Si se consulta la página oficial de la Cámara Nacional Electoral, se observa que al 30 de junio, la cantidad de partidos políticos por distrito reconocidos sumaban 703 (en Santa Fe, son 45) y los nacionales, 44.

Ese es uno de los puntos en los que se concentra la Reforma Electoral Nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei (bajo la consigna de “terminar con los sellos de goma”), junto a otros aspectos sujetos a negociación, como la eliminación de las PASO, y más controvertidos, como el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Es un nuevo intento de reforma: el primero ingresó con la Ley de Bases, pero fue uno de los capítulos que no prosperó en el Congreso, el segundo volvió al Poder Legislativo en diciembre de 2024 y el tercero logró la sanción de la Boleta Única Papel (BUP) que ya tenía debate previo.

En la reforma actual cada capítulo incorporado en los 78 artículos del proyecto oficial, que está en manos del Senado pero aún sin dictamen, merece un análisis en particular. El del número de partidos habilitados para competir también.

Pero, ¿cómo se constituye un partido político?

“La creación de un partido político implica el cumplimiento de una serie de procedimientos ante el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito en el que se pretenda actuar. Al respecto, se define la existencia de dos instancias en el proceso de creación que marcarán dos momentos en el

 reconocimiento de la personería jurídico-política”, dice la norma electoral.

La instancia más importante establece la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón.

Ahora, ¿cómo se constituye un partido político nacional? Los partidos reconocidos en cinco o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral e inscribirse en el registro correspondiente.

¿Qué plantea la reforma que impulsa el presidente Javier Milei? Que para obtener la personería jurídico-política en un distrito, se deberán reunir afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, con tope de 2.000.000 de inscriptos, además de 50 electores fundadores por distrito, entre otros requisitos. Para no caducar, deben hacer elecciones internas cada 4 años y presentarse a elecciones nacionales. Si en 2 elecciones consecutivas no se presentan, caduca.

Para constituirse como partido nacional, se debe tener personería en al menos 10 distritos (el doble del requisito actual) y afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional.

En síntesis, el proyecto sube de 5 a 10 los distritos necesarios para ser nacional, sube el piso de afiliados y votos para distrito, y agrega controles para evitar partidos sin actividad real o lo que Facundo Cruz llama “cáscaras”.

Cruz disertó en el marco del Curso Intensivo sobre Reformas Electorales a nivel nacional y subnacional. Debates necesarios", que organizó la Universidad Nacional de Rosario.

El politólogo y analista del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICAD) y coordinador de Pulsar, abordó el “Impacto de la reforma electoral nacional en el régimen de los partidos. Listas, partidos y cáscaras. Lo que está bien de la tercera reforma electoral de J. Milei”.

En ese contexto y en un interesante hilo de X, explicó que desde cierta perspectiva, el proyecto tiene impacto positivo en la modificación del régimen jurídico de los partidos políticos, sobre todo en las cláusulas para que los éstos tengan reconocimiento.

Como se dijo, “el régimen actual diferencia entre partidos de distrito y partidos nacionales: los primeros son los que pueden presentar candidaturas a cargos legislativos nacionales (diputados y senadores). Los segundos son los que pueden hacerlo para presidente y vice”.

Hasta ahora, tienen reconocimiento jurídico de distrito aquellos que logran avales partidarios equivalentes al 0,4% del padrón de cada provincia (tope máximo de 1.000.000 de electores). El reconocimiento nacional llega cuando este requisito se alcanza en, al menos, 5 distritos.

Como ya se explicó, la reforma impulsada por el oficialismo de LLA propone que, a partir de ahora, el reconocimiento distrital se alcanza con el 0,5% del padrón (tope máximo de 2.000.000 de electores) y el nacional con 10 provincias.

“Acá, entonces, se abren tres carriles sobre los posibles efectos de este cambio propuesto, expuso Cruz.

El primero consiste en aplicar las nuevas reglas de reconocimiento para los partidos nacionales: “Estos serían los sobrevivientes de las nuevas reglas, si tomamos en cuenta solamente el cambio para este nivel del sistema, quedarían 19 de los 45 vigentes (42%)”.

“Acá estarían todos los que no podrían, a partir de la aprobación y aplicación posterior de la reforma, presentar candidaturas a presidente y vice. Del listado actual, caerían los integrantes del FIT, el espacio de Schiaretti, la estructura de Juan Grabois, el que armó Margarita Stolbizer, y otros históricos como el PI, PDP, UCEDé y PD”.

El partido de Alberto Fernández y el de Miguel Ángel Pichetto ya estarían afuera con la normativa vigente.

El segundo carril consiste en aplicar las nuevas reglas a los partidos de distrito. “En total perderían la personería 193 partidos sobre los más de 700 con reconocimiento actual (27%). El grueso se concentraría en provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe, que tiene 44 partidos de distrito: si se aplica la reforma, 4 cumplirían los requisitos y 18 perderían reconocimiento”.

El tercer carril implica que para obtener el reconocimiento de partido nacional “tendríamos que aplicar, primero, el criterio de distrito y después ver cuántos partidos nacionales quedarían en pie a partir de la cantidad de provincias donde se mantendrían con vida”.

Si se opta por este criterio, solo tres espacios políticos podrían competir por la presidencia y vicepresidencia: PJ, UCR y PRO. La Libertad Avanza, por ejemplo, perdería reconocimiento en 20 provincias.

¿Esto quiere decir que todos van a desaparecer y nos vamos a quedar sin representación partidaria? “No necesariamente”, explica Cruz. Primero, la reforma política-electoral de LLA tiene que discutirse, aprobarse y aplicarse siguiendo criterios sensatos de acá a 2027 (o más adelante).

Y segundo, “todos los que quieran sobrevivir tienen que salir a buscar más avales que los que hoy tienen”. Esta tarea, por lo que indica el proyecto propuesto, sería digital a partir de ahora.

En definitiva, se trata de “abrir las estructuras, salir a juntar voluntades y volver a enamorar (al electorado que en cada comicio recorta su participación en las urnas). Para ver si no son cáscaras vacías”.

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.

Por puro azar, el último día de junio coincide con la decisión del gobierno del presidente Javier Milei y la secretaria General Karina Milei de imprimir un cambio de rumbo a su estrategia de comunicación y, por qué no, a su gestión.

Luego del prolongado desgaste que significó la insistencia de sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, a pesar de las revelaciones que fortalecieron una investigación en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, los hermanos apostaron por cambios de nombres o, mejor dicho de casilleros, para desandar la segunda mitad del año con el foco puesto en la cascada de proyectos impulsadas desde el oficialismo en las dos cámaras legislativas.

Esos cambios quedarán plasmados en las próximas horas en el Boletín Oficial en el que deberán figurar las nuevas designaciones, con nombres y fundamentos.

Además de la publicación, este martes será el día en que esos cambios serán visibles: a las 11 se espera la primera conferencia de prensa del ex diputado nacional Adrián Ravier como vocero presidencial, tras la presentación que protagonizó el viernes ante periodistas acreditados.

Allí, el flamante funcionario dijo que concibe al periodismo “como un eje central de la democracia en nuestro país”.

En tanto, anticipó que buscará limitar el alcance de sus respuestas a asuntos de gestión. “No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano”, dijo.

Ese día la comunicación fue unilateral porque no hubo preguntas de periodistas. De entrada había aclarado que no era una conferencia de prensa.

Ravier tendrá en su equipo a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Todo indica que habrá una relación más amigable con la prensa acreditada: las tensiones con Adorni habían llegado a un grado importante de tensión, sobre todo cuando se lo inquirió sobre aspectos de su situación patrimonial que son los que ahora investiga la Justicia.

Con el nuevo organigrama en marcha, fue convocada para el miércoles a las 9.30 una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Volviendo a este martes, a las 16, jurará Diego Santilli como cuarto jefe de Gabinete de la gestión Milei: sucederá en esa función a Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni, quien cumplía ambas funciones: vocero y coordinador de ministros.

Con semejante rotación de nombres en dos años y medio de gestión, no parece ser un sitio fácil de ocupar el de coordinador de ministros que tiene, entre otras funciones definidas por el artículo 101 de la Constitución Nacional, la de “ejercer la administración general del país”.

También tiene que cumplir con la obligación electoral de brindar informes periódicos, de manera alternada, en ambas cámaras del Congreso.

Santilli trabajará en tándem con Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete, y Gustavo Coria como secretario de Interior.

Reconocido el buen perfil dialoguista del ex PJ y ex PRO con gobernadores, esa condición resulta fundamental para los Milei de cara a una actividad legislativa que tiene en agenda temas importantes para el gobierno, en los que se pondrá primera antes del año electoral que se viene: 2027 está muy cerca y el gobierno nacional espera que sea con reforma incluida.

Precisamente, el proyecto de Reforma Electoral Integral que el Ejecutivo envió al Senado en abril y que, entre otros temas, pretende eliminar las PASO y modificar el sistema de partidos y su financiamiento, comenzó a ser discutido en comisión. Ahora espera, tras el alivio que significó el corrimiento de Adorni para el gabinete y su relación con el legislativo, recuperar protagonismo.

Eso si, no será sin discusión con ajenos pero también con propios; todo indica que el tema llevará su tiempo para llegar al recinto y requerirá una relación de buenos términos con mandatarios provinciales.

Sí se espera destrabar en la Cámara alta otros temas como la ley de propiedad privada (prevista para la fallida sesión de la semana pasada), pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales que también figuraban en esa agenda.

Para más adelante estará el Súper Rigi (con media sanción de Diputados) y la Ley General de Sociedades.

Para este martes estaba prevista la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales que debía tratar proyectos relacionados con la situación del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A esa conclusión llegaron el oficialismo y sectores aliados luego de no dar quórum a la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado en la que se quería insistir con la interpelación y moción de censura del ex funcionarios que hasta ese momento era férreamente sostenido por el presidente Milei.

Con el alejamiento del ex vocero, que se produjo oficialmente el sábado, esa reunión quedó desactivada hasta nuevo aviso y, se espera, con otra agenda.

El gobierno nacional busca dar un giro a su estrategia de comunicación. Ese objetivo quedó en claro con el cambio de nombre en la vocería, que pasó de un cuestionado Manuel Adorni a Adrián Ravier (hasta este miércoles, diputado nacional de LLA), y del equipo de prensa oficial que ahora estará encabezado por Fabián Fernández en reemplazo de Javier Lanari.

En la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas.

En la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Para ello, el equipo económico continúa con su tarea quirúrgica, que ha permitido redireccionar partidas y así lograr importantes hitos como la… pic.twitter.com/k0nEFabwsW

Pero también es evidente que quiere guiar la información hacia un lugar bien distinto de la dirección que seguía hasta el momento: la última conferencia de prensa del aún Jefe de Gabinete fue a fines de marzo y las preguntas estuvieron dirigidas mayoritariamente a su situación patrimonial, por la que es investigado en la Justicia bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito.

Ravier anticipó que su designación oficial como vocero va a llegar cuando el presidente Javier Milei regrese de su viaje por España, de donde tiene previsto arribar este sábado. Lo de este viernes no fue una conferencia de prensa, sino una presentación.

Tras expresar la solidaridad de la Argentina con el pueblo de Venezuela que atraviesa una situación de catástrofe luego de dos sismos de gran magnitud que se registraron el último miércoles, repasó su currículum que incluye una formación académica en la que destacan docentes como Bertie Benegas Lynch (h); Martín Krause, con quien comparte autoría de su primer libro y, ya en Madrid, de Jesús Huerta de Soto; todos referentes de la línea económica a la que adhiere Javier Milei.

Con el presidente, con quien admitió “controversias sobre ideas económicas, filosóficas y políticas” ya zanjadas, también comparte la autoría de una publicación: “La batalla por la macroeconomía”.

El ex diputado nacional, cuya renuncia a la banca de LLA fue aceptada en la sesión del último miércoles, no ahorró elogios para el mandatario nacional. Dijo, por ejemplo, que “puede ver más lejos porque esta parado sobre hombros de gigantes” y que es “un docente con la pedagogía adecuada para hacer pausas en sus exposiciones, refrescar y definir conceptos”.

Además, dijo, “tuvo la personalidad para patear el tablero cuando hacia falta”.

Luego de aclarar que “ya estamos en otra Argentina”, destacó que en su paso por la Cámara baja, luego de ser director académico de la Fundación Faro y presidente de LLA en La Pampa, le tocó integrar “el Congreso más reformista de la historia”, donde incluyó el Presupuesto 2026 “equilibrado”, la Ley de Modernización laboral, la de Glaciares y Periglaciares, la Hojarasca y el RIGI, entre otras.

La resolución también redefine la prestación por desempleo.El objetivo de la comunicación presidencial en esta segunda etapa está enfocado en la gestión económica.

“Ante el pedido de Milei acepté el desafío de ser su nuevo vocero. Es un honor ser la voz del Presidente”, insistió, y en ese punto anticipó que las conferencias de prensa serán los martes a las 11.

Sin embargo, advirtió que “en los últimos meses la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno”. “Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros de un gobierno y la conversación pública” que pasó, claramente,por la persona del ex vocero Adorni pero también por temas que preocupan a la sociedad como la baja de los salarios y la desocupación, según coinciden varios estudios.

Ahora “el objetivo será comunicar a ciudadanos de la manera más clara y contundente cómo las reformas tienen impacto en la vida y el futuro de todos los argentinos”.

Y tras destacar la “tarea quirúrgica” del equipo económico para redireccionar partidas, lo que permitió “hacer la inversión más grande de la historia en el Hospital Garrahan”, destacó que en el gobierno la toma de decisiones están dadas por “la visión de un presidente que no piensa en la próxima elección (si bien en una entrevista a un medio español admitió que va a ir por la reelección en 2027)”, sino “en los próximos 30 años”.

“Queremos que este sea el país más libre del mundo”, expresó el vocero quien anticipó que va a hacer “de la sala de prensa un lugar de respeto y debate de ideas”. La afirmación llega luego de que persisten los reclamos de corresponsales acreditados en Casa Rosada por las condiciones en que desarrollan su tarea, con accesos restringidos a espacios por donde circulan miembros del Ejecutivo, por ejemplo.

Pero aclaró: “No me corresponde en mi calidad de representante del Presidente entrometerme en competencias de otros poderes, como tampoco opinar sobre políticas partidarias ajenas a la gestión ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado”.

“Concibo el periodismo como eje central de la democracia”, dijo para definir luego el rol que espera de los medios y anticipar que habrá reuniones semanales “para dialogar sobre la marcha del gobierno”.

La reunión de presidentes de bloques del Senado que se hizo este miércoles dio una semana de oxígeno al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al presidente Javier Milei. Pero no mucho más.

La sesión de la Cámara alta en la que se iba a tratar una moción de censura contra el funcionario, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito se postergó hasta el jueves 25 de junio.

Antes, será el turno de Diputados, donde la oposición espera abrir el recinto el martes 23 a las 14, con una sesión especial dedicada íntegramente al ex vocero, cuya situación se complica a medida que pasan los días, se suman elementos a la investigación y se relajan los apoyos, hasta hace poco férreos, del propio oficialismo. Salvo el del Presidente que lo sigue sosteniendo en el cargo y lo llevará el sábado a Rosario para participar del acto por el Día de la Bandera.

Pasado en limpio, más allá de los proyectos que el Ejecutivo espera asegurarse en las cámaras, el cronograma es este: el martes 23 de junio a las 14, la oposición pidió una sesión especial por Adorni. Para que se concrete se precisa reunir a 129 legisladores en sus bancas, y se pondría fecha a la interpelación.

Si la reunión no prospera, igual habrá pronunciamientos que tendrán al funcionario de confianza de los hermanos Milei como principal destinatario. Oradores no van a faltar: en los últimos días se sumaron voces que claman por una explicación o, directamente, un paso al costado.

Para el día siguiente, el 24, también está pedida una sesión especial. Esta vez está impulsada por el oficialismo para tratar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como Súper RIGI, y la autorización para concretar el pago a dos fondos buitre con los que la administración de Javier Milei alcanzó un acuerdo judicial en el exterior. Ambos temas tienen dictamen de comisión.

El otro tema que estaba previsto para ese encuentro de la Cámara baja es la Ley de Lobby cuyo debate se prolonga en comisiones.

El jueves, tal como quedó definido en las últimas horas, se reunirá el Senado que prevé aprobar un pedido de interpelación para el 2 de julio, fecha en que Adorni había anunciado su concurrencia al recinto para realizar su informe de gestión. Allí se precisan 37 votos para destituir al funcionario.

Si la interpelación prospera, se procede a la votación de la moción de censura. Si esta figura se concreta en ambas cámaras, Adorni debe dejar su cargo.

No obstante, el Presidente podría volver a designarlo, dado que el procedimiento no implica una responsabilidad judicial, sino política, aunque esta es una posibilidad que, a la luz de las últimas novedades, pierde fuerza.

En definitiva, la imagen de Adorni va perdiendo consistencia en una y otra cámara, y si no es en Diputados será en el Senado, pero todo indica que la situación se le va tornando insostenible.

Eso si el propio gobierno decide mantenerlo en su cargo “hasta que la Justicia se expida”, como insiste Milei que lo invitó a Rosario para el próximo sábado, al acto por el Día de la Bandera que se realizará desde las 10 bajo estrictas condiciones de seguridad y control.

¿Habrá un efusivo abrazo entre ambos como en el acto del 2 de abril en conmemoración de Malvinas? Ya entonces había comenzado la pesquisa sobre viajes y gastos cash del ex vocero. Hoy, el panorama es otro: mientras empiezan a sonar alternativas en el estrecho equipo de confianza del gabinete nacional, los apoyos a Manuel Adorni retroceden y la investigación avanza.

 La satisfacción con la marcha del país subió levemente a 30% (+1 punto), ubicándose 2 puntos por encima del mismo momento del gobierno de Macri (28%) y 20 puntos por encima del nivel observado durante la gestión de Alberto Fernández (10%).

Esta es una de las conclusiones a las que arribó la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

Hay otros hallazgos importantes: la aprobación del gobierno de Javier Milei cae a 35%, mientras que la desaprobación sube a 61% (+1 punto). “En términos comparativos, continúa por debajo de Macri (45%) pero por encima de Alberto Fernández (21%) en igual período de gestión”.

Segmentado por género, ingresos, edad y simpatías políticas, se tiene que la mayor desaprobación se ubica entre mujeres, personas de clase media baja (65 %), entre los 44 y 59 años, de Izquierda y Centro Izquierda y votantes de Sergio Massa, con quien Javier Milei fue a balotaje en noviembre de 2023.

La indagación, que se realizó entre el 3 y el 5 de junio entre personas mayores de 18 años con conexión a Internet, se enfoca en los tres poderes del Estado.

Así, la satisfacción con el Poder Ejecutivo alcanza el 25 %; con el Senado, 25% (subió 2 puntos respecto de la medición anterior); con el Judicial, 19% (1 punto menos), mientras que Diputados permanece estable con un 15 %, “ consolidando niveles de insatisfacción generalizada con todos los poderes”.

La mayoría de las opiniones adversas hacia el Poder Legislativo corresponden a votantes de la oposición.

Otra pregunta que se repite en cada estudio es qué emociones genera Javier Milei: “Entre quienes aprueban su gobierno son la esperanza, la incertidumbre y la confianza; mientras que entre quienes lo desaprueban predominan la vergüenza, el rechazo, el asco y la decepción”.

Analizado por ministerio, se tiene que los mayores niveles de satisfacción se registran en las políticas Exterior (33%), Defensa (32%) y Energética (31%). “Hay una caída generalizada en todas las políticas; las más pronunciadas corresponden a la Educativa (19%) y Salud (18%), ambas con una baja de 6 puntos porcentuales, seguidas por la Política Exterior (33%) y Social (23%), con caídas de 5 puntos cada una”.

En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Salud (75%), Educación (75%) y Obras Públicas (74%).

La falta de trabajo (40%), la corrupción (34%) y los bajos salarios (33%) se consolidan como los principales problemas del país. “La falta de trabajo aumenta como preocupación (+3 puntos), mientras que los bajos salarios pierden centralidad (-5 puntos) y la inflación cae a 19% (-3 puntos)”.

Retrospectivamente, el 58% considera que la situación del país empeoró y solo el 19% cree que mejoró. A futuro, el 28% considera que mejorará, mientras que el 43% cree que empeorará.

En cuanto a la percepción personal, el 57% afirma que su situación empeoró en el último año y solo el 11% que mejoró; a futuro, el 27% cree que mejorará y el 36% que empeorará.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) es la dirigente con mayor imagen positiva (38%), seguida por Javier Milei (33%), que cae 2 puntos respecto a la medición de mayo. Entre quienes aprueban a la actual gestión, la imagen de Milei gana sobre Bullrich, y sobre Mauricio y Jorge Macri; en sexto lugar aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En cuanto al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, la imagen negativa alcanza el 72% (entre muy mala y mala), consolidándose como el funcionario con peor diferencial (-58%).

Lo sigue de cerca la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien cayó dos puntos y tiene un diferencial de -56 %.

En el otro extremo, figuran con mejor imagen los ministros de Economía, Luis Caputo (27 %); del Interior, Diego Santilli (26%), y de Capital Humano, Sandra Pettovello (25%).

En la oposición,

Cristina Fernández de Kirchner (32%), Axel Kicillof (31%) y Myriam Bregman (30%) son los dirigentes con mejor posicionamiento

. Por debajo de la dirigente de Izquierda, se ubica el ex presidente Mauricio Macri quien volvió a la escena pública en las últimas semanas.

Entre quienes no aprueban la gestión actual, CFK se ubica primera, seguida por Kicillof, Bregman, Juan Grabois, Massa, Nicolás del Caño y Máximo Kirchner. Luego vuelve a figurar Villarruel, en octavo lugar, con bastante menos adhesión que en el conteo anterior.

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a qué partido votaría?, se les preguntó a quienes participaron del estudio. No se consultó por nombres sino por agrupación política.

Un 25% votaría al Peronismo y un 24% a La Libertad Avanza, un 5% al PRO y otro 5% al FIT, mientras que el 21% no sabe a quién votaría, y el 6% prefiere no decirlo.

“Los votantes de Juan Schiaretti (31%), las personas con ideología de centro (29%) y la Generación X (25%) son quienes menos definen su voto”, concluye el informe. 

Si desde Casa Rosada no emergen mayores anuncios, salvo las novedades que trae el Boletín Oficial de Nación, y los dichos y silencios en el entorno presidencial ante los movimientos de sus aliados y contendientes, en el Congreso la actividad es continua, al menos en comisiones.

Diputados tuvo este martes una jornada intensa, que arrancó a las 11 y se extendió hasta la tarde con una sucesión de reuniones en las que se escucharon planteos de distintos sectores y puntos del país hacia la política libertaria: hubo diagnósticos preocupantes sobre los efectos de la paralización de las obras públicas.

También se realizó un plenario de Comercio y Pymes (con foco en el sector lácteo y participación de la Bolsa de Comercio de Rosario); Industria (con exposiciones de la Unión Industrial Argentina y CAME) y Transporte (con la situación de Intercargo como eje).

Para este miércoles habrá varios temas de peso en la mesa de debate, algunos muy afines a los intereses del gobierno libertario y otros que seguramente tendrán menos adhesión.

A las 11 está citado el plenario de Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para seguir analizando el mensaje 181 del Ejecutivo sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, conocido como “Súper Rigi”.

El oficialismo espera llevar este tema al recinto en la sesión prevista (no formalmente convocada) para el 24 de junio, previa realización de otro plenario para emitir un dictamen.

También a las 11 y en otro salón, fue convocada la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Gabriela Estévez con la finalidad de tratar diversos proyectos que coinciden en la declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género.

Será a pocos días de la masiva marcha del 3 de Junio y luego de varios femicidios que conmovieron a todo el país, incluido el que tuvo como víctima a la adolescente cordobesa Agostina Vega.

A las 14 habrá otra reunión conjunta: esta vez, de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y Legislación General (Santiago Santurio) para continuar el tratamiento de los proyectos de ley sobre el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses (Ley de Lobby). Para ello fueron invitadas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La jornada cerrará a las 16 con Derechos Humanos y Garantías (Horacio Pietragalla Corti) para analizar la situación de las prisiones domiciliarias en la República Argentina. En la ocasión se presentarán informes y participarán representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Todo esto ocurrirá a un día de inicio del Mundial de Fútbol, que es para cuando se espera la presentación de la esperada declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Este es uno de los temas que incomoda desde adentro al Ejecutivo y, se especula, mantiene frenadas otras definiciones.

Como aliciente, esta agenda se presenta en la previa de que el jueves se conozca el dato de inflación del mes de mayo por parte del INDEC y de una nueva reunión de la Mesa Política.

La conexión vial entre las localidades de La Chispa y Cafferata suma otro paso hacia su consolidación definitiva. Desde ambas comunas del departamento General López confirmaron que continúa en ejecución la tercera y última etapa del ripiado del camino de tierra que une a las dos localidades, una obra largamente esperada por los vecinos de la zona.

Los trabajos se iniciaron en 2025 con fondos aportados por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, mientras que la mano de obra y la maquinaria corren por cuenta de las dos comunas involucradas, en un esquema de trabajo conjunto que permitió sostener el avance de las tareas.

Desde la comuna de La Chispa precisaron que se trata de "una obra muy esperada que mejora la conectividad, la seguridad y el desarrollo de toda la región", y aprovecharon para agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro por el acompañamiento provincial que hizo posible el proyecto.

En paralelo, las autoridades locales solicitaron a los vecinos y conductores que transiten por el sector que lo hagan "con precaución y paciencia" mientras se extienden los trabajos.

La obra reviste especial importancia para el departamento General López, ya que garantiza la conexión entre dos localidades en una zona de significativa actividad agropecuaria, donde la transitabilidad de los caminos rurales resulta clave tanto para la producción como para el traslado cotidiano de los habitantes.

Un hombre de 64 años falleció en Rosario como consecuencia de un cuadro de Gripe A. La persona presentaba comorbilidades por enfermedad obstructiva pulmonar crónica y no había recibido la dosis de vacuna antigripal.

El Litoral dialogó con Analía Chumpitaz, directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud para conocer en detalle la situación en Santa Fe y hacer hincapié en las medidas de prevención ante la enfermedad que es característica de este momento del año.

En ese sentido, la funcionaria detalló cuáles son los grupos de riesgo que están incluidos en el calendario nacional de vacunación, quiénes deberían consultar más allá de ese listado y qué medidas de prevención hay que tener en cuenta.

Todo, además de desterrar un mito: ¿por qué se puede tener gripe aunque se haya recibido la vacuna?

“La población de riesgo está compuesta por niños y niñas de 6 meses a dos años, embarazadas y puérperas, población mayor de 65 años, y las personas que tienen entre 2 y 65 años con comorbilidades como enfermedad pulmonar crónica, afecciones vasculares crónicas, diabéticos, obesos, enfermedades metabólicas”, entre otras.

Analía Chumpitaz, directora de Prevención y Promoción de la Salud de Santa Fe. Foto: Archivo.

“Es un grupo amplio y, en general, cuesta ubicarse dentro de esta categoría. Por eso, los profesionales de salud tienen que indicar la vacuna en los casos que corresponde”, agregó.

- ¿Se esperaba una mayor prevalencia de infecciones respiratorias para este año? Si es así, ¿a qué se debe?

- La gripe es una enfermedad producida por el virus influenza y todos los años tenemos brotes estacionales; eso es esperable. Este año esperábamos una mayor circulación de la cepa que tuvo presencia en el hemisferio norte que es la gripe A H3N2 subclado (variante) K

Todos los años hay que recolocarse la vacuna porque se producen mutaciones del virus de influenza al punto que el organismo no lo identifica.

El Calendario Nacional de Vacunación establece quiénes deben recibir las dosis de antigripal. Piden prestar atención a la población de riesgo. Foto: Archivo

Por eso es necesario estar atentos a la información que proviene de la red global de laboratorios que toma las muestras y de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud que define cuáles son las cepas que circulan en los distintos hemisferios. De esa manera, se define la fabricación de las vacunas para el año siguiente.

En las dosis que estamos colocando este año no está este subclado K exactamente, sino que es uno muy parecido, mejor que el que se utilizó en el hemisferio norte.

- Si una persona se colocó la vacuna, ¿igual puede tener gripe?

- Si, pero va a ser más leve. Por eso es tan importante vacunarse. La campaña de este año es mucho mejor que la de años pasados: en 2025 tuvimos un 40 % menos de vacunas colocadas para esta época del año. Esto es por la sensibilización que la gente tiene también por los medios de comunicación que se hicieron eco de lo que sucedía en el hemisferio norte.

Desde marzo estamos vacunando y llevamos más de 350 mil dosis aplicadas; es un número muy importante para nuestra población objetivo.

- El gobierno nacional anunció el inicio temprano de la campaña de vacunación antigripal, para el 1° de marzo. ¿Regularizó la entrega de dosis?

- Las dosis se van enviando en tandas a las provincias. En Santa Fe tenemos vacunas, estamos siempre atentos al envío porque no mandaron la cantidad que se necesita para la población objetivo. Se hace por tandas y en menos de 48 horas las tenemos distribuidas.

Lo que ocurre es que a veces va mucha gente a vacunarse, se terminan las dosis y lo que la población tiene que hacer es hablar con el centro de salud, que le refiera si tiene vacunas o si tiene que ir a otro lugar.

Tenemos vacunas y, repito, hemos colocado un número 40 % superior que el año pasado para esta época.

- Si una persona no se alcanzó a vacunar en marzo o abril, a comienzo de temporada, ¿lo puede hacer a esta altura del año?¿Sirve igual?

- Siempre sirve. Hay que tener en cuenta que la vacuna tarda dos o tres semanas en tener su efectividad en anticuerpos. Pero el H3N2 no es el único virus que puede generar un brote. A lo mejor dentro de un mes hay circulación del B o el H1N1 que es el que prevaleció el año pasado. Es importante que la población de riesgo, aún si ya empezó a circular el virus, reciba la vacuna.

Si una persona estuvo en contacto con otra que tenía gripe y se vacunó al día siguiente, no va a tener tiempo suficiente para generar anticuerpos y probablemente tenga la enfermedad.

También hay que tener en cuenta que la vacunación permite evitar las formas graves de la gripe, pero no la morbilidad. Es decir que me puedo enfermar.

Por ejemplo, cuando me coloco el cinturón de seguridad no estoy evitando un choque, sino que disminuyo la posibilidad de muerte.

- ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer, además de la vacunación?

- La población de riesgo, si llega a tener fiebre, dolores musculares, dolor de garganta o tos que son síntomas de la gripe, debe consultar.

Y la población que no es de riesgo (que no está comprendida en el calendario obligatorio ni tiene comorbilidades), no es necesario que consulte con urgencia por un día de fiebre. Pero se mantienen recomendaciones como alimentación saludable, lavado de manos, ventilar ambientes, usar barbijos para no contagiar a otras personas y no compartir utensilios.

Se debe consultar cuando se tiene disnea (dificultad para respirar), vómitos que pueden producir deshidratación, obnubilación (confusión mental) u otro signo o síntoma.

Ante un cuadro que no es solo de fiebre, dolores musculares y tos, o que dura más de 3 días o que se presenta con secreciones verdes, hay que consultar por más que se trate de una persona joven y saludable.

- ¿El subclado K es más agresivo que otros? ¿Se esperan casos de gripe más graves que en otras temporadas?

- En el subclado K no se demostró mayor virulencia pero puede ser más transmisible. Esto tiene que ver con la cobertura en vacunación de cada país. En Estados Unidos tenían cobertura de 20 % en algunas localidades (cuando hubo epidemia de esta variante). Si eso ocurre habrá más casos y más cantidad de situaciones graves. Pero no está relacionado con la virulencia del subclado K.

La Universidad de San Andrés dio a conocer el resultado de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, de acuerdo a los datos recogidos en 1006 consultas realizadas entre el 6 y el 8 de mayo, entre personas mayores de 18 años conectadas a Internet.

Una de las principales conclusiones involucra el "top de preocupaciones" que tiene a "bajos salarios" y "falta de trabajo" a la cabeza del ranking, cada uno con una representación del 37 %.

En tercer lugar, pero muy cerca, aparece la corrupción (36 %) y, luego, inflación (22 %) que, aclara la institución, "retoma la preocupación en la opinión pública, luego de haber perdido centralidad en años anteriores".

Precisamente el índice de inflación se mantuvo en niveles bajos (comparados con otros períodos) pero en sostenido aumento desde hace varios meses. El próximo número se conocerá el jueves.

La inflación vuelve a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de los argentinos, aunque está en cuarto lugar, luego del los salarios, el desempleo y la corrupción.

Como contrapartida, en una suerte de ránking invertido aparecen Enfermedades y epidemias, Cambo climático, Policía, Transporte e Inmigración como las materias que despiertan menos preocupación.

La encuesta se hizo teniendo en cuenta género, nivel socioeconómico, generación y el voto de 2023. Pero hay un "amplio consenso entre segmentos", en los que falta de trabajo, bajos salarios, corrupción y pobreza lideran las preocupaciones".

"Este informe de mayo sugiere que, aunque el gobierno ha logrado frenar la caída de su aprobación general, el humor social está muy castigado por la situación del empleo y los salarios, y la figura de sus principales comunicadores se está erosionando rápidamente", establece el estudio.

Así, se tiene que el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas se mantiene estable en un 29%, apenas un punto por encima de abril. La insatisfacción neta continúa siendo muy alta, alcanzando al 68% de los encuestados.

La imagen de Diego Santilli crece dentro del gabinete. La del vocero Manuel Adorni sigue en picada.

Las mujeres (74%) se encuentran más insatisfechas con la marcha general de las cosas que los hombres (63%), con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Los más satisfechos son los votantes de Milei (55%) y de Bullrich (51%), mientras que los más insatisfechos son los votantes de Massa (93%) y las personas con ideología de centroizquierda (93%).

Por otra parte, la aprobación presidencial se ubica en el 37%, mientras que la desaprobación llega al 60%. Estos valores muestran una estabilización tras las caídas de meses anteriores, con una variación de apenas +/- 1 punto respecto a abril.

En términos comparativos, la aprobación se mantiene por debajo de la de Macri (42%) y por encima de la de Alberto Fernández (21%) en igual momento de sus gestiones.

A pesar de la estabilidad en la aprobación general, la satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó 3 puntos, pasando del 26% al 23%. Es el poder que más sufre este mes, mientras que el Legislativo se mantiene en sus mínimos históricos: Senado con 16% y Diputados con 15%.

Con todo, los encuestados están más satisfechos con las Políticas de exterior (38%), Defensa (37%) y Energética (35%) aunque hay insatisfacción en todas las áreas.

En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Obras Públicas (71%), Salud (69%) y Política Educativa (68%).

Más del 63% está de acuerdo con la decisión de no haber dolarizado la economía. "Lo más interesante es que este acuerdo se mantiene alto sin importar el argumento (atribución a la gente o técnica) ni quién lo exponga, sugiriendo que la sociedad ha internalizado la inviabilidad o el riesgo de la medida en este contexto".

El porcentaje es mayor entre quienes sostienen una ideología de derecha.

En línea con el punto anterior, el 47% de los encuestados prefiere cobrar en pesos, frente a solo un 29% que preferiría hacerlo en dólares, "evidenciando una resistencia cultural o práctica a la dolarización total del salario".

Las emociones que genera Milei están fracturadas: entre quienes lo aprueban predomina la esperanza , pero entre quienes lo desaprueban (60% de la muestra) dominan sentimientos de "vergüenza", "rechazo" y "asco".

Un contundente 58% de los argentinos cree que la situación del país empeoró en comparación con un año atrás. En lo personal, el 56% también afirma que su situación económica es peor que en mayo de 2025.

Hacia el futuro, el pesimismo es moderadamente menor pero sigue mandando: el 44% cree que el país empeorará en el próximo año, frente a un 26% que espera una mejora. La brecha más grande se da en los votantes de Milei, quienes evalúan muy mal el pasado pero mantienen altas expectativas de mejora.

En un escenario de fuerte polarización, la oposición parece consolidarse en torno a referentes con perfiles muy marcados: entre quienes desaprueban la gestión de Milei, Axel Kicillof (49%), Cristina Kirchner (49%) y Myriam Bregman (46%) emergen como las figuras de mayor consenso.

"Esto indica que no hay un liderazgo único, sino un archipiélago de referentes que logran retener a casi la mitad de los críticos del gobierno".

Por otro lado, la imagen positiva general refleja el desgaste del oficialismo: aunque Patricia Bullrich (37%) y Javier Milei (35%) siguen liderando el ranking nacional, sus niveles de apoyo han bajado, lo que sugiere que "el núcleo duro del gobierno está perdiendo su diferencial positivo mientras la oposición mantiene sus bases compactas".

Los niveles más bajos de imagen positiva corresponden a Sergio Uñac (7%), Miguel Ángel Pichetto (9%), Lilia Lemoine y Dante Gebel (10%).

En cuanto al vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa con una caída sostenida en su imagen. Su desaprobación alcanzó un récord del 73% y registra el diferencial de imagen más negativo de todo el gabinete (-59%).

Por último, el dirigente político y social con mayor imagen positiva es Diego Santilli, actual ministro del Interior del gobierno nacional.

Alrededor de 5 millones de personas presentan mora de más de tres meses en el pago de sus deudas con tarjeta de crédito bancarias o billeteras virtuales, además de otras modalidades informales que no figuran en registros oficiales.

Desde personas mayores que se atrasan en el pago de servicios y medicamentos, hasta solicitudes para las compras en el supermercado, las cuotas de colegios y tarifas, las razones por las que se contraen deudas son variadas pero no atañen, como ocurría una década atrás, a la compra o refacción de un inmueble o de un vehículo.

Son préstamos que se piden para pagar gastos corrientes o para cancelar otras deudas; situación que se convierte en una “bola de nieve”, tal como se advirtió en la reunión convocada este miércoles por la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

La mayoría de los expositores advirtieron la facilidad de acceso a créditos a través de billeteras virtuales y la falta de control sobre la capacidad de pago de los solicitantes. Foto: Archivo

El tema está en la agenda pública desde hace meses, y dio lugar a varias iniciativas, incluso en la provincia donde, en conjunto con el Banco de Santa Fe, se avanza en una línea de crédito para sanear las deudas de agentes del sector público. La propuesta se podría extender a trabajadores del sector privado.

En la provincia de Corrientes, el gobierno junto al Banco oficial anunciaron un programa que va en esa línea, aunque opera a dos puntas: Corrientes Sostiene Familias destinado a las economías domésticas, y Corrientes Sostiene Empresas, para aliviar la situación del sector productivo.

En Diputados hay 18 proyectos en espera de tratamiento. Varios tienen autoría de legisladores con mandato cumplido.

La convocatoria de la Cámara baja fue para escuchar la opinión de varios expositores. La propuesta partió de la oposición que preside la comisión en la figura de Hugo Yasky (UxP).

También participaron integrantes de la Cámara que, con variantes, impulsan sus propios proyectos, como Marcela Pagano (Coherencia), Andrea Freites (UxP), Kelly Olmos (UxP) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

A lo largo de un par de horas se escucharon presentaciones con algunos puntos en común: “La gente tiene voluntad de pago”, “Los bajos salarios conspiran con el cumplimiento de las obligaciones financieras”, “Hay formas de tomar crédito que están fuera del radar de los controles oficiales”, “El endeudamiento dejó de ser un tema individual para convertirse en un conflicto social” y “En algunos casos se registran prácticas abusivas de cobranza”.

La reunión comenzó con la presentación de la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en su reunión del último miércoles. Foto: Cámara de Diputados.

El Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”.

Desde Rosario y vía zoom, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. Además, graficó que en época de pandemia había “entre 25 y 30 billeteras virtuales y ahora son 80 aprobadas por el BCRA”. A este panorama se sumó la novedad de “financieras online de origen mejicano”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió que “a finales de 2023 la morosidad según el BCRA era del 2,7 % del total de deudores (574 mil sobre 20 millones de personas) y en febrero de 2026 fue del 11,2 %: son 4,8 millones de consumidores con deuda financiera”.

La contadora pública y funcionaria de la Municipalidad de Hurlingham, Alejandra Fernández Scarano, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

A su turno, Gabriel Martínez Medrano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), expuso sobre el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. Y aportó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó “la solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”.

Antes de concluir la reunión se acordó hacer una nueva convocatoria para que el resto de los bloques que integran la comisión, incluso el oficialismo en manos de La Libertad Avanza, sumen más expositores.

Mientras tanto, también hay proyectos en el Senado que abordan el sobreendeudamiento. Uno de ellos es del santafesino Marcelo Lewandowski quien impulsa la regulación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Aunque, a la vez, reclamó que no fueron conformadas las comisiones a las que fue girado el texto.

“Hemos recibido llamados, mails y consultas de familias endeudadas; es una realidad que no le escapa a nadie”, dijo el senador en la última sesión de la Cámara alta celebrada el 9 de abril.

El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a marzo de 2026, que registró un valor de 54.

Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. Este aumento constituye un dato negativo ya que la incertidumbre está asociada a conductas defensivas, menores niveles de actividad y mayor volatilidad.

El Índice de incertidumbre económica medido por la UCA está asociado a menor actividad y conductas defensivas. El nivel récord se alcanzó a fines de 2023. Foto: Archivo

Dirigido por J. Daniel Aromí, este indicador resume las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube.

Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía.

Como se dijo, en marzo, el índice que mide la incertidumbre se ubicó en 54.

En promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 vinculadas con incertidumbre.

El dato del tercer mes del año confirma la suba observada en febrero.

Luego de los registros de diciembre de 2025 (49,6) y enero de 2026 (49,7), que habían marcado un descenso por debajo de la barrera de las 50 menciones, el indicador volvió a aumentar en febrero (53,3) y se ubicó en marzo en 54.

Índice de incertidumbre económica según datos relevados por la Universidad Católica Argentina desde marzo de 2021. Fuente: UCA

De este modo, el último dato disponible consolida un nivel algo más alto que el observado a fines del año pasado y comienzos de 2026, aunque todavía por debajo de varios registros de 2024 y de algunos meses de 2025.

Desde una perspectiva de más largo plazo, el nivel de marzo no luce especialmente elevado frente a los picos recientes de la serie (noviembre 2023), pero sí indica que la moderación observada hacia fines de 2025 fue parcial y de corta duración.

El indicador todavía se ubica en niveles elevados en términos históricos (el valor promedio 2015 fue de 37,5).

Al examinar en detalle estos resultados, la UCA concluye en que se identificaron las preocupaciones que disparan este tipo de expresiones.

Los temas que lideraron la discusión pública en marzo, de la mano de la actividad legislativa y política, y los índices del INDEC. Fuente: UCA.

Para ello, se utilizaron grandes modelos de lenguaje para clasificar los mensajes que expresan incertidumbre económica.

Estas son las principales observaciones sobre las preocupaciones manifestadas en los últimos meses:

-En marzo de 2026, la composición de los temas que explican la incertidumbre económica muestra cambios respecto de enero, con un aumento del peso de la categoría política como tema más mencionado (31%). Este resultado está en línea con la intensa actividad legislativa de los últimos meses.

-También contribuyeron al debate público algunas discusiones vinculadas a la gestión de funcionarios del Ejecutivo.

-La categoría trabajo alcanzó 21% en marzo, manteniéndose elevada en relación con meses previos. Analizando la evolución en el último bimestre, se observó un aumento del peso relativo de este tema durante las semanas en las que se llevó adelante el debate en torno a la Ley de Modernización Laboral, que concentró gran parte de la discusión pública durante febrero.

-La categoría inestabilidad económica se ubica en 22%, por debajo de los valores de enero. Los datos semanales de febrero permiten suponer que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y la postergación del nuevo IPC generaron un pico de interés sobre esta temática en inicios de febrero, que luego se fue disipando a lo largo del mes de marzo.

-La categoría pobreza recuperó peso, alcanzando 19,7% en marzo, lo que es consistente con la publicación del dato oficial del Indec a fin de ese mes.

En conjunto, la estructura de marzo refleja una agenda pública marcada por la reforma del mercado de trabajo y los debates institucionales de febrero, que fueron cediendo protagonismo a lo largo del bimestre frente a las discusiones políticas y la publicación del dato de pobreza hacia el cierre del período.

El 31 de marzo fue una jornada intensa en Diputados de la Nación. Ese día, antes del feriado del 2 de abril y de Semana Santa, quedaron conformadas 8 de las 46 comisiones permanentes que tiene la Cámara baja. Una de ellas fue la de Libertad de Expresión.

Este grupo de trabajo, que fijó día y hora de reunión para los jueves a las 10, está presidida, como la mayoría, por La Libertad Avanza. En este caso, el lugar recayó en Guillermo Montenegro (Buenos Aires).

Como vicepresidente 1° fue electo Nicolás Trotta (UxP) y como vice 2° la mendocina Lourdes Arrieta, en representación del interbloque Unidos.

"Esta comisión es una de las más importantes en este momento de la Argentina donde la libertad de expresión es algo que debemos garantizar. Desde este lugar tenemos que defender nuestra Constitución, los tratados internacionales y, sobre todo, a las personas que no tienen voz y necesitan ser escuchadas", arrancó Montenegro que transmitió su compromiso por llevar adelante esta consigna.

Los jueves a las 10 será la cita de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

A su turno, Trotta, ex ministro de Educación de la Nación, fue un poco más allá y aclaró que la comisión "no tiene por finalidad proteger a los periodistas sino a la ciudadanía para que exista la posibilidad de informarse sin interferencias, intimidaciones ni censura".

En ese punto, aludió al reglamento de la comisión que prevé "bregar por el respeto y la seguridad de quienes informan". Fue entonces cuando propuso una "breve agenda de trabajo" que contempla el compromiso para que "no se genere una criminalización del derecho de opinión".

Esto se planteó en el marco de la preocupación expresada por Adepa y otras organizaciones que nuclean a medios del país acerca de una posible modificación en el Código Penal para criminalizar el derecho a opinar.

"Tenemos que estar atentos para que nos se generen instancias que impliquen silenciar al periodismo en la Argentina", sostuvo el legislador.

Además, pidió poner el foco en los "ataques e intimidaciones al periodismo".

En este punto, repasó el resultado del Monitoreo de Libertad de Expresión que lleva adelante Fopea y establece que en el año 2023 hubo 116 casos de embates en la Argentina y 179 un año después, lo que supone un incremento del 54 % interanual.

En 2025 la situación se agravó: fueron 278 casos. Entre uno y otro hubo un llamativo aumento de "agresiones directas en cabeza del Presidente de la Nación": 52 casos en 2024 y 119 al año siguiente, lo que representó el 55 % del total.

Los hechos tuvieron como destinatarios a numerosos periodistas de una gran variedad de medios.

En 2025, "se sumó la novedad de una Oficina de Respuesta Oficial", que despertó el alerta en entidades, entre otras Adepa, que salieron a advertir que el Estado no se puede convertir en árbitro de la verdad pública "porque vigilar, restringir y discriminar no permite llevar adelante una agenda que tenga a la libertad de expresión como valor central de nuestra democracia".

"La censura moderna no es prohibir: es intimidar", continuó argumentando el diputado para concluir en que la comisión "debe funcionar para proteger el derecho público a la información como base para nuestra democracia".

El integrante de LLA Guillermo Montenegro (centro) preside Libertad de Expresión junto a Nicolás Trotta (UxP) y Lourdes Arrieta (Unidos).

Luego, fue Arrieta quien llevó al grupo de trabajo la preocupación por el mensaje que por estos tiempos llega a las generaciones más jóvenes.

"Es cierto que hay atentados en contra de aquellos que opinan diferente pero también hay mucha censura en redes sociales, sobre todo a los jóvenes a quienes les hace daño", apuntó para focalizar en un tema complejo como es el bullying que se propaga a través de esas herramientas digitales.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el martes que el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025 fue del 28,2 %.

Era un dato esperado por el gobierno, que celebró la baja del indicador respecto del mismo período de 2024 (31,8 %), y por analistas que aguardaban conocer qué impacto tendrían las últimas (malas) noticias en materia de empleo, industria y consumo en este porcentaje.

Sin margen para celebrar ni para especular, lo cierto es que 13,5 millones de personas son pobres en la Argentina, y 3 millones están en situación de indigencia.

Apenas difundido el dato oficial, se conoció la opinión del Observatorio Social de la Deuda Argentina (UCA) que viene analizando desde hace más de dos décadas temas como la desintegración social, el consumo problemático, la salud mental y, como materia central, la pobreza pero en una dimensión integral, no solo medida por ingresos.

Este enfoque es importante para entender por qué el porcentaje de pobreza baja en un escenario de menor inflación pero una alta complejidad que se replica en cierre de empresas, suspensión o despido de personal, endeudamiento, menor consumo y bajos salarios.

- ¿Qué lectura hace el Observatorio de los últimos datos de pobreza difundidos por el Indec?

- Los datos marcan un descenso de la pobreza, esperable en función de los niveles de inflación y los datos parciales que estaban disponibles. Un descenso de la pobreza medida por los ingresos de los hogares se explica por la moderación de la tasa de inflación que fue importante en los años 2024-2025, en relación con 2023 y principios del año siguiente. Cuando la pobreza se mide por ingresos, este dato tiene un impacto.

Pero es importante matizar esta percepción en función de observaciones que se vienen haciendo desde el ámbito técnico, tanto del Observatorio como de otros institutos y especialistas en tema de estadísticas socio económicas, y están asociadas a la falta de actualización de la canasta según las encuestas de gastos de los hogares.

Esta desactualización genera una menor ponderación de un conjunto de componentes asociados a los servicios que, desde 2004 a la actualidad cambiaron mucho, por lo cual hay ejercicios que establecen que con esa actualización de la canasta, la pobreza hubiese bajado pero no en la dimensión que lo estamos viendo.

- ¿Cómo se explica una baja del porcentaje de pobreza en un contexto de caída de consumo, de actividad y de empleo?

- Podemos asociar a este elemento que tiene que ver con el impacto de los servicios y la reestructuración del sistema de precios relativos que tuvo lugar en los últimos años: transporte, educación, salud, comunicación y otros que tendieron a un incremento más importante.

Uno de los efectos que genera es sobre la capacidad de consumo de los hogares que se tuvo que modificar porque hay una parte más importante del presupuesto familiar destinado a estos rubros.

Esta situación impacta sobre los sectores medio y medio-bajo de la población que son los que sienten los efectos del ajuste en los últimos años.

Entonces, a la hora de explicar por qué si la pobreza baja, el consumo no repunta, hay que tener en cuenta que existen sectores de la clase media que no pasaron a ser pobres pero se han empobrecido. Y pobres que salieron de esa situación pero a quienes, paradójicamente, el dinero no les alcanza para mejorar sus niveles de consumo.

- La Odsa insiste en que la Argentina tiene un piso pobreza que ronda el 30 %. ¿Tendríamos que “resignarnos” a esta cifra o hay manera de revertirla?

- Es un nivel que cuesta superar y se explica desde el Odsa en función de la estructura social y económica, en particular en lo que tiene que ver con el empleo.

Hay un mercado de trabajo segmentado que genera oportunidades laborales y de ingresos buenos de manera muy limitada. Esto se traduce en que el 50 % de la población tiene actividades laborales dentro del sector informal o precario con ingresos que, en términos generales, son más bajos que los registrados, con más inestabilidad y menos protección social.

Después, si tomamos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida, hay un conjunto de cuestiones que no son captadas por una medición como la de pobreza que toma solamente los ingresos de los hogares, pero que están relacionados con las condiciones de bienestar: el acceso a vivienda, educación, servicios, empleo.

Estos indicadores manifiestan una fuerte desigualdad: hay sectores de la población que no solamente tienen ingresos bajos que no permiten cubrir los gastos del hogar, sino que también tienen condiciones de vida que no alcanzan a sostener niveles mínimos de bienestar y dignidad en función de los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución Nacional y otros tratados internacionales.

- De ese dato de pobreza, ¿se puede inferir cuánto corresponde a nuevos pobres, y, por lo tanto, cuántos ya están, incluso, por debajo de ese indicador?

- Lamentablemente con los medios que tenemos no lo podemos establecer. Es una hipótesis que vale la pena investigar y tiene que ver con el empobrecimiento de los sectores medios, que podría ser analizado más allá del umbral mínimo de subsistencia. Basta con ver el nivel de la canasta básica total y evaluar en qué medida esos ingresos alanzan para tener condiciones de vida razonables.

En ese sentido es difícil estimarlo en función de que se necesitan investigaciones en las que no se ha avanzado. Pero la hipótesis es interesante y bastante plausible.

Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.

Pasó el receso, terminaron las extraordinarias y a un mes de inicio del período formal de sesiones, el Congreso Nacional sigue adelante en la conformación de comisiones.

Por el lado de Diputados este será un súper martes en el que se integrarán y se dispondrán autoridades de ocho grupos de trabajo, uno de ellos clave. Se trata de Juicio Político que en los dos años y cuatro meses de presidencia de Martín Menem en la Cámara baja no se llegó a conformar y La Libertad Avanza podría reclamar para Lilia Lemoine.

Pero eso será a la tarde, como última reunión del día.

Antes, a las 12.30, está convocada la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.

A las 13.15 será el turno de Comunicaciones e Informática; 45 minutos después, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y, más tarde, Peticiones, Poderes y Reglamento.

A las 15.30 está agendada la cita para otra comisión clave en los proyectos del gobierno nacional: Minería.

Para las 16.15 queda la conformación y elección de autoridades de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

A las 17, llegará el turno de Libertad de Expresión para culminar la jornada, tres cuartos de hora después, con Juicio Político.

Esta comisión tuvo un arranque accidentado y un funcionamiento trunco en abril de 2024, cuando fue electa presidenta Marcela Pagano (entonces integrante de LLA) con el aval, según se aseguraba, del propio titular del Ejecutivo Javier Milei.

Como ya se informó, una orden del presidente de la Cámara, Martín Menem, desconoció el nombramiento luego de argumentar errores en la convocatoria.

Una semana después fracasó el segundo intento por conformar la comisión, una de las más importantes de la Cámara, que se mantuvo hasta ahora en un limbo y que, de acuerdo a la convocatoria oficial, quedará resuelta en la jornada de hoy.

De hecho, para encontrar una reunión concreta hay que ir hacia muy atrás cuando en noviembre de 2023 la comisión, presidida por Ana Gaillard convocaba a debatir el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese momento tenía cuatro integrantes, por mal desempeño de sus funciones.

El calendario de comisiones se retomará el martes 7 de abril a las 15 para constituir Derechos Humanos y Garantías.

Pero el tema no termina aquí. Diputados del interbloque Unidos reiteraron su reclamo a las autoridades de ambas cámaras para que se conformen dos comisiones bicamerales: la Permanente de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Según informa el sitio especializado Parlamentario.com, “desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legislar en materia penal, algo expresamente vedado por la Constitución”, plantean los argumentos del bloque.

El pedido fue cursado al titular de Diputados, Menem y a la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel.

“La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación”, advirtieron los autores del pedido.

Mientras tanto, La Libertad Avanza obtuvo hasta ahora el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias de las comisiones, una cifra que asciende al 57,14% si se suman los cargos en manos de aliados al gobierno nacional.

Pasaron algo más de 10 días desde la conferencia de prensa de la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, en la que advirtió sobre el retiro de la Nación en materia sanitaria, cuestión que se traduce en una mayor exigencia para el sistema público santafesino.

Pasado este tiempo, ¿hubo alguna reacción o respuesta del gobierno nacional? “La respuesta es no”, confirmó la funcionaria en diálogo con El Litoral.

El lunes próximo se realizará una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne autoridades sanitarias de las provincias con sus pares del Ministerio nacional. Pero no se espera que allí se produzcan mayores novedades.

De hecho el temario propuesto por Nación para el encuentro, que se realizará en el primer día hábil de la semana, se esperaba para este viernes a la tarde.

Mientras tanto, ¿cuál es el tema que más preocupa al Ministerio de la provincia?, preguntó El Litoral a Ciancio.

“No se si puedo mencionar un área o un tema. En la conferencia de prensa puntualizamos sobre la falta de previsibilidad que tiene el equipo de gobierno nacional que genera ajustes, recortes o retiros sin previo aviso, sin planificación ni consulta. No existe el ámbito de la consulta y mucho menos de los consensos”, respondió, categórica.

Esa expresión, “falta de previsibilidad” se irá repitiendo a lo largo de la entrevista telefónica y la propia ministra explicará por qué.

Silvia Ciancio, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

- ¿En qué se traduce esa falta de aviso por parte de Nación sobre las medidas que va a tomar?

- Tenemos que ir reorganizándonos a medida que las cosas ocurren sin previo aviso. En una casa, cuando está planificado un gasto o una inversión y, de golpe no llega lo que tiene que llegar, hay un impacto. Pero acá hablamos una imprevisibilidad que tiene que ver con un área más sensible y de mayores precios.

No es lo mismo comprar medicamentos esenciales que aquellos destinados a tratamientos oncológicos o inmunodepresores. Estamos hablando de cifras muy grandes. Además, hay que entender que las compras por parte del Estado se hacen por licitaciones públicas y es ahí cuando los tiempos no cierran.

La provincia de Santa Fe, sin saber que esta situación se iba a profundizar, decidió ya en 2024 que teníamos que generar otra herramienta como la de compras centralizadas. Esa decisión nos encuentra este año más ágiles en este sentido, con experiencia en un mecanismo que nunca se había utilizado en el Ministerio. Es una decisión que amortigua la imprevisibilidad de Nación.

Con esto no quiero decir que la inversión sea poca, sino que podemos comprar mejor.

La provincia advirtió que Nación no entregó ningún preservativo durante el año 2025 Foto: Archivo.

- Una falla de cálculo para una inversión doméstica tiene un efecto concreto, pero en este caso estamos hablando de vidas humanas.

- Por eso, cuando vimos que este año el panorama era peor volvimos a hablar con el gobernador (Maxiiliano Pullaro) y el compromiso fue que no iban a faltar medicamentos en la provincia. Es una decisión política. En una provincia tan grande y compleja, fuimos aceitando los mecanismos y acertamos, hace dos años, cuando pensamos en un operador logístico: a partir de abril vamos a hacer más efectivo ese traslado.

Además, tiene una planta de reserva con las condiciones para preservar la trazabilidad de los medicamentos.

Fuimos haciendo cosas que correspondían, pero si el gobierno nacional no estuviera tomando estas decisiones, nosotros íbamos a seguir con el programa Remediar, porque es efectivo y emblemático.

Para quienes estamos desde hace mucho en centros de salud, cuando llegaba la caja Remediar era una alegría porque siempre tuvo una muy buena calidad de medicamentos. Y representaba tener en la mano el insumo requerido para completar un proceso de atención.

Hoy todo eso se terminó, perdimos esa lógica y lo que estamos intentando recuperar es que el equipo de salud tenga esa previsibilidad y el gobierno pueda sortear ese obstáculo para entregar esa caja con celeridad.

- ¿Una parte de esos medicamentos se elaboran en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)?

- Algunos si y otros no. Con respecto al LIF, tuvimos un doble perjuicio porque siempre fue proveedor del Remediar y ahora dejó de serlo. Estamos en un esquema de revisión de la producción del Laboratorio y puede ser que otras provincias necesiten comprar su producción. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones que está comprando medicamentos; tenemos muchos oferentes con buenos precios.

La compra de 195 medicamentos esenciales fue por 17 mil millones de pesos y logramos un ahorro del 93 % con este mecanismo.

Pero nuestro objetivo es ser propositivos y contar que la provincia está trabajando para que no falten medicamentos ni atención a afiliados del Pami.

- ¿Es alto el porcentaje de personas de la obra social nacional que se atienden en el sistema público provincial?

- Tenemos relevado el año 2025 y de las 13 millones y medio de atenciones que tuvimos, el 72 % es de personas que no tienen cobertura de obra social o prepaga. El 28 % si la tienen, pero cuando analizamos esa cifra, el 25,2 % corresponde a afiliados al Pami.

Crece la atención de afiliados al PAMI en centros de salud de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

En su gran mayoría, son personas con tratamientos crónicos que retiran la medicación en el centro de salud del hospital porque no la llegan a comprar.

Preguntabas si hubo alguna reacción del gobierno nacional y la respuesta es no. El lunes tenemos reunión de COFESA que se realiza regularmente una vez por mes. Pero son ámbitos donde se discuten temas repetitivos y sin gran trascendencia en la gestión: hace seis meses que estamos hablando de dengue, cuando hoy no es un problema prioritario.

Entonces, las discusiones que intentamos dar algunos de los ministros, siempre en un marco de respeto, quedan sin respuesta. Y hay algo de la no respuesta que es un modo de gobernar, es dejar que pase el tiempo.

Pero cuando un paciente de Pami requiere atención de urgencia, o un paciente necesita un medicamento de alto precio no se le puede decir “vamos a esperar”. Lo tenemos que resolver porque, además, en la nueva Constitución de Santa Fe, tenemos claro el derecho a la salud.

- Otro de los temas que llaman la atención es el retiro en la entrega de preservativos por parte de Nación, justo cuando preocupa en el país el aumento de casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Parece una definición política.

- Es una definición política, no tengo duda. Más allá de que se camuflen en un ministro que no hace declaraciones, como el tema de las residencias médicas que quedaron a cargo de las provincias, nunca hubo algo por escrito.

Con respecto a los insumos de salud sexual venimos con problemas de entrega desde 2023, pero en 2025 fue categórico: no recibimos ningún preservativo. Eso marca la falta de un programa de salud.

Creo que hay un desmantelamiento de los programas históricos, que seguramente había que revisar pero no desarmar.

En la provincia nunca dudamos en comprar más preservativos; no podemos retroceder en esto. Tuvimos un “bache” porque no nos avisaron desde Nación que dejarían de enviar pero compramos 3 millones de unidades en 2024 y más de 2 millones en 2025; y logramos la estabilidad de un insumo elemental. Por eso podemos decir que en Santa Fe bajaron los casos de sífilis cuando aumentaron en el país y en el mundo.

- ¿La provisión de vacunas antigripales está garantizada?

- Tuvimos una alta adherencia en la primera semana de campaña y ahí volvemos al principio: el 30 % de ese total de vacunas se la colocó a mayores de 65 años porque no estaban disponibles por Pami. (N.de la R. El Pami anunció este viernes que la campaña comenzará el lunes 30 de marzo).

Ahora nos están avisando por correo que van a llegar más, pero a la persona mayor de 65 que, en su gran mayoría, tiene factores de riesgo, la vacunamos. Después vemos como recuperamos esas dosis.

- Nación adelantó la campaña de vacunación antigripal, parece un contrasentido que no envíe las dosis.

- Creemos que es un modo de gobernar casi a espaldas de la gente, sin sensibilidad. Se habla de la falta de mantenimiento de las rutas que es muy grave, pero también es complejo el tema Discapacidad y vemos cómo Nación e va corriendo de áreas, incluso algunas que tienen sus propios marcos legales.

Acá hay una decisión del gobernador y la provincia, con mucho esfuerzo, tiene con qué dar respuesta. Pero hay otras a las que estos recortes les puede implicar el cierre de centros de salud.

En las últimas horas y mientras se desarrollaba la primera jornada de audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares, se conoció un proyecto de convocatoria a consulta popular vinculante y obligatoria, cuya autoría encabeza el diputado nacional de UxP Diego Giuliano junto a su par Caren Tepp, ambos santafesinos. La consulta, cuya modalidad está prevista en el artículo 40° de la Constitución Nacional (luego de la reforma de 1994) y la Ley 25.432, se realizará a través de la siguiente pregunta: “Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”

La respuesta deberá ser por “SI” o por “NO”. Para su realización la modalidad deberá tener la aprobación de ambas cámaras: Diputados y Senadores.

El proyecto lleva también la firma de Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel,Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.

Entre los argumentos, los legisladores de la oposición destacan que la convocatoria a audiencia pública que se decidiera en el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y conservación del Ambiente Humano, “registró una evolución extraordinaria en la cantidad de inscriptos (más de 100 mil), evidenciando un nivel de participación social sin precedentes en el ámbito parlamentario argentino”.

La audiencia se desarrolla previo al dictamen que se llevará al recinto una vez que se defina fecha de sesión. La modificación de la ley ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

“La magnitud de la convocatoria obligó a las comisiones intervinientes a reorganizar el esquema de la audiencia pública, incorporando modalidades de exposición presenciales, virtuales y presentaciones escritas, a fin de canalizar el volumen de intervenciones, lo que desnaturaliza, minimiza o debilita la participación ciudadana si no se logra materializarla en la práctica”, argumentan.

Como se informó oportunamente, el plenario de comisiones habilitó dos jornadas de exposición. La primera se cumplió de manera presencial el miércoles y la segunda el jueves con presentaciones de manera virtual. A ese esquema se llegó luego de poner un límite a la cantidad de participantes y el tiempo de exposición.

Sin embargo, si se diera participación a todos los inscriptos se requerirían varios meses de debate.

“Cuando una iniciativa legislativa convoca a decenas de miles de ciudadanos a participar activamente del proceso deliberativo, se configura una situación excepcional que justifica la utilización de mecanismos de democracia semidirecta”. Allí es cuando aparece, en opinión de los legisladores, la opción de la consulta popular vinculante.

Más adelante, explican los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar y desarrollan la importancia de estas masas de hielo que operan como reservorios de agua dulce, fundamental para el desarrollo de la vida humana, la energía y la producción, no solo en la provincia o región en que se ubican sino en un territorio mucho más amplio.

Eso explica que, entre los inscriptos para participar en la audiencia pública, se cuenten referentes de provincias donde no hay glaciares pero sienten sus efectos porque, por ejemplo, en época de deshielo alimentan los caudales de sus ríos. Muchos de los testimonios escuchados en la primera jornada desarrollaron csos concretos de esos efectos.

Precisamente, los autores argumentan que “la preservación de los glaciares posee una dimensión federal que trasciende los intereses particulares de cada jurisdicción”.

“La participación ciudadana no constituye un elemento accesorio del derecho ambiental, sino una condición necesaria para la legitimidad democrática de las decisiones públicas que puedan afectar bienes naturales de carácter colectivo”, añaden.

“En el caso de los glaciares y del ambiente periglacial, la participación adquiere una importancia aún mayor debido a la naturaleza estratégica de los recursos involucrados", sostienen.

En consecuencia, "las decisiones sobre su protección o eventual explotación deben adoptarse con el mayor grado posible de deliberación pública”, sostienen los fundamentos que mencionan documentos que avalan esta posición. Entre ellos, el Acuerdo de Escazú, al que adhirió nuestro país si bien su aplicación efectiva para este caso fue cuestionada por varios participantes en la audiencia pública.

Cuando se trata de decidir sobre recursos naturales estratégicos, sobre el acceso al agua y sobre el equilibrio ambiental de las próximas décadas, la participación del pueblo no constituye una concesión política sino una exigencia propia del constitucionalismo democrático contemporáneo”. Sobre todo, advierten, “cuando se trata del sistema glaciar argentino que forma parte del patrimonio natural común de la Nación”.

El jefe de Gabinete de ministros y ex vocero presidencial Manuel Adorni volverá a ocupar este miércoles un atril en la sala reservada a periodistas acreditados de Casa Rosada.

Será para ofrecer una conferencia de prensa en la que, como la actividad lo establece, responderá preguntas. Se descuenta que varias de ellas estarán orientadas a dos viajes y una vivienda.

Los viajes son los que realizó a Nueva York en el avión presidencial para integrar la comitiva que acompañó al mandatario Javier Milei al “Argentina Week”, pero con un detalle que no pasó inadvertido: a la aeronave oficial se subió también su esposa.

“Fue una pésima decisión, no un delito”, dijo el funcionario al regresar al país, donde lamentó la expresión utilizada para calificar su trabajo en el marcod e la delegación. Adorni dijo que iba a “deslomarse” una semana a Nueva York, una expresión cuanto menos desafortunada si se tiene en cuenta que casi en simultáneo e conocieron los datos que elevan el número de personas sin empleo.

El tema no pasó inadvertido, sobre todo para quienes día tras día escucharon durante meses al ex vocero cuestionar a la “casta” y advertir que este gobierno no admitiría privilegios.

Con el viaje al país del norte aún en agenda, se conoció que el Jefe de Gabinete había viajado con su familia en un avión privado a Punta del Este (Uruguay) para el feriado largo de Carnaval. Por la travesía habría pagado alrededor de 4 mil dólares, solo de ida.

De esta salida se supo a partir de un video grabado en el mismo aeropuerto de San Fernando que se difundió a la prensa en los últimos días.

Para completar, se difundieron imágenes de una casa de dos pisos ubicada en un country del partido de Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires) a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti que, por lo que se sabe, no figuraba en su última declaración jurada.

Se verá cuántas preguntas se habilitan, qué documentación presenta Adorni y qué otros temas de la agenda de un gobierno que busca recuperar la centralidad luego de este y otros disgustos, alcanza a desarrollar el Jefe de Gabinete.

Igual, el ex vocero deberá concurrir al Congreso para dar su informe anual en abril (iba a ser en marzo). Allí ya tiene varios pedidos de interpelación por esta y otras causas como $Libra, además de expedientes en trámite en ámbito judicial.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente al mes de marzo de 2026.

El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

En marzo, el ICG fue de 2,30 puntos. En relación con febrero, registró una variación de -3,5% y, en términos interanuales, de -4,9%.

Comparado con igual punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de marzo supera ampliamente al registrado durante la de Alberto Fernández (marzo de 2022; ICG = 1,51; +52,6%) y se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri (marzo de 2018; ICG = 2,32; -0,9%).

En lo que va de 2026, el ICG acumula tres caídas consecutivas, enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), con una contracción acumulada de 6,5% desde el fin del año pasado.

El índice que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella viene registrando una caída en el Índice de confianza en el Gobierno. Foto: Archivo.

En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones.

Respecto de febrero, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, “Honestidad” continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y “Capacidad” lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica “Eficiencia”, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%).

Por último, la “Evaluación general” del gobierno (1,98; -9,2%) y la “Preocupación por el interés general” (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes.

En síntesis, cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción.

En marzo, la brecha de género se amplía de manera notoria respecto de los meses anteriores: mientras los hombres registran 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres descienden a 1,93 (-8,5%), lo que arroja una diferencia de 0,67 puntos entre ambos grupos.

En marzo, el Índice de Confianza en el Gobierno fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplía respecto de meses anteriores. Foto: Archivo.

A diferencia de lo registrado en meses anteriores, el ICG de marzo fue mayor en el segmento conformado por personas de entre 30 y 49 años (2,33; +9,4%). Le sigue el grupo integrado por personas mayores de 50 años (2,29; -7,3%).

Por último, el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años registra la contracción más pronunciada del mes (-25,8%), cayendo a 2,22 puntos y cediendo el liderazgo que había mantenido desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En el plano geográfico, el ICG volvió a registrar su mayor valor entre quienes residen en el interior (2,52; -3,1%). En el AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 2,12 (+1,0%), manteniéndose por encima de los del GBA (1,92; -5,9%), que registran la caída más marcada entre las tres zonas.

El ICG de marzo fue mayor entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria (2,40; -0,4%). Le siguen quienes completaron el nivel secundario (2,26; -11,7%) y, por último, el segmento con instrucción primaria (1,67; +7,1%), único con variación positiva en el mes.

En línea con lo registrado en meses anteriores, el ICG de marzo fue mayor entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,44; -2,4%), que entre quienes dicen haber sido víctimas (1,86; -7,0%).

Al igual que en meses anteriores, en marzo el ICG fue considerablemente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,18; -2,8%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,88; +7,1%) o que empeorará (0,50; +16,3%).