SpaceX dio a conocer este martes 4 de agosto sus primeros resultados financieros desde que cotiza en bolsa, reportando ingresos por US$ 7.810 millones durante el segundo trimestre del año. La cifra representó un salto del 92% respecto de junio y superó con claridad las proyecciones de los analistas de Wall Street, que esperaban US$ 6.930 millones. Pese al notable volumen de facturación, la firma conducida por Elon Musk registró un resultado operativo en rojo con pérdidas por US$ 541 millones.

El balance era aguardado con gran expectativa por los mercados globales tras la volatilidad experimentada por la acción luego de su histórico debut bursátil en junio.

La salida a bolsa de SpaceX en junio de 2026 fue la mayor en la historia de los mercados financieros, elevando la valuación de la compañía a los 2 billones de dólares y convirtiendo temporalmente a Elon Musk en el primer billonario (en la escala anglosajona de un billón de dólares o trillionaire) del planeta.

Sin embargo, en las semanas posteriores al hito bursátil, el valor de la acción sufrió un fuerte retroceso del 24%, lo que implicó una pérdida cercana a los 500.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

“Este informe llega en un momento crucial: el precio de las acciones sufrió una fuerte caída en las últimas semanas, bajando un 50% respecto de su punto máximo y cotizando por debajo del precio de salida a bolsa”, analizó Kathleen Brooks, directora de investigación de la firma XTB. “Como era de esperarse, los inversores estaban nerviosos antes de este reporte, ya que puede determinar la dirección a largo plazo de la acción”, añadió.

SpaceX funciona como un conglomerado que integra la división de cohetes espaciales, el servicio de internet satelital Starlink, la plataforma de inteligencia artificial xAI y la red social X.

El desglose por áreas del segundo trimestre reveló un desempeño superior al previsto en todos sus segmentos:

A modo de balance anual acumulado, durante el año pasado el conglomerado acumuló ingresos por US$ 18.700 millones, pero con una pérdida operativa total de US$ 4.300 millones, reflejando el elevado nivel de inversión en desarrollo tecnológico y lanzamientos espaciales.

A pesar de los sólidos datos de facturación presentados este martes, la prueba de fuego inmediata para el valor de la compañía tendrá lugar este jueves. Ese día finaliza el periodo de restricción (lockup) para la venta de 912 millones de acciones en manos de empleados e inversores iniciales.

El ingreso al mercado de este volumen de títulos —que representa más del doble de la cantidad circulante actual— genera incertidumbre entre los analistas, dado que un aumento abrupto en la oferta podría presionar a la baja la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York.

La presentación de este primer balance financiero confirma el inmenso alcance operativo del ecosistema de empresas agrupadas bajo el paraguas de SpaceX, sosteniendo un ritmo de crecimiento acelerado en telecomunicaciones e inteligencia artificial.

No obstante, el desafío central para la dirección de la compañía y para Elon Musk radicará en transformar ese volumen récord de ingresos en rentabilidad sostenida para convencer a un mercado bursátil cada vez más exigente.

The Economist actualizó el índice Big Mac con datos a julio de 2026, una medición internacional basada en el precio de un insumo cotidiano que compara más de 50 monedas frente a los dólares estadounidenses y publica además una variante ajustada por PBI per cápita para incorporar poder adquisitivo.

La versión ajustada por ingreso ubica al peso argentino 19% sobrevaluado frente al dólar y coloca a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas; esa evolución muestra retrocesos desde que en enero de 2025 lideró la tabla y desde enero de 2026 quedó 13.ª antes de la actualización de julio de 2026.

La metodología basada en PBI per cápita busca corregir la distorsión que generan menores costos laborales en países de ingresos bajos y medianos; en la medición ajustada regional aparecen Uruguay con 77,4% de sobrevaluación y Colombia con 63,6%, mientras que entre los europeos sobresalen Suiza, Reino Unido y la zona euro en términos de sobreprecio.

En la versión tradicional, que convierte el Precio local al tipo de cambio de mercado sin el ajuste por ingreso, un Big Mac cuesta en argentina 5,91 dólares frente a 6,22 dólares en Estados Unidos, es decir 5% menos, por lo que en ese enfoque el peso figura entre las monedas subvaluadas según la evaluación convencional.

El índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una herramienta didáctica para ilustrar la teoría del tipo de cambio y con el tiempo se convirtió en una referencia citada en manuales y estudios académicos.

En julio de 2022 The Economist actualizó la metodología: comenzó a usar un Precio proporcionado por McDonald’s para Estados Unidos y ajustó el cálculo de la versión basada en PBI per cápita, cuyo historial se actualiza cuando el FMI publica su serie de PIB.

La medición internacional no pretende sustituir herramientas técnicas ni análisis financieros, sino ofrecer una comparación sencilla del Precio del insumo cotidiano entre monedas y señalar posibles desviaciones frente al dólar.

En la comparación ajustada por ingreso la región muestra heterogeneidad: Chile aparece con 6,1% de sobrevaluación y México con 25,4% en la medición basada en PBI per cápita, mientras que Brasil registra una subvaluación de 6% y Perú figura prácticamente alineado con 0,5%.

n la evaluación tradicional latinoamericana las diferencias son distintas: Colombia figura 28,7% sobrevaluada en el enfoque convencional, el peso mexicano casi alineado con 0,8%, el peso chileno y el real brasileño aparecen subvaluados (-13,1% y -24,4% respectivamente) y el sol peruano muestra -19,7%.

El contraste entre ambas versiones ilustra cómo el Precio de un mismo producto y la elección de ajustar por ingreso modifican la interpretación del valor de las monedas frente al dólar y el impacto regional en américa latina.

La actualización a julio de 2026 consolida esos datos y deja como consecuencia verificable que expertos y analistas recurren al índice Big Mac como referencia didáctica sobre la evolución de monedas y el Precio relativo frente a los dólares.

Más de un mes después de los terremotos que devastaron parte del norte de Venezuela, el número de víctimas fatales continúa en aumento. El último balance oficial elevó a 6.125 la cifra de fallecidos, en una tragedia que también dejó decenas de miles de heridos, miles de viviendas destruidas y una extensa tarea de reconstrucción que aún está en marcha.

La nueva actualización fue difundida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que los fallecidos ascienden a 6.125. Además, cerca de 60.992 personas recibieron atención hospitalaria desde que ocurrieron los sismos del 24 de junio.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con pocos segundos de diferencia. Créditos: Reuters/Gaby Oraa

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con pocos segundos de diferencia y tuvieron su mayor impacto en el estado de La Guaira, aunque también provocaron importantes daños en Caracas y otras regiones del norte venezolano. Desde entonces, las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de infraestructura se desarrollan de manera ininterrumpida.

Las autoridades señalaron que continúa la asistencia a los damnificados mediante la entrega de viviendas, atención médica y distribución de ayuda humanitaria. Sin embargo, la magnitud del desastre hace que la recuperación avance de manera gradual.

Según datos oficiales, solo el 16,5% de los escombros generados por los derrumbes fue removido, una cifra que refleja la dimensión del trabajo pendiente para recuperar las zonas afectadas.

Solo el 16,5% de los escombros generados por los derrumbes fue removido. Créditos: Reuters/Gaby Oraa

Mientras prosiguen las tareas de reconstrucción, el Gobierno venezolano sostiene que se avanza en la reposición de viviendas y servicios esenciales para las familias afectadas. Entre las medidas anunciadas figura la entrega de nuevas casas a personas que perdieron sus hogares durante el desastre.

No obstante, organizaciones de derechos humanos y plataformas ciudadanas mantienen interrogantes sobre el número real de personas desaparecidas. La cifra oficial continúa en 157 desaparecidos, aunque distintas organizaciones consideran que el total podría ser considerablemente mayor y reclaman una actualización permanente de los registros.

La reconstrucción también enfrenta un importante desafío económico. El Banco Mundial estimó que los daños materiales ascienden a 19.600 millones de dólares, una cifra que representa un fuerte impacto para un país que ya atravesaba dificultades económicas antes del desastre.

En paralelo, Naciones Unidas trabaja junto con las autoridades venezolanas y organismos internacionales en un plan integral para la recuperación de las zonas afectadas. La iniciativa contempla la reconstrucción de infraestructura, la restitución de servicios básicos como agua y electricidad y el fortalecimiento de la asistencia humanitaria para más de un millón de personas.

La respuesta oficial también continúa bajo observación. Mientras el Gobierno defiende las acciones desplegadas desde el inicio de la emergencia, algunos sectores de la población cuestionan la rapidez con la que llegaron los equipos de rescate y la asistencia en las primeras horas posteriores a los terremotos.

Con el paso de las semanas, la emergencia inmediata dio lugar a una etapa centrada en la reconstrucción. Sin embargo, el aumento constante del número de fallecidos demuestra que las consecuencias del doble terremoto siguen presentes y que el proceso para recuperar las regiones afectadas demandará meses, e incluso años, de trabajo coordinado entre las autoridades nacionales, organismos internacionales y las comunidades locales.

El número de muertos en Venezuela por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas el lunes (03.08.2026) por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades no actualizaban ese número desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales.

El "boletín informativo semanal" correspondiente a la "etapa de reconstrucción" señala también que 43.679 viviendas han sido evaluadas y que, de un total de 41.624, hay 9.866 "restringidas" y 6.433 en "alto riesgo".

En cambio, 25.325 de las viviendas afectadas son habitables, aseguró Rodríguez.

La ONG venezolana Provea exigió este lunes al gobierno actualizar la cifra de fallecidos y la de desaparecidos, esta última congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar.

Según el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos.

Sin embargo, Iniciativas ciudadanas como 'Desaparecido⅚s Terremoto Venezuela' han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay "un registro público que respalde".

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

Las fuerzas armadas de Rumania realizaron una explosión controlada y submarina con 180 kilos de explosivos cerca del canal Bala, en el curso bajo del Danubio, para redireccionar el caudal y llevar agua que permitiera refrigerar la central nuclear y evitar desconectar su segundo reactor.

La planta de Cernavoda, situada en el sureste, tiene dos reactores de 706 MW cada uno y genera cerca del 20% de la electricidad que consume Rumania; la prolongada sequía extrema redujo el caudal del Danubio y obligó a desconectar uno de los reactores, por lo que la central estuvo en riesgo de quedar fuera de servicio.

El ministro de Defensa, Radu Miruta, dijo “Cada día adicional de funcionamiento de la central de Cernavoda supone una ganancia”, y anunció el éxito del Operativo tras un primer intento fallido el domingo; con la maniobra las autoridades esperan que al menos la segunda unidad pueda seguir en servicio.

La intervención consistió en una detonación submarina sobre una roca en el canal Bala, usando 180 kilos de explosivos para mover el obstáculo y redireccionar agua hacia el cauce principal y la planta, con el objetivo de refrigerar el ciclo térmico y reducir el riesgo para la central.

El operativo del ejército implicó una explosión controlada y submarina destinada a abrir paso en el lecho del río; las autoridades describieron la maniobra como una forma de redireccionar el caudal hacia el canal principal y hacia Cernavoda para asegurar el flujo de agua.

Se emplearon exactamente 180 kilos de explosivos en el punto próximo al canal Bala para desplazar una roca que obstaculizaba el paso del agua; la detonación buscó que más agua alcanzara la planta y así refrigerar el sistema de la central nuclear.

Tras un primer intento fallido el domingo, las fuerzas confirmaron el éxito de la segunda intervención y destacaron que el Operativo pretendía minimizar el riesgo de que la unidad restante quedara fuera del servicio por la caída del caudal del Danubio.

La caída del caudal y la desconexión de un reactor redujeron la producción y obligaron al Ejecutivo a declarar el Estado de Alerta Nacional hasta el 31 de agosto; la situación afectó la planificación del suministro de electricidad.

Ante la pérdida de capacidad, el gobierno anunció aumento de importaciones de electricidad, principalmente desde Ucrania, y aprobó una partida extraordinaria de 1,3 millones de euros para obras hidráulicas destinadas a mitigar la sequía extrema.

Además, se convocó a responsables de unas 80 empresas para estudiar aportes a la crisis energética y fabricantes como Dacia y Ford acordaron parar su producción hasta el día 19, mientras ciudades aplican medidas de ahorro energético.

Los meteorólogos pronostican una nueva ola de calor con temperaturas de hasta 41 grados, lo que podría mantener la presión sobre el Danubio y la necesidad de mantener el Operativo y las medidas para asegurar el servicio eléctrico.

El río Rin ha alcanzado niveles mínimos históricos en varios puntos de Alemania y los Países Bajos, debido a las prolongadas olas de calor que azotan Europa.

La semana pasada, se registraron en Colonia, en el oeste de Alemania, y en Lobith, donde el Rin cruza de Alemania a los Países Bajos, niveles inferiores a los de cualquier otro momento desde que se tienen registros.

Otros ríos europeos importantes con funciones cruciales en el transporte, la industria y la agricultura también han registrado niveles mínimos históricos, como el Danubio, que atraviesa 10 países, y el río Po de Italia.

Según los observatorios de sequía de la UE, las condiciones de sequía se mantuvieron estables y críticas en la mayor parte de Europa, y empeoraron en el centro y oeste del continente a mediados de julio.

Se prevé que la ola de calor se prolongue al menos una semana más, elevando las temperaturas por encima de los 40 °C en muchos países del centro y sur de Europa.

El Sistema Nacional de Información sobre Niveles Bajo de Agua (NIWIS, por sus siglas en inglés) de Alemania informó que el 44% de las estaciones de medición del Rin y el 78% de las del Danubio registraron niveles de agua extremadamente bajos a finales de julio.

El Rin, que nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte, es una de las vías fluviales más transitadas de Europa. La disminución del nivel del agua ha generado preocupación por las consecuencias económicas de tener que limitar la navegación y el transporte marítimo.

El viernes, la profundidad de las aguas navegables en el estrecho de Kaub, cerca de Coblenza, alcanzó el mínimo histórico de 25 cm registrado en 2018, antes de recuperarse ligeramente el lunes.

La estación de aforo de Kaub, en el oeste de Alemania, es un indicador clave de la navegabilidad del Rin, ya que mide la capacidad de carga de los buques. Los bajos niveles de agua que se registran allí pueden restringir gravemente la navegación fluvial.

Martin Wolters, de la Autoridad de Vías Navegables y Transporte Marítimo del Rin, declaró al medio alemán WDR que, si bien era improbable que se suspendiera por completo el transporte marítimo en el Rin, habría que tomar precauciones, como distribuir la carga entre más buques para aligerar su peso.

Con el tiempo, esto puede provocar mayores costes de transporte y cuellos de botella en el suministro, afirmó Wolters.

"Llega un momento en que las cargas son demasiado pequeñas para que merezca la pena o los armadores están preocupados por dañar sus barcos", declaró a Reuters un comerciante de materias primas.

La semana pasada, las aguas del Danubio descendieron a los niveles más bajos en 30 años en varios países, entre ellos Serbia y Rumanía, dejando a la única central nuclear de Hungría al borde del cierre.

Las instalaciones están funcionando a capacidad reducida y los responsables están evaluando si será necesario desconectarlas por completo.

La sequía del Danubio también está provocando graves interrupciones en el suministro eléctrico en Serbia y Rumanía.

Serbia redujo la producción en sus centrales eléctricas de carbón debido a la falta de agua que interrumpía los sistemas de refrigeración, mientras que Rumania llevó a cabo una explosión controlada en una gran roca a orillas del Danubio para aumentar el caudal de agua hacia la central nuclear de Cernavoda.

Dos fábricas de automóviles en Rumania, gestionadas por Dacia y Ford, han acordado detener la producción durante más de dos semanas para reducir el consumo de electricidad.

El río Po, el más largo de Italia, alcanzó un mínimo histórico cerca de la ciudad de Cremona a finales de julio. Las autoridades elevaron el nivel de alerta por sequía a "alto" en todo el valle del Po, mientras que los expertos advirtieron sobre posibles interrupciones en el suministro de agua potable.

La disminución del caudal del río Po en su desembocadura también ha provocado que el agua salada del mar inunde el lecho del río, alterando el ecosistema y causando graves problemas a los agricultores que utilizan el agua del Po para regar sus cultivos.

Un estudio reciente realizado por científicos del grupo World Weather Attribution concluyó que no se había observado una tendencia clara a largo plazo hacia una disminución de las precipitaciones en gran parte de Europa.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando la evaporación de la humedad debido a las temperaturas más elevadas, lo que hace más probables las condiciones de sequía.

El clima cálido y seco también aumentó la demanda de agua para uso doméstico, agrícola e industrial.

Los períodos prolongados de sequía también pueden afectar los niveles de agua de los lagos, lo que repercute en la disponibilidad de recursos de agua dulce.

El servicio climático Copernicus de la UE afirmó que la sequía de 2022 en Europa contribuyó a un aumento de la actividad de los incendios forestales, lo que a su vez provocó emisiones de carbono superiores a la media.

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego del incendio de un ferry de pasajeros que navegaba frente a la isla de Madura, en Indonesia.

El siniestro obligó a decenas de ocupantes a arrojarse al mar para escapar de las llamas, mientras embarcaciones civiles, remolcadores y unidades de la Marina participaron en un operativo de rescate que se extendía este domingo.

Las autoridades investigan las causas del incendio, mientras continúan las tareas de búsqueda de los desaparecidos.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el ferry Mutiara Sentosa 2 cubría la ruta entre la ciudad portuaria de Surabaya, en la isla de Java, y Makassar, en Célebes.

De acuerdo con las autoridades indonesias, la embarcación transportaba 271 personas, entre ellas 232 pasajeros y 39 tripulantes, cuando se declaró un incendio en alta mar, cerca de la isla de Madura.

Según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), el capitán alcanzó a reportar la emergencia poco después de iniciarse el fuego. En cuestión de minutos, una densa columna de humo negro cubrió gran parte del ferry y las llamas comenzaron a propagarse por distintos sectores de la embarcación.

Las imágenes difundidas por pasajeros y testigos mostraron escenas de gran tensión. Muchas personas, equipadas con chalecos salvavidas, optaron por lanzarse al mar para alejarse del incendio mientras esperaban la llegada de ayuda.

Algunas permanecieron flotando durante varios minutos hasta ser rescatadas por barcos que navegaban por la zona.

La respuesta incluyó la participación de remolcadores, embarcaciones comerciales, pesqueros y unidades de la Marina de Indonesia, que coordinaron la evacuación de los sobrevivientes.

Hasta la tarde del domingo, las autoridades habían confirmado el rescate de 225 personas, mientras continuaban los trabajos para localizar a quienes seguían desaparecidos.

El balance oficial indicaba además la muerte de al menos cinco ocupantes. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la cifra podría modificarse a medida que avance el operativo, ya que aún no se logró establecer con precisión el paradero de todos los pasajeros registrados en la travesía.

Las condiciones del mar complicaron las tareas de rescate. El fuerte oleaje y las corrientes obligaron a ampliar el área de búsqueda, mientras helicópteros y embarcaciones continuaban recorriendo el sector donde varias personas fueron vistas por última vez.

Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó el incendio.

Por el momento no se informó si el fuego comenzó en la sala de máquinas, en la cubierta destinada a vehículos o en otro sector del ferry, y los especialistas aguardarán poder inspeccionar la embarcación una vez que las condiciones lo permitan.

Los equipos técnicos también analizarán el cumplimiento de los protocolos de seguridad, el estado del buque y la actuación de la tripulación durante la evacuación. Las autoridades señalaron que será necesario reconstruir la secuencia de los hechos antes de establecer responsabilidades.

Indonesia, el mayor archipiélago del mundo con más de 17.000 islas, depende en gran medida del transporte marítimo para conectar sus distintos territorios. Cada año millones de personas utilizan ferries para trasladarse entre islas, lo que convierte a estas embarcaciones en un medio de transporte esencial para la población.

Sin embargo, el país registra con frecuencia accidentes marítimos relacionados con incendios, hundimientos o naufragios.

La capital de Rusia volvió a ser escenario de un episodio de violencia este sábado por la noche, cuando una explosión provocada por un artefacto explosivo improvisado dejó al menos tres personas fallecidas y otras 21 heridas en un restaurante ubicado en una de las zonas más concurridas del centro de Moscú.

El hecho ocurrió mientras el establecimiento albergaba un evento privado y dio lugar a un amplio operativo de seguridad e investigación.

La explosión se registró poco antes de las 20 (hora local) en el restaurante italiano Balzi Rossi, situado en la plaza Kudrinskaya, dentro de uno de los emblemáticos edificios construidos durante la era estalinista.

Según la reconstrucción difundida por el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, una mujer intentó ingresar al establecimiento con un artefacto explosivo oculto entre sus pertenencias.

De acuerdo con la versión oficial, el personal de seguridad detectó una situación sospechosa cuando la mujer procuraba acceder al lugar.

Un guardia le impidió el ingreso y comenzó a inspeccionar el paquete que llevaba consigo. Fue en ese momento cuando se produjo la detonación, cuya onda expansiva alcanzó tanto a quienes se encontraban en el acceso como a clientes que permanecían en las inmediaciones y en la terraza del restaurante.

Las autoridades confirmaron que las tres víctimas fatales fueron la propia mujer que transportaba el explosivo, el guardia de seguridad que intentó detenerla y un cliente del restaurante.

Además, al menos 21 personas resultaron heridas con lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a hospitales de Moscú para recibir atención médica.

Videos difundidos por medios locales mostraron una importante presencia de ambulancias, bomberos y efectivos de fuerzas especiales en el lugar del ataque. La zona fue acordonada durante varias horas mientras los especialistas realizaban peritajes y recolectaban pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

El restaurante permanecía cerrado al público general porque esa noche se desarrollaba una celebración privada.

Algunos testigos señalaron que asistían empresarios, funcionarios y otras figuras públicas, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente quiénes participaban del encuentro ni si el evento era el objetivo específico del ataque.

Tras la explosión, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa para determinar la autoría y las circunstancias del ataque.

Los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el explosivo hubiera sido activado a distancia y que la mujer que lo transportaba desconociera el momento exacto de la detonación. Sin embargo, esa versión aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de investigación abiertas.

Hasta el momento, las autoridades rusas no informaron la identidad de las víctimas ni anunciaron detenciones vinculadas al caso. Tampoco se atribuyó el ataque a una organización específica, mientras continúan las tareas de análisis de restos del explosivo, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

El atentado se produce en un contexto de fuertes medidas de seguridad en Rusia, donde desde hace meses las autoridades reforzaron la vigilancia de espacios públicos, edificios oficiales y lugares de gran concurrencia debido a distintos episodios de violencia registrados durante el conflicto con Ucrania.

En ese escenario, cualquier incidente de estas características moviliza rápidamente a los organismos de seguridad y genera investigaciones de alto nivel.

Como consecuencia de la explosión, el tránsito en el sector céntrico de Moscú permaneció restringido durante varias horas y algunos eventos programados para la noche fueron suspendidos por precaución.

Los peritos continuaban trabajando en el lugar para determinar el tipo de explosivo utilizado, establecer cómo ingresó hasta el restaurante y esclarecer si existieron otras personas involucradas en la planificación del ataque.

Mientras avanzan las pericias, el saldo provisorio se mantiene en tres personas fallecidas y al menos 21 heridas, aunque las autoridades advirtieron que la investigación continúa y que podrían surgir nuevos elementos sobre la mecánica del hecho y sus responsables en las próximas horas.

El nuevo gobierno de la derechista Keiko Fujimori anunció el viernes (31.07.2026) que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza conservadora liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir al crimen transnacional.

A la cumbre inaugural convocada por Trump asistieron 11 mandatarios.

"Continuaremos los avances alcanzados con (....) nuestra incorporación al Escudo de las Américas", dijo el canciller Carlos Espá ante diplomáticos locales y la prensa, en una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería, en Lima.

Resaltó que una de sus prioridades será "la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción". "Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico", agregó.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

De 1.000 homicidios en 2018, la cifra se disparó a 2.600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpea a los peruanos, pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes su deseo de ingresar a la iniciativa regional impulsada por Washington.

El canciller, un exfuncionario en la embajada de Estados Unidos en Lima, destacó que Perú va a "fortalecer la cooperación con los países vecinos y con (...) socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad".

El país sudamericano de 34 millones de habitantes es uno de los principales productores mundiales de cocaína y en su territorio operan bandas de narcotráfico internacionales.

A la cumbre inaugural convocada por Trump en Florida en marzo asistieron 11 mandatarios de países del continente: de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; y de Honduras, Nasry Asfura.

El presidente argentino, Javier Milei.

También participaron los mandatarios de Panamá; José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.

Durante el encuentro, el presidente Lee felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI, informó Presidencia en un comunicado.

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos, se indicó.

También, coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.

Participaron por el gobierno argentino Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

En tanto por Corea estuvieron, Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores; Kim Jeong-Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos; Wi Sung-Iac, Director de Seguridad Nacional de la Presidencia; Lee Chong-Hwa, embajador de la República de Corea; Lim Woong-Soon, Segundo Secretario de Seguridad Nacional y Kang Yu-Jung, portavoz Principal de la Presidencia.

Además, Quirno informó que previamente, en el Palcio San Martín, sede de la Cancillería, Argentina y Corea del Sur firmaron un Memorándum de Entendimiento para profundizar la cooperación en minerales críticos, especialmente en litio.

"El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento. Además, este instrumento permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada", detalló el funcionario en su cuenta de X.

Quirno sostuvo también que "la presencia de POSCO en la Argentina ya demuestra la escala de lo que podemos construir juntos" y que "los minerales críticos son el puente entre los recursos de la Argentina y las industrias que están definiendo el futuro".

"Nuestra alianza se traducirá en inversión, producción, empleo y una mayor presencia argentina en las cadenas globales de tecnología", cerró.

Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una serie de ataques contra objetivos en Irán durante la noche del miércoles, en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles atribuidos a Teherán contra posiciones estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

La ofensiva comenzó cerca de las 20:00 del miércoles (00:00 GMT del jueves), según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de sus redes oficiales. El organismo calificó la operación como una respuesta a los intentos de ataque registrados previamente contra sus tropas en la región.

De acuerdo con el comunicado difundido por CENTCOM, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de precisión contra decenas de objetivos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dentro de Irán.

Entre los puntos alcanzados se encontraban centros de comando militar, instalaciones relacionadas con misiles y drones, sistemas de vigilancia, posiciones de defensa costera y capacidades marítimas.

El Comando Central indicó que la operación tuvo como objetivo reducir las amenazas que, según Estados Unidos, representan Irán y sus aliados para sus efectivos desplegados en Medio Oriente, el transporte marítimo comercial y los países cercanos al Golfo.

La escalada se produjo luego de que el martes las fuerzas del CGRI lanzaran múltiples misiles balísticos desde territorio iraní en un intento de ataque contra tropas estadounidenses ubicadas en la región.

Según la información difundida por Estados Unidos, todos los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.

Tras esos hechos, Washington anunció una respuesta militar que finalmente se concretó con la ofensiva ejecutada durante la noche del miércoles.

La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente

En medio del aumento de las tensiones, Estados Unidos mantiene desplegados actualmente más de 50.000 militares en distintos puntos de Medio Oriente.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las operaciones buscan proteger a sus fuerzas, garantizar la seguridad de las rutas marítimas comerciales y responder ante posibles nuevas amenazas en la región.

La nueva ofensiva suma un capítulo más a la creciente tensión entre Washington y Teherán, en un escenario marcado por ataques, respuestas militares y movimientos estratégicos de ambos países.

Gonzalo Fracchia | Gustavo Ocampo

Este jueves 30 de julio se realiza la primera votación informal, secreta y a puerta cerrada para elegir al próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el argentino Rafael Grossi como candidato.

En esta instancia, los 15 miembros del Consejo de Seguridad medirán de forma secreta y no vinculante el apoyo inicial a los candidatos, con China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia como integrantes permanentes y con poder de veto.

Quien resulte elegido asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, sucediendo al portugués António Guterres.

Rafael Grossi no sólo es el nombre de mayor reconocimiento para las portadas argentinas por obvias razones, sino que también cuenta con espalda y trayectoria para posicionarse como un favorito.

Joaquín Bernardis, licenciado en Relaciones Internacionales del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF habló en CyD Litoral sobre el perfil del argentino: “Este diplomático argentino de carrera que lidera el Organismo Internacional de la Energía Atómica, un organismo clave por lo que está sucediendo en las dos guerras principales del mundo”.

Bernardis avanzó en el detalle de cada uno de ellos: “Tanto el conflicto europeo, con todo lo que es la central nuclear de Zaporiyia, que es un punto álgido también en los últimos años y con lo que es el conflicto Medio Oriente, con las bases nucleares iraníes”.

Grossi y algunos pares cuentan con una ventaja: “Está compitiendo con otros candidatos, no principalmente de América Latina. Pero hay una regla no escrita a la hora de elegir a los secretarios generales de la ONU y es la rotación regional. No siempre se respetó, pero ahora sería el turno América Latina”, aclaró el especialista.

“La principal contendiente vendría a ser Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, que tiene una particularidad y es que no cuenta con el apoyo de su gobierno. Inicialmente sí, Gabriel Boric fue quien la postuló, con cierta sintonía ideológica, pero José Antonio Kast se encuentra en las antípodas de pensamiento y también con el rol que tiene que tener la ONU en el escenario internacional”, detalló Bernardis sobre la chilena.

El columnista explicó que en este contexto “tal vez Grossi tiene un punto a favor que viene a ser esa carrera diplomática, donde le permite tener un perfil un poco más técnico y también estar tocando uno de los principales ejes de la política internacional que es la la paz internacional y la seguridad. Sobre todo nuclear”.

Entre una serie de temas concretos a discutir, Bernardis resaltó dos: “Una preocupación de Vladimir Putin es que la OTAN coloque misiles nucleares muy cerca de Moscú, mientras que Irán quiere tener su propio plan nuclear y Estados Unidos no lo quiere. Son básicamente las raíces de ambos conflictos, por lo menos las raíces más inmediatas”.

Uno de los aspectos más relevantes de la metodología de votación son los vetos. Dentro de las posibilidades, Bernardis comentó que “ahí está el tema del Reino Unido. Habrá que ver qué decisión va a tomar, tanto por el lado de Grossi como también del lado de la Cancillería argentina. Es el punto a destrabar”.

Sobre los otros miembros permanentes del Consejo, el licenciado explicó: “Estados Unidos tiene una buena opinión, sobre todo por la sintonía ideológica que hay entre Milei y Trump”, recordando que Grossi cuenta con respaldo de la actual gestión.

“China está mucho más enfocado en una agenda de derechos humanos y sostenibilidad”, comentó sobre el posible apoyo a Bachelet y sumó: “Grossi, si bien tiene en consideración la Agenda 2030, está muy enfocado en tema de paz y seguridad, que es algo que lo pone en mucha sintonía con Donald Trump”.

Apuntando hacia Rusia, destacó que Grossi tiene el visto bueno por el resultado de las gestiones realizadas en el conflicto europeo. “Por todo lo que ha sido su trayecto diplomático podría llegar a tener el visto bueno también de Francia”, sumó Bernardis.

Con solamente abstenerse quien pretenda vetar y de obtener nueve votos del resto de los miembros, podría llegar a ser electo secretario general un candidato. A pesar de este panorama, Bernardis aclaró: “Es muy probable que en esta primera votación veamos una tendencia y varios se van a bajar. Luego continuarán en distintas votaciones. Una rosca política”.

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el proceso para reformar nuevamente la Constitución y extender de cinco a siete años el período presidencial, con posibilidad de renovación. La iniciativa fue presentada este martes y remitida a una Comisión Especial de Carácter Constitucional, que deberá analizar el proyecto, realizar el proceso de consulta y elaborar un dictamen para su posterior tratamiento parlamentario.

La propuesta fue impulsada por el oficialismo, que controla el Parlamento, y contempla cambios que, según sus promotores, buscan dar mayor estabilidad y continuidad a las políticas públicas. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que el nuevo esquema permitiría fortalecer la "estabilidad en visión, operatividad y continuidad" del sistema de gobierno y facilitar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.

El proyecto comenzó a avanzar en un contexto político marcado por las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones". Días después, el Parlamento comenzó a tramitar una reforma que, además de modificar la duración de los mandatos, incluye cambios en las reglas electorales y en las condiciones para la participación de sectores opositores.

La reforma establece que los períodos presidenciales pasen a ser de siete años, frente a los seis que contempla actualmente la Constitución tras una modificación aprobada en 2025. La propuesta también mantiene la posibilidad de renovar el mandato, según explicó Porras durante la presentación de la iniciativa ante el Parlamento.

El cambio implicaría una nueva modificación en el calendario institucional del país. Una reforma constitucional anterior, promovida por el gobierno de Ortega y promulgada en febrero de 2025, había extendido el período presidencial de cinco a seis años y desplazado las elecciones nacionales previstas originalmente para 2026 hacia 2027. La nueva propuesta vuelve a poner en discusión la duración del mandato y el futuro del calendario electoral nicaragüense.

El trámite legislativo prevé ahora un período de consultas. Según informó la Asamblea Nacional, la Comisión Especial deberá recibir aportes y elaborar un dictamen antes de que la iniciativa sea sometida nuevamente al pleno. El oficialismo adelantó que pretende avanzar con la reforma durante los próximos meses.

La propuesta también incorpora modificaciones relacionadas con las candidaturas y el funcionamiento del sistema electoral. De acuerdo con los detalles difundidos por el presidente del Parlamento, se busca incorporar a la Constitución restricciones para impedir que determinadas personas puedan presentarse a cargos de elección popular o de designación pública.

Entre los sectores que quedarían alcanzados por esas restricciones se encuentran quienes, según el gobierno, hayan participado o financiado las protestas de 2018 o hayan respaldado sanciones internacionales contra Nicaragua. El oficialismo sostiene que estas disposiciones son necesarias para proteger la soberanía nacional y evitar injerencias externas.

La iniciativa también contempla ampliar las facultades del Consejo Supremo Electoral para intervenir ante candidaturas o partidos que no cumplan con las nuevas disposiciones. Según el medio nicaragüense Confidencial, el organismo podría cancelar candidaturas o negar la personalidad jurídica a partidos que postulen personas alcanzadas por las prohibiciones previstas en la reforma.

El avance de la reforma ocurre en medio de una fuerte controversia sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua. Las declaraciones de Ortega del 19 de julio generaron preocupación y rechazo de distintos gobiernos y organismos internacionales. El presidente nicaragüense había dicho que no habría nuevos comicios que permitieran a la oposición intentar acceder al gobierno, una afirmación que fue interpretada como un anuncio de cierre de la vía electoral para la alternancia política.

Tras esas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional intentó transmitir ante representantes diplomáticos una interpretación diferente. Porras sostuvo que en Nicaragua sí habrá elecciones, aunque defendió al mismo tiempo la necesidad de modificar las reglas constitucionales y electorales. El oficialismo asegura que el proceso busca garantizar la estabilidad del país y preservar su soberanía.

La propuesta generó cuestionamientos internacionales. Según EFE, distintos gobiernos y organismos, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, expresaron preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones.

Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, luego de haber ocupado anteriormente la Presidencia entre 1979 y 1990. En los últimos años, su gobierno avanzó en reformas institucionales que reforzaron el poder de la Presidencia y consolidaron la figura de Rosario Murillo, su esposa, como copresidenta.

El proceso iniciado esta semana todavía no concluyó. La iniciativa debe atravesar la etapa de consultas, recibir un dictamen de la comisión especial y luego ser debatida por la Asamblea Nacional. En paralelo, el gobierno nicaragüense enfrenta cuestionamientos internacionales por las restricciones a la oposición y por el futuro del sistema electoral.

El resultado de este proceso definirá no solo la duración de los próximos mandatos presidenciales, sino también las condiciones en las que se desarrollará la competencia política en Nicaragua. Por ahora, el Parlamento avanza con una nueva reforma constitucional mientras el gobierno de Ortega sostiene que busca garantizar la continuidad de su modelo de gestión y distintos sectores cuestionan el impacto de los cambios sobre la participación electoral y la alternancia en el poder.

Keiko Fujimori juró este martes como presidenta del Perú para el período 2026-2031 y en su primer mensaje ante el Congreso prometió aplicar “método, disciplina, trabajo y una ruta clara”, ya que “recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos”, a la vez aseguró que luchará a fondo contra “las mafias que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”.

En un país dividido y que tuvo nueve presidentes en los últimos diez años, Fujimori convocó a la unidad nacional y pidió dejar de lado las diferencias políticas.

Fujimori asumió el martes el cargo de presidenta de Perú, durante una sesión solemne de juramentación llevada a cabo en la sede del Palacio Legislativo de la ciudad de Lima. Foto: REUTERS / Angela Ponce.

La hija de Alberto Fujimori, quien gobernó la nación andina desde 1990 hasta que fue destituido por el Congreso en 2000, se convirtió en la 66ta mandataria y primera mujer en llegar a la Presidencia peruana por el voto popular.

“Las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía”.

En materia de seguridad, Fujimori destacó: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobiernos".

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos", aseveró.

En ese contexto, sostuvo que la lucha "no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".

"Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno", puntualizó.

La líder de Fuerza Popular ha anunciado que gobernará con mano de hierro, sobre todo para vencer la peor crisis de inseguridad del país andino desde su conflicto armado interno (1980-2000).

Personas celebran durante la juramentación de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en el Palacio Legislativo de Lima. Foto: Xinhua / Presidencia de Perú.

Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o presionados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.

Manifestantes se reúnen en la plaza San Martín durante una protesta contra los resultados electorales, el día de la ceremonia de investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori. Foto: REUTERS / Alessandro Cinque.

Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Con ella, Perú se sumará a la ola de gobiernos de derecha en Latinoamérica alineados con el presidente estadounidense Donald Trump.

Diez jefes de Estado y de Gobierno, entre los cuales se encontraba el presidente argentino, Javier Milei, participaron en la transmisión del mando en Lima, además de altas autoridades y representantes de organismos internacionales.

Entre los mandatarios asistentes se encontraban el rey de España, Felipe VI; los presidentes Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Mike Eman, jefe de Gobierno de Aruba, además de representantes de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

Un terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, y obligó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami para distintas zonas costeras. El fuerte movimiento también provocó heridos, incendios y daños en la infraestructura.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que ya se reportaron personas lesionadas, edificios derrumbados, cortes de energía y diversos focos de incendio como consecuencia del sismo.

El movimiento telúrico se produjo a las 16:27 (hora local), con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El organismo indicó que el fenómeno alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, utilizada para medir la intensidad del temblor en la superficie y su capacidad destructiva.

Tras el sismo, la JMA emitió una alerta de tsunami y advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta un metro de altura en distintos sectores de la costa.

Los equipos de emergencia trabajaron tras el fuerte movimiento registrado este martes.

Durante una conferencia de prensa, Takaichi señaló que las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto.

"Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas", expresó la mandataria.

Además, indicó que en diferentes localidades se registraron interrupciones del suministro eléctrico, incendios, daños en rutas y puentes, así como el derrumbe de edificios.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas en la región.

La cadena pública NHK difundió imágenes de los incendios y de las afectaciones en la infraestructura, mientras los servicios de emergencia respondían a numerosas llamadas de auxilio.

Pese a la magnitud del terremoto, las autoridades informaron que las centrales nucleares ubicadas en la región no sufrieron inconvenientes ni reportaron anomalías tras el movimiento sísmico.

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Debido a ello, el país registra terremotos con frecuencia y cuenta con estrictas normas de construcción para reducir los riesgos.

Mientras continúan las tareas de evaluación, las autoridades mantienen el monitoreo sobre posibles réplicas y la evolución de la alerta de tsunami emitida para las áreas costeras.

Un tiroteo ocurrido este domingo durante el festival Bite of Seattle, en el estado de Washington, dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuatro heridas. El ataque se produjo mientras miles de asistentes disfrutaban de la tradicional feria gastronómica y musical que se desarrolla cada año en el predio del Seattle Center.

Los disparos comenzaron alrededor de las 18:00, cuando una gran cantidad de personas recorría los distintos puestos del evento. La situación generó escenas de desesperación y muchos asistentes buscaron refugio en edificios cercanos, entre ellos el Museo Infantil.

Tras el episodio, fuerzas de seguridad y equipos de emergencias desplegaron un amplio operativo para evacuar el predio y asistir a las víctimas.

La Policía de Seattle informó que dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el ataque.

Sin embargo, los investigadores continúan trabajando para determinar qué motivó la balacera y cuál habría sido el grado de participación de los sospechosos arrestados.

Las cuatro personas alcanzadas por los disparos fueron trasladadas al Centro Médico Harborview para recibir atención especializada.

Según el primer parte médico, una mujer de 56 años permanece en estado crítico. En tanto, un niño de 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables, mientras que otra víctima, de 40 años, sufrió heridas leves.

Hasta el momento, las autoridades del estado de Washington no difundieron las identidades ni las nacionalidades de las tres personas fallecidas.

El Bite of Seattle se celebra desde 1982 y es considerado uno de los eventos más importantes del verano en la ciudad. A lo largo de sus tres jornadas suele reunir a unas 350.000 personas, atraídas por su propuesta gastronómica, musical y recreativa.

El brote de enfermedad por el virus de Ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) continúa creciendo y ya superó los 3.000 casos confirmados.

De acuerdo con los datos más recientes difundidos por las autoridades congoleñas, hasta el sábado 25 de julio se habían registrado 3.075 casos confirmados y 1.354 muertes desde el comienzo del actual episodio sanitario.

La situación se concentra especialmente en el este del país, donde la respuesta para contener la transmisión enfrenta obstáculos vinculados con la inseguridad, los desplazamientos de población y las dificultades para garantizar la atención médica.

Dificultades para garantizar la atención médica. Créditos: REUTERS/ Abubaker Lubowa

El brote fue identificado en mayo de 2026 y está provocado por el virus de Ébola de Bundibugyo, una variante menos frecuente del virus para la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe actualmente una vacuna o tratamiento específico aprobado.

La enfermedad se transmite principalmente por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas y también puede propagarse mediante el contacto con determinados fluidos de personas fallecidas por la enfermedad.

La evolución del brote llevó a la OMS a declarar en mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la cantidad de casos confirmados y fallecimientos aumentó de manera sostenida.

En su informe del 17 de julio, la organización había contabilizado 2.124 casos confirmados y 828 muertes en la RDC al 15 de julio. El nuevo balance informado por las autoridades muestra un incremento considerable en apenas diez días.

La movilidad de la población también aumenta las dificultades para reconstruir las cadenas de transmisión Créditos: REUTERS/Arsene Mpiana

La provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, continúa siendo el principal foco de la transmisión. Según reportes recientes, alrededor del 90% de los casos se concentran en esa región, mientras que también se registraron contagios en otras provincias del este del país.

La propagación ocurre en un contexto especialmente complejo. La zona afectada lleva años atravesada por conflictos armados y desplazamientos de población, una situación que dificulta el acceso de los equipos de salud a algunas comunidades y complica el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con pacientes infectados.

La movilidad de la población también aumenta las dificultades para reconstruir las cadenas de transmisión.

A estos problemas se suman las dificultades para mantener en funcionamiento los centros de atención. En los últimos días, trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento de ébola en Bunia realizaron una huelga para reclamar el pago de bonificaciones pendientes.

La medida afectó la atención en una de las zonas más golpeadas por el brote y se produjo en un contexto de presión creciente sobre el personal que trabaja en primera línea.

La OMS también ha señalado que la respuesta enfrenta problemas relacionados con la confianza de las comunidades y la colaboración con los equipos sanitarios. En algunas zonas, la desconfianza y la circulación de información falsa dificultaron las tareas de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos.

La situación resulta especialmente preocupante porque una parte importante de los nuevos contagios no puede vincularse de manera inmediata con cadenas de transmisión ya identificadas. Esto dificulta anticipar dónde pueden aparecer nuevos casos y limita la capacidad de los equipos para interrumpir la circulación del virus.

El contexto humanitario también representa un desafío. Los desplazamientos provocados por la violencia y el conflicto dificultan que las personas puedan acceder de manera regular a los servicios de salud y complican la tarea de los equipos que realizan vigilancia y seguimiento de contactos.

Frente al crecimiento del brote, las autoridades congoleñas y los organismos internacionales reforzaron las tareas de vigilancia, diagnóstico y atención de pacientes.

La estrategia incluye la identificación temprana de casos, el aislamiento de personas infectadas, el seguimiento de contactos y la aplicación de medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud.

También se trabaja en el desarrollo y evaluación de alternativas terapéuticas. Según la información disponible, comenzaron ensayos de dos posibles tratamientos en la provincia de Ituri, en un intento por encontrar herramientas que permitan mejorar la atención de los pacientes afectados por esta variante del virus.

La falta de una vacuna específica contra el virus de Bundibugyo constituye una de las principales dificultades de la respuesta.

Las herramientas desarrolladas para otras variantes del ébola no ofrecen una solución equivalente para este brote, por lo que los equipos sanitarios deben apoyarse principalmente en la detección rápida de casos, el aislamiento y el control de los contactos.

El brote también tuvo consecuencias fuera de la República Democrática del Congo. Uganda registró casos vinculados epidemiológicamente con la transmisión originada en territorio congoleño, aunque la OMS informó que no se habían registrado nuevos casos allí desde el 21 de junio.

Además, se notificaron casos en personas que habían viajado o trabajado en la RDC, lo que llevó a reforzar la vigilancia internacional.

Pese a la magnitud del brote, la OMS sostiene que el riesgo para la población mundial continúa siendo bajo debido a las características de transmisión del virus. Sin embargo, la organización mantiene una vigilancia estrecha por la posibilidad de que el movimiento de personas facilite la aparición de casos en otros territorios.

La evolución de la epidemia dependerá, en buena medida, de la capacidad de las autoridades para ampliar la detección de casos, garantizar la atención médica y recuperar el seguimiento de los contactos. También será clave la colaboración de las comunidades, especialmente en regiones donde la desconfianza hacia los equipos sanitarios representa una dificultad adicional.

Con más de 3.000 casos confirmados y 1.354 muertes, el brote constituye uno de los principales desafíos sanitarios que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo.

La combinación de transmisión sostenida, conflicto armado y limitaciones en el sistema de salud mantiene la situación bajo seguimiento internacional, mientras los equipos locales y organismos de salud buscan frenar la expansión del virus y reducir el impacto sobre las comunidades afectadas.

Venezuela anunció este viernes (24.07.2026) que inició su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno del derrocado mandatario Nicolás Maduro.

La CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo el viernes en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127".

Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.

Esa decisión se debe a que "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos", indicó el recién designado ministro de Relaciones Exteriores.

Según Plasencia, se trata de un "patrón" que "revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos".

La CPI señaló en un comunicado que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un "progreso real" en el trabajo con el gobierno.

Caracas acusó entonces a la fiscalía de la CPI, que dirigía Karim Khan, de "desentenderse" de sus responsabilidades. Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.

El secretario general de la ONU, António Guterres.

La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

Donald Trump volvió a levantar el muro arancelario y, dentro de esa ofensiva, la Argentina consiguió quedar cerca de la puerta menos costosa.

El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo esquema de aranceles para importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina, luego del revés que sufrió en febrero cuando la Corte Suprema anuló buena parte de la política comercial impulsada por el presidente republicano. Esta vez, Washington recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y fijó para los productos argentinos alcanzados una tasa adicional del 10%.

Es el nivel más bajo dentro del nuevo régimen. Los productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza quedarán sujetos a tasas de entre el 10% y el 12,5%, mientras que otras economías afrontarán un 12,5%. Brasil quedó en ese último grupo y, además, mantendrá un recargo adicional del 25% sobre parte de sus ventas.

La ubicación argentina responde al acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco firmado en febrero por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El entendimiento incorporó compromisos vinculados con la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso, criterio utilizado ahora por Washington para distribuir las tasas.

El canciller Pablo Quirno y su par estadounidense, Jamieson Greer, durante la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos en febrero pasado.

“El 10 por ciento es la tasa adecuada” para las economías que establecieron prohibiciones o asumieron compromisos sobre esa clase de productos, sostuvo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Según la información difundida, las 1.675 posiciones argentinas beneficiadas por el pacto bilateral conservarán la tasa cero. Ese conjunto permitiría recuperar exportaciones por USD 1.013 millones e incluye 93 posiciones nuevas, como aceites de jojoba y argán, animales vivos, flores, corcho, maderas y piedras preciosas.

“A la Argentina no le cambia nada porque tiene un acuerdo que sigue vigente”, sostuvieron funcionarios argentinos vinculados con la negociación. Para el resto de las exportaciones alcanzadas, regirá el recargo general del 10%.

El listado publicado por la USTR concentra el nuevo arancel en materias primas, insumos industriales y manufacturas específicas. Entre ellas aparecen flores frescas, extractos vegetales, aceites esenciales, productos de ratán y bambú, madera tropical, corcho, seda, perlas, diamantes, piedras preciosas y determinados residuos metálicos.

También quedaron incluidos mamíferos vivos, algunas aves ornamentales, algas para usos no alimentarios, microorganismos muertos y productos de origen animal destinados a la industria farmacéutica.

La carne vacuna tampoco sufrirá modificaciones. Se mantendrá vigente la cuota de 100.000 toneladas que la Argentina puede exportar a Estados Unidos sin quedar alcanzada por este nuevo esquema. Foto: Archivo / REUTERS / Marcos Brindicci.

La administración estadounidense dejó fuera materiales informativos, donaciones, equipaje de viajeros y bienes cuya aplicación del arancel pudiera provocar problemas de abastecimiento o disrupciones en su economía. También exceptuó productos que Estados Unidos no puede producir en cantidad suficiente.

El entendimiento no modifica la situación del acero y del aluminio argentinos. Ambos continuarán pagando el arancel del 50% establecido bajo la Sección 232, vinculada con razones de seguridad nacional.

La Casa Blanca considera estratégicas a esas industrias y las mantiene por fuera de las reglas generales. Lo mismo ocurre con automóviles y autopartes ya alcanzados por ese mecanismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los daños que sufran en adelante buques, cargamentos o bienes relacionados serán pagados con fondos iraníes que se encuentran bajo posesión y control estadounidense.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en su red social Truth Social y se conoció en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, con especial atención sobre la seguridad de la navegación comercial en el Golfo y sus alrededores.

En su mensaje, Trump sostuvo que la medida regirá "hasta nuevo aviso" y planteó que cualquier daño provocado a buques, cargas o bienes vinculados con esas operaciones será afrontado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla. El mandatario consideró que, aunque los costos podrían ser elevados, utilizar esos recursos sería una medida "justa y equitativa".

La declaración no precisó cómo se implementaría en la práctica el mecanismo anunciado ni detalló qué tipo de daños quedarían incluidos. Tampoco quedó establecido públicamente si la referencia comprende exclusivamente incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz y el Golfo o si podría alcanzar otros ataques contra embarcaciones comerciales en la región, como los registrados en el mar Rojo.

El anuncio se enmarca en un escenario de fuerte presión económica y militar entre Estados Unidos e Irán. En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense incrementó las sanciones contra personas, empresas y embarcaciones vinculadas, según Washington, con las redes de transporte marítimo y financiamiento del Gobierno iraní.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el 14 de julio nuevas sanciones contra más de 50 personas, entidades y buques relacionados con una red de transporte y evasión de sanciones vinculada a Mohammad Hossein Shamkhani. Washington sostuvo que esa estructura tiene un papel relevante en las exportaciones de petróleo iraní y en operaciones internacionales de transporte y comercio.

Un día después, el Tesoro también anunció sanciones contra siete personas y entidades que, según la administración estadounidense, participaban de una red internacional destinada a adquirir armamento para la Guardia Revolucionaria iraní. Estas medidas forman parte de la estrategia de presión económica impulsada por Washington contra Teherán.

La situación tiene especial importancia por el papel del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos. Cualquier interrupción o riesgo para la navegación en esa zona puede tener consecuencias que excedan el ámbito militar y afectar al comercio y a los mercados internacionales.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Autoridades iraníes calificaron la amenaza de utilizar activos del país para compensar daños a la navegación como un "precedente incendiario" y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la normalización de la confiscación de bienes pertenecientes a otros Estados.

La discusión se centra así no solo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, sino también en el destino de los activos iraníes que permanecen bloqueados o bajo control de Washington.

El anuncio de Trump plantea la posibilidad de utilizar esos recursos para afrontar eventuales reparaciones, aunque no se informó públicamente qué fondos específicos serían utilizados ni cuál sería el procedimiento legal para disponer de ellos.

La medida anunciada también debe interpretarse en el marco de las tensiones por la navegación en el estrecho de Ormuz. A mediados de julio, Trump había afirmado que Estados Unidos asumiría un papel de protección de la zona y había planteado que Washington recibiría una compensación por las tareas destinadas a garantizar la seguridad del tránsito marítimo.

Para los países y empresas que dependen del transporte marítimo, el escenario representa un factor adicional de incertidumbre. La navegación comercial en una región estratégica puede verse condicionada por los riesgos de seguridad, las sanciones y las decisiones de los gobiernos involucrados.

En ese contexto, cualquier aumento de las restricciones o de los costos del transporte puede repercutir en las cadenas de suministro internacionales.

Por ahora, la declaración de Trump constituye un anuncio político y no se conocen detalles públicos sobre su aplicación concreta. Tampoco está claro el alcance exacto de los bienes que podrían ser cubiertos ni qué autoridad determinaría los daños y establecería las eventuales compensaciones.

La evolución de la situación dependerá de las próximas decisiones de Washington y Teherán y de la situación de la navegación comercial en la región. Mientras tanto, el uso de fondos iraníes bajo control estadounidense como mecanismo para afrontar daños a buques y cargas agrega un nuevo elemento a la disputa entre ambos países y abre interrogantes sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la medida.