La cita del plenario de comisiones de Defensa Nacional (Carlos Zapata-LLA), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-LLA) y Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-LLA) para debatir e intentar dictaminar sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional estaba prevista para este martes a las 16 en el Senado de la Nación. Sin embargo, en las últimas horas se decidió trasladar el encuentro para dentro de una semana a la misma hora.

Se trata del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que el propio presidente Javier Milei presentó en cadena nacional el 3 de septiembre por la noche, en el que defiende la soberanía argentina sobre Malvinas “por historia y por derecho”, propone un esquema de sanciones a las empresas que operen en la zona de las Islas y una reforma integral del sistema de Inteligencia, Defensa y Seguridad Interior.

MIlei pidió celeridad y consenso en el tratamiento del tema, que va mucho más allá de la cuestión Malvinas, ya que avanza en la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y en un Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (Repet).

En sus 133 artículos, se propone “castigar a quienes exploten nuestros recursos naturales de manera ilegítima en sus espacios marítimos circundantes y en la Plataforma Continental Argentina; generar los incentivos necesarios para que quienes participen de estas actividades cesen en dicha conducta, y dotar al Estado nacional de la herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”. Así lo explicó oportunamente el vocero presidencial Adrián Ravier.

En las últimas horas se conoció la “inquietud” de Estados Unidos por algunos aspectos de la ley, en particular aquellos que establecen penalidades para filiales, proveedores, accionistas e intermediarios financieros de las empresas que operan de manera irregular en jurisdicción de Malvinas. En algunos sectores adjudican a esta reacción la reprogramación del plenario. Dentro del oficialismo se alude a la falta de tiempo para construir el dictamen.

Con o sin reunión, se descuenta que el tema ameritará alguna manifestación en la sesión especial prevista para este miércoles por Diputados.

Hasta el momento se celebraron tres plenarios de comisiones. El primero fue el 30 de septiembre con la presencia de Paula Tadei, de la Secretaría Legal y Técnica, y de Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.

El segundo encuentro fue el 6 de octubre con la presencia, entre otros de Daniel Filmus y Guillermo Carmona; ambos fueron secretarios de Malvinas durante el gobierno del Frente de Todos.

Al día siguiente, fue la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, la encargada de exponer ante las comisiones los principales puntos del proyecto de ley, sobre el cual la oposición ya anticipó un dictamen propio además de marcar diferencias con buena parte del texto.

En concreto, pidió dividir el proyecto para tratar por separado el amplio abanico de temas que aborda. Además de Unión por la Patria, en Provincias Unidas también exigen que el texto se fraccione en dos partes: la referida a la cuestión Malvinas por un lado y la reforma en inteligencia, seguridad, protección de infraestructura crítica y delitos vinculados a campañas de desinformación por otro.

El primer Título, que es el que mayor consenso recibe, alude a la defensa de los recursos naturales de la Nación; define que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituyen parte integrante del territorio nacional argentino, y establece que el Estado nacional “tiene como objetivo permanente e irrenunciable realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía”.

Deroga la ley 26.659/2011 que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y la reemplaza por un régimen más duro que expande su ámbito de aplicación; agrava sanciones penales, resuelve inconsistencias técnicas y amplía su alcance a cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales que se realiza en el sector.

Además, prohíbe ser proveedor de sujetos que realicen actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales “cuando ello resulte esencial e indispensable para la viabilidad o ejecución del proyecto”, y ser “socio, accionista o participante directo de quienes desarrollen estas actividades”, entre otros límites. En ese capítulo radica el llamado de atención del país del norte.

El Título 2 define como Seguridad Nacional a la situación de hecho por la que la vida, la libertad, la propiedad, los derechos y garantías de los habitantes y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, se encuentran protegidos; la soberanía e independencia de la República Argentina se encuentran garantizados, y los intereses vitales y estratégicos de la Nación, resguardados.

Crea el Consejo de Seguridad nacional, presidido por el mandatario nacional y compuesto por miembros permanentes y no permanentes, todos sometidos al régimen de confidencialidad propios de la ley de Inteligencia Nacional.

El Título 3 regula la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, y establece procesos secuenciales y progresivos alineados con la normativa internacional aplicable, que van desde la identificación, advertencias y uso de fuego o hundimiento como último recurso.

La novedad está en que se incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las Infraestructuras Críticas, definidas como “aquellas estructuras físicas, redes, sistemas o partes de ellos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación, total o parcial, pueda impactarlos significativamente”.

El Título 4 avanza en el régimen sancionatorio ante la afectación o amenaza a la Seguridad Nacional: “Se configura la infracción cuando el acto u operación provenga de un Estado u organización extranjera o una persona humana o jurídica que actúe en su propio beneficio (…) y cuando tenga por objeto o efecto atentar contra la integridad territorial de la República”, entre otras causales.

El Título 5 incorpora modificaciones a la ley 23.554/1988 de Defensa Nacional a la que redefine como “la función del Estado tendiente a garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la República Argentina, su integralidad territorial, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida y la libertad de sus habitantes”.

También apunta a proteger de forma integral los intereses nacionales “frente a riesgos, amenazas y desafíos de origen externo de carácter estatal o no estatal, sean cinéticos o no cinéticos”.

El título 6 está dedicado al “Fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones” e incorpora cambios a la ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos.

Se crea una nueva figura al Código Penal con el objetivo de fortalecer la protección institucional “frente a supuestos de influencia extranjera indebida en procesos electorales, decisiones públicas, instituciones republicanas y dinámicas de opinión pública”. En ese título ancla el cuestionado artículo 111 que, según se interpreta, podría representar un ataque a la libertad de expresión.

Por el Título 7 se crea el Registro Público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionará en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF). La finalidad será brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas o jurídicas vinculadas con actos de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

En los juegos de cartas tradicionales, el uso de porotos para contar los puntos es ley. Es eso o sumar a pura lapicera y papel. En ámbitos legislativos, el término “poroteo” también es conocido: remite al conteo uno por uno de los votos que pueden sumar a la aprobación de una iniciativa o a la concreción de una sesión.

Es la palabra que mejor resume la febril actividad de los últimos días en el Congreso y el Ejecutivo y de este jueves, en particular, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Para las 14 está citada la sesión especial que pidió la oposición a fin de abordar una agenda bien concreta (y totalmente contraria a los intereses del gobierno nacional), que consiste en una ley sobre Endeudamiento Familiar, la prórroga hasta diciembre de 2027 de la Emergencia Nacional de Discapacidad, y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que el Senado ya rechazó en marzo de 2024.

Cada tema tiene sus complejidades, pero en realidad la pregunta es cuántos “porotos” logrará reunir la oposición para completar los 129 que se requieren para alcanzar el quórum y abrir la sesión. Y cuántos habrá conseguido el oficialismo para malograr la convocatoria.

Un paso adelante en esa línea dio este miércoles el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza, que lograron un dictamen de mayoría para incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que tiene media sanción del Senado) dos artículos que revierten uno de los puntos más discutidos del decreto 70/23: dejan sin efecto el artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737 que en el año 2011 dispuso la protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (fija un 15 % el límite de tierras en manos de extranjeros).

Con este dictamen, pierde fuerza uno de los argumentos de la sesión especial de este jueves. ¿Por qué? Porque fue convocada apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 29 de septiembre rechazó por falta de legitimación procesal la demanda del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), que impugnaba el artículo 154 del DNU, precisamente el que deroga la Ley de Tierras.

Poco después, el 9 de octubre, el máximo tribunal reconoció legitimación en otro reclamo, en este caso de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona el mismo artículo pero invocando la protección del ambiente. En este caso, dictó una medida cautelar para suspender el artículo en cuestión y devolvió la causa al juzgado Federal de Bariloche donde se había iniciado.

Para decirlo en simples palabras, hasta que el tema se resuelva quedó restituida una vez más la Ley de Tierras aunque la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, el decreto de Milei.

Con el dictamen acordado este miércoles por el oficialismo y bloques aliados que deroga el artículo en cuestión del DNU 70/23, el gobierno espera desinflar la sesión que fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Al mediodía están invitadas las autoridades de bloques para la reunión de labor parlamentaria para coordinar el desarrollo de la sesión.

Pero en la grilla oficial de Diputados figura otra sesión: esta vez para el 21 de octubre, convocada por Gabriel Bornoroni (LLA) y otros legisladores del bloque que representa al presidente Javier Milei.

En ese temario figura el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (con los cambios introducidos en las últimas horas que restituyen la Ley de Tierras), la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (que surgió como uno de los compromisos de la comisión investigadora del fentanilo contaminado), modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural, la prórroga de la Ley de Discapacidad y la ley de endeudamiento familiar, entre otros puntos.

Con o sin sesión, para esta tarde está convocada la quinta marcha federal universitaria que tendrá epicentro en el Congreso y replicará en todo el país.

Sobre este punto, y para sumar otro ingrediente a un conflicto demasiado extenso y meneado, el juez federal Martín Cormick sancionó con una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la decisión de Javier Milei de no acatar la cautelar que ordenó al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Por qué a Santilli? Por ser el responsable de la administración del Presupuesto.

No será el único reclamo que se oirá este jueves en las calles; también se irá por la derogación del DNU 70, la ley de discapacidad y la situación de las familias endeudadas.

El mega DNU 70/2023 volvió a instalarse en el centro de la agenda política nacional. Tras el rechazo inicial del Senado en 2024, la oposición en la Cámara de Diputados intensificó las gestiones para lograr su derogación definitiva. Este movimiento ocurre en un escenario de alta tensión entre los poderes del Estado y ante la proximidad de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

La atención legislativa se incrementó luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo que declaraba inconstitucional el artículo del decreto que derogaba la Ley de Tierras. Si bien el máximo tribunal no se expidió sobre el fondo de la cuestión, su resolución reactivó el debate sobre la vigencia del instrumento dictado por el presidente Javier Milei.

La oposición solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar la derogación del decreto, además de proyectos sobre morosidad y la Ley de Discapacidad. Por su parte, el oficialismo intenta evitar que la convocatoria alcance el quórum necesario, apostando a una sesión posterior el 21 de octubre que incluya el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Congreso Nacional atraviesa semanas de intensa actividad en comisiones. En la Cámara alta, el presidente pro témpore Bartolomé Abdala ha ganado protagonismo en la sucesión presidencial, mientras que figuras como Patricia Bullrich mantienen una agenda activa con el sector empresarial. La incertidumbre persiste hasta el 30 de noviembre, fecha en la que concluirá el período de sesiones ordinarias.

El decreto 70/23, que acumula más de dos años de vigencia, regula aspectos clave como alquileres, prepagas, actividad aerocomercial y el régimen laboral. La posibilidad de que sea rechazado por ambas cámaras parlamentarias, tal como ocurrió en septiembre de 2024 con el DNU 656 sobre fondos reservados de la SIDE, mantiene en alerta al Poder Ejecutivo frente a un Congreso que busca limitar sus atribuciones.

La política partidaria está al rojo vivo (no importa de qué sector se lea esto); el Congreso Nacional tiene una agenda tan intensa que los menos de dos meses y medio que restan para que termine el período ordinario (el 30 de noviembre) parecen muy escasos; algunos números de la economía preocupan como la inflación mayorista, la actividad industrial y el desempleo, y se avecina una nueva marcha universitaria que podría repetir la misma postal que se vio el 23 de abril de 2024 cuando salieron decenas de miles a las calles a reclamar financiamiento para las casas de estudio.

En medio de un panorama complejo, en el que la cuestión Malvinas reinterpretada en un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Ejecutivo busca espacio urgente en la agenda legislativa, en las últimas horas volvió a crujir la calma en el seno el partido gobernante: Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional. Y van..

Fue en un tema particularmente sensible, como el de discapacidad. ¿El motivo? Los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto que vuelven aún más frágil la situación de un sector particularmente afectado por el ajuste. Tanto así es que Diputados tiene en estudio una prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad y el próximo miércoles se reunirán las comisiones para definir un dictamen en ese sentido.

El enojo de Bullrich fue porque, según aseguró este jueves, no estaba informada de estos cambios que figuran en el capítulo VI “De las Jubilaciones y pensiones” del proyecto elaborado por Economía y enviado antes de que termine la noche del 15 de septiembre.

Ese mismo día, martes, se había reunido la mesa política que lidera la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la que el Presupuesto y la necesidad de impulsarlo y aprobarlo en el Congreso fue uno de los temas principales del orden del día.

A esa reunión son convocados integrantes del Ejecutivo junto con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Bullrich como principal interlocutora en el Senado, a falta de vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“No me tomen por tonta”, dijo Bullrich para expresar su descontento por no haber sido informada de un contenido que inmediatamente generó rechazo.

Histórica y multifacética referente política, sabe que en la arena legislativa no se puede defender lo que no se conoce, aunque ya probó que puede cuestionar aún aquello que impulsa su actual partido.

No es la primera vez que la senadora se diferencia de la conducción del Ejecutivo. Lo hizo cuando presentó su declaración jurada con anticipación en plena polémica por el incremento patrimonial del ex vocero Manuel Adorni, investigado ahora por presunto enriquecimiento ilícito.

También cuando invocó objeción de conciencia y se abstuvo de votar por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata.

Michelli fue impugnada por Casa Rosada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El pliego se aprobó junto con varias decenas de postulantes, pero su nombre no quedó incorporado a las designaciones que aparecen en el Boletín Oficial.

Además, la senadora y ex rival de Milei en las presidenciales de 2023 marcó sus diferencias en el tema económico para pedir que se aceleren los resultados porque la gente la estaba pasando mal.

Y ahora dejó en claro su disgusto por no haber sido informada del contenido de la “ley de leyes” en materia de discapacidad; un “error no forzado” que podría malograr el resultado del partido-debate en el recinto. En este punto, una aclaración: el Presupuesto se empieza a debatir en comisiones de Diputados que es la cámara de origen. En principio, no se espera que el tema arranque su presentación antes de la primera semana de octubre.

Para comprender por qué los artículos relacionados con discapacidad despertaron alertas entre los propios organismos de Discapacidad además de la oposición, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un primer análisis del proyecto de Presupuesto 2027, al que tituló “Cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales”.

Allí establece que el proyecto introduce transformaciones “de corte regresivo”.

A través de los artículos 39 y 41, se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, habilitando a cada ente obligado a fijar unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores: “Esto crearía un factor estructural de desigualdad, empujando a los beneficiarios de los organismos que abonen tarifas más bajas a enfrentar menor oferta o peor calidad de atención, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Otro aspecto que preocupa es que “se deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal, y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral, mientras el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023”.

En el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto se describen en primer lugar las prioridades establecidas por el gobierno: Equilibrio fiscal sostenido; Acompañamiento social sin intermediaciones; Fortalecimiento operativo, equipamiento y modernización de seguridad y defensa, y Desregulación y transformación del Estado.

“El equilibrio fiscal también continuará siendo el ancla fundamental en el último año de este primer mandato, en línea con el compromiso firme asumido por el gobierno desde el inicio de la gestión, junto con políticas orientadas a priorizar la contención social de los sectores más vulnerables y a revalorizar el trabajo como eje integrador y ordenador de la sociedad”, explica más adelante.

Mientras, avisa que “se continuará fortaleciendo las áreas de defensa nacional y seguridad interior, con el fin de resguardar la soberanía territorial y garantizar a la población condiciones de seguridad y orden público que permitan su pleno desarrollo en libertad”.

En principio, nadie puede anticipar que esas políticas vayan a defender al gobierno del efecto de las “bombas atómicas” sobre sus propios pares. Esa es la figura bélica que eligió Bullrich para definir el contenido desconocido del Presupuesto.

Conocedora del lenguaje gestual, este viernes se la vio llegando a su oficina y escuchar (y tararear) “No me importa” mientras atendía su agenda. Otra clara desmarcación de Milei, quien hace años subió a Lali Espósito, autora de la canción elegida por la senadora para empezar el día, al múltiple podio de sus enemigos.

Este 5 de septiembre entrará en vigencia en todo el país la ley 27.801 que, entre otros aspectos, baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Desde el gobierno santafesino expresaron que “la provincia está preparada” para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que el Senado nacional convirtió en ley a fines de febrero pasado.

El Litoral consultó a Juan Cruz Giménez, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, quien marcó diferencias entre el proceso que siguió la Nación y el que viene sosteniendo la Provincia en la última década. En ese sentido, sostuvo que “a algunas provincias las encuentra mejor paradas” la aplicación del nuevo régimen nacional.

-¿A Santa Fe cómo la encuentra?

-La Provincia hizo una tarea previa y comenzó un proceso de reforma de la justicia juvenil que culminó con la sanción en 2023 de la Ley 14.228 y su puesta en marcha en junio de 2025. En realidad la Provincia realizó a partir del año 2014 una reforma total del sistema de enjuiciamiento, pasando de uno inquisitivo a otro adversarial y acusatorio.

Se comenzó primero por la población adulta y en 2025 se puso en marcha la reforma para jóvenes y adolescentes, abandonando el modelo de justicia tutelar y jueces de menores.

La ley que finalmente se terminó aprobando, la 14.228, fue fruto del debate y el consenso de muchos proyectos de ley anteriores, que comenzaron a tratarse hace aproximadamente 10 años. Con lo cual, cuando finalmente fue sancionada, recibió la aprobación prácticamente de todos los operadores de la justicia juvenil.

Esto es muy diferente del proceso que ocurrió a nivel nacional dado que, si bien desde todos los ámbitos se reclamaba una reforma del Decreto Ley 22.278, lo que se terminó sancionando ha recibido muchas críticas de todos los sectores especializados en adolescencia y juventudes puesto que amplía notablemente la franja de punibilidad.

-¿Cómo podemos pensar las acciones de cuidado, preventivas, el enfoque social que debe tener esta temática?

-Debemos evitar una compartimentalización del abordaje. Pensar en acciones preventivas requiere, tal como este organismo viene planteando, del fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en todos sus sectores y en todos sus niveles. Es el enfoque que ordena tener todo el plexo normativo internacional en materia de justicia penal juvenil.

A su vez, en el marco de una situación que involucra la faz punitiva del Estado, es fundamental que se fortalezcan las intervenciones desde las áreas de niñez y adolescencia quiénes tienen a su cargo la implementación de políticas de cuidado, acciones preventivas y de garantía de acceso a derechos.

La justicia tiene que disponer de programas alternativos al encierro, tiene que garantizarse el derecho a la educación, la capacitación en oficios, el acceso a empleo, así como la atención en salud mental y consumos problemáticos en vistas a pensar qué sucede con las y los jóvenes (más aún si pensamos en la baja de la edad a 14 años) luego del tránsito por el sistema penal.

Por su parte, es preciso avanzar hacia enfoques restaurativos que permitan otra forma de abordar las situaciones de jóvenes en conflicto con la ley penal. Ahí es donde entendemos que la política pública provincial debe tomar ese eje con mucha más fuerza ampliando las acciones que den herramientas al Sistema de Justicia Juvenil para poder desplegar estrategias restaurativas.

Esto no significa que no se cumpla una sanción de pena, pero ésta no debería ser la única opción en caso de adolescentes, sino que también debe estar vinculada por una medida socioeducativa. El objetivo tiene que ser la responsabilización, la revinculación, la reinserción y también la reparación para las víctimas.

-¿Cuáles serían esas medidas restaurativas?

-El enfoque restaurativo tiene que ver con poner el eje en el conflicto subyacente más que en la sanción. En este conflicto se encuentra involucrada principalmente la víctima y también la comunidad donde sucede.

Entonces, una medida restaurativa tiene que lograr la reparación del daño ocasionado por el delito y la restauración del tejido social y comunitario, mediante un proceso de responsabilización del ofensor. No es algo que proceda en cualquier caso pero es importante intentarlo y contar con programas y equipos capacitados que puedan llevar a cabo estos procesos.

- La pregunta es si este nuevo enfoque de la ley nacional deja algún lugar a las Defensorías de NNyA. ¿O no están contempladas?

- La ley nacional no menciona a las Defensorías provinciales ni nacional. Ahí hay una clara diferencia, porque la ley provincial 14.228 expresa específicamente que la Defensoría Provincial de NNyA podrá tomar parte en estos procesos cuando sea convocada y especialmente en los procesos con adolescentes que no han alcanzado la edad de punibilidad.

La Defensoría tiene el rol de participar en el proceso y ese es un cambio importante que introduce esta ley provincial.

En este punto hay dos elementos que se contraponen a nivel nacional y provincial: uno es que por años no se ha designado Defensor del Pueblo nacional y que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional se encuentra acéfala. Eso es una gran deuda del Congreso Nacional.

En este sentido, para las seis provincias (a las que ahora se suma Tierra del Fuego) que integramos el Consejo Federal de Defensores y Defensoras especializados en niñez, si no tenemos el defensor o defensora nacional, el trabajo es muy complejo.

Y por otro lado, la Secretaría de Niñez a nivel nacional se ha desfinanciado y eso no ha pasado a nivel provincial, donde la política de Niñez se cuadruplicó.

Todos miran a Santa Fe, incluso los organismos especializados, porque ven que se ha hecho un buen trabajo con la reforma del proceso juvenil. Por otro lado, la provincia viene manteniendo una política de Estado que es el programa Nueva Oportunidad, específicamente destinado a adolescentes, adonde van más recursos.

“Pasó algo muy fuerte”, interpretó el presidente Javier Milei sobre los escasos segundos en que el mandatario estadounidense Donald Trump se refirió al tema Malvinas.

“¿Está revisando la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?”-, preguntó un periodista acreditado en la Casa Blanca. “Siempre reviso cada postura, esa es solo una de muchas”, respondió Trump para seguir con otros temas de su agenda.

Fue el lunes; a las pocas horas ya se conocía la respuesta del Reino Unido para advertir que los isleños ya expresaron “su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable” y “su derecho a la autodeterminación es primordial”.

Y el martes llegó el anuncio del presidente Javier Milei sobre una cadena nacional para hablar de la cuestión Malvinas. Será este jueves a las 21 y por ahora el hermetismo es total, aunque algunas fuentes periodísticas arriesgan que anunciará el envío al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las Islas sin autorización de la Argentina.

Si es así, la medida estará relacionada con el proyecto petrolero off shore (costas afuera) Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago.

Según revelaron medios nacionales, el proyecto prevé una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de 2.100 millones de dólares para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.

“Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21 sobre un tema sagrado para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional”, escribió el mandatario en un posteo publicado en su cuenta de X, y sin anticipar nada de lo que dirá en las próximas horas.

“Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”, se entusiasmó el consejero presidencial Santiago Caputo en sus redes.

“El contenido (del mensaje oficial) está siendo trabajado por el Presidente, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado”, fue la prudente respuesta del vocero Adrián Ravier al ser consultado sobre el tema, y antes de anticipar que en la próxima rueda de prensa del martes podría despejar más dudas.

Una de ellas es si se concretará el viaje de los hermanos Milei al Reino Unido, cuestión que se anunciaba para este año y por ahora está en el freezer. “Todavía no hay información de la agenda; nunca adelantamos una fecha”, insistió el portavoz.

Emilia González Cian es abogada y especialista en Política Internacional y, en diálogo con El Litoral, repasó las novedades en un tema de alta sensibilidad para el país. Así quedó en evidencia hace un mes y medio cuando un “trapo” con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” ondeó en la cancha tras el triunfo sobre Inglaterra en semifinales del último Mundial.

Pero Malvinas trasciende al fútbol, aunque no escapa a nadie que aquella “hazaña” futbolística reavivó un sentimiento de patriotismo mezclado con algo de revancha.

Y el aspecto económico es crucial: “La aprobación (por parte del Gobierno isleño) del proyecto Sea Lion, en el que participan dos petroleras, una británica y otra israelí, es muy grave porque el inicio de la exploración y la extracción implican una modificación unilateral de las condiciones respecto de un territorio que está en disputa”.

Al respecto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande para intentar suspender el desarrollo del proyecto.

Esto forma parte de las novedades. Pero el reclamo por la soberanía sobre las Islas es histórico. “En el seno de la ONU, la ‘cuestión Malvinas’, tal como la denominó el Comité de Desconolonización, tiene una agenda permanente”, explica González Cian.

“Por un lado, desde el año 1989, este comité especializado renueva anualmente su tratamiento e insta a Argentina y el Reino Unido a negociar”, explica. Por otra parte, “la Argentina lleva el planteo a cada reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas". La próxima tendrá lugar en septiembre, cuando entre el 22 y el 28 se reunirán los principales líderes en la ciudad de Nueva York.

En cualquier caso, la relación entre los segundos que Trump le dedicó al tema en su rueda de prensa y la posibilidad de que la Argentina sancione explotaciones no autorizadas por ahora no parece quedar en claro.

En ese punto, la analista explica que el Atlántico Sur es una zona apetecible para el presidente del país del norte: “Las riquezas naturales son invaluables y muy codiciadas. Por otro lado, la zona contigua al Estrecho de Magallanes es estratégica para el comercio internacional y, por lo tanto, un bastión también en la disputa comercial con China” que “este mes inició su primer viaje por el Ártico”.

Tampoco escapa a especialistas y legos que en la dispersión que caracteriza la incipiente carrera electoral de 2027 las gestas, aunque sean discursivas, pueden marcar una diferencia.

Entre la Cámara de Diputados y la de Senadores suman casi 60 proyectos de ley relacionados con la problemática que por estos días ocupa buena parte de la atención pública y política: la morosidad, que se traduce en un alto nivel de endeudamiento familiar.

Tras la última sesión de la Cámara baja, una variopinta representación opositora pidió una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de emplazar a las comisiones lideradas por La Libertad Avanza para que inicien el tratamiento de un tema que preocupa a millones de personas.

Al día siguiente se conoció la convocatoria de la comisión de Finanzas hacia la que tienen giro la mayoría de los proyectos presentados. El grupo está bajo la presidencia de Santiago Pauli (LLA-Tierra del Fuego) y recibirá la exposición de autores de las distintas iniciativas (34 figuran en el temario), de las cuales varias pertenecen a legisladores de Santa Fe. Entre ellos, Caren Tepp, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Germán Martínez y Agustín Rossi.

Algunos proyectos tienen giro a la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, que lidera Hugo Yasky (UxP-Buenos Aires) y ya organizó jornadas para escuchar opiniones de organismos y damnificados por lo que se descuenta que no recibirán objeciones. Otros, los menos, deberá pasar por Presupuesto y Hacienda donde el presidente es Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires) que, al menos de momento, no fue convocada.

De todos modos, el objetivo de buena parte de los diputados es impulsar medidas que no impliquen un costo fiscal, de manera de no recibir el rechazo del gobierno que sostiene el principio de equilibrio fiscal por encima de todo compromiso, aún si fuera establecido por ley.

Todo esto ocurre mientras el presidente de la Nación Javier Milei consideró que el endeudamiento es un tema “entre privados”, concepto que fue ratificado este lunes por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien no cree “necesario” que el Estado intervenga, “porque cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor".

“La mora de la que vienen hablando ya empezó a bajar, esto es dato. Yo veo que detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política tratando de buscar algún efecto desestabilizador", siguió el riojano, en línea con la postura del gabinete nacional.

Precisamente, en la provincia de los Menem, el gobernador Ricardo Quintela anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras a través del banco provincial, destinadas a contener el endeudamiento de las familias.

La iniciativa, que se presenta bajo el marco de una emergencia crediticia por 180 días contra los denominados "abusos financieros", busca dar respuesta a la progresiva erosión en la capacidad de pago de los hogares, de acuerdo a lo replicado por la agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, Quintela expresó que “en un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”.

El programa de asistencia del Banco Rioja se compone de tres herramientas concretas.Por un lado, la entidad dispondrá una baja de 20 puntos en la tasa de interés de sus préstamos personales. El beneficio alcanzará tanto a la solicitud de nuevos créditos como a las refinanciaciones de pasivos de aquellos clientes que se encuentren al día.

Además, se establecerán condiciones especiales de regularización dirigidas de manera específica a las personas que acumulen un atraso de 90 días o más en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Por último, se implementará un plan de reestructuración para saldos de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Rioja que permitirá financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales con tasas fijas.

Esta iniciativa se suma a otras que adoptaron, con matices, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, CABA, Misiones, Corrientes, Chubut y Santa Cruz.

Los proyectos para abordar este tema en el Congreso se cuentan por decenas, incluyendo los de ley y sumando aquellos de declaración, comunicación y resolución.

No solo en la Cámara baja: en el Senado hay 7 iniciativas de ley, incluidas dos de autoría de otro santafesino, Marcelo Lewandowski (Justicialista); una establece un régimen especial de regularización y asistencia para personas físicas que se encuentren en situación de mora con deudas por tarjetas de crédito, y otra para modificar la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y reducir tasas de interés.

De acuerdo a los datos difundidos en las últimas semanas, cerca de 20 millones de personas mantienen algún tipo de crédito o financiamiento formal, mientras que el 70% de la población considera que su nivel de endeudamiento aumentó significativamente durante el último año.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, casi cuatro de cada diez se encuentran en situación de mora, impulsados principalmente por el uso de créditos digitales y billeteras virtuales.

Según información del Banco Central, la morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% un año después. En el caso de las familias, el salto fue todavía más pronunciado: del 2,5% al 9,3% en apenas doce meses.

Durante 2026 la tendencia continuó agravándose y los registros alcanzaron niveles superiores al 12%, los más elevados en décadas según diversos análisis económicos, de acuerdo a lo publicado por Parlamentario.com que realiza un pormenorizado relevamiento de los proyectos presentados en el Congreso Nacional.

En enero de 2018 sorprendía el anuncio de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sobre la creación de un Ministerio de la Soledad. En el año 2021 Japón presentó su Ministerio de la Soledad y el Aislamiento, destinado a personas mayores pero también a poner atención sobre jóvenes que viven recluidos en sus viviendas.

En 2023 fue el turno de Alemania y su propia estrategia nacional, impulsada por el Ministerio Federal de Familia, Mayores, Mujeres y Juventud. En España existe un Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada que reveló que esta situación atraviesa al 20,2 % de la población de ese país.

Con matices, en Uruguay, México y Chile el tema es seguido con atención como un problema de salud pública, asociado a altos niveles de vulnerabilidad social y precariedad económica.

En nuestro país el tema comenzó a ser reconocido y abordado, y existen proyectos concretos y en análisis en varias ciudades.

De hecho, Córdoba celebró el 18 y 19 de mayo el primer Congreso Argentino sobre Soledad no Deseada que, con la consigna de “Comprender para acompañarnos”, organizó la intendencia y coordinó el Instituto de Planificación Municipal (IPLAMU), que preside Juan Carlos Mansilla, y su Observatorio junto a la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Municipal.

La población envejece en la ciudad, el país y en algunas regiones y las políticas públicas comienzan a abordar el fenómeno de la soledad no deseada. Foto: Archivo.

La ciudad de Rosario presentó en junio su plan Mil 65 destinado a dos grupos etarios bien determinados: niñas y niños desde su nacimiento hasta los 3 años de vida, y personas mayores. Hacia ellas está destinado el Club de los Grandes y un canal de whatsapp.

La población envejece y Santa Fe no es la excepción: menos nacimientos y una expectativa de vida mejor promedian un 12 % de población de más de 65 años solo en la ciudad capital. Son 62 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

De los datos relevados en el Censo Nacional 2022 surge que también aumenta el peso relativo de la “cuarta edad” (85 años y más) al interior del grupo de personas mayores. Siempre con mayor presencia de mujeres de las cuales la mayoría percibe jubilaciones a través de moratorias, lo que se traduce en un ingreso menor al de los varones.

La soledad “no se reduce a vivir solo/a ni a la ausencia física de compañía, sino que se vincula principalmente con la pérdida, debilitamiento o insuficiencia de vínculos emocionalmente significativos”, dice el observatorio de la ciudad de Córdoba.

En esa línea, “la soledad no deseada aparece asociada a la falta de escucha, la ausencia de reciprocidad afectiva, la pérdida de reconocimiento, el silencio del hogar, las pérdidas vitales, la jubilación, la disminución de autonomía y la sensación de no contar con alguien disponible emocionalmente. Puede intensificarse en momentos cotidianos como las noches, los fines de semana o el regreso a un hogar vacío”.

La ciudad de Córdoba hizo su propio relevamiento de personas mayores que viven solas. Foto: Archivo.

La Docta presentó su propio diagnóstico en el marco del congreso realizado en mayo, donde reveló que casi el 20% de la población relevada siente soledad y tiene redes de apoyo frágiles o insuficientes. Es adonde se dirigen las prioridades en materia de políticas públicas del municipio.

El estudio desarrollado en la provincia mediterránea aborda varias dimensiones de la soledad: subjetiva y emocional, social y vincular, territorial y de accesibilidad, digital, y económica y material.

También señala factores protectores y recursos de afrontamiento, que incluyen vínculos significativos, redes de apoyo cercanas y participación sostenida en espacios sociales y comunitarios. A esto se suman los vínculos entre pares, las amistades, vecinos, talleres, centros de jubilados, actividades comunitarias, culturales y recreativas, proyectos personales, rutinas, espiritualidad y apoyos barriales.

Sobre la tecnología advierte que “puede contribuir a sostener vínculos cuando se utiliza de manera acompañada y significativa, pero no reemplaza el contacto presencial”.

Varios de estos conceptos se repiten en el diálogo con Nicolás Gianelonni, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario, quien explicó los alcances del Plan Mil 65 presentado en junio e ideado a partir de un monitoreo sobre la “globalidad” de las vulneraciones sociales que derivó en una certeza: crecen aquellas vinculadas con la adultez.

“La mayoría de esas situaciones tienen que ver con la ruptura de lazos comunitarios y el aislamiento”, que afecta en mayor medida a las personas mayores.

En la ciudad del sur “viven alrededor de 140 mil adultos mayores de 65 años y, de ellos, alrededor de 40 mil viven solos, es decir, en hogares unifamiliares”, explica el funcionario aunque aclara que no todos atraviesan una situación de soledad no deseada. Para quienes sí la padecen la prioridad es llegar con una estrategia específica.

¿Cómo? Primero, con una línea telefónica, una cuenta de acceso rápido para contacto que permita hacer un seguimiento de la persona que lo desee. Además, con visitas domiciliarias y seguimiento personalizado en situaciones que sean detectadas como más críticas.

“La soledad no deseada puede generar un padecimiento en salud mental”, advierte Gianelonni.

Para “detectar” estas situaciones se capacitaron a equipos e instituciones que están en contacto con la población mayor. La meta es “llegar con una política focalizada”.

Claro que el desafío se puede presentar cuando una persona que está sola no participa de actividades sociales. “Parte del problema y la solución es que tenemos una alta conectividad en la población adulta mayor en la ciudad y es una estrategia que nos permite llegar a esa persona y hacer un seguimiento pero, a la vez, promueve el aislamiento porque recluye a la persona”.

La Municipalidad de Rosario puso en marcha el Plan Mil 65, destinado a niños de hasta tres años de edad y personas mayores. Foto: Reuters.

Para el secretario municipal la tecnología se convierte así en una “herramienta bifronte” que puede generar una oportunidad y, a la vez, un padecimiento.

Mientras tanto en el portal de la Municipalidad Rosario.gob.ar, se pueden consultar las actividades del Plan Mil 65 con una agenda para cada día.

- ¿Por qué decidieron trabajar en este tema?

- Empezamos a detectar que crecía mucho el pedido de ayuda social en el municipio. Históricamente se medía el pedido de comida, pero notamos que se sumaba el pedido de remedios, para pagar el alquiler y la vulneración general de los derechos. Gran parte del pedido de ayuda era de adultos mayores. Ahí pusimos el foco y observamos situaciones asociadas a la ruptura de los lazos comunitarios de una persona que está sola y no sabe dónde acudir.

A esto se suma que todo lo que tiene que ver con salud mental se agravó y esto se observa en el sistema de salud pública, y muchas personas vivían solas: los vecinos plantean que hay adultos mayores encerrados durante mucho tiempo.

A los temas que ya conocíamos se sumó este componente importante que es el de las soledades no deseadas.

El objetivo del Plan es que todas las organizaciones que realicen actividades para personas mayores puedan detectar el tema de la soledad no deseada; no es solo pensar talleres y actividades (accesibles y distribuidas en toda la ciudad) para los grandes, sino poner el foco en ese problema que, a veces, está invisibilizado.

“Las y los radicales reunidos este 4 de agosto en todo el país expresamos nuestro más enérgico rechazo al dictamen del Senado de la Nación que modifica el Código Penal, así como a las nuevas modificaciones que circulan extraoficialmente, destinadas a agravar injustificadamente las penas de los delitos de falsas denuncias y falso testimonio”. Así comienza el documento que se conoció el martes, el mismo día en que se reunió la comisión Banca de la Mujer en la Cámara alta, que preside Ana Marks (Bloque Justicialista) para analizar, precisamente, este proyecto de Carolina Losada junto a especialistas.

En un encuentro que tuvo lugar en el Comité Nacional de la UCR se realizó un panel del que participaron el abogado Ricardo Gil Lavedra, los presidentes de Franja Morada y Juventud Radical, la diputada nacional Inés Zigaran, el diputado nacional Pablo Juliano e Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta del comité nacional.

Para los “radicales en defensa del acceso a la Justicia”, tal la denominación que precede el texto, “lejos de fortalecer el sistema, estas propuestas constituyen un nuevo intento de desalentar el derecho a denunciar, debilitar el acceso a la justicia y retroceder en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país”.

La Unión Cívica Radical “ha sido protagonista en la construcción del sistema argentino de derechos humanos. Su aporte fue decisivo para que la reforma constitucional de 1994 otorgara jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales que los consagran”.

Ricardo Gil Lavedra, uno de los expositores en el panel organizado por la Unión Cívica Radical sobre el proyecto de ley de falsas denuncias. Foto: Archivo.

En esa línea y “en coherencia con ese compromiso histórico, impulsó leyes y políticas públicas fundamentales para la protección integral de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, así como para la prevención, sanción y erradicación de las violencias”.

Con esa misma convicción, el partido advirtió en ocasión del #3J - Ni Una Menos “sobre los riesgos de las iniciativas orientadas a desalentar las denuncias y debilitar el acceso a la justicia, en consonancia con las alertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén Do Pará y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.

“Lamentablemente, esas advertencias no fueron escuchadas”, señala.

Las nuevas modificaciones que se pretenden introducir al dictamen, “no sólo insisten en esa orientación errónea, sino que profundizan sus consecuencias”. “Aunque ya no mencione expresamente las denuncias por violencia de género, mantiene el mismo efecto intimidatorio sobre quienes recurren al sistema de justicia para denunciar hechos de violencia, especialmente mujeres, madres protectoras, niños, niñas y adolescentes y profesionales y peritos que buscan proteger sus derechos”.

“Las falsas denuncias constituyen un fenómeno marginal dentro del sistema penal argentino, tal como surge de los relevamientos del Observatorio de Violencia de Género de Ministerios Públicos”, argumenta el partido centenario.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Foto: Archivo.

En cambio, “los femicidios, las violencias por motivos de género, el maltrato y el abuso contra niñas, niños y adolescentes continúan representando una realidad alarmante, agravada por el enorme subregistro de hechos que nunca llegan a la justicia”.

Para cerrar, advierte que “el verdadero problema de nuestro país no son las falsas denuncias; son las violencias que permanecen silenciadas”.

El documento lleva numerosas firmas, incluida la de la santafesina Alicia Tate.

El martes se reunió la Banca de la Mujer, una de las comisiones del Senado que analizó precisamente este proyecto de ley.

El martes la Comisión Banca de la Mujer del Senado, que preside la justicialista Ana Marks, analizó el proyecto de ley de falsas denuncias. Foto: Senado de la Nación.

Por allí pasaron especialistas en Derecho de Familia, investigadoras, ex magistrados y también víctimas de violencia de género. Fue el caso de la jugadora de fútbol profesional Luana Muñoz quien, junto a varias colegas denunciaron ante la FIFA a su entrenador por presunto acoso sexual. Junto a ella se ubicaron la periodista Agustina Vidal que investigó el caso, y la abogada que las representa.

Sin presencia del oficialismo que compone la comisión, hubo coincidencia en el carácter “inconstitucional y anticonvencional” del proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y propone modificar el Código Penal para agravar las penas por falso testimonio, falsa denuncia y encubrimiento.

Por Nancy Balza

A las 11 de este jueves estaba convocado el Senado Nacional para tratar, entre otros temas que tienen el visto bueno del gobierno, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, además de pliegos judiciales y acuerdos internacionales.

Sin embargo, 30 minutos después de la hora de inicio, máximo plazo de tolerancia, la sesión quedó suspendida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala que ocupó el sitio reservado a Victoria Villarruel (titular del Senado). ¿La razón? Falta de quórum.

Sin embargo, la cámara que transmite la sesión en vivo mostraba un recinto de lo más concurrido pero con pocos senadores sentados en sus bancas.

En definitiva, la sesión en la que el tema más urticante para el oficialismo era la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, fracasó: de 37 presencias necesarias para abrir la reunión, se llegó en algún momento a un máximo de 25. El resto permanecía de pie, sin registrarse.

El encuentro prometía un arduo debate reglamentario que tiene de fondo, en realidad, a la figura del Jefe de Gabinete y ex vocero presidencial a quien la oposición quiere interpelar y, si se avanza, remover del cargo.

Hay varias iniciativas en ese sentido, incluida la que se conoció en las últimas horas y corresponde al bloque del PRO cuyo presidente Martín Göerling ingresó un pedido para interpelar al funcionario de confianza de los Milei el próximo 2 de julio, fecha en que Adorni iba a concurrir a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.

La discusión reglamentaria, que también se suscitó en Diputados dos días atrás, pasa por si se puede aprobar esa medida por mayoría simple o por mayoría especial (48 senadores) y si debe tener dictamen de comisión (en Diputados fue convocada Asuntos Constitucionales para el 30 de junio y en el Senado para el 1° de julio) o se podría dirimir en el recinto.

En la Cámara baja la oposición no logró que prosperase un pedido similar: el martes no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión (precisamente, faltó el PRO, además del oficialismo, un sector de la UCR y otros referentes provinciales), y este miércoles tampoco avanzó un apartamiento de reglamento para insistir sobre el tema.

Mientras todo esto ocurría, se conoció la renuncia “irrevocable” de Esteban Bullrich al PRO. Fue en una carta dirigida por el ex ministro de Educación al titular del partido amarillo Mauricio Macri.

Allí, Bullrich funda su decisión en “la protección brindada a Manuel Adorni”, en Diputados, cuando legisladores de esa pertenencia política no dieron quorum para tratar la interpelación del jefe de Gabinete. “Permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, advirtió el ex dirigente que atraviesa por una dura enfermedad.

En ese sentido, planteó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

Desde el Partido Justicialista hay un pedido de interpelación ingresado el 12 de junio que hasta el momento no se trató.

En las últimas horas se conoció el texto el PRO, que lleva la firma del jefe de bancada y de María Victoria Huala (La Pampa), y dispone citar a Manuel Adorni a concurrir al recinto del Senado el día 2 de julio “con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

El artículo 2 establece que el Jefe de Gabinete deberá “brindar las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.

A renglón seguido se le pide que “informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 (“Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.”), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado”.

Por último, se dispone que “en caso de no concurrir de Gabinete a la citación del art. 1°, la Cámara pasará de inmediato a considerar sin más trámite la moción de remoción del art. 101 de la Constitución Nacional".

La cita de Adorni con el Senado ya estaba acordada para el 2 de julio pero, como se dijo, para brindar su informe de gestión.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo pública su opinión acerca de la inconveniencia de que el funcionario se presente en el recinto donde seguramente sería “castigado” durante varias horas por la oposición. Desde allí se viene reclamando el apartamiento del funcionario, luego de las sucesivas inconsistencias patrimoniales que se conocen desde marzo.

Luego, el propio Adorni dijo que estaba dispuesto a concurrir ese día a la Cámara.

La última vez que un Jefe de Gabinete fue a la Cámara alta a dar un informe fue el 26 de junio de 2025. En ese momento el lugar estaba ocupado por Guillermo Francos.

Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, en el recinto del Senado de la Nación.Este viernes se cumple un año de la última vez en que un jefe de Gabinete concurrió al Senado a dar su informe de gestión. En esa oportunidad el cargo era ocupado por Guillermo Francos. Foto: Archivo

Por el momento es una incógnita si el aun jefe de Gabinete cumplirá con su compromiso y, en todo caso, si tendrá preguntas de gestión para responder (apenas 10 legisladores hicieron consultas hasta el miércoles, cuando vencía el plazo para formularlas) o si todas estarán dirigidas a su evolución económica que cada día abre más interrogantes.

Se abra o no se abra el recinto de cualquiera de las cámaras, el tema Adorni sigue ocupando la atención de la oposición y hasta de algunos aliados, que lo quieren fuera de la gestión, y del oficialismo, que redobla esfuerzos e interpretaciones reglamentarias para sostenerlo.

Desde el año 2019, la Argentina cuenta con el sistema de Alerta Sofía, una modalidad de búsqueda de niños, niñas y adolescentes creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que se activa cuando hay sospecha de riesgo inminente para la persona menor de edad a localizar. Debe su nombre a Sofía Herrera, la niña que desapareció el 28 de septiembre de 2008 mientras estaba junto a su familia en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego.

Este sistema volvió a estar en un primer plano tras la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de Córdoba que fue vista por última vez el 23 de mayo y hallada el sábado 30, asesinada. Pocos días después, el 9 de junio, un nuevo alerta se emitió por una adolescente de 15 años, también de la provincia mediterránea; fue encontrada sana y salva.

También en Córdoba sigue vigente otra búsqueda: la de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, de quien se desconoce paradero desde febrero de 2025. Con el mismo sistema se busca a Loan Peña (2024-Corrientes) y a Guadalupe Lucero (2021-San Luis)

Para saber en qué ocasiones se activa un Alerta Sofía y cómo se desarrolla la búsqueda de NNyA pero también de personas adultas en Santa Fe, El Litoral dialogó con Milagros Rivadera, Directora provincial de Protección de Derechos Humanos.

Precisamente, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, actualmente a cargo de Emilio Jatón, tiene bajo su órbita el Registro Provincial de Información de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, en el marco de la ley 12.545.

- ¿Hay algún Alerta Sofía vigente en la provincia de Santa Fe?

- En la actualidad no hay alerta Sofía vigente. Para que eso ocurra tiene que existir una petición de la autoridad judicial que esté interviniendo en el caso; en la provincia está a cargo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Según la jurisdicción puede estar a cargo de un grupo de fiscales u otro: en la ciudad capital se ocupa la Fiscalía de Homicidios. Antes estaba en GEFAS pero debido a la alta demanda que tiene ese grupo de fiscales se decidió el cambio.

La realidad es que todo el tiempo ingresan denuncias por búsqueda de paradero, pero para que se emita un alerta Sofía se tienen que cumplir ciertos requisitos: una denuncia formal, la petición por parte de la autoridad judicial o la fiscalía que interviene, y la presunción de un alto riesgo inminente.

Se emite para un niño, niña o adolescente y las características para que se decida por alto riesgo inminente las tiene que determinar la fiscalía: puede haber sospecha de un delito conexo o adultos relacionados con la desaparición. Se solicita en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas.

- ¿Hasta qué edad se consideran adolescentes?

- Hasta los 18 años son menores.

- ¿Hubo algún Alerta Sofía en la provincia?

- Desde que estamos en esta gestión, no. Hay que destacar también que este alerta se crea luego de la desaparición de Sofía Herrera y como precedente tiene el Alerta Amber en Estados Unidos y otros sistemas en distintos lugares del mundo donde se determinó que la búsqueda de niños, niñas y adolescentes tenía que ser inmediata y urgente, sobre todo cuando se dan ciertas circunstancias que lo ameritan.

- No es lo mismo un alerta Sofía que una búsqueda de paradero de un niño o niña.

- No. Es mucho más frecuente la búsqueda de paradero, de las cuales ingresan muchas por día en la provincia. La realidad es que la mayoría se resuelve en 24 o 48 horas. En muchos casos están asociadas al consumo problemático o conflictos interpersonales dentro del ámbito familiar, por ejemplo. Por eso somos muy cautelosos con la difusión de las imágenes.

Hay que ser muy cuidadosos con los datos sensibles que se exponen. Muchas veces la foto de la persona que es buscada sigue circulando aunque se la localice y, luego, es estigmatizada por un hecho que sucedió varios años atrás.

Aquí, apelamos al sentido común: quienes están en el círculo de convivencia o de confianza de la persona desaparecida saben cuándo es una situación de alerta y deciden hacer la denuncia. Sea porque esa persona no está cumpliendo con los movimientos que hace habitualmente, o porque hubo una pelea y hace varias horas que no se tiene contacto o no se la puede ubicar; o se habló con el entorno cercano y nadie pudo aportar ningún dato.

- ¿Dónde hay que concurrir a hacer la denuncia?

- Se puede hacer en cualquiera de los centros de denuncias que están distribuidos por la provincia, o en la comisaría más cercana. Luego es remitida inmediatamente a la Fiscalía y a la Secretaría de Derechos Humanos.

- ¿Se debe tomar si o si la denuncia?

- Si, y la puede presentar toda persona que pertenezca al círculo de confianza o que comparta la cotidianidad con quien está siendo buscado.

No es necesario que sea padre, madre o tutor; tal vez ese niño o niña está viviendo con otro familiar o deja de asistir a clases y es la escuela la que toma conocimiento del tema. En esos casos hay otras instancias previas como la intervención de sistema socioeducativo y, si se trata de una desaparición, se puede hacer la denuncia de búsqueda.

- La mayoría de los casos se resuelven de manera positiva, es decir que la persona es encontrada. ¿Quién se encarga de hacer un seguimiento, por ejemplo, si se ausentó de su casa porque atravesaba un conflicto intrafamiliar serio?

- También se da intervención al servicio local de Niñez de la ciudad adonde corresponda que va a trabajar con esa familia para ver cuál es la situación y hacer un seguimiento.

- ¿Cuántas personas están siendo buscadas o tienen pedido de paradero?

- Desde el 1° de enero tuvimos 155 denuncias de búsqueda de NNyA de las cuales siguen abiertas 14 ó 15. A veces ocurre que tenemos alguna certeza de dónde podrían estar, porque quizás son chicos que aparecen y entonces se levanta la búsqueda pero después se vuelven a ausentar, tal vez por problemas de consumo o intrafamiliares.

- ¿La Secretaría recibe también búsquedas de paradero de personas mayores?

- Si, en el caso de personas adultas, desde el primer día del año ingresaron 349 búsquedas; es un número altísimo. Del total, en trámite siguen abiertas 51.

En el caso de personas mayores de edad, el tema es complejo porque pueden decidir irse de su casa o del lugar en el que están. Hay que analizar el contexto, si existe alguna sospecha de delito o situación de vulnerabilidad que llevan a que esa persona no quiera ser encontrada.

En ese sentido, desde la Secretaría presentamos un proyecto de modificación de la ley para adecuarla a la realidad porque la 12.545 solo habla de los niños, niñas y adolescentes, y nosotros también buscamos adultos. Además, es necesario adecuar la norma al sistema penal actual.

- ¿Qué significa aplicar el sentido común a la hora de hacer una denuncia e iniciar una búsqueda?

- Por un lado, lo primero que decimos es que no hay que esperar 24 horas. Pero hay que tener muy en claro cuáles son los mecanismos de contacto que tenemos con esa persona y utilizarlos previo a hacer la denuncia: si tenemos alguna sospecha de que puede estar pasando algo, si tiene una conducta distinta a la que presentaba en sus rutinas habituales, por ejemplo.

A la hora de hacer la denuncia, recomendamos que, además de informar sobre el día y la hora en que se ausentó, se aporte una descripción física que siempre es necesaria y datos sobre la vestimenta.

Pero también es importante brindar información sobre los vínculos, la rutina o dónde se encontraba con su grupo de cercanía: cuanta más información se brinda en la denuncia, más fácil es emitir diligencias para la localización.

- ¿Siempre es conveniente compartir fotos de las personas que son buscadas?

- Nos ha pasado en varias ocasiones que ya había difusión en redes sociales de las búsquedas y aún no estaba hecha la denuncia formal.

Pero el protocolo no se activa cuando se sube la foto a las redes sino cuando hay una denuncia. Para que quede claro, sin una denuncia formal, ningún fiscal tiene conocimiento del caso.

Por otro lado, hay que pensar qué ocurre con la difusión de datos sensibles respecto de los motivos para que ese niño o niña se haya ausentado del hogar. A partir del cambio de paradigma en la protección de las infancias, tenemos que velar por sus derechos y esto involucra también la difusión de sus datos.

- Muchas veces las búsquedas son compartidas en las redes y luego no se dan de baja cuando la persona es encontrada. ¿Es recomendable compartir esta información?

- Lo que recomendamos siempre es que se compartan las búsquedas oficiales, es decir, cuando sabemos que hay un fiscal que dio la autorización y evaluó que esa foto debía ser difundida.

En el Instragram de Derechos Humanos (@ddhh_santafe) están publicadas las búsquedas vigentes. Muchas veces el fiscal evalúa que no es necesario o recomendable difundir la imagen por la circunstancia en que sucedió la desaparición o porque quizás están investigando un delito conexo. Por eso insisto: siempre apelamos a que se compartan las búsquedas oficiales.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) sigue anotando "desmarcaciones", por no decir diferencias, con la cúpula del gobierno nacional. Aunque no es la única y ya se verá por qué.

El año pasado fue por el caso del ex diputado José Luis Espert a quien, luego del respaldo obtenido por parte del presidente Javier Milei, le pidió explicaciones tras quedar expuesto por sus vínculos por Fred Machado, investigado en EE.UU por lavado de dinero y fraude.

Después fue el tema Adorni: Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada aún antes del plazo de vencimiento y reclamó la misma actitud al Jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, la ex presidenta del PRO le presentó su renuncia como jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta al propio Milei quien, según afirman medios nacionales, no se la aceptó.

¿Las razones? Su disconformidad con la decisión de retirar el pliego, ya evaluado y aprobado por la Comisión de Acuerdos junto con otras 70 postulaciones, de María Verónica Michelli para jueza de la ciudad de La Plata.

Michelli transitó sin sobresaltos la audiencia pública en la que se postuló para el cargo pero el proceso para su designación, que tiene que completar el Senado, quedó en suspenso, según coinciden todas las versiones, por ser pariente política de Hugo Alconada Mon, reconocido periodista que investigó, entre otros temas, el caso $Libra.

Un dato: este martes Michelli fue recibida por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Victoria Villarruel, distanciada desde hace largo tiempo de los hermanos Javier y Karina Milei.

Así las cosas, este miércoles antes del mediodía la ex ministra de Seguridad del gobierno libertario arribó al Senado para participar de la reunión de labor parlamentaria en la que se definirá el temario para la sesión que, en principio, se concretará este jueves.

Antes de ingresar fue consultada por la decisión que adoptó en las últimas horas y si esa renuncia a la jefatura del bloque entrañaba una ruptura con el Ejecutivo. "De ninguna manera", afirmó para agregar que "las divergencias son parte de la vida política".

Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer "la objeción de conciencia" para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego.

"De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo, tal cual recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Además, anticipó que "este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando", en alusión a la compulsa mayor del fútbol que arranca el 11 de junio.

Para la sesión a la que alude está previsto incorporar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, además de los cargos judiciales ya convalidados, menos el pliego de Michelli que quedará en suspenso para la próxima semana.

En su voluntad de mostrar apoyo a presidente Milei, a quien se sumó en 2023 para confrontar a la oposición en el ballotage, aseguró que "este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro".

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso "en la masividad puede haber habido algún problema", pero aclaro: "Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe".

Precisamente, este miércoles el PEN envió otros 32 pliegos.

Bullrich no es la única legisladora dispuesta a contradecir el retiro del pliego en cuestión, ni siquiera dentro de su partido.

El formoseño Francisco Paoltroni también manifestó su decisión de no acompañar la medida presidencial. "Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con (Ariel) Lijo y con (Manuel) Adorni, que no presentó su declaración jurada".

"Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño", aclaró.

Desde el radicalismo, la santafesina Carolina Losada anticipó que el bloque que integra tampoco va a apoyar el retiro del pliego. Y por el PRO se manifestó a primera hora el presidente del bloque, Enrique Goerling Lara.

Poco después se supo que la misma línea seguirá la senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Por ahora, oficialismo y oposición hacen cuentas. Para la sesión de este jueves y para 2027.

En las últimas horas quedó oficialmente convocada la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar cuatro expedientes relacionados con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado desde hace varias semanas por presunto enriquecimiento ilícito.

Será el jueves a partir de las 11.

El pedido, que se funda en los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Cámara, había sido girado a la presidencia, a cargo de Martín Menem, con la firma de una decena de legisladores encabezados por el santafesino Esteban Paulón.

Los Milei sostienen su apoyo al vocero y jefe de gabinete. Reuters.

El objetivo es tratar pedidos de informes verbales al ex vocero presidencial sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. Tres de los expedientes van en esa línea y uno incluye la posibilidad de una moción de censura al funcionario.

Otro expediente es para pedir informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

La incógnita es si se logrará reunir la cifra de 129 legisladores en sus bancas para lograr el quórum necesario y avanzar en la sesión, a la que se incorporarán con mucha probabilidad otros temas pedidos por Unión por la Patria, bloque que no había suscripto el pedido de sesión pero que se sumará al debate.

También está por verse qué actitud tomará el PRO; si mantendrá la tesitura de no confrontar en forma directa con el gobierno de Javier Milei o mostrará sus dientes en línea con el crítico documento que difundió el domingo su máxima autoridad, Mauricio Macri.

El jefe de gabinete en la mira de la oposición. Reuters.

Lo cierto es que la sesión fue convocada y la situación del funcionario de máxima confianza de los hermanos Milei resulta, para varios propios y muchos ajenos, insostenible.

Adorni enfrenta una causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juzgado de Ariel Lijo investiga sus propiedades, gastos en remodelaciones, viajes y movimientos en criptomonedas no declarados.

A pesar de la presión política y judicial, cuenta con el respaldo de Javier Milei, y hasta ahora no prosperaron los intentos parlamentarios para interpelarlo o promover una moción de censura y forzar su renuncia.

Entre las novedades parlamentarias que se aceleraron en las últimas semanas, el gobierno nacional envió al Senado el proyecto que modifica la Ley de Salud Mental 26.657 e introduce cambios que, para las autoridades sanitarias de la provincia de Santa Fe y de otros distritos, son centrales.

En realidad, además de los conceptos y el enfoque que se modifican de manera drástica, el malestar está centrado en la falta de participación de las jurisdicciones en la discusión de la iniciativa que recién fue presentada a las provincias el último lunes.

Fue en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se expusieron los lineamientos de la norma impulsada por el Ejecutivo sin un debate previo, ni en ese ámbito ni en el Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama) que no es convocado desde el año 2024.

Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia, estuvo el lunes en esa reunión junto a la ministra Silvia Ciancio.

Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia. Foto: Gentileza.

Un par de días después dialogó con El Litoral, justo minutos después de recibir, finalmente, el proyecto del gobierno nacional en su correo electrónico.

“Lo que está en discusión no es la ley en sí, sino el modelo de cuidado y de atención que plantea la normativa”, arrancó el funcionario. Esa es la posición que llevaron varias provincias a la reunión del lunes y que ya habían coordinado unos días antes en un encuentro federal.

La ley que se pretende modificar cumplió 15 años y “ha sido destinataria de todo lo que no ha funcionado”, advirtió Chiesa. Mientras tanto, “venimos trabajando en un modo de concebir la salud mental, en un modelo de cuidado y de salud integral y esto viene a poner patas para arriba esa situación”, apunta.

En ese punto, Chiesa aclara que “el gobierno pone su proyecto en términos de ’mejoras’, primero en las redes sociales y medios no oficiales de comunicación y luego de manera oficial a través de un correo electrónico”. Aunque, en la práctica, deja expuestos varios “retrocesos”.

“Nosotros no negamos la discusión; sí establecemos que tiene que haber lugares donde hacerlo: el Cofesama y el Cofesa son los espacios por excelencia para discutir las mejoras o los cambios a nivel normativo”, advierte el funcionario.

Mientras tanto, “creo que este plan de ‘mejoras’, que no son tales, viene a patear el tablero en el sentido de hacernos pensar qué sistema de cuidados necesitamos y qué sistema tenemos en torno a la salud mental”.

El proyecto vuelve a un modelo que pone en el centro la figura del psiquiatra en el rol central de tomar las decisiones.

Mientras tanto, “la provincia de Santa Fe, que tiene una vastísima historia en salud mental, ubica tres cuestiones básicas: la interdisciplina, la intersectorialidad y la interministerialidad para el abordaje integral de la salud mental”.

El gobierno nacional presentó los lineamientos del proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental en la reunión del Cofesa, el último lunes. Foto: Archivo.

Entonces, “pensar la figura del psiquiatra como exclusiva y con un rol central a la hora de tomar decisiones, me parece un retroceso enorme. Primero, porque estamos complicados a nivel país y mundial con esa especialidad. Y además porque es reducir el problema de la salud mental a un único aspecto”.

En definitiva, el proyecto de Nación “habla a las claras de un intento de volver a un modelo médico hegemónico que tanto hemos combatido, en el buen sentido de la palabra. Y ubica a la salud mental en términos del aspecto meramente biológico y psiquiátrico”.

- Además modifica un concepto central de la ley vigente que es el “padecimiento mental” por el de “trastorno”.

- Las palabras no son neutrales. Entonces, quitar la cuestión de padecimiento y reemplazarlo por trastorno no es un dato menor y marca también un retroceso.

Si bien el fundamento está en la clasificación internacional de las enfermedades, que es el modo de codificar, quita complejidad a un asunto que necesita de una mirada amplia e integral.

- ¿El proyecto contradice el criterio que sigue la provincia en cuanto a la desmanicomialización? ¿O no llega a tanto?

- Si, llega. Porque sobre el artículo de la ley vigente que habla de la transformación de los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos y de la prohibición de la construcción de nuevos, ellos plantean una complejización de la red de atención y hablan de internación especializada para situaciones graves.

Esto también implica un retroceso en términos de manicomios abiertos, manicomios no transformados. La complejidad no está dada en el caso de la salud mental en el hospital especializado o en el hospital monovalente. Está dado en la red de salud, tal como ocurre en la provincia de Santa Fe.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, hizo un enérgico reclamo por las demoras en el envío de vacunas desde Nación. Fue en la última reunión del Consejo Federal que reúne a todas las provincias con las autoridades sanitarias nacionales. Foto: Archivo.

En nuestra propia red de atención se define la derivación en función de lo que evalúa un equipo interdisciplinario y de acuerdo con los recursos de nuestra propia red: el 80% de las internaciones por motivos de salud mental en la provincia fueron establecidas en hospitales generales.

Para nosotros ese no es un dato menor; da cuenta de que hay situaciones de salud mental pero también de que el sistema de salud está pudiendo dar respuestas, con sus potencias, sus dificultades y obstáculos, desde un lugar que tiene que ver con la normativa vigente.

- Si alguien plantea: “Yo tengo un familiar o una persona amiga que está mal y tendría que estar internada porque no sabemos cómo manejar esa situación”, ¿cuál es la respuesta del Estado?

- La internación, que es un recurso terapéutico, es el último que utilizamos los equipos interdisciplinarios. Porque hay que tener en cuenta que frente a cualquier situación de salud, la primera respuesta no es la internación si ésta no corresponde.

Corresponde, primero, evaluar estrategias y ver si la internación de esa persona es la alternativa terapéutica por excelencia o es la que requiere el usuario en ese momento de su condición clínica.

- Queda claro que no es a demanda del entorno o de la familia. Porque a veces el planteo es “ante un caso complejo, tendrían que internarlo sin que consienta el paciente”.

- Se puede hacer siempre y cuando sea adecuado para esa persona en ese momento, y exista un criterio clínico-terapéutico para que esa internación se establezca. Ese es uno de los grandes mitos que ha tenido esta ley. Y es cierto que no es a criterio de los familiares, porque eso da cuenta de un viejo paradigma en la atención de la salud mental que, históricamente, ha sido el encierro. Ese fue el tratamiento que se le ha dado.

Ubicar esta modificación nos implicaría retroceder en muchas discusiones que ya nos hemos dado, en luchas que ya hemos ganado, y nos desvía la mirada de lo que verdaderamente tenemos que estar discutiendo que es la estrategia que nos damos los estados y las organizaciones sociales para ubicar el aspecto comunitario.

Esta modificación tampoco va a resolver los grandes problemas que tenemos en torno a las cuestiones de la salud mental.

- ¿Por qué creés que se presenta ahora este proyecto desde Nación?

- Yo también me hice esa pregunta y creo que son cuestiones distractivas de lo que ocurre, que hacen que desviemos la mirada de donde debería estar puesta. Las cuestiones de salud mental están muy sobre el tapete y, tal vez, una idea errónea es creer que esta modificación basada en mitos podría resolver otros problemas.

- Mientras tanto, la provincia de Santa Fe tiene su propia ley de Salud Mental.

- Santa Fe tiene su propio marco normativo desde los años 90, que ha sido uno de los grandes antecedentes de la ley nacional, no solamente como plexo normativo, sino también como historia de trabajo sobre la cuestión. Y tenemos nuestro propio plan de salud mental porque, además, la ley nacional es de orden pública, o sea, que no hizo falta que las provincias adhirieran.

- Teniendo su propio plan y su propio programa que incluso fue tomado como modelo por otros espacios, ¿qué pasaría en Santa Fe si se aprueba la ley nacional? ¿Mantiene su autonomía con su propio proyecto? Si la nueva norma nacional insiste con el modelo manicomial, ¿que tendrían que hacer?

- La posición de la ministra de Salud (Silvia Ciancio) ha sido muy clara en los medios de comunicación y nosotros tenemos que sostener el trabajo que nos venimos dando hace muchos años; sobre todo esta gestión que le ha dado mucha trascendencia a las cuestiones de salud mental. Porque hay muchos usuarios que dependen del modelo de atención y del cuidado que ofrecemos en la provincia de Santa Fe y es gente que no puede quedar sin ningún tipo de cobertura.

Que dispongamos del cierre de algunos dispositivos sustitutivos, que es uno de los ejes de nuestro plan provincial, significaría que usuarios y usuarias quedarían desprovistos de ese cuidado por parte del estado provincial.

Vamos a sostener nuestro plan porque estamos convencidos de que es el camino más adecuado y, además, encontramos efectos muy positivos y eficientes que demuestran que es el camino que hay que seguir y profundizar.

Nuestro programa provincial no solo está basado en la ley provincial y en la nacional sino en otros marcos normativos, fallos y tratados internacionales que están en la Constitución Nacional.

- Hay residencias para salud mental que Nación dejó de financiar, primero para algunas especialidades y luego en su totalidad.

- Las del año 2026 directamente no las financia. Las residencias interdisciplinarias de salud mental comunitaria vienen de la post dictadura. Son las que se conocen como RISaM. En la provincia tenemos cinco sedes con cinco disciplinas que conforman una residencia. A partir de 2025 Nación solamente financió disciplinas lineales: médico, enfermera y psicólogo, pero dejaron de lado terapistas ocupacionales y trabajadores sociales.

El año pasado y este año también, la provincia decidió continuar con la formación en las cinco disciplinas en todas las sedes porque entendemos que es el modo en que debemos formarnos y debemos intervenir en las prácticas.

- Son varias provincias que están en la misma posición que Santa Fe, más allá de que la problemática debe ser distinta en cada territorio y cada cual tiene su propia política de salud mental. ¿Hay algún agrupamiento territorial?

- Hay un agrupamiento interesante: al Cofesa hemos llevado una nota que entregamos a Lugones (ministro de Salud de la Nación) donde exponemos nuestra disconformidad respecto del proyecto y la predisposición a discutir en los lugares donde tengamos que hacerlo.

En la reunión del lunes muchos ministros dieron su opinión por el modo en que se llevó a cabo este proyecto de modificación, que fue inconsulto y repentino, porque en las reuniones anteriores tampoco lo habían anticipado y ahora ya está en el Senado.

Insisto: no nos negamos a discutir, pero esto no es solo una norma, es un modelo de cuidado.

Si somos convocados a hablar, vamos a exponer nuestra posición y las acciones que hemos llevado adelante hasta el momento para comprobar, con dificultades, obstáculos y mucho trabajo, que es posible implementar la ley; solo tiene que haber voluntad política.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró una nueva caída en marzo de 2026 al ubicarse en 2,30 puntos. La medición reflejó una variación negativa en cuatro de sus cinco componentes, con la «Evaluación general» como la de peor desempeño, y destacó pronunciadas contracciones entre los jóvenes, además de diferencias por género y ubicación geográfica.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella ha publicado el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente a marzo de 2026. Este índice, elaborado desde noviembre de 2001 a partir de encuestas de opinión pública a nivel nacional, se mide en una escala de 0 a 5 puntos.

En marzo, el ICG alcanzó los 2,30 puntos. Esto representa una caída del -3,5% en comparación con febrero y del -4,9% en la medición interanual. El nivel actual de marzo supera significativamente el registrado en el mismo mes durante la gestión de Alberto Fernández (marzo de 2022; ICG = 1,51; +52,6%). Asimismo, se mantiene muy próximo a los valores observados en la administración de Mauricio Macri (marzo de 2018; ICG = 2,32; -0,9%).

Durante 2026, el ICG ha experimentado tres descensos consecutivos: enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), acumulando una contracción del 6,5% desde finales del año anterior. En consecuencia, el promedio de la gestión de Javier Milei ha descendido a 2,43 puntos, el más bajo desde el inicio de su mandato, posicionándose entre los promedios registrados por Macri (2,55) y Fernández (1,99) en el mismo periodo de sus respectivas administraciones.

La variación del ICG respecto a febrero fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. El subíndice «Honestidad» se mantuvo como el más elevado en marzo, con 2,73 puntos, a pesar de una leve caída del -1,1%. Le sigue «Capacidad», con 2,55 puntos y un descenso del -5,6%.

A cierta distancia, «Eficiencia» fue el único componente que mostró un crecimiento, registrando 2,38 puntos y un aumento del +3,9%. Por otro lado, los subíndices con las contracciones más significativas del mes fueron la «Evaluación general del gobierno» (1,98 puntos; -9,2%) y la «Preocupación por el interés general» (1,87 puntos; -6,0%).

En cuanto al género, la brecha se amplió considerablemente en marzo. Los hombres registraron 2,60 puntos (-0,8%), mientras que las mujeres descendieron a 1,93 puntos (-8,5%), lo que establece una diferencia de 0,67 puntos entre ambos grupos.

Respecto a la edad, a diferencia de meses anteriores, el ICG de marzo fue más alto en el segmento de personas de entre 30 y 49 años (2,33 puntos; +9,4%). Le siguió el grupo de mayores de 50 años (2,29 puntos; -7,3%). El segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años experimentó la contracción más pronunciada del mes (-25,8%), cayendo a 2,22 puntos y perdiendo el liderazgo que había mantenido desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Geográficamente, el ICG volvió a registrar su valor más elevado entre los residentes del Interior (2,52 puntos; -3,1%). En el área metropolitana, la CABA mostró 2,12 puntos (+1,0%), superando a los habitantes del GBA (1,92 puntos; -5,9%), que registraron la caída más notable entre las tres zonas.

En cuanto al nivel educativo, el ICG de marzo fue mayor entre quienes poseen educación terciaria y/o universitaria (2,40 puntos; -0,4%). Le siguieron quienes completaron el nivel secundario (2,26 puntos; -11,7%) y, finalmente, el segmento con instrucción primaria (1,67 puntos; +7,1%), el único con una variación positiva en el mes.

En línea con meses anteriores, el ICG de marzo fue superior entre aquellos que no fueron víctimas de delitos (ellos o sus familias) en los últimos 12 meses (2,44 puntos; -2,4%), en comparación con quienes sí lo fueron (1,86 puntos; -7,0%).

Asimismo, la confianza en el gobierno fue significativamente más alta entre quienes esperan una mejora económica en el próximo año (4,18 puntos; -2,8%), frente a quienes creen que la situación se mantendrá igual (2,88 puntos; +7,1%) o empeorará (0,50 puntos; +16,3%).

En resumen, el ICG de marzo se situó en 2,30 puntos, lo que implica una variación del -3,5% respecto a febrero y del -4,9% en comparación con marzo del año pasado.

En marzo, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplió respecto de meses anteriores. En el plano etario, el segmento de jóvenes de entre 18 a 29 años registró la contracción más pronunciada del mes, cediendo el liderazgo al grupo de 30 a 49 años.

Geográficamente, el Interior conservó el valor más elevado, mientras que en el AMBA el GBA anotó la caída más marcada. La brecha entre quienes tienen perspectivas económicas optimistas y pesimistas continúa siendo de gran magnitud.

Finalmente, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. «Honestidad» se mantuvo como el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y «Capacidad» lo secundó con 2,55 puntos (-5,6%). A mayor distancia se ubicó «Eficiencia», el único componente que creció este mes, registrando 2,38 puntos (+3,9%). Las contracciones más pronunciadas del mes se concentraron en la «Evaluación general del gobierno» (1,98 puntos; -9,2%) y la «Preocupación por el interés general» (1,87 puntos; -6,0%).

Una evaluación de las recientes estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación confirma “una nueva caída en la cantidad de nacimientos e incrementos en las defunciones durante el año 2024, hecho que revela una reconfiguración significativa en la dinámica poblacional de la Argentina”.

Así lo analiza Gustavo Peretti, profesor titular de Geografía Argentina, a cargo del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

En 2024 se produjeron en Argentina 413.135 nacimientos (47.767 menos que en 2023) y 376.405 defunciones, con un incremento de 22.977 en comparación con las producidas en el año anterior.

Por otra parte, los matrimonios registraron un descenso de 9.512 casos en 2024, lo que reafirma la caída en la celebración de estas uniones.

Mientras que el crecimiento vegetativo o natural, es decir la diferencia entre quienes nacen y fallecen, fue en el 2023 de 107.474, el mismo se redujo en el 2024 a sólo 36.730.

Peretti, docente a cargo del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

“Dicho indicador cobra aún mayor notoriedad al compararlo con los registros de diez años atrás”, evalúa Peretti, “ya que en el 2014 el aporte vegetativo fue de 451.473, lo que evidencia un descenso importante en la última década, consolidando una tendencia de desaceleración poblacional con profundas implicancias sociales y económicas”.

El cambio de hábitos sociales también se refleja en las estadísticas civiles: “Los matrimonios sufrieron una caída del 7,2%, pasando de más de 130.000 uniones en 2023 a 122.798 en 2024”.

En este punto, vale una distinción: “En todas las provincias se dio una disminución en los matrimonios, con excepción de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.

Demografía: ¿La Argentina va hacia un “crecimiento cero”?

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud que analiza Peretti, la tasa de natalidad pasa de un valor de 9,9 en el 2023 a descender a 8,9 en el 2024: “Es decir, cada mil personas se produjeron casi nueve nacimientos, uno menos que en el 2023”.

Si bien en todas las provincias, con excepción de Santa Cruz, se produjo un descenso de la tasa de natalidad, la misma presenta cifras diferentes en las distintas provincias.

De esta manera, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego son las jurisdicciones que muestran los valores más bajos (6,9). Por el contrario, Chaco y Misiones casi duplican dicha cifra con valores de 11,9 y 12,3 respectivamente”.

Otras provincias que superan los dos dígitos en la tasa de natalidad son: San Juan (10,3), Corrientes (10,5), Formosa (10,7) y Santiago del Estero (10,8). Es decir, los valores más elevados se dan mayoritariamente en el nordeste del país.

En cuanto a la mortalidad se produce un incremento entre 2023 y 2024, al pasar de una tasa de 7,6 a 8,1. “El aumento responde al propio envejecimiento de la población”.

En todas las provincias se observa un descenso, siendo el valor más elevado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el más bajo en Tierra del Fuego con cifras de 9,7 y de 4 respectivamente.

“Cabe aclarar que la población que supera los 65 años representa en el total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 17,7 % y en Tierra del Fuego solo un 6,6%, situación que abona a la idea de que el comportamiento diferencial de la mortalidad general responde mayormente a un sesgo demográfico dado por una presencia dispar de los adultos mayores en la estructura demográfica”, dijo el experto.

A diferencia de la mortalidad general, “la mortalidad infantil es un indicador sensible que suele reflejar las condiciones socioeconómicas y el acceso al sistema de salud. En el último año, esta cifra subió de 8 a 8,5 por cada mil nacidos vivos”.

Sin embargo, este aumento no afectó a todos por igual. El mapa de salud infantil es hoy “un mosaico de contrastes”: mientras 9 provincias lograron mejorar sus indicadores y reducir la mortalidad (entre ellas, Santa Fe) otras 15 registraron incrementos, “lo que plantea un desafío urgente para las políticas públicas de salud territorial”.

Del análisis de los valores de natalidad y de mortalidad se puede afirmar que Argentina está ingresando en un “invierno demográfico”. “Este término refiere a una situación de declive poblacional caracterizada por una caída sostenida de la natalidad y un envejecimiento progresivo de los habitantes”.

La población de adultos mayores crece de manera dispar en el país.

Hasta el año 2023 sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaba un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, las muertes superan a las defunciones. En el año 2024, también la provincia de Buenos Aires adoptó dicho comportamiento.

Las provincias de la región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) muestran un crecimiento vegetativo positivo muy bajo siendo inferior a 1, “situación que anticipa un escenario a corto plazo donde también las defunciones superen a los nacimientos”.

El crecimiento vegetativo más elevado se observa en provincias del Nordeste, como son los casos de Formosa y de Misiones con valores de 4,1 y de 5,5 respectivamente.

En cuanto a los hechos vitales en el territorio provincial “los valores se presentan muy cercanos a la media nacional. Las tasas de natalidad y de mortalidad son sensiblemente superiores: 9.2 y 8,8 por mil”, explica Peretti.

Los datos revelan que “en el año 2024 se produjeron 33.713 nacimientos, 3.922 menos que los acaecidos en 2023. En cuanto a las defunciones en 2024 acontecieron 32.330 decesos, 1921 más que los registrados en 2023”.

En síntesis, “mientras que en el año 2023 la diferencia numérica entre los nacimientos y las defunciones fue de 7.226, la misma se reduce significativamente a solo 1.383 en 2024”.

Este fenómeno indica que la población santafesina está muy cerca de una etapa de estancamiento natural.

Sin embargo, a pesar del complejo panorama general, Santa Fe presenta un indicador alentador en términos de salud pública. “Mientras que la mortalidad infantil mostró un incremento a nivel nacional, la provincia logró revertir la tendencia. La tasa descendió de 8,4 a 8,2 por cada mil nacidos vivos”.

Santa Fe logró mejorar los datos de mortalidad infantil respecto de la tendencia nacional.

Este dato no es menor: “En un contexto de menores nacimientos, mejorar la supervivencia en el primer año de vida es un indicador crítico de la eficacia del sistema de salud provincial”.

En cuanto a los matrimonios “en el año 2023 se registraron 10.113 con una reducción en 2024 a 9.629 uniones (4,8%). Esta tendencia refuerza la idea de una transformación en la estructura familiar y en los proyectos de vida de los santafesinos”.

En conclusión, al analizar los hechos vitales del último año, observamos una tendencia que sitúa a la bota santafesina en un escenario de crecimiento vegetativo casi nulo, siguiendo e incluso profundizando patrones nacionales.

Consultado por El Litoral, el especialista confirmó que la Argentina aún está transitando un período de “bono demográfico”, que se entiende como un dato positivo en el marco de la actual transición.

Esto es así porque “los adultos (en edad de trabajar) superan a los niños y jóvenes sumados a adultos mayores”.

La "ventaja demográfica se incrementó incluso en el 2022 en comparación con el 2010 al reducirse el peso de quienes tienen menos de 14 años”.

“Cuando se estabilice, seguramente en un portaje bajo, la participación de los niños y jóvenes, y se engrose aún más el grupo de los adultos mayores, el peso de los adultos en la población total comenzará a disminuir”, advirtió.

Por Nancy Balza

La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe da cuenta que el empleo privado registrado experimentó en noviembre un leve crecimiento respecto del mes anterior.

Con estacionalidad se contabilizan en dicho mes 511.400 empleos, cuando en octubre alcanzaron 510.700.

Sin embargo, desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, la provincia perdió 12.300 empleos. En diciembre de 2023 se contabilizaban 523.700 trabajadores y trabajadoras en el sector privado.

A nivel nacional se verificó una caída del empleo privado registrado del 0,2% respecto del mes anterior.

En su desempeño por rama de actividad, se destaca que los sectores que aumentaron el empleo respecto al mes anterior fueron: Pesca (+0,7%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%); Hoteles y restaurantes (+0,1%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (+0,1%).

Por su parte, el Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud se mantuvieron estables. Finalmente, la caída mensual del empleo estuvo liderada por las Industrias manufactureras (-0,4%), Comercio y reparaciones (-0,4%), Explotación de minas y canteras (-0,4%) y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).

Por su parte, en noviembre de 2025 el trabajo independiente mostró una variación positiva del 0,6% respecto al mes anterior.

Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las personas encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.

El trabajo en casa particulares creció un 0,6% respecto del mes anterior.

La remuneración nominal bruta promedio fue de $1.836.177. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.394.745.

Dos comisiones quedaron conformadas antes de que termine diciembre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación: la de Presupuesto y Hacienda que quedó a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA) y la de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba).

Con la nueva integración de las dos cámaras legislativas tras las elecciones del 26 de octubre, corresponde barajar y dar de nuevo aunque respetando las mayorías y minorías políticas. Este dato fue clave en la discusión que acompañó la agenda de la Cámara baja de este martes, que arrancó a las 10 de la mañana y se extendió hasta más allá de las 16.

No es para menos, se trata de comisiones centrales que tendrán a su cargo la discusión de los temas que envió el gobierno para su tratamiento en extraordinarias.

Desde este martes, otra libertaria estará a cargo de una comisión clave: se trata de Gabriela Flores (Salta) quien presidirá Familias, Niñez y Juventudes, una de las que deberá evaluar el proyecto de Ley Penal Juvenil que, entre otros aspectos centrales, dispone una baja en la edad de imputabilidad que quedaría en 14 años. Mientras que la vicepresidencia estará en manos de UxP que dejó en reserva el nombre de quien ocupará ese lugar, al igual que otros lugares del grupo que fijó como día de reunión los martes a las 16.

A las 11 fue el turno de Justicia que quedó a cargo de Álvaro Martínez, también de LLA (Mendoza), legislador que va por su segundo mandato en la Cámara baja.

El cambio de signo político en la conducción de algunas comisiones y la preeminencia del oficialismo en las presidencias (Familia estaba a cargo de la radical santacruceña Roxana Reyes) fueron algunos reclamos de Unión por la Patria, principal oposición en la Cámara baja. “Sobre 46 comisiones permanentes unicamerales de Diputados solamente intentan presidirla el oficialismo y sus aliados”, alertó el rosarino Germán Martínez quien consideró que los nombres fueron notificados, no consensuados.

Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Foto: HCDN.

Es más, Paula Penacca (UxP) reclamó una “representación genuina de quienes integramos las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados”, pero además preguntó cuándo se iba a tratar en plenario el proyecto de Ley Penal Juvenil que será llevado al recinto de sesiones el jueves próximo desde las 11.

El santafesino Nicolás Mayoraz (LLA) fue ratificado para presidir la comisión de Asuntos Constitucionales, tal como lo hizo en 2024 y 2025. La vicepresidencia primera estará a cargo de UxP (que, como en el resto, hizo reserva del nombre) y será vicepresidente segundo el correntino Diógenes González (UCR).

Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Sobre lo cual, una vez más, Penacca reclamó “una construcción de consensos” para que estas comisiones estratégicas puedan ser conducidas por diputadas y diputados de otros bloques. A UxP le corresponde la vicepresidencia primera.

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que seguramente debatirá la ley de Glaciares, también pedida para extraordinarias estará al frente del sanjuanino José Peluc. El bloque oficialista hizo reserva del nombre para la Vicepresidencia segunda. La Secretaría 1° quedó para el diputado entrerriano Darío Schneider de la Unión Cívica Radical; la Secretaría 2° fue reservada para el interbloque Unidos.

Juliana Santillan preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur. Foto: HCDN.

Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur, es presidida desde este martes por la libertaria Juliana Santillán quien al asumir la conducción sostuvo: "Hay un contexto internacional complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, transformaciones económicas y sobre todo una profunda redefinición del comercio global. En ese escenario, la Argentina enfrenta desafíos que son muy importantes, pero también una oportunidad que es histórica: volver a integrarse al mundo con previsibilidad, reglas claras y una visión estratégica de largo plazo, alguna vez".

Precisamente, la última elección de autoridades fue para la comisión de Mercosur que UxP reclamaba para su bancada, pero que finalmente quedó a cargo del diputado ex PRO y actual LLA Damián Arabia. En tanto, UxP hizo reserva de la vicepresidencia primera y la secretaria tercera. Por su parte, en la vicepresidencia segunda quedó la misionera Yamila Ruiz, de Innovación Federal; en la secretaría primera el también misionero Emmanuel Bianchetti, del Pro; mientras que la secretaría segunda para el interbloque Unidos quedó en reserva.

Nada por aquí, nada por allá. Hasta este domingo, la agenda oficial del Congreso de la Nación no tenía actividades programadas, más que visitas guiadas e iluminación de los balcones del Senado en conmemoración del combate de San Lorenzo, el martes (hito que lo traería al presidente Javier Milei a esta provincia el sábado), y el Día de Lucha contra el Cáncer, el miércoles.

Este lunes inicia el período de sesiones extraordinarias convocado por el gobierno nacional a través del decreto 24/2026. Que no existan reuniones agendadas en el palacio legislativo no es sinónimo de inactividad.

Al contrario, el peso de los temas que el Ejecutivo impulsa para que sean abordados hasta el viernes 27 es enorme y las discusiones se desarrollan dentro y fuera de Casa Rosada, en las provincias y, por supuesto, en los medios.

Es más: en los próximos días, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) también será marco para la discusión de la Reforma Laboral, punta de lanza de la agenda oficial que espera lograr en febrero la aprobación del proyecto con dictamen desde diciembre que necesita de un número mágico, 37 voluntades en el Senado, para abrir el recinto y el debate, y apurar la media sanción.

Con nueva confirmación, el Congreso Nacional tendrá por delante una una intensa agenda en extraordinarias. Martín Menem seguirá presidiendo la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

Es un montón para un mes tan corto. Pero, en los hechos, la rosca nunca se tomó descanso más allá de las licencias programadas de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que el DNU que otorgó más poderes a la SIDE se firmó el 31 de diciembre (y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero) se entiende que en la política no hay vacaciones. Menos con un 2027 (con planes de reelección nacional y aspiración a nuevos liderazgos) que está cada vez más cerca.

Pero vamos por partes: en diciembre de 2025 se logró dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para la ley de Reforma (o Modernización) Laboral, un proyecto que impulsa el Ejecutivo y resisten la oposición más dura y las entidades gremiales. También recibe “peros” de gobernadores que el miércoles se reunirán en el CFI para analizar la incidencia que podría tener la ley en la ya alicaída recaudación de sus distritos.

El ministro del Interior Diego Santilli se mostró muy activo este mes de enero: además de acompañar al presidente Milei en su “tour de gratitud” por algunas ciudades, mantuvo encuentros con mandatarios en búsqueda de votos que apoyen la ley en la Cámara alta.

Como se dijo, son 37 senadoras y senadores los que se precisan para abrir el recinto, posiblemente el 11 o 12 de febrero, y debatir el tema. Hay expectativa por quienes aparecen hasta el momento en la lista de “indecisos” y por la actitud que tomará la CGT en la disputa.

En el Senado, el oficialismo espera debatir la Reforma Laboral entre el 11 y 12 de febrero.Foto: Archivo.

Una posibilidad es que el debate se postergue por falta de acuerdo o por la necesidad de una discusión muy profunda sobre un tema de enorme espesura. En ese caso, quedaría para después del 1º de marzo que es cuando comienza el período ordinario de sesiones.

No es el único tema en la agenda de las extraordinarias que deberá considerar la Cámara alta. También tiene dictamen el proyecto de ley sobre el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Al listado se suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se firmó (luego de años de trabajosa gestión) a mediados de enero en Asunción (Paraguay) y está en pausa a partir de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de revisar su contenido.

El ex diputado nacional del PRO Fernando Iglesias también aguarda que reabra el recinto del Senado para que sea evaluado su pliego como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

A Diputados le corresponderá analizar otro de los temas centrales de estas extraordinarias: el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que ahora está fijada en 16 años. El asesinato de joven santotomesino Jeremías Monzón aceleró un debate que el Ejecutivo impulsa desde 2024 y que en mayo del año pasado llegó a tener dictamen de comisión, pero nunca llegó al recinto.

Aquel proyecto, que recibió apoyo de legisladores de otros bloques, no solo de LLA, fija un piso de 14 años para ser considerado imputable. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se admite que el gobierno evalúa la posibilidad de fijar la edad mínima en 13.

La senadora nacional Patricia Bullrich es protagonista en el debate de la Reforma Laboral y de la baja en la edad de imputabilidad. Foto: Archivo.

El viernes, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a familiares y al abogado de la familia Monzón. Al cabo del encuentro aseguró que “no podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada”. Por el crimen está imputada una joven de 16 años mientras que dos menores de 14 quedaron en libertad, precisamente, por su edad.

Como se dijo, el proyecto que obtuvo dictamen establece el régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

“Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquéllos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad”, establece.

Además, “se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”.

No están permitidas en este régimen la reclusión perpetua ni la prisión perpetua.

La baja de imputabilidad cosechó adhesiones del oficialismo en primer lugar y de otros sectores que se muestran a favor de modificar el Régimen Penal Juvenil. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dijo en varias oportunidades que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”.

Otras voces, como la Iglesia Católica, insisten en la necesidad de un programa “integral” y “profundo” en el que la baja en la edad de imputabilidad no sea la única respuesta al delito.

El nuevo año inició con un fuerte alboroto luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/26, firmado el 31 de diciembre, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

No es para menos: en pocas palabras, el decreto otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, por ejemplo, los agentes podrán detener personas, una función hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial.

También dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambio de información sobre las personas entre organismos públicos y asigna “carácter encubierto” –antes eran “secretas”– a las actividades de inteligencia nacional.

La norma, que deberá ser considerada por el Congreso (pero no figura en el listado de extraordinarias), despertó críticas de la oposición que consideró que fue dictada “entre gallos y medianoche”, precisamente al filo de Año Nuevo. En tanto, cuestionan el contenido por cuanto advierten que la Side se convertiría en una suerte de “policía secreta”.

También desde el PRO, aliado del oficialismo, llamaron la atención sobre la falta de respuesta al pedido de protocolos sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia en base a este decreto.

El primer obstáculo que encuentran las voces disidentes para acelerar el tratamiento del tema en el Congreso y su posible rechazo es que aún no está conformada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que durante 2025 presidió el diputado Oscar Zago. En diciembre hubo recambio en ambas cámaras, como resultado de las legislativas del 26 de octubre, y todavía no están cerradas la integración y las presidencias de varias comisiones.

Pero en febrero no se reinicia solo la actividad legislativa. También la Judicial: cinco amparos por el DNU sobre la Side esperan resolución en ese poder.

Y el próximo miércoles vence el plazo que estableció el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el gobierno cumpla con la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada, vetada, ratificada y promulgada pero sin presupuesto asignado durante 2025.

Será un mes intenso en todos los ámbitos, apenas un anticipo de un año que ya palpita las elecciones generales de 2027.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este lunes la novedad del decreto 27/2026 que modifica la Ley de Ministerios y suma al de Salud el área de Discapacidad.

El organigrama de la cartera que dirige Mario Lugones queda ahora con una nueva secretaría, la de Discapacidad, que a su vez tendrá dos subsecretarías: de Políticas de Acceso y Apoyos, y de Regulación, Certificación y Proyectos.

De esta manera se materializa el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde se inició, en 2025, una investigación por presunto cobro de sobornos luego de la filtración de audios adjudicados a su ex titular Diego Spagnuolo que comprometían a funcionarios del Ejecutivo.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, absorbe la Secretaría de Discapacidad. Foto: Archivo.

El tema discapacidad estuvo sobre el tapete durante todo el año pasado, no solo por la investigación mencionada, que sigue su curso, sino por la sanción, veto, insistencia y posterior incumplimiento de la ley de emergencia para el sector que, entre otros puntos, actualiza montos de pensiones y prestaciones.

Ahora, la Justicia ordenó que la Emergencia deberá estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero. En concreto, es un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay

Mientras tanto, el decreto publicado este lunes materializa el anuncio que hizo el Jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni el último 30 de diciembre. En esa ocasión avisó que “la ANDIS tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

Tal como reflejó entonces El Litoral, Adorni aseguró que con los cambios, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

Además se anunciaba un achicamiento de la estructura del área.

La Andis fue creada en 2017 como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Desde su creación, el organismo tuvo a cargo “el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad”, que incluía el otorgamiento y la gestión de las pensiones por invalidez y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En 2025 se suspendieron 100 mil pensiones por invalidez y se ordenó una auditoría. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer los beneficios. Foto: Archivo.

El 10 de diciembre de 2023, tras la asunción de Javier Milei como presidente, la Andis quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el 4 de julio de 2024 fue redireccionada al Ministerio de Salud, manteniendo su condición de organismos autárquico. Esta situación se modifica a partir del nuevo organigrama dispuesto por el reciente decreto presidencial.

Con los cambios introducidos, el Ministerio de Salud tendrá cuatro secretarías, incluida la de Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria (que incluye una subsecretaría de Vigilancia epidemiológica , información y estadísticas) y una más de Políticas integrales sobre drogas de la Nación Argentina, además de la de Discapacidad.

El año 2025 fue complejo para las personas con discapacidad. Primero fue el inicio de una revisión de las pensiones y la suspensión de más de 100 mil subsidios. Luego, la convocatoria a personas con distintas discapacidades a certificar su situación, en muchos casos de nacimiento, con citaciones dirigidas a domicilios desactualizados o bien distantes de la sede a la que debían concurrir.

En octubre de 2025 el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial.

No obstante, según datos que publica Chequeado.com en base al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023.

En paralelo a los planteos por la mencionada auditoría, creció el reclamo por los montos desactualizados tanto de las pensiones que perciben las personas con discapacidad, como de prestadores que cumplen funciones en transporte, acompañamiento terapéutico y centros de día.

Una gran movilización se realizó en mayo del año pasado en todo el país y hubo más reclamos a lo largo de todo 2025.

El Congreso Nacional se hizo eco de esta situación y sancionó la ley de Emergencia para el sector, que fue vetada por el gobierno de Javier Milei y devuelta a las dos cámaras que volvieron a ratificar su vigencia.

La norma fue promulgada pero su ejecución quedó en suspenso, “hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Ahora se espera el plazo que vence el 4 de febrero, otorgado por la Justicia para cumplir con esta ley.