuvo acompañada por la madre de Chiara Páez, víctima de un femicidio en 2015 en la misma ciudad, y quien es una de las referentes del movimiento “Ni Una Menos”. La madre de Chiara se mostró junto a los padres de Guadalupe, compartiendo el dolor y la lucha por justicia.

“Esto no puede seguir pasando”, expresó la madre de Chiara, visibilizando la necesidad urgente de frenar la violencia de género en la ciudad. La tristeza y la conmoción se apoderan de los habitantes de Rufino, quienes claman por respuestas y por el fin de esta problemática que ha marcado un antes y un después en la comunidad.

Este miércoles por la tarde, durante un operativo de control vehicular realizado por personal del Comando Radioeléctrico en la ciudad de Venado Tuerto, un motociclista protagonizó un incidente al intentar eludir la inspección. El conductor ignoró la orden de los uniformados para detener su marcha y emprendió la huida.

Ante esta situación, el personal policial inició un seguimiento controlado que permitió interceptar al sujeto en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Azcoaga, donde se procedió a su correcta identificación.

El joven, de 24 años, fue trasladado a la sede policial. Según lo dispuesto por la fiscal en turno, fue notificado por la comisión del delito de resistencia a la autoridad

Este miércoles al mediodía, personal del Comando Radioeléctrico intentó identificar a una joven que circulaba en motocicleta, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga.La menor, de 16 años, fue finalmente aprehendida en su domicilio y trasladada a sede policial junto a su madre.

 La motocicleta fue secuestrada y enviada al corralón municipal. La fiscalía juvenil, dispuso la formación de causa por Resistencia a la autoridad y Conducción peligrosa y que sea entrega de la joven a su progenitora.

Dos personas fueron condenadas por un robo ocurrido el 1 de julio de 2025 en un domicilio de la ciudad de Venado Tuerto. La investigación, llevada adelante por el fiscal Damián Casullo, concluyó con sentencias para un joven de 21 años y una empleada doméstica, quien inicialmente se presentó como víctima del hecho.

La empleada doméstica, identificada como Luján Samar, fue condenada como coautora material y penalmente responsable del robo calificado por ser en poblado y en banda. La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución condicional. En el caso de Mariano Masneri, de 21 años, también se dictó una condena por el mismo delito, con la misma pena y decisión de libertad condicional.

El robo, que habría sido realizado bajo el modus operandi de un “robo hormiga” por parte de la empleada doméstica, fue inicialmente disimulado con el ingreso de dos delincuentes a la vivienda. Según los detalles revelados en el juicio, el monto sustraído incluyó una suma de dinero en pesos, dólares y euros.

Tras el hecho, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se logró la detención de tres personas, entre ellas la empleada doméstica, y la recuperación parcial del dinero robado. En el marco de un juicio abreviado, las víctimas mostraron su conformidad con los acuerdos alcanzados y se dispuso un resarcimiento económico para ellas.

En tanto, una tercera persona que forma parte de la causa judicial, actualmente en libertad, no aceptó el juicio abreviado y sostiene su inocencia.

La Justicia dispuso el alojamiento en un instituto de puertas cerradas para un adolescente punible investigado por el femicidio de su pareja, también menor de edad, ocurrido a fines de marzo en la ciudad de Rufino. La medida cautelar fue resuelta por un plazo de 90 días durante una audiencia realizada este martes.

La investigación está a cargo de la fiscal Marianela Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 3. Según precisó, “a partir de las evidencias recolectadas hasta el momento, le atribuimos al adolescente investigado la autoría de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que “en función de la gravedad del hecho, hay otras líneas investigativas abiertas”, mientras continúan las diligencias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Además, Montemarani señaló que “el juez avaló lo que argumentamos en relación a que los riesgos procesales estaban latentes e hizo lugar a nuestro requerimiento”, al momento de definir la medida cautelar.

Respecto al hecho, detalló que el femicidio ocurrió entre las 11:30 y las 13:30 del martes 31 de marzo pasado en una vivienda precaria de Rufino. Ese mismo día, el adolescente investigado viajó a la provincia de Buenos Aires, donde posteriormente fue detenido.

Una ciudad otra vez conmocionada

El nuevo caso vuelve a situar a Rufino en el centro de la discusión, a más de una década del femicidio de Chiara Páez, ocurrido en mayo de 2015. La adolescente tenía 14 años, estaba embarazada y fue asesinada por su pareja, también menor de edad, en la vivienda de los abuelos del joven. Tras el crimen, el cuerpo fue enterrado en el patio de la casa y días después el propio agresor confesó el hecho ante la presión de la investigación.

El caso tuvo una repercusión nacional inmediata y se convirtió en un punto de inflexión en la agenda pública: derivó en la primera movilización masiva de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 y puso en primer plano la violencia de género en todo el país. En 2017, la Justicia condenó al autor a 21 años de prisión bajo el régimen penal juvenil.

A ese antecedente se suma el femicidio de Katherine Macarena Quinteros, cometido en febrero de 2018. La joven tenía 18 años y fue atacada con un cuchillo en su vivienda por su ex pareja, Oscar Walter Cejas, quien luego fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El crimen ocurrió frente a sus hijas pequeñas y otros familiares, en un contexto de violencia previa.

Ambos casos dejaron una marca en la ciudad. El paralelismo con el hecho actual, nuevamente con jóvenes involucrados, vuelve a poner en foco una problemática que persiste en el tiempo y reactualiza el debate sobre la prevención, la intervención temprana y las herramientas disponibles frente a la violencia.

La conocida “estafadora de comerciantes” venadenses sigue sumando denuncias por delitos que la tienen como protagonista. Según trascendió, se ha conocido una nueva acusación que apunta a un hecho ocurrido en una clínica de estética, donde Sabrina Leonela V., de 36 años, se habría sometido a tratamientos de botox y otros procedimientos entre octubre de 2025 y el 27 de marzo de este año. La cifra de la estafa que se investiga supera los 3 millones de pesos.

Según fuentes confiables, la acusada habría utilizado el mismo modus operandi que en las denuncias anteriores: presentar un comprobante de pago falso y retirarse del lugar sin abonar por los servicios. En algunos de los casos, la joven quedó registrada por las cámaras de seguridad de los comercios involucrados.

La investigación de la causa la lleva adelante el fiscal Damián Casullo, quien ya imputó a la joven por dos hechos y al mismo tiempo logró la prisión preventiva al menos por 30 días.

Esta nueva acusación, se suma a otras tres presentadas previamente contra la misma persona: en el local gastronómico Henry Cook, en el comercio de ropa IM Básicos y en la Farmacia Mutual. En todos los casos, Sabrina Leonela V. se habría valido de transferencias falsas para efectuar compras que nunca fueron acreditadas.

Los detalles de las denuncias previas

La última denuncia conocida ocurrió entre el 16 y el 20 de marzo de 2026, cuando la imputada realizó compras por un valor cercano a los 500 mil pesos en una farmacia céntrica de Venado Tuerto. En al menos dos oportunidades, Sabrina Leonela V. presentó un comprobante de pago falso, que nunca fue acreditado.

Este comportamiento ya había sido detectado en dos ocasiones anteriores. En octubre de 2025, la joven simuló una transferencia de $134.600 en el restaurante Henry Cook, un pago que nunca llegó a concretarse. En marzo de 2026, en la tienda IM Básicos, la acusada llevó a cabo una compra por $945.000 utilizando un comprobante falso de la billetera virtual Personal Pay.

Prisión preventiva

La justicia, con el objetivo de evitar nuevos hechos y asegurar el avance de la investigación, dispuso la prisión preventiva de 30 días para Sabrina Leonela V. La acusada, considerada responsable de estafas reiteradas, seguirá detenida mientras se profundiza en la causa.

Por otro lado, se mantiene abierta la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias en los próximos días, ya que la modalidad de estafa podría haberse repetido en otros comercios de la ciudad.

Un antecedente curioso

En un giro inesperado, el fiscal Casullo confirmó a Sur24 que en 2025 la misma imputada había denunciado a comerciantes de Venado Tuerto por calumnias e injurias. La mujer había iniciado las acciones judiciales luego de que su imagen comenzara a circular en grupos de WhatsApp del sector comercial local, en los que se la señalaba como presunta autora de estafas bajo esta modalidad. Ante esta situación, Sabrina Leonela V. decidió accionar judicialmente contra los responsables de difundir su foto.