El inicio de agosto trajo una muy buena noticia a la feligresía argentina: el Papa León XIV viene al país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira que antes lo llevará a Uruguay y luego a Perú. Aquí visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

“Estamos contentos, alegres, expectantes” dijo este martes el sacerdote y vocero del Arzobispado de Córdoba, Munir Bracco. Podría decirse que fue un verdadero alegrón, si se usara un giro idiomático propio de la provincia.

Consciente del trabajo de coordinación y logística que les espera hasta esa fecha y durante la permanencia de Robert Prevost en tierras mediterráneas, dice sin dudar: “Vale la pena el esfuerzo y va a ser hermoso”.

“Creo que es un privilegio que podamos recibir al Papa”. Al Papa y a las cientos de miles de personas que se esperan para el próximo 10 de noviembre, fecha que en principio se baraja como posible para las actividades del Sumo Pontífice en la capital cordobesa.

En efecto, está previsto que lleguen contingentes de toda la provincia, de distritos limítrofes y de otros países, por ejemplo, Chile. Todos para participar de una celebración multitudinaria que –todo indica- se hará en la sede de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

Hay mucho que hacer y organizar en dos meses y medio.

En diálogo con El Litoral, Bracco admitió que están “muy movilizados desde todo punto de vista y muy contentos”.

- ¿Toda la ciudad está movilizada, además de la feligresía?

- Lo vemos en toda la ciudad. Es un movimiento que nos excede (como Iglesia) porque hay preparativos, recorridos y todo lo que supone no solo la celebración en sí, sino el traslado de un lugar a otro.

La preparación involucra a muchas áreas civiles más allá de la religiosa y eso también va generando una gran expectativa.

Además, a mucha gente este movimiento le recuerda la visita del Papa Juan Pablo II en el año ‘87 y se produce esa sensación de algo que ya vivimos y fue muy lindo. Entonces, qué bueno que se pueda repetir casi 40 años después con otro Papa. Es un sentimiento de encuentro, de alegría, de tener en nuestras calles la presencia de una persona tan importante como es el Papa, sucesor de Pedro, Jefe de Estado.

Así que hay mucho movimiento y a medida que nos acerquemos a la fecha y los datos sean más concretos con la confirmación oficial de las actividades y el itinerario, la expectativa va a ser mayor.

- Los ajustes se hacen a diario. En los próximos días, el Papa recibirá a la conducción del Episcopado Argentino para seguir puliendo detalles, y el domingo llegan al país referentes de Roma para recorrer los sitios que podría visitar el Papa.

- Sí, se reúne la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con el Papa y viene una segunda avanzada del Vaticano, que es la comitiva que se reúne con la gente que está organizando desde aquí para ajustar, definir y ver cómo está todo. En base a eso se diseñará la definición final del recorrido y el resto de la agenda.

Hay que tener en cuenta que la visita está enmarcada en un recorrido por tres países. Podemos pensar que tres días (en Argentina) no son tantos, pero es un viaje exigente que incluye a Uruguay y a Perú.

- ¿Ya está confirmado que estará el 10 de noviembre en Córdoba?

- Es lo más probable, pero no está confirmado por el Vaticano. Cuando ya preveíamos que era factible la visita de León XIV al país no se pudo oficializar hasta que lo dijo el Vaticano. Son dos confirmaciones: primero, la visita y después el recorrido pormenorizado por los lugares que hoy sabemos que serán Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Suponemos que en los próximos días habrá una agenda con la lista de quiénes se encontrarán con el Papa, porque están las celebraciones multitudinarias y los encuentros en lugares más reducidos (con las máximas autoridades religiosas y gubernamentales).

- ¿De qué lugares esperan que llegue gente además de toda la provincia de Córdoba, que está en el centro geográfico del país?

- Esperamos gente de todos lados. Muchos se están comunicando desde otras provincias porque quieren tener la oportunidad de ver de cerca al Papa y tal vez, por una cuestión de distancia, le conviene más venir a Córdoba que ir a Buenos Aires.

Estamos recibiendo muchos llamados, no solo de provincias cercanas, sino de otros puntos y creo que va a haber gente de países limítrofes, por ejemplo, de Chile.

- ¿Qué pesa más en la balanza en este momento: la alegría por la visita del Papa o la preocupación porque todo salga bien?

- (Risas) Es proporcional: que pueda venir el Papa a la Argentina después de muchos años, luego de esperar a León cuya visita no se pudo dar, y recibir ahora al sucesor de Pedro es una alegría muy grande. Y además es una visita relativamente breve a la Argentina, en una travesía que se enmarca en otros dos países. Pero que venga a una provincia del interior, en este caso Córdoba, nos alegra.

Ciertamente que el trabajo es mucho: mucha logística, infraestructura, coordinación entre áreas y trabajo interno. Porque acá participan áreas del fuero civil, no solo de la seguridad, sino un montón de materias que aporta el Estado, porque son cosas que nosotros no vamos a poder hacer.

Así que es todo. Imaginate.

- ¿Va a haber un Papa móvil? Y, en ese caso, ¿va a ser de Córdoba o la comitiva del Vaticano viene con un equipo para que León XIV se traslade? Eso también hace al operativo que tienen que organizar.

- Entiendo que se van a fabricar en el país dos Papa móviles: uno para Buenos Aires y Luján, y otro para Córdoba que va a donar una empresa de automóviles y tendrán las medidas que disponga el Vaticano.

- Hay mucho más alrededor de esta visita. Con tanta gente que va a llegar de otros lados, el alojamiento también tiene que ser tenido en cuenta.

- Hay un área de alojamiento en donde se pregunta a las parroquias y a los colegios cuánta gente pueden recibir y se va conformando una lista. Después se hará una página oficial para ofrecer alternativas, principalmente a contingentes.

Por ejemplo, desde San Juan ya hay contingentes que se anotaron y hay viajeros que seguramente llegarán a la ciudad un día antes. Así que es otro aspecto para organizar.

- Este último fin de semana hubo una colecta en parroquias de todo el país destinada a recaudar fondos para la visita del Papa.

- El destino principal fue para la preparación de todo lo que supone la venida del Papa que tiene un costo y la Iglesia no lo puede asumir por si sola. Por eso, los obispos pensaron en una colecta extraordinaria para afectarla a todo lo que supone la preparación para la visita. Se van a buscar otras formas de colaborar desde el sector empresarial y el aporte del Estado. Porque el Papa es un Jefe de Estado.

- Siempre es trascendente una visita de esta magnitud al país. ¿En qué momento llega el Papa a la Argentina y por qué puede ser particularmente importante su arribo?

- Desde que el Papa León XIV asumió, viene invitando a la humanidad a la paz, a que todos seamos constructores de paz. Me parece que ese mensaje va a estar presente y es el que los argentinos necesitamos.

Además, en la Encíclica Magnífica Humanitas (Magnífica Humanidad) rescata el valor y la dignidad de la persona humana y el impacto que van teniendo la tecnología y la Inteligencia Artificial en la sociedad y en las personas. Eso eso también va a estar presente seguramente. Allí el Papa enumera y menciona distintas situaciones que descuidamos de la dignidad de las personas, tanto a nivel global como en el país.

Porque ¿qué vamos a hablar de dignidad con la situación de los jubilados, de personas con discapacidad, de un montón de personas a las que no le resulta fácil el acceso a la vivienda y a elementos básicos para vivir? El Papa insiste, siguiendo la línea de Francisco, en la cultura del diálogo y del encuentro.

Y creo que llega en un momento en que los argentinos necesitamos una palabra de esperanza y de aliento que nos impulse a encontrarnos para salir de esta polarización que muchos se esmeran en sostener y en agrandar. Ojalá nos ayude para esto porque nos está haciendo mucho mal.

Creo que su presencia va a traer un mensaje de paz y de esperanza. En un contexto en donde ustedes, el periodismo, transmiten todos los días situaciones realmente muy dolorosas, temas tan duros pero reales, que venga el Papa a dar un mensaje de paz es positivo por donde se lo mire.

Y así como tenemos la responsabilidad de preparar su venida, después va a ser importante trabajar con todo lo que va dejar y eso nos involucra a todos: a la Iglesia y a todas las personas que quieran acoger su mensaje, que no solo es religioso sino que aporta a la construcción de la justicia social.

¿A quién le conviene la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias? El tema figura con claridad en el proyecto de Reforma Electoral Integral que el presidente Javier Milei envió al Congreso, vía Cámara de Senadores.

Fue en abril y generó ruido de inmediato. Ruido en la oposición y en los sectores dialoguistas, y negociaciones o intentos de acercamiento del Ejecutivo con los gobernadores, que por el momento no aseguran su apoyo.

Por ahora la reforma, que está compuesta por 79 artículos. Tuvo una instancia de presentación oficial en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El texto incluye la reforma del Régimen de Partidos Políticos; la reforma de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley N° 26.571) y sus modificatorias; la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Como así también la reforma del régimen de elección de Parlamentarios del Mercosur; la incorporación del Régimen de Ficha Limpia y la adecuación del régimen de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales.

En concreto, en el artículo 19 propone derogar las PASO, que fueron creadas por ley en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) y se llevaron a cabo por primera vez en 2011.

Frente a la ausencia de las PASO, el anteproyecto estipula que los partidos deberán registrar sus listas de candidatos ante la Justicia electoral con una antelación no menor a 60 días de la fecha de la elección general. Para los comicios legislativos de 2025, las primarias fueron suspendidas en febrero de ese año por única vez.

En los fundamentos se hace un poco de historia sobre las PASO, para recordar que “cuando el 28 de octubre de 2009 se presentó el proyecto que culminó con la sanción de la mencionada ley, se expresó desde un primer momento que se pretendía recoger un reclamo de la ciudadanía en materia de representación política y saldar una deuda pendiente que todo el arco político tenía consigo mismo”.

En particular, en el mensaje que precede al proyecto se adujo que la implementación de las PASO buscaba ser "un paso más” para reducir “la brecha de disociación entre la política institucional y los reclamos sociales".

Pero, afirman, “a casi 16 años desde la sanción de la citada ley, podemos afirmar que, contrario a lo que se pretendía al momento en que se ideó la norma, los años que le sucedieron a su sanción se vieron marcados -salvo algunas excepciones- por un acrecentamiento exponencial del desencuentro entre los reclamos legítimos de la sociedad y la agenda desarrollada por la clase política argentina”.

En este sentido, se logró suspender para el año 2025 el régimen de primarias, “pero es momento de eliminarlo, garantizando así previsibilidad en el sistema y seguridad para los electores”. Asimismo, “constituye un modo de asegurar la correcta libertad de los partidos para que ellos puedan promover sus elecciones internas del modo que entiendan mejor”.

Aquí cita la Constitución Nacional que, en el artículo 38, con relación a los partidos políticos, señala que: "...el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos...".

Tal como surge de los debates de la Convención Nacional Constituyente de 1994 -sigue-, la mencionada disposición se incluyó a fines de dejar en claro que la actividad de los partidos políticos debe estar orientada y delimitada por el respeto a la CN y a la democracia.

Ahora bien, también surge de los debates de los constituyentes que, respetados esos "límites" -más que razonables-, el funcionamiento de los Partidos Políticos tanto en lo que hace a su actividad externa como interna debe contar con el mayor grado de libertad posible.

Esa es una razón que invoca el Ejecutivo para esta reforma. La otra es el costo, que también sobrevoló la decisión de suspender las PASO en las legislativas de 2025.

Volviendo al principio, la pregunta es a quién le conviene la eliminación de este sistema. Luego, si el gobierno tiene los votos suficientes para lograrlo. Y, finalmente: si no se eliminan, ¿la salida podría ser una nueva suspensión o una transformación?

El Litoral buscó la opinión de diputado nacional de La Libertad Avanza,Nicolás Mayoraz; el referente de un sector del peronismo y ex legislador y funcionario nacional Juan Manuel Abal Medina, y del consultor político Carlos Fara para tratar de responderlas y, con ello, identificar los carriles por los que se desenvolverá el debate político e institucional en el futuro inmediato.

Que si, que no. Al final, el presidente Javier Milei no presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 en el Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre. Las primeras informaciones daban por hecho que el mandatario repetiría la práctica que inauguró en 2024, cuando esa fecha coincidió con un domingo y se transmitió en el prime time televisivo.

Ahora todo indica que repetirá el criterio del año pasado y transmitirá un mensaje desde Casa Rosada.

Es el tercer presupuesto elaborado por esta gestión aunque, si logra acompañamiento en las dos cámaras, Diputados y Senadores, será el segundo aprobado por el Congreso.

Durante los dos primeros años de gestión, el jefe de Estado gobernó con el mismo esquema que diseñó la administración de Alberto Fernández, prorrogado.

En 2024, Milei no consiguió el apoyo parlamentario de su propuesta de “ley de leyes”, cuyo objetivo era “blindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”, consigna que sigue presente hasta ahora.

En realidad, el debate quedó empantanado en la comisión de Presupuesto y Hacienda que presidía por entonces José Luis Espert.

“El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar”, decía por entonces Milei, al anunciar el proyecto que quedó trunco meses después.

Siguiendo esa línea, durante 2025 Milei vetó sucesivas leyes (emergencia en Discapacidad, financiamiento universitario) con la premisa de que no estaban asignados los fondos para su cumplimiento efectivo.

El 15 de septiembre de 2025 el presidente presentó con un mensaje por Cadena Nacional el proyecto de Presupuesto 2026. Allí consignó que el 85% del gasto previsto se destinaría a educación, salud y jubilaciones.

Una vez más, remarcó que el equilibrio fiscal sería “innegociable” y aseguró que el proyecto incluía una regla de estabilidad fiscal: si los ingresos caían o los gastos superasen lo previsto, se deberían ajustar partidas para mantener las cuentas balanceadas, advirtió.

En aquel momento, anunció el impulso al proyecto de Inocencia Fiscal que el Senado convirtió en ley en diciembre de 2025 y, bajo el número 27.799, fue promulgada por el Ejecutivo en ener o.

Por estos días, Diputados va por una Inocencia Fiscal II que ya tiene dictamen de comisiones y se encamina a ser debatida en el recinto el 26 de agosto. Para esa fecha también está previsto el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

En definitiva, el Presupuesto 2026 fue el primero de la era Milei que ahora va por la segunda “hoja de ruta” de su gestión, la que regirá en un año de alto voltaje político partidario en el que intenta jugarse la reelección.

El 15 de septiembre constituye la fecha límite para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional ante el Parlamento. Como ocurre cada año, la iniciativa abrirá una compleja discusión política y fiscal en la que volverán a tener un papel central los gobernadores y las provincias, en un contexto en el que el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con la aprobación de la norma.

El reclamo por el mal estado de las rutas nacionales y la falta de mantenimiento lleva mucho tiempo vigente y nunca perdió su razón de ser (los pozos ya son cráteres advirtió el santafesino Maximiliano Pullaro en más de una ocasión), pero recrudeció en los últimos días a partir de una investigación periodística.

La Nación reveló una semana atrás que, entre 2024 y mayo de 2026, el fondo fiduciario denominado Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial; es decir, el 26,2% de los recursos. El resto fue derivado a inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal.

Esto fue confirmado por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien al ser consultado por un medio de su provincia (La Pampa), respondió: "Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos".

En ese marco y tras las repercusiones fuera y dentro del Congreso, que incluyen una citación al Ministro de Economía Luis Caputo y al Jefe de Gabinete Diego Santilli, para que den explicaciones en el Congreso, y una denuncia penal de Victoria Tolosa Paz (UxP) contra el primero, fue convocada la Comisión de Obras Públicas para este martes a las 15.

Gisela Scaglia, diputada nacional por Santa Fe (Provincias Unidas). Foto: Guillermo Di Salvatore.

El grupo de trabajo está bajo la presidencia de Martín Aveiro (UxP) y contará con una extensa lista de invitados.

Precisamente, allí se anunciarán los proyectos presentados con motivo “de las recientes publicaciones e investigaciones periodísticas sobre el fondo fiduciario SisVial”.

Cinco integrantes de la comisión representan a Santa Fe: Florencia Carignano (UxP); Pablo Farías y José Núñez (Provincias Unidas), y Valentina Ravera y Verónica Razzini (La Libertad Avanza).

Como en otros grupos de trabajo, hay referentes de varias provincias. Hace un año todas pidieron, a través de sus gobernadores (en el caso de CABA, de su jefe de Gobierno) que se les girara el porcentaje del impuesto a los combustibles que debe destinarse al mantenimiento de las rutas y una nueva distribución los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ninguno de los dos pedidos tuvo respuesta positiva.

La preocupación por el estado de las rutas es compartida entre provincias. En la foto Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, gobernadores de la Región Centro. Foto: Archivo.

Mientras tanto, este martes en la reunión de comisión estarán presentes Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; Patricia Mazitelli y Fabián Catanzaro, de la Federación de Personal de Vialidad Nacional y Emiliana McNamara, del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Junto a ellos, se sentarán Silvia González, de Estrellas Amarillas, y Viviana Romero Cardozo, del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires.

De manera presencial y virtual habrá autoridades municipales. De nuestra provincia se espera a Lucas Fanelli, de Chabás, junto a gobernantes y legisladores de Catriel (Río Negro); Puelén (La Pampa); Carlos Casares, Colón y Tres Arroyos (Buenos Aires), General Ocampo (La Rioja); Gualjaina, Trevelin y Villa La Angostura (Neuquén), Jujuy y Formosa, entre otros.

El reclamo por el estado de las rutas nacionales no tiene otras fronteras más que los límites de todo el país. Por eso se hizo sentir recientemente en un encuentro de la Región Centro, que integran Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero también en el Norte Grande que el miércoles reunió a casi una decena de mandatarios junto al Jefe de Gabinete Diego Santilli, y en la Patagonia donde Alberto Weretilneck (Río Negro) vienen pidiendo el traspaso de las rutas 22 y 151.

Un sector de la oposición en Diputados pidió la presencia del ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Diego Santilli para que expliquen la composición y distribución del fondo para rutas nacionales. Foto: Reuters.

Volviendo a Santa Fe, la ex vicegobernadora y actual diputada nacional (Provincias Unidas) Gisela Scaglia advirtió días atrás que “las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes”. En esa línea presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se administraron los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) desde enero de 2024.

Scaglia reclamó transparencia sobre el destino de los fondos y advirtió por el estado de las rutas nacionales, especialmente las 33 y 34, claves para la producción santafesina. En una publicación en redes valoró el reciente traspaso de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, aunque remarcó que la medida no resuelve el deterioro del resto de la red vial nacional.

“No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días”, sostuvo.

El SisVial fue creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.

Una parte de impuesto a los combustibles líquidos tiene que ser destinada al mantenimiento de rutas nacionales. Foto: Archivo.

Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de un billón y medio de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó La Nación a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública.

La sesión del 6 de agosto no figura todavía en la agenda oficial de la Cámara de Senadores de la Nación, pero está dando de qué hablar desde hace semanas.

Se trata de la reanudación, luego del cuarto intermedio pedido por La Libertad Avanza el 16 de julio pasado, en razón de la falta de votos garantizados para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Tierras, en versión simplificada aunque el mensaje incluye otros aspectos centrales como el Manejo del Fuego, desalojos y expropiaciones.

El libertario Abdala presidirá la sesión del 6 de agosto.

Para este jueves, luego del receso de invierno, toda la atención está puesta en el recinto de la Cámara alta donde el oficialismo espera tener apoyo a su proyecto, tras el dictamen obtenido el 20 de mayo, aunque modificado en varias oportunidades (15 ó 16).

Aún así, la última palabra no está dicha: este lunes se supo que se harían nuevos cambios, en particular en el capítulo III que alude específicamente a la protección sobre la “Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.

La ley actual fija ese límite en un 15 %, el proyecto del Ejecutivo liberaba ese porcentaje que ahora se fijaría, en un intento por conseguir votos para uno de los capítulos más discutidos del texto, en un 25 %.

Está por verse si con esta modificación (que, según se asegura, tiene el aval de Federico Sturzenegger y Diego Santilli), alcanza para conseguir las adhesiones que hasta las últimas horas parecían insuficientes para lograr la media sanción.

Según coincidieron varios medios nacionales, la propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicaría los detalles este martes por la tarde en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, siguen en pie las convocatorias sindicales, de organizaciones ambientales y sociales, en distintos puntos del país para marchar en contra del proyecto de Javier Milei.

El epicentro de las protestas será el Congreso Nacional, donde el Senado tiene previsto abrir el recinto sin la presencia de su presidenta Victoria Villarruel que, por entonces, estará a cargo del Ejecutivo luego de la salida del país del presidente rumbo a Ecuador y a Colombia.

Si se consulta la página oficial de la Cámara Nacional Electoral, se observa que al 30 de junio, la cantidad de partidos políticos por distrito reconocidos sumaban 703 (en Santa Fe, son 45) y los nacionales, 44.

Ese es uno de los puntos en los que se concentra la Reforma Electoral Nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei (bajo la consigna de “terminar con los sellos de goma”), junto a otros aspectos sujetos a negociación, como la eliminación de las PASO, y más controvertidos, como el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Es un nuevo intento de reforma: el primero ingresó con la Ley de Bases, pero fue uno de los capítulos que no prosperó en el Congreso, el segundo volvió al Poder Legislativo en diciembre de 2024 y el tercero logró la sanción de la Boleta Única Papel (BUP) que ya tenía debate previo.

En la reforma actual cada capítulo incorporado en los 78 artículos del proyecto oficial, que está en manos del Senado pero aún sin dictamen, merece un análisis en particular. El del número de partidos habilitados para competir también.

Pero, ¿cómo se constituye un partido político?

“La creación de un partido político implica el cumplimiento de una serie de procedimientos ante el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito en el que se pretenda actuar. Al respecto, se define la existencia de dos instancias en el proceso de creación que marcarán dos momentos en el

 reconocimiento de la personería jurídico-política”, dice la norma electoral.

La instancia más importante establece la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón.

Ahora, ¿cómo se constituye un partido político nacional? Los partidos reconocidos en cinco o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral e inscribirse en el registro correspondiente.

¿Qué plantea la reforma que impulsa el presidente Javier Milei? Que para obtener la personería jurídico-política en un distrito, se deberán reunir afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, con tope de 2.000.000 de inscriptos, además de 50 electores fundadores por distrito, entre otros requisitos. Para no caducar, deben hacer elecciones internas cada 4 años y presentarse a elecciones nacionales. Si en 2 elecciones consecutivas no se presentan, caduca.

Para constituirse como partido nacional, se debe tener personería en al menos 10 distritos (el doble del requisito actual) y afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional.

En síntesis, el proyecto sube de 5 a 10 los distritos necesarios para ser nacional, sube el piso de afiliados y votos para distrito, y agrega controles para evitar partidos sin actividad real o lo que Facundo Cruz llama “cáscaras”.

Cruz disertó en el marco del Curso Intensivo sobre Reformas Electorales a nivel nacional y subnacional. Debates necesarios", que organizó la Universidad Nacional de Rosario.

El politólogo y analista del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICAD) y coordinador de Pulsar, abordó el “Impacto de la reforma electoral nacional en el régimen de los partidos. Listas, partidos y cáscaras. Lo que está bien de la tercera reforma electoral de J. Milei”.

En ese contexto y en un interesante hilo de X, explicó que desde cierta perspectiva, el proyecto tiene impacto positivo en la modificación del régimen jurídico de los partidos políticos, sobre todo en las cláusulas para que los éstos tengan reconocimiento.

Como se dijo, “el régimen actual diferencia entre partidos de distrito y partidos nacionales: los primeros son los que pueden presentar candidaturas a cargos legislativos nacionales (diputados y senadores). Los segundos son los que pueden hacerlo para presidente y vice”.

Hasta ahora, tienen reconocimiento jurídico de distrito aquellos que logran avales partidarios equivalentes al 0,4% del padrón de cada provincia (tope máximo de 1.000.000 de electores). El reconocimiento nacional llega cuando este requisito se alcanza en, al menos, 5 distritos.

Como ya se explicó, la reforma impulsada por el oficialismo de LLA propone que, a partir de ahora, el reconocimiento distrital se alcanza con el 0,5% del padrón (tope máximo de 2.000.000 de electores) y el nacional con 10 provincias.

“Acá, entonces, se abren tres carriles sobre los posibles efectos de este cambio propuesto, expuso Cruz.

El primero consiste en aplicar las nuevas reglas de reconocimiento para los partidos nacionales: “Estos serían los sobrevivientes de las nuevas reglas, si tomamos en cuenta solamente el cambio para este nivel del sistema, quedarían 19 de los 45 vigentes (42%)”.

“Acá estarían todos los que no podrían, a partir de la aprobación y aplicación posterior de la reforma, presentar candidaturas a presidente y vice. Del listado actual, caerían los integrantes del FIT, el espacio de Schiaretti, la estructura de Juan Grabois, el que armó Margarita Stolbizer, y otros históricos como el PI, PDP, UCEDé y PD”.

El partido de Alberto Fernández y el de Miguel Ángel Pichetto ya estarían afuera con la normativa vigente.

El segundo carril consiste en aplicar las nuevas reglas a los partidos de distrito. “En total perderían la personería 193 partidos sobre los más de 700 con reconocimiento actual (27%). El grueso se concentraría en provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe, que tiene 44 partidos de distrito: si se aplica la reforma, 4 cumplirían los requisitos y 18 perderían reconocimiento”.

El tercer carril implica que para obtener el reconocimiento de partido nacional “tendríamos que aplicar, primero, el criterio de distrito y después ver cuántos partidos nacionales quedarían en pie a partir de la cantidad de provincias donde se mantendrían con vida”.

Si se opta por este criterio, solo tres espacios políticos podrían competir por la presidencia y vicepresidencia: PJ, UCR y PRO. La Libertad Avanza, por ejemplo, perdería reconocimiento en 20 provincias.

¿Esto quiere decir que todos van a desaparecer y nos vamos a quedar sin representación partidaria? “No necesariamente”, explica Cruz. Primero, la reforma política-electoral de LLA tiene que discutirse, aprobarse y aplicarse siguiendo criterios sensatos de acá a 2027 (o más adelante).

Y segundo, “todos los que quieran sobrevivir tienen que salir a buscar más avales que los que hoy tienen”. Esta tarea, por lo que indica el proyecto propuesto, sería digital a partir de ahora.

En definitiva, se trata de “abrir las estructuras, salir a juntar voluntades y volver a enamorar (al electorado que en cada comicio recorta su participación en las urnas). Para ver si no son cáscaras vacías”.

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.

Por puro azar, el último día de junio coincide con la decisión del gobierno del presidente Javier Milei y la secretaria General Karina Milei de imprimir un cambio de rumbo a su estrategia de comunicación y, por qué no, a su gestión.

Luego del prolongado desgaste que significó la insistencia de sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, a pesar de las revelaciones que fortalecieron una investigación en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, los hermanos apostaron por cambios de nombres o, mejor dicho de casilleros, para desandar la segunda mitad del año con el foco puesto en la cascada de proyectos impulsadas desde el oficialismo en las dos cámaras legislativas.

Esos cambios quedarán plasmados en las próximas horas en el Boletín Oficial en el que deberán figurar las nuevas designaciones, con nombres y fundamentos.

Además de la publicación, este martes será el día en que esos cambios serán visibles: a las 11 se espera la primera conferencia de prensa del ex diputado nacional Adrián Ravier como vocero presidencial, tras la presentación que protagonizó el viernes ante periodistas acreditados.

Allí, el flamante funcionario dijo que concibe al periodismo “como un eje central de la democracia en nuestro país”.

En tanto, anticipó que buscará limitar el alcance de sus respuestas a asuntos de gestión. “No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano”, dijo.

Ese día la comunicación fue unilateral porque no hubo preguntas de periodistas. De entrada había aclarado que no era una conferencia de prensa.

Ravier tendrá en su equipo a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Todo indica que habrá una relación más amigable con la prensa acreditada: las tensiones con Adorni habían llegado a un grado importante de tensión, sobre todo cuando se lo inquirió sobre aspectos de su situación patrimonial que son los que ahora investiga la Justicia.

Con el nuevo organigrama en marcha, fue convocada para el miércoles a las 9.30 una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Volviendo a este martes, a las 16, jurará Diego Santilli como cuarto jefe de Gabinete de la gestión Milei: sucederá en esa función a Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni, quien cumplía ambas funciones: vocero y coordinador de ministros.

Con semejante rotación de nombres en dos años y medio de gestión, no parece ser un sitio fácil de ocupar el de coordinador de ministros que tiene, entre otras funciones definidas por el artículo 101 de la Constitución Nacional, la de “ejercer la administración general del país”.

También tiene que cumplir con la obligación electoral de brindar informes periódicos, de manera alternada, en ambas cámaras del Congreso.

Santilli trabajará en tándem con Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete, y Gustavo Coria como secretario de Interior.

Reconocido el buen perfil dialoguista del ex PJ y ex PRO con gobernadores, esa condición resulta fundamental para los Milei de cara a una actividad legislativa que tiene en agenda temas importantes para el gobierno, en los que se pondrá primera antes del año electoral que se viene: 2027 está muy cerca y el gobierno nacional espera que sea con reforma incluida.

Precisamente, el proyecto de Reforma Electoral Integral que el Ejecutivo envió al Senado en abril y que, entre otros temas, pretende eliminar las PASO y modificar el sistema de partidos y su financiamiento, comenzó a ser discutido en comisión. Ahora espera, tras el alivio que significó el corrimiento de Adorni para el gabinete y su relación con el legislativo, recuperar protagonismo.

Eso si, no será sin discusión con ajenos pero también con propios; todo indica que el tema llevará su tiempo para llegar al recinto y requerirá una relación de buenos términos con mandatarios provinciales.

Sí se espera destrabar en la Cámara alta otros temas como la ley de propiedad privada (prevista para la fallida sesión de la semana pasada), pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales que también figuraban en esa agenda.

Para más adelante estará el Súper Rigi (con media sanción de Diputados) y la Ley General de Sociedades.

Para este martes estaba prevista la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales que debía tratar proyectos relacionados con la situación del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A esa conclusión llegaron el oficialismo y sectores aliados luego de no dar quórum a la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado en la que se quería insistir con la interpelación y moción de censura del ex funcionarios que hasta ese momento era férreamente sostenido por el presidente Milei.

Con el alejamiento del ex vocero, que se produjo oficialmente el sábado, esa reunión quedó desactivada hasta nuevo aviso y, se espera, con otra agenda.

El gobierno nacional busca dar un giro a su estrategia de comunicación. Ese objetivo quedó en claro con el cambio de nombre en la vocería, que pasó de un cuestionado Manuel Adorni a Adrián Ravier (hasta este miércoles, diputado nacional de LLA), y del equipo de prensa oficial que ahora estará encabezado por Fabián Fernández en reemplazo de Javier Lanari.

En la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas.

En la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Para ello, el equipo económico continúa con su tarea quirúrgica, que ha permitido redireccionar partidas y así lograr importantes hitos como la… pic.twitter.com/k0nEFabwsW

Pero también es evidente que quiere guiar la información hacia un lugar bien distinto de la dirección que seguía hasta el momento: la última conferencia de prensa del aún Jefe de Gabinete fue a fines de marzo y las preguntas estuvieron dirigidas mayoritariamente a su situación patrimonial, por la que es investigado en la Justicia bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito.

Ravier anticipó que su designación oficial como vocero va a llegar cuando el presidente Javier Milei regrese de su viaje por España, de donde tiene previsto arribar este sábado. Lo de este viernes no fue una conferencia de prensa, sino una presentación.

Tras expresar la solidaridad de la Argentina con el pueblo de Venezuela que atraviesa una situación de catástrofe luego de dos sismos de gran magnitud que se registraron el último miércoles, repasó su currículum que incluye una formación académica en la que destacan docentes como Bertie Benegas Lynch (h); Martín Krause, con quien comparte autoría de su primer libro y, ya en Madrid, de Jesús Huerta de Soto; todos referentes de la línea económica a la que adhiere Javier Milei.

Con el presidente, con quien admitió “controversias sobre ideas económicas, filosóficas y políticas” ya zanjadas, también comparte la autoría de una publicación: “La batalla por la macroeconomía”.

El ex diputado nacional, cuya renuncia a la banca de LLA fue aceptada en la sesión del último miércoles, no ahorró elogios para el mandatario nacional. Dijo, por ejemplo, que “puede ver más lejos porque esta parado sobre hombros de gigantes” y que es “un docente con la pedagogía adecuada para hacer pausas en sus exposiciones, refrescar y definir conceptos”.

Además, dijo, “tuvo la personalidad para patear el tablero cuando hacia falta”.

Luego de aclarar que “ya estamos en otra Argentina”, destacó que en su paso por la Cámara baja, luego de ser director académico de la Fundación Faro y presidente de LLA en La Pampa, le tocó integrar “el Congreso más reformista de la historia”, donde incluyó el Presupuesto 2026 “equilibrado”, la Ley de Modernización laboral, la de Glaciares y Periglaciares, la Hojarasca y el RIGI, entre otras.

La resolución también redefine la prestación por desempleo.El objetivo de la comunicación presidencial en esta segunda etapa está enfocado en la gestión económica.

“Ante el pedido de Milei acepté el desafío de ser su nuevo vocero. Es un honor ser la voz del Presidente”, insistió, y en ese punto anticipó que las conferencias de prensa serán los martes a las 11.

Sin embargo, advirtió que “en los últimos meses la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno”. “Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros de un gobierno y la conversación pública” que pasó, claramente,por la persona del ex vocero Adorni pero también por temas que preocupan a la sociedad como la baja de los salarios y la desocupación, según coinciden varios estudios.

Ahora “el objetivo será comunicar a ciudadanos de la manera más clara y contundente cómo las reformas tienen impacto en la vida y el futuro de todos los argentinos”.

Y tras destacar la “tarea quirúrgica” del equipo económico para redireccionar partidas, lo que permitió “hacer la inversión más grande de la historia en el Hospital Garrahan”, destacó que en el gobierno la toma de decisiones están dadas por “la visión de un presidente que no piensa en la próxima elección (si bien en una entrevista a un medio español admitió que va a ir por la reelección en 2027)”, sino “en los próximos 30 años”.

“Queremos que este sea el país más libre del mundo”, expresó el vocero quien anticipó que va a hacer “de la sala de prensa un lugar de respeto y debate de ideas”. La afirmación llega luego de que persisten los reclamos de corresponsales acreditados en Casa Rosada por las condiciones en que desarrollan su tarea, con accesos restringidos a espacios por donde circulan miembros del Ejecutivo, por ejemplo.

Pero aclaró: “No me corresponde en mi calidad de representante del Presidente entrometerme en competencias de otros poderes, como tampoco opinar sobre políticas partidarias ajenas a la gestión ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado”.

“Concibo el periodismo como eje central de la democracia”, dijo para definir luego el rol que espera de los medios y anticipar que habrá reuniones semanales “para dialogar sobre la marcha del gobierno”.

La reunión de presidentes de bloques del Senado que se hizo este miércoles dio una semana de oxígeno al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al presidente Javier Milei. Pero no mucho más.

La sesión de la Cámara alta en la que se iba a tratar una moción de censura contra el funcionario, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito se postergó hasta el jueves 25 de junio.

Antes, será el turno de Diputados, donde la oposición espera abrir el recinto el martes 23 a las 14, con una sesión especial dedicada íntegramente al ex vocero, cuya situación se complica a medida que pasan los días, se suman elementos a la investigación y se relajan los apoyos, hasta hace poco férreos, del propio oficialismo. Salvo el del Presidente que lo sigue sosteniendo en el cargo y lo llevará el sábado a Rosario para participar del acto por el Día de la Bandera.

Pasado en limpio, más allá de los proyectos que el Ejecutivo espera asegurarse en las cámaras, el cronograma es este: el martes 23 de junio a las 14, la oposición pidió una sesión especial por Adorni. Para que se concrete se precisa reunir a 129 legisladores en sus bancas, y se pondría fecha a la interpelación.

Si la reunión no prospera, igual habrá pronunciamientos que tendrán al funcionario de confianza de los hermanos Milei como principal destinatario. Oradores no van a faltar: en los últimos días se sumaron voces que claman por una explicación o, directamente, un paso al costado.

Para el día siguiente, el 24, también está pedida una sesión especial. Esta vez está impulsada por el oficialismo para tratar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como Súper RIGI, y la autorización para concretar el pago a dos fondos buitre con los que la administración de Javier Milei alcanzó un acuerdo judicial en el exterior. Ambos temas tienen dictamen de comisión.

El otro tema que estaba previsto para ese encuentro de la Cámara baja es la Ley de Lobby cuyo debate se prolonga en comisiones.

El jueves, tal como quedó definido en las últimas horas, se reunirá el Senado que prevé aprobar un pedido de interpelación para el 2 de julio, fecha en que Adorni había anunciado su concurrencia al recinto para realizar su informe de gestión. Allí se precisan 37 votos para destituir al funcionario.

Si la interpelación prospera, se procede a la votación de la moción de censura. Si esta figura se concreta en ambas cámaras, Adorni debe dejar su cargo.

No obstante, el Presidente podría volver a designarlo, dado que el procedimiento no implica una responsabilidad judicial, sino política, aunque esta es una posibilidad que, a la luz de las últimas novedades, pierde fuerza.

En definitiva, la imagen de Adorni va perdiendo consistencia en una y otra cámara, y si no es en Diputados será en el Senado, pero todo indica que la situación se le va tornando insostenible.

Eso si el propio gobierno decide mantenerlo en su cargo “hasta que la Justicia se expida”, como insiste Milei que lo invitó a Rosario para el próximo sábado, al acto por el Día de la Bandera que se realizará desde las 10 bajo estrictas condiciones de seguridad y control.

¿Habrá un efusivo abrazo entre ambos como en el acto del 2 de abril en conmemoración de Malvinas? Ya entonces había comenzado la pesquisa sobre viajes y gastos cash del ex vocero. Hoy, el panorama es otro: mientras empiezan a sonar alternativas en el estrecho equipo de confianza del gabinete nacional, los apoyos a Manuel Adorni retroceden y la investigación avanza.

 La satisfacción con la marcha del país subió levemente a 30% (+1 punto), ubicándose 2 puntos por encima del mismo momento del gobierno de Macri (28%) y 20 puntos por encima del nivel observado durante la gestión de Alberto Fernández (10%).

Esta es una de las conclusiones a las que arribó la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

Hay otros hallazgos importantes: la aprobación del gobierno de Javier Milei cae a 35%, mientras que la desaprobación sube a 61% (+1 punto). “En términos comparativos, continúa por debajo de Macri (45%) pero por encima de Alberto Fernández (21%) en igual período de gestión”.

Segmentado por género, ingresos, edad y simpatías políticas, se tiene que la mayor desaprobación se ubica entre mujeres, personas de clase media baja (65 %), entre los 44 y 59 años, de Izquierda y Centro Izquierda y votantes de Sergio Massa, con quien Javier Milei fue a balotaje en noviembre de 2023.

La indagación, que se realizó entre el 3 y el 5 de junio entre personas mayores de 18 años con conexión a Internet, se enfoca en los tres poderes del Estado.

Así, la satisfacción con el Poder Ejecutivo alcanza el 25 %; con el Senado, 25% (subió 2 puntos respecto de la medición anterior); con el Judicial, 19% (1 punto menos), mientras que Diputados permanece estable con un 15 %, “ consolidando niveles de insatisfacción generalizada con todos los poderes”.

La mayoría de las opiniones adversas hacia el Poder Legislativo corresponden a votantes de la oposición.

Otra pregunta que se repite en cada estudio es qué emociones genera Javier Milei: “Entre quienes aprueban su gobierno son la esperanza, la incertidumbre y la confianza; mientras que entre quienes lo desaprueban predominan la vergüenza, el rechazo, el asco y la decepción”.

Analizado por ministerio, se tiene que los mayores niveles de satisfacción se registran en las políticas Exterior (33%), Defensa (32%) y Energética (31%). “Hay una caída generalizada en todas las políticas; las más pronunciadas corresponden a la Educativa (19%) y Salud (18%), ambas con una baja de 6 puntos porcentuales, seguidas por la Política Exterior (33%) y Social (23%), con caídas de 5 puntos cada una”.

En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Salud (75%), Educación (75%) y Obras Públicas (74%).

La falta de trabajo (40%), la corrupción (34%) y los bajos salarios (33%) se consolidan como los principales problemas del país. “La falta de trabajo aumenta como preocupación (+3 puntos), mientras que los bajos salarios pierden centralidad (-5 puntos) y la inflación cae a 19% (-3 puntos)”.

Retrospectivamente, el 58% considera que la situación del país empeoró y solo el 19% cree que mejoró. A futuro, el 28% considera que mejorará, mientras que el 43% cree que empeorará.

En cuanto a la percepción personal, el 57% afirma que su situación empeoró en el último año y solo el 11% que mejoró; a futuro, el 27% cree que mejorará y el 36% que empeorará.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) es la dirigente con mayor imagen positiva (38%), seguida por Javier Milei (33%), que cae 2 puntos respecto a la medición de mayo. Entre quienes aprueban a la actual gestión, la imagen de Milei gana sobre Bullrich, y sobre Mauricio y Jorge Macri; en sexto lugar aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En cuanto al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, la imagen negativa alcanza el 72% (entre muy mala y mala), consolidándose como el funcionario con peor diferencial (-58%).

Lo sigue de cerca la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien cayó dos puntos y tiene un diferencial de -56 %.

En el otro extremo, figuran con mejor imagen los ministros de Economía, Luis Caputo (27 %); del Interior, Diego Santilli (26%), y de Capital Humano, Sandra Pettovello (25%).

En la oposición,

Cristina Fernández de Kirchner (32%), Axel Kicillof (31%) y Myriam Bregman (30%) son los dirigentes con mejor posicionamiento

. Por debajo de la dirigente de Izquierda, se ubica el ex presidente Mauricio Macri quien volvió a la escena pública en las últimas semanas.

Entre quienes no aprueban la gestión actual, CFK se ubica primera, seguida por Kicillof, Bregman, Juan Grabois, Massa, Nicolás del Caño y Máximo Kirchner. Luego vuelve a figurar Villarruel, en octavo lugar, con bastante menos adhesión que en el conteo anterior.

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a qué partido votaría?, se les preguntó a quienes participaron del estudio. No se consultó por nombres sino por agrupación política.

Un 25% votaría al Peronismo y un 24% a La Libertad Avanza, un 5% al PRO y otro 5% al FIT, mientras que el 21% no sabe a quién votaría, y el 6% prefiere no decirlo.

“Los votantes de Juan Schiaretti (31%), las personas con ideología de centro (29%) y la Generación X (25%) son quienes menos definen su voto”, concluye el informe. 

Si desde Casa Rosada no emergen mayores anuncios, salvo las novedades que trae el Boletín Oficial de Nación, y los dichos y silencios en el entorno presidencial ante los movimientos de sus aliados y contendientes, en el Congreso la actividad es continua, al menos en comisiones.

Diputados tuvo este martes una jornada intensa, que arrancó a las 11 y se extendió hasta la tarde con una sucesión de reuniones en las que se escucharon planteos de distintos sectores y puntos del país hacia la política libertaria: hubo diagnósticos preocupantes sobre los efectos de la paralización de las obras públicas.

También se realizó un plenario de Comercio y Pymes (con foco en el sector lácteo y participación de la Bolsa de Comercio de Rosario); Industria (con exposiciones de la Unión Industrial Argentina y CAME) y Transporte (con la situación de Intercargo como eje).

Para este miércoles habrá varios temas de peso en la mesa de debate, algunos muy afines a los intereses del gobierno libertario y otros que seguramente tendrán menos adhesión.

A las 11 está citado el plenario de Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para seguir analizando el mensaje 181 del Ejecutivo sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, conocido como “Súper Rigi”.

El oficialismo espera llevar este tema al recinto en la sesión prevista (no formalmente convocada) para el 24 de junio, previa realización de otro plenario para emitir un dictamen.

También a las 11 y en otro salón, fue convocada la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Gabriela Estévez con la finalidad de tratar diversos proyectos que coinciden en la declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género.

Será a pocos días de la masiva marcha del 3 de Junio y luego de varios femicidios que conmovieron a todo el país, incluido el que tuvo como víctima a la adolescente cordobesa Agostina Vega.

A las 14 habrá otra reunión conjunta: esta vez, de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y Legislación General (Santiago Santurio) para continuar el tratamiento de los proyectos de ley sobre el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses (Ley de Lobby). Para ello fueron invitadas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La jornada cerrará a las 16 con Derechos Humanos y Garantías (Horacio Pietragalla Corti) para analizar la situación de las prisiones domiciliarias en la República Argentina. En la ocasión se presentarán informes y participarán representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Todo esto ocurrirá a un día de inicio del Mundial de Fútbol, que es para cuando se espera la presentación de la esperada declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Este es uno de los temas que incomoda desde adentro al Ejecutivo y, se especula, mantiene frenadas otras definiciones.

Como aliciente, esta agenda se presenta en la previa de que el jueves se conozca el dato de inflación del mes de mayo por parte del INDEC y de una nueva reunión de la Mesa Política.

La conexión vial entre las localidades de La Chispa y Cafferata suma otro paso hacia su consolidación definitiva. Desde ambas comunas del departamento General López confirmaron que continúa en ejecución la tercera y última etapa del ripiado del camino de tierra que une a las dos localidades, una obra largamente esperada por los vecinos de la zona.

Los trabajos se iniciaron en 2025 con fondos aportados por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, mientras que la mano de obra y la maquinaria corren por cuenta de las dos comunas involucradas, en un esquema de trabajo conjunto que permitió sostener el avance de las tareas.

Desde la comuna de La Chispa precisaron que se trata de "una obra muy esperada que mejora la conectividad, la seguridad y el desarrollo de toda la región", y aprovecharon para agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro por el acompañamiento provincial que hizo posible el proyecto.

En paralelo, las autoridades locales solicitaron a los vecinos y conductores que transiten por el sector que lo hagan "con precaución y paciencia" mientras se extienden los trabajos.

La obra reviste especial importancia para el departamento General López, ya que garantiza la conexión entre dos localidades en una zona de significativa actividad agropecuaria, donde la transitabilidad de los caminos rurales resulta clave tanto para la producción como para el traslado cotidiano de los habitantes.

Un hombre de 64 años falleció en Rosario como consecuencia de un cuadro de Gripe A. La persona presentaba comorbilidades por enfermedad obstructiva pulmonar crónica y no había recibido la dosis de vacuna antigripal.

El Litoral dialogó con Analía Chumpitaz, directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud para conocer en detalle la situación en Santa Fe y hacer hincapié en las medidas de prevención ante la enfermedad que es característica de este momento del año.

En ese sentido, la funcionaria detalló cuáles son los grupos de riesgo que están incluidos en el calendario nacional de vacunación, quiénes deberían consultar más allá de ese listado y qué medidas de prevención hay que tener en cuenta.

Todo, además de desterrar un mito: ¿por qué se puede tener gripe aunque se haya recibido la vacuna?

“La población de riesgo está compuesta por niños y niñas de 6 meses a dos años, embarazadas y puérperas, población mayor de 65 años, y las personas que tienen entre 2 y 65 años con comorbilidades como enfermedad pulmonar crónica, afecciones vasculares crónicas, diabéticos, obesos, enfermedades metabólicas”, entre otras.

Analía Chumpitaz, directora de Prevención y Promoción de la Salud de Santa Fe. Foto: Archivo.

“Es un grupo amplio y, en general, cuesta ubicarse dentro de esta categoría. Por eso, los profesionales de salud tienen que indicar la vacuna en los casos que corresponde”, agregó.

- ¿Se esperaba una mayor prevalencia de infecciones respiratorias para este año? Si es así, ¿a qué se debe?

- La gripe es una enfermedad producida por el virus influenza y todos los años tenemos brotes estacionales; eso es esperable. Este año esperábamos una mayor circulación de la cepa que tuvo presencia en el hemisferio norte que es la gripe A H3N2 subclado (variante) K

Todos los años hay que recolocarse la vacuna porque se producen mutaciones del virus de influenza al punto que el organismo no lo identifica.

El Calendario Nacional de Vacunación establece quiénes deben recibir las dosis de antigripal. Piden prestar atención a la población de riesgo. Foto: Archivo

Por eso es necesario estar atentos a la información que proviene de la red global de laboratorios que toma las muestras y de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud que define cuáles son las cepas que circulan en los distintos hemisferios. De esa manera, se define la fabricación de las vacunas para el año siguiente.

En las dosis que estamos colocando este año no está este subclado K exactamente, sino que es uno muy parecido, mejor que el que se utilizó en el hemisferio norte.

- Si una persona se colocó la vacuna, ¿igual puede tener gripe?

- Si, pero va a ser más leve. Por eso es tan importante vacunarse. La campaña de este año es mucho mejor que la de años pasados: en 2025 tuvimos un 40 % menos de vacunas colocadas para esta época del año. Esto es por la sensibilización que la gente tiene también por los medios de comunicación que se hicieron eco de lo que sucedía en el hemisferio norte.

Desde marzo estamos vacunando y llevamos más de 350 mil dosis aplicadas; es un número muy importante para nuestra población objetivo.

- El gobierno nacional anunció el inicio temprano de la campaña de vacunación antigripal, para el 1° de marzo. ¿Regularizó la entrega de dosis?

- Las dosis se van enviando en tandas a las provincias. En Santa Fe tenemos vacunas, estamos siempre atentos al envío porque no mandaron la cantidad que se necesita para la población objetivo. Se hace por tandas y en menos de 48 horas las tenemos distribuidas.

Lo que ocurre es que a veces va mucha gente a vacunarse, se terminan las dosis y lo que la población tiene que hacer es hablar con el centro de salud, que le refiera si tiene vacunas o si tiene que ir a otro lugar.

Tenemos vacunas y, repito, hemos colocado un número 40 % superior que el año pasado para esta época.

- Si una persona no se alcanzó a vacunar en marzo o abril, a comienzo de temporada, ¿lo puede hacer a esta altura del año?¿Sirve igual?

- Siempre sirve. Hay que tener en cuenta que la vacuna tarda dos o tres semanas en tener su efectividad en anticuerpos. Pero el H3N2 no es el único virus que puede generar un brote. A lo mejor dentro de un mes hay circulación del B o el H1N1 que es el que prevaleció el año pasado. Es importante que la población de riesgo, aún si ya empezó a circular el virus, reciba la vacuna.

Si una persona estuvo en contacto con otra que tenía gripe y se vacunó al día siguiente, no va a tener tiempo suficiente para generar anticuerpos y probablemente tenga la enfermedad.

También hay que tener en cuenta que la vacunación permite evitar las formas graves de la gripe, pero no la morbilidad. Es decir que me puedo enfermar.

Por ejemplo, cuando me coloco el cinturón de seguridad no estoy evitando un choque, sino que disminuyo la posibilidad de muerte.

- ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer, además de la vacunación?

- La población de riesgo, si llega a tener fiebre, dolores musculares, dolor de garganta o tos que son síntomas de la gripe, debe consultar.

Y la población que no es de riesgo (que no está comprendida en el calendario obligatorio ni tiene comorbilidades), no es necesario que consulte con urgencia por un día de fiebre. Pero se mantienen recomendaciones como alimentación saludable, lavado de manos, ventilar ambientes, usar barbijos para no contagiar a otras personas y no compartir utensilios.

Se debe consultar cuando se tiene disnea (dificultad para respirar), vómitos que pueden producir deshidratación, obnubilación (confusión mental) u otro signo o síntoma.

Ante un cuadro que no es solo de fiebre, dolores musculares y tos, o que dura más de 3 días o que se presenta con secreciones verdes, hay que consultar por más que se trate de una persona joven y saludable.

- ¿El subclado K es más agresivo que otros? ¿Se esperan casos de gripe más graves que en otras temporadas?

- En el subclado K no se demostró mayor virulencia pero puede ser más transmisible. Esto tiene que ver con la cobertura en vacunación de cada país. En Estados Unidos tenían cobertura de 20 % en algunas localidades (cuando hubo epidemia de esta variante). Si eso ocurre habrá más casos y más cantidad de situaciones graves. Pero no está relacionado con la virulencia del subclado K.

La Universidad de San Andrés dio a conocer el resultado de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, de acuerdo a los datos recogidos en 1006 consultas realizadas entre el 6 y el 8 de mayo, entre personas mayores de 18 años conectadas a Internet.

Una de las principales conclusiones involucra el "top de preocupaciones" que tiene a "bajos salarios" y "falta de trabajo" a la cabeza del ranking, cada uno con una representación del 37 %.

En tercer lugar, pero muy cerca, aparece la corrupción (36 %) y, luego, inflación (22 %) que, aclara la institución, "retoma la preocupación en la opinión pública, luego de haber perdido centralidad en años anteriores".

Precisamente el índice de inflación se mantuvo en niveles bajos (comparados con otros períodos) pero en sostenido aumento desde hace varios meses. El próximo número se conocerá el jueves.

La inflación vuelve a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de los argentinos, aunque está en cuarto lugar, luego del los salarios, el desempleo y la corrupción.

Como contrapartida, en una suerte de ránking invertido aparecen Enfermedades y epidemias, Cambo climático, Policía, Transporte e Inmigración como las materias que despiertan menos preocupación.

La encuesta se hizo teniendo en cuenta género, nivel socioeconómico, generación y el voto de 2023. Pero hay un "amplio consenso entre segmentos", en los que falta de trabajo, bajos salarios, corrupción y pobreza lideran las preocupaciones".

"Este informe de mayo sugiere que, aunque el gobierno ha logrado frenar la caída de su aprobación general, el humor social está muy castigado por la situación del empleo y los salarios, y la figura de sus principales comunicadores se está erosionando rápidamente", establece el estudio.

Así, se tiene que el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas se mantiene estable en un 29%, apenas un punto por encima de abril. La insatisfacción neta continúa siendo muy alta, alcanzando al 68% de los encuestados.

La imagen de Diego Santilli crece dentro del gabinete. La del vocero Manuel Adorni sigue en picada.

Las mujeres (74%) se encuentran más insatisfechas con la marcha general de las cosas que los hombres (63%), con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Los más satisfechos son los votantes de Milei (55%) y de Bullrich (51%), mientras que los más insatisfechos son los votantes de Massa (93%) y las personas con ideología de centroizquierda (93%).

Por otra parte, la aprobación presidencial se ubica en el 37%, mientras que la desaprobación llega al 60%. Estos valores muestran una estabilización tras las caídas de meses anteriores, con una variación de apenas +/- 1 punto respecto a abril.

En términos comparativos, la aprobación se mantiene por debajo de la de Macri (42%) y por encima de la de Alberto Fernández (21%) en igual momento de sus gestiones.

A pesar de la estabilidad en la aprobación general, la satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó 3 puntos, pasando del 26% al 23%. Es el poder que más sufre este mes, mientras que el Legislativo se mantiene en sus mínimos históricos: Senado con 16% y Diputados con 15%.

Con todo, los encuestados están más satisfechos con las Políticas de exterior (38%), Defensa (37%) y Energética (35%) aunque hay insatisfacción en todas las áreas.

En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Obras Públicas (71%), Salud (69%) y Política Educativa (68%).

Más del 63% está de acuerdo con la decisión de no haber dolarizado la economía. "Lo más interesante es que este acuerdo se mantiene alto sin importar el argumento (atribución a la gente o técnica) ni quién lo exponga, sugiriendo que la sociedad ha internalizado la inviabilidad o el riesgo de la medida en este contexto".

El porcentaje es mayor entre quienes sostienen una ideología de derecha.

En línea con el punto anterior, el 47% de los encuestados prefiere cobrar en pesos, frente a solo un 29% que preferiría hacerlo en dólares, "evidenciando una resistencia cultural o práctica a la dolarización total del salario".

Las emociones que genera Milei están fracturadas: entre quienes lo aprueban predomina la esperanza , pero entre quienes lo desaprueban (60% de la muestra) dominan sentimientos de "vergüenza", "rechazo" y "asco".

Un contundente 58% de los argentinos cree que la situación del país empeoró en comparación con un año atrás. En lo personal, el 56% también afirma que su situación económica es peor que en mayo de 2025.

Hacia el futuro, el pesimismo es moderadamente menor pero sigue mandando: el 44% cree que el país empeorará en el próximo año, frente a un 26% que espera una mejora. La brecha más grande se da en los votantes de Milei, quienes evalúan muy mal el pasado pero mantienen altas expectativas de mejora.

En un escenario de fuerte polarización, la oposición parece consolidarse en torno a referentes con perfiles muy marcados: entre quienes desaprueban la gestión de Milei, Axel Kicillof (49%), Cristina Kirchner (49%) y Myriam Bregman (46%) emergen como las figuras de mayor consenso.

"Esto indica que no hay un liderazgo único, sino un archipiélago de referentes que logran retener a casi la mitad de los críticos del gobierno".

Por otro lado, la imagen positiva general refleja el desgaste del oficialismo: aunque Patricia Bullrich (37%) y Javier Milei (35%) siguen liderando el ranking nacional, sus niveles de apoyo han bajado, lo que sugiere que "el núcleo duro del gobierno está perdiendo su diferencial positivo mientras la oposición mantiene sus bases compactas".

Los niveles más bajos de imagen positiva corresponden a Sergio Uñac (7%), Miguel Ángel Pichetto (9%), Lilia Lemoine y Dante Gebel (10%).

En cuanto al vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa con una caída sostenida en su imagen. Su desaprobación alcanzó un récord del 73% y registra el diferencial de imagen más negativo de todo el gabinete (-59%).

Por último, el dirigente político y social con mayor imagen positiva es Diego Santilli, actual ministro del Interior del gobierno nacional.

Alrededor de 5 millones de personas presentan mora de más de tres meses en el pago de sus deudas con tarjeta de crédito bancarias o billeteras virtuales, además de otras modalidades informales que no figuran en registros oficiales.

Desde personas mayores que se atrasan en el pago de servicios y medicamentos, hasta solicitudes para las compras en el supermercado, las cuotas de colegios y tarifas, las razones por las que se contraen deudas son variadas pero no atañen, como ocurría una década atrás, a la compra o refacción de un inmueble o de un vehículo.

Son préstamos que se piden para pagar gastos corrientes o para cancelar otras deudas; situación que se convierte en una “bola de nieve”, tal como se advirtió en la reunión convocada este miércoles por la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

La mayoría de los expositores advirtieron la facilidad de acceso a créditos a través de billeteras virtuales y la falta de control sobre la capacidad de pago de los solicitantes. Foto: Archivo

El tema está en la agenda pública desde hace meses, y dio lugar a varias iniciativas, incluso en la provincia donde, en conjunto con el Banco de Santa Fe, se avanza en una línea de crédito para sanear las deudas de agentes del sector público. La propuesta se podría extender a trabajadores del sector privado.

En la provincia de Corrientes, el gobierno junto al Banco oficial anunciaron un programa que va en esa línea, aunque opera a dos puntas: Corrientes Sostiene Familias destinado a las economías domésticas, y Corrientes Sostiene Empresas, para aliviar la situación del sector productivo.

En Diputados hay 18 proyectos en espera de tratamiento. Varios tienen autoría de legisladores con mandato cumplido.

La convocatoria de la Cámara baja fue para escuchar la opinión de varios expositores. La propuesta partió de la oposición que preside la comisión en la figura de Hugo Yasky (UxP).

También participaron integrantes de la Cámara que, con variantes, impulsan sus propios proyectos, como Marcela Pagano (Coherencia), Andrea Freites (UxP), Kelly Olmos (UxP) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

A lo largo de un par de horas se escucharon presentaciones con algunos puntos en común: “La gente tiene voluntad de pago”, “Los bajos salarios conspiran con el cumplimiento de las obligaciones financieras”, “Hay formas de tomar crédito que están fuera del radar de los controles oficiales”, “El endeudamiento dejó de ser un tema individual para convertirse en un conflicto social” y “En algunos casos se registran prácticas abusivas de cobranza”.

La reunión comenzó con la presentación de la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en su reunión del último miércoles. Foto: Cámara de Diputados.

El Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”.

Desde Rosario y vía zoom, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. Además, graficó que en época de pandemia había “entre 25 y 30 billeteras virtuales y ahora son 80 aprobadas por el BCRA”. A este panorama se sumó la novedad de “financieras online de origen mejicano”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió que “a finales de 2023 la morosidad según el BCRA era del 2,7 % del total de deudores (574 mil sobre 20 millones de personas) y en febrero de 2026 fue del 11,2 %: son 4,8 millones de consumidores con deuda financiera”.

La contadora pública y funcionaria de la Municipalidad de Hurlingham, Alejandra Fernández Scarano, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

A su turno, Gabriel Martínez Medrano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), expuso sobre el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. Y aportó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó “la solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”.

Antes de concluir la reunión se acordó hacer una nueva convocatoria para que el resto de los bloques que integran la comisión, incluso el oficialismo en manos de La Libertad Avanza, sumen más expositores.

Mientras tanto, también hay proyectos en el Senado que abordan el sobreendeudamiento. Uno de ellos es del santafesino Marcelo Lewandowski quien impulsa la regulación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Aunque, a la vez, reclamó que no fueron conformadas las comisiones a las que fue girado el texto.

“Hemos recibido llamados, mails y consultas de familias endeudadas; es una realidad que no le escapa a nadie”, dijo el senador en la última sesión de la Cámara alta celebrada el 9 de abril.

El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a marzo de 2026, que registró un valor de 54.

Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. Este aumento constituye un dato negativo ya que la incertidumbre está asociada a conductas defensivas, menores niveles de actividad y mayor volatilidad.

El Índice de incertidumbre económica medido por la UCA está asociado a menor actividad y conductas defensivas. El nivel récord se alcanzó a fines de 2023. Foto: Archivo

Dirigido por J. Daniel Aromí, este indicador resume las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube.

Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía.

Como se dijo, en marzo, el índice que mide la incertidumbre se ubicó en 54.

En promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 vinculadas con incertidumbre.

El dato del tercer mes del año confirma la suba observada en febrero.

Luego de los registros de diciembre de 2025 (49,6) y enero de 2026 (49,7), que habían marcado un descenso por debajo de la barrera de las 50 menciones, el indicador volvió a aumentar en febrero (53,3) y se ubicó en marzo en 54.

Índice de incertidumbre económica según datos relevados por la Universidad Católica Argentina desde marzo de 2021. Fuente: UCA

De este modo, el último dato disponible consolida un nivel algo más alto que el observado a fines del año pasado y comienzos de 2026, aunque todavía por debajo de varios registros de 2024 y de algunos meses de 2025.

Desde una perspectiva de más largo plazo, el nivel de marzo no luce especialmente elevado frente a los picos recientes de la serie (noviembre 2023), pero sí indica que la moderación observada hacia fines de 2025 fue parcial y de corta duración.

El indicador todavía se ubica en niveles elevados en términos históricos (el valor promedio 2015 fue de 37,5).

Al examinar en detalle estos resultados, la UCA concluye en que se identificaron las preocupaciones que disparan este tipo de expresiones.

Los temas que lideraron la discusión pública en marzo, de la mano de la actividad legislativa y política, y los índices del INDEC. Fuente: UCA.

Para ello, se utilizaron grandes modelos de lenguaje para clasificar los mensajes que expresan incertidumbre económica.

Estas son las principales observaciones sobre las preocupaciones manifestadas en los últimos meses:

-En marzo de 2026, la composición de los temas que explican la incertidumbre económica muestra cambios respecto de enero, con un aumento del peso de la categoría política como tema más mencionado (31%). Este resultado está en línea con la intensa actividad legislativa de los últimos meses.

-También contribuyeron al debate público algunas discusiones vinculadas a la gestión de funcionarios del Ejecutivo.

-La categoría trabajo alcanzó 21% en marzo, manteniéndose elevada en relación con meses previos. Analizando la evolución en el último bimestre, se observó un aumento del peso relativo de este tema durante las semanas en las que se llevó adelante el debate en torno a la Ley de Modernización Laboral, que concentró gran parte de la discusión pública durante febrero.

-La categoría inestabilidad económica se ubica en 22%, por debajo de los valores de enero. Los datos semanales de febrero permiten suponer que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y la postergación del nuevo IPC generaron un pico de interés sobre esta temática en inicios de febrero, que luego se fue disipando a lo largo del mes de marzo.

-La categoría pobreza recuperó peso, alcanzando 19,7% en marzo, lo que es consistente con la publicación del dato oficial del Indec a fin de ese mes.

En conjunto, la estructura de marzo refleja una agenda pública marcada por la reforma del mercado de trabajo y los debates institucionales de febrero, que fueron cediendo protagonismo a lo largo del bimestre frente a las discusiones políticas y la publicación del dato de pobreza hacia el cierre del período.

El 31 de marzo fue una jornada intensa en Diputados de la Nación. Ese día, antes del feriado del 2 de abril y de Semana Santa, quedaron conformadas 8 de las 46 comisiones permanentes que tiene la Cámara baja. Una de ellas fue la de Libertad de Expresión.

Este grupo de trabajo, que fijó día y hora de reunión para los jueves a las 10, está presidida, como la mayoría, por La Libertad Avanza. En este caso, el lugar recayó en Guillermo Montenegro (Buenos Aires).

Como vicepresidente 1° fue electo Nicolás Trotta (UxP) y como vice 2° la mendocina Lourdes Arrieta, en representación del interbloque Unidos.

"Esta comisión es una de las más importantes en este momento de la Argentina donde la libertad de expresión es algo que debemos garantizar. Desde este lugar tenemos que defender nuestra Constitución, los tratados internacionales y, sobre todo, a las personas que no tienen voz y necesitan ser escuchadas", arrancó Montenegro que transmitió su compromiso por llevar adelante esta consigna.

Los jueves a las 10 será la cita de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

A su turno, Trotta, ex ministro de Educación de la Nación, fue un poco más allá y aclaró que la comisión "no tiene por finalidad proteger a los periodistas sino a la ciudadanía para que exista la posibilidad de informarse sin interferencias, intimidaciones ni censura".

En ese punto, aludió al reglamento de la comisión que prevé "bregar por el respeto y la seguridad de quienes informan". Fue entonces cuando propuso una "breve agenda de trabajo" que contempla el compromiso para que "no se genere una criminalización del derecho de opinión".

Esto se planteó en el marco de la preocupación expresada por Adepa y otras organizaciones que nuclean a medios del país acerca de una posible modificación en el Código Penal para criminalizar el derecho a opinar.

"Tenemos que estar atentos para que nos se generen instancias que impliquen silenciar al periodismo en la Argentina", sostuvo el legislador.

Además, pidió poner el foco en los "ataques e intimidaciones al periodismo".

En este punto, repasó el resultado del Monitoreo de Libertad de Expresión que lleva adelante Fopea y establece que en el año 2023 hubo 116 casos de embates en la Argentina y 179 un año después, lo que supone un incremento del 54 % interanual.

En 2025 la situación se agravó: fueron 278 casos. Entre uno y otro hubo un llamativo aumento de "agresiones directas en cabeza del Presidente de la Nación": 52 casos en 2024 y 119 al año siguiente, lo que representó el 55 % del total.

Los hechos tuvieron como destinatarios a numerosos periodistas de una gran variedad de medios.

En 2025, "se sumó la novedad de una Oficina de Respuesta Oficial", que despertó el alerta en entidades, entre otras Adepa, que salieron a advertir que el Estado no se puede convertir en árbitro de la verdad pública "porque vigilar, restringir y discriminar no permite llevar adelante una agenda que tenga a la libertad de expresión como valor central de nuestra democracia".

"La censura moderna no es prohibir: es intimidar", continuó argumentando el diputado para concluir en que la comisión "debe funcionar para proteger el derecho público a la información como base para nuestra democracia".

El integrante de LLA Guillermo Montenegro (centro) preside Libertad de Expresión junto a Nicolás Trotta (UxP) y Lourdes Arrieta (Unidos).

Luego, fue Arrieta quien llevó al grupo de trabajo la preocupación por el mensaje que por estos tiempos llega a las generaciones más jóvenes.

"Es cierto que hay atentados en contra de aquellos que opinan diferente pero también hay mucha censura en redes sociales, sobre todo a los jóvenes a quienes les hace daño", apuntó para focalizar en un tema complejo como es el bullying que se propaga a través de esas herramientas digitales.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el martes que el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025 fue del 28,2 %.

Era un dato esperado por el gobierno, que celebró la baja del indicador respecto del mismo período de 2024 (31,8 %), y por analistas que aguardaban conocer qué impacto tendrían las últimas (malas) noticias en materia de empleo, industria y consumo en este porcentaje.

Sin margen para celebrar ni para especular, lo cierto es que 13,5 millones de personas son pobres en la Argentina, y 3 millones están en situación de indigencia.

Apenas difundido el dato oficial, se conoció la opinión del Observatorio Social de la Deuda Argentina (UCA) que viene analizando desde hace más de dos décadas temas como la desintegración social, el consumo problemático, la salud mental y, como materia central, la pobreza pero en una dimensión integral, no solo medida por ingresos.

Este enfoque es importante para entender por qué el porcentaje de pobreza baja en un escenario de menor inflación pero una alta complejidad que se replica en cierre de empresas, suspensión o despido de personal, endeudamiento, menor consumo y bajos salarios.

- ¿Qué lectura hace el Observatorio de los últimos datos de pobreza difundidos por el Indec?

- Los datos marcan un descenso de la pobreza, esperable en función de los niveles de inflación y los datos parciales que estaban disponibles. Un descenso de la pobreza medida por los ingresos de los hogares se explica por la moderación de la tasa de inflación que fue importante en los años 2024-2025, en relación con 2023 y principios del año siguiente. Cuando la pobreza se mide por ingresos, este dato tiene un impacto.

Pero es importante matizar esta percepción en función de observaciones que se vienen haciendo desde el ámbito técnico, tanto del Observatorio como de otros institutos y especialistas en tema de estadísticas socio económicas, y están asociadas a la falta de actualización de la canasta según las encuestas de gastos de los hogares.

Esta desactualización genera una menor ponderación de un conjunto de componentes asociados a los servicios que, desde 2004 a la actualidad cambiaron mucho, por lo cual hay ejercicios que establecen que con esa actualización de la canasta, la pobreza hubiese bajado pero no en la dimensión que lo estamos viendo.

- ¿Cómo se explica una baja del porcentaje de pobreza en un contexto de caída de consumo, de actividad y de empleo?

- Podemos asociar a este elemento que tiene que ver con el impacto de los servicios y la reestructuración del sistema de precios relativos que tuvo lugar en los últimos años: transporte, educación, salud, comunicación y otros que tendieron a un incremento más importante.

Uno de los efectos que genera es sobre la capacidad de consumo de los hogares que se tuvo que modificar porque hay una parte más importante del presupuesto familiar destinado a estos rubros.

Esta situación impacta sobre los sectores medio y medio-bajo de la población que son los que sienten los efectos del ajuste en los últimos años.

Entonces, a la hora de explicar por qué si la pobreza baja, el consumo no repunta, hay que tener en cuenta que existen sectores de la clase media que no pasaron a ser pobres pero se han empobrecido. Y pobres que salieron de esa situación pero a quienes, paradójicamente, el dinero no les alcanza para mejorar sus niveles de consumo.

- La Odsa insiste en que la Argentina tiene un piso pobreza que ronda el 30 %. ¿Tendríamos que “resignarnos” a esta cifra o hay manera de revertirla?

- Es un nivel que cuesta superar y se explica desde el Odsa en función de la estructura social y económica, en particular en lo que tiene que ver con el empleo.

Hay un mercado de trabajo segmentado que genera oportunidades laborales y de ingresos buenos de manera muy limitada. Esto se traduce en que el 50 % de la población tiene actividades laborales dentro del sector informal o precario con ingresos que, en términos generales, son más bajos que los registrados, con más inestabilidad y menos protección social.

Después, si tomamos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida, hay un conjunto de cuestiones que no son captadas por una medición como la de pobreza que toma solamente los ingresos de los hogares, pero que están relacionados con las condiciones de bienestar: el acceso a vivienda, educación, servicios, empleo.

Estos indicadores manifiestan una fuerte desigualdad: hay sectores de la población que no solamente tienen ingresos bajos que no permiten cubrir los gastos del hogar, sino que también tienen condiciones de vida que no alcanzan a sostener niveles mínimos de bienestar y dignidad en función de los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución Nacional y otros tratados internacionales.

- De ese dato de pobreza, ¿se puede inferir cuánto corresponde a nuevos pobres, y, por lo tanto, cuántos ya están, incluso, por debajo de ese indicador?

- Lamentablemente con los medios que tenemos no lo podemos establecer. Es una hipótesis que vale la pena investigar y tiene que ver con el empobrecimiento de los sectores medios, que podría ser analizado más allá del umbral mínimo de subsistencia. Basta con ver el nivel de la canasta básica total y evaluar en qué medida esos ingresos alanzan para tener condiciones de vida razonables.

En ese sentido es difícil estimarlo en función de que se necesitan investigaciones en las que no se ha avanzado. Pero la hipótesis es interesante y bastante plausible.

Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.