Un importante operativo de búsqueda se desplegó este jueves por la tarde en Paraje El Chaquito, jurisdicción de Monte Vera, luego de que un hombre de 32 años desapareciera mientras practicaba kitesurf, un deporte acuático que combina una tabla con un barrilete impulsado por el viento.

De acuerdo con la información oficial, la última persona que vio al deportista fue su pareja, una mujer de 28 años que se encontraba en el lugar. Al perder contacto con él, dio aviso a las autoridades, lo que motivó el inmediato despliegue de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajan el jefe y el subjefe de la dependencia policial, junto con efectivos de la Comisaría 20.ª de Monte Vera, quienes coordinan las tareas de rastrillaje.

A la búsqueda se sumó personal de Buzos Tácticos, que realiza inspecciones en el agua, mientras que el operativo también cuenta con el apoyo de un gomón y drones para ampliar el radio de búsqueda tanto sobre el río como en la zona costera.

Hasta el momento no trascendieron más datos sobre las circunstancias en las que el hombre desapareció. Las autoridades indicaron que el operativo permanecerá activo hasta dar con el paradero del deportista y no descartan ampliar el despliegue si las condiciones lo requieren.

El tribunal homologó un procedimiento abreviado y condenó a Nicolás Martín Bernabé Vallejos a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos delictivos cometidos en Venado Tuerto. Las causas incluyen una defraudación mediante Mercado Pago, el encubrimiento por la tenencia de un celular robado y un robo calificado por efracción en una vivienda en construcción.

El acuerdo había sido presentado por la fiscal de distrito Mayra Vuletic, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y la defensora pública Antonela Dalzotto, en representación del acusado.

Tras analizar los términos convenidos por las partes, el tribunal homologó el procedimiento abreviado e impuso la pena acordada.

Una transferencia de $70.000

El primero de los hechos por los que fue condenado ocurrió en abril de 2024, luego de la sustracción de un teléfono celular perteneciente a una víctima de apellido Mariotti.

Según consta en la investigación, el dispositivo no tenía contraseña de seguridad. Vallejos lo utilizó para ingresar a la cuenta de Mercado Pago de la víctima y transfirió 70.000 pesos hacia una caja de ahorro del Banco Nación registrada a su nombre.

El episodio fue denunciado el 12 de abril de 2024 en la Comisaría Segunda de Venado Tuerto.

Tenía un teléfono celular robado

La segunda causa está relacionada con un celular Samsung A12 que había sido sustraído el 11 de abril de 2024 de una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 2900, también en Venado Tuerto.

La acusación sostuvo que Vallejos tuvo el dispositivo en su poder pese a conocer su origen ilícito. Este hecho fue encuadrado como encubrimiento.

Las dos investigaciones iniciadas en 2024 fueron acumuladas con una tercera causa por un robo cometido durante mayo de 2026.

El ingreso a una vivienda en construcción

El tercer hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo de 2026, en una vivienda en construcción situada en calle Balcarce al 2700.

De acuerdo con la atribución delictiva, Vallejos ingresó al inmueble junto con Gustavo A., luego de que fuera forzada la cerradura de la reja de acceso. La casa estaba deshabitada en ese momento.

Del lugar se llevaron un disco de arado para cocinar de aproximadamente 80 centímetros, con su correspondiente tapa; un acolchado de dos plazas; una frazada y una olla.

Durante el ingreso también arrancaron de una pared un televisor Philco de unas 55 pulgadas, aunque el aparato quedó apoyado sobre un sillón dentro de la propiedad. La maniobra provocó daños en la pared.

Además, fue retirada una ventana de aluminio colocada en un ventiluz. Según la investigación, los involucrados utilizaron una silla para ingresar a la vivienda y retirar los objetos.

Los daños y faltantes fueron constatados mediante una inspección ocular, fotografías y un croquis elaborado durante las actuaciones policiales.

Fue descubierto mientras se ocultaba en un pozo

Horas después del robo, el propietario del inmueble y un amigo encontraron a Vallejos en una construcción en estado de abandono, ubicada en la zona de Almafuerte y Azcoaga.

El ahora condenado intentó esconderse dentro de un pozo situado en el terreno, pero fue descubierto y retenido hasta la llegada de la Policía.

Según el expediente, durante ese encuentro manifestó que había estado con Gustavo A. y que este le había entregado elementos para vender. También aseguró que desconocía que los objetos habían sido sustraídos de la vivienda.

Un móvil policial llegó al lugar después de una comunicación con la Central de Emergencias 911 y concretó la aprehensión.

Tres años de cumplimiento efectivo

Los tres hechos fueron incorporados a un procedimiento abreviado acordado por la Fiscalía, la Defensa Pública y el acusado.

Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo y condenó a Vallejos a tres años de prisión de ejecución efectiva, además de imponerle las accesorias legales y el pago de las costas procesales.

La resolución cerró las investigaciones por defraudación, encubrimiento y robo calificado por efracción que se habían iniciado por los hechos ocurridos entre abril de 2024 y mayo de 2026 en Venado Tuerto.

Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto extinguieron un incendio de basura y prendas de vestir que se había iniciado dentro de una antigua secadora cerealera. El operativo se desarrolló a las 19 en inmediaciones de las calles 2 de Abril e Ituzaingó.

Según el parte difundido por el cuartel local, al llegar al lugar los servidores públicos constataron que las llamas afectaban residuos y ropa acumulados en el interior de una secadora cerealera que se encontraba abandonada.

Ante la presencia del foco ígneo, los bomberos desplegaron una línea de una pulgada y comenzaron las tareas de extinción para evitar que el fuego avanzara sobre el resto de la estructura.

Intervención de los servicios de emergencia

El incendio pudo ser controlado por la dotación que trabajó en el lugar. Durante el procedimiento también estuvo presente personal del servicio de emergencias 911.

El reporte no consignó personas heridas ni brindó precisiones sobre las causas que originaron el fuego. Tampoco se detalló la magnitud de los daños ocasionados dentro de la instalación abandonada.

Operativo finalizado

Luego de extinguir las llamas, el personal completó las tareas correspondientes en el sector. La intervención permitió controlar el incendio y evitar su propagación hacia otros elementos o propiedades cercanas.

El enfermero Ricardo Omar Almirón, uno de los ocho imputados en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, declarará por primera vez este jueves durante el segundo juicio que investiga las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista.

Su abogado defensor, Franco Chiarelli, confirmó que Almirón no responderá preguntas de la Fiscalía, las querellas ni las demás defensas. En cambio, su declaración se desarrollará mediante preguntas formuladas por su propio representante legal.

Será la tercera vez que Almirón se presente en los Tribunales de San Isidro. Anteriormente participó en la audiencia de apertura, realizada el 14 de abril, y también estuvo presente en la última jornada del debate.

Según explicó Chiarelli, el enfermero expondrá de forma "cronológica y ordenada" cómo fueron sus guardias y, especialmente, lo ocurrido durante la noche del 24 al 25 de noviembre de 2020, turno que se extendió desde las 19 hasta las 6:30 de la mañana, horas previas al fallecimiento de Maradona.

El defensor también señaló que recomendó a su cliente no asistir a las audiencias previas del juicio para evitar que incorporara información distinta de la que conocía cuando trabajó en la internación domiciliaria del exfutbolista en una vivienda del country San Andrés, en Benavídez.

Chiarelli sostuvo que, durante el desarrollo del proceso, el nombre de Almirón fue mencionado en reiteradas oportunidades para deslindar responsabilidades entre los imputados.

"Es un debate en el que se habla de él para ensuciar a otros imputados, y cada vez que se lo nombra, es porque hizo tareas de enfermería", afirmó el abogado.

Con esta declaración, Almirón se convertirá en el último de los acusados en brindar testimonio ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Antes de él ya habían declarado el neurocirujano y exmédico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

La jornada continuará con el testimonio del masajista Nicolás Taffarel, citado por la Fiscalía. Se espera que aporte información sobre las últimas semanas de vida de Diego Maradona, luego de que recibiera el alta de la Clínica Olivos tras la cirugía por un hematoma subdural.

Durante el juicio ya se difundieron distintos audios que evidencian la comunicación frecuente entre

Taffarel y Leopoldo Luque , por lo que su declaración podría aportar nuevos detalles sobre ese período.

Dos jóvenes resultaron involucrados en un choque entre motocicletas ocurrido durante la madrugada de este jueves en la esquina de Avellaneda y Moreno, en Venado Tuerto. Ambos fueron evaluados por Bomberos Voluntarios y personal del SIES, pero no necesitaron ser trasladados a un centro de salud.

El siniestro vial se registró este jueves 6 de agosto, alrededor de las 4:57, en la intersección de las calles Avellaneda y Moreno.

Según el parte de prensa de Bomberos Voluntarios, en el lugar colisionaron una motocicleta Kawasaki KLX 300 verde, conducida por un joven de 27 años, y una Gilera Smash gris y negra, tripulada por otro joven de 23. Ambos conductores se llaman Matías.

Las circunstancias en las que se produjo el impacto no fueron precisadas en el reporte oficial.

Fueron asistidos por Bomberos y el SIES

Cuando los equipos de emergencia llegaron a la esquina, los dos motociclistas se encontraban sentados en la ventana de un local comercial cercano.

Los jóvenes fueron evaluados inicialmente por los bomberos y luego examinados por profesionales del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Tras los controles correspondientes, el personal médico decidió darles el alta en el mismo lugar, por lo que ninguno de los involucrados debió ser trasladado al Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez.

Intervención policial y de Tránsito

En el operativo también participaron efectivos policiales y agentes de Tránsito municipal, quienes trabajaron en el ordenamiento del sector y en las actuaciones relacionadas con el siniestro.

El episodio concluyó sin personas hospitalizadas, aunque ambas motocicletas quedaron involucradas en la colisión ocurrida durante las primeras horas de la jornada.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Matías Damián Poliotto a tres años de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor penalmente responsable del delito de explotación, administración, operación y organización de juegos de azar clandestinos.

La sentencia fue dictada este miércoles 5 de agosto de 2026 por la jueza Paula Verónica Borrello, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal Iván Gastón Raposo, el imputado y su defensa particular. Durante la audiencia, Poliotto reconoció su responsabilidad, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con la pena y las reglas de conducta convenidas.

La investigación fue dirigida por el fiscal Raposo, quien tuvo a su cargo el impulso de las distintas medidas destinadas a reconstruir la operatoria ilegal y determinar la intervención del condenado. En esas tareas participó un equipo de investigación del Ministerio Público de la Acusación, integrado también por Maira Vuletic, además de personal de la Grupo de Investigación y Análisis Criminal de la Fiscalia Regional 3 (Giac) y de la Policía de Investigaciones.

La causa se inició el 22 de julio de 2024 a partir de una denuncia formulada por Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

El organismo provincial informó que en una subagencia oficial de lotería de titularidad de Poliotto, ubicada en la ciudad de Venado Tuerto, se estaría recibiendo dinero destinado a la carga de saldo en plataformas virtuales de apuestas que no contaban con autorización estatal.

De acuerdo con la investigación, Poliotto utilizaba su actividad vinculada con una agencia oficial para operar simultáneamente como cajero de plataformas clandestinas. Su función consistía en captar apostadores, crear usuarios y contraseñas, cargar fichas o saldos, recibir transferencias, pagar premios y efectuar rendiciones de dinero.

El hecho reconocido en el acuerdo determinó que Poliotto participó durante 2023 y hasta septiembre de 2024 en tres estructuras dedicadas a la organización y explotación de apuestas virtuales ilegales. Entre las plataformas investigadas se encontraban las denominadas “Oasis Pro” y “Casino Venado”.

Una de las medidas centrales impulsadas durante la investigación fue la actuación de un agente revelador autorizado judicialmente.

A partir del análisis de perfiles públicos de Instagram, el investigador logró establecer contacto con una cuenta vinculada con la promoción de una plataforma de apuestas no autorizada. Durante el procedimiento se le creó un usuario para ingresar al sitio y se le proporcionó una cuenta bancaria para cargar saldo.

En presencia de testigos se realizó una transferencia de 5.000 pesos. La investigación permitió comprobar que la cuenta receptora pertenecía a Matías Poliotto. Posteriormente se efectuaron apuestas dentro de la plataforma y se solicitó el retiro parcial del dinero obtenido, quedando documentada la totalidad de la operatoria mediante actas, comprobantes y grabaciones de pantalla.

A ello se sumaron tareas de campo, registros fotográficos y fílmicos, análisis de movimientos económicos, informes sobre cuentas y líneas telefónicas y el examen de dispositivos electrónicos secuestrados.

El propio Poliotto reconoció que se desempeñaba como vendedor y cajero de apuestas clandestinas. Admitió que creaba usuarios, cargaba saldos, gestionaba pagos y premios y recibía un porcentaje de las pérdidas de los apostadores. También describió la existencia de una organización con distintos niveles y funciones, así como rendiciones periódicas de importantes sumas de dinero.

Además de imponerle tres años de prisión de ejecución condicional, la jueza estableció que Poliotto deberá cumplir reglas de conducta durante el mismo plazo.

Entre ellas se encuentran fijar residencia y someterse al control de la Agencia de medidas no privativas de la libertad; informar cualquier cambio de domicilio; no cometer nuevos delitos; y abstenerse de mantener vínculos con páginas de juegos de azar que no estén homologadas en la provincia de Santa Fe.

También deberá acreditar, dentro de los seis meses, su asistencia a un Taller de Reflexión y Concientización organizado por la Dirección de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Finalmente, se dispuso el pago de 300.000 pesos en concepto de reparación del daño, suma que será destinada al Comedor Esperanza de Venado Tuerto.

Al referirse a la relevancia del caso, el fiscal Iván Raposo destacó la gravedad de esta clase de delitos y el impacto que producen sobre el control estatal de los juegos de azar.

“Esta condena demuestra que no estamos frente a una actividad menor ni meramente administrativa. El juego clandestino afecta el orden económico, evade los mecanismos de control del Estado y permite que importantes sumas de dinero circulen por canales informales y de difícil trazabilidad”, sostuvo Raposo.

El fiscal agregó que la investigación permitió advertir una operatoria sostenida en el tiempo, con división de funciones, captación de apostadores, administración de usuarios, movimientos bancarios y rendiciones de dinero.

“Esta condena constituye un primer paso y el puntapié inicial para continuar avanzando sobre una estructura más amplia de juego clandestino. La investigación permitió identificar una red con distintos niveles de intervención, por lo que el trabajo continúa orientado a determinar todas las responsabilidades y alcanzar a quienes ocupan los restantes eslabones de la organización”, concluyó Raposo.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por el delito de actos de crueldad animal, a raíz de las condiciones de abandono y del grave deterioro de salud que presentaba un perro llamado “Pluto”, que fue rescatado por el Gobierno de Venado Tuerto.

La causa se encuentra comprendida dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. La investigación estuvo a cargo del Dr. Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

La intervención judicial se originó a partir de la denuncia formulada por la abogada Valeria Morales, integrante del Gobierno venadense, quien puso en conocimiento del MPA las condiciones en las que había sido encontrado el animal y acompañó las actuaciones, registros y demás elementos reunidos por el organismo municipal.

Según la atribución fiscal, M.N.L.S., en su carácter de propietaria y responsable del cuidado de “Pluto”, habría omitido de manera consciente y sostenida proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, control antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro de permanencia.

El animal fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500. Al momento de ser trasladado al Dispensario Canino Municipal presentaba desnutrición severa, una importante parasitosis externa con pulgas y garrapatas, múltiples lesiones cutáneas infectadas y signos compatibles con una posible anemia.

La imputación sostiene que la propietaria conocía la afección dermatológica visible y progresiva que padecía el perro, debido a que había realizado una consulta veterinaria y recibido indicaciones para su tratamiento. Sin embargo, pese a ello, no habría sostenido las medidas necesarias para su recuperación ni evitado que deambulara sin control por la vía pública.

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal, en la modalidad de causar sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados debidos por quien se encontraba en posición de garante, conforme a los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley Nacional Nº 14.346.

Durante la audiencia se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la imputada deberá mantener buena conducta y tendrá prohibido adquirir, adoptar, poseer, recibir, alojar o tener bajo su cuidado cualquier animal doméstico o de compañía. También deberá informar si actualmente posee algún animal y, en su caso, acreditar su entrega responsable dentro de las 48 horas, bajo la intervención y supervisión del Imusca.

Asimismo, se estableció que “Pluto” permanecerá bajo la guarda actualmente dispuesta y no podrá ser restituido a la imputada mientras la medida continúe vigente.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la investigación llevada adelante por el Dr. Facundo Peña, así como la importancia de la denuncia responsable formulada por la Dra. Valeria Morales y la rápida intervención del Imusca, cuyo accionar permitió rescatar al animal, garantizar su atención veterinaria y aportar evidencia relevante para el avance del proceso penal.

Un accidente de tránsito se registró este martes 4 de agosto, cerca de las 12.45, en la intersección de Maipú y Paz, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil.

De acuerdo con la información brindada por los servicios de emergencia, el siniestro involucró a una motocicleta Honda 110 cc de color rojo, conducida por una mujer de 28 años, quien circulaba junto a una menor de 10 años, y un Volkswagen Taos blanco, al mando de un hombre de 41 años.

Al arribar al lugar, los equipos de asistencia constataron que se trataba de una colisión entre ambos vehículos. Las ocupantes de la motocicleta se encontraban de pie y fueron evaluadas por personal del SIES, que posteriormente dispuso su traslado al hospital para una mejor atención, sin necesidad de realizar maniobras de inmovilización.

En el lugar se realizaron las tareas de relevamiento correspondientes, toma de datos y registro fotográfico. También intervinieron agentes de Tránsito municipal y personal policial.

El Ministerio Público de la Acusación presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual se dispuso para Ernesto David Romero una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, una multa de 10.000 pesos y la declaración de reincidencia, como autor de los delitos de amenazas calificadas y exhibiciones obscenas, en concurso ideal.

La investigación se desarrolló en el ámbito de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo, y estuvo directamente a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien condujo las medidas investigativas y formalizó el acuerdo de procedimiento abreviado.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de San Eduardo, cuando Romero se presentó en el domicilio de un vecino y comenzó a proferir graves amenazas contra él y su familia. De acuerdo con la investigación, amenazó con incendiar la vivienda con sus ocupantes en el interior y, posteriormente, rompió una botella de vidrio y utilizó uno de sus fragmentos para intentar agredir a la víctima.

Durante el episodio también profirió amenazas de muerte y expresiones de contenido sexual contra integrantes del grupo familiar, al tiempo que realizó exhibiciones obscenas. Cuando arribó el personal policial, el acusado continuó con su comportamiento amenazante y luego se dio a la fuga.

La acusación se sustentó en el acta de procedimiento policial, las denuncias y declaraciones testimoniales de las víctimas, el informe de la Central de Emergencias 911, la inspección ocular, el croquis y las fotografías obtenidas en el lugar, además de los restantes elementos incorporados a la investigación.

A partir de la valoración conjunta de esas evidencias, la fiscal adjunta Larisa Barucca alcanzó un acuerdo con el acusado y su defensa, mediante el cual Romero reconoció la existencia del hecho, su participación, la calificación legal y la pena acordada.

Asimismo, en razón de los antecedentes condenatorios que registraba y de haber cumplido anteriormente una pena privativa de la libertad, Romero fue declarado reincidente, con las consecuencias legales que ello implica.

El fiscal coordinador Iván Raposo destacó la respuesta brindada desde la unidad especializada y el trabajo investigativo llevado adelante por la fiscal adjunta Barucca, que permitió alcanzar una condena de cumplimiento efectivo frente a un episodio que generó temor y puso en riesgo a todo un grupo familiar.

La muerte de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi (oriunda de Río IV) generó conmoción entre quienes los conocieron en Venado Tuerto, Río IV y en Mendoza. El matrimonio, que tiempo atrás residió en la ciudad del departamento General López y desde hacía varios años vivía en Chacras de Coria, falleció tras un trágico accidente provocado por la caída de un árbol durante el fuerte viento Zonda.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 16:35, sobre la ruta nacional 143, a la altura de Paso de las Carretas, en el departamento mendocino de San Carlos. La pareja había viajado hasta San Rafael para buscar a su hija de 15 años, que acababa de participar de un torneo de hockey con las divisiones del Club Banco Mendoza.

Un viaje que terminó en tragedia

Aunque la adolescente tenía previsto regresar junto a la delegación, sus padres decidieron pasar el día con ella y continuar con los preparativos de su fiesta de 15, prevista para el fin de semana siguiente. Sin embargo, el regreso terminó en tragedia cuando un árbol de grandes dimensiones cedió por la fuerza del viento Zonda y cayó sobre la parte delantera de la camioneta.

Fabio Pompei, quien conducía el vehículo, y Fabiana Piedi, que viajaba como acompañante, murieron prácticamente en el acto producto del impacto. En el asiento trasero viajaban la adolescente y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, quienes sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli. Ambas evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Pompei era geólogo y se había radicado en Mendoza por motivos laborales. Junto a su esposa eran reconocidos en el ambiente deportivo de la provincia, donde participaban desde hacía años en torneos de squash y mantenían un fuerte vínculo con esa comunidad.

La magnitud del impacto quedó reflejada en el estado de la camioneta. El techo sobre los asientos delanteros colapsó por completo, el parabrisas quedó destruido y los bomberos debieron cortar parte de la carrocería para rescatar los cuerpos. La parte trasera del vehículo conservó gran parte de su estructura, una circunstancia que permitió que las otras dos ocupantes sobrevivieran.

La noticia provocó una profunda conmoción tanto en Mendoza como entre quienes conocieron a la familia en Venado Tuerto y Río IV. Los restos de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi fueron despedidos este lunes en el cementerio Parque Jardín Mendoza, en Luján de Cuyo.

Un hombre de 37 años quedó en prisión preventiva acusado de enviar mensajes intimidatorios al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez. Según la Fiscalía, pretendía que la Comuna lo autorizara a trasladar su puesto de comidas a un sector con mayor movimiento comercial, ubicado en inmediaciones de la ruta nacional 33.

Audios por WhatsApp 

El episodio investigado ocurrió durante la tarde del 24 de julio. De acuerdo con la atribución fiscal, el imputado (identificado por sus iniciales J.O.B.) envió una serie de audios de WhatsApp al teléfono del presidente comunal de Murphy.

El objetivo habría sido conseguir una decisión favorable para su emprendimiento gastronómico ambulante: trasladar el carro-bar hacia un sector ubicado frente a otros puestos comerciales o, como alternativa, lograr que la Comuna ordenara el desplazamiento de uno de ellos.

Para intentar imponer ese reclamo, siempre según la acusación, el hombre habría utilizado expresiones intimidatorias y anunciado que podía recurrir a acciones violentas si no obtenía una respuesta favorable.

Las amenazas atribuidas al imputado

Entre los mensajes incorporados a la investigación, el acusado habría afirmado que estaba “acostumbrado a otro nivel de violencia” y que, si no conseguía la autorización por las vías administrativas, resolvería la situación “a su manera”.

La Fiscalía también señaló que el hombre mencionó a personas identificadas como “Guille” y “Morocho”, a quienes vinculó con “los Cantero” y describió como capaces de cometer hechos violentos.

En otros fragmentos de los audios, habría advertido que se instalaría igualmente en el lugar y que se enfrentaría con la Policía antes de regresar a prisión. Finalmente, condicionó su accionar a la respuesta del mandatario comunal y le impuso un plazo para resolver el pedido.

Según la imputación, los mensajes generaron temor en Rodríguez, tanto por su seguridad personal como por la integridad de su familia.

Audiencia en Venado Tuerto

La audiencia imputativa se realizó el lunes 3 de agosto en los Tribunales de Venado Tuerto. La investigación está encabezada por el fiscal Luis Lagioia, mientras que la defensa del acusado quedó a cargo de la defensora pública Gisela Figuera.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de la investigación las transcripciones de los mensajes, capturas de pantalla, testimonios y registros vinculados con el puesto comercial.

La conducta atribuida fue encuadrada inicialmente como “amenaza coactiva agravada”, debido a que las intimidaciones habrían estado dirigidas contra una autoridad pública con el propósito de forzar una decisión relacionada con sus funciones.

Tras escuchar a las partes, el juez Leandro Martín hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el imputado permanezca detenido preventivamente mientras continúa el proceso penal.

Un perro que había quedado atorado entre los barrotes de una vivienda fue rescatado durante la madrugada de este martes por los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto. Para liberarlo, los servidores públicos debieron utilizar una herramienta hidráulica.

El rescate ocurrió en la madrugada

El procedimiento se realizó este martes 4 de agosto, alrededor de las 5:30, en un domicilio ubicado en Dorrego al 2.500, en la ciudad de Venado Tuerto.

Según el parte de intervención, al llegar al lugar los bomberos encontraron a un canino atrapado en la reja de la propiedad, sin posibilidades de liberarse por sus propios medios.

Luego de evaluar la situación, emplearon una herramienta hidráulica para abrir el espacio entre los barrotes y retirar al animal de manera segura.

La intervención concluyó exitosamente y el perro fue entregado a su propietario. El reporte oficial no informó que el animal presentara lesiones como consecuencia del episodio.

El rápido accionar de los Bomberos Voluntarios permitió resolver la emergencia y evitar que el canino permaneciera atrapado o sufriera heridas durante sus intentos por escapar.

Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años que permanecía desaparecida desde el pasado 24 de junio tras ser vista por última vez en Rosario, fue localizada con vida y en buen estado de salud en la ciudad brasileña de Florianópolis. La confirmación oficial fue brindada por el Gobierno de Santa Fe luego de que se activara una alerta en el Consulado Argentino al presentarse a solicitar ayuda con un Documento Nacional de Identidad (DNI) que pertenecía a una vecina.

La búsqueda de Micaela se extendió durante 40 días angustiantes para su familia. La resolución del caso se desencadenó cuando la joven se presentó de manera espontánea en la sede del Consulado Argentino en Florianópolis —localidad turística ubicada al sur de Brasilia— con el objetivo de solicitar asistencia consular para trasladarse hacia San Pablo.

Para realizar el trámite, Albornoz exhibió el DNI perteneciente a una vecina de su barrio. Dicho documento se encontraba bajo vigilancia y seguimiento estricto por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Esta alerta permitió su inmediata identificación en el sistema, la cual fue posteriormente ratificada de forma fehaciente mediante el cotejo de huellas dactilares.

Micaela, quien se encuentra bajo un tratamiento de salud mental, se había retirado el 24 de junio de su domicilio en la zona sur de Rosario (barrio Villa Manuelita). Durante las más de cinco semanas en que estuvo inubicable, las brigadas de búsqueda rastrearon diversas pistas en distintas provincias del país.

Entre las evidencias recolectadas se registraron movimientos bancarios en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y datos de inteligencia que la ubicaban de manera presunta en Santiago del Estero, antes de confirmarse su ingreso a territorio brasileño.

Debido a la complejidad del caso y al paso del tiempo, el gobierno provincial había dispuesto una recompensa de $10 millones para quien aportara datos certeros sobre su paradero. Asimismo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, ofreció una cifra de $5.000.000 de manera complementaria.

Durante todo este período, familiares y amigos de la joven mantuvieron una permanente movilización en las calles de Rosario para visibilizar el reclamo y exigir su aparición con vida.

La confirmación de que Micaela Albornoz se encuentra sana y salva trae tranquilidad tras 40 días de incertidumbre. Las autoridades del Consulado Argentino y del Ejecutivo santafesino se encuentran coordinando las medidas de asistencia médica y contención necesarias para garantizar su rápido y seguro reencuentro con su familia en Argentina.

Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, ingresó al hospital con una puñalada en el tórax y falleció poco después en Resistencia, Chaco. Por el crimen detuvieron a su pareja, Victoria Luz Cantero. Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales y la hermana de la víctima acusó a la sospechosa de actuar "sin compasión".

El trágico episodio ocurrió en la mañana del domingo 2 de agosto en la ciudad de Resistencia. Matías Julián Álvarez Guardia (29) fue trasladado de urgencia por un amigo —identificado como Facundo Cantero, quien además es hermano de la acusada— hacia el Hospital Julio C. Perrando, presentando una herida de gravedad en el tórax producida por un arma blanca.

Según relató Cantero a los investigadores, acudió al domicilio de la calle Donovan tras recibir un llamado del propio Álvarez Guardia pidiendo auxilio. Al llegar al lugar, lo encontró tendido en la vereda con la severa lesión.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos en el quirófano, el joven emprendedor gastronómico falleció a causa de un shock hipovolémico que desembocó en un paro respiratorio.

Poco después del deceso, la policía detuvo a Victoria Luz Cantero (25), pareja de la víctima, señalada como la presunta autora del hecho. La joven quedó a disposición de la fiscal de Investigación Ana González de Pacce, quien dispuso su notificación formal bajo la causa de homicidio agravado.

De acuerdo con testimonios aportados por allegados a la víctima, la relación sentimental estuvo signada por frecuentes episodios de violencia y agresiones por parte de la acusada. Amigos y familiares remarcaron que habían aconsejado a Julián distanciarse debido al peligro que representaba el vínculo.

La trágica partida de Matías causó una profunda conmoción en la comunidad gastronómica local y entre sus afectos, quienes volcaron emotivos mensajes en plataformas digitales.

Ale Noé Guardia, hermana de la víctima, publicó duros descargos en redes sociales dirigidos a la detenida: "Asesina, me lo mataste. A mi bebé". En su mensaje, exigió justicia y que el caso no quede impune: "Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera".

La investigación continúa con la recepción de testimonios clave para reconstruir de manera detallada las circunstancias que derivaron en el homicidio.

Un hombre de 31 años cuyas iniciales son OFC quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado como autor del hurto de dos autos en la localidad de Diego de Alvear (departamento General López)

La medida cautelar fue impuesta por la jueza Lorena Garini a raíz del pedido formulado por el fiscal Mauro Menéndez en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Rufino.

El fiscal del MPA también le atribuyó al hombre investigado haber tenido en su casa en San Gregorio (departamento General López), una bicicleta que fue robada en abril de este año en esa localidad.

En la audiencia en la que se debatieron las medidas cautelares, Menéndez detalló que “los dos hurtos que le atribuimos al imputado fueron cometidos en las primeras horas del domingo pasado”.

“En primer lugar se subió a un Ford Galaxy que estaba estacionado en la vía pública en calle España al 300 en Diego de Alvear. El auto tenía las puertas sin medidas de seguridad y las llaves puestas”, explicó el fiscal. “Sin ningún tipo de autorización, condujo el vehículo hasta un camino rural cercano, lo dejó abandonado en una cuneta y se llevó las llaves”, agregó.

Menéndez relató que “minutos más tarde, volvió a Diego de Alvear e hizo lo mismo con un Chevrolet Corsa Clasicc que también estaba estacionado en calle España y con las llaves puestas”. En tal sentido, puntualizó que “se fue manejando hasta las inmediaciones de un boliche bailable en San Gregorio, donde al vehículo comenzó a salirle humo del motor, motivo por el cual, personal policial le preguntó qué le había sucedido, y el imputado dio respuestas contradictorias e incongruentes”.

“Los agentes de la fuerza de seguridad advirtieron que el auto no era de él, motivo por el cual lo detuvieron”, señaló el fiscal y agregó que “al requisarlo, le encontraron en su poder las llaves del Ford Galaxy que había sustraído unos minutos antes”.

Menéndez también le endilgó al hombre investigado el encubrimiento del robo de una bicicleta denunciado el pasado 19 de abril. “A raíz de una requisa voluntaria que se llevó a cabo en su casa al día siguiente de la denuncia, se le encontró una bicicleta rodado 29 que la tenía en su poder a sabiendas de que había sido robada”, concluyó.

Por la sustracción de los dos autos, el fiscal Menéndez le atribuyó al imputado la autoría de dos hechos de hurto calificado. En tanto, por la bicicleta que le encontraron en su casa, se le endilgó el delito de encubrimiento.

En la noche del domingo, personal de la Comisaría 5ta acudió a un llamado por una agresión y robo a un menor de edad. Mediante un operativo de patrullaje preventivo en la zona, los efectivos visualizaron un tumulto donde vecinos retenían a dos jóvenes señalados como los autores del hecho.

El personal policial intervino para asegurar el lugar y trasladó a los implicados a la dependencia, procediendo al secuestro de una cuchilla, bicicletas y elementos vinculados a la causa.

Se dio conocimiento a la Fiscalía en lo Penal Juvenil, desde donde se dispuso la notificación de la causa a los menores, la realización de informes de rigor y la intervención del área de acción social.

Personal del Comando Radioeléctrico recuperó este domingo por la madrugada una motocicleta que había sido robada.

El procedimiento se concretó pasadas las 05:35 hs, luego de que un vecino diera aviso al 911 sobre la presencia de un rodado abandonado en la esquina de calles Uruguay y Cabral.

Al arribar al lugar y verificar los datos del motovehículo, los efectivos constataron que se trataba de una motocicleta que contaba con pedido de secuestro vigente por un robo calificado denunciado por su propietaria. Por lo que se procedió al secuestro de la misma y su posterior traslado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Aldo César "Totola" Orozco, uno de los narcotraficantes más conocidos del sur santafesino, volvió a quedar tras las rejas. A sus 47 años, fue detenido nuevamente en Firmat y la Justicia provincial le imputó tres hechos de desobediencia por haber incumplido una orden judicial que le prohibía ingresar a la ciudad. Tras la audiencia, quedó alojado en la Alcaidía de Melincué, donde permanece detenido mientras avanza la investigación.

La causa se tramita en el ámbito de la Justicia provincial y tiene como eje una medida cautelar vigente desde el 12 de diciembre de 2025, cuando la jueza Mariana Vidal dispuso que Orozco no podía ingresar a Firmat. Pese a esa prohibición, la Fiscalía sostiene que el imputado la incumplió en tres oportunidades durante los últimos días.

El primero de los hechos ocurrió el 24 de julio de este año. Según la acusación, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Blas Parera al 265 de Firmat y allí encontró a Orozco, quien tenía expresamente prohibido ingresar a la ciudad.

Para los investigadores, esa sola presencia constituyó un incumplimiento de la resolución judicial vigente, motivo por el cual comenzó a sumarse evidencia para una nueva imputación en su contra.

La investigación también incorpora dos hechos ocurridos el pasado 31 de julio. Ese día, alrededor de las 18, inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Firmat realizaban un operativo de control en la zona de La Quemada y ruta 93 cuando detuvieron la marcha de una camioneta Nissan conducida por Orozco.

De acuerdo con la acusación, el imputado se negó a exhibir la documentación requerida por los agentes municipales y, segundos después, aceleró el vehículo para escapar del lugar.

Durante esa maniobra, siempre según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, ingresó al predio de la Bloquera Municipal por calle Los Algarrobos, permaneciendo dentro del ejido urbano de Firmat y desobedeciendo nuevamente la prohibición judicial que pesaba sobre él. Esos episodios fueron incorporados como el segundo y tercer hecho atribuidos en la causa.

Como consecuencia de la imputación, la Justicia dispuso que Orozco permanezca privado de su libertad y sea trasladado a la Alcaidía de Melincué, donde quedó alojado mientras continúa el proceso judicial.

El nombre de Aldo "Totola" Orozco está ligado desde hace años a distintas investigaciones por narcotráfico en el sur de Santa Fe. Acumula varias condenas en la Justicia Federal y fue considerado uno de los principales referentes del negocio de la droga en la región.

En 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario lo condenó a ocho años y diez meses de prisión por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en Firmat y Chabás. La investigación determinó que, aun estando detenido en el penal federal de Devoto, impartía órdenes a los demás integrantes de la banda, definía la distribución de la droga, administraba el dinero obtenido de las ventas y organizaba el funcionamiento de la estructura criminal.

Esa condena se sumó a otras penas que ya pesaban sobre él por delitos vinculados al narcotráfico, consolidando su figura como uno de los principales referentes del negocio de la droga en el sur provincial.

Ahora, Orozco vuelve a enfrentar a la Justicia, aunque esta vez en una causa provincial que no está vinculada al narcotráfico, sino al presunto incumplimiento reiterado de una orden judicial que le impedía ingresar a la ciudad de Firmat.

Personal del Comando Radioeléctrico secuestró este domingo por la madrugada un arma de fuego que fue descartada en la vía pública durante una persecución.

El procedimiento se originó cerca de las 00:30 hs, cuando los efectivos intentaron identificar a una motocicleta en la intersección de calles Eterovich y San Lorenzo. Al notar la presencia policial, estos se dieron a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado que se extendió hasta la zona de calles Marenghini y Pavón.

En ese lugar, uno de los ocupantes descartó un objeto de entre sus prendas antes de ingresar a los pasillos y perderse de vista. Al verificar el sector, los uniformados constataron que se trataba de un arma de fuego marca, con empuñadura de madera marrón, un cartucho en recámara y el cargador vacío.

El elemento fue secuestrado y remitido a la sección de Balística, mientras continúan las diligencias de rigor.