I - El viernes 12 de septiembre de 2025, hace poco más de un año, se juraba el nuevo texto constitucional de la provincia de Santa Fe, la "Invencible", según reza una vieja muletilla acuñada por su bravura en la defensa de su autonomía, tanto en lo político como en los campos de batallas.

El actual gobernador exhuma ese término, que repite en cada una de las tarimas a la que sube para hacer escuchar su discurso. Y hasta bautizó un estadio con esa adjetivación. En la tarde de aquel día, los convencionales se convocaron en la sala de la Legislatura para jurar la nueva Carta Magna.

Así fue como 62 de los 69 prometieron fidelidad a los preceptos plasmados en el texto luego de dos meses de intensa actividad. El primero en hacerlo, como dato, fue el también senador Felipe Michlig, que autojuró.

Terminado con los colegas, todo se trasladó a la explanada en donde desfilaron las otras autoridades de distintos poderes del Estado y luego habló el gobernador. La línea de su anuncio careció de novedades y giró en torno a ese histórico temple indomable. No mucho más.

Fue un acto emotivo y cargado de esperanzas. Muchas expectativas que cerraron un tiempo de debates: varios de los legisladores confirmaron (o aseguraron) sus esperanzas de lograr un mandato más (sí, otro). El pueblo, lo más importante, abraza esa ilusión: que los derechos proclamados en sus párrafos le lleguen a la vida diaria.

II - Los intentos de reforma, se remontan a los primeros y felices días de la recuperación de la democracia; a poco de esbozarse, se topaban con un enfático no al tener la cláusula de la reelección. Como no hay espacio para las explicaciones que ameritan, diremos que nadie, estando en la oposición, tolera la posibilidad de ello. Porque sí.

La actual gestión no fue la excepción. Apenas las conversaciones en cruces de pasillo o aquellas de café de por medio, la negativa fue clara. A nada de ello y ante el argumento fuerte de "tenemos los votos y el goberna está dispuesto", los rostros cambiaron al mismo ritmo que los principio, tornando empírica la manifestación de Groucho Marx.

Del tridente político que sostiene la mayoría en las últimas cinco décadas, dos (UCR, PSP) están en ese sello llamado "Unidos", de forma que solo quedan "los peronismos" que rápidamente internalizaron el mensaje y pasaron a jugar en el equipo de los reformistas bajo la máxima de "siempre tuvimos esa vocación".

Solo un grupo -La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad-, difícil de justipreciar, se mantuvo en la cerrada negativa. Tal vez analizaron que debían ser depositarios de cierto descontento que siempre existe y hasta, tal vez, apostaron al fracaso de alguna parte o de algo de los cambios.

III - El trabajo de los licurgos en esas agitadas jornadas se plasmó en la modificación de 42 artículos y en la incorporación de otros 46. Se conformó una norma de 161 artículos y 27 cláusulas transitorias.

En los 55 artículos de la parte dogmática, se actualizaron las garantías sociales, políticas y ambientales; concretamente se incluyó la protección del agua, derechos digitales y el acceso a la cultura y la memoria.

En el segmento de la participación ciudadana se fortalecieron las herramientas de la democracia participativa, lo que importa la realización de audiencias públicas obligatorias al momento de discutir los servicios o el dictado de ciertas normas. Se confirmó el modelo público y solidario para el régimen previsional, tema muy discutido en el propio seno de Unidos y más precisamente, de la UCR.

En la parte orgánica hay muchas más reformas. La primera -según algunos, la que más importaba- se habilitó la elección de dos períodos consecutivos para el cargo de gobernador y vicegobernador. Los legisladores tendrán límites a su reelección hasta dos mandatos, claro que se cuentan desde el próximo de forma que los actuales pueden aspirar a dos más.

Para el caso, Alcides Calvo, de Castellanos, lleva siete períodos consecutivos y con la nueva norma podrá llegar a nueve. Bien se podría decir, una vida en la banca departamental.

Se suprimió la inmunidad de proceso y se recortó la exoneración de arresto. El período de sesiones será del 15 de febrero al 30 de noviembre. Vinculado a la Justicia, se fijó un límite de edad (75 años) para los miembros de la Corte Suprema de Justicia (los nuevos) y para su integración se deberá tener en cuenta la paridad de género y la distribución territorial.

Se otorgó rango constitucional tanto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) como a su par de la defensa. Ambos órganos del nuevo sistema penal tenían un "complejo" arraigo legal.

Un tema muy reclamado fue el de inhabilitación para ocupar cargos públicos a personas condenadas por delitos graves, que se conoce como Ficha Limpia, que se consagró. En cuanto a las ciudades y comunas se reconoce la autonomía institucional a partir que dicten sus propias cartas orgánicas. Se incorporaron normativas sobre ordenamiento territorial y hábitat.

En definitiva, la nueva Constitución conserva la estructura republicana y democrática, pero incorpora principios modernos: equidad de género, memoria activa, sostenibilidad ambiental, inclusión social y reconocimiento de derechos de cuarta generación.

IV - Lo que resta ahora es saber el impacto en la gente, dicho esto casi como una metáfora, que comprende a las personas, a las instituciones y a la vida diaria. En todos los discursos, desde el más amplio abanico de sectores, tanto de los que impulsaban las reformas hasta los que se oponían a ella, siempre se hizo mención a "la gente".

En los últimos años, varios provincias y países de la región, modificaron sus constituciones en la línea de discursos que refieren a la profundización de la democracia y los nuevos derechos.

No obstante, observando los textos desde una perspectiva basada en un ideal de la igualdad y la democracia, es posible hallar que, pese a los avances obtenidos, las transformaciones a menudo no son tan profundas y, sobre todo, que lo novedoso se confunde con bastante frecuencia y sin mayores inconvenientes, con lo que se quería dejar atrás.

Cuestiones como la concentración del poder han sido poco analizados, y en ello se puede encontrar las principales contradicciones de estos nuevos textos constitucionales. Frente a ello se podría decir, cosa que ocurre, que la implementación de los derechos requiere de poder concentrado.

Una respuesta que ensayamos es que hay un problema serio si esa es la razón que se invoca, cuando lo que se está tratando de hacer es incorporar herramientas destinadas a favorecer la participación política de la ciudadanía, o herramientas para fortalecerla social y políticamente. Se llega a una lógica fatal: hay un problema cuando se quiere desconcentrar el poder pidiéndole ayuda al poder concentrado.

Crear los medios para favorecer la participación popular, esperando que esta sea puesta en marcha por aquel que va a ver socavado su poder de modo más directo, es un inconveniente casi imposible de superar.

La experiencia indica que algunos reformistas han trabajado por la descentralización del poder y la mayor participación política de la ciudadanía, ignorando el modo en que el poder político se mantenía centralizado. Es inconsistente abogar por la democratización del poder en nombre del pueblo marginado mientras se mantiene el poder político concentrado.

En la historia es recurrente el intento del Poder Ejecutivo de expandir su propio poder a costa de los otros poderes, y hasta a costa del poder popular. Más aún, se tiende a invocar o citar el poder popular como acompañamiento o como aclamación, pero no como poder autónomo.

Una mirada, así sea rápida, permite ver la forma recurrente en que el poder político concentrado tendió a entrelazarse con el poder económico concentrado, o a favorecer su concentración.

El hecho es que la Constitución ha permitido el ingreso de la ciudadanía, y en particular de los grupos más postergado, en su cuerpo, pero solo a través de la sección de los derechos. Es hora de que se consagre su ingreso en lo que Roberto Gargarella llama "sala de máquinas" de la Constitución, en el poder real y efectivo y no en las declaraciones.

V - Le cabe, con esta realidad, a la Legislatura santafesina la redacción de las leyes que hagan operativos los principios. Abrigamos esperanzas, cada día más desabrigadas, que las normas se encaminen en esa dirección.

Observamos con preocupación que nuestra Legislatura marcha al ritmo del Senado y ese es el espacio de concentración del poder: la ley de convocatoria a la Reforma fue hecha a su medida y el resultado fue que casi todos los senadores fueron convencionales y que cada una de esas bancas está tomando el perfil de los barones territoriales en donde quedan de lado las disputas ideológicas y cada uno cuida su comarca.

Cualquier parecido con esa novela del risorgimento en la Sicilia del siglo XIX, no es pura casualidad. A guisa de ejemplo: el proyecto de modificación al Código procesal penal que ingresó en mayo es una clara muestra. El debate está abierto, el desafío es poder cambiar esa matriz y lograr que lo "proclamado" sea efectivo y llegue a la vida diaria.

Uno se acostumbra a la inercia. Es un vicio humano bastante comprensible, si lo piensa un poco. Uno se levanta, reniega porque el colectivo no llega o porque la pava se quedó sin agua, abre la computadora, corre tras una urgencia que dentro de dos meses no le va a importar a nadie y sigue.

La vida moderna tiene esa manía de meternos en una calesita a cuatro mil revoluciones por minuto. Y en ese remolino, entre el vencimiento de la tarjeta y el tráfico de la avenida, nos vamos olvidando de lo elemental. Nos olvidamos de algo tan increíblemente simple y tan enorme como agradecer.

Nos cuesta. Será porque asociamos el agradecimiento a una formalidad de compromiso, a ese "gracias" automático que le tirás al del peaje sin mirarlo a los ojos. Pero yo hablo de otra cosa. Hablo de parar la pelota un segundo. De levantar la cabeza, mirar la cancha y darse cuenta de que estamos jugando.

Hay que agradecerle a Dios por cada regalo que nos envía, por supuesto. Eso es lo más fácil, aunque tampoco nos sale tan fluido. La mesa servida, las oportunidades que aparecen, el abrazo que llega justo cuando el frío apretaba, la carcajada de un hijo que te desarma en medio de la cocina, la lealtad incondicional de los viejos, la presencia de la familia y de esos amigos que son la patria de uno.

Esas cosas no son gratis ni son obvias. Son bendiciones cotidianas que damos por sentadas simplemente porque están ahí. Pero la verdadera prueba de madurez, el verdadero acto de coraje, es aprender a agradecerle a Dios también por cada prueba y por cada puerta que se nos cierra. Suena raro, ya sé. Nadie quiere la piña. Nadie pide la derrota, ni el dolor, ni el portazo en la cara.

Pero hay que dar las gracias por esos momentos. Porque es justamente ahí, en el golpe contra la madera dura, donde se nos forja el carácter. Nos da rabia al principio, claro, pero cuando el humo baja y el barro se seca, uno mira para atrás y entiende: esa puerta que se cerró nos obligó a buscar otro camino, nos hizo más fuertes, nos enseñó a templar el cuero.

Agradecer la cicatriz porque ahí adentro hay una lección. Agradecer el tropiezo porque enseñó a pisar más firme. Agradecer la pérdida porque enseñó a valorar lo que queda. Al final, somos más la suma de nuestras tempestades superadas que de nuestras tardes de sol. Agradecer no es un acto de resignación; es una postura ante la existencia.

Es mirar el partido completo, con sus goles en contra y sus triunfos sobre la hora. Por eso, en este ritmo frenético que nos empuja a querer siempre lo que nos falta, el acto más revolucionario que nos queda es mirar lo que tenemos. Guardar un segundo de silencio, apretar el pulso y dar las gracias.

Por lo que fue, por lo que dolió, por cada prueba que nos construyó por dentro, y por los que caminan al lado. Porque mientras estemos acá, mientras el pecho siga latiendo y haya alguien a quien abrazar al final del día, la vida nos sigue debiendo nada... y nosotros, en cambio, se lo debemos absolutamente todo.

La Organización Mundial de la Salud instituyó el 10 de septiembre como día específico para trabajar sobre la prevención del suicidio. Y ahora el mes entero se pinta de amarillo en conmemoración de la muerte del joven Mike Emme, fanático del Mustang, en 1994.

Tras su fallecimiento, familiares y amigos repartieron tarjetas con cintas amarillas para invitar a las personas a pedir ayuda en momentos difíciles, dando origen a campañas globales de prevención. La muerte de Mike no comenzó ese día. Ese día fue el desenlace final, pero su muerte comenzó mucho antes, aún cuando nadie lo veía triste.

El suicidio, las adicciones, la ansiedad, la depresión y tantos otros síntomas que vemos hoy en la sociedad, no comienzan el día que se manifiestan. Comienzan cuando la persona es aún un niño.

Desde el nacimiento y durante la niñez, la psiquis de la persona se va configurando en función del amor y los límites que recibe, los cuidados que necesita y son suficientemente atendidos, por las figuras de apego y la validación de su identidad y emociones.

Cuando los factores de riesgo en una familia superan los factores de protección, ese niño crece con una psiquis desordenada y condicionada a desarrollar algún síntoma de salud mental.

En Argentina en 2025, más de 5.000 personas murieron a causa del suicidio y esto sin contar quienes murieron de sobredosis o por accidentes provocados por poner su vida en riesgo en diferentes actividades que los llevaron a la muerte.

Esta conducta, como las autolesiones o los trastornos de la alimentación ponen en acto el dolor profundo que la persona está sufriendo y no es capaz de poner en palabras. Y van en contra de la naturaleza misma del ser humano, donde el instinto de supervivencia es uno de los más presentes, de lo contrario, no hubiese sobrevivido en la tierra tantos milenios.

Todas estas personas sufrientes no buscan lastimarse o morir, buscan callar el dolor profundísimo que cargan en su alma y no encuentran consuelo. La sociedad de consumo y el individualismo nos están empujando a una soledad y un vacío que necesitan ser satisfechos con amor y momentos compartidos, no con cosas materiales, no con encuentros virtuales y redes sociales.

Me impacta profundamente la necesidad de hablar que tienen las personas, lo veo en el consultorio pero también en la cola del supermercado o del banco. Por eso digo que la salud mental es responsabilidad de todos.

Los profesionales que trabajamos con estas personas, tenemos la responsabilidad de capacitarnos, ser responsables, empáticos y respetuosos con ese dolor. Pero todos podemos acompañar al que sufre, abrazar al que llora, escuchar al que necesita contar una y mil veces su historia.

Hoy la mayoría rehúye a escuchar los problemas ajenos porque “con todo lo que yo tengo, encima escuchar a otro”. Es imprescindible psicoeducar a padres y adultos en general para prevenir y detectar para desterrar la violencia, el abuso, la negligencia de las familias y las instituciones en general.

Y un compromiso social donde cada persona encuentre un lugar donde sentirse acogida ante el dolor y el sufrimiento.

La autora es orientadiora familiar.

Por Iván Ambroggio (*)

Para analizar las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la causa Malvinas, es necesario repasar la postura de la Casa Blanca durante la guerra del Atlántico Sur.

El 29 de abril de 1982 el Senado de los Estados Unidos calificó a la Argentina de agresor y urgió a que el gobierno de Ronald Reagan apoyara al Reino Unido. Al día siguiente, Alexander Haig, uno de los mediadores en el conflicto, anunció que los Estados Unidos apoyaban al Reino Unido. Aquella decisión no fue un accidente ni una improvisación.

Fue la confirmación de una jerarquía de alianzas que la dictadura militar argentina no quiso o no pudo leer. El régimen de Leopoldo Galtieri partió de una premisa peligrosa: que la intensa cooperación anticomunista desarrollada con Washington en el marco del Plan Cóndor, en plena Guerra Fría, garantizaba el respaldo automático de Estados Unidos.

Se creyó, además, que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Doctrina Monroe se activarían en defensa de un país del hemisferio frente a una potencia extracontinental. Esa lectura fue un error estratégico de proporciones históricas, tal como concluye el Informe Rattenbach.

La realidad geopolítica de 1982 era otra. Para Washington, el Reino Unido no era un socio cualquiera: era el pilar de la relación especial, el principal aliado europeo dentro de la OTAN y un actor clave en la contención soviética.

El TIAR, pensado para amenazas extracontinentales de signo comunista -en el contexto de la Guerra Fría-, no estaba diseñado para avalar una recuperación por la fuerza de un territorio administrado de facto por un aliado de la Alianza Atlántica. La Doctrina Monroe, reinterpretada a lo largo del siglo XX, tampoco se aplicaba mecánicamente cuando el adversario era Londres y no Moscú.

La Casa Blanca priorizó la cohesión del bloque occidental por encima de la solidaridad hemisférica. El apoyo logístico, de inteligencia y diplomático a Thatcher fue la consecuencia lógica de esa jerarquía de intereses. Cuarenta y cuatro años después, las declaraciones de Donald Trump vuelven a poner sobre la mesa la misma tensión estructural, aunque con signos invertidos.

El 31 de agosto de 2026, en el Salón Oval, ante la pregunta directa de un periodista sobre si Estados Unidos revisaba su posición respecto de las Islas Malvinas, el presidente respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas". La frase, deliberadamente ambigua, no constituye todavía un cambio de política.

La postura oficial de Washington sigue siendo de neutralidad sobre la soberanía, reconociendo la administración de facto británica. Pero el contexto en el que se produce es inequívoco: la presión sobre el gobierno de Andy Burnham para que eleve el gasto en defensa y cumpla con las nuevas metas de contribución a la OTAN, cercanas al 5 % del PIB.

Aquí reside el cálculo de Trump. La causa Malvinas funciona como instrumento de presión precisamente porque es un activo de alto valor simbólico y político para Londres y de bajo costo relativo para Washington. Para el Reino Unido, las islas representan la última victoria militar significativa, el principio de autodeterminación de los isleños y un componente central de su identidad post-imperial.

Para Estados Unidos, amenazar con revisar una posición de neutralidad formal no implica costos militares inmediatos ni una ruptura irreversible de la relación especial. Es una palanca asimétrica perfecta. Y desde la teoría de las relaciones internacionales, esta estrategia se explica mejor a través del realismo estructural y de la lógica de la gestión de alianzas.

En un sistema anárquico, la potencia hegemónica busca maximizar su margen de maniobra y reducir la tendencia de los aliados a beneficiarse de la seguridad colectiva sin asumir costos proporcionales. Entonces Trump aplica una diplomacia transaccional clásica: vincula un asunto de bajo costo propio con una demanda de alto valor para el socio.

No se trata de un cambio ideológico a favor de Argentina, sino una demostración de que ningún compromiso histórico es incondicional cuando se trata de repartir la carga de la seguridad colectiva. Las alianzas no son contratos sentimentales, sino arreglos de poder que se renegocian cuando cambian las percepciones de costo y beneficio.

Para la Argentina, la lección de 1982 sigue siendo urgente. La dictadura embarcó al país en una guerra dando por descontado el apoyo de Estados Unidos, la activación del TIAR y la vigencia de la Doctrina Monroe. El resultado fue el aislamiento, la derrota militar y una herida nacional que aún no se ha cerrado.

Hoy, cualquier gobierno que confíe en un cambio automático de la posición estadounidense por afinidad ideológica, simpatía personal o simple oportunismo cometería el mismo error de ingenuidad estratégica de antaño.

La Cuestión Malvinas no se resuelve con ilusiones ni con esperanzas depositadas en la buena voluntad de potencias externas: se construye con realismo, con capacidad de negociación sostenida y con una diplomacia que sepa leer las jerarquías reales del sistema internacional.

(*) El autor de la nota es analista internacional y docente de Ciencia Política, especializado en Defensa y Seguridad en Estados Unidos. Escribió el libro "Malvinas".

Por Antonio Bonfatti y Varinia Drisun

Dentro de pocos días, Santa Fe recibirá a miles de deportistas de todo el continente. Del 12 al 26 de septiembre, nuestra provincia será sede de los XIII Juegos Suramericanos, una de las competencias deportivas más importantes de la región. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante dos semanas tendremos la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento extraordinario. Veremos grandes deportistas, recibiremos visitantes de toda Sudamérica y tendremos los ojos de buena parte del continente puestos sobre nuestra provincia.

Creemos, además, que debemos mirar un poco más allá.

Porque los grandes acontecimientos tienen algo inevitablemente fugaz. Llegan las delegaciones, se encienden las luces, se llenan los estadios, se baten récords, se entregan medallas y, finalmente, todos regresan a sus casas.

Por eso, la pregunta más importante no es solamente qué ocurrirá durante esos quince días.

La pregunta verdaderamente importante es qué quedará el día después.

Y quedará mucho.

Santa Fe realizó una inversión superior a los US$90 millones en infraestructura vinculada con los Juegos. Se construyeron y modernizaron estadios, centros deportivos, pistas, espacios para distintas disciplinas y Villas Deportivas. Rosario sumó, entre otras obras, un Centro Acuático y nuevos estadios; Santa Fe transformó el Centro de Alto Rendimiento Deportivo; Rafaela incorporó un estadio multipropósito, un velódromo cubierto y pistas para BMX y skate; y Recreo, un Centro de Tiro Deportivo. También se realizaron intervenciones en clubes e instituciones que serán escenarios de las competencias.

Cuando terminen los Juegos, todo eso seguirá ahí.

Las competencias duran dos semanas. Las obras pueden transformar una comunidad durante décadas.

Miles de chicos y chicas podrán practicar deportes en mejores condiciones. Clubes, federaciones y deportistas dispondrán de infraestructura y equipamiento de nivel internacional. Nuestras ciudades estarán mejor preparadas para recibir nuevas competencias. Y Santa Fe habrá incorporado un patrimonio deportivo, urbano y social que será de todos.

Ese es un gran legado. Pero hay otro que, en la Argentina que vivimos, no podemos soslayar: el trabajo.

Detrás de cada estadio, cada pista, cada vivienda y cada obra hubo trabajadores, profesionales, empresas, proveedores y servicios. Y durante los Juegos, la llegada de miles de deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y visitantes significará también movimiento para hoteles, restaurantes, comercios, transportes y muchas otras actividades.

Esto ocurre en un país donde para muchísimas familias llegar a fin de mes se convirtió en una preocupación cotidiana, y donde muchas personas necesitan sumar otro ingreso a su trabajo habitual y tampoco resulta sencillo conseguirlo.

Por eso, cuando hablamos de inversión pública, no estamos hablando solamente de cemento, ladrillos o grandes edificios. Estamos hablando de trabajo, actividad económica y oportunidades.

Y también de una determinada manera de entender al Estado.

A lo largo de nuestro recorrido por la vida pública, aprendimos que gobernar no es solamente administrar lo que existe ni atender los problemas que aparecen cada mañana. Gobernar es también anticiparse. Es imaginar cómo queremos que sea nuestra provincia dentro de diez, veinte o treinta años y tomar en el presente las decisiones que permitan construir ese futuro.

Una provincia no se desarrolla esperando que las cosas sucedan. Se desarrolla cuando planifica, establece prioridades, invierte, articula esfuerzos y construye capacidades.

Los Juegos Suramericanos son una demostración de esa capacidad y una oportunidad para proyectar a Santa Fe hacia el mundo.

Los Juegos también proyectarán a Santa Fe hacia nuestra región. El deporte tiene una enorme capacidad para acercar a nuestros pueblos. Los países de Sudamérica compartimos una historia y tenemos por delante desafíos que requieren mayor integración y cooperación.

También por eso estos Juegos importan.

Santa Fe tiene una extraordinaria tradición deportiva. De esta provincia surgieron mujeres y hombres que llegaron a lo más alto del deporte mundial. Pero una sociedad no puede conformarse con celebrar a quienes lo consiguieron. Tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que muchos otros tengan la oportunidad de intentarlo.

Infraestructura pública, clubes fuertes, espacios de encuentro, entrenadores, federaciones, educación y acceso al deporte forman parte de esas condiciones.

Hay, finalmente, una enseñanza institucional que considero fundamental.

Las grandes políticas de una provincia deben ser capaces de trascender a los gobiernos y a los nombres propios. Las diferencias políticas son legítimas y necesarias en una democracia. Pero existen objetivos que deben convertirse en políticas de Estado y sostenerse en el tiempo.

Estos Juegos son un ejemplo. Algunas de las obras y decisiones que hicieron posible llegar hasta aquí comenzaron durante las gestiones anteriores. Y corresponde reconocer fundamentalmente la decisión y voluntad del gobernador Maximiliano Pullaro y de los intendentes de las ciudades mencionadas -Pablo Javkin en Rosario; Juan Pablo Poletti en Santa Fe; Leonardo Viotti en Rafaela- de sostener este proceso, concretar las inversiones necesarias muchas de ellas en tiempo record y asumir el desafío de organizar unos Juegos de esta magnitud.

Eso es lo que debería ocurrir con las políticas importantes de una provincia.

Una obra pública no pertenece a quien la anuncia ni a quien corta la cinta. Pertenece a la sociedad que la hizo posible y a las generaciones que van a utilizarla.

Quienes tuvimos la enorme responsabilidad de gobernar Santa Fe sabemos que muchas veces se inauguran obras que otros imaginaron, se continúan proyectos que otros comenzaron y se dejan encaminadas transformaciones que otros tendrán la responsabilidad de terminar. Esa continuidad no disminuye a ningún gobierno. Al contrario: habla de la madurez de una provincia.

Por eso creo que debemos recibir estos Juegos con alegría y orgullo, pero también con una mirada larga.

Durante quince días alentaremos a nuestros deportistas, celebraremos sus triunfos, recibiremos a nuestros hermanos sudamericanos y disfrutaremos de un acontecimiento que quedará en la memoria de Santa Fe.

Pero el verdadero éxito de los Juegos comenzará a medirse cuando los Juegos hayan terminado.

Se medirá cuando un chico aprenda a nadar en una piscina construida para estos Juegos. Cuando una joven pueda entrenar en una pista que antes no tenía. Cuando un club organice una competencia que antes hubiera sido imposible realizar. Cuando una familia habite una vivienda que primero recibió a una delegación deportiva. Cuando una ciudad vuelva a recibir visitantes porque demostró que estaba preparada para hacerlo.

Se medirá, en definitiva, en todo aquello que hayamos sido capaces de dejarles a los que vienen después de nosotros.

Porque gobernar también es eso: aprovechar las oportunidades del presente para construir un futuro que quizás otros inauguren y que, finalmente, será de todos.

El 29 de agosto de 1810 nacía en Tucumán quien sería con el tiempo uno de los espíritus más elevados que haya producido nuestra patria, Juan Bautista Alberdi, aunque las circunstancias y la época en que vivió hayan sido poco propicias para él: las pasiones y el acaloramiento de una lucha continua hicieron que no se lo comprendiera ni se lo tratara como merecía.

Jurisconsulto, publicista, diplomático, hombre de letras, Alberdi representa, dentro de nuestros arquetipos, a la conciencia constituyente argentina. También refleja, como tal, la instancia creadora dentro del proceso constitucional argentino, su fase fundacional y la del alumbramiento de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna. Así sentó las bases institucionales de la Argentina moderna.

Y por eso mismo el tiempo, que acaba siempre por reducir el término de sucesos y cosas a sus naturales límites, colocándolos en el lugar que les corresponde, va iluminando cada vez más la figura de este brillante y hondo pensador, que será considerado en el porvenir como una de las glorias más legítimas de nuestro país.

Es decir, como uno de aquellos hombres que, sin intervenir jamás en la política activa, le marcaron, no obstante, rumbos fijos y luminosos desde la soledad.

Alberdi fue el gran ausente, el ciudadano del exilio, que vivió intensamente en la patria habitando en el extranjero. Y propuso un modelo liberal para organizar el país. Para él, el sistema rentístico y económico de la Confederación Argentina es una expresión de fe en el trabajo, la constancia y la sobriedad.

Condenaba sin reservas el emisionismo, la ociosidad y el lujo, considerando que el problema era de producción y que este era el pilar sobre el que se sustentaba el bienestar. En su estudio sobre la crisis de 1874 condena el enriquecimiento repentino.

Tomar capitales a préstamo -dice allí- para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país, solo el trabajo y el ahorro son las fuentes naturales de la riqueza, y los gastos insensatos y el abuso de los empréstitos conducen fatalmente a la pobreza, al descrédito y a la decadencia.

Como dice Carlos Fay en el homenaje a Alberdi que le hace la Corte Suprema de Justicia:

"A Alberdi le corresponde el mérito de haber adivinado, en medio del oleaje de las pasiones que suelen oscurecer las mentes, en una época de caos, de amargas convulsiones, de desorbitadas rivalidades, la ley inexorable que orientaba la vida de su patria (...)".

"(...) Es el intérprete de nuestras necesidades y su influencia, superior a la de los hombres de su época, es la inteligencia creadora que ajusta los factores reales de poder y las necesidades sociales a las exigencias del presente y del futuro de la vida institucional argentina. Alberdi está en la Constitución con la fuerza determinante de sus postulados y axiomas".

Justamente, en el Día del Abogado, designado en su homenaje, cobran renovada actualidad las palabras del propio Alberdi:

"Reconociendo que la riqueza es un medio, y no un fin, la Constitución Argentina propende, por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como a que esté bien distribuida, bien nivelada y repartida (...)".

"Porque solo así es nacional, solo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y la prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de la otra (...)".

"Ella ha dado garantías protectoras de este fin social de la riqueza. Dar utilidad a los unos y excluir de ella a los otros sería contrario a la moral cristiana. La Constitución no intenta hacer del país un mercado, de la república una bolsa de comercio, de la nación un taller".

Sus ideas están hoy más vigentes que nunca. Creía en la igualdad de oportunidades, sin excluir la jerarquía impuesta por el mérito, la virtud y la inteligencia. Lo conmovió la suerte de los grandes patriotas de América Latina que entraron en la política y sacaron de ella la miseria, el cadalso, la proscripción, la ignominia. Como lo indignaba la de aquellos otros que entraron pobres y salieron ricos, célebres, llenos de títulos y dignidades.

Consternados, hoy observamos cómo la sociedad se encuentra inmersa en un peligroso clima depresivo, propicio para que los enemigos de la libertad, los demagogos o los aventureros aparezcan nuevamente para pedir soluciones mágicas e inmediatas.

Gran parte de la responsabilidad de este estado de cosas recae indudablemente sobre dirigentes que no asumen sus deberes como tales, olvidando que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero es el que obliga en mayor medida a quienes representan la voluntad del pueblo.

La indignación es la justificada reacción que provoca constatar que las instituciones de la república se ven directamente cuestionadas o sospechadas de corrupción, a tal punto que las leyes no parecen ser el producto de la discusión, del debate de ideas o del consenso, sino la resultante de la compra de voluntades.

A ellos, que parecen creerse propietarios de la democracia y no simples mandatarios, les cabe la frase del poeta: juegan con cosas que no tienen repuesto. Los abogados hemos sido partícipes directos de la historia de la Nación. Nada de ella, ni de lo bueno ni de lo malo, nos ha sido ajeno.

Desde la misma fundación de la patria, los abogados argentinos hemos honrado nuestro compromiso con la libertad, la justicia y el estado de derecho.

En este mes, en el que se han cumplido 176 años de la muerte del más grande de todos los argentinos, es nuestra obligación, más que nunca, recordarlo y recordar a la vez que nuestro país se forjó con su espada, para que el derecho, la justicia y la libertad reinaran para siempre.

Porque fue el sable del general José de San Martín el que impulsó las ideas de abogados como Mariano Moreno y Manuel Belgrano, y de sus victorias amaneció la Nación, a la que Alberdi modeló en la Constitución.

Por eso hoy se nos impone a los abogados la responsabilidad de ser dignos del ejemplo de esos abogados, con nuestras únicas armas, que son las más limpias y por eso las más valiosas y nobles.

Sobre el camino que traza el derecho se constituye la grandeza de un país, y el grado de acatamiento de una sociedad al mismo marca el nivel de civilización alcanzado, porque revela también su adhesión a la regla moral.

El tradicional enemigo de la democracia, el totalitarismo en todas sus variantes, ha sido reemplazado por uno más insidioso y más mortífero, porque es silencioso y, como un virus maligno, ataca a las instituciones y corroe a todo el cuerpo social.

La corrupción constituye hoy el instrumento de destrucción de las libertades más peligroso, porque genera su propia inmunidad, con su secuela de descreimiento y escepticismo. En ese contexto, cuando los sistemas judiciales se encuentran en crisis, el papel del abogado es el de ser un actor preeminente en las modificaciones que se requieren.

Quedarnos en la queja o asumir resignadamente que las cosas no pueden mejorar constituyen actitudes impropias del abogado, y su propia negación como operador del derecho y líder de los cambios sociales.

En medio de la guerra civil que desgarra a España, su patria, el destacado abogado, jurista y decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), reprochaba a los abogados gran parte de la responsabilidad de la tragedia, por haber perdido su sentido de clase.

No la clase concebida como división de patrimonio o de privilegios de cuna, sino aquella marcada por la elevación de los valores espirituales, la preeminencia de la moral, la autoridad del intelecto. La clase como conjunto de deberes de cada grupo social y como actitud de servicio abnegada hacia los demás.

Por eso proclamo: "No basta que cada abogado sea bueno: es preciso que, juntos, todos los abogados seamos algo". Y en ese sentido, nuestro Colegio de Abogados, que este mes ha cumplido 100 años de su creación, merece que se le rinda homenaje por haber marcado un hito de la abogacía en el país que nos hace sentir orgullosos.

Su accionar estuvo destinado a propender el mejoramiento de la administración de justicia y al progreso de la legislación; velar por la observancias de las reglas de ética profesional; defender los derechos de los abogados en el ejercicio de la profesión; fomentar el espíritu de solidaridad, la asistencia y la recíproca consideración entre los abogados; estimular la ilustración de los mismos.

Su legitimidad y prestigio institucional provienen también de la función social de la abogacía, con la defensa de los derechos de los ciudadanos y con la administración de justicia.

Ha intervenido en cuestiones institucionales, defendiendo los valores republicanos, bregando por ende, por la separación de poderes, la independencia judicial, el acceso a la justicia, la defensa en juicio, sin que esto implique política partidaria.

Es decir, su razón de ser fue y es la independencia y la dignidad de la abogacía, para que esta siga siendo, como quería Henri François d'Aguesseau, canciller de la Orden de Abogados de Francia, "tan antigua como la magistratura, tan noble como la virtud, y tan necesaria como la justicia".

Y volviendo a Alberdi, podemos decir que su obra no es hija de la oportunidad ni de la casualidad. Las contingencias de la primera, o los acasos de la segunda, son enemigos implacables de toda inmortalidad. Alberdi vive entre nosotros.

El autor es abogado.

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano común, pueden quedar reducidas a una opinión, un exabrupto o una provocación. Pero cuando esas mismas palabras son pronunciadas por el presidente de la Nación, adquieren otra dimensión.

Ya no expresan solamente el pensamiento de una persona: comprometen, de algún modo, a la institución que representa. Esa diferencia parece haberse desdibujado en la Argentina.

Una democracia no necesita dirigentes que piensen igual. Tampoco necesita que el oficialismo y la oposición se quieran. Necesita, en cambio, que quienes ocupan responsabilidades públicas puedan confrontar, incluso duramente, sin convertir al adversario en un enemigo al que hay que descalificar. Confrontar ideas es parte de la política, pero descalificar personas es otra cosa.

El problema no es solamente una cuestión de buenos modales. Es una cuestión de poder. Quien ocupa una responsabilidad institucional tiene una obligación que no tiene cualquier ciudadano: medir las consecuencias de sus palabras. Y esa responsabilidad aumenta a medida que aumenta el poder que se ejerce. Un dirigente político puede expresar una opinión personal.

Un presidente, en cambio, habla desde una institución. Puede tener preferencias, convicciones, adversarios e incluso conflictos personales, pero la función que desempeña hace que sus palabras sean observadas dentro y fuera del país como parte de la conducta del Estado que representa.

Por eso, la responsabilidad presidencial no puede medirse con la misma vara que la de cualquier otro actor político, social o económico. La Argentina atraviesa, además, una crisis de confianza en sus instituciones.

El Congreso es cuestionado, la justicia es frecuentemente deslegitimada, los partidos políticos han sufrido una profunda pérdida de credibilidad y, consecuencia de ello, buena parte de la sociedad observa con desconfianza a quienes ejercen responsabilidades públicas.

En ese contexto, degradar aún más el debate público tiene un costo que excede a quienes protagonizan una disputa. La democracia no se rompe solamente cuando alguien intenta clausurar el Congreso o desconocer una elección.

También puede deteriorarse lentamente cuando la palabra del adversario deja de ser considerada legítima y comienza a ser presentada como una amenaza, una traición o una expresión indigna de ser escuchada.

Las redes sociales han profundizado este problema. La velocidad premia la provocación, la indignación y la respuesta inmediata. El dirigente que insulta consigue rápidamente visibilidad, mientras que quien intenta explicar serenamente una cuestión compleja suele obtener mucha menos atención.

Gobernar no es administrar tendencias en las redes sociales, gobernar supone tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas y administrar intereses que, muchas veces, trascienden al gobierno de turno.

Por eso, el presidente tiene derecho a defender sus ideas. La oposición tiene derecho a cuestionarlas. Los gobernadores tienen derecho a reclamar. Los legisladores tienen derecho a confrontar. Los periodistas tienen derecho a preguntar y criticar.

Pero existe una diferencia fundamental: quienes ejercen responsabilidades institucionales tienen también la obligación de preservar las condiciones que permitan que esas diferencias puedan procesarse dentro de la democracia. Por lo tanto, el respeto no es una concesión al adversario, es una obligación frente al ciudadano.

El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando las disputas verbales de un presidente involucran a autoridades de otros países. El actual presidente construyó buena parte de su identidad política alrededor de un lenguaje deliberadamente disruptivo.

Su llegada a la presidencia estuvo acompañada por una fuerte impugnación de la dirigencia tradicional y por expresiones particularmente duras hacia dirigentes de distintos sectores políticos. Con el tiempo, esa modalidad también se trasladó al escenario internacional.

Los enfrentamientos verbales con autoridades políticas de España, Brasil, Colombia y Chile plantean una pregunta que excede las simpatías o antipatías que cada uno pueda tener por esos gobiernos: ¿qué consecuencias puede tener para la Argentina que una disputa personal sea protagonizada por quien representa al Estado?

La respuesta no es solamente diplomática. Es también económica, estratégica e institucional. Los países tienen intereses permanentes que trascienden a los gobiernos de turno.

Argentina puede mantener profundas diferencias con un gobierno extranjero y, al mismo tiempo, necesitar relaciones comerciales, inversiones, cooperación política, intercambio cultural o coordinación en organismos internacionales.

Un gobierno puede cambiar, pero una relación entre estados puede necesitar décadas para reconstruirse. Los presidentes pasan y los estados permanecen, por lo tanto, esa observación debería estar presente cada vez que un presidente habla en nombre de la nación.

La diplomacia aprendió hace siglos que la prudencia no es una debilidad, sino una herramienta del poder. Ser prudente no significa ser tibio; no significa renunciar a las convicciones, aceptar agravios, ni esconder las diferencias.

Significa comprender que quien ejerce una representación institucional debe medir las consecuencias de sus palabras. Esa prudencia no es debilidad, es una expresión de responsabilidad y sabiduría política. Un jefe de Estado puede ser firme sin ser insultante. Puede defender los intereses nacionales sin transformar cada desacuerdo en una batalla personal.

Puede criticar severamente una política extranjera sin convertir al adversario en un enemigo. Pero siempre debe entender que una cosa es defender una posición política y otra, comprometer innecesariamente la relación entre estados.

Pero cuando la desacreditación y el insulto aparecen, puede afectar negociaciones comerciales, relaciones estratégicas, inversiones, cooperación internacional o la capacidad de construir acuerdos en organismos multilaterales.

Y aunque no siempre exista una consecuencia inmediata que pueda medirse en valores monetarios, existe otro costo, menos visible pero igualmente importante: la percepción de que el país puede estar representado por un poder político que privilegia la confrontación sobre la previsibilidad.

Esto tampoco es un problema exclusivo del actual presidente, aunque por la responsabilidad institucional que ocupa sea quien tiene la mayor obligación de evitarlo. La degradación del debate público es una construcción colectiva. Cuando un dirigente insulta y otro responde con otro insulto, ninguno gana. Pierde la conversación pública.

Pero reconocer esa responsabilidad compartida no significa equiparar responsabilidades. El poder no está distribuido de manera uniforme. Quien ocupa la presidencia tiene una responsabilidad mayor precisamente porque dispone de un poder institucional mayor.

Por eso, la cuestión no debería ser si un presidente tiene derecho a expresarse con dureza, la pregunta es otra: ¿puede ejercer ese derecho sin olvidar que, en determinadas circunstancias, sus palabras dejan de ser solamente suyas?

La respuesta debería ser evidente, pues la política necesita intensidad, la democracia confrontación, los gobiernos defender sus decisiones y los opositores cuestionarlas. Lo que la democracia no necesita es transformar la política en una competencia para determinar quién agravia más.

Porque cuando la discusión pública se convierte en una guerra de insultos, las instituciones terminan reducidas al papel de espectadores pasivos.

Una sociedad que pierde la capacidad de discutir sin destruir al otro termina perdiendo algo más importante que los buenos modales: pierde la posibilidad de construir acuerdos. El respeto, en definitiva, no es una cuestión de protocolo, es una cuestión de Estado.

Y cuando quien ocupa la primera magistratura comprende esa diferencia, sus palabras pueden convertirse en una herramienta para defender adecuadamente los intereses de la Nación. Cuando la olvida, esas mismas palabras pueden terminar convirtiéndose en un problema para la Nación que representa.

 (*) Por Raúl Ochoa y Gómez

Las amenazas de expropiación y nacionalización de empresas realizadas por los dirigentes justicialistas Ricardo Quintela, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, iniciaron el debate sobre cómo reaccionarían los mercados, la inversión y el riesgo país ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

Pero... ¿por qué cada regreso del kirchnerismo al poder genera incertidumbre entre inversores y ahorristas? Para encontrar algunas respuestas, alcanza con mirar las desigualdades de la provincia de Buenos Aires, gobernada veintiocho de los últimos treinta y dos años por el PJ, o la pobreza de La Rioja, que desde la vuelta a la democracia no conoce otra cosa que peronismo.

Sin embargo, el verdadero problema no es solo quién gobierna sino qué políticas implementa. En ese marco, vamos a analizar algunas de las medidas de los gobiernos kirchneristas que, aún hoy, generan consecuencias negativas en la economía argentina.

- Canje de Deuda 2005: no se reconoció la deuda con bonistas, abriendo un litigio en Nueva York, que derivó en el pago de USD 9.300 millones.

- Indec: la manipulación de datos para estafar a los bonistas generó sentencias judiciales por más de USD 1.500 millones.

- Estatización de Aguas (2006): Argentina fue condenada a pagar cerca de USD 405 millones más intereses por incumplimiento del tratado de protección de inversiones.

- Estatización de las AFJP (2008): generó descréditos, juicios internacionales, pérdida de inversión y la mayor estafa a todos los argentinos que aportaron al sistema.

- Estatización de Aerolíneas Argentinas (2008): se condenó a la Argentina a pagar USD 320 millones por la expropiación ilegal. Además, la aerolínea generó déficits por USD 8.000 millones.

- "Cepo Cambiario" (2011-2014): para sostener la brecha del dólar, el Banco Central dilapidó reservas internacionales, que pasaron de los USD 50.000 millones en 2011 a ser negativas a fines de 2015.

- Intentos de Expropiación (Caso Vicentin-2020): si bien la medida fue anulada por la reacción social, retrajo planes de inversión extranjera y financiamiento a empresas del sector agroexportador.

- Súper Cepo y SIRA (2020–2023): la diferenciación de pagos, generó deudas comerciales por USD 30.000 millones y emisión de bonos por USD 10.000 millones.

- Pérdida de Reservas: para sostener artificialmente el tipo de cambio, el BCRA pasó de tener reservas positivas a un nivel negativo de USD 11.000 millones en diciembre de 2023.

Todas estas decisiones tuvieron un costo para la Argentina superior a los USD 60.000 millones. Para dimensionar la magnitud de esa cifra, solo cabe mencionar que con ese importe se podría triplicar el presupuesto del Conicet, el gasto en salud y las jubilaciones en forma conjunta.

Pero existen costos que son mucho más profundos y difíciles de superar; costos estructurales, como el deterioro de la confianza, la destrucción del crédito, la pérdida de previsibilidad, el deterioro de la educación, la utilización de la obra pública como herramienta de corrupción y el cierre progresivo de la economía en su conjunto.

El "riesgo kuka" no es solo una sobretasa de interés para financiar al país. Es el riesgo de volver a un modelo de gobierno corrupto que no respeta la propiedad privada, desalienta la inversión, destruye toda perspectiva de desarrollo y, en definitiva, el futuro del país.

(*) El autor es economista

Por Diego Frau (*)

Estamos atravesando un período álgido en lo que respecta a la discusión sobre la importancia del sistema científico argentino, el cual atraviesa una profunda crisis de desfinanciamiento y desprestigio.

En parte por una política nacional que prioriza el achicamiento del Estado y que ha alcanzado particularmente al sistema científico y en parte porque como ciudadanos desconocemos el funcionamiento y utilidad de este último.

Frente a esto, cabe preguntarse: ¿de quién es la responsabilidad de informar y generar conciencia? ¿De los investigadores, de los medios de comunicación masiva o de la propia sociedad?

Naturalmente, todos tenemos sesgos e ideas arraigadas que nos llevan a aceptar discursos sin un análisis previo, simplemente porque encajan con nuestra forma de ver el mundo.

Así, cuando el presidente afirma en una entrevista que en el sistema científico y universitario hay "terroristas disfrazados de investigadores, docentes y alumnos", tergiversando la teoría gramsciana sobre el poder de la cultura en la generación de consensos colectivos, ese mensaje cala en buena parte de la población.

Pero, en el otro extremo, la comunicación de nuestro propio sector tampoco ayuda a clarificar. Entre las agresiones del discurso oficial y las imprecisiones del reclamo sectorial, se genera una maraña informativa donde la verdad se desdibuja.

Y es justamente esa desinformación cruzada es la que a mi criterio termina alimentando la apatía social: una población hastiada de discursos hinchados que opta por desconectarse, dejando al sistema científico a la deriva. Tratemos entonces de separar la paja del trigo.

El Estado nacional efectivamente llevó adelante un fuerte proceso de reducción del gasto y de la dotación de personal estatal: desde diciembre de 2023 se redujeron decenas de miles de puestos en el sector público (alrededor de 60.000 puestos), pero no todas esas bajas fueron despidos; hubo contratos que no se renovaron, jubilaciones, retiros voluntarios y vacantes que dejaron de cubrirse.

Lo mismo ocurre en el sistema científico: la finalización de una beca para hacer un doctorado o un posdoctorado no constituye un despido, porque un becario no ocupa un cargo laboral equivalente al de un investigador o técnico de planta, del mismo modo que un retiro voluntario en el INTA no puede contabilizarse como un despido.

Pero que una baja no sea jurídicamente un despido no significa que carezca de consecuencias para las instituciones: si una beca no se renueva, un investigador se jubila y su cargo no se repone, o un técnico se retira y la vacante queda sin cubrir, la capacidad de generar conocimiento científico también se reduce.

Por eso, la discusión no debería centrarse en cuántos científicos fueron "despedidos", sino en algo más amplio: cuántas personas dejaron de incorporarse, cuántos cargos y becas dejaron de financiarse y cuánto se redujo la capacidad efectiva de investigar por reducción de presupuesto y acceso a convocatorias de financiamiento científico.

La dimensión presupuestaria permite poner esa discusión en perspectiva. La Ley N° 27614 estableció una trayectoria creciente de inversión correspondiente a la función Ciencia y Tecnología, que para 2026 fija un piso equivalente al 0,52% del PBI y que debería alcanzar el 1% en 2032. Sin embargo, las estimaciones para 2026 ubican la inversión efectiva en torno al 0,15% del PBI.

Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno efectivamente redujo subsidios y otros componentes del gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal, por lo que tampoco sería correcto afirmar que todo el ajuste se concentró en ciencia.

La cuestión de fondo es otra: aun aceptando que el Estado necesitaba ordenar sus cuentas, todo presupuesto expresa prioridades. La pregunta, entonces, no es solamente cuánto se recortó, sino qué decidió preservar el Estado y qué decidió sacrificar.

Y en el caso de la ciencia, los números muestran que no estamos simplemente frente a una discusión sobre despidos o becas: estamos frente a una reducción muy significativa del esfuerzo público destinado a sostener el sistema científico y tecnológico nacional.

En este sentido, como científico, podría buscar convencerte con argumentos sólidos y validados con datos concretos de la importancia de la ciencia soberana, de por qué todas las áreas del conocimiento son valiosas y de que no todo saber debe tener una aplicación tecnológica inmediata o necesaria.

Te podría hablar de la importancia de generar ciencia de calidad en un país con necesidades acuciantes como la pobreza, el alto costo de vida o la crisis de vivienda. También de las consecuencias a largo plazo que genera el desfinanciamiento sobre líneas de investigación que tardan años en consolidarse para lograr crear vacunas y tratamientos médicos.

O los insumos que se usan para producir tecnologías de alto impacto que mejoran la calidad de vida de la población argentina y del mundo frente a amenazas como la resistencia a los antibióticos, el dengue, la contaminación del aire, el agua y la tierra.

Podría incluso hablarte de los peligros de la pérdida de los glaciares y la actual dialéctica extractivista o el avance de la frontera agrícola y su impacto en la salud humana y de los ecosistemas.

Temas que científicos de diferentes áreas de conocimiento trabajamos en nuestro día a día y para lo que necesitamos un Estado presente que no solo nos pague sueldos dignos y acordes a nuestra formación y labor, sino que sostenga las instituciones científicas en las que trabajamos y donde generamos conocimientos que nos sirven a todos como sociedad, a larga o a la corta.

Sin embargo, hoy los científicos estamos enfocando toda nuestra energía en salir a los medios de comunicación, usando las redes sociales y luchando contra bots y trolls que instalan discursos de odio y plantan la semilla de la desconfianza y la desinformación.

¿Cómo lo hacemos? Firmando misivas con colegas destacados de todo el mundo advirtiendo sobre las consecuencias del desfinanciamiento científico, movilizándonos y organizando actividades de todo tipo para intentar convencer a los indecisos de que lo que hacemos importa. Digo indecisos, porque quienes todavía no tienen una posición definida pueden ser receptivos a estos argumentos.

Por el contrario, quienes abrazan discursos reduccionistas en áreas estratégicas para el Estado -como ser Ciencia, Salud, Educación o Seguridad-, difícilmente cambien de postura cuando el debate se convierte en una lógica de descalificación que anula los reclamos originales y termina en un desprestigio mutuo en el campo de las redes sociales.

En este contexto, defender al sistema científico argentino se vuelve, citando a Miguel de Cervantes en el "Don Quijote", una lucha contra molinos de viento: una tarea que nos desgasta, nos desmoraliza y nos invisibiliza.

Pero acá seguimos. Frente a una clara decisión política de silenciamiento y ninguneo, seguimos apostando por la sociedad argentina de la que también formamos parte, buscando formar conciencia crítica y tratando de explicar lo que no debería requerir explicación.

Que el desarrollo científico es vital para el desarrollo de un país, que somos profesionales altamente formados y que la Argentina necesita un sistema científico saludable para dar respuestas a problemas presentes y futuros, pero también para posicionarse con soberanía frente al resto del mundo.

La pregunta que emerge entonces no es tanto de quién es la responsabilidad de informar con la verdad, sino aún más importante, qué modelo de país queremos como argentinos.

(*) El autor es doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet. La ilustración conceptual que acompaña el escrito, generada mediante IA, está basada en una idea original suya.

Por Sebastián Cason (*)

Durante décadas, la tecnología evolucionó a un ritmo que permitía amortizar equipos durante largos períodos. Sin embargo, la transformación digital de los últimos años está cambiando esa lógica. Hoy, en sectores tan diversos como la seguridad electrónica, la logística, las telecomunicaciones, el transporte y la automatización, los ciclos de vida de los dispositivos son cada vez más cortos.

Lo que antes podía permanecer operativo durante diez o quince años, hoy comienza a enfrentar limitaciones técnicas, de conectividad y de compatibilidad mucho antes. Uno de los fenómenos más importantes que impulsa esta transformación es la migración global hacia nuevas redes de comunicaciones.

A medida que los operadores de telecomunicaciones priorizan tecnologías 4G y 5G, las antiguas redes 2G y 3G comienzan gradualmente a perder relevancia y cobertura. Esto genera un desafío concreto para miles de dispositivos instalados que fueron diseñados para operar sobre infraestructuras que lentamente dejan de existir.

La situación no se limita únicamente al mundo de las telecomunicaciones. La incorporación de inteligencia artificial, procesamiento en tiempo real, video analítico y servicios basados en la nube está elevando los requisitos tecnológicos de prácticamente cualquier sistema conectado.

Según un reciente informe sectorial elaborado para la Cámara de Empresas de Rastreo Satelital (CERSAT), el proceso de apagado progresivo de redes heredadas está impulsando uno de los mayores ciclos de renovación tecnológica de los últimos años.

Esto último obliga a reemplazar equipamiento que, aunque aún funciona, ya no puede aprovechar las nuevas capacidades de conectividad y procesamiento disponibles en el mercado.

El estudio destaca -además- que la evolución tecnológica ya no se limita al hardware, sino que está profundamente vinculada al software, la velocidad de transmisión de datos y la integración con plataformas inteligentes. En la industria de la seguridad electrónica este fenómeno es particularmente visible.

Las alarmas, cámaras y sistemas de control de accesos ya no son simples dispositivos aislados. Hoy forman parte de ecosistemas digitales que interactúan con aplicaciones móviles, servicios en la nube, monitoreo remoto e inteligencia artificial.

Las nuevas generaciones de equipos permiten funcionalidades que hace apenas algunos años eran impensadas: actualización remota de firmware, verificación visual de eventos, análisis inteligente de imágenes, detección automática de comportamientos sospechosos y administración integral desde aplicaciones móviles.

Este avance tecnológico genera una situación similar a la que ocurre con los teléfonos celulares. Un equipo puede continuar funcionando, pero deja de recibir actualizaciones, pierde compatibilidad con nuevas aplicaciones o no puede aprovechar mejoras en seguridad y rendimiento.

El resultado es una obsolescencia que ya no depende exclusivamente de una falla física, sino de la evolución del ecosistema digital. Por eso mismo, desde la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) sostienen que la modernización tecnológica debe entenderse como una inversión estratégica y no únicamente como un gasto operativo.

En un contexto donde las amenazas evolucionan constantemente y la conectividad se vuelve crítica para la continuidad de los servicios, mantener infraestructuras actualizadas permite mejorar la eficiencia, reducir vulnerabilidades y acceder a nuevas herramientas de protección.

La inteligencia artificial, la conectividad permanente y el análisis de datos están redefiniendo el concepto mismo de seguridad. El desafío para empresas y usuarios no será únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino también desarrollar una estrategia de actualización continua que les permita acompañar la velocidad de cambio que caracteriza a la economía digital.

Porque en la nueva era tecnológica, el verdadero riesgo ya no es solamente que un equipo deje de funcionar. El riesgo es quedarse conectado al pasado mientras el resto del mundo avanza hacia el futuro.

(*) El autor es presidente de CASEL

Once años y algunos días pasaron de la presentación en sociedad del Nuevo Espacio Organizado (NEO) como agrupación interna de la Unión Cívica Radical. Carlos Fascendini, Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro eran los referentes. Primero optaron por hablar de Radicales del Interior para diferenciarse de las construcciones partidarias nacidas en Santa Fe y en Rosario.

El perfil de sus fundadores marcaba el pulso del armado: Fascendini es esperancino, fue intendente durante tres períodos de su ciudad; legislador provincial, ministro y vicegobernador de Santa Fe. Michlig, desde Ambrosetti, dpto San Cristóbal donde era presidente comunal llegó a la banca de senador y está invicto desde 1999. Pullaro, de Hughes, dpto General López, estudió en Rosario donde militó en el centro estudiantil pero siempre su arraigo político estuvo en el extremo sur.

En la Legislatura fueron tejiendo acuerdos, sumando a legisladores del interior, a intendentes y a presidentes comunales. Cuando se presentaron en sociedad en el Sindicato de Comercio en Rosario, en el 2015, los acompañó el senador por Rosario, el socialista Miguel Lifschitz con toda la intención de ser gobernador y en diálogo con distintos espacios radicales. Los memoriosos señalaron que también estuvo en el acto el entonces gobernador Antonio Bonfatti.

Fascendini fue vicegobernador del socialista y tuvo como secretario a Diego Maciel, esperancino que reemplazó a su padre, Luis, en el acompañamiento al esperancino. Maciel padre fue seis años concejales y seis años secretario de Gobierno en el municipio cabecera de Las Colonias y lo acompañó en su etapa de legislador provincial. La posta la tomó Diego, abogado.

En esa etapa institucional, Michlig siguió liderando el bloque de senadores de la UCR siempre en minoría con el justicialismo. El Senado empezó a ser un cuerpo de acuerdos políticos buscando siempre los consensos y no la ruptura.

Pullaro se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, brasa caliente de la provincia. Se rodeó de un equipo de trabajo compacto y que fue 24 por 7. Allí estaban, entre otros, los hoy ministros Gustavo Puccini y Pablo Cococcioni; el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Información Pública, Luis Persello más Silvana Di Stefano, hoy jefe de bloque de diputados, o Julia Tonero, la secretario Legal y Técnica del gobierno.

Felipe Michlig, senador por San Cristóbal. Foto: Flavio Raina.

El despacho de Fascendini era lugar obligado de encuentros semanales entre el vice, Michlig y Pullaro. Fueron sumando actores al armado.

En el 2019, Omar Perotti fue elegido gobernador. El Frente Progresista perdió la gobernación postulando a Antonio Bonfatti y a Victoria Tejeda, hoy ministra de Desarrollo Humano y también con militancia en NEO. Un sector del radicalismo, encabezado por Josè Corral, se había alejado del Frente y eran la pata santafesina de Cambiemos.

Michlig volvió a presidir el bloque radical de senadores, en minoría, y rodeado ahora por Diego Maciel y Pablo Olivares.

Pullaro volvió a la Cámara de Diputados y condujo un bloque radical homogéneo con Cándido, con Fabián Bastia, Silvia Ciancio, Georgina Orciani y Di Stèfano, entre otros.

Fascendini había decidido dejar la política activa.

En la pandemia, la muerte de Lifschtiz, cambió el panorama opositor. El socialista caminaba la provincia para buscar un nuevo mandato en acuerdo con el NEO.

El NEO pasó a ser Evolución de la mano del presidente del comité nacional radical, Martín Lousteau. Sorprendió Pullaro haciendo una muy buena elección en la PASO de 2021 para senador nacional siendo superado por Carolina Losada. Lo acompañó Carolina Piedrabuena de La Cantera. Michlig empezó a juntar radicales en su despacho y uno de los primeros en entablar el diálogo fue Corral.

El sancristobalense volvió a la presidencia del comité provincial con el solo objetivo de constituir un frente donde convergen socialistas y el Pro. Lo logró. Pullaro ganó en el 2023 con amplia mayoría que le dio el control de las dos cámaras.

Ahora, el Senado era de Unidos y Michlig pasó a ser presidente provisional. Cuando Gisela Scaglia dejó la vicegobernación para ir al Congreso, el sancristobalense quedó como el primero en la sucesión. Maciel era el secretario administrativo.

Una docena de leyes al inicio del mandato del radical le dieron las herramientas que pretendía para la gestión, especialmente en Seguridad. Cuentas públicas en orden del perottismo más los bonos de la deuda le dieron la posibilidad de poner en marcha obra pública.

Hubo una ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia a siete miembros y a limitar a 75 años la edad de sus ministros. Hubo una reforma constitucional que validó esa norma. Michlig condujo la Convención con el gobernador sentado en una banca y Maciel en la administración.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

Esta semana, el gobernador viajó a Chile y por primera vez, Michlig estuvo dos días a cargo del Ejecutivo y con orden expresa del mandatario de tener agenda y recorrido de obras en La Capital. En la misma semana, se firmó el decreto para que Maciel se siente en la Corte en la primera semana de septiembre.

La mayoría de los dirigentes radicales del interior que constituyeron Neo ocupan bancas en el Senado, en Diputados, forman parte del gabinete o son intendentes, concejales y presidentes comunales en sociedad con el resto del radicalismo y con el socialismo y las restantes expresiones de Unidos.

Once años después de aquella presentación en sociedad del NEO, hoy sus cuadros forman la primera línea en el gobierno. En el regreso a la democracia, fue Renovación y Cambio la expresión fuerte del radicalismo pero no llegó al gobierno provincial ni con Aníbal Reinaldo ni con Luis Cáceres. La apertura que intentó Horacio Usandizaga desde Convergencia tampoco llegó a buen puerto. La rivalidad interna radical carcomió esas posibilidades. Eran mayormente dirigentes capitalinos y rosarinos.

El NEO tuvo pocos rosarinos y capitalinos en sus orígenes. Hubo otras líneas pero fueron convergiendo y no dividiéndose. Se le sumaron otros partidos. El sueño de radicales del interior, once años después fue mucho más allá de lo que algunos imaginaron. Constancia, programas de gobierno, coherencia interna más algún golpe de suerte los puso al mando de la provincia.

El año próximo hay elecciones y muchos de esos dirigentes esperan poder repetir. El ciudadano de Santa Fe definirá con el voto si les da otra oportunidad. Hoy todo es prematuro pero la certeza es que intentarán hacerlo nuevamente.

Polémica en Bolivia por un proyecto de ley que propone la esterilización obligatoria a mujeres en situación de calle.

La iniciativa fue presentada por el diputado Néstor Rodríguez, del bloque Unidad, y argumentó que busca favorecer la reinserción social de personas en situación de calle y atender especialmente a mujeres que consumen drogas o inhalantes y tienen hijos en la calle.

El texto establece que cualquier procedimiento deberá contar con consentimiento libre, previo e informado, pero prevé que, una vez agotadas las instancias pertinentes, la esterilización pueda volverse obligatoria y realizarse bajo control judicial según el artículo 15 del proyecto.

El diputado Rodríguez indicó que la propuesta responde a la situación de mujeres y bebés que inhalan clefa y que la eventual intervención estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas y por la revisión de la historia clínica antes del procedimiento.

La Defensoría del Pueblo rechazó el proyecto y advirtió que la esterilización obligatoria representa un retroceso en materia de derechos humanos, ya que vulneraría derechos vinculados con la autonomía, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto será revisado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, mientras defensores y activistas continúan exigiendo su archivo para evitar una vulneración institucional de derechos.

Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, afirmó que no puede imponerse a las mujeres un procedimiento de esterilización y recordó experiencias históricas denunciadas en las décadas de 1960 y 1970 que involucraron prácticas de esterilización forzada.

La institución estableció contacto con el legislador y promovió un espacio de diálogo para socializar estándares nacionales e internacionales, y solicitó al Legislativo descartar cualquier propuesta que suponga vulneración de la dignidad humana.

Organizaciones de derechos humanos y activistas expresaron su rechazo y preocupación, señalando que la medida puede constituir una vulneración de derechos fundamentales y recordar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre decisiones reproductivas.

Las organizaciones instan al Estado a respetar la Constitución y estándares internacionales, promoviendo políticas inclusivas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres sin hogar. Foto: REUTERS / Claudia Morales.

Patricia Flores, comunicadora y activista feminista, dijo que la propuesta es inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana y calificó la iniciativa como una suerte de limpieza étnica al dirigir la mirada a mujeres indígenas en situación de calle.

Las organizaciones exhortaron al Estado a actuar conforme a la Constitución y a los estándares internacionales y reclamaron políticas públicas que no limiten derechos sino que protejan inclusión y condiciones de vida digna para mujeres en situación de calle.

El proyecto debe ser analizado en primera instancia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la Defensoría y agrupaciones mantienen el rechazo y piden que la iniciativa sea archivada para evitar una vulneración institucional de derechos.

I

Cuando en 1824 José de San Martín regresó a Europa, o se fue a Europa (no es un juego de palabras), estaba muy lejos de ser el héroe o el prócer nacional que íbamos a conocer las posteriores generaciones. Para esa fecha, en Perú lo consideraban un político con ínfulas monárquicas y un mujeriego compulsivo.

En Chile se le imputaba su amistad con intrigantes y bandoleros, además de responsabilizarlo de la muerte de los hermanos Carreras. Y en Buenos Aires no le perdonaban haberse negado a enviar el Ejército de los Andes para salvar a la ciudad asediada por las montoneras federales.

Por supuesto que el general siempre contó con defensores leales y nunca llegó a ser un paria en su tierra, como lo demuestran las expectativas que despertó en Buenos Aires su llegada en 1829, pero convengamos que su gravitación en aquellos años estaba muy lejos de la unanimidad que luego despertaría.

II

En 1842, en un diario de Chile salió una nota firmada por "Un teniente de artillería de Chacabuco". Allí se recuerda el rol desempeñado por San Martín en el proceso de emancipación chilena. Por primera vez, después de más de veinte años de silencio, autoridades políticas chilenas reconocían la labor del general.

El artículo responsable de esa justa reivindicación pertenece a Domingo Faustino Sarmiento, quien en 1845 lo visitó en su casa de Grand Bourg, visita que tres años antes había realizado Juan Bautista Alberdi, lo que demuestra que ya para entonces San Martín no era un desconocido, un olvidado en la política nacional.

Para Alberdi como para Sarmiento, el San Martín que conocieron era un hombre dotado de notables virtudes republicanas. Lo definen como sobrio, austero y modesto. Admiran su sencillez y su temple, pero no comparten sus relaciones con Juan Manuel de Rosas y, mucho menos, comprenderán la decisión testamentaria de donar su sable a quien califican como un tirano.

III

Bartolomé Mitre desempeñará un rol decisivo en la reivindicación histórica de San Martín. En 1862, y a través de sus gestiones, se levantó en la ciudad de Buenos Aires el primer monumento en su homenaje.

En realidad, el homenaje más trascendente de Mitre lo hará redactando un excelente libro de historia, bien escrito y bien documentado, que transformó al creador del Ejército de los Andes en el prócer por excelencia, una necesidad histórica de la Nación y del Estado para constituir sus propios símbolos y mitos.

Contrapunto digno de destacar son las críticas de Alberdi a San Martín, críticas políticas e históricas que impugnan la decisión de consagrar jefes militares. Alberdi le imputa a San Martín haber hecho poco y nada por Argentina. Según sus argumentos, a la batalla de San Lorenzo no se la puede considerar un antecedente liberador, porque apenas fue una emboscada de escasa trascendencia.

Pero la objeción más fuerte apunta al hecho de que preocupado por liberar a Chile y Perú, desatendiera la liberación de las cuatro provincias del Alto Perú, tarea que finalmente realizó Simón Bolívar, motivo por el cual los argentinos perdimos ese territorio.

Alberdi tampoco creía que fuera una solución feliz para los argentinos reivindicar a un militar para padre de una Nación que debe predicar los valores de la paz, la instrucción y el trabajo.

Controvertidas y polémicas, las opiniones de Alberdi merecen ser tenidas en cuenta más allá de las imputaciones de quienes le reprochan que solo estaban motivadas por su odio contra Mitre y sus recelos contra el yerno de San Martín, Mariano Balcarce, con quien disputaba cargos diplomáticos en Europa.

IV

En 1878, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, se celebraron los cien años del nacimiento del prócer. Y en mayo de 1880 sus restos llegaron a Buenos Aires, decisión política de las autoridades de entonces en sintonía con la voluntad del Libertador, quien en su testamento había escrito de puño y letra que deseaba que su corazón fuera enterrado en Buenos Aires.

Hasta el día de hoy se debate si es justo que los restos de San Martín estén en la Catedral. Los historiadores no se ponen de acuerdo al respecto, pero gravita más la hipótesis que sostiene que los restos deberían estar en un cementerio.

Incluso, entre las autoridades de la Iglesia Católica de entonces no había acuerdo unánime respecto de un militar cuyas relaciones con la masonería eran más que evidentes, una imputación muy seria en un tiempo en que la masonería era considerada una institución enemiga de la Iglesia Católica.

La iniciativa de construir un mausoleo fuera del recinto consagrado pudo haber sido una manera "salomónica" de resolver una diferencia que en esos años era considerada insalvable.

V

Ya para principios del siglo XX, San Martín era un prócer consagrado pero aún no alcanzaba la distinción de "Padre de la Patria". Hasta que, en el año 1933, el escritor radical Ricardo Rojas escribió "El Santo de la Espada", un libro que se vendió masivamente.

Allí se presenta a un San Martín que en su actitud mística, en el aura de misterio que lo rodea, en su pasión redentora, en su entrega generosa a una causa, se parece mucho a Hipólito Yrigoyen.

El San Martín descripto por Rojas es por sobre todas las cosas un héroe, algo así como un Cid Campeador o un caballero cruzado, un militar guiado por fines trascendentales que iban más allá de la política y la historia.

Ese San Martín sin dudas que es un santo, un santo laico cuyos objetivos reales no son de este mundo ni de esta vida. Un año después, el historiador José Pacífico Otero escribió su propia historia sobre la vida del general y creó el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Para esa época, el presidente Agustín Justo declaró al 17 de Agosto como efeméride patria. El camino a la canonización laica estaba abierto y los libros de Mitre, Rojas y Otero serán los textos "sagrados" que certifiquen la santidad del prócer.

VI

Con la llegada al poder político de los militares nacionalistas, los homenajes a San Martín se estatizaron y militarizaron. En 1944 el Instituto Nacional Sanmartiniano se transformó en organismo estatal. Desde esa fecha hasta la actualidad, los presidentes de esta institución fueron militares, salvo el período correspondiente a José Castiñeira de Dios.

Ese mismo año se creó la Orden del Libertador General San Martín, y ya para esa fecha el bronce de San Martín pesará más que el de todos los próceres nacionales. En 1950 el gobierno peronista declaró el Año del Libertador, atendiendo a que se cumplía un siglo de su muerte.

El retrato del general Guan Domingo Perón, montado en un caballo pinto, fue un símbolo más que evidente de que se pretendía identificar -a través de la historia- la gloria de un prócer con la gloria de un político en pleno ejercicio del poder. Como para coronar los homenajes, ese año se creó la avenida Libertador, la avenida emblemática de la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa se impuso a pesar de los escrúpulos de algunos historiadores que recordaban que el atributo de Libertador pertenecía a Simón Bolívar. Ninguna de estas objeciones impidió que, a partir de 1950, para los argentinos, el Libertador fuera por definición el general San Martín.

VII

Desde el punto de vista político, la figura de José de San Martín logró la unanimidad. Fascistas, liberales, conservadores, izquierdistas y nacionalistas, entre otros, lo reivindican aunque por razones diferentes y a menudo opuestas. De todas formas, el debate acerca de su gravitación se mantiene hasta la actualidad.

En los últimos años se han escrito libros presentándolo como un agente de los ingleses, un hijo natural de Diego de Alvear, un mestizo defensor de los pueblos originarios o un jefe militar que anticipaba al Che Guevara.

Imposible impedir las escrituras más diversas y en algunos casos más disparatadas. Napoleón Bonaparte, George Washington, Giuseppe Garibaldi, o el propio Bolívar, corrieron riesgos parecidos.

Los mitos, como podrá apreciarse, siguen realizando su labor tenaz e invisible, por lo que la historia, además de librar su ya clásica lucha contra las mitologías, deberá abrir un frente de combate contra las banalizaciones, el sensacionalismo y las manipulaciones groseras.

Estas últimas son promovidas por quienes más que buscar la verdad o defender posiciones ideológicas controvertidas pero respetables, solo desean vender libros de pésima factura intelectual a una masa crédula y consumista.

La visita del ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, a la Comisión de Educación de Diputados -este miércoles 12- volvió a poner en primer plano una deuda histórica: contar con una Ley Provincial de Educación. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones del país que no cuenta con una ley de educación provincial propia, ya que el marco general vigente data históricamente de 1949.

Los temas vinculados a educación volvieron a la agenda política santafesina. Mientras Diputados convocó al ministro y a las secretarias de la cartera para que presenten un informe con datos sobre las políticas que lleva adelante la gestión, en el Senado todavía permanece pendiente el tratamiento del proyecto que crea la Comisión encargada de abrir el debate territorial, el cual ya Diputados le dio media sanción el 4 de junio.

El proyecto que Diputados aprobó propone una comisión con participación legislativa y del Poder Ejecutivo, además de una instancia amplia de consulta a la comunidad educativa. La idea contempla foros, audiencias y encuentros en distintos departamentos para incorporar las voces de docentes, directivos, estudiantes, asistentes escolares, familias, universidades, especialistas, organizaciones gremiales, instituciones de educación superior y sectores productivos.

La expectativa oficial es que ese recorrido permita construir una norma que no solamente reúna antecedentes del sistema educativo santafesino, sino que también establezca una perspectiva de futuro.

Reunión en la Comisión de Educación de Diputados.

La discusión por una nueva ley, además, aparece parcialmente eclipsada por otro de los grandes y polémicos temas que atraviesan a la Legislatura: los cambios al sistema electoral santafesino y la necesidad de definir reglas de juego para un año clave como el 2027. Con los tiempos legislativos que se acortan, en Diputados advierten que la oportunidad para sancionar una Ley de Educación de Santa Fe no debería diluirse.

En ocasión de la reunión de Goity con la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside Gisel Mammud, la legisladora señaló -a los medios presentes- que “todos los legisladores de la Cámara de Diputados y también el propio ministro y su equipo ratificamos la necesidad de que sea esta la Legislatura que sancione la ley de educación de la provincia de Santa Fe por primera vez en la historia”.

La diputada remarcó que ahora el paso clave es que el Senado trate el proyecto que crea la comisión que permitirá comenzar formalmente con la etapa de escucha y participación. “Es realmente muy importante que tengamos una coincidencia entre los diputados de la comisión y el Ministerio en la necesidad de que esta sea la Legislatura que sancione la ley de educación”, sostuvo.

Y puso el foco en los tiempos: "Todos ratificamos la importancia de que el Senado próximamente y lo antes posible le dé tratamiento al proyecto que crea la comisión para comenzar con el proceso de escucha, de participación y de debate para elaborar la ley de educación provincial".

Goity también planteó, en declaraciones periodísticas, que la discusión no debería limitarse a ordenar o reunir en una norma las políticas que ya existen. Para el ministro, la futura ley debe funcionar como una hoja de ruta para el sistema educativo santafesino.

“Después de la reforma constitucional, que ha sido muy importante, que ha sido un hecho histórico para la provincia de Santa Fe, nos debemos una ley de educación”, afirmó.

Y agregó una definición política sobre la responsabilidad que recae sobre la actual composición legislativa: "Yo considero que es esta Legislatura, cuando digo esta Legislatura, no digo la Legislatura como institución, sino estos legisladores, los que tienen la gran oportunidad, pero también la responsabilidad de sancionar una ley de educación”.

El funcionario recordó que el actual período legislativo se extiende hasta 2027, pero dejó planteada la necesidad de aprovechar el tiempo disponible para evitar que el debate vuelva a quedar postergado. Para Goity, el contenido de la norma debería escapar a una mirada conservadora del sistema educativo. "Tiene que ser la ley del futuro", resumió. “Tenemos que legislar para el futuro y tenemos que legislar para la Santa Fe que queremos y que tenemos la obligación y la responsabilidad de construir”, afirmó.

"Tenemos que hacer mucho estudio de legislación comparada. No solamente mirarnos el ombligo, sino ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, hacia dónde van los sistemas educativos, hacia dónde apuntan las mejores y más modernas legislaciones", sostuvo. Y dejó una advertencia que cobra especial relevancia frente al calendario político: "Aprovechar esta oportunidad que no se va a dar mucho tiempo para hacer la mejor ley posible".

Entre las prioridades mencionó los aprendizajes y la calidad educativa, en línea con los resultados de las evaluaciones Aprender y el Plan de Alfabetización que lleva adelante la provincia.

Ya en el recinto, no se habló específicamente de la futura ley, sino que tanto el ministro Goity como las secretarias presentes (María Martín, Carolina Piedrabuena y Daiana Gallo Ambrosis) informaron a los diputados sobre números: el Plan Raíz, infraestructura educativa, repitencia y trabajo de los equipos socioeducativos. Un par de diputados consultaron sobre escuelas técnicas y baja de natalidad.

El desafío es que la Ley de Educación no quede relegada frente a otras discusiones institucionales que hoy concentran buena parte de la atención de la Legislatura, especialmente el debate por la reforma de la ley electoral.

La proximidad de un nuevo año electoral también modifica los tiempos políticos. La primera Ley de Educación de Santa Fe requiere un debate amplio, con participación de la comunidad educativa y territorial, pero al mismo tiempo necesita atravesar las distintas etapas legislativas antes de que la agenda electoral gane definitivamente el centro de la escena.

Por Daniel Franzoy (*)

En los últimos días volvió a instalarse el debate sobre las fuertes subas que enfrentan industrias y comercios santafesinos en sus facturas de electricidad. Desde el gobierno provincial se informó que algunos conceptos incorporados por la Resolución Nº 976/2023 registraron incrementos cercanos al 500% entre las facturas de abril y mayo, generando preocupación en el sector productivo.

La magnitud de esos aumentos merece ser atendida. Sin embargo, si queremos comprender qué está ocurriendo, es necesario ir un paso más allá de una resolución específica. El verdadero cambio es que el mercado eléctrico argentino comenzó una transición hacia un esquema donde los grandes usuarios afrontan cada vez más el costo real de abastecerse de energía.

Ese cambio no responde a una única norma. La Resolución Nº 976/2023 incorporó mecanismos para trasladar determinados costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a los Grandes Usuarios de Distribución (los GUDI), mientras que la Resolución Nº 400/2025 profundizó el proceso de normalización del mercado eléctrico, promoviendo una mayor contratación a término entre generadores y grandes consumidores.

En conjunto, ambas resoluciones forman parte de un mismo proceso: pasar de un mercado con precios ampliamente estabilizados a otro donde las señales económicas tienen un mayor peso en la determinación del costo de la energía. Durante muchos años, buena parte de los costos de generación permanecieron amortiguados mediante subsidios y distintos mecanismos regulatorios.

Como consecuencia, la mayoría de las empresas gestionaban la energía poniendo el foco casi exclusivamente en reducir el consumo. Hoy ese escenario comenzó a cambiar. La factura eléctrica ya no depende únicamente de cuántos kilovatios por hora consume una empresa. También refleja, en mayor medida, cuánto cuesta producir esa energía en el MEM, costo que puede variar significativamente.

Durante el segundo trimestre de 2026, el precio spot de la energía mostró una marcada tendencia alcista. Luego de ubicarse en torno a los 64,6 USD/MWh en marzo y 72,8 USD/MWh en abril, aumentó hasta aproximadamente 139,8 USD/MWh en mayo y alcanzó los 183,1 USD/MWh en junio. Este comportamiento estuvo influenciado por el incremento del costo de los combustibles para generar electricidad:

- El gas natural experimentó una suba en su precio internacional. Además, durante los meses fríos, el gas local se vuelve prioridad para la calefacción de los hogares. Por lo que es necesario abastecerse de gas natural licuado (GNL) importado para cubrir la producción de electricidad que cuesta entre cinco y seis veces más que el gas local.

- Los combustibles alternativos (derivados del petróleo) también sufrieron un aumento en su precio internacional. El barril de petróleo pasó de 70 USD/barril en febrero (pre conflicto Estados Unidos-Irán) a 117 USD/barril en abril.

En este escenario, los conceptos incorporados en las facturas de los Grandes Usuarios no deberían interpretarse como aumentos aislados o arbitrarios. En gran medida, representan el traslado de costos que hoy reflejan con mayor fidelidad el funcionamiento del MEM.

En otras palabras, la discusión no pasa únicamente por una resolución, sino por un mercado que comenzó a trasladar de manera más directa el costo real de la energía. La discusión, entonces, no debería limitarse a cuánto aumentó una factura durante un determinado mes.

La verdadera pregunta es cómo pueden prepararse las empresas para operar en un mercado donde el costo de la energía será cada vez más variable. Frente a este escenario, la gestión energética adquiere un papel estratégico.

Comprender la composición de la factura, analizar los distintos cargos regulatorios, revisar la potencia contratada, optimizar la demanda, evaluar alternativas de abastecimiento, estudiar la conveniencia de operar como agente del MEM cuando corresponda e impulsar proyectos de eficiencia energética dejan de ser acciones orientadas únicamente a reducir el consumo.

Pasan a formar parte de una estrategia para administrar el riesgo asociado al costo de la energía. En otras palabras, la energía dejó de ser simplemente un gasto operativo para convertirse en una variable estratégica que puede afectar directamente la competitividad de una empresa.

Aquellas empresas que continúen administrando la energía con los mismos criterios de un sistema que ya no existe, en un contexto regulatorio y económico completamente diferentes, probablemente se encuentren cada vez más expuestas a aumentos que no logren anticipar ni explicar.

En cambio, las organizaciones que comprendan cómo funciona el nuevo mercado eléctrico, incorporen información para la toma de decisiones y gestionen activamente su estrategia energética estarán en mejores condiciones para proteger su competitividad.

(*) El autor es consultor en Estrategia y Eficiencia Energética Industrial.

¿Qué es el MEM?

En Argentina, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es el ámbito institucional donde los generadores, transportistas y distribuidores de energía comercializan bloques de electricidad. Su operación técnica y comercial es administrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (o Cammesa), bajo un proceso de normalización hacia esquemas de competencia por oferta y demanda.

Ileana Brutten Kinderknecht

A veces las mejores historias nacen de una promesa. Y esta comenzó frente a un bastidor en blanco, con una ilusión tan grande como el sueño de que algún día ese cuadro llegue a las manos de Lionel Messi. Mi nombre es Ileana, trabajo como asesora inmobiliaria y nunca estudié Bellas Artes ni realicé cursos de pintura.

De hecho, en los últimos seis años apenas había terminado cuatro obras. Sin embargo, decidí enfrentarme al desafío más importante de mi vida artística: pintar por primera vez un retrato sobre bastidor, y que el protagonista fuera el capitán de la selección argentina. Todo comenzó durante el Mundial de Fútbol 2026. Como millones de argentinos, viví cada partido con el corazón en la mano.

Antes del encuentro entre Argentina e Inglaterra me hice una promesa: si la selección ganaba, iba a terminar este retrato de Lionel Messi antes de la final. Comencé a trabajar el 13 de julio y terminé la obra el 19, apenas unos minutos antes de que comenzara la final.

Fueron seis días intensos, de muchas horas frente al bastidor, casi sin despegarme de él. Cada día sentía que no solo estaba pintando un cuadro, sino también intentando plasmar todo lo que nos hizo sentir este Mundial.

En esta obra quise reflejar mucho más que el rostro de Messi. Quise pintar la emoción de volver a ilusionarnos, la entrega de una Selección que dejó todo en cada partido y el orgullo inmenso de sentirnos representados por un capitán que, una vez más, hizo historia.

También está presente todo lo que significó el partido frente a Inglaterra, la intensidad con la que lo vivimos y esa mezcla de nervios, esperanza y felicidad que solo el fútbol puede despertar. Cada pincelada lleva un pedacito de esas emociones.

Para muchos será simplemente un retrato; para mí es el recuerdo de un Mundial inolvidable, una promesa cumplida y la prueba de que, cuando uno se compromete con un sueño, puede llegar mucho más lejos de lo que imagina.

Este cuadro también marcó un antes y un después en mi vida. Me hizo reencontrarme con la pintura y decidir que quiero seguir este camino. Hoy continúo explorando nuevas técnicas, compartiendo mis trabajos en redes sociales y realizando obras personalizadas por encargo.

Pero todavía me queda un sueño por cumplir. Quiero regalarle este cuadro a Lionel Messi. No busco venderlo ni que quede colgado en una pared cualquiera. Lo pinté pensando en él, como una forma de agradecerle tantas alegrías, tantas emociones y tantos momentos que nos hicieron sentir orgullosos de ser argentinos.

Ojalá esta historia llegue hasta sus ojos. Porque si un sueño puede empezar con una promesa, quizás también pueda terminar con un abrazo.

Para contactar a la autora: @ile.1999.art (Instagram).

Por Miguel Ángel Vidaurreta (*)

Se puede afirmar que las recientes reformas impositivas incluidas en la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral incentivan nuevas inversiones en el segmento de pequeñas y medianas empresas en general y, en particular, en el sector agropecuario.

En dicha ley, el Título XXIII establece el Régimen de Inversión para Medianas Inversiones (RIMI), que fue reglamentado por el Decreto 242/2026. Posteriormente, la Resolución Conjunta 5849/2026 de ARCA (ex AFIP) y las resoluciones dictadas por las secretarías de Agricultura y Energía completaron el plexo normativo aplicable en la materia.

Cabe destacar que, si bien la norma legal exige determinados montos mínimos de inversión para acceder a los beneficios del régimen, esos requisitos no rigen para determinados bienes considerados estratégicos para el sector agroindustrial.

La inversión en estos bienes -sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes- conlleva una doble ventaja: no requiere un importe mínimo determinado y, además, dichos bienes podrán amortizarse en un solo ejercicio fiscal.

También debe destacarse que la ley dispone una nueva forma de valuación para la hacienda de invernada, solucionando una antigua inequidad en el impuesto a las ganancias para este tipo de establecimientos.

Asimismo, resulta relevante la reducción de la tasa del IVA al 50% para la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas y/o equipos de riego destinados al sector agroindustrial, lo que implicará un ahorro significativo para quienes utilizan estos sistemas de manera intensiva.

En primer lugar, debe destacarse la norma aplicable para la hacienda de pedigrí o pura por cruza. Los reproductores machos y hembras registrados en asociaciones de criadores orientadas al mejoramiento genético superior podrán acceder al beneficio de amortización acelerada en un año. Es decir, la deducción podrá computarse en su totalidad en el mismo ejercicio fiscal de la compra.

Sin embargo, el cambio más relevante es el introducido por el artículo 193 de la Ley 27.802, que corrige una asimetría histórica en el impuesto a las ganancias.

Hasta ahora, los establecimientos de invernada y feedlot debían valuar sus existencias -novillos y vaquillonas- a precio de plaza (mercado) menos gastos de venta. Esto implicaba tributar por una denominada “ganancia por tenencia” o renta potencial sobre animales que aún no habían sido comercializados.

La nueva ley equipara el tratamiento de la invernada con el de los establecimientos de cría y habilita a valuar las existencias anuales al costo estimado por revaluación anual.

Para calcular la valuación de vaquillonas y novillos, los contribuyentes podrán utilizar los índices de relación incluidos en las tablas anexas a la Ley 23.079: para todas las vaquillonas, el correspondiente a la categoría de uno a dos años; y para todos los novillos, el de novillo de uno a dos años, según la categoría de que se trate.

Esta modificación tendrá efectos para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2026. Su impacto económico estará dado por una menor valuación al cierre de las existencias, lo que permitirá diferir el resultado hasta el ejercicio en que se produzca la venta de los animales, liberando así un flujo de caja clave durante la etapa de engorde.

Las propuestas impulsadas por entidades como los Colegios de Graduados en Ciencias Económicas adheridos a F.A.G.C.E., cooperativas, cámaras y fundaciones del sector apuntan a incorporar nuevas herramientas.

Entre ellas se plantea:

a) Incorporar la maquinaria usada al esquema de beneficios del RIMI.Por definición legal, el régimen promueve la adquisición de bienes de capital nuevos. Frente a esto, el sector pyme reclama que la maquinaria usada de origen nacional pueda acceder a la amortización acelerada, con el objetivo de dinamizar los mercados regionales de reposición.

Si bien el Gobierno flexibilizó la importación de líneas de producción y maquinaria usada pesada mediante el Decreto 483/2026, esta medida se desarrolla por una vía aduanera independiente bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, sin vinculación directa con los beneficios impositivos del RIMI.

b) Permitir la amortización acelerada de reproductores de hacienda general.

c) Establecer una mayor deducción en el impuesto a las ganancias para la reposición de nutrientes y la conservación del suelo, premiando a quienes incorporen prácticas orientadas a la sustentabilidad productiva.

Por otra parte, podrían incorporarse nuevos bienes a los actualmente incluidos mediante actualizaciones de los listados vigentes por parte de las Secretarías de Agricultura y Energía.

Además, la Resolución General 5849 establece que aquellas inversiones productivas que no puedan ser encuadradas dentro de los listados existentes deberán contar con un informe elaborado por un profesional idóneo. Estas inversiones podrán ser evaluadas por las secretarías correspondientes según el tipo de actividad involucrada.

No obstante, la incorporación de nuevas actividades económicas o la modificación de aspectos centrales de la normativa -como extender los beneficios a bienes usados o crear categorías vinculadas al cuidado del suelo- requeriría una reforma legislativa aprobada por el Congreso.

Finalmente, se destaca el reciente anuncio del ministro de Economía referido a la ampliación en $50.000 millones del cupo de reintegros impositivos del IVA para inversiones encuadradas en el RIMI.

La medida apunta a resolver uno de los principales reclamos planteados por contadores y asesores del sector: garantizar la devolución efectiva del crédito fiscal de IVA para las pymes dentro del plazo de tres meses establecido por la Ley 27.802.

(*) Es Contador Público Nacional (UNR), Consultor de Empresas y miembro de la Mesa Directiva de la Federación  Argentina  de Graduados en Ciencias Económicas ( FAGCE)

Juan José Sagardía

Hacía tiempo que quería escribir sobre este tema. La historia nos cuenta que la independencia declarada el 9 de julio de 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán fue el resultado de un Congreso, al que no asistieron las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, como tampoco los representantes de la Banda Oriental del Uruguay.

La historia también nos dice que antes, en 1815, en la entrerriana localidad de Concepción del Uruguay, se habían reunido las provincias faltantes de 1816 y declararon la Libertad de los Pueblos Libres de España y de Buenos Aires, encuentro organizado por el máximo referente de los orientales, o uruguayos, el caudillo don José Gervasio de Artigas.

Lógicamente, Buenos Aires allí no participó. Pero luego, para no perder su hegemonía "unitaria", organizó el Congreso de 1816, en el que se declaró la anhelada independencia. Una independencia que, al menos hasta dónde llega mi conocimiento, nunca fue confirmada por ley alguna, hasta que lo hizo el gobierno militar de facto de 1976.

En la época de la guerra independentista, las autoridades porteñas apoyaron a los portugueses para que invadieran Uruguay. Evidentemente el encono entre los dos puertos de Buenos Aires y Montevideo era mayúsculo y allí se fraguaba la verdadera diferencia.

Hacia 1820, Buenos Aires ganó la pulseada: Artigas fue derrotado y debió refugiarse en Paraguay. Ese triunfo, por mal que nos pese, es uno de los episodios trascendentes en la creación de la futura República Argentina y elemento vital en la posterior conformación de la estructura del unitarismo.

Por todo lo comentado propongo una "Nueva Independencia" de la Argentina. Una que surja con otro punto de partida, que sea fruto del repaso de nuestra historia y nuestro pasado (no revisión, que es algo distinto, sobre todo cuando es mal entendida y peor emprendida), para corregirnos y para enmendarnos, como ejemplo de aspiración republicana legítima, superación cívica y construcción federal genuina.

1) Es hora de concretar un Congreso Nacional Argentino con la asistencia obligada de los representantes de los veinticuatro Estados provinciales que conforman nuestra Nación. La Constitución Nacional de 1853, proclamada con ausencia de Buenos Aires, denominó a nuestra patria Confederación Argentina y designó como primera "Capital Federal" a Paraná.

Lógicamente, después de varias vicisitudes, la provincia de Buenos Aires buscó introducir cambios en la Carta Magna de 1853 y en 1860 se lleva a cabo una reforma no muy publicitada. Buenos Aires pone condiciones, se anula el nombre de Confederación y se lo reemplaza por el de República Argentina.

2) Hay que eliminar todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que abonan los sectores de la producción y el trabajo. De esta forma, todo lo producido debería tener una rebaja mínima en sus costos, entre un 40 y un 60 por ciento.

Reemplazar dichos gravámenes impositivos por un solo impuesto, reconocido como "diezmo". Por cada venta y compra, cada ciudadano abonará entre el cinco y diez por ciento.

3) De esta forma todos los ciudadanos estaremos trabajando en "blanco", ya que seremos parte del aporte que hagan a los distintos Estados municipales y provinciales, así como la Nación. Esto será potable a partir del siguiente destino discriminado: 20 por ciento al municipio, 40 a la provincia, 30 al Estado nacional y 10 al BCRA, para pagar la deuda externa. Así, creo, seremos una Confederación.

4) Los salarios no podrán ser menores de 4 a 6 millones de pesos si así lo indica el deterioro del poder adquisitivo, que en algún momento tendría que mejorar si se apuesta a la producción. Hay que llevar a un óptimo nivel de funcionamiento y aprovechamiento lo producido en el campo, las industrias, las pymes y los comercios.

Los sueldos, al eliminarse impuestos regresivos, se podrán considerar positivos, mejorándose el poder adquisitivo también por esta vía (algo que en la actualidad no ocurre).

5) Eliminar dos ceros a los actuales billetes nacionales.

6) Libre circulación del dólar, con valor liberado.

7) Control exhaustivo de todo aquello que haya sido perjudicial en términos de administración de Justicia en Argentina. Superar cualquier exceso de poder de los tres poderes vigentes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que haya sido parte o siga siendo parte de la mediocridad en la que está sumergida la Argentina.

8) Prever el traslado de la Capital Federal. Dentro de la Línea Buenos Aires, Rosario, Córdoba, se encuentra la ciudad cordobesa de Villa María, centro del país. Quizás sea una posible candidata.

Lo que propongo a muchos les parecerá "inviable" o ilusorio, pero la realidad indica que en los últimos cuarenta años pasamos de ser un país productivo, a ser un país financiero e importador.

Las estadísticas pueden cerrar bien por el lado de algunos números y cifras, pero no hablan de la disminución de la producción industrial, del cierre de comercios y pymes, del desempleo y el trabajo "en negro", mucho menos de la corrupción.

Es cada vez más notorio el endeudamiento en el que termina el ciudadano "de a pie" y también lo es la lentitud de la Justicia. Todo es palpable, mientras la politiquería diaria tiene una única idea fija: las elecciones de 2027.

El argentino promedio, la gente, el pueblo trabajador, se ven afectados en su desarrollo laboral y encima sin referentes creíbles, mirando con desgano y hasta con cansancio los informativos, mientras que el delito, los acuerdos "bajo cuerda" y las corruptelas extrajudiciales siguen a la orden del día, poniéndose de moda las "valijas" que ya no portan ropa, sino miles y cientos de miles de dólares.

Debemos revertir semejante realidad. Por eso creo que es factible organizar la "Nueva Independencia" de la que hablo. Los ciudadanos debemos elevar nuestra voz. Y si es necesario invocar una vez más la ayuda del Señor (ya le hemos pedimos tanto a Dios, que hacerlo una vez más no creo que lo ofenda). Como digo siempre: Me duele la Patria. ¡Viva la patria!

Consumo planchado

Voy a detallar una serie de quince datos estadísticos y referenciales tomados algunos de El Litoral y otros de medios de CABA, que tienen que ver directa o indirectamente con la actual situación económica y social de Argentina, en la que estamos inmersos los ciudadanos "de a pie":

1) Unas 1.300 familias viven en zonas vulnerables al agua en la ciudad de Santa Fe. 2) Cuatro de cada diez personas están endeudadas (una de cada tres no pueden pagar). 3) Los precios mayoristas aumentaron 1%. 4) La industria santafesina retrocedió en mayo de 2026 (siete de cada diez produjeron menos). 5) En abril de este año se perdieron 12.000 empleos privados.

6) La inflación de junio pasado marcó seis meses de desaceleración. 7) Las exportaciones agroindustriales crecieron más en volumen que en precio. 8) El crédito no tracciona el consumo y la inversión. 9) El patentamiento de autos en julio cayó el 31,5% interanual. 10) Monotributistas aumentó el 7% en el contexto económico del gobierno actual por pérdida de trabajo registrado.

11) Bajan impuestos a las importaciones. 12) Dieciocho distritos provinciales recaudan menos que en 2023. 13) No bajaron las naftas; 14) Nueva campaña de Donación de Invierno por Pobreza. 15) La industria frenó la recuperación del primer semestre con una leve caída.

Todas estas anotaciones parciales dan por resultado que a en la Argentina "plancharon" el consumo. Demás está hacer críticas: nuestro gobierno adoptó , decididamente el camino de la Política Económica Financiera, en oposición a la Política Económica Productiva. Es lo que hay, es lo que vivimos.

Seguimos hablando de ella. Tal vez la pasión no sea la de antes, pero hoy hasta quienes fueron sus adversarios políticos -en realidad, los herederos de ese encono- la reconocen como una protagonista de la historia. Desde la farándula y desde la política, desde el cine al teatro, desde la música a la literatura, todos se han ocupado de ella.

Aún hoy, el llamado peronismo de izquierda insiste en la lectura de una Evita rebelde y revolucionaria, algo así como una socialista intuitiva, una suerte de Rosa de Luxemburgo, iletrada, católica y antidivorcista. La diversidad de interpretaciones confirma la rigurosa actualidad de una mujer que a más de setenta años de su muerte continúa vigente en el imaginario popular.

En los miserables ranchitos de las orillas, en los arrabales amargos de las grandes ciudades, la estampita que los olvidados siguen reverenciando con religiosa monotonía es la que dibuja el óvalo perfecto de su rostro, sus ojos oscuros y la sonrisa dulce.

Para los pobres sin ilusiones y esperanzas, para aquellos que solo conocen privaciones, desgracias y miserias, sigue palpitando en el pasado con empecinado vigor un tiempo identificado con una mujer con la que se sintieron felices como jamás lo habían sido y a la que lloraron hasta secar los ojos el día de su muerte.

Debemos admitirlo de una vez por todas. Evita constituye uno de los imaginarios populares más formidables que hemos sido capaces de crear los argentinos en el siglo XX. Más allá del mito, todo es opinable. Evita pudo haber sido una mujer extraordinaria, pero su actividad política no está exenta de los inevitables juicios críticos.

El tiempo enfría pasiones y supera odios. Historiadores y ensayistas tienen el derecho de juzgar su actuación pública con prudente objetividad. Ni hada ni demonio. Fue una mujer que creyó en ciertos valores y supo ejercer el poder. Sin embargo, hay algo en ella que sorprende, conmueve y seduce.

El paso de Evita en la vida pública fue breve y fugaz como un relámpago o un sueño. Cuando murió apenas tenía treinta y tres años. Joven y hermosa, ganó el corazón de los pobres con sus arrebatos generosos, el encanto de su sonrisa, los cabellos rubios, las joyas ostentosas y los tapados caros. Todo junto. Y así la aceptaron las multitudes que la amaron.

Quienes la conocieron la recuerdan en el balcón, la voz algo histérica, desafinada al principio, luego enronquecida, rencorosa, las frases cortas golpeando implacables en el aire, el movimiento nervioso de las manos... y abajo, en la plaza, la multitud fascinada. Hasta sus amigos aceptan que sus furias eran terribles.

Le gustaba que la adularan y no perdonaba la disidencia y mucho menos la traición. Era fanática, sectaria y despótica. Sus defectos eran tan visibles como sus encantos, pero para el pobrerío no había tiempo, ganas, ni lugar para disquisiciones semejantes.

La amaron sin beneficio de inventario, admiraron su coraje, su gracia, el sonido fresco de su risa, sus iras antológicas; y se sintieron seducidos por su extraña belleza que se fue haciendo cada vez más transparente hasta casi desvanecerse en el aire.

Es verdad, odiaba con fuerza, era la mujer del látigo, sus iras intimidaban, pero, y esto se lo admiten sus críticos, a diferencia de Juan Domingo Perón, era capaz de querer.

Ni la crítica ni la objetividad pueden mantenerse indiferentes ante el espectáculo de las multitudes que aquel 26 de julio de 1952 desfilaron bajo la lluvia y la bruma... y así lo siguieron haciendo durante trece días alucinados. Es verdad que mientras esto ocurría en otras partes de la ciudad y de la Argentina se celebraba su muerte.

No me alegra decirlo, pero debo admitir que aquellas manifestaciones de dolor y congoja fueron más humanas y nobles que las muecas de alegría que se dibujaban en el rostro de los que la odiaban.

Conste que no pertenezco al universo político y afectivo de Evita. Sin ánimo de exagerar, diría que todo me distancia de ella. No comparto ni sus ideas, ni su manera de relacionarse con los pobres, ni sus arrebatos de fanatismo, ni el lugar que le asignaba a la mujer, ni su visión de la democracia, ni -sobre todo- su concepción del poder.

Pertenezco por decisión propia al universo que ella rechazaba y en algún punto odiaba. Desde el punto de vista racional, las imágenes que la legión de sus seguidores aprueban no me dicen nada y, en más de un caso, las rechazo.

Debo admitir, sin embargo, que empobrecería mi visión de las cosas si ignorara esa personalidad increíble o si desconociera la consistencia del vínculo que fue capaz de elaborar con las clases populares. Sería necio, y algo más que necio, decir que todo fue producto de la manipulación y el engaño.

Nos guste o no, fue única. Muchas mujeres intentaron imitarla, pero el fracaso fue tan estrepitoso que en algunos casos llegó a confundirse con el ridículo y, en otros, con el grotesco. Es que más allá de todo, Evita pudo darse el lujo exclusivo de ser adorada por multitudes que identificaban su imagen con confusos sentimientos de justicia y redención.

No es casualidad que sean preferentemente los pobres los destinatarios de un romance que se reconstruye diariamente.

Son los despojados, los que no saben o no tienen qué creer quienes vuelven la mirada vacilante al pasado para idealizar un tiempo de felicidad con escuelas, hospitales, casas, colonias de vacaciones, campeonatos de fútbol, máquinas de coser y juguetes entregados por una mujer que se parecía a una princesa, pero que hablaba y sentía como ellos.

Evita lucía joyas preciosas y tapados de piel, pero a ellos los escuchaba y los amparaba. Vivía rodeada de gente importante, pero era capaz de pasarse horas conversando con cada uno de ellos; que no entendía de economía y de finanzas, pero a ellos los entendía como nadie nunca los había entendido.

"Fue una trepadora social, una alucinada por el poder, una manipuladora de sentimientos", le decía, de esto hace una ponchada de años, a un viejo militante peronista que ya no está, pero con el que fuimos amigos a pesar de todas las diferencias. "Lo que decís no me consta, pero si fuera cierto... yo a Evita se lo perdono", me respondió aquella noche ese viejo peronista.

El hombre que así hablaba, la vio a Evita una sola vez en su vida. Fue cuando visitó Santa Fe en julio de 1946. De esa tarde soleada recordaba la multitud en la tribuna de Colón y en la cancha, en el centro de la cancha, Evita... el vestido a lunares, los zapatos blancos y el pañuelo celeste en el cuello apenas agitado por el viento.

Ese hombre curtido por los años, pobre, digno, generoso, rebelde, quería a Evita con un amor ciego, incondicional, absoluto. Había conocido cárceles, plenarios clandestinos, caños estallando en madrugadas subversivas, jornadas de luchas agitadas con panfletos, miguelitos contra carneros, tizones caseros decididos a pintar paredes con consignas peronistas.

Despreciaba a los burócratas y alcahuetes del peronismo, y en los últimos años ni el propio Perón lo conformaba del todo, aunque esa era una crítica que solo él se permitía hacer, porque cuando yo insinuaba alguna crítica al General, también lo defendía a cara de perro.

Mi amigo era un laburante honrado y valiente, que había sufrido mucho y que en los últimos años había perdido todas las esperanzas; sin embargo, cuando le hablaban de Evita, su rostro se iluminaba, y cuando la criticaban, como yo acostumbraba hacerlo, se le oscurecía.

"A Evita se lo perdono...", me dijo esa noche apoyando con fuerza el puño cerrado en la mesa de madera con botellas, vasos y ceniceros, mientras miraba la pared descascarada y húmeda de aquella vieja pensión de estudiantes, en donde justamente en el centro colgaba un póster.

Allí estaba ella. Ni de trajecito sastre, ni de reina, ni de señora pacata. Esa Evita se parecía mucho a la mujer que mi amigo amaba: los cabellos rubios sueltos, la camisa abierta, la mirada desafiante, la sonrisa atrevida y fresca... eterna y frágil... adorable y peligrosa…

(*) Por Dr. Carlos Alberto Díaz 

Hay momentos en la vida de las instituciones en que el diagnóstico ya no alcanza. Se puede seguir describiendo el deterioro con la precisión de un informe técnico, se pueden alinear cifras, comparar sistemas, citar la literatura, y aun así quedarse corto frente a lo que realmente está pasando: esta no es una crisis más del sistema de salud argentino. Es el cierre de una época. La época del aseguramiento social solidario, la del «todos cubiertos, todos iguales», se está terminando ante nuestros ojos, en silencio, sin que nadie la haya decretado, sin que nadie se haga cargo.

Quienes trabajamos en el interior del sistema —en la gestión, en la clínica, en la provisión, en la prestación, en la auditoría, en las redes, en la docencia— lo sentimos en el cuerpo antes que en los números. Se vacía en una letanía dolorosa y generadora de muertes evitables. No de un día para el otro, sino con la lentitud de lo que se drena por una fisura que nadie quiere ver. Y como en todo fin de época, hay ganadores y hay perdedores. Conviene decirlo sin eufemismos, empezando por quienes más tienen que perder: los pacientes. Tengo la sensación de la parábola de la rana hervida. No podremos salvarnos.

La verdad incómoda que este editorial no va a esquivar es la siguiente: hoy, en la Argentina, tener un prepago —o una obra social de las que todavía funcionan como tales— es tener acceso a un buen servicio de salud. No tenerlo es entrar en una fila. Esa fila tiene nombre: lista de espera visible y oculta. Y esa lista de espera tiene consecuencias clínicas concretas, no administrativas: más infartos que llegan tarde al balón, más accidentes cerebrovasculares sin ventana terapéutica, más insuficiencias renales que debieron prevenirse, más cirugías que se posponen hasta que el paciente empeora.

El sistema no lo va a anunciar en un comunicado. Simplemente va a ocurrir, prestación por prestación, turno por turno. Y la respuesta institucional frente a eso, hay que decirlo también, va a ser la de siempre: nada. Ninguna épica, ninguna reforma de fondo, solo la administración silenciosa de la escasez.

La pregunta que el sistema evita: Si el acceso a un buen resultado clínico depende cada vez más de la cobertura que uno puede pagarse, ¿en qué sentido seguimos llamando «sistema de salud» a lo que en los hechos ya funciona como un mercado segmentado por capacidad de pago?

El presupuesto público, mientras tanto, no es un colchón infinito: depende de la recaudación fiscal, que cae en la misma proporción en que cae la actividad económica.

El círculo se cierra sobre sí mismo: menos empleo formal, menos aportes, menos recaudación fiscal, menos presupuesto público, más gasto de bolsillo, más pacientes sin cobertura efectiva. Cada eslabón empuja al siguiente hacia abajo.

Hay un capítulo dentro de esta ecuación que merece mención aparte, porque agrava por sí solo el desfinanciamiento de las obras sociales: la incorporación obligatoria de los monotributistas al sistema.

El aporte que un monotributista destina a su cobertura de salud ronda hoy los 19.750 pesos, apenas el veintidós por ciento de lo que cuesta financiar el Programa Médico Obligatorio.

La propia Confederación General del Trabajo lo ha planteado en estos términos en su diagnóstico sobre la situación de las obras sociales, señalando que el aporte de los monotributistas es varias veces inferior al costo real del PMO y que, además, quienes ingresan por esta vía suelen presentar una carga de enfermedad igual o mayor a la de los afiliados que aportan por relación de dependencia (CGT, 2026).

El resultado no es un detalle contable: cada monotributista que se suma al padrón sin que su aporte cubra el costo de su propia cobertura empuja hacia abajo la cápita media del conjunto de la obra social, obligándola a financiar esa diferencia con lo que aportan los afiliados formales.

Es, en los hechos, otra forma en que la solidaridad del sistema se transforma en subsidio cruzado no reconocido, silencioso y creciente.

El PAMI no es una anomalía aislada: es el síntoma más visible de un mal estructural, porque concentra en un solo organismo todas las tensiones del resto del sistema.

Déficit crónico, dificultad creciente para sostener prestaciones, una población beneficiaria que envejece y demanda más justo cuando el financiamiento demanda menos.

No hay indicios de que esa tensión se resuelva sola, ni de que exista hoy una decisión política de resolverla de fondo.

A esta ecuación financiera ya insostenible se le suma un factor que la agrava sistemáticamente: el costo de los medicamentos.

Cada vez se usan más fármacos, y los que sustituyen a los anteriores son, sistemáticamente, más costosos.

El estándar internacional de veinte años de protección de patente (ADPIC/TRIPS) ya es, de por sí, un plazo largo frente a la necesidad de acceso; en la práctica argentina, además, el tiempo efectivo de exclusividad se ha extendido en los últimos años en lugar de acortarse (CAEME, 2024), postergando el ingreso de genéricos que aliviarían la presión sobre el gasto.

Y cuando la Argentina intenta correr ese límite, aunque sea un poco, la respuesta de los intereses comerciales globales —con Estados Unidos a la cabeza— no es la negociación: es la presión.

Los criterios de patentabilidad relativamente restrictivos que el país adoptó para limitar extensiones monopólicas abusivas y favorecer el acceso a genéricos están hoy bajo una presión internacional creciente para alinearse con estándares más favorables a las corporaciones multinacionales (Fundación Soberanía Sanitaria, 2026).

El acuerdo comercial reciente entre la Argentina y Estados Unidos exige, entre otras cosas, extender los plazos de exclusividad de datos y habilitar prórrogas adicionales sobre los veinte años estándar de patente, lo que retrasa aún más el acceso a genéricos y sostiene precios altos (Asociación Acceso Justo al Medicamento, 2026; Díaz, 2026b).

Se recupera la posición ganada y se vuelve a presionar. No tenemos, hoy, poder de negociación real frente a esa dinámica.

Y sin ese poder, cada actualización del vademécum es, en los hechos, una transferencia de recursos desde un sistema que ya no tiene margen hacia una industria que no está dispuesta a cederlo.

Conviene ser justos en el diagnóstico: la salud en la Argentina, en términos absolutos, es buena.

El problema no es la ausencia de capacidad técnica ni de recursos humanos formados. El problema es que los resultados que obtenemos son sistemáticamente inferiores a los que el gasto debería producir.

Se gasta más de lo que se obtiene.

Esto no es una particularidad local: la Organización Mundial de la Salud estima, de manera global, que entre el veinte y el cuarenta por ciento del gasto sanitario se desaprovecha por ineficiencia, concentrado en recursos humanos mal asignados, uso irracional de medicamentos y fallas operativas en los servicios (OMS, 2010).

Hay sectores del sistema argentino que se ubican en el extremo superior de ese rango, con más del treinta por ciento de ineficiencia (Díaz, 2025), un número que no es un margen de error contable sino una fuga estructural de recursos que, si se corrigiera, cambiaría por completo la conversación sobre financiamiento.

Es un error de diagnóstico —y un error político— hablar de «la» crisis del sistema de salud argentino, en singular.

No hay una sola crisis: hay varias, simultáneas, que involucran a instituciones distintas y que rara vez se miran en conjunto.

La ANMAT y su capacidad regulatoria.La evaluación de tecnología sanitaria, todavía incipiente frente a la velocidad de la innovación.Los laboratorios, entre la presión de precios y la de patentes.Las sociedades científicas, que deberían fijar estándares y muchas veces llegan tarde.La logística de insumos, con dificultades reales para distribuir recursos y mantener operativos a los efectores en todo el territorio.

Cada una de estas crisis, por separado, sería gestionable.

Juntas, y sin coordinación entre los ministerios y organismos que las administran, son la razón por la que ninguna reforma parcial alcanza.

Los efectores del sistema —hospitales, clínicas, sanatorios— arrastran un endeudamiento que en muchos casos supera las dos décadas.

No es un problema de coyuntura: es estructural, y regularizarlo exigiría una reestructuración profunda de la matriz de costos que el sistema, tal como está financiado hoy, no tiene con qué costear.

Las propias entidades que agrupan a estos efectores —CADIME, ADECRA+CEDIM y CONFECLISA, reunidas en CONAES— vienen advirtiendo desde hace años sobre esta situación, señalando que sus ingresos dependen de aranceles cristalizados y de condiciones financieras que les son impuestas, sin que sean ellas mismas formadoras de precios ni intermediarias económicas (CONAES, 2026).

La solución obvia —que de ahora en más los efectores paguen puntualmente todas sus obligaciones impositivas y no generen deuda nueva hacia adelante— es correcta como principio y casi inaplicable como política, si no se resuelve primero la brecha entre lo que el sistema recauda y lo que el sistema necesita gastar para funcionar sin acumular pasivos.

Si nada de esto se corrige, el destino más probable del sistema no es el colapso súbito, sino algo más lento y en cierto modo más preocupante: una concentración caníbal.

Las obras sociales tal como las conocimos —con historia, identidad, arraigo sectorial— van a desaparecer, absorbidas unas por otras o simplemente vaciadas de afiliados y de sentido, sin que existan estructuras institucionales, empresas o figuras jurídicas preparadas para sustituirlas.

Y cuando eso ocurra, los afiliados de las obras sociales que desaparezcan no van a tener adónde ir, porque no hay planificado ningún mecanismo de reasignación.

La cobertura no se transforma: simplemente deja de estar, para quien no pueda pagarla por otra vía.

La prestación pública puede mejorar. De eso no tengo dudas.

Pero no va a mejorar solo con presupuesto, ni solo con una nueva ley, ni con un decreto que reordene competencias entre la Nación y las provincias.

Lo primero que hay que aceptar —y esta es, quizás, la frase más difícil de todo este editorial— es que se necesita un cambio.

No un ajuste, no una reforma cosmética, no una readecuación de aranceles: un cambio cultural en la forma en que el sistema entiende su propia función.

Mientras sigamos discutiendo el financiamiento sin discutir el modelo de atención, la eficiencia sin discutir la gobernanza, y la cobertura sin discutir qué estamos dispuestos a garantizar como sociedad, vamos a seguir gestionando la agonía de una época en lugar de construir la que viene.

La salud, en la Argentina, se está vaciando de contenidos, de espíritu, de vocación.

No porque falten profesionales dispuestos a ejercerla con vocación —los hay, y son mayoría—, sino porque el sistema que los rodea ya no les ofrece el marco institucional, financiero y regulatorio para que esa vocación se traduzca en resultados.

Ese es, en definitiva, el verdadero fin de época: no el de una obra social o un prestador en particular, sino el de una forma de entender la salud como derecho garantizado que, sin una decisión política y social explícita de sostenerla, se convierte silenciosamente en un privilegio de cartera.

El aviso ya está dado.

Lo que sigue depende de si, como sistema, aceptamos que hace falta cambiar, o si preferimos seguir administrando, prestación por prestación, la desaparición de lo que alguna vez quisimos construir.

(*) Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad ISALUD