Entre las novedades parlamentarias que se aceleraron en las últimas semanas, el gobierno nacional envió al Senado el proyecto que modifica la Ley de Salud Mental 26.657 e introduce cambios que, para las autoridades sanitarias de la provincia de Santa Fe y de otros distritos, son centrales.

En realidad, además de los conceptos y el enfoque que se modifican de manera drástica, el malestar está centrado en la falta de participación de las jurisdicciones en la discusión de la iniciativa que recién fue presentada a las provincias el último lunes.

Fue en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se expusieron los lineamientos de la norma impulsada por el Ejecutivo sin un debate previo, ni en ese ámbito ni en el Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama) que no es convocado desde el año 2024.

Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia, estuvo el lunes en esa reunión junto a la ministra Silvia Ciancio.

Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia. Foto: Gentileza.

Un par de días después dialogó con El Litoral, justo minutos después de recibir, finalmente, el proyecto del gobierno nacional en su correo electrónico.

“Lo que está en discusión no es la ley en sí, sino el modelo de cuidado y de atención que plantea la normativa”, arrancó el funcionario. Esa es la posición que llevaron varias provincias a la reunión del lunes y que ya habían coordinado unos días antes en un encuentro federal.

La ley que se pretende modificar cumplió 15 años y “ha sido destinataria de todo lo que no ha funcionado”, advirtió Chiesa. Mientras tanto, “venimos trabajando en un modo de concebir la salud mental, en un modelo de cuidado y de salud integral y esto viene a poner patas para arriba esa situación”, apunta.

En ese punto, Chiesa aclara que “el gobierno pone su proyecto en términos de ’mejoras’, primero en las redes sociales y medios no oficiales de comunicación y luego de manera oficial a través de un correo electrónico”. Aunque, en la práctica, deja expuestos varios “retrocesos”.

“Nosotros no negamos la discusión; sí establecemos que tiene que haber lugares donde hacerlo: el Cofesama y el Cofesa son los espacios por excelencia para discutir las mejoras o los cambios a nivel normativo”, advierte el funcionario.

Mientras tanto, “creo que este plan de ‘mejoras’, que no son tales, viene a patear el tablero en el sentido de hacernos pensar qué sistema de cuidados necesitamos y qué sistema tenemos en torno a la salud mental”.

El proyecto vuelve a un modelo que pone en el centro la figura del psiquiatra en el rol central de tomar las decisiones.

Mientras tanto, “la provincia de Santa Fe, que tiene una vastísima historia en salud mental, ubica tres cuestiones básicas: la interdisciplina, la intersectorialidad y la interministerialidad para el abordaje integral de la salud mental”.

El gobierno nacional presentó los lineamientos del proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental en la reunión del Cofesa, el último lunes. Foto: Archivo.

Entonces, “pensar la figura del psiquiatra como exclusiva y con un rol central a la hora de tomar decisiones, me parece un retroceso enorme. Primero, porque estamos complicados a nivel país y mundial con esa especialidad. Y además porque es reducir el problema de la salud mental a un único aspecto”.

En definitiva, el proyecto de Nación “habla a las claras de un intento de volver a un modelo médico hegemónico que tanto hemos combatido, en el buen sentido de la palabra. Y ubica a la salud mental en términos del aspecto meramente biológico y psiquiátrico”.

- Además modifica un concepto central de la ley vigente que es el “padecimiento mental” por el de “trastorno”.

- Las palabras no son neutrales. Entonces, quitar la cuestión de padecimiento y reemplazarlo por trastorno no es un dato menor y marca también un retroceso.

Si bien el fundamento está en la clasificación internacional de las enfermedades, que es el modo de codificar, quita complejidad a un asunto que necesita de una mirada amplia e integral.

- ¿El proyecto contradice el criterio que sigue la provincia en cuanto a la desmanicomialización? ¿O no llega a tanto?

- Si, llega. Porque sobre el artículo de la ley vigente que habla de la transformación de los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos y de la prohibición de la construcción de nuevos, ellos plantean una complejización de la red de atención y hablan de internación especializada para situaciones graves.

Esto también implica un retroceso en términos de manicomios abiertos, manicomios no transformados. La complejidad no está dada en el caso de la salud mental en el hospital especializado o en el hospital monovalente. Está dado en la red de salud, tal como ocurre en la provincia de Santa Fe.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, hizo un enérgico reclamo por las demoras en el envío de vacunas desde Nación. Fue en la última reunión del Consejo Federal que reúne a todas las provincias con las autoridades sanitarias nacionales. Foto: Archivo.

En nuestra propia red de atención se define la derivación en función de lo que evalúa un equipo interdisciplinario y de acuerdo con los recursos de nuestra propia red: el 80% de las internaciones por motivos de salud mental en la provincia fueron establecidas en hospitales generales.

Para nosotros ese no es un dato menor; da cuenta de que hay situaciones de salud mental pero también de que el sistema de salud está pudiendo dar respuestas, con sus potencias, sus dificultades y obstáculos, desde un lugar que tiene que ver con la normativa vigente.

- Si alguien plantea: “Yo tengo un familiar o una persona amiga que está mal y tendría que estar internada porque no sabemos cómo manejar esa situación”, ¿cuál es la respuesta del Estado?

- La internación, que es un recurso terapéutico, es el último que utilizamos los equipos interdisciplinarios. Porque hay que tener en cuenta que frente a cualquier situación de salud, la primera respuesta no es la internación si ésta no corresponde.

Corresponde, primero, evaluar estrategias y ver si la internación de esa persona es la alternativa terapéutica por excelencia o es la que requiere el usuario en ese momento de su condición clínica.

- Queda claro que no es a demanda del entorno o de la familia. Porque a veces el planteo es “ante un caso complejo, tendrían que internarlo sin que consienta el paciente”.

- Se puede hacer siempre y cuando sea adecuado para esa persona en ese momento, y exista un criterio clínico-terapéutico para que esa internación se establezca. Ese es uno de los grandes mitos que ha tenido esta ley. Y es cierto que no es a criterio de los familiares, porque eso da cuenta de un viejo paradigma en la atención de la salud mental que, históricamente, ha sido el encierro. Ese fue el tratamiento que se le ha dado.

Ubicar esta modificación nos implicaría retroceder en muchas discusiones que ya nos hemos dado, en luchas que ya hemos ganado, y nos desvía la mirada de lo que verdaderamente tenemos que estar discutiendo que es la estrategia que nos damos los estados y las organizaciones sociales para ubicar el aspecto comunitario.

Esta modificación tampoco va a resolver los grandes problemas que tenemos en torno a las cuestiones de la salud mental.

- ¿Por qué creés que se presenta ahora este proyecto desde Nación?

- Yo también me hice esa pregunta y creo que son cuestiones distractivas de lo que ocurre, que hacen que desviemos la mirada de donde debería estar puesta. Las cuestiones de salud mental están muy sobre el tapete y, tal vez, una idea errónea es creer que esta modificación basada en mitos podría resolver otros problemas.

- Mientras tanto, la provincia de Santa Fe tiene su propia ley de Salud Mental.

- Santa Fe tiene su propio marco normativo desde los años 90, que ha sido uno de los grandes antecedentes de la ley nacional, no solamente como plexo normativo, sino también como historia de trabajo sobre la cuestión. Y tenemos nuestro propio plan de salud mental porque, además, la ley nacional es de orden pública, o sea, que no hizo falta que las provincias adhirieran.

- Teniendo su propio plan y su propio programa que incluso fue tomado como modelo por otros espacios, ¿qué pasaría en Santa Fe si se aprueba la ley nacional? ¿Mantiene su autonomía con su propio proyecto? Si la nueva norma nacional insiste con el modelo manicomial, ¿que tendrían que hacer?

- La posición de la ministra de Salud (Silvia Ciancio) ha sido muy clara en los medios de comunicación y nosotros tenemos que sostener el trabajo que nos venimos dando hace muchos años; sobre todo esta gestión que le ha dado mucha trascendencia a las cuestiones de salud mental. Porque hay muchos usuarios que dependen del modelo de atención y del cuidado que ofrecemos en la provincia de Santa Fe y es gente que no puede quedar sin ningún tipo de cobertura.

Que dispongamos del cierre de algunos dispositivos sustitutivos, que es uno de los ejes de nuestro plan provincial, significaría que usuarios y usuarias quedarían desprovistos de ese cuidado por parte del estado provincial.

Vamos a sostener nuestro plan porque estamos convencidos de que es el camino más adecuado y, además, encontramos efectos muy positivos y eficientes que demuestran que es el camino que hay que seguir y profundizar.

Nuestro programa provincial no solo está basado en la ley provincial y en la nacional sino en otros marcos normativos, fallos y tratados internacionales que están en la Constitución Nacional.

- Hay residencias para salud mental que Nación dejó de financiar, primero para algunas especialidades y luego en su totalidad.

- Las del año 2026 directamente no las financia. Las residencias interdisciplinarias de salud mental comunitaria vienen de la post dictadura. Son las que se conocen como RISaM. En la provincia tenemos cinco sedes con cinco disciplinas que conforman una residencia. A partir de 2025 Nación solamente financió disciplinas lineales: médico, enfermera y psicólogo, pero dejaron de lado terapistas ocupacionales y trabajadores sociales.

El año pasado y este año también, la provincia decidió continuar con la formación en las cinco disciplinas en todas las sedes porque entendemos que es el modo en que debemos formarnos y debemos intervenir en las prácticas.

- Son varias provincias que están en la misma posición que Santa Fe, más allá de que la problemática debe ser distinta en cada territorio y cada cual tiene su propia política de salud mental. ¿Hay algún agrupamiento territorial?

- Hay un agrupamiento interesante: al Cofesa hemos llevado una nota que entregamos a Lugones (ministro de Salud de la Nación) donde exponemos nuestra disconformidad respecto del proyecto y la predisposición a discutir en los lugares donde tengamos que hacerlo.

En la reunión del lunes muchos ministros dieron su opinión por el modo en que se llevó a cabo este proyecto de modificación, que fue inconsulto y repentino, porque en las reuniones anteriores tampoco lo habían anticipado y ahora ya está en el Senado.

Insisto: no nos negamos a discutir, pero esto no es solo una norma, es un modelo de cuidado.

Si somos convocados a hablar, vamos a exponer nuestra posición y las acciones que hemos llevado adelante hasta el momento para comprobar, con dificultades, obstáculos y mucho trabajo, que es posible implementar la ley; solo tiene que haber voluntad política.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró una nueva caída en marzo de 2026 al ubicarse en 2,30 puntos. La medición reflejó una variación negativa en cuatro de sus cinco componentes, con la «Evaluación general» como la de peor desempeño, y destacó pronunciadas contracciones entre los jóvenes, además de diferencias por género y ubicación geográfica.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella ha publicado el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente a marzo de 2026. Este índice, elaborado desde noviembre de 2001 a partir de encuestas de opinión pública a nivel nacional, se mide en una escala de 0 a 5 puntos.

En marzo, el ICG alcanzó los 2,30 puntos. Esto representa una caída del -3,5% en comparación con febrero y del -4,9% en la medición interanual. El nivel actual de marzo supera significativamente el registrado en el mismo mes durante la gestión de Alberto Fernández (marzo de 2022; ICG = 1,51; +52,6%). Asimismo, se mantiene muy próximo a los valores observados en la administración de Mauricio Macri (marzo de 2018; ICG = 2,32; -0,9%).

Durante 2026, el ICG ha experimentado tres descensos consecutivos: enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), acumulando una contracción del 6,5% desde finales del año anterior. En consecuencia, el promedio de la gestión de Javier Milei ha descendido a 2,43 puntos, el más bajo desde el inicio de su mandato, posicionándose entre los promedios registrados por Macri (2,55) y Fernández (1,99) en el mismo periodo de sus respectivas administraciones.

La variación del ICG respecto a febrero fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. El subíndice «Honestidad» se mantuvo como el más elevado en marzo, con 2,73 puntos, a pesar de una leve caída del -1,1%. Le sigue «Capacidad», con 2,55 puntos y un descenso del -5,6%.

A cierta distancia, «Eficiencia» fue el único componente que mostró un crecimiento, registrando 2,38 puntos y un aumento del +3,9%. Por otro lado, los subíndices con las contracciones más significativas del mes fueron la «Evaluación general del gobierno» (1,98 puntos; -9,2%) y la «Preocupación por el interés general» (1,87 puntos; -6,0%).

En cuanto al género, la brecha se amplió considerablemente en marzo. Los hombres registraron 2,60 puntos (-0,8%), mientras que las mujeres descendieron a 1,93 puntos (-8,5%), lo que establece una diferencia de 0,67 puntos entre ambos grupos.

Respecto a la edad, a diferencia de meses anteriores, el ICG de marzo fue más alto en el segmento de personas de entre 30 y 49 años (2,33 puntos; +9,4%). Le siguió el grupo de mayores de 50 años (2,29 puntos; -7,3%). El segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años experimentó la contracción más pronunciada del mes (-25,8%), cayendo a 2,22 puntos y perdiendo el liderazgo que había mantenido desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Geográficamente, el ICG volvió a registrar su valor más elevado entre los residentes del Interior (2,52 puntos; -3,1%). En el área metropolitana, la CABA mostró 2,12 puntos (+1,0%), superando a los habitantes del GBA (1,92 puntos; -5,9%), que registraron la caída más notable entre las tres zonas.

En cuanto al nivel educativo, el ICG de marzo fue mayor entre quienes poseen educación terciaria y/o universitaria (2,40 puntos; -0,4%). Le siguieron quienes completaron el nivel secundario (2,26 puntos; -11,7%) y, finalmente, el segmento con instrucción primaria (1,67 puntos; +7,1%), el único con una variación positiva en el mes.

En línea con meses anteriores, el ICG de marzo fue superior entre aquellos que no fueron víctimas de delitos (ellos o sus familias) en los últimos 12 meses (2,44 puntos; -2,4%), en comparación con quienes sí lo fueron (1,86 puntos; -7,0%).

Asimismo, la confianza en el gobierno fue significativamente más alta entre quienes esperan una mejora económica en el próximo año (4,18 puntos; -2,8%), frente a quienes creen que la situación se mantendrá igual (2,88 puntos; +7,1%) o empeorará (0,50 puntos; +16,3%).

En resumen, el ICG de marzo se situó en 2,30 puntos, lo que implica una variación del -3,5% respecto a febrero y del -4,9% en comparación con marzo del año pasado.

En marzo, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplió respecto de meses anteriores. En el plano etario, el segmento de jóvenes de entre 18 a 29 años registró la contracción más pronunciada del mes, cediendo el liderazgo al grupo de 30 a 49 años.

Geográficamente, el Interior conservó el valor más elevado, mientras que en el AMBA el GBA anotó la caída más marcada. La brecha entre quienes tienen perspectivas económicas optimistas y pesimistas continúa siendo de gran magnitud.

Finalmente, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. «Honestidad» se mantuvo como el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y «Capacidad» lo secundó con 2,55 puntos (-5,6%). A mayor distancia se ubicó «Eficiencia», el único componente que creció este mes, registrando 2,38 puntos (+3,9%). Las contracciones más pronunciadas del mes se concentraron en la «Evaluación general del gobierno» (1,98 puntos; -9,2%) y la «Preocupación por el interés general» (1,87 puntos; -6,0%).

Una evaluación de las recientes estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación confirma “una nueva caída en la cantidad de nacimientos e incrementos en las defunciones durante el año 2024, hecho que revela una reconfiguración significativa en la dinámica poblacional de la Argentina”.

Así lo analiza Gustavo Peretti, profesor titular de Geografía Argentina, a cargo del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

En 2024 se produjeron en Argentina 413.135 nacimientos (47.767 menos que en 2023) y 376.405 defunciones, con un incremento de 22.977 en comparación con las producidas en el año anterior.

Por otra parte, los matrimonios registraron un descenso de 9.512 casos en 2024, lo que reafirma la caída en la celebración de estas uniones.

Mientras que el crecimiento vegetativo o natural, es decir la diferencia entre quienes nacen y fallecen, fue en el 2023 de 107.474, el mismo se redujo en el 2024 a sólo 36.730.

Peretti, docente a cargo del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

“Dicho indicador cobra aún mayor notoriedad al compararlo con los registros de diez años atrás”, evalúa Peretti, “ya que en el 2014 el aporte vegetativo fue de 451.473, lo que evidencia un descenso importante en la última década, consolidando una tendencia de desaceleración poblacional con profundas implicancias sociales y económicas”.

El cambio de hábitos sociales también se refleja en las estadísticas civiles: “Los matrimonios sufrieron una caída del 7,2%, pasando de más de 130.000 uniones en 2023 a 122.798 en 2024”.

En este punto, vale una distinción: “En todas las provincias se dio una disminución en los matrimonios, con excepción de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.

Demografía: ¿La Argentina va hacia un “crecimiento cero”?

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud que analiza Peretti, la tasa de natalidad pasa de un valor de 9,9 en el 2023 a descender a 8,9 en el 2024: “Es decir, cada mil personas se produjeron casi nueve nacimientos, uno menos que en el 2023”.

Si bien en todas las provincias, con excepción de Santa Cruz, se produjo un descenso de la tasa de natalidad, la misma presenta cifras diferentes en las distintas provincias.

De esta manera, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego son las jurisdicciones que muestran los valores más bajos (6,9). Por el contrario, Chaco y Misiones casi duplican dicha cifra con valores de 11,9 y 12,3 respectivamente”.

Otras provincias que superan los dos dígitos en la tasa de natalidad son: San Juan (10,3), Corrientes (10,5), Formosa (10,7) y Santiago del Estero (10,8). Es decir, los valores más elevados se dan mayoritariamente en el nordeste del país.

En cuanto a la mortalidad se produce un incremento entre 2023 y 2024, al pasar de una tasa de 7,6 a 8,1. “El aumento responde al propio envejecimiento de la población”.

En todas las provincias se observa un descenso, siendo el valor más elevado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el más bajo en Tierra del Fuego con cifras de 9,7 y de 4 respectivamente.

“Cabe aclarar que la población que supera los 65 años representa en el total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 17,7 % y en Tierra del Fuego solo un 6,6%, situación que abona a la idea de que el comportamiento diferencial de la mortalidad general responde mayormente a un sesgo demográfico dado por una presencia dispar de los adultos mayores en la estructura demográfica”, dijo el experto.

A diferencia de la mortalidad general, “la mortalidad infantil es un indicador sensible que suele reflejar las condiciones socioeconómicas y el acceso al sistema de salud. En el último año, esta cifra subió de 8 a 8,5 por cada mil nacidos vivos”.

Sin embargo, este aumento no afectó a todos por igual. El mapa de salud infantil es hoy “un mosaico de contrastes”: mientras 9 provincias lograron mejorar sus indicadores y reducir la mortalidad (entre ellas, Santa Fe) otras 15 registraron incrementos, “lo que plantea un desafío urgente para las políticas públicas de salud territorial”.

Del análisis de los valores de natalidad y de mortalidad se puede afirmar que Argentina está ingresando en un “invierno demográfico”. “Este término refiere a una situación de declive poblacional caracterizada por una caída sostenida de la natalidad y un envejecimiento progresivo de los habitantes”.

La población de adultos mayores crece de manera dispar en el país.

Hasta el año 2023 sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaba un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, las muertes superan a las defunciones. En el año 2024, también la provincia de Buenos Aires adoptó dicho comportamiento.

Las provincias de la región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) muestran un crecimiento vegetativo positivo muy bajo siendo inferior a 1, “situación que anticipa un escenario a corto plazo donde también las defunciones superen a los nacimientos”.

El crecimiento vegetativo más elevado se observa en provincias del Nordeste, como son los casos de Formosa y de Misiones con valores de 4,1 y de 5,5 respectivamente.

En cuanto a los hechos vitales en el territorio provincial “los valores se presentan muy cercanos a la media nacional. Las tasas de natalidad y de mortalidad son sensiblemente superiores: 9.2 y 8,8 por mil”, explica Peretti.

Los datos revelan que “en el año 2024 se produjeron 33.713 nacimientos, 3.922 menos que los acaecidos en 2023. En cuanto a las defunciones en 2024 acontecieron 32.330 decesos, 1921 más que los registrados en 2023”.

En síntesis, “mientras que en el año 2023 la diferencia numérica entre los nacimientos y las defunciones fue de 7.226, la misma se reduce significativamente a solo 1.383 en 2024”.

Este fenómeno indica que la población santafesina está muy cerca de una etapa de estancamiento natural.

Sin embargo, a pesar del complejo panorama general, Santa Fe presenta un indicador alentador en términos de salud pública. “Mientras que la mortalidad infantil mostró un incremento a nivel nacional, la provincia logró revertir la tendencia. La tasa descendió de 8,4 a 8,2 por cada mil nacidos vivos”.

Santa Fe logró mejorar los datos de mortalidad infantil respecto de la tendencia nacional.

Este dato no es menor: “En un contexto de menores nacimientos, mejorar la supervivencia en el primer año de vida es un indicador crítico de la eficacia del sistema de salud provincial”.

En cuanto a los matrimonios “en el año 2023 se registraron 10.113 con una reducción en 2024 a 9.629 uniones (4,8%). Esta tendencia refuerza la idea de una transformación en la estructura familiar y en los proyectos de vida de los santafesinos”.

En conclusión, al analizar los hechos vitales del último año, observamos una tendencia que sitúa a la bota santafesina en un escenario de crecimiento vegetativo casi nulo, siguiendo e incluso profundizando patrones nacionales.

Consultado por El Litoral, el especialista confirmó que la Argentina aún está transitando un período de “bono demográfico”, que se entiende como un dato positivo en el marco de la actual transición.

Esto es así porque “los adultos (en edad de trabajar) superan a los niños y jóvenes sumados a adultos mayores”.

La "ventaja demográfica se incrementó incluso en el 2022 en comparación con el 2010 al reducirse el peso de quienes tienen menos de 14 años”.

“Cuando se estabilice, seguramente en un portaje bajo, la participación de los niños y jóvenes, y se engrose aún más el grupo de los adultos mayores, el peso de los adultos en la población total comenzará a disminuir”, advirtió.

Por Nancy Balza

La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe da cuenta que el empleo privado registrado experimentó en noviembre un leve crecimiento respecto del mes anterior.

Con estacionalidad se contabilizan en dicho mes 511.400 empleos, cuando en octubre alcanzaron 510.700.

Sin embargo, desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, la provincia perdió 12.300 empleos. En diciembre de 2023 se contabilizaban 523.700 trabajadores y trabajadoras en el sector privado.

A nivel nacional se verificó una caída del empleo privado registrado del 0,2% respecto del mes anterior.

En su desempeño por rama de actividad, se destaca que los sectores que aumentaron el empleo respecto al mes anterior fueron: Pesca (+0,7%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%); Hoteles y restaurantes (+0,1%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (+0,1%).

Por su parte, el Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud se mantuvieron estables. Finalmente, la caída mensual del empleo estuvo liderada por las Industrias manufactureras (-0,4%), Comercio y reparaciones (-0,4%), Explotación de minas y canteras (-0,4%) y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).

Por su parte, en noviembre de 2025 el trabajo independiente mostró una variación positiva del 0,6% respecto al mes anterior.

Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las personas encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.

El trabajo en casa particulares creció un 0,6% respecto del mes anterior.

La remuneración nominal bruta promedio fue de $1.836.177. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.394.745.

Dos comisiones quedaron conformadas antes de que termine diciembre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación: la de Presupuesto y Hacienda que quedó a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA) y la de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba).

Con la nueva integración de las dos cámaras legislativas tras las elecciones del 26 de octubre, corresponde barajar y dar de nuevo aunque respetando las mayorías y minorías políticas. Este dato fue clave en la discusión que acompañó la agenda de la Cámara baja de este martes, que arrancó a las 10 de la mañana y se extendió hasta más allá de las 16.

No es para menos, se trata de comisiones centrales que tendrán a su cargo la discusión de los temas que envió el gobierno para su tratamiento en extraordinarias.

Desde este martes, otra libertaria estará a cargo de una comisión clave: se trata de Gabriela Flores (Salta) quien presidirá Familias, Niñez y Juventudes, una de las que deberá evaluar el proyecto de Ley Penal Juvenil que, entre otros aspectos centrales, dispone una baja en la edad de imputabilidad que quedaría en 14 años. Mientras que la vicepresidencia estará en manos de UxP que dejó en reserva el nombre de quien ocupará ese lugar, al igual que otros lugares del grupo que fijó como día de reunión los martes a las 16.

A las 11 fue el turno de Justicia que quedó a cargo de Álvaro Martínez, también de LLA (Mendoza), legislador que va por su segundo mandato en la Cámara baja.

El cambio de signo político en la conducción de algunas comisiones y la preeminencia del oficialismo en las presidencias (Familia estaba a cargo de la radical santacruceña Roxana Reyes) fueron algunos reclamos de Unión por la Patria, principal oposición en la Cámara baja. “Sobre 46 comisiones permanentes unicamerales de Diputados solamente intentan presidirla el oficialismo y sus aliados”, alertó el rosarino Germán Martínez quien consideró que los nombres fueron notificados, no consensuados.

Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Foto: HCDN.

Es más, Paula Penacca (UxP) reclamó una “representación genuina de quienes integramos las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados”, pero además preguntó cuándo se iba a tratar en plenario el proyecto de Ley Penal Juvenil que será llevado al recinto de sesiones el jueves próximo desde las 11.

El santafesino Nicolás Mayoraz (LLA) fue ratificado para presidir la comisión de Asuntos Constitucionales, tal como lo hizo en 2024 y 2025. La vicepresidencia primera estará a cargo de UxP (que, como en el resto, hizo reserva del nombre) y será vicepresidente segundo el correntino Diógenes González (UCR).

Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Sobre lo cual, una vez más, Penacca reclamó “una construcción de consensos” para que estas comisiones estratégicas puedan ser conducidas por diputadas y diputados de otros bloques. A UxP le corresponde la vicepresidencia primera.

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que seguramente debatirá la ley de Glaciares, también pedida para extraordinarias estará al frente del sanjuanino José Peluc. El bloque oficialista hizo reserva del nombre para la Vicepresidencia segunda. La Secretaría 1° quedó para el diputado entrerriano Darío Schneider de la Unión Cívica Radical; la Secretaría 2° fue reservada para el interbloque Unidos.

Juliana Santillan preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur. Foto: HCDN.

Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur, es presidida desde este martes por la libertaria Juliana Santillán quien al asumir la conducción sostuvo: "Hay un contexto internacional complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, transformaciones económicas y sobre todo una profunda redefinición del comercio global. En ese escenario, la Argentina enfrenta desafíos que son muy importantes, pero también una oportunidad que es histórica: volver a integrarse al mundo con previsibilidad, reglas claras y una visión estratégica de largo plazo, alguna vez".

Precisamente, la última elección de autoridades fue para la comisión de Mercosur que UxP reclamaba para su bancada, pero que finalmente quedó a cargo del diputado ex PRO y actual LLA Damián Arabia. En tanto, UxP hizo reserva de la vicepresidencia primera y la secretaria tercera. Por su parte, en la vicepresidencia segunda quedó la misionera Yamila Ruiz, de Innovación Federal; en la secretaría primera el también misionero Emmanuel Bianchetti, del Pro; mientras que la secretaría segunda para el interbloque Unidos quedó en reserva.

Nada por aquí, nada por allá. Hasta este domingo, la agenda oficial del Congreso de la Nación no tenía actividades programadas, más que visitas guiadas e iluminación de los balcones del Senado en conmemoración del combate de San Lorenzo, el martes (hito que lo traería al presidente Javier Milei a esta provincia el sábado), y el Día de Lucha contra el Cáncer, el miércoles.

Este lunes inicia el período de sesiones extraordinarias convocado por el gobierno nacional a través del decreto 24/2026. Que no existan reuniones agendadas en el palacio legislativo no es sinónimo de inactividad.

Al contrario, el peso de los temas que el Ejecutivo impulsa para que sean abordados hasta el viernes 27 es enorme y las discusiones se desarrollan dentro y fuera de Casa Rosada, en las provincias y, por supuesto, en los medios.

Es más: en los próximos días, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) también será marco para la discusión de la Reforma Laboral, punta de lanza de la agenda oficial que espera lograr en febrero la aprobación del proyecto con dictamen desde diciembre que necesita de un número mágico, 37 voluntades en el Senado, para abrir el recinto y el debate, y apurar la media sanción.

Con nueva confirmación, el Congreso Nacional tendrá por delante una una intensa agenda en extraordinarias. Martín Menem seguirá presidiendo la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

Es un montón para un mes tan corto. Pero, en los hechos, la rosca nunca se tomó descanso más allá de las licencias programadas de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que el DNU que otorgó más poderes a la SIDE se firmó el 31 de diciembre (y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero) se entiende que en la política no hay vacaciones. Menos con un 2027 (con planes de reelección nacional y aspiración a nuevos liderazgos) que está cada vez más cerca.

Pero vamos por partes: en diciembre de 2025 se logró dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para la ley de Reforma (o Modernización) Laboral, un proyecto que impulsa el Ejecutivo y resisten la oposición más dura y las entidades gremiales. También recibe “peros” de gobernadores que el miércoles se reunirán en el CFI para analizar la incidencia que podría tener la ley en la ya alicaída recaudación de sus distritos.

El ministro del Interior Diego Santilli se mostró muy activo este mes de enero: además de acompañar al presidente Milei en su “tour de gratitud” por algunas ciudades, mantuvo encuentros con mandatarios en búsqueda de votos que apoyen la ley en la Cámara alta.

Como se dijo, son 37 senadoras y senadores los que se precisan para abrir el recinto, posiblemente el 11 o 12 de febrero, y debatir el tema. Hay expectativa por quienes aparecen hasta el momento en la lista de “indecisos” y por la actitud que tomará la CGT en la disputa.

En el Senado, el oficialismo espera debatir la Reforma Laboral entre el 11 y 12 de febrero.Foto: Archivo.

Una posibilidad es que el debate se postergue por falta de acuerdo o por la necesidad de una discusión muy profunda sobre un tema de enorme espesura. En ese caso, quedaría para después del 1º de marzo que es cuando comienza el período ordinario de sesiones.

No es el único tema en la agenda de las extraordinarias que deberá considerar la Cámara alta. También tiene dictamen el proyecto de ley sobre el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Al listado se suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se firmó (luego de años de trabajosa gestión) a mediados de enero en Asunción (Paraguay) y está en pausa a partir de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de revisar su contenido.

El ex diputado nacional del PRO Fernando Iglesias también aguarda que reabra el recinto del Senado para que sea evaluado su pliego como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

A Diputados le corresponderá analizar otro de los temas centrales de estas extraordinarias: el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que ahora está fijada en 16 años. El asesinato de joven santotomesino Jeremías Monzón aceleró un debate que el Ejecutivo impulsa desde 2024 y que en mayo del año pasado llegó a tener dictamen de comisión, pero nunca llegó al recinto.

Aquel proyecto, que recibió apoyo de legisladores de otros bloques, no solo de LLA, fija un piso de 14 años para ser considerado imputable. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se admite que el gobierno evalúa la posibilidad de fijar la edad mínima en 13.

La senadora nacional Patricia Bullrich es protagonista en el debate de la Reforma Laboral y de la baja en la edad de imputabilidad. Foto: Archivo.

El viernes, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a familiares y al abogado de la familia Monzón. Al cabo del encuentro aseguró que “no podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada”. Por el crimen está imputada una joven de 16 años mientras que dos menores de 14 quedaron en libertad, precisamente, por su edad.

Como se dijo, el proyecto que obtuvo dictamen establece el régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

“Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquéllos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad”, establece.

Además, “se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”.

No están permitidas en este régimen la reclusión perpetua ni la prisión perpetua.

La baja de imputabilidad cosechó adhesiones del oficialismo en primer lugar y de otros sectores que se muestran a favor de modificar el Régimen Penal Juvenil. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dijo en varias oportunidades que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”.

Otras voces, como la Iglesia Católica, insisten en la necesidad de un programa “integral” y “profundo” en el que la baja en la edad de imputabilidad no sea la única respuesta al delito.

El nuevo año inició con un fuerte alboroto luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/26, firmado el 31 de diciembre, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

No es para menos: en pocas palabras, el decreto otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, por ejemplo, los agentes podrán detener personas, una función hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial.

También dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambio de información sobre las personas entre organismos públicos y asigna “carácter encubierto” –antes eran “secretas”– a las actividades de inteligencia nacional.

La norma, que deberá ser considerada por el Congreso (pero no figura en el listado de extraordinarias), despertó críticas de la oposición que consideró que fue dictada “entre gallos y medianoche”, precisamente al filo de Año Nuevo. En tanto, cuestionan el contenido por cuanto advierten que la Side se convertiría en una suerte de “policía secreta”.

También desde el PRO, aliado del oficialismo, llamaron la atención sobre la falta de respuesta al pedido de protocolos sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia en base a este decreto.

El primer obstáculo que encuentran las voces disidentes para acelerar el tratamiento del tema en el Congreso y su posible rechazo es que aún no está conformada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que durante 2025 presidió el diputado Oscar Zago. En diciembre hubo recambio en ambas cámaras, como resultado de las legislativas del 26 de octubre, y todavía no están cerradas la integración y las presidencias de varias comisiones.

Pero en febrero no se reinicia solo la actividad legislativa. También la Judicial: cinco amparos por el DNU sobre la Side esperan resolución en ese poder.

Y el próximo miércoles vence el plazo que estableció el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el gobierno cumpla con la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada, vetada, ratificada y promulgada pero sin presupuesto asignado durante 2025.

Será un mes intenso en todos los ámbitos, apenas un anticipo de un año que ya palpita las elecciones generales de 2027.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este lunes la novedad del decreto 27/2026 que modifica la Ley de Ministerios y suma al de Salud el área de Discapacidad.

El organigrama de la cartera que dirige Mario Lugones queda ahora con una nueva secretaría, la de Discapacidad, que a su vez tendrá dos subsecretarías: de Políticas de Acceso y Apoyos, y de Regulación, Certificación y Proyectos.

De esta manera se materializa el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde se inició, en 2025, una investigación por presunto cobro de sobornos luego de la filtración de audios adjudicados a su ex titular Diego Spagnuolo que comprometían a funcionarios del Ejecutivo.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, absorbe la Secretaría de Discapacidad. Foto: Archivo.

El tema discapacidad estuvo sobre el tapete durante todo el año pasado, no solo por la investigación mencionada, que sigue su curso, sino por la sanción, veto, insistencia y posterior incumplimiento de la ley de emergencia para el sector que, entre otros puntos, actualiza montos de pensiones y prestaciones.

Ahora, la Justicia ordenó que la Emergencia deberá estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero. En concreto, es un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay

Mientras tanto, el decreto publicado este lunes materializa el anuncio que hizo el Jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni el último 30 de diciembre. En esa ocasión avisó que “la ANDIS tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

Tal como reflejó entonces El Litoral, Adorni aseguró que con los cambios, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

Además se anunciaba un achicamiento de la estructura del área.

La Andis fue creada en 2017 como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Desde su creación, el organismo tuvo a cargo “el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad”, que incluía el otorgamiento y la gestión de las pensiones por invalidez y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En 2025 se suspendieron 100 mil pensiones por invalidez y se ordenó una auditoría. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer los beneficios. Foto: Archivo.

El 10 de diciembre de 2023, tras la asunción de Javier Milei como presidente, la Andis quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el 4 de julio de 2024 fue redireccionada al Ministerio de Salud, manteniendo su condición de organismos autárquico. Esta situación se modifica a partir del nuevo organigrama dispuesto por el reciente decreto presidencial.

Con los cambios introducidos, el Ministerio de Salud tendrá cuatro secretarías, incluida la de Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria (que incluye una subsecretaría de Vigilancia epidemiológica , información y estadísticas) y una más de Políticas integrales sobre drogas de la Nación Argentina, además de la de Discapacidad.

El año 2025 fue complejo para las personas con discapacidad. Primero fue el inicio de una revisión de las pensiones y la suspensión de más de 100 mil subsidios. Luego, la convocatoria a personas con distintas discapacidades a certificar su situación, en muchos casos de nacimiento, con citaciones dirigidas a domicilios desactualizados o bien distantes de la sede a la que debían concurrir.

En octubre de 2025 el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial.

No obstante, según datos que publica Chequeado.com en base al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023.

En paralelo a los planteos por la mencionada auditoría, creció el reclamo por los montos desactualizados tanto de las pensiones que perciben las personas con discapacidad, como de prestadores que cumplen funciones en transporte, acompañamiento terapéutico y centros de día.

Una gran movilización se realizó en mayo del año pasado en todo el país y hubo más reclamos a lo largo de todo 2025.

El Congreso Nacional se hizo eco de esta situación y sancionó la ley de Emergencia para el sector, que fue vetada por el gobierno de Javier Milei y devuelta a las dos cámaras que volvieron a ratificar su vigencia.

La norma fue promulgada pero su ejecución quedó en suspenso, “hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Ahora se espera el plazo que vence el 4 de febrero, otorgado por la Justicia para cumplir con esta ley.

Para una cifra aún indeterminada de familias, los primeros meses del año llegaron con una pesadilla: en abril se detectaron los primeros casos de muertes por el uso de fentanilo contaminado, una tragedia que fue creciendo con el transcurso de los días y meses, y por la que lleva adelante una investigación el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, la misma ciudad que registró el primer brote en el Hospital Italiano.

La comisión investigadora sobre víctimas de fentanilo contaminado fue creada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Archivo.

Aún no hay una cifra definitiva de muertes atribuidas a esta sustancia, elaborada y distribuida por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma: ¿124, 173? La indagación sigue su curso en el ámbito judicial. Pero en la Cámara de Diputados de la Nación, al cabo de un primer momento de cruces de alto voltaje político se decidió, con el impulso de las propias familias, la creación de una comisión investigadora.

La decisión fue por unanimidad, un hecho inédito sobre todo en un año legislativo que se caracterizó por fuertes disputas que, en más de una ocasión, tuvieron ribetes escandalosos.

La socialista Mónica Fein presidió la comisión, acompañada por Silvana Giúdici (LLA) y Victoria Tolosa Paz (UxP). Allí estuvieron representados todos los bloques de la Cámara.

“Para mí -dice la rosarina que culminó su mandato como diputada nacional el 9 de diciembre-, fue una experiencia muy productiva, donde las familias tuvieron voz desde la primera hasta la última reunión”.

“En el Congreso pueden hablar expertos en distintos temas y luego los diputados y diputadas; así lo dice el reglamento. Pero en este caso, en cada reunión, las familias tuvieron la palabra”, insistió.

Otro hecho inédito lo constituyó la visita de ocho legisladores de distintas bancadas al juzgado a cargo de Kreplak.

“Recuerdo que comencé agradeciéndole porque con su actuación salvó vidas”. “Él nos marcó algunos grises que encontraba en la investigación. Por ejemplo que, si bien Anmat había actuado, no estaba claro cuáles habían sido las prácticas de fiscalización” y por eso “era difícil valorar la actuación del organismo”, que emitió un alerta nacional en mayo.

La otra novedad fue la presencia del juez en la comisión, donde expuso por 40 minutos, sin revelar detalles de la causa, pero si para hacer una cronología de los hechos que se sucedieron desde que se hizo cargo del caso.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa fentanilo expuso ante la comisión investigadora de Diputados el 19 de noviembre. Foto: Archivo

También allí estuvieron presentes las familias. Es sumamente revelador el testimonio del juez, que valoró la tarea legislativa pero indicó las dificultades que habían encontrado a lo largo de la indagación. Se puede rastrear en Youtube esa sesión del 19 de noviembre, como también las anteriores, incluida la del 3 de noviembre en la ciudad de Rosario y la que corresponde a la presentación del informe final, un mes después.

El de la comisión fue un trabajo muy serio: “Fueron 4000 fojas que tuvimos que leer porque estaba el informe del Hospital Italiano de La Plata (donde se detectaron los primeros casos), el de Anmat que resultó bastante incompleto, y del Ministerio de Salud de la Nación”.

Su titular, Mario Lugones, fue citado en más de una ocasión pero no asistió.

También “pedimos información a cuatro provincias: Santa Fe, Buenos Aires y CABA respondieron, pero Formosa no”.

Además, participaron las cámaras medicinales que representan a los laboratorios, tanto públicos como internacionales en el país.

“Estudiamos mucho, aprendimos e intentamos ceñirnos a que el informe final saliera también por unanimidad, con recomendaciones legislativas para evitar un episodio similar a futuro”, dice Fein. “Las familias nos pedían que esto no pueda volver a pasar”.

- Teniendo en cuenta que la investigación sigue adelante, ¿el año próximo puede llegar a funcionar una comisión de seguimiento en la Cámara?

- Se valoró el tema para que dentro de la Comisión de Salud se haga un seguimiento. Ayuda, una vez más, que las familias están muy movilizadas y activas para que continúe este compromiso (que incluyó 20 recomendaciones) que firmaron todos los bloques.

Algunos proyectos ya fueron presentados; por ejemplo, para el mejoramiento de la Anmat, la trazabilidad de los medicamentos y las condiciones de transparencia y antecedentes necesarios para poner un laboratorio.

La investigación por las responsabilidades del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado está a cargo del Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Foto: Archivo

Entonces, otros diputados y diputadas que tienen mandato para los próximos años han tomado la responsabilidad de continuar con este tema.

Las familias, sobre todo Alejandro Ayala, cuyo hermano está en la lista de fallecidos, elaboró un proyecto para declarar el 13 de mayo como Día de la Memoria por las víctimas de fentanilo. Y lo presentamos como autoridades de la comisión y con otros aportes (entre ellos, Eduardo Valdés – UxP).

Es muy inusual que haya 173 personas víctimas de fentanilo que sale de un laboratorio habilitado. Es un llamado de atención por las cosas que no hicimos bien o que tenemos que mejorar para que no vuelva a suceder.

- ¿Cuál es la cifra de víctimas que maneja la comisión?

- El primer dato fue de 33 casos, luego el juez habló de 124 pero se siguen buscando. Esa es una de las dificultades que planteó Kreplak en el rastreo de historias clínicas. El Hospital Italiano de La Plata, que fue el que alertó sobre la presencia de bacterias, tenía una cantidad de ampollas (1050) y tuvo 18 fallecidos y no se condice con otros centros de salud que con un número similar de ampollas no registraban muertes.

Después de pedir información a 58 efectores públicos y privados, hubo 9 que no dieron la información requerida y esto derivó en allanamientos. Entonces, ese número se sigue modificando.

- Son las historias clínicas que están en estudio por el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia.

- Es la documentación de los efectores allanados con historias clínicas en papel, lo que significa leer una por una. Por eso, una de las recomendaciones es ir hacia un sistema digital. Esto ayudó mucho en el caso del Italiano de La Plata que tenía las historias clínicas en digital.

Por eso el número de víctimas se sigue modificando; creo que puede haber casos sin detectar porque es una sustancia que se usa en las terapias, para casos graves.

- El trabajo de la comisión terminó en un documento con 20 recomendaciones.

- Si pero el plazo fue hasta el 9 de diciembre para los bloques que así lo quisieran pudieran incorporar observaciones. En el expediente están las observaciones y varios bloques presentaron las propias. En mi caso, acompañé una de Margarita Stolbitzer sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. Hubo otras propuestas de Unión por la Patria, de La Libertad Avanza y de Democracia para Siempre.

Me parece una interesante práctica política la de poder coincidir en aquellas cosas que quedaban en el campo legislativo y sumar una mirada particular de cada sector político en lo que creía que hacía falta.

Entidades representativas de distintos ámbitos vinculados con la salud en Argentina salieron a fijar su posición firme a favor de la vacunación “en todas las etapas de la vida”.

El documento lleva la rúbrica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SAIP), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Medicina (SAM), la Sociedad Argentina de Virología (SAV), la Asociación Argentina de Microbiología (AAM), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el Foro de Medicina Clínica.

“La vacunación es, junto con el acceso al agua segura, una de las intervenciones sanitarias que más vidas ha salvado en la historia”, inicia el texto conocido en las últimas horas.

A nivel mundial, con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se estima que los programas de inmunización han evitado al menos 154 millones de muertes en los últimos 50 años. Es decir, unas 6 vidas salvadas por minuto, la mayoría en menores de 5 años”.

Hoy, con datos de UNICEF, “se calcula que la vacunación previene alrededor de 4,4 millones de muertes por año en el mundo”.

Las vacunas actúan antes de que aparezca la enfermedad, evitando la infección o reduciendo su gravedad. “No solo disminuyen el riesgo individual, sino también el riesgo colectivo (inmunidad de grupo), protegiendo especialmente a quienes no pueden vacunarse”.

Modelos recientes estiman que, “entre 2021 y 2030, las vacunas contra 14 patógenos (incluyendo sarampión, neumonía, diarrea por rotavirus, hepatitis B, entre otros) evitarán alrededor de 51,5 millones de muertes si se alcanzan las metas de cobertura de la Agenda de Inmunización 2030”.

La cobertura global de la vacuna triple bacteriana (DTP3), indicador clásico de la vacunación infantil, “alcanzó aproximadamente el 85% en 2024; aun así, 14,3 millones de niños no recibieron ninguna vacuna (“cero dosis”) y millones más están parcialmente vacunados”.

Los modelos de impacto sugieren que “las vacunas contra COVID-19 evitaron cerca de 19–20 millones de muertes en el primer año de su implementación a escala mundial, incluso en el contexto de una pandemia sin precedentes”.

Este dato refleja “el valor de contar con plataformas de vacunación capaces de responder rápidamente frente a nuevas amenazas”.

Por otra parte, la vacuna contra la hepatitis B “previene infecciones crónicas que pueden evolucionar a cirrosis y cáncer de hígado. Se estima que, hasta 2030, la vacunación contra hepatitis B podría evitar alrededor de 14 millones de muertes”.

Las vacunas contra neumococo, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y el rotavirus “han reducido de forma significativa las neumonías graves y las diarreas potencialmente mortales en la infancia, principalmente en países de bajos y medianos ingresos”.

Esto se traduce “en menos internaciones, menos secuelas y menos muertes evitables”.

En cuanto a la vacunación contra el sarampión, “redujo las muertes por esta enfermedad en un 88% entre 2000 y 2024, evitando casi 59 millones de fallecimientos en ese período”.

“Antes de la amplia disponibilidad de la vacuna, el sarampión causaba cientos de miles de muertes al año. Gracias a las campañas de vacunación, los casos y las muertes disminuyeron de forma drástica”.

Sin embargo, “la caída de coberturas en los últimos años ha llevado a un resurgimiento de brotes en varios continentes, lo que demuestra que, cuando se pierde la confianza o el acceso a las vacunas, las enfermedades reaparecen”.

Estos números muestran que la vacunación no es una recomendación “deseable”, sino una herramienta imprescindible para reducir mortalidad y morbilidad por enfermedades prevenibles.

Si bien la vacunación infantil es la base de muchos programas, hoy se reconoce el concepto de “vacunación a lo largo de la vida”: niños, adolescentes, adultos y personas mayores se benefician de distintos esquemas de vacunación según edad, comorbilidades y ocupación.

- En el caso de niños y niñas, “constituyen el grupo que más vidas ha ganado gracias a las vacunas. Las series básicas (BCG, polio, DTP, hepatitis B, Hib, neumococo, rotavirus, sarampión-rubéola, etc.) son esenciales para reducir mortalidad infantil.”.

- Adolescentes: vacunas como HPV previenen infecciones de transmisión sexual vinculadas al cáncer de cuello uterino y otros tumores; los refuerzos de tétanos, difteria y pertussis sostienen la protección comunitaria.

- Adultos y personas mayores: vacunas contra influenza, neumococo, COVID-19, herpes zóster y otras reducen hospitalizaciones, complicaciones cardiovasculares asociadas a infecciones y mortalidad en grupos de riesgo.

- Trabajadores de la salud: son un grupo clave, tanto por su mayor exposición como por su rol ejemplificador; mantener esquemas completos es una responsabilidad profesional y ética.

A pesar de los avances, persisten desafíos a enfrentar en forma conjunta con la población:

- Millones de niños continúan sin acceso a las vacunas básicas. Las brechas se concentran en regiones con mayores dificultades sociales, económicas y de infraestructura sanitaria.

- La desinformación y la difusión de mensajes falsos sobre la seguridad de las vacunas minan la confianza de la población, generan dudas y retrasan o impiden la vacunación.

- Las crisis humanitarias, los conflictos armados y las migraciones masivas dificultan sostener esquemas completos.

- Los retrocesos en coberturas tras la pandemia de COVID-19 han favorecido la reaparición de enfermedades como el sarampión en regiones que habían logrado su eliminación.

Frente a este escenario, el rol de los equipos de salud es central: brindar información clara, basada en evidencia, responder dudas con empatía y combatir activamente la desinformación.

Por todo eso, las sociedades científicas que suscriben el documento coinciden en que “la vacunación es una política de salud pública esencial, respaldada por evidencia robusta que demuestra su capacidad para reducir mortalidad y morbilidad en todas las etapas de la vida”.

En segundo lugar, “los beneficios superan ampliamente los riesgos, que son infrecuentes y, en la gran mayoría de los casos, leves y transitorios. Los eventos adversos graves son extremadamente raros y se monitorean mediante sistemas de farmacovigilancia”.

Por otra parte, “protegerse uno es proteger a los demás: al vacunarnos, reducimos la circulación de los patógenos y cuidamos a las personas más vulnerables (lactantes, personas con inmunodeficiencias, adultos mayores)”.

En tanto, “los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo, manteniendo nuestros esquemas actualizados y recomendando activamente las vacunas indicadas a cada paciente”.

“La población general tiene un rol protagónico: consultar fuentes confiables, completar los calendarios recomendados y no postergar la vacunación por temor o desinformación es una forma concreta de cuidar la propia salud y la de la comunidad”.

“Las vacunas no son una opinión: son una herramienta científica probada que ha cambiado la historia de la humanidad, evitando millones de muertes, discapacidades y sufrimiento evitable. Mantener y ampliar las coberturas de vacunación es una responsabilidad compartida entre los sistemas de salud, los equipos profesionales y toda la sociedad”, sostienen las sociedades científicas en su documento común.

A la vez, afirman el compromiso de seguir trabajando, junto a otras instituciones nacionales e internacionales, “para promover la vacunación informada, accesible y equitativa, como pilar fundamental de la salud pública y del derecho de todas las personas a vivir más y mejor”.

Cabe destacar que la vacunación en la Argentina está prevista por la ley 27.491.

El último día de octubre terminó con la sorpresiva renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de ministros y su inmediato reemplazo por el vocero, Manuel Adorni. Y el primer domingo de noviembre concluyó con la designación de Diego Santilli, electo con holgado triunfo como diputado nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires, como ministro del Interior.

En este caso será en reemplazo de Lisandro Catalán, quien ocupó ese cargo con jerarquía recuperada (desde 2023 era Secretaría de Interior) durante un mes y medio.

Todo eso ocurrió a una semana de las elecciones legislativas de medio término en las que el oficialismo ganó con el 41 % de los votos en todo el país.

Manuel Adorni.

Este lunes, el presidente Javier Milei decidió reunir a su gabinete renovado, al que le faltan aún más cambios, y presentar en sus nuevas funciones a Manuel Adorni y a Santilli.

Además, Pablo Quirno se sentó a la mesa como flamante ministro de Relaciones Exteriores, tras la salida de Gerardo Werthein.

Diego Santilli.

También es de la partida el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aparecía como el otro renunciado del gabinete antes de las elecciones, aunque luego decidió permanecer en su cargo.

Junto a ellos están Luis Caputo, Sandra Petovello, Santiago Bausilli, Santiago Caputo (quien seguirá como asesor principal del Presidente), Karina Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri (quienes deberán abandonas sus cargos si asumen como legisladores nacionales), además del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Pablo Quirno.

No es de la partida, como viene ocurriendo desde hace meses, la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel.

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y señaló que la delineó este domingo con el mandatario en una reunión “de una hora y cuarto” que mantuvieron en la Residencia de Olivos.

“Mi agenda es de las reformas que vienen en esta etapa, que tienen que ver con el Presupuesto 2026, que es clave y necesario”, afirmó el ministro en declaraciones radiales.

Cabe recordar que de acuerdo al plan de trabajo que se definió en la Cámara de Diputados para la discusión del proyecto presentado por el Ejecutivo el 15 de septiembre, este martes debería llegarse a un dictamen, luego de escuchar a funcionarios de distintas áreas del gobierno.

Con este nuevo escenario y un gobierno que prefiere llegar a la votación con el nuevo Congreso, es decir en extraordinarias (el período ordinario termina el 30 de noviembre) donde sumará diputados y senadores, este objetivo aparece difícil de cumplir.

Volviendo a Santili, sostuvo que la agenda está relacionada con las sesiones extraordinarias del Congreso, en las que dijo que el Ejecutivo aspira a aprobar “una modernización laboral para que más de la mitad de los trabajadores, que están en la informalidad, pasen a la formalidad”.

Aseguró que desde la cartera a su cargo van “trabajar en equipo” con las autoridades parlamentarias.

Asimismo, destacó la importancia de lograr “una reforma fiscal para la baja de impuestos, que es lo que el Presidente viene pregonando desde antes de asumir su mandato, y que es clave para las pymes” y sumó a esta lista de prioridades el nuevo Código Penal que “es central para la tolerancia cero contra el delito”. Sobre este tema, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó algunas líneas en su exposición ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Javier Milei. Crédito: Reuters/Cristina Sille

Como ministro del Interior, Santilli será el nexo con los gobernadores, aunque todo indica que de ese diálogo volverá a excluir al bonaerense Axel Kicillof.

En ese sentido, el ex PRO se mostró optimista y afirmó: “¿Quién no va a querer bajar impuestos? ¿Quién no va a querer que los trabajadores informales pasen a la formalidad?” “La agenda que ha trazado el Presidente es muy afín a cada uno de los gobernadores en términos del país que queremos”, resaltó.

No obstante, más allá del optimismo, hay una agenda planteada entre los propios mandatarios que en su conjunto (los 24) presentaron dos proyectos de ley ante el Congreso, uno para replantear el reparto de los ATN y otro para la distribución del impuesto a los combustibles. El primero fue aprobado por el Congreso y vetado por Milei. El segundo no se llegó a tratar por las cámaras legislativas.

Puntual, a las 11 de la mañana, el presidente Javier Milei llegó a la sede de la UTN de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en vehículo oficial, rodeado de la comitiva de seguridad que habitualmente lo acompaña a todos lados.

El mandatario nacional tuvo que esperar unos minutos para sufragar. Afuera lo esperaban simpatizantes de La Libertad Avanza.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega a votar durante las elecciones de mitad de período, que se consideran cruciales para su administración después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el apoyo futuro para Argentina dependería del buen desempeño del partido de Milei en la votación, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Cristina Sille 

Sin embargo, los medios que aguardaban con expectativa la llegada del Presidente, se quedaron sin declaraciones: Milei llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, aguardó unos minutos sin hablar con nadie hasta que le llegó el turno en la mesa, saludó a las autoridades, votó, posó para fotógrafos y salió.

Afuera, esperaban seguidores que lograron registros y selfies, subió a su vehículo, saludó y partió.

Quedaron sin responder varias preguntas, por ejemplo, cómo se conformará el gabinete a partir de este lunes, luego de la renuncia de, hasta ahora, dos ministros (en lugar de Gerardo Werthein ya fue elegido Pablo Quirno) y los cambios obligados en caso de que otros dos ministros, Patricia Bullrich y Luis Petri resulten electos en sus respectivos distritos.

Se descuenta que este domingo será una jornada de pura expectativa, pero también de rosca: todas las fichas, las políticas y las económicas, están puestas en el día después.

El domingo se vota, por primera vez en todo el país, con la Boleta Única Papel. Si, se dijo muchas veces. Pero así como es posible que subsistan dudas respecto de su correcta utilización, circulan noticias falsas que pueden aumentar la confusión o derivar, de manera involuntaria, en votos nulos.

Chequeado.com hizo un repaso de las principales fake news relacionadas con esta nueva modalidad, que fue largamente reclamada por el gobierno nacional y sancionada por el Congreso hace poco más de un año.

En este marco, el tema lapiceras es prácticamente central: se dijo de todo, cuando en realidad son biromes indelebles que proporcionan las autoridades de mesa en el momento en que entregan la boleta al votante. En Santa Fe, que tiene Boleta Única desde 2011 con algunos matices respecto de la nacional, estamos más acostumbrados a esta modalidad y ya no es extraño recibir una lapicera junto con la papeleta.

La Boleta Única Papel llevará la firma de la autoridad de mesa que entregara una lapicera al votante. Foto: Archivo.

No obstante, de acuerdo a la información relevada por el sitio de verificación de noticias, circula un video viral para advertir que habrá lapiceras que “se borran con calor” para cambiar votos y cometer fraude. “Pero esto es falso: las lapiceras licitadas para estos comicios son de tinta indeleble, según confirman los registros públicos de compras. Además, si bien la Cámara Nacional Electoral (CNE) recomienda que se utilicen estas lapiceras, no está prohibido que cada votante lleve una propia”.

“Esta desinformación ya circuló en otros países de América Latina, como México y Colombia, durante procesos electorales con sistemas de votación similares”, advierte Chequeado. Eso si, no se puede usar lápiz porque está el riesgo de que la cruz, tilde o la figura que se elija colocar en el casillero se borre.

Otros posteos, centrados específicamente en las elecciones de Provincia de Buenos Aires, señalan que “los electores deben aclarar que su voto es para Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert”. En los hechos, la foto de Espert va a figurar en la boleta de LLA para las candidaturas a diputados nacionales, aunque bajó su candidatura luego de las denuncias por posibles vínculos con el empresario “Fred” Machado.

Ese lugar fue ocupado por Diego Santilli que en los últimos días desplegó una amplia campaña para explicar que aunque Espert figure en la boleta, es él quien encabeza la lista. Esto luego de pedir la reimpresión de las boletas con la imagen del nuevo líder, pero la solicitud que fue desestimada por la Cámara Electoral Nacional atento al plazo exiguo que restaba para la distribución de todos los papeles

En todo ese contexto, “circulan posteos en redes sociales que señalan que los electores deben aclarar que su voto es para Santilli tras emitir su sufragio. En caso contrario, sería anulado”. “Es totalmente falso lo que circula. Se vota con normalidad. Recordemos que en este caso se votan listas, no se votan candidatos”, dijo la CNE.

Tercera respuesta a una noticia falsa: “Marcar fuera del recuadro en la boleta no anula el voto si la intención del sufragio es clara”.

Una vez más, el sitio especializado recurrió a la Cámara Nacional Electoral para que explique que se tendrá en cuenta la intención del sufragio. “Si la marca en la boleta única de papel tiene una intención clara, el voto es contado como válido”.

Como en Santa Fe, las elecciones del domingo tendrán boxes en todo el país, no cuartos oscuros. Foto: Archivo/Flavio Raina..

La CNE en nuestro país explica en su sitio web que el votante debe emitir su voto mediante “la realización de cualquier tipo de marca” dentro de los casilleros impresos en la BUP, para cada una de las categorías de cargos que se elijan en cada caso. Es decir: el elector puede votar marcando con una cruz, tilde o similar en el casillero correspondiente a la opción elegida para cada categoría.

En la provincia de Santa Fe y en otros 15 distritos habrá una sola categoría para elegir: diputados nacionales. La provincia renueva 9 bancas para la Cámara baja.

En Santa Fe y otros 15 distritos se votará diputados nacionales. Esta es la boleta que se entregará en toda la provincia. Foto: Archivo.

Hay 8 distritos, incluido Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, donde se elegirán diputados y senadores nacionales. En esos casos habrá que hacer dos marcas, una por cada categoría.

Para despejar dudas, Chequeado hace un punteo, basado en información oficial, sobre los casos en los que el voto será considerado nulo.

- Si la Boleta Única aparece con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría.

- Si se hubiese roto algunas de las partes. No obstante, esta nulidad sólo se aplicaría si la rotura de la BUP impidiera determinar cuál fue la opción electoral escogida, limitándose a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto.

- .Si tiene inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (aunque sólo si esto impide determinar cuál fue la opción electoral escogida).

- Si la Boleta Única plegada incluye objetos extraños.

Son votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

Por otra parte, serán considerados votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Como ocurre en Santa Fe, está prohibido sacar fotos de la boleta.

En cada lugar de votación estarán publicadas las listas completas con la nómina de la totalidad de las y los candidatos.

Si el elector se equivoca al momento de votar, puede pedir a la autoridad de mesa que le entregue una nueva boleta; la anterior se colocará en un sobre. Como las boletas se desprenden de un talonario con números correlativos, este procedimiento permite tener la trazabilidad de todos los papeles.

Se acerca el día D: el domingo próximo se celebrarán en todo el país las elecciones de medio término para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Un total de 36.477.204 personas están habilitadas en el país para emitir su voto con un sistema novedoso, el de la Boleta Única Papel, sancionado hace poco más de un año por el Congreso con la ley 27.781.

Santa Fe fue pionera en la aplicación de la Boleta Única, la siguieron Córdoba y Mendoza. Pero, si bien en todos los casos se dejó de utilizar la boleta papel partidaria (o sábana), hay diferencias entre el sistema nacional y el de estos distritos, y también de éstos entre sí.

Oscar Blando, Dr. en Derecho, docente y especialista en temas electorales.

Oscar Blando, Doctor en Derecho, docente en la Universidad Nacional de Rosario y ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, propone analizar las características de cada sistema.

En primer lugar, conviene explicar que “la boleta única de papel (BUP) es un instrumento de votación donde todas las listas que compiten para un mismo cargo son presentadas al elector en una sola boleta que es diseñada, impresa y distribuida por el Estado”.

La BUP (el instrumento de votación) responde a las preguntas ¿cómo se vota y cómo se presenta la oferta electoral?, señala.

En este marco, la BUP se refiere al debate sobre el acceso al sufragio y a la equidad en la competencia electoral, “pero no trata ni resuelve las otras dimensiones del sistema electoral: el tema de las circunscripciones electorales ni su magnitud, ni el formato de las listas ni el cálculo de la conversión de votos en bancas”.

Para el especialista, queda claro que, como en todo sistema electoral, en este caso, un instrumento de votación “no hay modelos ideales, perfectos o neutros”. “A todos se les pueden adjudicar ventajas y desventajas, características, sesgos o consecuencias que deben ser dimensionadas, discutidas y evaluadas antes y después de la sancionada una ley”.

En este punto vale aclarar que en dos años habrá BUP para una nueva elección nacional, que renovará la otra mitad de Diputados y otro tercio del Senado, pero incluirá, además, el cargo de presidente y vice para distrito único.

La principal diferencia en el diseño de las BUP en la Argentina se da entre el modelo adoptado por las Provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis y ahora la BUP nacional (con sus diferencias) y el adoptado por Santa Fe, grafica Blando.

El modelo más complejo de BUP es el de CABA que elige Senadores (15 listas) y Diputados (17 listas).

En el primer caso, “todas las opciones electorales son ofrecidas en una misma boleta y, en el diseño santafesino, existen tantas boletas únicas como categorías a elegir”, cada una con su color y su respectiva urna.

Las elecciones provinciales en Santa Fe se hacen con Boleta Papel desde 2011. Es una boleta por categoría.

La principal diferencia está en el tipo de voto que cada uno puede alentar: “El primero, a un mismo partido o alianza para todas las categorías, favoreciendo el ‘arrastre’ (la boleta sábana horizontal), más aún si tiene la opción de lista completa como en Córdoba y en Mendoza”.

El segundo modelo “que es el santafesino, también permite el voto a un solo partido, pero favorece la posibilidad de elegir distintas opciones políticas por categoría (el denominado efecto del ‘voto cruzado’) que es el equivalente al ‘corte de boleta’ en el sistema de boletas partidarias”.

La BUP nacional “tiene todas las opciones electorales en una misma y única boleta (como Córdoba y Mendoza), pero no existe el casillero de lista completa”. Tampoco habrá, cabe acotar, casillero para el voto en blanco: se lo considerará así cuando no se haya marcado ninguna opción.

El modelo de BUP de la provincia de Córdoba. Foto: Archivo.

A la hora de evaluar ambos modelos, Blando establece que el diseño santafesino favorece (no determina) el “voto cruzado” (votar a gobernador de un partido y legisladores de otro) y eso ha ocurrido en la Provincia, pero no es una ley de hierro: en las elecciones del 2023 el actual Gobernador, Maximiliano Pullaro obtuvo, con BUP, mayoría en ambas Cámaras.

Otro tema para observar es que “en contextos de gran fragmentación de la oferta electoral (al no haber PASO se traslada toda la oferta a la elección general) y especialmente en los grandes distritos (provincia de Buenos Aires, por ejemplo), el diseño de BUP cordobés, mendocino o nacional puede contener un doble inconveniente: el tamaño de la boleta y la complejidad del elector para encontrar su opción electoral, temas a los que hay que prestarle atención”.

El modelo de Boleta Única Papel de la provincia de Mendoza.

Por eso, la principal recomendación de las autoridades electorales es consultar en sitios oficiales (electoral.gob.ar) los modelos de boleta para cada provincia, a fin de identificar la oferta. Ya no es posible llevar el voto desde la casa.

Otra de las diferencias, avanza el docente, “surge analizando los diseños de boletas en las provincias y en la BUP nacional: en la BUP de Mendoza como en la nacional, los partidos y alianzas están en las columnas verticales y la categoría de cargos en las horizontales. A diferencia del modelo Córdoba, donde los cargos figuran en las columnas verticales y los partidos o alianzas en las horizontales”.

Puede observarse también una distinción en cuanto a las fotografías de los candidatos en los distintos modelos: “Si bien en las listas legislativas se consignan los nombres de los tres primeros candidatos, en la BUP nacional aparecen las fotografías de los dos primeros candidatos, a diferencia de Santa Fe, donde aparece sólo uno”.

Finalmente, observando detenidamente la BUP nacional se vislumbra claramente que “en la intención del diseño se trató de privilegiar a la ‘marca’ del partido: la mitad del diseño de la categoría lo ocupa el nombre y logo del partido y la otra mitad las fotos y los nombres de los candidatos”. A diferencia de todos los otros modelos, incluido el de Santa Fe, “en donde la marca partidaria tiene una dimensión similar a la de la foto del candidato”.

En la opinión del docente, “uno de los temas más estudiados e investigados es cómo se presenta la oferta electoral y se ha demostrado que tiene impacto (mayor o menor) en la representación”.

“De eso estamos hablando cuando analizamos los distintos diseños, en este caso de boletas únicas. Entre otros, impacta el orden de aparición en las listas, la información de las y los candidatos (si hay fotografía o no y su tamaño), el efecto arrastre o el voto cruzado, etc”.

La demostración más acabada de cómo se presenta la oferta (boleta) electoral, es lo ocurrido con la renuncia del candidato de LLA José Luis Espert y el reclamo de esa agrupación de querer reimprimir las boletas. “La manera de presentar la oferta electoral importa”, concluye Blando.

Espert renunció a la candidatura y pidió licencia en la Cámara de Diputados.

“Más allá de mi opinión sobre que coincido con la decisión que negó la reimpresión por haber precluidos los plazos para cambios de nombres, logos, fotografías, y la imposibilidad material de hacer la reimpresión, lo cierto es que hay en la BUP de LLA en la Provincia de Buenos Aires una discordancia entre lo que ‘dice’ la BUP y la realidad".

"El candidato que renunció (Espert) aparece en la boleta y quien se decidió que lo suplantara (Santilli) no. Pero aparece segunda Karen Vázquez.

“Ciertamente la disputa fue y es política pero existe también el derecho de los electores de acceder a un instrumento de votación que refleje, en forma fidedigna y transparente, la verdadera opción electoral”, cierra el especialista.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este martes dos novedades muy esperadas: la promulgación de la ley 27.795, de Financiamiento universitario y recomposición del salario docente, y de la 27.796 de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en Salud.

Sin embargo, aclara inmediatamente que lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”, de ejecución del gasto público.

¿Qué dice esta norma? Que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Es decir que, en definitiva, las leyes volvieron al Congreso para que aclare ese punto, el mismo que esgrimió el Ejecutivo cuando promulgó, sin aplicación efectiva, la ley de Emergencia en discapacidad.

La nueva medida se adoptó en pleno debate por el Presupuesto para 2026 que envió el gobierno de Javier Milei el 15 de septiembre, luego de administrar por dos años el mismo que fue aprobado en 2023, en una gestión anterior y de otro color político.

La prórroga por dos años consecutivos de la misma “hoja de ruta” de gastos y recursos es toda una novedad que se introdujo bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. También es uno de los argumentos que se esgrimen desde la oposición para advertir sobre atrasos en asignaciones y pedir actualización de partidas.

Mientras tanto, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, se conoció la promulgación (con aplicación en suspenso) de la ley de Emergencia sanitaria, más conocida como ley Garrahan. A propósito, el sábado hubo una caravana de personal del Hospital hasta Olivos (Milei se encontraba en campaña en Santiago del Estero y Tucumán) en reclamo de la aplicación de la ley que en su sanción y ratificación obtuvo un contundente apoyo de un arco opositor ampliado.

La norma establece que la declaración tiene por objeto “efectivizar la tutela del derecho a la salud y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo consagrado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y las Leyes 26.061 y 27.611”.

En particular, “pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”.

Todo esto junto con la “continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando, en el marco de la emergencia establecida, su pleno y sostenido funcionamiento.

A esta instancia se llega, al igual que la Emergencia en Discapacidad, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras, el veto presidencial y la contundente ratificación de la ley en Diputados (el 17 de septiembre) y en el Senado (el 2 de octubre).

Similar es el panorama para la ley Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que siguió el mismo derrotero: fue aprobada, vetada y ratificada por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó pero dejó su aplicación en suspenso hasta que las Cámaras legislativas establezcan de dónde saldrán los fondos.

En este caso, la disposición lleva la firma de Milei, junto con Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una imagen de la última marcha universitaria en Santa Fe.

El texto aprobado establece que se deberá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, y el Ejecutivo deberá garantizar las partidas para el programa de “Desarrollo de la Educación Superior”.

Además, tendrá que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

También se plantea la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Todo esto junto con la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las casas de estudio, programas de bienestar estudiantil y recomposición de becas, entre otros puntos.

La situación que atraviesan las universidades públicas es “crítica” según sostuvieron en varias ocasiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ya derivó en varias y multitudinarias marchas frente al Congreso y en todo el país.

Para este martes y el miércoles se definió una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la ley.

Sin dudas el tema estará en la agenda de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 29 de octubre, a la que fueron convocados el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El denominador común en las firmas de estas dos promulgaciones sin fondos y la de Emergencia por discapacidad es, además del propio Presidente, Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete fue convocado a una interpelación por la Cámara de Diputados. En la última reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento se decidió, por mayoría del plenario, esa alternativa.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos será convocado para informar a Diputados por la no aplicación de la Emergencia en discapacidad. Foto: Reuters

La propuesta de máxima impulsada por la oposición es una moción de censura, con lo cual el funcionario, catalogado como el más dialoguista, podría ser desplazado de su cargo. Aquella moción fue impulsada por la falta de aplicación efectiva de una emergencia, la de Discapacidad. Ahora se suman estas dos medidas publicadas hoy para caldear todavía más los ánimos en el Congreso.

El 26 de octubre está a la vuelta de la esquina y ese día se utilizará en todo el país la Boleta Única Papel aprobada por el Congreso en 2024 y promulgada por el Ejecutivo. Con ese sistema se elegirán 127 diputados nacionales, de los cuales 9 corresponden a Santa Fe, y 24 senadores nacionales. De esta manera, se renovará la mitad de la Cámara baja y un tercio de la Cámara alta.

En ocho distritos, incluida Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se elegirán las dos categorías y, en el resto, solo diputados.

La boleta oficial fue confeccionada y provista por el Estado y contiene la oferta electoral completa.

La Cámara Electoral Nacional viene realizando una amplia difusión de este sistema que no es tan novedoso para Santa Fe, donde se utiliza Boleta Única desde 2011, pero que presenta algunas diferencias. Por eso el organismo hace mucho hincapié en la importancia de visualizar la papeleta antes de concurrir a votar.

A diferencia de otros comicios nacionales en los que se utilizaba boleta papel, la BUP no se podrá llevar desde la casa, ni fotocopiar, ni imprimir previamente: será entregada en persona por la autoridad de mesa de acuerdo a un talonario donde cada papel tiene su número correlativo.

¿Y dónde podemos consultar el modelo de boleta? En el sitio oficial electoral.gob.ar hay abundante información sobre este y otros aspectos del comicio, incluido un simulador para practicar el voto.

El Congreso se renueva: el 26 de octubre se elegirán en todo el país 127 diputados y 24 senadores.

Este año hubo dos cambios en la elección nacional: uno transitorio, la suspensión de las PASO, y otro permanente plasmado en la ley 27.781 para la aplicación de la BUP.

Este sistema enfrentará en 2027 un nuevo desafío como es su utilización, una vez más, para legisladores nacionales y también para la elección de presidente y vice por distrito único, un cambio o complicación (según la perspectiva) que ya se incluye en las capacitaciones. Pero para eso hay tiempo.

La boleta para la provincia de Santa Fe. Foto: Flavio Raina

Mientras tanto, en todo el país son 36.477.204 las personas habilitadas para votar el último domingo de octubre. Lo harán en 17.398 establecimientos (no todas son escuelas) en los que habrá 109. 046 mesas.

Más de 90.600 electores integran el padrón de privados de la libertad y 490.726 son residentes en el exterior: estos participan para categorías nacionales de manera presencial o por correo postal, novedad que se incorporó a la ley que aprobó la BUP, aunque el trámite se hace con anticipación y expiró en mayo.

De acuerdo a datos de la CNE se anotaron este año 3000 residentes en el exterior, mucho menos de los 12 mil que lo hicieron en 2019.

La provincia de Buenos Aires reúne alrededor del 38 % del padrón nacional, seguida por Córdoba y Santa Fe (7,91 %) que van incrementando su participación en el total del país.

Un dato curioso se presenta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la población decrece: allí votarán 2,5 millones de personas.

Desde el año 2013 está admitido, aunque no es obligatorio, el voto de jóvenes de 16 y 17 años cumplidos. Son 1.153.128 en todo el país, de los cuales 83.363 tienen domicilio en Santa Fe.

Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Foto: Flavio Raina

El 26 de octubre se elegirán 127 integrantes de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. Para la primera categoría mencionada, hay 2435 candidatos (entre titulares y suplentes) que pertenecen a 628 agrupaciones políticas; para la segunda, son 280 candidatos de 188 agrupaciones.

Santa Fe elige 9 diputados y diputadas. También habrá una sola categoría en otros 15 distritos. Pero en los 8 restantes, incluida CABA, se votarán diputados y senadores. Se trata de Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Sigue abierto el registro de postulantes para ser autoridad de mesa el 26 de octubre.

Si bien se espera que el escrutinio resulte más simple y para ello se realizan capacitaciones a las autoridades de mesa, algunas provincias podrían presentar alguna demora. Es el caso de CABA que, además de tener las dos categorías en disputa, es un distrito con gran cantidad de listas: 17 para diputados y 15 para senadores.

Santa Fe pondrá en juego 16 listas cuya ubicación en la BUP, como en el resto de las provincias, se resolvió por sorteo.

Otro dato a destacar es que habrá elecciones simultáneas y concurrentes en: Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja (en 7 de los 18 departamentos), Santiago del Estero (gobernador y municipales), Tucumán (Municipalidad de Alberdi), Mendoza, Chubut (consulta popular y Consejo de la Magistratura), Corrientes (Municipalidad de Esquina) y Santa Cruz (Municipalidad de Cañadón Seco).

Cada persona que concurre a votar debe llevar su DNI en formato físico (no se admite el digital) y recibe una sola boleta oficial de la autoridad de mesa. No se entrega un sobre, sino la BUP.

Luego se dirige al box (no hay cuarto oscuro) donde hará una marca con una tilde o cruz con la lapicera entregada junto con la boleta dentro del casillero de la categoría correspondiente: no se debe marcar el logo ni la foto; solo el casillero.

La boleta está organizada con partidos en columnas y categorías en filas; cada casillero puede mostrar hasta cinco candidaturas.

No hay casillero de lista completa: para votar por un mismo partido, en aquellos distritos que eligen diputados y senadores, se deben marcar las categorías una por una.

Luego de hacer la correspondiente marca, se dobla la boleta tal como se explica en el dorso del papel para preservar la privacidad de voto, y se lo deposita en la urna.

La BUP que se utilizará el 26 de octubre tiene un encabezado con la información (nombre, número, color y logo) de la agrupación política y una segunda fila donde figura la oferta electoral de esa agrupación para cada categoría: en el caso de Santa Fe, un renglón o fila.

La CNE autorizó cuatro tamaños diferentes de boletas, de acuerdo a la cantidad de listas en disputa: de los 16 distritos que eligen una sola categoría, la más numerosa es la de Córdoba (con 18 listas), seguida por Santa Fe (16) y Buenos Aires (15).

Si el elector se equivocó en el momento de hacer su marca, puede pedir otra boleta a la autoridad de mesa y la primera (que tendrá que estar doblada) será anulada; una concesión que se realiza por tratarse de un sistema nuevo para gran parte del país.

No se puede sacar foto de la boleta.

La BUP incluye los primeros cinco nombres de candidatos, por lo cual las listas completas estarán exhibidas en un cartel de gran tamaño en los centros de votación.

El voto es afirmativo cuando se hace una marca en cada categoría (en Santa Fe, es una).

El voto es en blanco cuando no se hace ninguna marca en ningún casillero.

El voto es nulo cuando se utiliza una boleta que no es la que entregó la autoridad de mesa, o se hizo dos o más marcas en la misma categoría, rayas, roturas o no se puede identificar el sentido del voto.

Existen sitios oficiales en los que es posible hacer consultas sobre el acto eleccionario del 26 de octubre. Se puede recurrir a electoral.gob.ar; padron.gob.ar; capacitacionelectoral.gob.ar; tel. Gratuito 0800 9997237, IG:@camaraelectoral, y asistente virtual (whatsapp) 1124554444.

Están disponibles los modelos de las boletas para cada distritos, con el fin de visualizar con anticipación la opción de preferencia, y simuladores del voto.

Octubre es el Mes de la Salud Mental que cada 10 de octubre conmemora su Día Mundial. En ese marco, Unicef lanzó una campaña, que incluye un spot, enfocada en el impacto de las apuestas online en jóvenes. Además, suma herramientas para familias y personas adultas de referencia a fin de generar espacios de escucha y diálogo intergeneracional.

En Argentina el juego de azar se encuentra prohibido para personas menores de 18 años.

Según el informe Kids Online Argentina (UNICEF, 2025), uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez. La puerta de entrada ocurre alrededor de los 13 años, sobre todo en varones, gracias al acceso a las billeteras virtuales; y, en la mayor parte de los casos, las apuestas se dan en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol.

Aunque en Argentina el juego de azar se encuentra prohibido para personas menores de 18 años, seis de cada diez chicos afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual, de acuerdo con el informe. Además, casi la mitad (47%) asegura conocer plataformas y aplicaciones de apuestas.

"Las apuestas online tienen efectos en el plano relacional y emocional de los chicos, lo que puede generar ansiedad, frustración, insomnio, retraimiento, bajo rendimiento escolar, mayores conflictos familiares y exposición a discursos engañosos vinculados al éxito inmediato", explica Javier Quesada, Especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF Argentina.

"Esto termina afectando sus vínculos, su autoestima y salud mental. En muchos casos, sin que nadie se dé cuenta a tiempo", subraya.

Impacto de las apuestas online en las chicas y los chicos.

Actualmente se observa un uso creciente de los juegos de azar online. Para frenarlo y generar conciencia es necesario que las familias, docentes y personas adultas de referencia se involucren. "Existe evidencia suficiente para asegurar que, cuando los adultos están presentes frente a las necesidades de las y los adolescentes, se reducen las posibilidades de que los chicos apuesten online", sostiene Quesada.

Para fortalecer las capacidades de las familias y adultos, que puedan reflexionar y dialogar con los jóvenes acerca de las oportunidades y riesgos en el mundo online, sus consecuencias, prevenir el uso de aplicaciones y plataformas de apuestas, y abordar situaciones problemáticas desde el respeto y la escucha, UNICEF desarrolló una serie de recomendaciones para iniciar la conversación con los chicos y las chicas:

- Tomar la iniciativa del diálogo y no esperar que el tema surja solo: es importante generar activamente un espacio de charla.

- Elegir un clima tranquilo, sin tensiones y con tiempo para desarrollar un diálogo con calma.

- Hablar simple y con claridad sobre lo que se quiere dialogar.

- Mostrar confianza y respeto en la capacidad de decidir que tienen los chicos: se puede acompañar, sin invadir.

- Prestar real atención a qué piensan, que sienten, qué saben y qué entienden sin juzgar: que los adolescentes sientan que tienen un canal de conversación y apoyo abierto para hablar cuando lo necesiten.

Además, de acuerdo a la publicación "Zoom a las apuestas online", publicado por UNICEF junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, resulta importante realizar un seguimiento del uso, con reglas y límites, de las billeteras virtuales de los adolescentes, para poder detectar a tiempo gastos vinculados con el uso de plataformas de apuestas.

También se recomienda abrir el diálogo y debatir en conjunto el rol de las y los influencers y de las publicidades sobre apuestas online y construir una mirada reflexiva sobre el imperativo que remite "al éxito asegurado"; y también fomentar el deporte, las actividades al aire libre, artísticas, culturales, y compartir tiempo con familiares, amigas y amigos para incentivar el desarrollo saludable.

La Cámara de Diputados de la Nación inició, minutos después de las 12 de este miércoles y con 130 legisladores en sus bancas, una sesión que se espera sea sumamente intensa y que tiene como cuestión inicial nada menos que la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

En el temario figura también uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un factor clave para asegurar el quórum. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

La cargada agenda del encuentro, que se inició con Mario Barletta alzando la bandera, incluye una entrada netamente santafesina: la declaración como héroe nacional del Brigadier Estanislao López, “Patriarca del Federalismo Argentino”, defensor de los ideales federales y republicanos.

También se prevé tratar la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

Se convocará a Karina Milei y Mario Lugones, a dar informes respecto a los audios difundidos sobre pagos ilegales.

En cuanto a los DNU, el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. El texto que se analiza tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

La sesión de este miércoles se inscribe en una secuencia en la que el Congreso busca marcarle límites al Ejecutivo, pero en este caso con un componente particular: hasta el lunes al mediodía, Joé Luis Espert era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cargo al que decidió renunciar luego del escándalo público por sus vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico que será extraditado a Estados Unidos. La renuncia de Espert, hoy también imputado por supuesto lavado de dinero, se anticipó a un pedido directo que se iba a hacer este miércoles en el recinto, donde se descuenta que habrá varias manifestaciones para cuestionar al legislador libertario.

La renuncia de Espert se anticipó a un pedido directo que se iba a hacer este miércoles en el recinto.

A los hechos conocidos recientemente y que terminaron en la renuncia del primer candidato de LLA para el distrito más poblado del país, se suman otras razones de encono, como la falta de convocatoria de la comisión que presidía hasta este lunes para tratar proyectos de trascendencia para la Cámaras y el "congelamiento" del debate del Presupuesto 2025, es decir, que el desacuerdo es de larga data. A propósito, se pondrá a consideración un plan de trabajo y un listado de invitados para que expongan sobre el proyecto de la "ley de leyes" que impulsa el gobierno de Milei para 2026, con el objetivo de tener dictamen para el 20 de noviembre. Cabe recordar que diez días después finaliza el período de sesiones ordinarias.

La reunión de este miércoles fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez (UxP) y arranca con la modificación, con el fin de poner límites al Ejecutivo, al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes que ya viene con media sanción del Senado.

Sigue en la lista otro tema trascendente y que promete debate como es la aprobación del orden de mérito final de postulantes a la Defensoría de los derechos de las niñas, niños y adolescentes luego del proceso que se siguió en comisión bicameral donde fueron escuchadas y analizadas las propuesta de las y los candidatos. El nombre elevado para su aprobación es el de María Paz Bertero como defensora, y Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos. La decisión requiere mayoría simple y no tiene el aval del bloque libertario.

Pero si se analiza la lista de temas que incluye la convocatoria se verá que, por distintas razones, aparecen varios nombres y apellidos de funcionarios del gabinete de Javier Milei:

- Se pedirá que el ministro de Economía Luis Caputo brinde un informe verbal sobre las posibles negociaciones que el gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos de América.

- Se solicitará la interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Alberto Francos, con el fin de iniciar una moción de censura, a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de incumplir con la ley 27.793, de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma, sancionada y ratificada por las dos Cámaras del Congreso fue promulgada por el gobierno nacional que la devolvió al Poder Legislativo para que indique fuentes de financiamiento; es decir que en los hechos no se aplica. Sobre este tema hay un pedido para declarar "nula de nulidad absoluta e insanable" la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre la emergencia.

- Se convocará a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y al Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, a dar informes respecto a los audios difundidos semanas atrás sobre supuestos pagos ilegales revelados por el ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La lista de asuntos a considerar sigue, e incluye varias iniciativas relacionadas con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), incluida la emergencia económica, financiera y tarifaria en todo el territorio nacional.

Además, figura la declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la creación del Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias, y la recomposición presupuestaria de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Luego de la mayor certeza que se tuvo en los últimos días, la derrota de La Libertad Avanza en las urnas bonaerenses el pasado domingo, todo es incertidumbre y expectativa. Este jueves vence el plazo para que Javier Milei vete o deje efectivas dos leyes que obtuvieron fuerte respaldo en las dos cámaras legislativas: el Financiamiento Universitario y la emergencia en Pediatría (Ley Garrahan). Acerca de ambas, el presidente advirtió hace tiempo que comprometen el objetivo de "déficit fiscal cero", aunque desde uno y otro sector (universidades y personal sanitario) ya salieron a advertir que si hay veto, también habrá movilizaciones.

Pero hay otra ley que está bajo observación y es la que estableció normas para el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que tiene un ingrediente particular: fue impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA. En tiempos en que el Ejecutivo dice querer recuperar el vínculo con los mandatarios provinciales, un veto a esta norma podría empantanar el camino del diálogo. A menos que haya una moneda de cambio.

Hasta este martes los gobernadores no habían recibido una invitación formal para participar de una mesa de diálogo y se mostraban, cuanto menos, escépticos. Este miércoles el gobierno avanzó un casillero al designar a Lisandro Catalán como ministro del Interior, un cargo que, como el nombre lo expresa, opera de nexo con las provincias y que hasta este momento desarrollaba, como tantas otras funciones, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei.

Fue Francos quien anunció el nuevo lugar que ocupará Catalán, una decisión que se tomó en el seno de la tercera reunión de gabinete que miembros del Ejecutivo celebraron en dos días.

En el anuncio, Francos dijo que la designación de Catalán se hizo "siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines". Esta es la palabra clave, "afines", porque hasta el momento se ignora si los 24 participarán del convite oficial.

El gabinete nacional se agranda. Lisandro Catalán es el flamante ministro del Interior de Javier Milei.

Es más, según Francos "en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

Por lo pronto, los mandatarios que integran Provincias Unidas (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y, recientemente, Corrientes) se reunirán el viernes en Río Cuarto para acordar una estrategia en común. El santafesino Maximiliano Pullaro ya anticipó que no se puede desconocer una invitación si viene del Presidente, pero avisó que tiene varios temas para incluir en la charla, como el reclamo por la suspensión de la obra pública, la defensa de las universidades y los recortes en distintas áreas que dispuso la gestión nacional desde el 10 de diciembre de 2023.

Como sea, todo hace pensar que no se volverá a aceptar una reunión "para la foto" como fue, en definitiva, la que logró el Presidente el 9 de julio de 2024, cuando la mayoría de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo en aquella fría noche de Tucumán. La situación, a la luz de los datos que emanan de distintos relevamientos económicos y productivos, no da para más experimentos.

Como se dijo, este jueves se sabrá si están publicados los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia pediátrica. También tendría que publicarse la ley de emergencia en Discapacidad que el Congreso Nacional ratificó, por amplia mayoría, luego del rechazo total impuesto por Milei.

¿Adoptará el mismo criterio el Congreso si el mandatario rechaza estas dos normas? ¿O se impondrá una aceptación como ocurrió con la ley jubilatoria? Lo cierto es que si hay vetos, habrá conflictos.

La incógnita que sí fue despejada este miércoles a media mañana es que habrá presentación oficial del proyecto de presupuesto para 2026. Será el lunes a las 21 por cadena nacional y, tal como el año pasado, la tarea estará a cargo del presidente Milei.

Lo que se desconoce, y aquí más incógnitas, es si este proyecto llegará a tratarse en el recinto o quedará congelado en comisión como ocurrió con el presentado, también en cadena nacional un domingo a la noche, para este año.

Desde este miércoles y hasta el 24 de octubre a las 8 de la mañana, escucharemos nombres propios y de listas; críticas, apoyos y promesas de un Congreso mejor. Este 27 de agosto comienza la campaña electoral de cara a las generales que se celebrarán el último domingo de octubre para renovar, en todo el país, 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

La provincia de Santa Fe elegirá 9 integrantes de la Cámara baja y no renueva bancas de la Cámara alta.

16 listas competirán por las 9 bancas de Santa Fe en la Cámara de Diputados. Foto: Flavio Raina

En toda la Argentina se votará con la Boleta Única Papel, una modalidad conocida en las elecciones locales pero que debutará a nivel nacional tras la aprobación de la ley 27.781.

Tras el cierre de listas del 17 de agosto, quedaron firmes 16 nóminas que competirán en territorio santafesino, aunque hay 17 espacios sorteados. Cuál de ellos será el que ocupe una de las nóminas depende de si la Cámara Electoral Nacional aprueba o no el nombre de la alianza Avanza Libertad.

Como se dijo, este año debuta para un comicio nacional la BUP que tiene algunas diferencias con la que ya conocemos en la provincia de Santa Fe. En las boletas para octubre las categorías de cargos (diputados nacionales) se ubicarán en forma horizontal (filas), en tanto las listas de candidatos por cada agrupación política estarán en forma vertical (columnas).

El diseño definitivo de las boletas se revelará en audiencia pública en los primeros días de la semana próxima. No habrá opción para voto en blanco; si es la decisión del votante, no deberá optar por ningún candidato.

¿Qué es lo que si se conoce? El orden en que estarán ubicadas, en la boleta, las listas que compulsarán por Santa Fe y que fue adjudicado por sorteo.

Así, se tiene que en primer lugar estará el Partido Autonomista (lista que encabeza Raimar Ataide Da Costa), seguido por Igualdad y Participación (Agustina Donnet), Republicanos Unidos (Luciano Rossi), Provincias Unidas (Gisela Scaglia), Coalición Cívica ARI (Eugenio Malaponte), Fuerza Patria (Caren Tepp), Política Obrera (Marilin Gomez) y Nuevas Ideas (Eze Torres),

Siguen La Libertad Avanza ( Agustín Pellegrini), Defendamos Santa Fe (José Latucca), Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Franco Casasola), Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco), Compromiso Federal (Gabriel Chumpitaz), Partido Fe (Pamela Perino), Frente Amplio por la Soberanía (Carlos del Frade) y Movimiento al Socialismo (César Rojas Esquivel).

Algunos distritos también eligen senadores. Foto: Flavio Raina

Antes de los comicios de octubre llegarán dos importantes hitos electorales: en la provincia de Corrientes el domingo 31 de agosto, y en Buenos Aires el 7 de septiembre. Ambos distritos decidieron despegarse de las nacionales, tal como lo hizo Santa Fe (que inauguró el intenso calendario electoral de este año, Misiones, CABA, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y San Luis).

En el primer caso, la provincia mesopotámica elegirá gobernador y vice, para suceder a Gustavo Valdés que va por su segundo mandato. Siete frentes se anotaron en la carrera que podría terminar en balotaje. Además se elegirán 15 diputados y 5 senadores provinciales, todo por el sistema de boleta partidaria.

El plato fuerte antes de las nacionales llegará el 7 de septiembre, donde se disputan cargos legislativos pero parece librarse la madre de todas las batallas entre el oficialismo provincial y el nacional, esta vez aliado con el PRO. Ese día se elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales 1.097 concejales y 401 consejeros escolares con el sistema de boleta papel.

Y para octubre, además de las nacionales, habrá comicios provinciales en Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

Habían pasado casi 10 horas de sesión cuando el Senado nacional convirtió en ley el financiamiento universitario y un buen rato más hizo lo propio con la emergencia pediátrica, dos normas que el presidente Javier Milei anticipó que va a vetar porque, según sus cálculos, comprometen el equilibrio fiscal.

La Cámara de Senadores celebró este jueves, desde poco antes del mediodía, una maratónica sesión en la que se destinaron varias horas al debate y posterior rechazo de cinco decretos presidenciales que, fundados en las facultades delegadas que incorporó la mega Ley de Bases, intervinieron organismos públicos: el Nº 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante), el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

El debate sobre esta materia se inició al mediodía, en simultáneo con la exposición del ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, ante el Council of the Americas donde defendió los efectos de las medidas de ajuste realizadas por el gobierno nacional.

Todos los decretos fueron rechazados.

Mucho después y ya avanzada la tarde, llegó el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento universitario, que venía con media sanción de Diputados y propone la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento y becas, y la creación de un fondo de $10.000 millones de pesos. Una vez más, hubo apoyo mayoritario y la iniciativa, impulsada por rectoras y rectores de todo el país nucleados en el Consejo Universitario Nacional, obtuvo sanción por 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Domingo 15 de septiembre de 2024. Por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío del Presupuesto para este año. Luego se decidió reconducir el que rige desde 2023. Crédito: Archivo.

Es la segunda vez en dos años consecutivos que se sanciona una ley en este sentido. El año pasado, en septiembre, llegó a convertirse en ley un proyecto similar y en octubre fue vetada por el Presidente. El mismo criterio anticipó Javier Milei para esta nueva ley aunque hasta el momento no hubo anuncios en ese sentido.

El último revés al oficialismo llegó entrada la noche y fue con la sanción de la ley de emergencia en salud pediátrica, que prevé más fondos, recomposición salarial y derogación de la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas. La diferencia fue más amplia aún: 62 votos positivos y 8 negativos.

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo llegó desde La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

Con el trasfondo en la delicada situación que atraviesa el Hospital Garrahan, referente en todo el país en atención de excelencia, el dictamen fija que las autoridades deberán garantizar "el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes".

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales".

"Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023".

También exime al personal de salud del pago de Ganancias cuando desempeñan "actividades críticas, horas extras y/o guardias".

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

La cuestión de los fondos, partidas y asignaciones sobrevoló toda la sesión de la Cámara alta, por una razón bien concreta: la ausencia de un Presupuesto de Gastos y Recursos. En realidad, en un hecho inédito, la gestión actual recondujo por segunda vez el presupuesto de 2023, situación que para legisladores de ambas cámaras (el reclamo está siempre presente en Diputados) complica toda discusión.

El año pasado, el financiamiento universitario fue ley, luego llegó el veto presidencial y un nuevo reclamo en las calles. El Senado sancionó este jueves una norma impulsada por el CIN. Crédito: Archivo/Manuel Fabatía.

En el recuerdo quedó la presentación del proyecto para este año, el 15 de septiembre de 2024, cuando Milei convocó a la asamblea legislativa en plena noche de domingo y por cadena nacional anunció el envío del Presupuesto que luego quedó congelado en comisiones.

¿Qué pasará este año? Habrá que esperar a mediados del próximo mes para saber qué decisión adopta el Ejecutivo nacional.

Mientras tanto, nadie duda que fue una semana complicada para el presidente Milei, que insiste en descalificar al Congreso y sus integrantes pero tuvo un fuerte revés en la Cámara de Diputados, que el miércoles rechazó el veto total a la emergencia en Discapacidad y, un día después, el resultado de un Senado que propinó un 7 a 0 (cinco decretos rechazados y dos leyes aprobadas) a la administración nacional.