Por Ricardo Roccaro

Las declaraciones formuladas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto de su declaración jurada patrimonial y el reconocimiento de haber mantenido durante años parte de sus ahorros fuera de los circuitos formales volvieron a colocar en el centro del debate una cuestión que trasciende largamente a un funcionario y a una administración determinada.

Lo que se encuentra en discusión no es únicamente el origen de un patrimonio ni la consistencia de una declaración jurada, sino una cuestión más profunda: la relación entre las convicciones ideológicas, la ética pública y la calidad institucional.

La controversia adquiere una relevancia especial por la jerarquía del cargo involucrado. El jefe de Gabinete de Ministros no es un funcionario más. La reforma constitucional de 1994 le otorgó, a través del artículo 100 de la Constitución Nacional, la responsabilidad de ejercer la administración general del país.

Se trata de uno de los cargos de mayor importancia del esquema institucional argentino y, por lo tanto, de uno de los principales depositarios de la confianza pública aunque no haya sido elegido por el pueblo.

Precisamente por ello, los estándares de transparencia que recaen sobre quien ocupa esa función son necesariamente más exigentes. En las democracias republicanas, la autoridad política no se sostiene solamente sobre la legitimidad electoral, sino también sobre la capacidad de quienes gobiernan de demostrar, sin ambigüedades, la regularidad y trazabilidad de su patrimonio.

Las explicaciones brindadas por el hasta ahora jefe de Gabinete, acerca del origen de sus bienes y del mantenimiento de ahorros no declarados, generaron una intensa discusión pública. Pero también pusieron bajo la lupa ciertas contradicciones señaladas entre algunas de sus declaraciones periodísticas y las respuestas ofrecidas posteriormente durante su exposición ante la Cámara de Diputados.

Esas diferencias, más allá de las interpretaciones que puedan suscitar, forman parte de aquellos aspectos que la sociedad y los organismos de control observan cuando se trata de evaluar la transparencia de quienes ejercen responsabilidades públicas. Sin embargo, el caso no puede analizarse de manera aislada del contexto político en el que se desarrolla.

Desde su llegada al poder, el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de impulsar una transformación cultural y moral de la política argentina.

La reivindicación de la austeridad, la transparencia y la recuperación de determinados valores republicanos fue presentada por el actual presidente y por sus principales colaboradores como uno de los pilares fundamentales del cambio propuesto.

En numerosas oportunidades, dirigentes del actual oficialismo sostuvieron que la Argentina necesitaba recuperar la moral como política de Estado, argumentando que la decadencia económica y social del país no podía separarse de un prolongado deterioro ético e institucional.

En ese contexto, las controversias vinculadas con las declaraciones patrimoniales de uno de los principales funcionarios del Gobierno inevitablemente adquieren una dimensión superior. Porque cuanto más elevada es la exigencia moral que un espacio político plantea hacia el sistema y hacia sus adversarios, mayor es también la expectativa social respecto del comportamiento de sus propios dirigentes.

La situación adquiere una complejidad adicional cuando se consideran algunas definiciones históricas del propio presidente. Mucho antes de llegar al poder sostenía, desde una visión filosófica vinculada al liberalismo más radical, que quien evade impuestos frente a una presión fiscal considerada confiscatoria podía ser visto como un "héroe".

La frase fue objeto de intensos debates. Sus partidarios la interpretaron como una crítica al tamaño del Estado y a la carga tributaria; sus detractores, en cambio, entendieron que podía transmitir señales ambiguas respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Pero las ideas y las discusiones filosóficas adquieren otra dimensión cuando se pasa del terreno teórico al ejercicio concreto del poder. Gobernar implica administrar recursos públicos y actuar dentro del marco de las normas vigentes. En ese sentido, la responsabilidad institucional exige estándares que trascienden las preferencias ideológicas de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno.

Otro dato significativo es que los pedidos de claridad y transparencia no provinieron exclusivamente de la oposición. Dirigentes pertenecientes al mismo universo político que acompaña al Gobierno, entre ellos, la senadora Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, plantearon la necesidad de despejar cualquier duda y de ofrecer explicaciones exhaustivas.

Lejos de interpretarse necesariamente como una fractura política, esas posiciones pueden ser entendidas como una señal de que la rendición de cuentas debería constituir una exigencia transversal y no una bandera reservada únicamente para las disputas partidarias.

Por supuesto, el debate público tampoco debe transformarse en una condena anticipada. El respeto por las garantías constitucionales y por los procedimientos administrativos y judiciales constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La transparencia no implica sustituir a los organismos competentes ni reemplazar las pruebas por las presunciones.

Pero tampoco puede ignorarse que la confianza pública se construye sobre la coherencia entre las palabras y los hechos. Las contradicciones no necesariamente constituyen irregularidades, pero suelen afectar uno de los activos más valiosos de cualquier gobierno: su credibilidad.

La Argentina arrastra una larga historia de crisis económicas, inflación e informalidad estructural. Durante décadas, millones de ciudadanos desarrollaron mecanismos de supervivencia condicionados por la desconfianza hacia el Estado y por las distorsiones acumuladas del sistema económico.

Esa realidad explica muchas conductas que terminaron naturalizándose con el paso del tiempo. Sin embargo, aquello que puede resultar relativamente frecuente en la esfera privada adquiere una dimensión distinta cuando involucra a quienes tienen la responsabilidad de administrar el Estado.

Porque la función pública exige algo más que capacidad técnica o respaldo electoral. Exige ejemplaridad. Y cuanto mayor es la responsabilidad institucional, mayor es también el deber de rendir cuentas. Las democracias no se debilitan porque existan investigaciones, cuestionamientos o controversias.

Por el contrario, esos mecanismos forman parte de la normalidad republicana. Lo verdaderamente preocupante aparece cuando las exigencias éticas dejan de ser universales y pasan a depender de la identidad política de quien debe ofrecer las explicaciones.

La historia argentina muestra que ninguna fuerza política ha estado exenta de esa tentación. La doble vara, aplicada alternativamente por oficialismos y oposiciones, ha sido una de las causas que más contribuyeron al deterioro de la confianza ciudadana en sus dirigentes.

Las instituciones no se fortalecen cuando se exigen explicaciones a los adversarios. Se fortalecen cuando esas mismas exigencias alcanzan a quienes representan nuestras propias ideas y nuestras propias expectativas.

Al final, la prueba de la coherencia no la enfrenta solamente un funcionario, ni siquiera un gobierno, la enfrenta la sociedad en su conjunto. La decadencia de una república no comienza cuando aparecen las contradicciones; comienza cuando los ciudadanos dejan de exigir que quienes ejercen el poder vivan de acuerdo con los mismos principios que proclaman.

Por lo tanto, las preguntas más importantes que deja este episodio quizás no sean ¿qué hará el gobierno? o ¿qué resolverán los organismos de control? Sino... ¿qué clase de ciudadanía queremos tener?

¿Una sociedad que adapta sus principios a sus preferencias políticas partidarias, o una comunidad dispuesta a defender las mismas reglas y los mismos valores, incluso cuando resultan incómodos para aquellos en quienes eligió confiar?

Por Luis de Mattia

La provincia de Santa Fe, es conocida, llegó a la reciente Reforma de su Constitución (aprobada el 10 de septiembre de 2025), en circunstancias de un contraste muy particular que va desde el sostenimiento de un régimen limitado por la Constitución de 1962 y el mandato del artículo 123 de la Constitución Nacional vigente desde 1994.

Con base en las nuevas cláusulas constitucionales, en los artículos 154/159 y la cláusula transitoria veinticinco (todas de la CP) inspiran al legislador provincial a la sanción de la nueva Ley Orgánica de Municipios aprobada el día 15 de abril de 2026, que transforma a las 365 localidades santafesinas en Municipios.

Así, dichos entes adquieren un nuevo status iuris reafirmatorio de la Autonomía Municipal, la cual constituye un elemento performativo del sistema destinado a operar en el espacio territorial del municipio confiriendo un grado de independencia explícito cuyos contenidos delimitan un bloque normativo que le otorga validez y seguridad jurídica sustentada en la Constitución, las leyes y reglamentos provinciales con soporte en el expreso y jerárquico reconocimiento de la Constitución Federal.

En efecto, las prescripciones del artículo 123 de la Constitución Nacional disponen que cada provincia debe dictar su Constitución con arreglo al artículo 5 (CN), asegurando la Autonomía Municipal y su alcance, y estableciendo ese contenido en el orden que se detalla:

1) Institucional. Que los municipios puedan dictar su Carta Orgánica o Constitutiva a través de una Convención convocada a ese fin.

2) Político. Que las autoridades locales sean electas por los ciudadanos y sustentado en el régimen republicano y democrático de gobierno;

3) Administrativo. Que se consagre la potestad de ejercer la función administrativa mediante la gestión y organización de servicios y de la obra pública, y la titularidad del "poder de policía" municipal, entre otras facultades, en salvaguarda de las competencias materiales dirigidas a la realización de los intereses colectivos.

4) Económico. Que se generen recursos para al gasto público municipal y facultando la proyección de erogaciones a la satisfacción de necesidades públicas.

5) Financiero. Que se vincule con la posibilidad de establecer un sistema rentístico mediante tributos locales destinados a solventar el gasto público municipal.

En el renovado escenario la Constitución local declara Municipio constituido a todo núcleo de población organizado con vida propia y la potestad de autogobernarse de acuerdo al ordenamiento jurídico, reconociendo una centralidad en la base de la organización territorial y democrática, y garantizando a dichos entes la respectiva autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera (artículo 154), y ahora sí, en sintonía con el artículo 123 de la Constitución Nacional.

Así declarados, se estipula que la organización de los municipios y la determinación de los alcances y contenidos de esa autonomía municipal se establecen por el ordenamiento jurídico sobre la base de un gobierno municipal democrático, representativo y republicano (artículo 155, inciso1).

En ese orden se autoriza a los municipios con más de 10.000 habitantes a dictar sus Cartas Orgánicas, y se prescribe que sus gobiernos se conformaran institucionalmente por un intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo, correspondiendo su sanción a una Convención Municipal convocada por ordenanza dictada por el Concejo Municipal, y para su reforma (las CO) se debe legislar un procedimiento, órganos y mayorías agravadas(artículo 155, inciso 2).

Supletoriamente, para los municipios que no posean cartas orgánicas, ellos serán organizados sobre la base de un gobierno local elegido en forma directa por el pueblo y que garantice "el cumplimiento de la función ejecutiva y la función legislativa, elegidos de la misma manera, por el mismo plazo y con representación proporcional y órganos o sistemas de control" (artículo 155, inciso 3).

Finalmente, se dispone por la citada cláusula transitoria 25 la sanción por parte de la Legislatura de una nueva Ley Orgánica de Municipios de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de ese instrumento. Recientemente, la ley número 14436 recibió y amplió operativamente las cláusulas constitucionales del Título Único del Régimen Municipal, Regiones y Áreas Metropolitanas.

En cuanto a unas primeras observaciones e interrogantes, no obstante el artículo 154, inciso 2 (CP) y coincidentemente la ley 14436, ratificando la ausencia en los municipios de hasta 10.000 habitantes de dictar sus cartas orgánicas, lo cual podría cargar alguna lógica, y un debate y decisión circunstancial:

¿No implica ello un recorte al régimen autonómico instaurado por la reforma 2025 en el régimen de los municipios santafesinos? ¿Puede obviarse que tales categorías de municipios totalizan en la provincia unos 300 aproximadamente, o que Santa Fe vivió hasta la reforma una puja sostenida por el ascenso de Comunas a Municipalidades por diversas razones?

En términos de ponderación jurídica y política que conlleva la autonomía municipal y la jerarquización del municipio, puede asegurarse que la cuestión permanecerá pacífica sin descontar el debate que podría suscitar algún desfase en materia de coparticipación tributaria, entre otras?

En cuanto a la organización institucional de los Concejos y las comisiones municipales en Santa Fe, surgen algunas observaciones. Con más atención por ahora que en la institución Intendente, los Concejos y Comisiones Municipales aparecen fortaleciendo con la reforma santafesina la adecuación al artículo 123 de la CN de 1994.

Asimismo, al serle conferido a los municipios con más de 10.000 habitantes la potestad de autonormarse dictando sus cartas orgánicas guardando la estructura institucional conformada por un intendente, un concejo deliberante y órgano de control externo, y darse una organización de la administración pública con deberes, atribuciones y competencias para un adecuado gobierno de los intereses locales (artículos 154/155)

En ese marco, los poderes Legislativo y Ejecutivo dictaron la ley 14436, que regula en el Capítulo I la organización institucional de los municipios las funciones ejecutivas y legislativas, diferenciando entre municipios de hasta 3.000 y de 3.000 a 10.000 habitantes a cargo de un intendente y este de la función ejecutiva, y una Comisión Municipal, encargada de la función legislativa e integrada por tres y cinco miembros, respectivamente.

Luego clasifica los demás municipios conforme a la mayor cantidad de habitantes reales que reúnan e instituye a cargo de intendentes responsables de las funciones ejecutivas y Concejos municipales responsables de las funciones legislativas.

A su vez, establece que dichos Concejos se integrarán de la siguiente manera: con cinco concejales cuando sumen entre 10.000 y 20.000 habitantes; con siete miembros entre 20.000 y 50.000 habitantes; nueve entre 50.000 y 80.000 habitantes; once entre 80.000 y 150.000 habitantes.

Por otra parte, aquellas localidades que reúnan más de 150.000 habitantes sumarán dos ediles cada 100.000 habitantes, en tanto las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen al momento de la entrada en vigencia de la presente ley (artículo 21).

Concejo Municipal de Santa Fe.

Respecto a las comisiones municipales, se dispone que se integrarán con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio, y para los supuestos sumen hasta 3.000 habitantes las listas de candidatos deberán postular tres titulares y tres suplentes; ingresando dos por mayoría y uno por el candidato de la lista que resulte segunda en la categoría de Intendente.

En el caso de los municipios de 3.000 hasta 10.000 habitantes serán postuladas listas de candidatos de cinco titulares y tres suplentes; ingresando tres miembros de la lista ganadora, y distribuyendo las dos bancas restantes por el sistema proporcional entre quienes hubieran sido candidatos de la lista en la categoría a Intendente que no resultaren ganadoras.

También y en todos los casos si alcanzaren el piso que establece la ley electoral, y que en ambas categorías los Vocales e Intendentes serán elegidos de manera conjunta, en un mismo acto (artículo 22).

En lo que atañe a la elección a los Concejos municipales, se prescribe que se integrarán con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio mediante sistema de representación proporcional; y se estipula que las elecciones del órgano legislativo y la del Intendente serán conjuntamente y por el voto directo de los habitantes de cada municipio (artículo 23).

Se fija en la ley los mandatos de los concejales y los vocales en cuatro años y la posibilidad de ser reelectos por un período consecutivo, sin que puedan volver a ser reelectos sin el intervalo de un período más. Que los cuerpos legislativos se renuevan por entero al final del período de cuatro años, con excepción de los municipios con más de 20.000 habitantes que se renuevan cada dos años por mitades.

Seguidamente se establece el número impar de concejales, y en la primera constitución de un Concejo de más de 20.000 habitantes la duración de los mandatos se determina por sorteo efectuado por la autoridad electoral antes de la incorporación de los mismos. Que se debe procurar preservar la proporcionalidad de las representaciones políticas definida en la elección general (artículo 24).

El artículo 30 de la norma en lo relativo a las remuneraciones por las funciones legislativos o dietas, dispone que los miembros de los Concejos o Comisiones Municipales pueden percibir, durante el ejercicio de su mandato, una asignación funcional la cual es fijada por el propio Cuerpo mediante el voto favorable de los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus integrantes.

Asimismo, prescribe que en las municipalidades de hasta 3.000 habitantes, la función de los vocales será ad honorem.

En este estadio se observa la colisión entre una norma legal y otra constitucional jerárquicamente superior y fundante, resultando un primer aspecto por la modificación legislativa involucrada al sustituirse los Concejos Municipales por Comisiones Municipales, casi en semejanza con la composición de la ex-ley 2439, sin respaldo constitucional.

Se suma a ello la reaparición de la cláusula de gobernabilidad o sistema de lista incompleta, derogada en la reciente reforma santafesina por el artículo 67, prescribiendo un sistema de representación proporcional pleno de los 50 diputados que integran la Cámara, y que la Constitución de 1962 asignaba al partido con mayoría de sufragios: 28 sobre 50 diputados. Por fin, la exclusión en estas categorías municipales del órgano de control, e igualmente sin justificación constitucional.

Como se advierte la ley 14436 (del 15 de abril de 2026) que rige la Organización Institucional presenta para los municipios con una cantidad de habitantes menor a 3.000 y a 10.000, un intendente a cargo de las funciones ejecutivas y una Comisión Municipal de tres o cinco miembros encargada de las legislativas, sustituyendo los Concejos Municipales, sin encontrarse legislada ese mandato en la nueva Constitución provincial.

Esta sustitución no es meramente semántica. Así la distribución de los cargos de los "vocales" fijados por la norma en la conformación de la Comisión Municipal en los municipios de hasta 3.000 habitantes, se eligen de listas de tres postulantes a vocales titulares y tres suplentes, resultando que los dos vocales electos por mayoría corresponderán a la lista política del elegido intendente

El tercero, un solo vocal, lo será al partido del candidato a intendente que obtuvo el segundo lugar, sin que importe el número de votos ni la proporcionalidad delas listas de candidatos en la contienda.

En tanto, en los municipios que tengan entre 3.000 y 10.000 habitantes, los "vocales" serán elegidos en listas de cinco vocales titulares y tres suplentes, ingresando en la Comisión Municipal tres miembros de la lista ganadora, y se distribuirán las dos bancas restantes por el sistema proporcionalmente los candidatos de las listas cuyos candidatos a Intendentes no resultaron ganadoras.

En ambos casos los intendentes son elegidos en el mismo acto que los Vocales. En una rápida valoración de las reglas electorales descriptas se percibe que en los municipios de 3.000 habitantes, al asignarse la mayoría legislativa a la lista de la Comisión Municipal cuyo intendente resultó electo, se desconoce la proporcionalidad que expresa eventualmente la voluntad popular.

Es decir que podría pretender un intendente por mayoría y vocales por mayoría pero de distintos signos políticos. En el siguiente caso de los municipios de 3.000 a 10.000 habitantes, si bien se respeta la proporcionalidad, el sistema propicia la repetición de la misma consecuencia respecto de las listas cuyos candidatos a intendentes no resultaron ganadores en la elección, pero sin respetar el eventual éxito de las respectivas listas de vocales.

En síntesis, como se dijo, es la vuelta al régimen que consagraba la Constitución de 1962 adjudicando una mayoría automática de Diputados al partido con mayor número de sufragios, repitiéndose por la ley 14.436 con características propias el abrogado régimen de lista incompleta o gobernabilidad.

El segundo aspecto que se percibe en ambas categorías analizadas precedentemente es la pérdida del Órgano de Control que garantice una administración municipal eficiente y transparente, y nuevamente, pese al artículo 155, inciso 2-a (CP) que lo dispone en la organización de los municipios, sin distinciones, y se infiere analógicamente para los municipios menores a 10.000 habitantes.

Solo por recordar, la derogada Ley de Comunas 2439 estatuía una "Comisión de Contralor de Cuentas" compuesta por vecinos durante todo el mandato de la Comisión Comunal. Se ha perdido.

El tercer aspecto percibido deriva de otra regla que recortaría la autonomía consagrada en la reciente reforma constitucional y que la ley 14436 en su artículo 30, in fine, fijando la gratuidad de las funciones legislativas que deben prestar los vocales miembros de las Comisiones Municipales de hasta 3.000 habitantes.

Dicha decisión no corresponde que sea impuesta por la norma. Es la Constitución, en su artículo 155, inciso 5, la que determina que es la ley y las CO quienes deben fijar las pautas y límites de las remuneraciones de los funcionarios locales, es decir, las libra a la resolución del Cuerpo.

Puede pensarse que esa disposición honra la tarea legislativa y la inversión de tiempo por el Vocal que resta al trabajo personal y lo más relevante es la escasa participación o el desinterés popular en la cosa pública que puede provocar en los ciudadanos. Esta disposición no ayuda.

Preliminarmente, por la ausencia de las cartas orgánicas y como se sostuvo, respaldada por la Constitución 2025 solo con una nueva reforma podría construirse un marco adecuado que torne posible una potestad inexistente, aunque, en principio, aparece lesiva al criterio de autonomía municipal.

Sí podría preverse eventualmente esa presencia legislativamente siendo que el cercenamiento de dicha autonomía podría reunir más razones que obstáculos, para reclamar su existencia ante los estrados judiciales por los 'municipios chicos'.

Según los aspectos que conforman la segunda observación realizada, y que provienen de la ley 14436, no existen impedimentos constitucionales para elaborar soluciones legislativas que eviten desigualdades y algún recorte más sobre la auspiciosa autonomía de los municipios instituida por el Gobierno Provincial.

Por Julio Rodríguez

En el 188° aniversario del fallecimiento de Estanislao López, enmarcado en los doscientos cuarenta años de su natalicio y del jubileo por los ochocientos años de la muerte de San Francisco de Asís, repasamos los últimos días del gobernador santafesino. Estanislao López murió el viernes 15 de junio de 1838 a las cuatro y media de la tarde, en su lecho, enfermo de tuberculosis.

Casi dos años antes, en julio de 1836, había asaltado una toldería de los indios mocovíes en el Gran Chaco, bajo un frío intenso y lluvia torrencial, con el saldo de la muerte de uno de sus soldados y un resfrío que fue empeorando con "dolor de cintura, fiebre intermitente y carraspera tenaz". El diagnóstico de su suegro, el doctor Manuel Rodríguez, fue contundente: severísima tisis pulmonar.

A fin de año, el caudillo santafesino le había confesado a Juan Manuel de Rosas: "Una nueva designación al frente de la provincia, por otro período de cuatro años, pone en peligro mi vida". Rosas, consecuentemente, invitó a López a Buenos Aires, para tratar la curación con el doctor James Lepper, de absoluta confianza en su círculo.

Para el verano siguiente, una comitiva integrada por López, su familia y el cura vicario José de Amenábar, fue recibida por cinco mil jinetes y aclamados por 25 mil personas en las calles de la capital, dándole los honores de jefe de Estado y alojándose en el Fuerte como huéspedes de honor.

El facultativo irlandés le suministró unas píldoras y dieta rigurosa. Al regreso, el Brigadier evidenció una leve mejoría, guardando reposo en su estancia de Colastiné.

Sin embargo, con los fríos del otoño, López desmejoró notoriamente su salud y regresó a Santa Fe, disimulando los males, paseando en galera por la ciudad -ya casi no podía montar a caballo-, acompañado del sacerdote trapense Luis Graupera y el franciscano Fray Agustín Alvarado. Y como rememorá el historiador Leoncio Gianello:

"Otras veces, en las tardes perfumadas de azahar y de jazmín, se allega hasta el viejo convento de San Francisco y, puesto sobre la casaca el escapulario y ceñido al lado de la espada autoritaria el cíngulo de la obediencia, deja resbalar entre sus manos, como redondeles de cielo las cuentas del Rosario, y piensa en la hora ya vislumbrada del reposo postrero (…)".

El sábado 9 de junio de 1838, un fuerte resfrío atacó su cuerpo débil y la salud se fue agravando hasta el día 14, cuando su esposa, Josefa Rodríguez del Fresno, recurrió a un grupo de médicos de Paraná, escribiéndole una misiva posterior a Rosas.

En dicha carta le comunica que López "recibió esta indicación con la serenidad más consolante y prometió hacerlo; nosotras todas ya no tuvimos sosiego, a pesar de que una engañosa esperanza nos consolaba todavía. Se le suministraron cuantos medicamentos se mandaban, prestándose a todo con la mayor docilidad".

A la una de la mañana del viernes 15, el padre Amenábar fue llamado de urgencia por la familia del gobernador, proporcionándole la extremaunción. El Brigadier "en medio de la fuerte fatiga verificó su confesión y recibió los demás auxilios de nuestra religión con toda resignación y recogimiento de su corazón".

En ese ínterin, el vicario -que también presidía la Legislatura- llamó a sesión extraordinaria para definir el sucesor de López. Estando Domingo Cullen en Buenos Aires, fue nombrado el vicepresidente José Elías Galisteo, como gobernador interino.

Por la tarde, el vicario regresó a la casa de López donde se desgranaban los misteriosos dolorosos del Santo Rosario, reinando piedad y resignación ante el desenlace inminente, mientras que, en su lecho, el gobernador testeaba:

"Yo, el brigadier general de la República Argentina, gobernador y capitán general de la provincia de Santa Fe, Estanislao López, hallándome gravemente enfermo, pero por la misericordia de Dios en el cabal uso de mis sentidos y potencias, por el presente instrumento, y en aquella vía y forma competente a las prerrogativas que disfruto (...)".

El Brigadier no pudo terminar de firmar el poder que completó Amenábar. Su esposa se había retirado de la habitación por orden suya, "evitándole el dolor". Enterándonos los pormenores en el mencionado escrito al gobernador de Buenos Aires:

"(…) cual sería el dolor que ha debido causarme una pérdida tamaña, pues yo jamás podré explicársela; mis ojos son demasiado pequeños para derramar por ellos todas las lágrimas con que debo llorar a mi López, y mi dolor será eterno".

Estanislao López falleció en una de las habitaciones contiguas al primer patio. Su familia amortajó el cadáver con el sayal marrón franciscano, orden que había profesado en 1823 y, un rato después, se presentó la Compañía de Infantería de Línea para hacer guardia, con inconmovible luto.

La siesta santafesina fue interrumpida con el doblar de campanas de las cuatro Iglesias anunciando al pueblo la triste noticia y un disparo de cañón, salido de la Fortaleza se repitió cada cuarto de hora. Ignacio Crespo Rodríguez del Fresno, quien gobernó la provincia entre los años 1910-1912, hijo del también exmandatario, Domingo Crespo, recordó la noticia.

"Estaba en la escuela cuando retumbaron los cañonazos de todos los templos de la ciudad, el señor Francisco Álzaga suspendió en el acto las clases, subió al entablado y con voz turbada por la emoción de su corazón agradecido y oprimido de tristeza; nos dijo que era un gran hombre el que acababa de perder Santa Fe".

Al anochecer, se colocó el ataúd con las insignias de general en la iglesia de la Merced -actual Compañía de Jesús-, guardándose por centinelas que custodiaron la tumba hasta el día siguiente, cuando por la mañana, se ofició la Misa solemne de cuerpo presente, vigilia y responso.

A las tres de la tarde, comenzó el cortejo conducido por el Batallón de Cívicos, la Guardia de Honor y el Regimiento de Caballería, especialmente llegado desde la Frontera.

El féretro fue llevado a pulso por el gobernador Galisteo y la familia del gobernador, secundados por las autoridades de la provincia, un nutrido grupo de clérigos, religiosos y una multitud de pueblo nunca antes vista, acompasados de catorce pozas, quienes despidieron a su jefe y patriarca.

La iglesia San Francisco se hallaba cubierta de negros crespones en cuyo centro había alzado un catafalco alumbrado por lámparas funerarias y un letrero alusivo a las victorias ganadas por el Brigadier. El cortejo llegó allí y el padre Amenábar, cubierto por dos dalmáticas, cantó el oficio mayor de difuntos y al caer la tarde, con las tres Ave María, la ciudad quedó en silencio.

Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos en el año del 240° Aniversario del nacimiento del Brigadier General Estanislao López.

Por Mariano Cuvertino (*)

La crisis internacional que atraviesa la principal región petrolera del mundo volvió a ponernos frente a un espejo incómodo pero revelador: Argentina no tiene una estrategia energética de largo plazo y continúa reaccionando ante los acontecimientos en lugar de anticiparse a ellos.

Un ejemplo reciente fue la decisión de elevar al 15% el corte de naftas con bioetanol, una medida largamente reclamada por el sector que recién se adoptó luego de la escalada del precio internacional del petróleo provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Más allá de esta situación coyuntural, la pregunta de fondo es: ¿por qué debemos sufrir las consecuencias de un conflicto en Medio Oriente cuando vivimos en un país que produce petróleo, gas, biodiésel y bioetanol?

La respuesta es tan simple como desafiante: Argentina necesita una política energética integral que articule toda la cadena de combustibles, incorporando de manera inteligente tanto los recursos fósiles como los biocombustibles derivados de materia orgánica de origen vegetal y animal.

Los biocombustibles no son solo una alternativa ambientalmente sostenible. Son también una herramienta económica y estratégica para reducir costos de abastecimiento, diversificar la matriz energética incorporando fuentes renovables, agregar valor a la producción nacional y amortiguar el impacto que las crisis internacionales tienen sobre los precios que pagan los argentinos.

Argentina cuenta con dos activos estratégicos que pocos países poseen de manera simultánea. Por un lado, Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencionales del mundo, cuyo desarrollo permitió que el país se posicionara dentro del selecto grupo de exportadora de energía.

Por otro, una de las plataformas agroindustriales más importantes del planeta. Solo la región núcleo, integrada por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, produjo en la última campaña más de 51 millones de toneladas de soja y cerca de 15 millones de toneladas de maíz, dos de los principales insumos para la elaboración de biocombustibles.

Es decir que tenemos una ventaja que muy pocas naciones tienen: la posibilidad de producir combustibles fósiles y bios. Sin embargo, durante décadas se impuso una mirada fragmentada del sector que impidió potenciar la posición única en la que se encuentra nuestro país.

Se trata de una discusión mezquina que beneficia a quienes quieren conservar posiciones de poder dentro de una matriz energética diseñada para pocos.

La verdadera discusión no debe ser petróleo versus biocombustibles, sino cómo construir una política energética inteligente que aproveche todo el potencial que ya tenemos. Las principales economías y socios estratégicos de la región avanzan en la misma dirección. Brasil elevó en 2025 sus mezclas obligatorias de bioetanol en naftas (E30) y de biodiésel en gasoil (B15).

Estados Unidos continúa ampliando la incorporación de biocombustibles con incentivos a la innovación tecnológica y Europa impulsa el uso de biocombustibles para descarbonizar el transporte y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Lejos de considerar a los biocombustibles un complemento marginal, las principales economías los integran como una pieza central de su estrategia energética y productiva.

Para que esta visión integral de la política energética se convierta en una realidad, es necesario que todos los sectores que forman parte de la cadena de valor energética tengan representación allí donde se toman las decisiones estratégicas. Por eso cobra cada vez más fuerza la propuesta de incorporar al sector bioenergético al directorio de YPF.

Estamos convencidos de que esta empresa petrolera con participación estatal mayoritaria debe transformarse en la guía y el motor de la integración de ambas cadenas de combustibles.

El proyecto Santa Fe Bio, que busca convertir a la Refinería San Lorenzo en un complejo industrial orientado a la producción de biocombustibles es una evidencia del interés de YPF en este sector. Santa Fe tiene mucho para aportar en esta discusión.

Nuestra provincia concentra cerca del 80% de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país, aquí hay plantas, tecnología, conocimiento, inversión, trabajo y una cadena productiva con potencial para seguir creciendo.

Es una provincia que tiene la autoridad y la responsabilidad de liderar esta discusión a nivel nacional. Es también un actor fundamental de la Liga Bioenergética de la Provincias y uno de los principales impulsores de una nueva ley de Biocombustibles.

Hace unos días, durante el tratamiento del último proyecto de ley en el Senado nacional, la provincia reclamó modificaciones clave para potenciar la industria y atraer inversiones, en particular pidió incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones -también conocido como RIGI- proyectos vinculados con Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).

El desafío que tenemos por delante es mucho más grande que la letra de una ley. Estamos definiendo qué tipo de país queremos ser. Un país que extrae recursos y exporta materias primas o uno que transforma sus recursos en desarrollo, genera valor agregado, fortalece sus regiones y construye soberanía.

Integrar el sector bio al directorio de YPF es también una señal política de apostar por una estrategia energética federal que aproveche todo el potencial de la Argentina.

La verdadera riqueza de nuestro país no está en elegir entre sus recursos, sino en la capacidad de integrarlos para decidir con mayor autonomía su propio destino.

(*) El autor es diputado provincial de Santa Fe

Contradicciones de un planeta encandilado. Se discute a nivel mundial, de bloques, y de países, si habrá o no una regulación sobre la inteligencia artificial -o mejor de las inteligencias artificiales- y mientras tanto existe un récord mundial en consumo de carbón.

Es cuanto menos contradictorio que uno de los más antiguos combustibles, seguramente el más representativo del inicio de era industrial y el mercantilismo, el sencillo carbón mineral, nunca fue quemado tanto como en la actualidad. Aunque en las noticias de todos los días la humanidad presuma de sus viajes al espacio, sus automóviles sin volantes y sus algoritmos capaces de enamorar a seres solitarios encerrados por los destellos de sus pantallas, esos consumos energéticos se sostienen en parte con carbón.

El planeta parece haber llegado al futuro pero retiene para su subsistencia, casi sin saberlo, pesados elementos de su pasado (tal como sucede con el trabajo esclavo). La combustión a carbón se resiste a su derogación a manos de alternativas más limpias y modernas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters/Dado Ruvic

El presente es casi tan distópico como lo que había prometido la ciencia ficción y ofrece los riesgos bélicos de siempre, aunque los actores se confundan como en 1984 de Orwell y como en la política exterior. Eso sí, donde sea, se mantiene el orden siempre al gusto de los verdaderamente poderosos. Y en ese juego el carbón mineral aún domina mercados energéticos relevantes.

Entre los especialistas en energías desde hace ya demasiadas décadas se habla del precio del petróleo, de las energías alternativas, de las centrales nucleares y de una ansiada senda de superación por vía del progreso tecnológico y las regulaciones, llamada "transición energética". Ese es el objetivo: que alguna vez sea mejor la relación con el medio ambiente en el sector de la generación de energía en los sistemas de distribución y en el transporte. Pero el persistente carbón de piedra no se rinde.

En el mercado mundial figura como "coal", en inglés, el más contaminante de los modos de producir energía, que alcanzó un nuevo récord histórico de 8.845 millones de toneladas anuales. Se superó otra marca histórica de 8.805 millones de tn.

La lenta marcha de la transición energética no logra prescindir de su poder calórico pese al récord en el desarrollo de las energías limpias porque el consumo siempre supera las expectativas.

Los discursos de las cumbres climáticas quedan expuestos a la realidad que los contradice. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que la demanda física de carbón anotó un incremento de 40 millones de toneladas interanuales. No hay al menos por ahora signos de descarbonización.

"Para dimensionar el verdadero peso del mineral es clave separar la generación eléctrica del consumo de energía primaria, que incluye el transporte pesado, las redes de calefacción urbana y los grandes procesos industriales. El último Statistical Review of World Energy -el documento de referencia global del Energy Institute y las consultoras KPMG y Kearney- revela que el carbón abastece el 27,9% de toda la demanda energética del planeta", indica un artículo del sitio Mejor Energía.

Y agrega que en cambio, el conjunto de las energías renovables modernas (solar y eólica) aportó apenas el 5,6% de la torta primaria global. Sumada la energía hidroeléctrica tradicional, el bloque verde consolidó un 8,3% del total. El carbón "sigue duplicando la participación de todas las fuentes limpias juntas".

Asia concentra el 83,4% del consumo mundial de carbón con China e India como principales demandantes. Se estima que las industrias chinas se apoyan en energías que en un 56% provienen del carbón.

Por Carmelo Calderón Bourband

Cada cuatro años, el mundo se convierte en una gran pelota de fútbol. A la mayoría de las personas –o eso parece– lo único que les importa es la Copa del Mundo: quienes son los convocados de cada selección, cual es el grupo de la muerte, que regla nueva va a inventar la FIFA o cual es la camiseta más llamativa son tan sólo algunas de las preguntas que suele hacerse la gente.

En Argentina el Mundial siempre se vive de una forma muy particular. Hace unos días, tras la muerte de Carlos “Indio” Solari leí un comentario que me hizo sonreír: “Entiendo el impacto por el fallecimiento del Indio, pero por favor, qué teatreros que somos los argentinos”, haciendo referencia a un video de una mujer que cayó de rodillas llorando en el velorio público del ídolo del rock.

Y sí. Es verdad. Los argentinos somos muy teatreros y lejos de ser algo malo, es parte de nuestra identidad.

Nos importa mucho todo y nos importa muy poco todo. No hay punto medio. Morimos por eso o lo dejamos pasar como si fuera nada.

Cuando se acerca el Mundial –para el “futbolero”-- suele borrarse todo lo que pasa alrededor: no importa la política, economía, inflación, precios, etcétera. Sólo importan los horarios de los partidos y cómo se va a tener que organizar para mirar Uzbekistán-RD Congo un viernes a las 7 de la tarde.

Además, arranca la época en la que todos nos convertimos en directores técnicos o eruditos del deporte y sabemos por donde hay que atacar a Argelia o como juega el 8 de Jordania y porque la clave para ganar es frenarlo.

Argentina, tierra de teatreros. Foto: Reuters

Pero también se mete en las charlas el concepto de “clima mundialista”.

-”Che, vos sabes que no siento el clima mundialista de Qatar”

-”Yo me acuerdo que en octubre del 2022 estaba la ciudad cubierta de banderas”

-”Creo que este año no va a estar tan bueno el Mundial, están todos medio callados”

Y así hay millones de afirmaciones u opiniones que sólo se dicen o plantean acá, en Argentina.

Pero entonces, ¿qué es el clima mundialista? ¿Con qué fundamento se puede afirmar que no hay clima mundialista?

El clima mundialista depende de lo que busca cada persona de la selección y, más allá de que parezca contradictorio, es casi imposible que se repita el sentimiento de Qatar.

La gente estaba convencida de que el Mundial 2022 era de Argentina; la selección llegaba con un invicto histórico, un sistema de juego que parecía indefendible y el murmullo de que posiblemente iba a ser la última vez que Lionel Messi jugara una Copa del Mundo.

El golpe contra Arabia Saudita fue solo eso, un golpe. Así como salieron de la cancha derrotados, los jugadores declararon que confiaban en el plan y el 10 dijo algo que no se borra nunca más del recuerdo: “A la gente, le pido que confíe en este grupo que no los va a dejar tirados”.

Porque el argentino ya estaba acostumbrado a sentirse defraudado. Lo que pasó entre 2014 y 2019 destruyó la percepción sobre la selección de muchos.

Los jugadores pasaron de ser ídolos a chistes. Mascherano, a quien el pueblo le juraba lealtad como capitán, se convirtió en un meme; Gonzalo “Pipita” Higuaín en un 9 con menos gol que un arquero; Biglia en un fantasma del mediocampo y así con casi todos los participantes de esas olvidables Copa América y Mundiales.

Y esta vez, previo a Qatar, la selección de Scaloni había logrado algo que parecía utópico: unir a todo un país para que confíe en 25 jugadores que querían sacar campeón del mundo a su líder, Lionel Messi.

Por eso, muchos meses antes del primer partido en Doha y a más de 13 mil kilómetros de allí, Argentina ya respiraba el Mundial.

Toda una sociedad estaba lista para ver a Messi tener su “final feliz” luego de tantos años con la albiceleste…

El clima mundialista depende de cada uno de los argentinos. Foto: Fernando Nicola

El clima mundialista no son las banderas que cuelgan de los balcones, de los postes de luz o las canciones de la selección sonando en todos lados.

El clima mundialista no depende del rendimiento de una selección o de los jugadores que van a jugar en ella.

El clima mundialista es estar listo para recibir golpes como el partido de Arabia Saudita o los goles de Mbappé en la final y saber que no termina ahí, que esos son nuevos comienzos.

El clima mundialista es la convicción que tiene cada hincha en que esos 26 jugadores van a representar al país de la mejor forma en el torneo más importante de todos.

El clima mundialista es el deseo de repetir las hazañas de 1978, 1986 y 2022.

El clima mundialista es esperar y soñar que haya nuevos héroes.

No es algo material, no es algo sintético. El clima mundialista, al final de todo, es un sentimiento que tiene cada uno y que puede contagiar a los demás.

El clima mundialista, en Argentina, es ser teatrero con el Mundial y estar orgulloso de eso. Es gritar un gol de Escocia contra Marruecos o festejar una roja del 5 de Suecia porque sí. Si esperaste cuatro años para esto, ¿por qué no disfrutarlo al máximo?

Por Hugo Freyre

Desde la máquina de vapor hasta la revolución de la computación, la historia económica ha estado marcada por un temor recurrente: el miedo a que la herramienta terminara devorando al artesano. Hoy, la inteligencia artificial nos sitúa ante un nuevo capítulo de esta narrativa, pero con una diferencia sustancial en escala y velocidad.

Estamos presenciando una automatización de tareas sin precedentes que promete un salto de productividad transformador, colocándonos en la antesala de una nueva revolución industrial. Este fenómeno ha catalizado un debate global de gran intensidad, donde se contraponen las visiones de los líderes tecnológicos con las advertencias éticas de la comunidad internacional.

Un eje central de esta discusión se encuentra, por ejemplo, en la reciente encíclica Magnifica humanitas de León XIV. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el impacto es innegable. Las proyecciones sugieren un salto cualitativo y cuantitativo en la economía mundial, donde la optimización de procesos y recursos expandirá el producto global a niveles que apenas empezamos a modelar.

Sin embargo, para los analistas financieros y los responsables de la macroeconomía, los gráficos de crecimiento solo cuentan la mitad de la historia. El verdadero desafío subyace en la infraestructura invisible que sostiene este progreso.

En este nuevo tablero digital, la ciberseguridad ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en el guardián crítico de nuestra estabilidad sistémica. A medida que delegamos la gestión de datos y activos en algoritmos, el riesgo de vulnerabilidad se vuelve exponencial.

La tecnología puede detectar anomalías, pero la integridad de nuestras redes sigue dependiendo de la gestión humana de la información. La vigilancia ética y el criterio personal son los únicos diques de contención en un ciberespacio donde la conciencia humana continúa siendo, paradójicamente, el eslabón más importante y el más complejo de proteger.

Esta interdependencia nos conduce a una interrogante político urgente: ¿cuál es el límite real de las naciones en este proceso? Estamos ante una revolución que viaja sin escalas, integrando cadenas de valor globales con una velocidad que la burocracia estatal, por su propia naturaleza, lucha por igualar.

El riesgo es la erosión de la capacidad de los Estados para arbitrar su propio destino, convirtiéndose en meros espectadores o, en el peor de los casos, en consumidores cautivos de estándares algorítmicos dictados desde el exterior.

Hoy, el límite de una nación no está trazado por sus fronteras geográficas, sino por su capacidad estratégica para integrar estas herramientas sin sacrificar su soberanía regulatoria ni su cohesión social. No obstante, en este frenesí tecnológico, debemos evitar el determinismo. ¿Qué es lo que la IA no podrá reemplazar?

Precisamente aquellas habilidades que escapan a la lógica binaria: las "habilidades blandas". La toma de decisiones estratégicas, la empatía en la gestión de equipos, la ética frente a la incertidumbre y la creatividad en la resolución de problemas no estructurados son, y serán, el terreno exclusivo de la humanidad.

Una máquina puede optimizar una cartera de inversión o predecir un comportamiento de mercado, pero carece de la comprensión profunda sobre las pasiones, los miedos y los valores que mueven a una sociedad. La reinvención del mercado laboral es inevitable y la adaptación será la constante de nuestra década. Sin embargo, no debemos confundir eficiencia con sustitución.

Ningún algoritmo puede suplantar la experiencia vivida ni el juicio moral. En última instancia, el crecimiento exponencial es un dato, pero el valor de nuestras instituciones y nuestra calidad de vida siguen siendo una construcción colectiva. El desarrollo tecnológico debe mantener un norte claro: la técnica es el motor, pero la humanidad debe ser el piloto.

Nuestra capacidad de mantener el control sobre este proceso dependerá de nuestras capacidades dinámicas para aprender, colaborar y reivindicar, por encima de todo, aquello que ninguna máquina podrá replicar jamás: nuestro sentido de propósito compartido.

Augusto Munaro

"La fábrica" es una de las novelas más representativas de la nueva narrativa japonesa del siglo XXI. Publicada originalmente en 2013, la obra de Hiroko Oyamada toma como punto de partida la vida de tres empleados de un inmenso complejo industrial: una mujer dedicada a triturar documentos, un corrector de textos corporativos y un investigador encargado de estudiar el musgo que crece en los alrededores.

Aunque sus tareas parecen concretas, ninguno comprende con claridad el propósito último de su trabajo. A medida que transcurren los días, la lógica ordinaria comienza a erosionarse y la fábrica adquiere dimensiones cada vez más difíciles de abarcar, como si constituyera un mundo autónomo regido por leyes propias.

La principal virtud de Oyamada reside en la precisión con que transforma situaciones burocráticas y rutinarias en una experiencia de extrañamiento. La novela no avanza mediante grandes acontecimientos, sino a través de pequeñas alteraciones de la normalidad que modifican gradualmente la percepción del lector.

El complejo industrial deja de funcionar únicamente como escenario para convertirse en una entidad casi orgánica, capaz de absorber el tiempo, la atención y la identidad de quienes trabajan en él. Las comparaciones con Franz Kafka son inevitables, aunque resultan insuficientes.

Si en Kafka la burocracia suele manifestarse como una fuerza opresiva y trascendente, en Oyamada el absurdo emerge desde la aceptación cotidiana de estructuras cuyo sentido se ha vuelto inaccesible. En este aspecto, la novela encuentra una afinidad particularmente interesante con Mario Levrero.

La resonancia formal con "La ciudad" no proviene de una influencia directa comprobable, sino de un procedimiento compartido: la construcción de espacios que obedecen a una lógica interna estable pero inescrutable, donde los personajes continúan actuando con naturalidad aun cuando la realidad parece desplazarse imperceptiblemente hacia lo insólito.

Nacida en Hiroshima en 1983, Hiroko Oyamada trabajó durante años en empleos temporales y en entornos fabriles antes de dedicarse plenamente a la literatura.

Esa experiencia constituye el sustrato concreto de una ficción que evita la denuncia explícita para explorar cuestiones más amplias: la fragmentación del trabajo contemporáneo, la pérdida de perspectiva sobre la finalidad de las tareas y la adaptación humana a sistemas cuya complejidad excede toda comprensión individual.

"La fábrica" fue la obra que la dio a conocer dentro y fuera de Japón, y anticipó preocupaciones que reaparecerían en títulos posteriores como "El agujero". Sin necesidad de recurrir a explicaciones simbólicas cerradas, Oyamada construye una novela de notable coherencia formal, donde el humor, la observación minuciosa y la inquietud conviven en equilibrio.

El resultado es una obra que trasciende la sátira laboral para convertirse en una reflexión sobre la relación entre los individuos y las estructuras que organizan sus vidas, una de las propuestas más originales de la narrativa japonesa contemporánea. La traducción es de Alejandra Pérez Gallego y Alejandro Sánchez Herrera.

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"La fábrica", obra de Hiroko Oyamada publicada por la editorial Quaterni. España, año 2020 (344 páginas).

Por Guillermo Dozo

El pasado domingo, el abogado outsider y libertario Abelardo de la Espriella se impuso por tres puntos porcentuales sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. En tres semanas se resolverá la segunda vuelta electoral, que podría poner fin a veinte años de presencia de la izquierda colombiana en el poder.

Hay algo que caracteriza las elecciones presidenciales en los países de la región: cuando la oposición pierde por unos pocos votos comienza con una serie de declaraciones para señalar irregularidades de todo tipo y hasta la posibilidad de fraude. Los que quedan más atrás en el recuento, habitualmente recurren al silencio y la conformidad.

Lo extraño es lo que viene ocurriendo en aquellos casos en los que el que pierde es el candidato oficialista como en Colombia, donde el mismísimo presidente Gustavo Petro, que maneja casi a su antojo el aparato estatal, afirmó en un mensaje de X que los números preliminares son eso y que hay que esperar el recuento definitivo porque hay posibilidad de fraude. Hasta ahí, la obviedad más absoluta.

Lo llamativo es que fue el titular del Ejecutivo colombiano el que en su momento dispuso cuál sería la empresa que iba a registrar el acto comicial del 31 de mayo, y sin embargo ahora procura envolver con un manto de sospecha su funcionamiento:

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", dijo Petro.

¿Habrá descripto la maniobra que se preparaba para consolidar el triunfo oficialista? Más allá de la postura presidente Petro, al que tanto le gusta parlotear cuando tiene un auditorio disponible y un trago cerca, el propio candidato del gobierno, Cepeda, fue mucho más cauto y solamente pidió esperar a que se haga el recuento definitivo -que es el que dará la cifra oficial- y nada más.

De la Espriella, el más votado, es un abogado de 47 años que por ahora tiene motivos como para celebrar, pero se mantiene encendida sobre él cierta luz de advertencia, porque carece de una estructura política sólida por detrás. De todas formas, la tendencia que marcan los analistas lo ubica como un firme candidato para suceder a Petro y para modificar el rumbo ideológico de Colombia.

Ferviente admirador de Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, De la Espriella se inscribe como otro hombre que representa a la nueva derecha. Su discurso, cargado de críticas a la dirigencia política tradicional, apunta a un fuerte ajuste económico, reducir el Estado y modificar las políticas de seguridad para combatir con más dureza al delito, sobre todo el vinculado al narcotráfico.

La tercera en discordia es Paloma Valencia, que con un 6,9 por ciento de los votos en su haber se erige en el fiel de la balanza para la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 21 de junio. Aunque ya adelantó su apoyo al abogado libertario, habrá que ver cómo se comportan sus votantes que responden a una derecha más moderada.

Para conocer el final de la historia restan menos de tres semanas, un debate entre ambos candidatos y el trabajo de campaña de ambas fuerzas para intentar convencer a quienes se mantienen ajenos o distantes de las convocatorias. Hay que tener en cuenta que los votos en blanco fueron más de 406 mil y que el nivel de participación fue bajo.

Pero sin duda alguna esta es una buena opción para que quienes han desplegado un poder omnímodo por casi dos décadas revean qué es lo que la sociedad está demandando sin echar culpas a los sistemas o a los algoritmos porque lo que viene fallando es la dirección del gobierno.

Para el presidente Javier Milei se trata de un problema de conciencia moral. Ya no existen en la Argentina aportes estatales nacionales para cubrir los pasajes gratuitos a trasplantados, personas con discapacidades y niños bajo tratamientos oncológicos.

Una simple resolución había dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, un régimen de compensaciones económicas, que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de esos pasajes gratuitos.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial esta semana, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector. Y termina con los pagos estatales, pero no con el derecho de quienes necesitan viajar sin pagar por razones de salud.

La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.

Javier Milei . Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Sin embargo, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Las empresas están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer). Todas son muy anteriores a la resolución que seis años atrás otorgó compensaciones a los prestadores.

El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa, sin ayudas públicas. Y el argumento esgrimido por la Nación es que existe libertad tarifaria para que esos costos extra lleguen al común de los pasajeros.

Para la Nación, corresponde que superado el contexto de "fuerte intervención estatal" y tarifas reguladas los privados asuman el costo fijado por leyes anteriores.

Sin embargo, hay complicaciones varias. Y ya se verá más adelante por qué para el gobierno nacional el asunto es parte de su definición de aplicar “la moral como política pública”.

Hoy los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y precios. Con lo que cesa el pago estatal, pero nada se dice de lo que hasta aquí no se ha pagado: la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) afirma que el Estado debe al sector 27.000 millones de pesos. Y que el reclamo ya ha sido judicializado hace más de un año, sin novedades.

Pese a lo dicho por el gobierno y las empresas (que no han cuestionado su obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a ese grupo de personas) existen complicaciones. Quien recorra la terminal y escuche a los pasajeros en las ventanillas comerciales verá que hay pasajes siempre que se los pida con tres semanas de antelación o más. Y pocos pasajeros que los necesitan saben que pueden presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Y sucede lo mismo con los subsidios focalizados a la energía eléctrica y el gas natural, pocos cumplieron con los trámites para registrarse. Con las garrafas de 10 kilos subsidiadas con casi 10 mil pesos lo que cuesta es encontrar los comercios con el QR que habilita esas ayudas nacionales. (El Litoral procuró sin éxito obtener una lista oficial de los puntos pero solo pudo publicar una nómina extraoficial de otro origen.)

La idea de no dar ayudas en los servicios públicos a quienes a todas luces las necesitan es para la administración libertaria un asunto moral. La idea -apoyada en una corriente filosófica libertaria es que nadie debe ser forzado a ser solidario con los demás.

Así, en tanto los recursos del Estado (esa “organización mafiosa”) provienen de impuestos de pago obligatorio, las ayudas que con ellos se otorguen son -desde ese punto de vista de extremo individualismo- inmorales.

Y el razonamiento se completa con otro hecho comprobable: hay libertad para fijar tarifas, horarios y trayectos, y las leyes que regulan el otorgamiento de pasajes gratuitos a casos de emergencias sociales asociadas a la salud existen, ciertamente, desde que cada compañía voluntariamente aceptó esas condiciones.

Va en la dirección señalada el proyecto de ley sobre la propiedad privada, que ya se encuentra en el Congreso, y que el gobierno nacional espera que pueda ser tratado durante el Mundial, con la opinión pública entretenida.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional, que fue hecha por liberales. Sin embargo, ahora un proyecto de ley viene a ampliarlo.

Congreso de la Nación. Foto: Fernando Nicola

Nada curiosamente es escaso el debate público sobre el tema. Apenas unas previsibles duras críticas a la iniciativa oficial por parte de la izquierda clasista y unas pocas menciones del resto de la oposición, en los minutos y espacios que dejan libres los casos de corrupción en el Ejecutivo Nacional que a diario son noticia.

El peronismo y otros partidos han optado por azuzar la veta nacionalista, por la derogación de una norma de sus años que regula la tenencia del suelo según nacionalidad del propietario. Los extranjeros podrán comprar tierras sin límites, se brama desde ese sector. La norma propuesta quita de esa flexibilidad a las áreas de frontera, pero igual habrá, seguramente, discursos folclóricos.

Poco se presta atención, en cambio, a otro asunto más serio y contradictorio con el desarrollo del Estado que ha correspondido, en términos históricos, a los liberales argentinos hace un siglo y medio.

El sueño libertario del Estado mínimo de La Libertad Avanza, idealmente a cargo solo de la seguridad de los ciudadanos y del país, choca con la experiencia liberal que creó por ejemplo las condiciones para el desarrollo de infraestructura básica en trenes, rutas, puentes, puertos, aeropuertos, gasoductos y redes de transporte y distribución de servicios públicos que requirió de expropiaciones.

El proyecto del presidente Milei las encarece. Será más oneroso para el Estado quitarle bienes a los particulares, aún cuando se logre su declaración por ley de “utilidad pública”.

De prosperar esa iniciativa se deberá “identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

Más aún: cambian las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y los daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante, es decir, la ganancia que el particular deja de percibir como consecuencia de la pérdida del bien. La ley de declaración de utilidad pública “fija el valor del bien antes de la intervención del Estado” y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”. Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta su pago íntegro.

Lo dicho: habrá sin dudas críticas de los nacionalistas, pero los realmente enojados deberían ser los liberales.

Por Varinia Drisun

Hay decisiones de gobierno que revelan con claridad qué modelo de sociedad se pretende construir. Por ejemplo, cuando el Estado nacional deja de garantizar medicamentos, recorta programas esenciales o se retira de la cooperación sanitaria internacional, ya no estamos hablando solamente de números ni de cuentas fiscales sino de la ejecución de una idea profundamente individualista de la vida.

Hoy la Argentina atraviesa una desarticulación sistemática del derecho a la salud impulsada por un gobierno nacional insensible.

La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca derogar normas fundamentales para el bienestar social. Entre ellas, la Ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, y los entendió como bienes sociales, no como simples mercancías.

Derogar esa ley es un ataque directo al sistema científico, tecnológico y sanitario. La Argentina cuenta con laboratorios públicos nacionales, provinciales y universitarios que producen medicamentos, sostienen tratamientos y permiten bajar costos. Debilitar esa red es abrirle la puerta a una mayor concentración privada, a precios más altos y a más exclusión para quienes dependen de los genéricos producidos por el Estado.

A eso se suma un recorte presupuestario brutal al Ministerio de Salud de la Nación. Decisiones que no parecen responder a otra lógica que la planilla contable de Excel, y nada más. Pero cada vez que se avanza en el único criterio de “que cierren los números” las consecuencias directas son tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, programas que se vacían y provincias que deben hacerse cargo de responsabilidades que la Nación abandona.

El nuevo sistema logístico sanitario de Funes ya distribuye medicamentos a toda la provincia.

El ajuste de Milei golpea áreas sensibles: la provisión de fármacos para efectores públicos, la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas y poco frecuentes, el acceso a medicamentos de alto costo para personas sin cobertura, la prevención y el tratamiento del cáncer, los programas materno-infantiles, la salud sexual y reproductiva, las vacunas, la salud mental, la discapacidad, el INCUCAI y organismos estratégicos como el Instituto Malbrán.

Estos recortes ocurren en un contexto que ya viene siendo por demás preocupante: bajas coberturas de vacunación, aumento de enfermedades que requieren vigilancia, sobrecarga del sector público, encarecimiento de la medicina prepaga, discontinuidad del Programa Remediar y desfinanciamiento del PAMI.

A este desguace interno se suma una decisión totalmente irresponsable y sin asumir costos, que en la cabeza del Presidente y de sus funcionarios parecieran ser solamente de índole económica directa: el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. No hay allí una justificación económica seria ni estudiada. Lo que hay es una decisión política sin medir consecuencias: seguir al pie de la letra los movimientos del gobierno de Donald Trump, aislar a nuestro país, debilitar la cooperación sanitaria y romper herramientas que son claves para prevenir, alertar y responder ante riesgos epidemiológicos.

Sin una política nacional coordinada, la Nación desborda de responsabilidad a las provincias. Y eso rompe la equidad federal. Porque no todas las jurisdicciones tienen los mismos recursos, la misma infraestructura ni la misma capacidad de respuesta. En salud, abandonar la coordinación nacional no es ahorrar: es poner en riesgo a la población.

Frente a este escenario de retiro nacional, nuestra provincia Santa Fe eligió otro camino y decidió no ser espectadora de este retroceso. El gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra Silvia Ciancio tomaron la decisión política de cubrir con recursos propios prestaciones y medicamentos que la Nación dejó de enviar. Y hace unos días se dio un paso fundamental con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Logística Sanitaria de Funes, que ya realizó el primer envío de medicamentos e insumos bajo este esquema para garantizar que lleguen a cada rincón de la provincia.

Hablar del modelo Santa Fe es hablar de una forma de gestionar en la cual el Estado planifica, tiene presencia territorial y garantiza que el equilibrio fiscal no se construya sobre el sufrimiento de las personas.

Santa Fe reforzó la provisión de medicamentos e insumos tras los recortes impulsados por Nación.

Ese modelo tiene historia. Es parte del legado de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz: una provincia que apostó a la salud pública, a la red de hospitales y centros de salud, a la producción pública de medicamentos y a un Estado eficiente, cercano y presente.

La expresión más potente de ese camino es nuestro Laboratorio Industrial Farmacéutico. El LIF demuestra que el Estado puede producir con calidad, bajar costos y garantizar acceso allí donde el mercado no llega. También lo muestran la concreción del Hospital de Alta Complejidad de Rafaela y el reinicio de las obras del Hospital Regional Sur de Rosario, dos hitos que se suman a una red sanitaria construida a lo largo y ancho de la provincia.

Defender la salud pública hoy es defender una idea de sociedad basada en la dignidad, la igualdad y la presencia activa del Estado donde más se lo necesita. En Santa Fe sostenemos una convicción profunda: la eficiencia jamás puede confundirse con indiferencia.

No existe verdadero desarrollo si una parte de la sociedad queda librada a su suerte. El Estado nacional comandado por Milei se retira día a día de más funciones que le competen y no brinda respuestas a una sociedad cada vez más golpeada. Nuestra provincia reafirma un camino distinto: el de políticas públicas que cuidan, acompañan y garantizan derechos.

Porque gobernar también es asumir responsabilidades, incluso —y sobre todo— cuando otros deciden abandonarlas.

Raúl Eduardo Lien

Suelen decir que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. La actual situación bélica del Medio Oriente pone en tela de juicio las apreciaciones de los especialistas y qué decir del ciudadano común.

El proceso que se arrastra desde hace años en esta oportunidad se reinició el 7 de octubre de 2023. Llegamos al día de hoy con una extensión todavía incierta de más de sesenta días de bombardeos intensivos a objetivos estratégicos en Irán 2.000 muertos,15.000 bombardeos.

Las protestas de febrero de este año en Irán se estima que el régimen asesino en unos pocos días más de 40.000 personas hay que sumar los desaparecidos y detenidos, cantidades desconocidas. En Israel, desde el 7 de octubre de 2023 más de 2.000 asesinados por ataques de los proxies (socios) iraníes.

¿Dice algo esta diferencia numérica? Lo dejo para análisis pero si desean ayuda les recuerdo que Israel tiene el escudo de defensa en capas más desarrollado del mundo. Su población está preparada para cuidarse y tomar las medidas necesarias para protegerse.

En Irán, los ingresos aproximados por venta de petróleo al año suman la friolera aproximada de 50 mil millones de dólares. Al día de hoy, con el "bloqueo del bloqueo", así se dice, Irán está perdiendo entre 300 y 500 millones de dólares por día. Esto representa una táctica por parte de Estados Unidos, que quizás pueda condicionar futuras conversaciones.

Durante años, la mayoría de esos ingresos fueron destinados Irán para armar una máquina de ataque y exportar la guerra al Medio Oriente, solventando los ejércitos mercenarios de Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, milicias en Siria, Irak y Yemen (los hutíes), todos con armamento, asesoramiento y sueldos iraníes.

Es evidente que esta guerra comenzó hace años y que con el tiempo provocó los hechos recientes. En Israel, hasta la fecha hay 20.000 heridos de. Irán lanzó a Israel 550 misiles balísticos y a los Emiratos Árabes Unidos 850, incluidas las siete bases estadounidenses -no todas- pero están funcionales.

El bloqueo del estrecho de Ormuz como era previsible –porque también lo bloquea Estados Unidos- está desencadenando una desestabilización a nivel mundial, por lo que el desenlace es incierto.

Un factor crucial que al día de hoy modifica la percepción de la realidad de grandes masas de la población del mundo -incluidos dirigentes políticos de diversos sectores- es el manejo espurio de las redes sociales.

Combatir ese flagelo es una tarea titánica; se trata de la batalla contra la desinformación, demonización y ocultamiento de los hechos, factor que incluye una mezcolanza de eventos por el cual se promocionan y difunden falsedades. La teoría de la conspiración y el involucramiento de actores que no tienen nada que ver con los sucesos es la moneda corriente, y un hecho de por sí lamentable.

Actualmente la situación está en stand bay, con una situación de calma aparente, más o menos controlada. En la guerra propiamente dicha, el conflicto es muy híbrido. Declaración contra declaración; agresión contra agresión.

Los actores son múltiples; los enfrentados y los dependientes. Y muchos de los que se abstienen de participar -por ahora las grandes potencias europeas, por ejemplo- están llegando a un cuello de botella que les va a exigir, quieran o no, involucrarse cada vez más, en mayor o menor medida.

La crisis de suministros y materiales energéticos y derivados está perjudicando no solo a las manufacturas sino también a la supervivencia de la población, al afectar a millones de personas, sobre todo en los países desarrollados y en vía de desarrollo que necesitan de los productos que salen desde el Golfo Pérsico.

En esta hecatombe de sucesos, surge la pretendida demanda de "estándares morales" inconsistentes, por los cuales no pide justicia sino la eliminación directa de un Estado democrático, el de Israel.

Ha esto se ha llegado, porque todo es política. Pueden observarse entonces incontables puestas en escena de "moral selectiva", que no pretenden justicia alguna, sino "ajusticiar" a ese Estado diferente, basándose en un prejuicio absolutamente discriminatorio, autoritario y antidemocrático, atado a un proyecto mesiánico.

Un proyecto que no está solo circunscripto a Medio Oriente, porque ya se ha expandido a muchos países occidentales (en algunos de ellos con mayor influencia que en otros, donde todavía puede verse acotado).

El aparente inicio de negociaciones y el declarado alto el fuego es inexistente entre Líbano e Israel. Fundamentalmente porque Líbano ha sido incapaz de controlar o desarmar al Hezbolá y por eso sufre las consecuencias del combate día a día.

La Unifil ha tenido bajas en la contienda, e Israel está tratando de neutralizar los efectos de los drones que ya han causado en esta etapa unas diez bajas.

A pesar del panorama apocalíptico es de mencionar que la existencia del Estado de Israel en la visión de los vecinos del Medio Oriente ha cambiado de forma favorable.

Históricamente paz con Egipto y Jordania; deseos del Líbano de regularizar su situación, de la misma forma que Siria; que los Acuerdos Abraham avancen con todos los emiratos árabes. Solo Irán –junto a sus proxies- se perfila con su proyecto antiisraelí; proyecto que debe ser combatido y desmantelado.

Las novedades, idas y vueltas, se percibirán en los próximos meses y afectarán no solo el Medio Oriente sino al mundo entero.

El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.

No es inminente un acuerdo (1)

A través de uno de los referentes de su gobierno, la República Islámica de Irán afirmó este lunes que "la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente", a pesar de los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró "cambios frecuentes" en las posturas de los responsables estadounidenses.

"Es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente", aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, en rueda de prensa.

El vocero iraní reiteró, además, que "las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní", cuestión que será discutida en un plazo de sesenta días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes, afirmó Bagaei.

Por otra parte, anunció que Irán empezará a cobrar tasas por servicios de navegación a los buques que transiten por Ormuz. "Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente de Ormuz, el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas", declaró el portavoz, aunque aseguró que "Irán no busca cobrar peajes".

(1) Agencia Deutsche Welle.

Desde hace quince días, cuando el Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados el mensaje con el pomposo título de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública se inició un fortísimo debate entre actores del sistema penal y entre legisladores que son los que tendrán que dar luz verde a ese proyecto que incluye la reforma a seis leyes vigentes.

"El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta", expresa el mensaje.

"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho" subraya el Poder Ejecutivo en la parte central de sus considerandos.

En las facultades policiales que pretende tener el Poder Ejecutivo parece estar el primer gran escollo de la reforma. "Ni locos les damos más poderes y sin control a la policía" se escucha en los pasillos de la Cámara de Diputados de voces no solo opositoras, sino también oficialistas, especialmente del socialismo, pero también de algunas radicales aunque en voz muy baja.

"¿Era necesario abrir ahora este debate cuando tenemos por delante que decidir la nueva ley electoral y varias leyes que nos obliga la reforma constitucional?" se escuchó preguntar en el despacho de los senadores radicales. Para la política, lo central es avanzar con la futura regla para las elecciones y no pocos sectores oficialistas y opositores quieren definirlo antes del receso invernal por más que se esté jugando el Mundial de fútbol.

"Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos" posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad y compartió el propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Pablo Cococcioni, ministro del área, y la vocera, Virginia Coudannes, fueron los voceros del paquete cuyo debate está aún verde en Legislatura.

"No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz", recalcó la vocera.

Cococcioni insiste con que la criminalidad está contenida pero sigue latente y admitió que el mensaje "es la aspiración del Poder Ejecutivo y todo proyecto es para ser discutido".

En los primeros meses de la gestión de Pullaro, un avasallante Ejecutivo con cómodas mayorías en ambas cámaras, sancionó una docena de leyes referidas al tema seguridad que le permitieron meter manos en el tema y los indicadores de violencia bajaron en lo que va del mandato. Algunas de esas leyes sufrirían modificaciones de prosperar el mensaje del Ejecutivo.

Hoy el momento político no es el mismo. Unidos tiene un férreo control en ambas cámaras pero no obediencia ciega y menos cuando el calendario electoral está muy cerca.

En los últimos días fueron varios los pronunciamientos sobre los peligros a las libertades cívicas que tienen algunos de los artículos. Entidades del derecho, cátedras universitarias, abogados penalistas fueron exponiendo sus miradas críticas. Es más, en algunas reuniones institucionales de la última semana, al menos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia advirtieron del contenido del proyecto a legisladores oficialistas. Les hicieron ver la posible inconstitucionalidad de algunos de los artículos.

"La declaración informativa en sede policial sin la presencia de su defensor además de ser claramente atacable por violación de garantías es lisa y llanamente volver al sistema inquisitivo" subrayan especialistas en derecho penal casi al unísono.

Agregan la violación al principio igualitario de las partes del proceso ya que el proyecto pretende romper con la igualdad poniendo al fiscal en una situación procesal claramente superior sin control de la parte contraria (defensa), violentado el derecho de defensa y el debido proceso.

En el Ministerio Público de la Acusación hacen silencio pero admiten que en la redacción no hubo consulta previa del Ejecutivo. La opinión oficial estará expuesta cuando haya consulta legislativa.

En la Cámara de Diputados, Unidos todavía no ha definido la estrategia parlamentaria ni empezado a acercar posiciones. La Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el radical Martín Rosúa, será el primer grupo en abordarlo. El rosarino fue uno de los pocos que avaló el texto y cree que con algunas reformas será viable llegar al recinto.

A su lado, otros sectores de Unidos entienden que se podrá seccionar el texto y avanzar en temas que no ofrecerían diferencias entre los principales sectores políticos como recompensas, armas, pero advierten que será complicado avanzar en zona de intervención policial especial o mayores facultades a la policía sin control.

Bisturí sí para avanzar paso a paso; motosierra no porque significará una marcha atrás en avances concretos sobre libertad de las personas, derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

"Uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal. La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo lejos de entenderse como una pretensa respuesta a combatir "al enemigo", esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal, que retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años y por la cual mucho se trabajó para tener un proceso penal acorde a parámetros constitucionales e internacionales". Lo marca un documento de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.

Agrega que el proyecto de ley cuenta con numerosos artículos que colisionan contra principios y garantías constitucionales que ocasionarán planteos ante los más altos estamentos judiciales provinciales, nacionales e internacionales, generando responsabilidad y sanción al estado santafesino. Remata advirtiendo que "ningún Código Procesal Penal de las provincias de nuestro país, posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal".

A la espera del desarrollo parlamentario del debate, no son pocos los dirigentes -incluso oficialistas- que se preguntan a qué apunta Pullaro con el mensaje. Sobre el interrogante se ensayan múltiples interpretaciones que sólo el devenir el tiempo permitirá establecer las respuestas.

Lisandro Prieto Femenía

“Lo que cura y lo que mata, aquello que salva a la comunidad y a la vez es sacrificado por ella, no son opuestos sino la misma cosa tomada desde dos caras de la misma operación”

Jacques Derrida

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La historia del pensamiento occidental puede leerse como un intento persistente de trazar fronteras nítidas donde la realidad sólo ofrece matices.

En el centro de esta pugna, se halla la figura del "phármakon", un término que en la Grecia clásica designaba un objeto que porta en su raíz la incertidumbre: es el remedio que restaura la salud y, simultáneamente, el veneno, la droga o el hechizo que la socava.

Esta polisemia no es un error semántico, sino la condición de posibilidad de un sentido trágico que encarna una ambivalencia constitutiva. Algo similar ocurre con el rito del "azazel" o "chivo expiatorio", donde se desplaza sobre un animal la totalidad de las culpas colectivas para expulsarlas y así gestionar la crisis comunitaria por medio de la transferencia.

Ambas figuras comparten una funcionalidad estructural, puesto que curar y envenenar son operaciones que se articulan mutuamente en la vida simbólica de las sociedades.

En el rito del "azazel", o "chivo expiatorio", se desplaza sobre un animal la totalidad de las culpas colectivas para expulsarlas y gestionar así la crisis comunitaria por medio de la transferencia. Azazel en la tradición judeocristiana, es el ángel caído corrompido.

En "Fedro", Platón presenta el mito de la invención de la escritura como un phármakon que se ofrece como remedio para la memoria, pero que actúa como causa de su debilitamiento al volverla dependiente de una exterioridad que disuelve la dinámica del logos vivo.

Como señala Platón en la precitada obra, "es un olvido lo que producirán en las almas de quienes aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose a lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, mediante caracteres ajenos" (Platón, 1999, p. 402).

En este sentido, la escritura funciona también como un chivo expiatorio: es señalada como la responsable del deterioro intelectual y moral del saber auténtico.

Esta tensión sitúa a Platón en diálogo con las críticas contemporáneas a la técnica y a la automatización de la experiencia, desde Martin Heidegger hasta Bernard Stiegler, donde se reconoce que toda mediación técnica introduce una reconfiguración de la experiencia y de las relaciones de responsabilidad.

Para Stiegler, la técnica es intrínsecamente farmacológica. Al delegar nuestras capacidades en dispositivos, sufrimos una "proletarización" del espíritu donde el remedio que expande nuestro alcance envenena nuestra autonomía.

Él mismo advierte en su obra que "si todo objeto técnico es un phármakon, el diseño y la puesta en marcha de una nueva organización social deben ser pensados como una práctica farmacológica, es decir, como una terapéutica" (Stiegler, 2015, p. 82).

Pues bien, el capitalismo de la atención, en la actualidad, explota esta naturaleza, utilizando plataformas que prometen conectar pero que, simultáneamente, fragmentan los lazos públicos y destruyen la consistencia del deseo.

La técnica posmoderna, desde los psicofármacos hasta las inteligencias artificiales, opera hoy como un phármakon cultural que, al intentar resolver carencias, introduce nuevas dependencias y modos de alienación.

Esta lógica farmacológica tiene implicaciones profundas en la salud mental contemporánea. El remedio psicofarmacológico puede restituir funcionalidad, pero simultáneamente domestica la pluralidad emocional.

Al medicar la angustia sin interrogar sus causas sociales, se utiliza el fármaco como un chivo expiatorio que suprime el síntoma para restaurar la productividad, silenciando la pregunta por el sentido de una cultura que enferma a sus miembros.

La medicalización funciona como una estrategia de control que desplaza el conflicto al terreno de la patología privada, reduciendo al sujeto a una "nuda vida" bajo estados de excepción, tal como describe Giorgio Agamben.

Para comprender lo precedentemente señalado, es necesario desentrañar cómo la psiquiatrización de la existencia no es solo un acto clínico, sino un dispositivo biopolítico que despoja al individuo de su dimensión ciudadana.

En la arquitectura del pensamiento de Agamben, la "nuda vida" representa aquella vida biológica elemental que ha sido separada de su forma política y jurídica, quedando expuesta a una violencia soberana sin mediaciones. Como él mismo explica, "el protagonista de este libro es la nuda vida, es decir, la vida matable e insacrificable del 'homo sacer', cuya función esencial en la política moderna hemos intentado reivindicar".

Bajo esta luz, la precitada medicalización posmoderna opera al transformar el malestar -a menudo derivado de fracturas sociales o existenciales- en un mero desajuste neuroquímico individual.

Al etiquetar la ansiedad como una patología privada, el sistema declara un "estado de excepción" sobre el cuerpo del sujeto: se suspende su capacidad de acción y se lo reduce a una existencia puramente biológica que debe ser administrada.

El resultado de esto es la producción de una subjetividad dócil, donde la salud se define por la funcionalidad orgánica y no por la libertad, confirmando la tesis de Agamben de que "la producción de un cuerpo biopolítico es la aportación original del poder soberano".

De este modo, el fármaco actúa como el instrumento que garantiza la reclusión del conflicto en el silencio del organismo, impidiendo que el síntoma se convierta en una pregunta política abierta.

Complementariamente, no debemos olvidar el señalamiento de Sigmund Freud cuando describía el malestar de la cultura al expresar que "la sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso decisivo de la cultura" (Freud, 1930/1992, p. 94), es decir, una transición que impone límites y represiones cuyas tensiones demandan permanentemente una salida sacrificial.

Por su parte, Jacques Derrida, en "La farmacia de Platón", sostenía que el "phármakon" constituye una unidad de sentido que se sitúa antes de la oposición entre el bien y el mal, la salud y la enfermedad.

Al calificarlo como "indecidible", el autor se refiere a aquellos términos o procesos que, aunque habitan el sistema de oposiciones (como remedio/veneno), no pueden ser comprendidos bajo ninguno de sus polos. En su obra fundamental sobre este tema, Derrida afirma que "el phármakon es el movimiento, el lugar y la reserva de la diferencia.

Es la diferencia la que, antes de ser la distinción entre el bien y el mal, la libertad y el imperativo, la presencia y la ausencia, permite que se articulen entre sí" (Derrida, 1995, p. 82). Bajo el precitado marco, "habitar la ambivalencia significa renunciar a la pulsión racionalista de decidir si algo es 'exclusivamente' curativo o 'exclusivamente' dañino".

Resolver esta tensión mediante la "violencia simbólica" implicaría forzar una definición unívoca, lo cual suele derivar en la lógica del chivo expiatorio: expulsar una parte del concepto (el "veneno") para purificar la otra (el "remedio").

¿Estamos preparados para construir una comunidad que reconozca sus heridas sin buscar siempre una víctima que las absorba? Una "clínica de la cultura", por ejemplo, debería proponer una ética de la integración en lugar de una de la expulsión.

Pues bien, Derrida agudiza la reflexión al demostrar que el phármakon es precisamente aquello que "no se deja dominar por ninguna de las oposiciones de la metafísica, pues las comprende a todas, las desborda y las trabaja desde dentro" (Derrida, 1995, p. 91).

Por tanto, la ética de lo indecidible nos obliga a sostener la mirada en la contradicción, reconociendo que la suplementariedad -el hecho de que todo remedio añade algo que altera lo original- es una condición ineludible de la cultura y la técnica.

Complementariamente, René Girard aporta la trama antropológica a este fenómeno: la violencia mimética genera crisis que precipitan la selección de una víctima para cristalizar las tensiones y restaurar el orden mediante su eliminación ritual.

La eficacia del sacrificio reside en su función simbólica de permitir la catarsis colectiva, convirtiendo al chivo expiatorio en la versión social del phármakon: cura a la comunidad en la medida en que envenena a uno.

Como afirma Girard en "El chivo expiatorio", "la víctima es el pharmakós, que es, a la vez, despreciable y preciosa, porque se la debe expulsar con horror pero se la debe conservar con el mayor cuidado, ya que es la portadora de la salvación comunitaria" (Girard, 1986, p. 54).

En la modernidad, estas funciones sacrificiales toman formas tecnológicas y políticas muy puntuales. Migrantes, pobres y disidentes cumplen hoy la función de chivos expiatorios en discursos políticos que buscan ordenar la incertidumbre. Los discursos de odio posmodernos no son exabruptos irracionales, sino operaciones de ingeniería sacrificial.

El odio funciona como un phármakon identitario que ofrece la cura inmediata a la angustia mediante la designación de un culpable. Según Freud, "el odio no es un afecto primario, sino el resultado de una desilusión del narcisismo que busca en el otro el receptáculo de todo lo que el yo no puede tolerar de sí mismo" (Freud, 1915/1991, p. 124).

Esta proyección busca exteriorizar en un "otro" los aspectos repudiados del grupo, lo que Jung denomina la "sombra colectiva", la cual interpretamos como el estrato de la psique social que agrupa los impulsos, tendencias y verdades que una cultura rechaza por considerarlos inferiores o inmorales.

Según Carl G. Jung, el peligro de esta estructura radica en que lo no reconocido no desaparece, sino que se proyecta hacia el exterior con una fuerza compensatoria.

En su obra fundamental, Jung afirma que "el individuo no se da cuenta de que proyecta en el otro su propia sombra; la consecuencia de ello es que este 'otro' se convierte en un objeto de odio y desprecio, y el individuo se siente a sí mismo como alguien superior y limpio de toda falta" (Jung, 1959, p. 145).

Esa proyección en un "otro" permite, o intenta permitir, que la comunidad recupere una coherencia ilusoria a través del sacrificio simbólico de su víctima. Frente a esta dinámica, una "clínica de la cultura" debe proponer una ética de la integración en lugar de una de la expulsión.

En lugar de tratar el malestar como algo que debe ser extraído mediante la farmacología o el chivo expiatorio, debe ser abordado como un síntoma que revela las fallas de la estructura simbólica de la sociedad.

Integrar la sombra implica reconocer, como sostiene Jung, que "la sombra es una parte viva de la personalidad y, por lo tanto, no puede ser eliminada mediante ningún tipo de exclusión, sino que debe ser aceptada y asimilada para que la personalidad pueda alcanzar la totalidad" (Jung, 1959, p. 152).

Así, la tarea clínica no consiste en "curar" al grupo mediante la eliminación del síntoma, sino en obligar a la comunidad a hacerse cargo de su propia oscuridad constitutiva, evitando que esta se convierta en la hoguera de un tercero. La redención de este ciclo se encuentra en la posibilidad del perdón y el papel que juega el arte en nuestra cultura.

Para Hannah Arendt, el perdón es la única reacción que actúa de nuevo y de forma inesperada, liberando a la comunidad de las consecuencias irreversibles del acto y desactivando la necesidad sacrificial de la venganza.

En sus palabras, "el perdón es la única reacción que no simplemente 'reacciona', sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y, por lo tanto, librando de las consecuencias del acto tanto a quien perdona como a quien es perdonado" (Arendt, 2009, p. 258).

Por su parte el arte opera como un phármakon capaz de sublimar la violencia social en una nueva forma de verdad. A diferencia del sacrificio, el arte no destruye la vida, sino que utiliza la herida de la experiencia para revelar la profundidad humana, permitiendo una catarsis simbólica que no requiere de víctimas reales.

Pero este último, es un tema para abordar extensivamente en otra ocasión. Para ir cerrando, es necesario indicar que la posibilidad de una clínica de la cultura nos sitúa ante la responsabilidad ética de renunciar al alivio moral que proporciona el señalar a un culpable.

Si el chivo expiatorio ha sido el cimiento invisible de todo orden colectivo,... ¿estamos preparados para construir una comunidad que reconozca sus heridas sin buscar siempre una víctima que las absorba?

Aceptar el síntoma en lugar de medicarlo implica abrazar un malestar que nos mantiene alertas frente a las injusticias, pero ¿qué ocurriría si dirigiéramos esa energía hacia la co-responsabilidad por los daños en lugar de hacia la expulsión del diferente?

Sin dudas, debemos cuestionar si la estructura de nuestras detonadas democracias técnicas no está diseñada para producir chivos expiatorios industriales que sostengan su inercia. Si el orden social actual necesita generar enemigos internos para evitar mirar su propio vacío, la única salida es una transformación radical de nuestra relación con el phármakon del poder.

¿Es posible una política que admita la ambigüedad de las soluciones y que no delegue la responsabilidad última en los dispositivos tecnológicos? Finalmente, cabe preguntarse si estamos dispuestos a soportar la incertidumbre de una cura que no promete una seguridad total.

La madurez ética consiste en negarse a delegar la compra propia en otro sacrificial y en inventar maneras de procesar la culpa que no requieran la violencia. ¿Podremos transformar la necesidad de expulsión en prácticas de reparación que no oculten la economía del alivio moral, sino que la desarticulen definitivamente a través de la responsabilidad compartida?

El autor es docente, escritor y filósofo.

Referencias Bibliográficas

Agamben, G. (1998). Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida. Barcelona: Paidós.

Arendt, H. (2009). La condición humana. Buenos Aires: Paidós.

Biblia de Jerusalén (2009). Levítico 16. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Derrida, J. (1995). La farmacia de Platón. Buenos Aires: Editorial Tormenta.

Freud, S. (1915/1991). Pulsiones y destinos de pulsión. En Obras Completas (Vol. XIV). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1930/1992). El malestar en la cultura. En Obras Completas (Vol. XXI). Buenos Aires: Amorrortu.

Girard, R. (1986). El chivo expiatorio. Barcelona: Anagrama.

Jung, C. G. (1959). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós.

Platón. (1999). Fedro. En Diálogos III. Madrid: Gredos.

Stiegler, B. (2015). Lo que hace que la vida valga la pena: de una farmacología positiva. Madrid: Alianza Editorial.

Por Lisandro Prieto Femenía (*)

"No es la vida, es el tiempo lo que resulta insoportable. Por eso no es el deseo de morir, sino el deseo de no haber sido nunca lo que constituye la esencia del hastío"

(Emil Cioran)

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La pregunta por la permanencia en el mundo no es una cuestión que deba abordarse desde la frialdad de los conceptos, sino desde el respeto sagrado por el misterio de la fragilidad humana.

Cuando nos enfrentamos a la trágica decisión de un ser querido de interrumpir su existencia, nos hallamos en un territorio donde las palabras resultan insuficientes y el alma se siente desguarnecida ante un interrogante que parece no tener respuesta.

No es posible, ni humano, reducir este acto a una condena moral o a un diagnóstico clínico despojado de sensibilidad. El suicidio, en su penosa realidad, es un grito de auxilio que se apaga, una interpelación que nos convoca no al juicio ético, sino a la presencia y al acompañamiento de quienes quedan en la orilla del duelo.

En estas líneas nos proponemos reflexionar sobre esta herida abierta, mediante una fenomenología de la compasión que dialogue con la ternura y la esperanza que emanan de la espiritualidad y la filosofía del cuidado.

Para quienes atraviesan la oscuridad de haber perdido a alguien de esta manera, es vital comprender que el ser humano habita a veces paisajes de una soledad tan profunda que el horizonte se torna invisible.

La evolución de las actitudes hacia este acto revela una trayectoria bastante sinuosa: desde el estoicismo antiguo, que veía en la retirada voluntaria una garantía de dignidad frente a la tiranía, hasta la rigidez de la modernidad que, en su afán por el control biopolítico, terminó por estigmatizar al sufriente.

No obstante, hoy habitamos una época marcada por cambios sociales vertiginosos que han configurado lo que Byung-Chul Han denomina "la sociedad del cansancio".

El surcoreano Byung-Chul Han es un teólogo, ensayista y filósofo católico experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Autor de "La sociedad del cansancio" (2010).

En su obra homónima, Han advierte que el sujeto posmoderno se encuentra bajo la presión de un imperativo de rendimiento que termina por desgastar la mismidad hasta el colapso, puesto que "el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación ajena, pues está acompañada de un sentimiento de libertad" (Han, 2010/2012, p. 30).

Esta autoexplotación y la tecnificación de la vida reducen la existencia a una cifra de rendimiento, dejando al individuo alienado de sus propios vínculos.

Resulta necesario preguntarnos si, en medio de esta cultura de la inmediatez, hemos olvidado el arte de sosos los unos a los otros en la debilidad, reconociendo que la autonomía no es autosuficiencia absoluta, sino una capacidad que solo puede florecer cuando nos sentimos amparados por los demás en nuestra mutua vulnerabilidad.

En la posmodernidad, esta vulnerabilidad adquiere una forma particularmente gélida y cruel. Ya no se trata solo de la "noche oscura" del alma en un sentido espiritual, sino de lo que podríamos llamar un "apagón sistémico".

En un mundo donde la identidad se ha digitalizado y la psique se ve bombardeada por el flujo ininterrumpido de estímulos, la persona comienza a experimentar su propia vida como un procesamiento de datos que, llegado a un punto de saturación, simplemente "se apaga".

Al respecto, el italiano Franco Berardi (alias Bifo), en su análisis sobre la precariedad y la infonósfera, sugiere que el colapso mental contemporáneo es una respuesta a la aceleración de la infoestimulación.

En su obra "Fenomenología del fin", Berardi plantea que el alma ya no puede procesar el exceso de realidad virtual, produciendo una desconexión que se asemeja a un error crítico del sistema: "El ciberespacio es ilimitado, pero el ciber-tiempo, que es la capacidad orgánica de atención y elaboración emocional, es limitado. La aceleración produce una parálisis del juicio y una desensibilización" (Berardi, 2011/2017, p. 84).

Esa metáfora de la computadora que se apaga no es solo una figura retórica, sino que describe la deshumanización de quien se siente como una terminal agotada. Por su parte, Jean Baudrillard, en sus reflexiones sobre el simulacro, nos advertía que la pérdida de contacto con lo real conduce a una indiferencia radical, donde el sentido se desvanece en favor de la pura exposición.

En su obra "Cultura y simulacro", el precitado autor señala con crudeza que "la información devora sus propios contenidos; devora la comunicación y lo social. (...) Allí donde pensábamos que la información producía sentido, ocurre lo contrario" (Baudrillard, 1978/2005, p. 116).

Cuando la vida se convierte en un bucle de imágenes sin peso y el sentido es devorado por la sobreinformación, la decisión de salir del juego aparece como un último intento de recuperar una soberanía perdida, aunque sea a través de la propia desaparición.

Para las familias, este "apagón" es incomprensible porque sucede en medio de una hiperconectividad aparente, revelando que nunca estuvimos tan solos como cuando estuvimos perpetuamente expuestos a la mirada digital pero ausentes de la caricia humana.

Como podrán apreciar, esta desconexión suele percibirse como una tentativa de "huida", una escapatoria frente a un sufrimiento que se ha vuelto insoportable. Sobre este último aspecto en particular, Arthur Schopenhauer, aunque crítico con la noción de que el suicidio fuera un ejercicio de libertad real, entendía perfectamente el impulso de evasión ante el dolor.

Para él, el individuo no busca la nada por odio a la vida, sino por el deseo vehemente de dejar de sufrir. Concretamente, en sus escritos afirma que "el suicida quiere la vida, y sólo está mal satisfecho con las condiciones en que se le ofrece" (Schopenhauer, 1819/2009, p. 415).

Desde esta perspectiva, la "fuga" no es una renuncia a la existencia per se, sino un intento desesperado de detener el tiempo de la angustia. Esto lo explica muy bien el gran Albert Camus, en "El mito de Sísifo", donde profundizaba en esta dialéctica al cuestionar si la huida es una respuesta legítima al absurdo o si constituye un "suicidio filosófico" que niega la propia capacidad de rebelión.

"Escapar" aparece así como un refugio ante lo insoportable, pero nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del peso que el sujeto intenta soltar. En definitiva, Camus sitúa este problema en el centro de la labor filosófica, entendiendo que la evasión o la permanencia constituyen la respuesta definitiva ante el absurdo, porque para él, el interrogante no admite ambigüedades:

"No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía" (Camus, 1942/2012, p. 15).

Por su parte, Erich Fromm, en su estudio sobre el miedo a la libertad, sugería que el hombre moderno busca a menudo mecanismos de evasión para escapar de la carga de su propia soledad e insignificancia. Es inevitable que aquí nos preguntemos: ¿es acaso la partida voluntaria el escalón final de una serie de pequeñas huidas cotidianas impuestas por un mundo que no ofrece cobijo al espíritu?

En concreto, Fromm describe esta pulsión de fuga en "El miedo a la libertad", donde indica que "el hombre se siente solo y aislado; se asusta (...). Ante este aislamiento puede elegir entre dos caminos: uno lo lleva a la 'libertad positiva' (...)"

"(...) El otro camino es el de retroceder, renunciar a su libertad y tratar de superar su soledad eliminando la brecha que se ha abierto entre su yo individual y el mundo" (Fromm, 1941/2006, p. 165).

En este punto de la reflexión, es indispensable expresar que este "escape", sin embargo, deja tras de sí una estela de desolación marcada por el sentimiento de culpa de quienes permanecen. El pensamiento pernicioso que susurra "pude haber hecho algo más" se convierte literalmente en una tortura silenciosa para los sobrevivientes.

Karl Jaspers, en su análisis sobre la situación espiritual de nuestro tiempo, hablaba de la "culpa metafísica" como esa corresponsabilidad que sentimos por el dolor del otro simplemente por el hecho de ser humanos. No obstante, recalca que esta culpa no debe ser un juicio punitivo, sino un reconocimiento de nuestra finitud.

En su obra "La cuestión de la culpa", Jaspers señala que "existe una solidaridad entre los hombres que hace que cada uno sea corresponsable de todo el mal y de toda la injusticia del mundo (...) pero donde cesa la posibilidad de actuar, cesa también la responsabilidad jurídica y moral, mas no la metafísica" (Jaspers, 1946/1966, p. 54).

Esta distinción es vital para el doliente, puesto que reconocer que hubo un límite en su capacidad de acción no es indiferencia, sino aceptación cruda de nuestra condición propiamente humana. La culpa tóxica nace de la ilusión de omnipotencia, de creer que podíamos controlar el abismo interior de otro ser.

Por ello, es muy importante recuperar lecturas como las de Joan-Carles Mèlich, quien desde una filosofía de la finitud, propone que la respuesta no es la búsqueda de una solución lógica a la culpa, sino la construcción de una ética de la compasión que nos permita perdonarnos a nosotros mismos por ser, sencillamente, limitados.

En su obra titulada "La fragilidad del mundo", Mèlich reflexiona sobre esta imposibilidad de control absoluto y nos explica que "nuestra condición es la de un ser que no se ha dado a sí mismo el ser, un ser que es desde el principio un ser-con, un ser que depende de los demás, que es vulnerable, que está expuesto. (...) No podemos evitar que el mundo sea un lugar precario" (Mèlich, 2021, p. 48).

Aceptar que no pudimos evitar lo inevitable es el primer paso para que el duelo no se convierta en una celda, sino en una herida que, aunque duela, permita el paso de la luz de la misericordia. Esta perspectiva también nos obliga a revisar profundamente la mirada que tenemos sobre la responsabilidad.

A menudo, las familias cargan con el peso de "no haber visto", ignorando que la libertad humana es una potencia que se despliega en vasos frágiles de barro. La teología católica nos ofrece aquí un bálsamo de paz al reconocer los límites de la voluntad ante el sufrimiento extremo.

Al afirmar la dignidad ontológica de la persona por ser imagen de Dios, se reafirma que cada vida posee un valor incondicional, no por lo que produce ni por su capacidad de procesamiento, sino por su mero ser.

San Juan de la Cruz (Juan de Yepes Álvarez), en su texto "Noche oscura", describe ese estado del alma donde el sentido parece extraviarse y solo queda la espera en la tiniebla. Para el místico, incluso en ese silencio absoluto de Dios, hay una presencia que sostiene, aunque no se sienta (2010, p. 142).

Traigo esta referencia a colación porque me parece fundamental remarcar que esta dignidad nunca se pierde en la crisis, al contrario, es allí donde reclama mayor amparo ante un sistema que descarta lo que deja de ser productivo o funcional.

Es urgente, además, alejarnos de la fría medicalización que despoja al sufrimiento de su dimensión social. Si bien la ciencia aporta herramientas, el consuelo nace de la comprensión del sentido. En este contexto, Emmanuel Lévinas, en su ética de la alteridad, nos recuerda que el rostro del otro es una exigencia de responsabilidad infinita.

En la obra "Totalidad e infinito", sostiene que el encuentro con el otro es, en esencia, un mandato de cuidado: "El rostro se me presenta no como un objeto de percepción, sino como una vulnerabilidad que me interpela. El rostro me dice: ¡No matarás!" (Lévinas, 1961/1977, p. 211).

Cuando fallamos en responder a esa vulnerabilidad, la responsabilidad es colectiva. No podemos ignorar que la precariedad y el aislamiento son factores que asfixian el deseo de vivir. Por ello, Viktor Frankl nos enseña que incluso en condiciones extremas, la búsqueda de significado sostiene la existencia (2015, p. 121).

Para las familias, la tarea es ahora reconstruir un sentido que incluya la memoria del ser amado no por el acto de su muerte, sino por la luz de su vida entera. La teología pastoral debería encarnar una ética de la ternura (no del juicio moral), recordándonos que el amor de Dios desciende a las profundidades de la desesperación para ofrecer un horizonte de redención que ninguna tecnología puede emular.

Está claro que las estrategias de prevención del suicidio y el consuelo de los que sufren debe entenderse como una responsabilidad comunitaria y política. Se requiere de una praxis de la esperanza que se traduzca en políticas públicas que privilegien el cuidado y la salud mental por sobre la eficiencia y la productividad.

En un mundo que valora la utilidad, nos queda la tarea de afirmar que la vida es un don sagrado que se custodia en la mirada y el cuidado del hermano. La caridad social no es solo asistencia, sino compromiso de transformar nuestras comunidades en refugios donde el dolor sea siempre compartido.

Cabe reflexionar, entonces, si nuestras instituciones están preparadas para acoger la sombra sin pretender iluminarla prematuramente con dogmas, permitiendo que el llanto tenga su lugar en el altar del lugar común. En el diálogo sobre el final de la vida, debemos ser cautelosos con las narrativas de representación.

Cuando la sociedad normaliza la muerte autoinfligida como una solución eficiente, corremos el riesgo de desatender el deber de acompañar. La alternativa es el fortalecimiento de la comunidad ritual.

Tengamos en cuenta que los ritos de duelo permiten que la pérdida sea integrada en la historia familiar, no como un estigma silencioso, sino como una herida bañada por la luz de la esperanza escatológica que se aferra con sabor agridulce al deseo de "volvernos a ver".

Tampoco se trata de olvidar la tragedia, sino de envolverla en un tejido de solidaridad que impida que el dolor se convierta en una condena eterna para los que permanecen. Por eso mismo, queridos lectores, debemos reconocer que el suicidio nos deja ante un silencio que no debe ser llenado con explicaciones vacías, sino con una presencia amorosa que sostenga la pregunta sin clausurarla.

La reflexión filosófica y teológica encuentra su sentido último cuando se vuelve gesto de consuelo para quien llora. El lector no debe cerrar estas líneas con una síntesis intelectual, sino con el deseo de ser, para los otros, un signo de que la esperanza es posible incluso cuando las luces se apagan.

¿Cómo podemos ser hoy ese puerto seguro para quien siente que su barca ya no resiste la tormenta? ¿Es posible que nuestra mayor contribución a la vida sea aprender a escuchar el gemido del corazón ajeno con la misma reverencia con la que entramos en un templo?

¿Podremos, al fin, comprender que nadie se va del todo mientras haya una comunidad dispuesta a custodiar su memoria con la delicadeza de quien sostiene una llama en medio del viento?

¿Y si la verdadera medida de nuestra humanidad no fuera nuestro éxito, sino nuestra capacidad de permanecer al pie de la cruz del otro, en ese instante donde el sistema colapsa, ofreciendo nada más que nuestra propia presencia como prueba de que aún existe lo humano?

¿Es la huida un acto de desamor o la última forma de buscar un descanso que la sociedad le negó en vida al sufriente? ¿Hasta qué punto somos responsables del abismo ajeno y hasta dónde debemos aceptar nuestra bendita incapacidad de salvarlo todo? ¿Podremos perdonarnos, finalmente, por no ser dioses, sino simplemente hermanos vulnerables en busca de un poco de luz?

(*) El autor es docente, escritor y filósofo

Referencias bibliográficas y fuentes consultadas

Baudrillard, J. (2005). Cultura y simulacro. (A. Vicens y P. Rovira, Trads.). Editorial Kairós. (Obra original publicada en 1978).

Berardi, F. (2017). Fenomenología del fin: Sensibilidad y mutación ciberespacial. (T. L. Crespo, Trad.). Caja Negra. (Obra original publicada en 2011).

Camus, A. (2012). El mito de Sísifo. (E. J. Podetti, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1942).

Cioran, E. M. (1981). Del inconveniente de haber nacido. (T. de la Carrera, Trad.). Taurus. (Obra original publicada en 1973).

Frankl, V. E. (2015). El hombre en busca de sentido. Herder. (Obra original publicada en 1946).

Fromm, E. (2006). El miedo a la libertad. (G. Germani, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1941).

Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. (A. S. Pascual, Trad.). Herder. (Obra original publicada en 2010).

Jaspers, K. (1966). La cuestión de la culpa. (M. de la Iglesia, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1946).

Juan de la Cruz, S. (2010). Noche oscura. (M. de San José, Ed.). Editorial Monte Carmelo.

Juan Pablo II (1995). Carta Encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Libreria Editrice Vaticana.

Lévinas, E. (1977). Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad. (D. E. Guillot, Trad.). Sígueme. (Obra original publicada en 1961).

Mèlich, J. C. (2021). La fragilidad del mundo: Ensayo sobre un tiempo precario. Tusquets Editores.

Schopenhauer, A. (2004). Sobre el suicidio. (M. de Unamuno, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1851).

Schopenhauer, A. (2009). El mundo como voluntad y representación. (R. R. Aramayo, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1819).

Ricardo A. Qüesta

Por este medio, al que agradezco sinceramente la oportunidad que me brinda, quisiera expresar que con la nueva Ley de Glaciares podría llegar a generarse -entre otras cosas- un desastre ecológico. Y a esto no lo digo yo únicamente, solo basta con escuchar alguna de las reflexiones y consideraciones de los científicos argentinos sobre las posibles consecuencias.

Ellos dan siempre una opinión basada en el conocimiento y defienden con honestidad los intereses de nuestro país. El único propósito de esa ley -a mi entender- es beneficiar a las empresas mineras que en su mayoría son extranjeras y a las cuales solo les interesa llevarse nuestros minerales al menor costo posible.

Con reglas poco exigentes en cuanto a la contaminación del ambiente, para evitar problemas legales y multas, como sucedió con esa minera que derramó cianuro -compuesto químico muy tóxico y contaminante- en el norte del país y pidió disculpas por la gravedad del hecho.

Tampoco habría que aprobar la privatización parcial del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), es decir el de los reactores nucleares de baja potencia, como se explicó en nota anterior a la presente.

Es de público conocimiento que hay gestiones avanzadas para que esa obra sea privatizada, sin siquiera mediar una licitación pública, a IMPSA, la ex empresa Industria Metalúrgica Pescarmona de Mendoza, adquirida en su momento por capitales norteamericanos.

Al menos se hubiera intentado hacer una privatización exclusivamente con capitales argentinos para que Estados Unidos no interfiera en las decisiones estratégicas de la empresa. Como vislumbran la calidad tecnológica y el futuro económico promisorio del proyecto, lo quieren asociar a IMPSA.

Por eso creo que por todos los medios el Congreso de la Nación debe evitarlo y hacer una presentación ante la justicia. Es necesario que se escuche la opinión del físico argentino Diego Hurtado y la de los directores anteriores a los que designó el presidente Javier Milei.

Los gobernadores, por su parte, deben tener todo esto en cuenta, para poder pedirles a sus senadores y diputados que se opongan a esa privatización, y que no se dejen seducir por haber sido invitados al viaje a Estados Unidos para hacerlos cambiar de opinión.

Nuestro gobierno promociona con videos la compra por argentinos de acciones de YPF, pero se abstiene de hacer un llamado para que capitales argentinos compren acciones de las empresas mineras, o el Reactor Nuclear CAREM para su finalización (que bien podría concretarse con una mínima inversión del Estado nacional).

Sé que están haciendo gestiones por un fideicomiso para la finalización del CAREM con capitales exclusivamente nacionales, algo que sin duda va a constituir un estímulo poderoso para el desarrollo científico tecnológico de nuestro país.

Y con respecto a la inversión inicial que hace una de las mineras extranjeras, entiendo que no es de 45 mil millones de dólares sino de solo 8 mil, o tal vez menos, y el resto con la reinversión de las utilidades que la explotación de las minas vaya generando. Por lo tanto, se les debería exigir una mayor participación del Estado nacional y/o de capitales nacionales.

Además, se les debería requerir que, además de chilenos, contraten ingenieros argentinos, que están muy bien capacitados. Supongo que a esto último no lo hacen para evitar que se denuncie alguna irregularidad que puedan observar. Y también que compren insumos nacionales y no solo chilenos. Tantas ventajas no se les puede conceder.

Igualmente, tendrían que requerirles que obtengan puro el mineral que extraen por varias razones. Una de esas razones: en el caso del litio, en estado de pureza, vale ocho veces más que el mineral bruto. Otra razón: las mineras siempre se abusan y hacen figurar que el contenido del mineral puro es menor que el existente en realidad y eso, que es una defraudación que se le hace al país, tendría que corregirse.

A esta irregularidad la observó un ingeniero químico ya fallecido, profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, quien justamente estaba haciendo una investigación para demostrarla.

Lamentablemente, el ingeniero no consiguió finalizar su investigación. Todas las organizaciones sin fines de lucro que cuidan los intereses de nuestro país tendrían que prestarle atención a este hecho, para reclamar que el mineral se procese en nuestro país y se obtenga en estado de pureza, para que así nos quede un mayor beneficio.

También deberían alentar que la minería sea explotada por las empresas nacionales, reuniendo capitales argentinos, de modo que las utilidades que deja una mina no sean remitidas en su totalidad al exterior (como hacen las firmas extranjeras), y el capital sea reinvertido en Argentina, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Tendrían que instalarse industrias exclusivamente de capital argentino, diseñadas con tecnología nacional para la obtención de los distintos minerales en estado de pureza (cobre, oro, litio), lo que contribuiría a desarrollar importantes fuentes de empleo y beneficios económicos adicionales.

Sobre la Ley de Tierras

Los legisladores nacionales no deberían aprobar una modificación de la llamada Ley de Tierras, que establece límites a los extranjeros para la compra de campos en Argentina. Más del diez por ciento del territorio nacional ya está, de acuerdo a la información ampliamente difundida, en manos de capitales extranjeros.

El pretexto que se argumenta es que suprimiendo esa normativa y aprobando otra que permita la compra de tierras sin límite alguno, van a incrementarse las inversiones extranjeras en el país, lo que a mí parecer es un elegante engaño.

La experiencia demuestra que lo del incremento de la inversión no es cierto y uno de los ejemplos de ello, entre tantos otros, es el caso de la firma Benetton, que tiene una inmensa extensión de tierras en nuestra Patagonia y nunca hizo inversión alguna. Hasta fue señalada de sacar la producción a través de Chile para evadir impuestos.

No solo no debería modificarse la Ley de Tierras, sino que tendría que profundizarse, prohibiéndole a los capitales extranjeros que puedan comprar indiscriminadamente grandes extensiones en nuestro país.

Asimismo, a quienes ya posean tierras en Argentina, reclamarles que las vendan fragmentadas en parcelas mínimas rentables a veterinarios e ingenieros agrónomos argentinos, para que ellos puedan trabajarlas y volverlas productivas.

En muchos países del mundo se prohíbe a extranjeros adquirir tierras en su territorio, entre otros Tailandia, Japón y hasta Estados Unidos, que tiene estados en donde se prohíbe a extranjeros dichas operaciones, y si alguien lo hace se le exige venderlas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 1993 al 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 16 afirma que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".

Cada año, la ONU propone un lema particular, y en esta ocasión pone el acento en "Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil".

En nuestro país, un reciente estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del ICF de la Universidad Austral demuestra que "persisten desigualdades estructurales" que impactan negativamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Los datos son elocuentes: un preocupante porcentaje (13%) de niños entre 0 y 17 años vive en condiciones de hacinamiento y un 23,3% lo hace en viviendas construidas con materiales precarios.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: Xinhua/Li Rui

En materia educativa debe tenerse en cuenta que la asistencia a un establecimiento educativo público en niños de 3 a 4 años es del 65%, mientras que niños de entre 5 y 12 años es del 70,3% y entre 13 y 17 años alcanza el valor de 71,7%.

Estos números reflejan claramente la necesidad e importancia de la inversión estatal en la educación pública y la conveniencia del diálogo colaborativo con las familias para favorecer condiciones reales de igualdad de oportunidades.

Algo similar ocurre con el sistema de salud pública, donde un 47% de niños de 0 a 4 años y un 43% de entre 5 y 17 dependen exclusivamente de este sistema, razón por la cual urge su fortalecimiento. A esto se suma una realidad particularmente alarmante: los elevados índices de violencia doméstica, que afectan directamente a los niños, muchas veces dentro de su propio entorno familiar.

Es de esperar que el Estado asuma con plena responsabilidad la garantía de las mejores condiciones de vida para la población infantil, tal como se comprometió al adherir a la Convención sobre los Derechos del Niño y al sancionar la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26061).

En este sentido, resulta urgente impulsar decisiones con mayor sensibilidad social que reconozcan a la familia como un verdadero capital social, fundamental para el desarrollo y el crecimiento integral de la persona humana.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: Xinhua/Li Rui

Estos indicadores interpelan de manera directa a las políticas públicas, pero también abren una reflexión más profunda: el cuidado de la infancia no puede ser concebido únicamente como una responsabilidad individual o familiar. Como ha señalado el papa Francisco en el marco del Pacto Educativo Global, citando un proverbio africano, "para educar a un niño hace falta una aldea entera".

Esta afirmación expresa con claridad que la tarea de educar, cuidar y acompañar no se agota en el ámbito privado, sino que requiere de un entramado social amplio y comprometido.

Las familias, en su misión insustituible, necesitan ser sostenidas por una red de contención que involucre al Estado, a la escuela, a las instituciones intermedias, a las organizaciones sociales y a las comunidades de fe. Fortalecer esta red no implica reemplazar a los padres, sino acompañarlos, generar condiciones y ofrecer recursos que hagan posible su tarea educativa.

De este modo, la construcción del bienestar infantil exige una auténtica corresponsabilidad social, capaz de superar miradas fragmentadas y de apostar por una cultura del cuidado que integre a todos los actores.

Sin embargo, esta responsabilidad compartida no diluye el compromiso personal. Por el contrario, lo hace más urgente y concreto. Como recordaba la Madre Teresa de Calcuta ante la pregunta sobre cómo cambiar el mundo: "Ve y empieza por tu familia".

La realidad actual muestra que muchas de las carencias más profundas no son solamente materiales, sino afectivas y espirituales. En un tiempo de hiperconexión, crece paradójicamente la experiencia de soledad, lo que pone en evidencia la necesidad de recuperar el diálogo, la cercanía y la empatía en el interior del hogar.

Cuidar la familia es cuidar los vínculos: fortalecer la relación de pareja, generar espacios de escucha, acompañar a los hijos con presencia y dedicación, y hacer del hogar un lugar de confianza y seguridad. Quien ha logrado construir una familia sabe que tiene entre sus manos un bien frágil y valioso, que requiere atención constante.

Por eso, el Día Internacional de la Familia se presenta como una oportunidad para renovar este compromiso, que es al mismo tiempo personal, social y comunitario. Solo integrando estas dimensiones podremos avanzar hacia una sociedad más humana, en la que cada niño crezca rodeado del cuidado y la esperanza que necesita.

El autor es doctor en Derecho y director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Santa Fe.

Conceptos que no pierden su vigencia (1)

Durante su homilía del 25 de junio de 2022, realizada en el marco de la jornada de cierre del X Encuentro Mundial de las Familias en la Plaza de San Pedro (Ciudad del Vaticano), el papa Francisco dijo que "la familia es el primer lugar donde se aprende a amar".

"Hoy presentamos ante Dios con gratitud, como en un gran ofertorio, todo lo que el Espíritu Santo ha sembrado en ustedes, queridas familias y le pedimos a Él que los sostenga con su fuerza y con su amor", enfatizó Jorge Bergoglio (1936-2025) en aquella oportunidad.

"Son papás, mamás, hijos, abuelos, tíos; son adultos, niños, jóvenes, ancianos; cada uno con una experiencia diferente de familia, pero todos con la misma esperanza hecha oración. Que Dios bendiga y proteja a sus familias y a todas las familias del mundo. (...)

(...) Todos ustedes cónyuges, formando su familia, con la gracia de Cristo han hecho esta elección valiente: no usar su libertad para ustedes mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a su lado", agregó el santo padre.

"(…) En vez de vivir como 'islas', los puso al servicio los unos de los otros. De este modo se vive la libertad en familia. No hay 'planetas' o 'satélites' que viajan cada uno en su propia órbita. La familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar", destacó a continuación.

"(...) Así, precisamente, mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte, y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio", redondeó.

(1) Palabras vertidas por el entonces papa Francisco, extraídas del testimonio del periodista uruguayo Sebastián Sansón Ferrari para Vatican News y Radio Vaticana.

Juan José Sagardía

Por este medio, expreso mi opinión de eliminar la Ley Nº 27412 de Paridad de Género, del año 2017, por cuanto la misma es inconstitucional, fue generada por los legisladores de ese momento, convencidos -para mí desde una lógica patriarcal- de que hacían un acto de justicia a sus congéneres, las mujeres.

No soy mujer, pero a mis 82 años de edad, con sesenta y cuatro años de trabajo, y un concepto bien claro de lo que es la libertad, creo que esta ley a la que me refiero no respeta lo determinado en la propia Constitución Nacional.

En su artículo 37, segunda parte, la Carta Magna argentina dice que "la igualdad real de oportunidades de hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas de los Partidos Políticos y el Régimen Electoral".

Bien, esto último para mí no se cumplió y con la ley en cuestión el patriarcado entendió que con igualar hombres y mujeres en el 50% ya estaban determinados los derechos individuales.

Creo que se equivocaron, porque no respetaron la Constitución en su esencia ni el principio más importante de los ciudadanos: la libertad. Es decir, si el ciudadano quiere elegir libremente más allá de ese 50/50 entiendo que podría hacerlo.

La reserva para el cumplimiento de lo que podríamos llamar "el espíritu" de lo normado en la Constitución lo tiene el Poder Judicial y en su nombre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha emitido opinión alguna al respecto.

Todo bien hasta acá, mientras los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con esto demuestran a mi entender que no respetan la Constitución Nacional, que es el reservorio de los ciudadanos que creemos que somos libres.

La mujer, en la actualidad y desde siempre, ha demostrado la igualdad como ser humano con el hombre. La mujer está involucrada en todo lo que sea la comunidad, como nos expresamos actualmente.

No hay sector alguno en el que la mujer no forme parte. En el campo, la industria, el comercio, la educación, la política, en cuantas profesiones hay, además son empleadas en mayor cantidad que los hombres. Y existe un "pequeño" detalle que las diferencia fundamentalmente de nosotros: son madres.

Si anulamos esta Ley de Paridad de Género, respetando a la Constitución Nacional, podremos decir que nos demoramos y que nos equivocamos con los derechos de la mujer, pero siempre estamos a tiempo. Bien en el próximo año podríamos mirar a los ojos a las mujeres y decir: somos iguales ante la Constitución.

Me gusta generar opinión y por eso quería dar mi punto de vista sobre este tema con este comentario. Espero que algunos, o muchos, coincidan con el espíritu del mismo.

Por Raúl Ochoa y Gómez y Hugo Freyre

La coyuntura económica argentina atraviesa un momento decisivo. Tras meses de una terapia de shock que logró frenar la inercia al abismo, el programa económico de Javier Milei se enfrenta al desafío de mostrar que la estabilidad es sustentable y que el equilibrio fiscal no es el destino final, sino el punto de partida hacia una transformación estructural.

Para entender la magnitud del problema actual, es necesario analizar los factores externos que obligan a ajustar el plan de estabilización.

La economía atraviesa un contexto global muy volátil, donde continúan las tensiones entre Rusia y Europa por la invasión a Ucrania, el conflicto en la Franja de Gaza no se detiene y finalmente la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán genera un fuerte impacto económico en todo el mundo y particularmente en Argentina, donde el aumento del petróleo presiona sobre combustibles, logística y alimentos.

Este escenario incrementa la incertidumbre, lo que afecta negativamente al riesgo país y a la inversión extranjera directa. Asimismo, el alza en las tasas de interés de Estados Unidos restringe aún más las condiciones de financiamiento.

Todo esto se evidencia en los indicadores de los últimos meses, que muestran mayor inflación y morosidad crediticia, junto con caída en la producción, las ventas minoristas y los salarios reales. La inflación ya no desciende con la inercia del 2024 y la actividad económica parece haber encallado en una meseta de bajo consumo.

Hoy vivimos en una Argentina partida en dos velocidades: por un lado, un sector exportador con cantidades récord, liderado por el agro, el petróleo y la minería con un panorama sumamente alentador y que genera un fuerte ingreso de divisas; pero por el otro, la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el consumo interno muestran un deterioro significativo durante la gestión de Milei.

Es aquí donde surge la advertencia central: el orden macroeconómico es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. Esta estabilidad constituye los cimientos sobre los cuales debe construirse un programa de crecimiento y desarrollo.

El consenso de que el orden en las cuentas públicas llegó para quedarse es, quizás, el mayor activo cultural de esta gestión, pero la sustentabilidad del programa depende de avanzar hacia una fase de crecimiento del ingreso.

En este marco, es necesario combinar el equilibrio fiscal con una agenda de competitividad que piense en el desarrollo, teniendo a la obra pública estratégica como eje central; el ejemplo de la Provincia de Santa Fe, demuestra como la gestión de la infraestructura se vuelve un motor para los sectores productivos.

En definitiva, para que el programa económico nacional sea algo más que una exitosa operación de estabilización financiera, debe reactivar los motores de la economía real frente a un mundo cada vez más dinámico y disruptivo.

La Argentina de las dos velocidades necesita homogeneizar el crecimiento, impulsando al sector exportador así como también potenciando a la economía en su conjunto, cuidando las fuentes de empleo existentes y generando nuevas. Esto implica construir capacidades humanas y tecnológicas para tener un crecimiento sostenible.

Aunque el orden macroeconómico no garantiza el bienestar inmediato, su ausencia lo imposibilita. El desafío ahora es que el orden fiscal se traduzca en un alivio tangible para quienes hoy están excluidos de la reactivación.

La historia juzgará no solo la meta del déficit cero, sino la capacidad de transformar ese equilibrio en un plan que logre unificar las distintas velocidades de una Argentina hoy fracturada.

Miguel Roig

Miguel Lifschitz nos dejó cuando el mundo giró en una curva tan abierta e incierta que aún no ha terminado de encontrar la recta por la que la realidad debería continuar su curso. Al igual que apuntaba de su época Stefan Zweig en "El mundo de ayer", nuestro tiempo nos ha dado una nueva organización de la simultaneidad pero aún carecemos de pericia para interpelarlo.

Lifschitz dejó al irse un mundo que ya no existe pero, si pudiera ahora intervenir en el actual, intentaría interpretarlo y modificarlo con las mismas herramientas que utilizó siempre: el pragmatismo que le dio su formación de ingeniero y la creatividad que desarrolló en el campo político.

Roberto Miguel Lifschitz. Nació en rosario el 13 de septiembre de 1955 y falleció en la misma localidad el 9 de mayo de 2021. Fue el intendente rosarino por dos periodos y gobernador de la provincia de Santa Fe entre 2015 y 2019.

Cuando Lifschitz era estudiante de la carrera técnica abrazó el socialismo conmovido por el proceso de Salvador Allende en Chile pero, ante la interrupción sangrienta de aquel gobierno por el golpe militar, no dudó en comenzar su militancia activa. Es bueno leer aquel momento en contraste con el actual para entender su modo de pensar la política y su actitud a la hora de ejecutarla.

La década de los años setenta fue un contrapunto psicótico de luces y sombras en el mundo; también en Latinoamérica y en el país. El ciclo keynesiano comenzaba a resquebrajarse; la primavera de Praga y el mayo francés marcaban la evidencia feroz de la fatiga de los materiales a uno y otro lado de las vallas ideológicas.

El fordismo cerraba su ciclo y ya se atisbaban en Estados Unidos las primeras deslocalizaciones. Era difícil preverlo pero el mundo estaba cambiando y se despertaría con la caída del bloque soviético y el amanecer neoliberal.

En la incubación de aquel escenario la violencia brotó en el país primero como utopía y después con la oscuridad distópica de la dictadura. La urgencia, entonces, reclamaba a la izquierda seguir la estela de la revolución cubana. La mesura, sin embargo, era la opción democrática de Allende que se adelantó en eso al programa de Enrico Berlinguer al crear el eurocomunismo -la vía parlamentaria- y romper un dogma.

Roberto Miguel Lifschitz. Nació en rosario el 13 de septiembre de 1955 y falleció en la misma localidad el 9 de mayo de 2021. Fue el intendente rosarino por dos periodos y gobernador de la provincia de Santa Fe entre 2015 y 2019. Crédito: Luis Cetraro

Es eso lo que ve Lifschitz en los tempranos años setenta, un intangible difícil de vislumbrar para muchos: el socialismo parlamentario. Muchos años después, en el ejercicio del poder, tanto municipal como provincial, desde el pragmatismo creativo supo plasmar esta idea incluso en los proyectos de máxima ampliación del campo democrático, siempre con márgenes limitados para conquistar cada espacio.

La reforma constitucional santafesina es una herramienta que él impulsó y que fue un logro póstumo. Quienes hoy la implementaron son virtuosos ejecutores de su obra y los que la han apoyado ahora, a pesar de no avalarla en su día, rindieron un honesto y justo tributo a su ideólogo político. Esta unidad tardía también forma parte del programa vital de Lifschitz.

La ucronía invita a imaginar cómo gestionaría hoy este momento de disrupción, en medio de una revolución tecnológica que propone un escenario mucho más incierto que el giro vivido en el siglo pasado.

No hay riesgo en pensar que repetiría las mismas pautas que escogió en su juventud: la vía lenta pero firme de una construcción política serena aunque siempre audaz. Consciente de no poder impedir las irrupciones iliberales no por ello las naturalizaría.

No hay duda de que habría, como tuvo en su día, muchas voluntades sumadas a ese propósito. La tarea, entonces, no solo es recordarlo sino intentar construir, aún en el tránsito de esta extenuante curva, un programa similar. Hay referentes: la resistencia de Pedro Sánchez en España, la voluntad perenne de Luiz Lula da Silva en Brasil o la discreta virtud de Yamandú Orsi en la orilla oriental.

Habrá quien piense que es muy difícil hacerlo en un tiempo tan veloz y divergente pero,… ¿alguna vez ha estado detenida la Historia?