Alrededor de 5 millones de personas presentan mora de más de tres meses en el pago de sus deudas con tarjeta de crédito bancarias o billeteras virtuales, además de otras modalidades informales que no figuran en registros oficiales.

Desde personas mayores que se atrasan en el pago de servicios y medicamentos, hasta solicitudes para las compras en el supermercado, las cuotas de colegios y tarifas, las razones por las que se contraen deudas son variadas pero no atañen, como ocurría una década atrás, a la compra o refacción de un inmueble o de un vehículo.

Son préstamos que se piden para pagar gastos corrientes o para cancelar otras deudas; situación que se convierte en una “bola de nieve”, tal como se advirtió en la reunión convocada este miércoles por la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

La mayoría de los expositores advirtieron la facilidad de acceso a créditos a través de billeteras virtuales y la falta de control sobre la capacidad de pago de los solicitantes. Foto: Archivo

El tema está en la agenda pública desde hace meses, y dio lugar a varias iniciativas, incluso en la provincia donde, en conjunto con el Banco de Santa Fe, se avanza en una línea de crédito para sanear las deudas de agentes del sector público. La propuesta se podría extender a trabajadores del sector privado.

En la provincia de Corrientes, el gobierno junto al Banco oficial anunciaron un programa que va en esa línea, aunque opera a dos puntas: Corrientes Sostiene Familias destinado a las economías domésticas, y Corrientes Sostiene Empresas, para aliviar la situación del sector productivo.

En Diputados hay 18 proyectos en espera de tratamiento. Varios tienen autoría de legisladores con mandato cumplido.

La convocatoria de la Cámara baja fue para escuchar la opinión de varios expositores. La propuesta partió de la oposición que preside la comisión en la figura de Hugo Yasky (UxP).

También participaron integrantes de la Cámara que, con variantes, impulsan sus propios proyectos, como Marcela Pagano (Coherencia), Andrea Freites (UxP), Kelly Olmos (UxP) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

A lo largo de un par de horas se escucharon presentaciones con algunos puntos en común: “La gente tiene voluntad de pago”, “Los bajos salarios conspiran con el cumplimiento de las obligaciones financieras”, “Hay formas de tomar crédito que están fuera del radar de los controles oficiales”, “El endeudamiento dejó de ser un tema individual para convertirse en un conflicto social” y “En algunos casos se registran prácticas abusivas de cobranza”.

La reunión comenzó con la presentación de la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en su reunión del último miércoles. Foto: Cámara de Diputados.

El Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”.

Desde Rosario y vía zoom, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. Además, graficó que en época de pandemia había “entre 25 y 30 billeteras virtuales y ahora son 80 aprobadas por el BCRA”. A este panorama se sumó la novedad de “financieras online de origen mejicano”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió que “a finales de 2023 la morosidad según el BCRA era del 2,7 % del total de deudores (574 mil sobre 20 millones de personas) y en febrero de 2026 fue del 11,2 %: son 4,8 millones de consumidores con deuda financiera”.

La contadora pública y funcionaria de la Municipalidad de Hurlingham, Alejandra Fernández Scarano, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

A su turno, Gabriel Martínez Medrano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), expuso sobre el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. Y aportó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó “la solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”.

Antes de concluir la reunión se acordó hacer una nueva convocatoria para que el resto de los bloques que integran la comisión, incluso el oficialismo en manos de La Libertad Avanza, sumen más expositores.

Mientras tanto, también hay proyectos en el Senado que abordan el sobreendeudamiento. Uno de ellos es del santafesino Marcelo Lewandowski quien impulsa la regulación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Aunque, a la vez, reclamó que no fueron conformadas las comisiones a las que fue girado el texto.

“Hemos recibido llamados, mails y consultas de familias endeudadas; es una realidad que no le escapa a nadie”, dijo el senador en la última sesión de la Cámara alta celebrada el 9 de abril.

El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a marzo de 2026, que registró un valor de 54.

Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. Este aumento constituye un dato negativo ya que la incertidumbre está asociada a conductas defensivas, menores niveles de actividad y mayor volatilidad.

El Índice de incertidumbre económica medido por la UCA está asociado a menor actividad y conductas defensivas. El nivel récord se alcanzó a fines de 2023. Foto: Archivo

Dirigido por J. Daniel Aromí, este indicador resume las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube.

Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía.

Como se dijo, en marzo, el índice que mide la incertidumbre se ubicó en 54.

En promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 vinculadas con incertidumbre.

El dato del tercer mes del año confirma la suba observada en febrero.

Luego de los registros de diciembre de 2025 (49,6) y enero de 2026 (49,7), que habían marcado un descenso por debajo de la barrera de las 50 menciones, el indicador volvió a aumentar en febrero (53,3) y se ubicó en marzo en 54.

Índice de incertidumbre económica según datos relevados por la Universidad Católica Argentina desde marzo de 2021. Fuente: UCA

De este modo, el último dato disponible consolida un nivel algo más alto que el observado a fines del año pasado y comienzos de 2026, aunque todavía por debajo de varios registros de 2024 y de algunos meses de 2025.

Desde una perspectiva de más largo plazo, el nivel de marzo no luce especialmente elevado frente a los picos recientes de la serie (noviembre 2023), pero sí indica que la moderación observada hacia fines de 2025 fue parcial y de corta duración.

El indicador todavía se ubica en niveles elevados en términos históricos (el valor promedio 2015 fue de 37,5).

Al examinar en detalle estos resultados, la UCA concluye en que se identificaron las preocupaciones que disparan este tipo de expresiones.

Los temas que lideraron la discusión pública en marzo, de la mano de la actividad legislativa y política, y los índices del INDEC. Fuente: UCA.

Para ello, se utilizaron grandes modelos de lenguaje para clasificar los mensajes que expresan incertidumbre económica.

Estas son las principales observaciones sobre las preocupaciones manifestadas en los últimos meses:

-En marzo de 2026, la composición de los temas que explican la incertidumbre económica muestra cambios respecto de enero, con un aumento del peso de la categoría política como tema más mencionado (31%). Este resultado está en línea con la intensa actividad legislativa de los últimos meses.

-También contribuyeron al debate público algunas discusiones vinculadas a la gestión de funcionarios del Ejecutivo.

-La categoría trabajo alcanzó 21% en marzo, manteniéndose elevada en relación con meses previos. Analizando la evolución en el último bimestre, se observó un aumento del peso relativo de este tema durante las semanas en las que se llevó adelante el debate en torno a la Ley de Modernización Laboral, que concentró gran parte de la discusión pública durante febrero.

-La categoría inestabilidad económica se ubica en 22%, por debajo de los valores de enero. Los datos semanales de febrero permiten suponer que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y la postergación del nuevo IPC generaron un pico de interés sobre esta temática en inicios de febrero, que luego se fue disipando a lo largo del mes de marzo.

-La categoría pobreza recuperó peso, alcanzando 19,7% en marzo, lo que es consistente con la publicación del dato oficial del Indec a fin de ese mes.

En conjunto, la estructura de marzo refleja una agenda pública marcada por la reforma del mercado de trabajo y los debates institucionales de febrero, que fueron cediendo protagonismo a lo largo del bimestre frente a las discusiones políticas y la publicación del dato de pobreza hacia el cierre del período.

El 31 de marzo fue una jornada intensa en Diputados de la Nación. Ese día, antes del feriado del 2 de abril y de Semana Santa, quedaron conformadas 8 de las 46 comisiones permanentes que tiene la Cámara baja. Una de ellas fue la de Libertad de Expresión.

Este grupo de trabajo, que fijó día y hora de reunión para los jueves a las 10, está presidida, como la mayoría, por La Libertad Avanza. En este caso, el lugar recayó en Guillermo Montenegro (Buenos Aires).

Como vicepresidente 1° fue electo Nicolás Trotta (UxP) y como vice 2° la mendocina Lourdes Arrieta, en representación del interbloque Unidos.

"Esta comisión es una de las más importantes en este momento de la Argentina donde la libertad de expresión es algo que debemos garantizar. Desde este lugar tenemos que defender nuestra Constitución, los tratados internacionales y, sobre todo, a las personas que no tienen voz y necesitan ser escuchadas", arrancó Montenegro que transmitió su compromiso por llevar adelante esta consigna.

Los jueves a las 10 será la cita de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

A su turno, Trotta, ex ministro de Educación de la Nación, fue un poco más allá y aclaró que la comisión "no tiene por finalidad proteger a los periodistas sino a la ciudadanía para que exista la posibilidad de informarse sin interferencias, intimidaciones ni censura".

En ese punto, aludió al reglamento de la comisión que prevé "bregar por el respeto y la seguridad de quienes informan". Fue entonces cuando propuso una "breve agenda de trabajo" que contempla el compromiso para que "no se genere una criminalización del derecho de opinión".

Esto se planteó en el marco de la preocupación expresada por Adepa y otras organizaciones que nuclean a medios del país acerca de una posible modificación en el Código Penal para criminalizar el derecho a opinar.

"Tenemos que estar atentos para que nos se generen instancias que impliquen silenciar al periodismo en la Argentina", sostuvo el legislador.

Además, pidió poner el foco en los "ataques e intimidaciones al periodismo".

En este punto, repasó el resultado del Monitoreo de Libertad de Expresión que lleva adelante Fopea y establece que en el año 2023 hubo 116 casos de embates en la Argentina y 179 un año después, lo que supone un incremento del 54 % interanual.

En 2025 la situación se agravó: fueron 278 casos. Entre uno y otro hubo un llamativo aumento de "agresiones directas en cabeza del Presidente de la Nación": 52 casos en 2024 y 119 al año siguiente, lo que representó el 55 % del total.

Los hechos tuvieron como destinatarios a numerosos periodistas de una gran variedad de medios.

En 2025, "se sumó la novedad de una Oficina de Respuesta Oficial", que despertó el alerta en entidades, entre otras Adepa, que salieron a advertir que el Estado no se puede convertir en árbitro de la verdad pública "porque vigilar, restringir y discriminar no permite llevar adelante una agenda que tenga a la libertad de expresión como valor central de nuestra democracia".

"La censura moderna no es prohibir: es intimidar", continuó argumentando el diputado para concluir en que la comisión "debe funcionar para proteger el derecho público a la información como base para nuestra democracia".

El integrante de LLA Guillermo Montenegro (centro) preside Libertad de Expresión junto a Nicolás Trotta (UxP) y Lourdes Arrieta (Unidos).

Luego, fue Arrieta quien llevó al grupo de trabajo la preocupación por el mensaje que por estos tiempos llega a las generaciones más jóvenes.

"Es cierto que hay atentados en contra de aquellos que opinan diferente pero también hay mucha censura en redes sociales, sobre todo a los jóvenes a quienes les hace daño", apuntó para focalizar en un tema complejo como es el bullying que se propaga a través de esas herramientas digitales.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el martes que el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025 fue del 28,2 %.

Era un dato esperado por el gobierno, que celebró la baja del indicador respecto del mismo período de 2024 (31,8 %), y por analistas que aguardaban conocer qué impacto tendrían las últimas (malas) noticias en materia de empleo, industria y consumo en este porcentaje.

Sin margen para celebrar ni para especular, lo cierto es que 13,5 millones de personas son pobres en la Argentina, y 3 millones están en situación de indigencia.

Apenas difundido el dato oficial, se conoció la opinión del Observatorio Social de la Deuda Argentina (UCA) que viene analizando desde hace más de dos décadas temas como la desintegración social, el consumo problemático, la salud mental y, como materia central, la pobreza pero en una dimensión integral, no solo medida por ingresos.

Este enfoque es importante para entender por qué el porcentaje de pobreza baja en un escenario de menor inflación pero una alta complejidad que se replica en cierre de empresas, suspensión o despido de personal, endeudamiento, menor consumo y bajos salarios.

- ¿Qué lectura hace el Observatorio de los últimos datos de pobreza difundidos por el Indec?

- Los datos marcan un descenso de la pobreza, esperable en función de los niveles de inflación y los datos parciales que estaban disponibles. Un descenso de la pobreza medida por los ingresos de los hogares se explica por la moderación de la tasa de inflación que fue importante en los años 2024-2025, en relación con 2023 y principios del año siguiente. Cuando la pobreza se mide por ingresos, este dato tiene un impacto.

Pero es importante matizar esta percepción en función de observaciones que se vienen haciendo desde el ámbito técnico, tanto del Observatorio como de otros institutos y especialistas en tema de estadísticas socio económicas, y están asociadas a la falta de actualización de la canasta según las encuestas de gastos de los hogares.

Esta desactualización genera una menor ponderación de un conjunto de componentes asociados a los servicios que, desde 2004 a la actualidad cambiaron mucho, por lo cual hay ejercicios que establecen que con esa actualización de la canasta, la pobreza hubiese bajado pero no en la dimensión que lo estamos viendo.

- ¿Cómo se explica una baja del porcentaje de pobreza en un contexto de caída de consumo, de actividad y de empleo?

- Podemos asociar a este elemento que tiene que ver con el impacto de los servicios y la reestructuración del sistema de precios relativos que tuvo lugar en los últimos años: transporte, educación, salud, comunicación y otros que tendieron a un incremento más importante.

Uno de los efectos que genera es sobre la capacidad de consumo de los hogares que se tuvo que modificar porque hay una parte más importante del presupuesto familiar destinado a estos rubros.

Esta situación impacta sobre los sectores medio y medio-bajo de la población que son los que sienten los efectos del ajuste en los últimos años.

Entonces, a la hora de explicar por qué si la pobreza baja, el consumo no repunta, hay que tener en cuenta que existen sectores de la clase media que no pasaron a ser pobres pero se han empobrecido. Y pobres que salieron de esa situación pero a quienes, paradójicamente, el dinero no les alcanza para mejorar sus niveles de consumo.

- La Odsa insiste en que la Argentina tiene un piso pobreza que ronda el 30 %. ¿Tendríamos que “resignarnos” a esta cifra o hay manera de revertirla?

- Es un nivel que cuesta superar y se explica desde el Odsa en función de la estructura social y económica, en particular en lo que tiene que ver con el empleo.

Hay un mercado de trabajo segmentado que genera oportunidades laborales y de ingresos buenos de manera muy limitada. Esto se traduce en que el 50 % de la población tiene actividades laborales dentro del sector informal o precario con ingresos que, en términos generales, son más bajos que los registrados, con más inestabilidad y menos protección social.

Después, si tomamos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida, hay un conjunto de cuestiones que no son captadas por una medición como la de pobreza que toma solamente los ingresos de los hogares, pero que están relacionados con las condiciones de bienestar: el acceso a vivienda, educación, servicios, empleo.

Estos indicadores manifiestan una fuerte desigualdad: hay sectores de la población que no solamente tienen ingresos bajos que no permiten cubrir los gastos del hogar, sino que también tienen condiciones de vida que no alcanzan a sostener niveles mínimos de bienestar y dignidad en función de los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución Nacional y otros tratados internacionales.

- De ese dato de pobreza, ¿se puede inferir cuánto corresponde a nuevos pobres, y, por lo tanto, cuántos ya están, incluso, por debajo de ese indicador?

- Lamentablemente con los medios que tenemos no lo podemos establecer. Es una hipótesis que vale la pena investigar y tiene que ver con el empobrecimiento de los sectores medios, que podría ser analizado más allá del umbral mínimo de subsistencia. Basta con ver el nivel de la canasta básica total y evaluar en qué medida esos ingresos alanzan para tener condiciones de vida razonables.

En ese sentido es difícil estimarlo en función de que se necesitan investigaciones en las que no se ha avanzado. Pero la hipótesis es interesante y bastante plausible.

Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.

Pasó el receso, terminaron las extraordinarias y a un mes de inicio del período formal de sesiones, el Congreso Nacional sigue adelante en la conformación de comisiones.

Por el lado de Diputados este será un súper martes en el que se integrarán y se dispondrán autoridades de ocho grupos de trabajo, uno de ellos clave. Se trata de Juicio Político que en los dos años y cuatro meses de presidencia de Martín Menem en la Cámara baja no se llegó a conformar y La Libertad Avanza podría reclamar para Lilia Lemoine.

Pero eso será a la tarde, como última reunión del día.

Antes, a las 12.30, está convocada la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.

A las 13.15 será el turno de Comunicaciones e Informática; 45 minutos después, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y, más tarde, Peticiones, Poderes y Reglamento.

A las 15.30 está agendada la cita para otra comisión clave en los proyectos del gobierno nacional: Minería.

Para las 16.15 queda la conformación y elección de autoridades de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

A las 17, llegará el turno de Libertad de Expresión para culminar la jornada, tres cuartos de hora después, con Juicio Político.

Esta comisión tuvo un arranque accidentado y un funcionamiento trunco en abril de 2024, cuando fue electa presidenta Marcela Pagano (entonces integrante de LLA) con el aval, según se aseguraba, del propio titular del Ejecutivo Javier Milei.

Como ya se informó, una orden del presidente de la Cámara, Martín Menem, desconoció el nombramiento luego de argumentar errores en la convocatoria.

Una semana después fracasó el segundo intento por conformar la comisión, una de las más importantes de la Cámara, que se mantuvo hasta ahora en un limbo y que, de acuerdo a la convocatoria oficial, quedará resuelta en la jornada de hoy.

De hecho, para encontrar una reunión concreta hay que ir hacia muy atrás cuando en noviembre de 2023 la comisión, presidida por Ana Gaillard convocaba a debatir el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese momento tenía cuatro integrantes, por mal desempeño de sus funciones.

El calendario de comisiones se retomará el martes 7 de abril a las 15 para constituir Derechos Humanos y Garantías.

Pero el tema no termina aquí. Diputados del interbloque Unidos reiteraron su reclamo a las autoridades de ambas cámaras para que se conformen dos comisiones bicamerales: la Permanente de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Según informa el sitio especializado Parlamentario.com, “desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legislar en materia penal, algo expresamente vedado por la Constitución”, plantean los argumentos del bloque.

El pedido fue cursado al titular de Diputados, Menem y a la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel.

“La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación”, advirtieron los autores del pedido.

Mientras tanto, La Libertad Avanza obtuvo hasta ahora el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias de las comisiones, una cifra que asciende al 57,14% si se suman los cargos en manos de aliados al gobierno nacional.

Pasaron algo más de 10 días desde la conferencia de prensa de la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, en la que advirtió sobre el retiro de la Nación en materia sanitaria, cuestión que se traduce en una mayor exigencia para el sistema público santafesino.

Pasado este tiempo, ¿hubo alguna reacción o respuesta del gobierno nacional? “La respuesta es no”, confirmó la funcionaria en diálogo con El Litoral.

El lunes próximo se realizará una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne autoridades sanitarias de las provincias con sus pares del Ministerio nacional. Pero no se espera que allí se produzcan mayores novedades.

De hecho el temario propuesto por Nación para el encuentro, que se realizará en el primer día hábil de la semana, se esperaba para este viernes a la tarde.

Mientras tanto, ¿cuál es el tema que más preocupa al Ministerio de la provincia?, preguntó El Litoral a Ciancio.

“No se si puedo mencionar un área o un tema. En la conferencia de prensa puntualizamos sobre la falta de previsibilidad que tiene el equipo de gobierno nacional que genera ajustes, recortes o retiros sin previo aviso, sin planificación ni consulta. No existe el ámbito de la consulta y mucho menos de los consensos”, respondió, categórica.

Esa expresión, “falta de previsibilidad” se irá repitiendo a lo largo de la entrevista telefónica y la propia ministra explicará por qué.

Silvia Ciancio, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

- ¿En qué se traduce esa falta de aviso por parte de Nación sobre las medidas que va a tomar?

- Tenemos que ir reorganizándonos a medida que las cosas ocurren sin previo aviso. En una casa, cuando está planificado un gasto o una inversión y, de golpe no llega lo que tiene que llegar, hay un impacto. Pero acá hablamos una imprevisibilidad que tiene que ver con un área más sensible y de mayores precios.

No es lo mismo comprar medicamentos esenciales que aquellos destinados a tratamientos oncológicos o inmunodepresores. Estamos hablando de cifras muy grandes. Además, hay que entender que las compras por parte del Estado se hacen por licitaciones públicas y es ahí cuando los tiempos no cierran.

La provincia de Santa Fe, sin saber que esta situación se iba a profundizar, decidió ya en 2024 que teníamos que generar otra herramienta como la de compras centralizadas. Esa decisión nos encuentra este año más ágiles en este sentido, con experiencia en un mecanismo que nunca se había utilizado en el Ministerio. Es una decisión que amortigua la imprevisibilidad de Nación.

Con esto no quiero decir que la inversión sea poca, sino que podemos comprar mejor.

La provincia advirtió que Nación no entregó ningún preservativo durante el año 2025 Foto: Archivo.

- Una falla de cálculo para una inversión doméstica tiene un efecto concreto, pero en este caso estamos hablando de vidas humanas.

- Por eso, cuando vimos que este año el panorama era peor volvimos a hablar con el gobernador (Maxiiliano Pullaro) y el compromiso fue que no iban a faltar medicamentos en la provincia. Es una decisión política. En una provincia tan grande y compleja, fuimos aceitando los mecanismos y acertamos, hace dos años, cuando pensamos en un operador logístico: a partir de abril vamos a hacer más efectivo ese traslado.

Además, tiene una planta de reserva con las condiciones para preservar la trazabilidad de los medicamentos.

Fuimos haciendo cosas que correspondían, pero si el gobierno nacional no estuviera tomando estas decisiones, nosotros íbamos a seguir con el programa Remediar, porque es efectivo y emblemático.

Para quienes estamos desde hace mucho en centros de salud, cuando llegaba la caja Remediar era una alegría porque siempre tuvo una muy buena calidad de medicamentos. Y representaba tener en la mano el insumo requerido para completar un proceso de atención.

Hoy todo eso se terminó, perdimos esa lógica y lo que estamos intentando recuperar es que el equipo de salud tenga esa previsibilidad y el gobierno pueda sortear ese obstáculo para entregar esa caja con celeridad.

- ¿Una parte de esos medicamentos se elaboran en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)?

- Algunos si y otros no. Con respecto al LIF, tuvimos un doble perjuicio porque siempre fue proveedor del Remediar y ahora dejó de serlo. Estamos en un esquema de revisión de la producción del Laboratorio y puede ser que otras provincias necesiten comprar su producción. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones que está comprando medicamentos; tenemos muchos oferentes con buenos precios.

La compra de 195 medicamentos esenciales fue por 17 mil millones de pesos y logramos un ahorro del 93 % con este mecanismo.

Pero nuestro objetivo es ser propositivos y contar que la provincia está trabajando para que no falten medicamentos ni atención a afiliados del Pami.

- ¿Es alto el porcentaje de personas de la obra social nacional que se atienden en el sistema público provincial?

- Tenemos relevado el año 2025 y de las 13 millones y medio de atenciones que tuvimos, el 72 % es de personas que no tienen cobertura de obra social o prepaga. El 28 % si la tienen, pero cuando analizamos esa cifra, el 25,2 % corresponde a afiliados al Pami.

Crece la atención de afiliados al PAMI en centros de salud de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

En su gran mayoría, son personas con tratamientos crónicos que retiran la medicación en el centro de salud del hospital porque no la llegan a comprar.

Preguntabas si hubo alguna reacción del gobierno nacional y la respuesta es no. El lunes tenemos reunión de COFESA que se realiza regularmente una vez por mes. Pero son ámbitos donde se discuten temas repetitivos y sin gran trascendencia en la gestión: hace seis meses que estamos hablando de dengue, cuando hoy no es un problema prioritario.

Entonces, las discusiones que intentamos dar algunos de los ministros, siempre en un marco de respeto, quedan sin respuesta. Y hay algo de la no respuesta que es un modo de gobernar, es dejar que pase el tiempo.

Pero cuando un paciente de Pami requiere atención de urgencia, o un paciente necesita un medicamento de alto precio no se le puede decir “vamos a esperar”. Lo tenemos que resolver porque, además, en la nueva Constitución de Santa Fe, tenemos claro el derecho a la salud.

- Otro de los temas que llaman la atención es el retiro en la entrega de preservativos por parte de Nación, justo cuando preocupa en el país el aumento de casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Parece una definición política.

- Es una definición política, no tengo duda. Más allá de que se camuflen en un ministro que no hace declaraciones, como el tema de las residencias médicas que quedaron a cargo de las provincias, nunca hubo algo por escrito.

Con respecto a los insumos de salud sexual venimos con problemas de entrega desde 2023, pero en 2025 fue categórico: no recibimos ningún preservativo. Eso marca la falta de un programa de salud.

Creo que hay un desmantelamiento de los programas históricos, que seguramente había que revisar pero no desarmar.

En la provincia nunca dudamos en comprar más preservativos; no podemos retroceder en esto. Tuvimos un “bache” porque no nos avisaron desde Nación que dejarían de enviar pero compramos 3 millones de unidades en 2024 y más de 2 millones en 2025; y logramos la estabilidad de un insumo elemental. Por eso podemos decir que en Santa Fe bajaron los casos de sífilis cuando aumentaron en el país y en el mundo.

- ¿La provisión de vacunas antigripales está garantizada?

- Tuvimos una alta adherencia en la primera semana de campaña y ahí volvemos al principio: el 30 % de ese total de vacunas se la colocó a mayores de 65 años porque no estaban disponibles por Pami. (N.de la R. El Pami anunció este viernes que la campaña comenzará el lunes 30 de marzo).

Ahora nos están avisando por correo que van a llegar más, pero a la persona mayor de 65 que, en su gran mayoría, tiene factores de riesgo, la vacunamos. Después vemos como recuperamos esas dosis.

- Nación adelantó la campaña de vacunación antigripal, parece un contrasentido que no envíe las dosis.

- Creemos que es un modo de gobernar casi a espaldas de la gente, sin sensibilidad. Se habla de la falta de mantenimiento de las rutas que es muy grave, pero también es complejo el tema Discapacidad y vemos cómo Nación e va corriendo de áreas, incluso algunas que tienen sus propios marcos legales.

Acá hay una decisión del gobernador y la provincia, con mucho esfuerzo, tiene con qué dar respuesta. Pero hay otras a las que estos recortes les puede implicar el cierre de centros de salud.

En las últimas horas y mientras se desarrollaba la primera jornada de audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares, se conoció un proyecto de convocatoria a consulta popular vinculante y obligatoria, cuya autoría encabeza el diputado nacional de UxP Diego Giuliano junto a su par Caren Tepp, ambos santafesinos. La consulta, cuya modalidad está prevista en el artículo 40° de la Constitución Nacional (luego de la reforma de 1994) y la Ley 25.432, se realizará a través de la siguiente pregunta: “Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”

La respuesta deberá ser por “SI” o por “NO”. Para su realización la modalidad deberá tener la aprobación de ambas cámaras: Diputados y Senadores.

El proyecto lleva también la firma de Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel,Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.

Entre los argumentos, los legisladores de la oposición destacan que la convocatoria a audiencia pública que se decidiera en el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y conservación del Ambiente Humano, “registró una evolución extraordinaria en la cantidad de inscriptos (más de 100 mil), evidenciando un nivel de participación social sin precedentes en el ámbito parlamentario argentino”.

La audiencia se desarrolla previo al dictamen que se llevará al recinto una vez que se defina fecha de sesión. La modificación de la ley ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

“La magnitud de la convocatoria obligó a las comisiones intervinientes a reorganizar el esquema de la audiencia pública, incorporando modalidades de exposición presenciales, virtuales y presentaciones escritas, a fin de canalizar el volumen de intervenciones, lo que desnaturaliza, minimiza o debilita la participación ciudadana si no se logra materializarla en la práctica”, argumentan.

Como se informó oportunamente, el plenario de comisiones habilitó dos jornadas de exposición. La primera se cumplió de manera presencial el miércoles y la segunda el jueves con presentaciones de manera virtual. A ese esquema se llegó luego de poner un límite a la cantidad de participantes y el tiempo de exposición.

Sin embargo, si se diera participación a todos los inscriptos se requerirían varios meses de debate.

“Cuando una iniciativa legislativa convoca a decenas de miles de ciudadanos a participar activamente del proceso deliberativo, se configura una situación excepcional que justifica la utilización de mecanismos de democracia semidirecta”. Allí es cuando aparece, en opinión de los legisladores, la opción de la consulta popular vinculante.

Más adelante, explican los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar y desarrollan la importancia de estas masas de hielo que operan como reservorios de agua dulce, fundamental para el desarrollo de la vida humana, la energía y la producción, no solo en la provincia o región en que se ubican sino en un territorio mucho más amplio.

Eso explica que, entre los inscriptos para participar en la audiencia pública, se cuenten referentes de provincias donde no hay glaciares pero sienten sus efectos porque, por ejemplo, en época de deshielo alimentan los caudales de sus ríos. Muchos de los testimonios escuchados en la primera jornada desarrollaron csos concretos de esos efectos.

Precisamente, los autores argumentan que “la preservación de los glaciares posee una dimensión federal que trasciende los intereses particulares de cada jurisdicción”.

“La participación ciudadana no constituye un elemento accesorio del derecho ambiental, sino una condición necesaria para la legitimidad democrática de las decisiones públicas que puedan afectar bienes naturales de carácter colectivo”, añaden.

“En el caso de los glaciares y del ambiente periglacial, la participación adquiere una importancia aún mayor debido a la naturaleza estratégica de los recursos involucrados", sostienen.

En consecuencia, "las decisiones sobre su protección o eventual explotación deben adoptarse con el mayor grado posible de deliberación pública”, sostienen los fundamentos que mencionan documentos que avalan esta posición. Entre ellos, el Acuerdo de Escazú, al que adhirió nuestro país si bien su aplicación efectiva para este caso fue cuestionada por varios participantes en la audiencia pública.

Cuando se trata de decidir sobre recursos naturales estratégicos, sobre el acceso al agua y sobre el equilibrio ambiental de las próximas décadas, la participación del pueblo no constituye una concesión política sino una exigencia propia del constitucionalismo democrático contemporáneo”. Sobre todo, advierten, “cuando se trata del sistema glaciar argentino que forma parte del patrimonio natural común de la Nación”.

El jefe de Gabinete de ministros y ex vocero presidencial Manuel Adorni volverá a ocupar este miércoles un atril en la sala reservada a periodistas acreditados de Casa Rosada.

Será para ofrecer una conferencia de prensa en la que, como la actividad lo establece, responderá preguntas. Se descuenta que varias de ellas estarán orientadas a dos viajes y una vivienda.

Los viajes son los que realizó a Nueva York en el avión presidencial para integrar la comitiva que acompañó al mandatario Javier Milei al “Argentina Week”, pero con un detalle que no pasó inadvertido: a la aeronave oficial se subió también su esposa.

“Fue una pésima decisión, no un delito”, dijo el funcionario al regresar al país, donde lamentó la expresión utilizada para calificar su trabajo en el marcod e la delegación. Adorni dijo que iba a “deslomarse” una semana a Nueva York, una expresión cuanto menos desafortunada si se tiene en cuenta que casi en simultáneo e conocieron los datos que elevan el número de personas sin empleo.

El tema no pasó inadvertido, sobre todo para quienes día tras día escucharon durante meses al ex vocero cuestionar a la “casta” y advertir que este gobierno no admitiría privilegios.

Con el viaje al país del norte aún en agenda, se conoció que el Jefe de Gabinete había viajado con su familia en un avión privado a Punta del Este (Uruguay) para el feriado largo de Carnaval. Por la travesía habría pagado alrededor de 4 mil dólares, solo de ida.

De esta salida se supo a partir de un video grabado en el mismo aeropuerto de San Fernando que se difundió a la prensa en los últimos días.

Para completar, se difundieron imágenes de una casa de dos pisos ubicada en un country del partido de Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires) a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti que, por lo que se sabe, no figuraba en su última declaración jurada.

Se verá cuántas preguntas se habilitan, qué documentación presenta Adorni y qué otros temas de la agenda de un gobierno que busca recuperar la centralidad luego de este y otros disgustos, alcanza a desarrollar el Jefe de Gabinete.

Igual, el ex vocero deberá concurrir al Congreso para dar su informe anual en abril (iba a ser en marzo). Allí ya tiene varios pedidos de interpelación por esta y otras causas como $Libra, además de expedientes en trámite en ámbito judicial.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente al mes de marzo de 2026.

El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

En marzo, el ICG fue de 2,30 puntos. En relación con febrero, registró una variación de -3,5% y, en términos interanuales, de -4,9%.

Comparado con igual punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de marzo supera ampliamente al registrado durante la de Alberto Fernández (marzo de 2022; ICG = 1,51; +52,6%) y se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri (marzo de 2018; ICG = 2,32; -0,9%).

En lo que va de 2026, el ICG acumula tres caídas consecutivas, enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), con una contracción acumulada de 6,5% desde el fin del año pasado.

El índice que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella viene registrando una caída en el Índice de confianza en el Gobierno. Foto: Archivo.

En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones.

Respecto de febrero, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, “Honestidad” continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y “Capacidad” lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica “Eficiencia”, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%).

Por último, la “Evaluación general” del gobierno (1,98; -9,2%) y la “Preocupación por el interés general” (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes.

En síntesis, cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción.

En marzo, la brecha de género se amplía de manera notoria respecto de los meses anteriores: mientras los hombres registran 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres descienden a 1,93 (-8,5%), lo que arroja una diferencia de 0,67 puntos entre ambos grupos.

En marzo, el Índice de Confianza en el Gobierno fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplía respecto de meses anteriores. Foto: Archivo.

A diferencia de lo registrado en meses anteriores, el ICG de marzo fue mayor en el segmento conformado por personas de entre 30 y 49 años (2,33; +9,4%). Le sigue el grupo integrado por personas mayores de 50 años (2,29; -7,3%).

Por último, el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años registra la contracción más pronunciada del mes (-25,8%), cayendo a 2,22 puntos y cediendo el liderazgo que había mantenido desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En el plano geográfico, el ICG volvió a registrar su mayor valor entre quienes residen en el interior (2,52; -3,1%). En el AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 2,12 (+1,0%), manteniéndose por encima de los del GBA (1,92; -5,9%), que registran la caída más marcada entre las tres zonas.

El ICG de marzo fue mayor entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria (2,40; -0,4%). Le siguen quienes completaron el nivel secundario (2,26; -11,7%) y, por último, el segmento con instrucción primaria (1,67; +7,1%), único con variación positiva en el mes.

En línea con lo registrado en meses anteriores, el ICG de marzo fue mayor entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,44; -2,4%), que entre quienes dicen haber sido víctimas (1,86; -7,0%).

Al igual que en meses anteriores, en marzo el ICG fue considerablemente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,18; -2,8%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,88; +7,1%) o que empeorará (0,50; +16,3%).

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, trazó un panorama de la situación compleja que atraviesan varios rubros productivos, en particular la industria. Y apuntó a la falta de créditos a tasas accesibles para motorizar la producción y el consumo.

Por si faltaran riesgos internos, la guerra entre EE.UU e Irán con la consiguiente suba en el precio del petróleo suma preocupación y anticipa un impacto en la inflación de marzo.

Roald Báscolo, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

La charla transcurre pocos días después de la visita de una delegación santafesina, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, a Neuquén; en concreto a Vaca Muerta donde la provincia espera fortalecer oportunidades para empresarios locales.

El titular de la cartera laboral no integró la comitiva pero está al tanto de las oportunidades que se abren, aunque aclara que hay empresas que ya prestan servicios para el complejo petrolero ubicado en Neuquén, uno de los pocos distritos que puede mostrar datos positivos en materia de empleo.

“A nivel país, el balance es negativo. Lo que se está generando por petróleo, gas y minería está lejos de compensar lo que se pierde en construcción, industria y comercio”, dice Báscolo mientras aclara que este último no es el caso de Santa Fe donde la actividad se mantuvo “por un gran esfuerzo de empleadores y las políticas de la provincia”.

También en construcción hay resultados para mostrar: “Santa Fe es una isla en el contexto nacional”. “Tuvo mucho que ver la inversión con un récord de 500 millones de dólares en 2024, y 1500 millones en 2025”.

Funcionarios y empresarios santafesinos recorrieron Vaca Muerta. Foto: Fernando Nicola.

“Es la provincia que más empleo creó en construcción en estos dos últimos años”. De seguir el promedio nacional, “hubiese registrado una pérdida entre 5 y 7 mil puestos de trabajo”.

En este punto, consigna que esa es la actividad que genera mayor cantidad de empleo indirecto. Y ejemplifica: “En las cárceles que se están ejecutando en Recreo, las empresas proveedoras de aberturas son de Reconquista, están trabajando a pleno hace un año y medio, y lo van a hacer por varios meses en adelante”.

En definitiva, cuando se habla de que la economía está creciendo, “los sectores que logran que los números sean positivos son petróleo, minería y gas que, en algunos casos, son más proyectos que realidad pero impulsan esta tendencia”.

Pero, en paralelo, “hay otros sectores con profundas caídas como la construcción que no termina de recuperarse, y la industria que es el rubro que tiene más preocupación hacia adelante porque de permanecer estas políticas no hay indicios de que pueda recuperar la actividad”.

Dentro de la industria en general, que en la provincia tiene gran diversidad, los más afectados son textiles, calzado y línea blanca, que registra retiros voluntarios en Electrolux y en Metalsur (carrocería). “Son fuentes de trabajo que se pierden producto del mercado interno y el ingreso de importaciones”.

Sin embargo, “cuando preguntamos a los empresarios si el problema es solamente la apertura de importaciones, nos dicen que en muchos rubros obedece a la caída del consumo”.

En este escenario, el ministro ubica dos realidades: “Cuando se mira la macro economía, se observa que la inflación viene bajando aunque, en los últimos meses, a un ritmo menor al esperado. Aún así, dejó de ser la gran preocupación”. En tanto, el dólar está “controlado”, aunque hay que ver “cómo impacta la crisis del petróleo en la inflación y en el precio de la divisa”.

“Pero esa cuestión macro que desde afuera hace ver al país como buen alumno”, no tiene correlato con la microeconomía, donde se ven los indicadores negativos. Allí, Báscolo ubica “la caída del mercado interno, empresas que trabajan por debajo de su capacidad, despidos, retiros voluntarios, suspensiones y otros datos que quizás el año pasado no estaban y ahora se empiezan a notar”.

El sector textil es uno de los más afectados por la apertura de importaciones pero también por la falta de crédito a tasas bajas. Foto: Archivo.

Se refiere a la morosidad en los bancos, de las empresas, los individuos y en el sistema no bancario (mutuales y plataformas tecnológicas). “Eso refleja una falta del poder adquisitivo que, primero, se nota en la baja del consumo y, también, en un preocupante nivel de endeudamiento”, advierte.

No cayeron bien entre industriales las apreciaciones y descalificativos que utilizó el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones, el último 1 de marzo. Foto: Martín Zabala/Xinhua.

“Tenemos tasas de descubierto y de financieras del orden del 100 % anual”, con un país cuya inflación es del 30 % por año. Esta situación se convierte “en una verdadera mochila para empresas e individuos”.

- En la industria, las luces pasaron de amarillas a rojas en los últimos días y los dirigentes salieron a hacer un reclamo directo al gobierno nacional.

- Las crisis no vienen de estas últimas semanas sino desde hace más tiempo y las estamos haciendo notar. Quizás ahora la respuesta de los industriales salió de las palabras del Presidente (Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional) que los tildó de cualquier cosa.

Pero la crisis textil ya está presente desde el año pasado, y los sectores metalúrgicos y de línea blanca (elecrodomésticos) vienen con suspensiones o acuerdos de retiros voluntarios. Me parece que el Presidente tendría que analizar cuáles son los problemas de competitividad de la industria nacional más que ponerse a pelear como si fuera un enemigo.

Ahora estamos hablando de las tasas de interés que enfrentan las empresas para pagar el endeudamiento de corto plazo, y tomando nota de ese problema en la industria, el comercio o la agroindstria.

En ese sentido, la provincia salió con esta política del Ministerio de Desarrollo Productivo de ofrecer tasas más bajas como aporte de la provincia y acuerdo de banco privado. Consideramos que son las herramientas que se necesitan para paliar la situación.

- ¿Creés que hay una política de industricidio como advierten algunos sectores de la oposición?

- No se si se puede hablar de industricidio, pero digo que si la idea era que la macro ordenada iba a ordenar la micro está clarísimo que no es así. Y hasta podríamos cuestionar si la macro está ordenada. Pensemos que es así, pero puede tener algún desorden por efecto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el precio del petróleo (que el domingo se había disparado) va a tener un impacto en los combustibles (ya lo tuvo este martes) y en la inflación del mes de marzo. Es una condición externa que suma un punto de tensión en la micro economía.

Pero a todo este panorama se suma otro: la falta de crédito o, en todo caso, las tasas a las que se obtienen.

El campo, que es la fortaleza de Santa Fe, tuvo buena cosecha de trigo y girasol, y espera buenos rindes del maíz y la soja, tiene números ajustados.

- La Reforma Laboral que aprobó el Congreso y promulgo el gobierno nacional, ¿va a traer algún beneficio concreto para que las empresas contraten más personal?

- Siempre dijimos que era necesario dar el debate por una modernización laboral, pero que no era suficiente para crear empleo.

Consideramos que una política más activa como la Ley Tributaria 2026 y la obra pública tienen más impacto que una ley laboral sobre el empleo. Si bien es necesario hacer modificaciones, sostuvimos desde la provincia que era necesario hacer foco en las pymes, pero faltaron incentivos para que éstas puedan formalizar puestos de trabajo.

En un contexto donde la mayoría de los rubros están sufriendo por la baja de ventas, la producción o el consumo, es muy difícil la generación de nuevo puestos. Es más importante reactivar la economía con políticas públicas que modificar la ley y esperar que eso solo genere empleo.

- ¿Cómo se sale de esta situación?

- En un contexto donde la macro está ordenada, la herramienta que permitiría tener un movimiento económico es el crédito a tasas razonable para destino hipotecario, renovación de maquinarias, compra de indumentaria, de electrodomésticos.

Pero el crédito que tienen las familias es a tasas altas y para cubrir lo necesario.

Esta morosidad de los bancos, las fintech y mutuales también está llegando a las casas de electrodomésticos que tienen líneas de crédito propio; es decir que no solo están vendiendo menos, por más que sean bienes importados, sino que tienen altos niveles de morosidad en la venta a crédito.

- En este contexto, ¿fue convocado el Consejo Federal de Trabajo?

- No, es un reclamo que se está haciendo desde todos los ministerios de Trabajo de las provincias y no tuvimos respuesta. Pedimos hacer reuniones previas o durante el debate de la ley de Reforma Laboral y no se produjeron. No tuvimos oportunidad de dar nuestro punto de vista sobre la ley.

- ¿Cuál es tu conclusión?

- Vemos un gobierno nacional muy enfocado en la macro economía con la seguridad de que, si está ordenada, genera un impulso en la micro y eso no está sucediendo. En eso la provincia está trabajando de manera fuerte desde la obra pública, los beneficios tributarios y la baja de tasa de interés.

Consideramos que el gobierno nacional debería tomar nota de lo que está pasando en la microeconomía porque allí la macro no está teniendo el resultado que creía. Y en este contexto de guerra, el aumento del precio del petróleo puede tener un impacto mayor en sectores que ya están complicados.

Diez integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación que representan a la provincia de Santa Fe presentaron un proyecto de resolución en el que piden al Poder Ejecutivo Nacional que, “de manera urgente agilice los procesos administrativos tendientes a la reanudación de las obras en el Monumento Nacional a la Bandera”.

A renglón seguido solicitan que “con la mayor celeridad” evalúe la solicitud de “traspaso de las obras referidas presentada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe mediante nota de fecha 4 de marzo”.

El proyecto lleva la firma de referentes de distintos bloques políticos, a excepción de La Libertad Avanza.

Suscriben integrantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas: Germán Martínez, Gisela Scaglia, Florencia Carignano, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Pablo Farías, Caren Tepp, Alejandrina Borgatta, José Nuñez y Agustín Rossi.

En los fundamentos se establece claramente que el objetivo es “instar al Poder Ejecutivo Nacional a que reactive de manera urgente las obras de remodelación y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, emplazado en la ciudad de Rosario”.

Recuerda que “las obras de este emblema patrio se encuentran nuevamente paralizadas”, en tanto aluden al artículo publicado por la prensa rosarina en la que se advertía sobre una nueva paralización de la obra, “debido a la falta de cumplimiento en los pagos correspondientes por parte del Estado Nacional, organismo responsable del financiamiento del proyecto”.

“En este contexto crítico, es menester destacar que actualmente el Estado Nacional mantiene una deuda consolidada que asciende a $1.421.461.457 con las empresas contratistas, mientras que restan ejecutar trabajos por un monto aproximado de $1.500.000.000 para lograr la finalización definitiva del proyecto”, argumentan.

También mencionan la publicación de El Litoral en la que se detalla que “la actual obra fue licitada en 2023 como la intervención más ambiciosa de las últimas décadas en el Monumento (...) incluyendo climatización, renovación de carpinterías, puesta en valor de la Sala de las Banderas, del mirador y de la fuente central. Esa parte, justamente, es la que falta”.

Los fundamentos se apoyan también en los “reiterados reclamos formales realizados por el gobierno de la provincia de Santa Fe”. Específicamente, “los señalamientos del ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, remarcan el incumplimiento de los convenios firmados entre la Nación y la Provincia para la continuidad de estas obras de infraestructura”.

En este marco, el ministro pidió que se traspasen las obras a la órbita de la provincia de Santa Fe, “asumiendo el gobierno provincial la ejecución restante”.

Para completar la fundamentación del proyecto, se advierte que “el estado actual del Monumento requiere acciones concretas e inmediatas, alejadas de las dilaciones burocráticas”.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este miércoles la confirmación del horario en que el presidente Javier Milei hablará ante la asamblea legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Será el domingo a las 21.

La atribución presidencial de dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso está prevista en el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional. Es con el fin de dar cuenta “del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución” y recomendar “a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Como ya es costumbre en la actual gestión nacional, la exposición irá en horario central y tendrá transmisión oficial, tal como ocurrió en las dos aperturas anteriores (Milei asumió en diciembre de 2023) y en la presentación del proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre de 2024.

El decreto 107 que confirma la invitación lleva la firma del mandatario y del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Hasta allí el texto oficial.

Pero para llegar al prime time del domingo faltan varios días y temas de fondo por debatir en la Cámara de Senadores que esta semana tiene el protagonismo parlamentario.

En la agenda de este viernes figuran dos de las leyes que el mandatario nacional quiere llevar a su discurso como logros absolutos de su gestión: la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Ambos proyectos tienen media sanción y serán parte de una jornada que se anticipa como intensa y prolongada en la Cámara alta. Será el viernes próximo.

Antes, este jueves, está previsto debatir allí la Ley de Glaciares para que sea debatida en Diputados durante el período ordinario de sesiones; el acuerdo Mercosur-UE y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

Son todos temas que forman parte de la agenda de sesiones extraordinarias que convocó Milei para febrero.

Salvo en enero, cuando no hubo actividad legislativa pero si mucho espacio para pulir acuerdos y militar los objetivos del oficialismo, las y los integrantes del Congreso compartieron un verano bien intenso.

Más allá de indicadores económicos que preocupan y reclamos pendientes de varios sectores y de algunas provincias, Milei espera llegar al domingo envalentonado por el resultado que posibilitaron propios y aliados en las comisiones (que quedaron a cargo de LLA) y en los respectivos recintos donde su partido logró una representación favorable luego de las legislativas del 26 de octubre.

Para celebrarlos habrá un asado posterior al acto protocolar.

También se espera que el domingo a la noche, el Presidente exponga el nuevo paquete de reformas que pretende poner en debate durante 2026, incluida la eliminación de las PASO, la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y otra propuesta de Financiamiento Universitario que, apenas ingresada, fue resistida por sectores de la oposición.

Sin dudas la mirada está puesta en las elecciones de 2027 y la indisimulable apuesta de Milei a la reelección, ya no con Victoria Villarruel como compañera de fórmula.

En esa aspiración se inscribe la recién estrenada modalidad de salir al interior en el denominado “tour de gratitud” que lo llevó a Córdoba (al festival de Jesús María), a Mar del Plata (donde compartió escenario con Fátima Florez) y a San Lorenzo (para trasladar, en medio de un debate con polémica, el sable corvo de San Martín), y lo conducirá en marzo a Tucumán y luego a Mendoza.

El 14 de febrero de 2025 no fue un día más en el país. Casi a final de esa jornada, el Presidente de la Nación promocionó (o difundió, según quién lo cuente) en X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores.

La revelación de que previamente había mantenido reuniones con los responsables del proyecto dio una nueva dimensión a la polémica y disparó denuncias judiciales y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso.

Un año después, el presidente de esa comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) repasa en diálogo con El Litoral las circunstancias en las que se llevó adelante esa iniciativa, para qué sirvió y qué puede esperarse sobre el caso.

- A un año de que el caso $Libra tomara estado público, ¿qué tanto impacto considera que tuvo en la opinión pública?

- Sin lugar a dudas, tuvo un impacto enorme. Es, para mí, junto con las coimas en la Agencia de Discapacidad, el caso más relevante en la Argentina durante el último año, porque en $LIBRA se combina corrupción, alcance internacional y, sobre todo, el involucramiento directo del presidente de la Nación utilizando su investidura para promover un emprendimiento privado que terminó en estafa.

El diputado Maximiliano Ferraro, diputado nacional de Coalición cívica, presidió la comisión investigadora del caso $LIBRA desde agosto a noviembre de 2025.

Eso lo vuelve distinto. No fue un episodio marginal, puso en discusión la responsabilidad presidencial y un patrón de conducta del gobierno que siempre confunde lo público y lo privado.

- Y se mantuvo en agenda.

- Sí. Porque cada revelación, los contratos, las reuniones entre Milei y los organizadores de $LIBRA y las transferencias sospechosas, fueron confirmando la gravedad institucional, gracias al trabajo de periodistas, especialistas técnicos y de los Diputados que integramos y promovimos la Comisión Investigadora.

A pesar de no ser un tema tan fácil o tan común, gran parte de la sociedad entendió que no era un simple escándalo más, sino un grave hecho de corrupción con impacto global, y por eso siguió presente en la agenda pública durante todo el año.

- ¿Se fue modificando a medida que circulaba más información?

- Sí. A medida que avanzaron las investigaciones del periodismo, del Congreso y de manera muy lenta de la Justicia, lo que al principio el Gobierno intentó instalar como una simple “difusión” del Presidente negando vínculos con estos personajes del mundo cripto, terminó quedando claro que había sido un proyecto planificado y premeditado en el que se utilizó la investidura presidencial para legitimar un negocio privado que terminó en estafa.

$LIBRA dejó de ser un hecho aislado o como dijo el presidente una difusión de algo que vió en redes. La aparición de un contrato confidencial de asesoramiento firmado el 30 de enero de 2025 entre el Presidente y Hayden Davis, desmintió de manera directa la versión oficial de que no existía ningún vínculo previo.

Ese contrato legitimó a Davis como representante de Milei y confirmó frente a terceros la participación que iba a tener el Presidente quince días después en el lanzamiento de $LIBRA.

- ¿Considera que este episodio dejó expuestas debilidades estructurales en los mecanismos de control del Estado como tales?

- Sin ninguna duda. Lo de $LIBRA dejó expuesto al Presidente y a su círculo de funcionarios más cercanos, en su falta de integridad pero también en su irresponsabilidad. Durante meses no funcionó ningún resorte institucional para proteger la investidura presidencial; permitieron y facilitaron reuniones con dos lobbystas y pseudo empresarios crypto como fueron Novelli y Terrones Godoy, que se sospecha que cobraban decenas de miles de dólares para facilitar reuniones con el Presidente.

Tampoco hubo controles preventivos respecto de los contratos, cartas de intención y propuestas técnicas por parte de la Secretaría Legal y Técnica o de la Procuración del Tesoro. Los organismos creados justamente para evitar que el Estado asuma compromisos sin respaldo jurídico y administrativo adecuado, no funcionaron.

Todo lo que pasó fue llevado por el Presidente y su círculo con total secretismo y ocultamiento a las estructuras institucionales que debieran haber intervenido.

Y lo peor es que tampoco hubo un control posterior al escándalo que podamos decir que se haya hecho siguiendo algún estándar de transparencia o integridad pública.

Impulsaron una “auto investigación” creando la Unidad de Tareas de Investigación que jamás publicó su informe, y le pidieron a la Oficina Anticorrupción que emita un dictamen que terminó hecho a medida del Presidente para lavarle la cara en el escándalo.

Más aún, los funcionarios a cargo de estas investigaciones, se negaron a concurrir a declarar a la Comisión Investigadora.

- ¿Cómo evalúa el desempeño de la comisión investigadora del Congreso?

- Fue un trabajo de meses sumamente serio y responsable. El grupo de diputados que impulsamos la investigación dejamos de lado, por un momento, las diferencias políticas que tenemos por nuestra historia. Y lo hicimos, además, teniendo que sortear permanentemente la estrategia de obstrucción y entorpecimiento del oficialismo y sus aliados.

Aún así, nunca renunciamos ni a nuestra facultad de contralor ni a nuestra obligación de investigar para cumplir con el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre $LIBRA.

Y lo hicimos siempre dentro de las prerrogativas que la Constitución, la jurisprudencia y el derecho parlamentario reconocen a las comisiones investigadoras. Cumplimos con nuestro deber, con responsabilidad, con firmeza y con absoluto respeto institucional.

Oscar Agost Carreño, uno de los diputados que integró la comisión investigadora y viajó a Estados Unidos para analizar documentación. Foto: Archivo.

Me parece fundamental poner en valor el gran equipo de diputados que trabajamos con tanta seriedad técnica y responsabilidad política. Juan Marino me acompañó en la Secretaría de la Comisión. Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Mónica Frade, Fernando Carbajal, y, en general, los catorce diputados de la oposición que sostuvimos la investigación con templanza y compromiso.

- ¿El informe final cumplió su cometido?

-El Informe Final reconstruye los hechos con un análisis minucioso de lo ocurrido, en base a documentación probatoria que logramos incorporar a través de la participación de especialistas técnicos, periodistas y a los requerimientos de información realizados a las plataformas crypto exchanges sobre las cuentas y transacciones de los involucrados de $LIBRA.

Esto último fue fundamental porque logramos hacer la trazabilidad de la ruta del dinero entre Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales que era asesor en la Comisión Nacional de Valores. Utilizaron intermediarios dentro y fuera del país para intentar que se pierda el registro y para transformar el dinero crypto en dinero físico a través de cuevas que hacen este tipo de operaciones.

- ¿Qué conclusiones relevantes logró establecer la comisión y cuáles quedaron pendientes?

- La Comisión logró establecer que no estábamos frente a un hecho aislado sino ante un patrón de conducta reiterado, vinculado a la promoción de cripto activos por parte del Presidente. Pudimos identificar antecedentes claros como el caso de la moneda $KIP que mostró un modus operandi similar a $LIBRA, y como decía, confirmamos vínculos y transacciones crypto directas entre los principales actores de $LIBRA en la blockchain.

También quedó acreditado que la promoción presidencial fue determinante para el volumen de compras de $LIBRA, es decir, que sin ese impulso desde su cuenta oficial de X verificada el lanzamiento de la moneda no hubiera tenido la magnitud que tuvo.

A su vez, se constataron 16 reuniones en Casa Rosada y Olivos en las que participaron los lobistas Novelli o Terrones Godoy con alguno de los hermanos Milei, todas ellas autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia.

También se verificó que el número de contrato para comprar LIBRA fue publicado por primera vez en internet por el Presidente en el tweet del 14 de febrero. Antes esa información no era de circulación pública y hasta hoy el Presidente no puede explicar cómo accedió a ese link de 43 caracteres.

Queda mucho por investigar aún, sobre todo por la falta de cooperación y la estrategia de obstrucción del Presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes se negaron a responder y a comparecer permanentemente ante la Comisión.

Ni Javier Milei, ni Karina Milei respondieron los requerimientos de la Comisión; le deben al Congreso explicaciones sobre dudas centrales sobre su participación en $LIBRA, algo que en una investigación de esta magnitud institucional es incomprensible.

- ¿Cree que el Congreso estuvo a la altura de las circunstancias?

- El Congreso no miró para otro lado y eso no es un detalle menor. Ahora bien, también es cierto que no todos los sectores del Congreso estuvieron a la altura con la misma convicción. Hubo bloques y dirigentes que entendimos que investigar era una obligación, y otros “republicanos de ocasión” que eligieron dilatar, poner obstáculos o minimizar los hechos.

- ¿Cómo observa hoy el curso de la investigación judicial?

- La verdad que con mucha preocupación, la investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano está avanzando a un ritmo demasiado lento frente a la gravedad institucional de los hechos. La Justicia tiene en su poder una enorme cantidad de documentación probatoria que en parte hemos remitido desde la Comisión Investigadora, y sin embargo, no actúa con celeridad.

Hace unos días, junto a la diputada nacional Monica Frade, le solicitamos al fiscal que incorpore formalmente la información publicada por Clarín, que confirmó la existencia y el texto completo de un contrato confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei, cuya existencia no fue oportunamente informada y habría sido ocultada por el Presidente y otros funcionarios.

Esta causa no puede quedar en un cajón ni depender de la buena voluntad o del timing político del fiscal Taiano o el juez (Marcelo) Martinez de Giorgi. Tienen que acelerar el ritmo y demostrar que pueden estar a la altura del trabajo riguroso que hicimos desde el Congreso, lo necesita una sociedad harta de la corrupción y la impunidad.

- ¿Considera que la información aportada por el Congreso fue debidamente aprovechada por la Justicia?

- La verdad que no. La Comisión Investigadora produjo un volumen de información técnica, documental y probatoria muy significativo. Todo ese material fue puesto a disposición de la Justicia.

Sin embargo, lo que vemos hasta ahora es que la voluntad de investigación judicial no refleja la magnitud de la prueba aportada. Hay elementos suficientes para avanzar con medidas más firmes y con más celeridad.

- ¿Qué perspectivas ve para la evolución del caso en los próximos meses?

- El Congreso hizo su parte, ahora le toca a la Justicia. La evolución de la investigación depende del Juez y el Fiscal. La causa debería entrar en una etapa de definiciones más concretas y no de mera acumulación en el expediente.

$LIBRA no es un tema cerrado ni del pasado; sigue teniendo consecuencias institucionales, la investigación sigue su curso en los Estados Unidos y muchos periodistas siguen investigando el caso.

"$LIBRA no es un tema cerrado", advierte el diputado Maximiliano Ferraro que aspira a que la Justicia acelere la investigación. Foto: Archivo.

Hay preguntas elementales que siguen sin respuesta, pero en cualquier escenario, la investigación es irreversible: hay responsabilidades políticas expuestas, evidencia, pruebas y un informe del Congreso muy fuerte.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, abrió un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”. Se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.

El funcionario defendió una política salarial diferenciada, que contemple especialmente la naturaleza y condiciones del servicio de seguridad, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar “menos que la canasta básica”. Precisamente el monto de ese indicador se iba a conocer este miércoles por la tarde.

Conferencia de prensa

"Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad", afirmó Cococcioni al abrir el encuentro con la prensa en la sede local de Gobernación, luego de la tensa jornada que se vivió este martes.

El funcionario dijo que para tomar esa decisión de levantar las sanciones se tuvo en cuenta que "dentro de un clima de conflicto la seguridad nunca estuvo descuidada en la provincia y en Rosario".

De esta manera, las medidas de disponibilidad anunciadas 24 horas antes quedan levantadas, aunque se mantendrá la investigación para consignar si en las protestas del martes, con epicentro en Rosario y Santa Fe, hubo algún interés diferente al que motivó los reclamos del sector.

El titular del área de Seguridad señaló que hubo un trabajo en conjunto con el Ministerio nacional y una redistribución de fuerzas pero que la cobertura estuvo garantizada y "todas las incidencias fueron atendidas".

Según sus cálculos, la operatividad este martes por la noche alcanzó el 90 %, condición que posibilitó abrir una instancia de diálogo a última hora. "Para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan los patrullajes en la zona urbana", precisó el ministro. A partir de allí "nos pusimos en contacto con quienes habían sido posibles interlocutores", teniendo en cuenta que la fuerza no tiene representación gremial.

Corte de calle en Rosario por la protesta de policias.

En este punto, instó al "escaso personal que aún queda en una actitud de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo, a que se presenten, tomen el arma y el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio ordinario".

Luego insistió en que el gobierno comprende el reclamo salarial de la fuerza: "No se planteó ninguna medida que no sea razonable", dijo, sino "cosas que apuntan a mejorar el poder adquisitivo y el bienestar de la fuerza policial".

"El reclamo de fondo es correcto", agregó: "En estos dos años (desde que se puso en marcha el Plan Bandera) han trabajado incansablemente, les hemos exigido mucho porque veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado 400 o 450 homicidios dolosos en un año en la provincia".

Reconoció que las y los agentes "tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado; esto lo digo sin desmerecer ningún rubro", pero "es un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto".

"Hoy tenemos que atender la situación de 25 mil policías y 4000 agentes penitenciarios porque gracias a ellos no estamos atendiendo el reclamo de un millón de personas que podrían ser víctimas de delitos", graficó para volver sobre el "estrés que genera la sobrecarga de trabajo".

En ese punto, señaló que "si tenemos que direccionar un mayor esfuerzo en reconocer a las fuerzas de seguridad, la sociedad lo va a aceptar porque no estamos dando un premio arbitrario en detrimento de otro, sino reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos".

A su turno, Olivares, quien también participó de la reunión en la sede de Gobierno de Rosario el martes por la noche, consignó que "en primer término escuchamos las inquietudes, especialmente del personal subalterno".

Luego de reconocer que la carga horaria es de 48 horas semanales, "pero cuando razones del servicio lo exigen, es mayor", e impide tener otra fuente de ingresos, señaló que "el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma de abordar la situación" de inseguridad.

En ese marco, confirmó que todo aquel que porta armas tendrá un ingreso no inferior a la Canasta Básica para un hogar tipo, cuyo monto se iba a anunciar este miércoles por la tarde.

"La población debe entender que destinemos mayores recursos para atender al personal de seguridad y, principalmente, el subalterno de los rangos interiores que tienen los ingresos más bajos".

Consultado sobre el efecto de este anuncio en plena discusión paritaria con los gremios estatales, el ministro de Economía sostuvo que "la carga horaria y situación de la fuerza de seguridad no va en desmedro de que en cada paritaria se discuta abiertamente y que cada sector sea atendido. El compromiso que hizo el gobernador (Maximiliano Pullaro) es que los trabajadores no van a perder con la inflación".

"No vamos a sacar recursos de los demás salarios (para mejorar la situación de las fuerzas de seguridad) sino que veremos cómo obtener de otras asignaciones que no pongan en riesgo una buena discusión salarial con los demás sectores", concluyó.

A la cuestión salarial, el titular de Justicia y Seguridad garantizó que se seguirá adelante con la política prevista para abordar la salud mental de los agentes de las fuerzas, atender las cuestiones vinculadas con el transporte y trabajar "detalladamente" con los jefes para realizar readecuaciones del régimen horario, "teniendo como base que no puede implicar afectación a la seguridad pública", pero considerando el bienestar del personal.

"Valoramos a las fuerzas de seguridad que en estos dos años lograron cosas que parecían imposibles, y el conflicto de estos días no hace mella en el aprecio, respeto y agradecimiento que tenemos como gobierno", concluyó Cococcioni.

La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a sesión especial para este jueves a las 11, a fin de tratar dos temas pedidos para extraordinarias por el gobierno nacional: La Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-UE.

Si bien el primero de los temas tiene dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, se anticipa un fuerte debate en el recinto, tanto por la oportunidad de llevarlo a sesión con poco tiempo de debate previo, al menos en la nueva constitución de las cámaras, como por los distintos posicionamientos que existen en la materia.

En concreto, se sabe que el oficialismo impulsa un piso mínimo de 13 años para declarar imputable a una persona, en tanto que la posición mayoritaria es llevarlo a 14. Aunque subsisten posiciones que insisten en sostener un mínimo de 16.

El gobierno nacional ingresó el lunes un proyecto propio que pocas horas después fue retirado. Allí se insistía con el piso de 13 años que fue reconsiderado a fin de lograr consenso con los espacios dialoguistas.

El proyecto oficial también incluía la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley. Se espera que este texto ingrese en as próximas horas.

Mientras tanto, son 15 iniciativas sobre el mismo tema las que figuran en la convocatoria del jueves, incluido el mensaje 46 del Ejecutivo, presentado en julio de 2024 sobre Régimen Penal Juvenil.

Este martes quedaron constituidas siete comisiones, algunas de las cuales tendrán en debate los dos temas sobre los que sesionará Diputados en la primera extraordinaria del año.

Casi en simultáneo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se conoció un pronunciamiento del interbloque Unidos, que rechaza la norma.

“Desde el Interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional”, arranca, taxativo, el documento difundido en la primera jornada hábil del nuevo año.

“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”, agrega.

El texto tiene el aval de legisladores y legisladoras de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Se descuenta que en la misma línea se pronunciarán otras bancadas opositoras.

El rosarino socialista Esteban Paulón advirtió que con el DNU sobre la SIDE "todos estamos bajo sospecha". Foto: Archivo.

“Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”, advierte el texto. En esos mismos términos se explayó el diputado nacional socialista Esteban Paulón en diálogo con medios nacionales. Allí consideró que con estos cambios “todos estamos bajo sospecha”.

Entre las razones que invoca el interbloque, figura que el decreto “introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.

Extiende, además, “la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”.

Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE. Foto: @SIDE_Argentina

Por último, el DNU “habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.

Para el interbloque, el DNU 941, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, “avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”.

Por esa razón, sus integrantes exigen que “el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122” y que “cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.

“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.

En su momento y antes de que el decreto sea publicado, Maximiliano Ferraro (CC) había calificado al DNU como un “retroceso intolerable”.

A la hora de detallar los ítems cuestionados, el legislador consignó que la norma dará lugar a “espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica; centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF), por lo que todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia, y posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Tras la elección del 26 de octubre, las cámaras legislativas tienen una nueva conformación con más representantes que responden al presidente Milei. Restan designar integrantes de comisiones claves. Foto: Archivo

Como se sabe, el Congreso está actualmente de receso y es altamente probable que el Ejecutivo vuelva a convocarlo para un nuevo tramo de extraordinarias en el mes de febrero, a fin de tratar, entre otras, la Reforma Laboral, un tema que también anticipa conflicto.

El objetivo de los bloques que se oponen al flamante DNU es acelerar su tratamiento en el recinto y convocar a una sesión especial, mientras se reclama la constitución de dos comisiones bicamerales claves, cuya integración será diferente a la de 2025 luego con el ingreso de legisladores electos el 26 de octubre.

Maximiliano Ferraro (CC) fue uno de los primeros diputados nacionales en pronunciarse sobre el DNU que modifica funciones de la SIDE. Foto: Archivo.

Si el tema llega al Congreso y la oposición decide imponer su rechazo, deberá tener mayoría en las dos cámaras, tal como ocurrió con el decreto de necesidad y urgencia que en 2025 establecía fondos reservados para la SIDE por 100 millones de pesos.

Unicef, con el apoyo del programa global MSD para Madres, avanza en la implementación del programa "Embarazo y Maternidad Segura: Transformación de la experiencia perinatal para la prevención integral de la morbimortalidad materna", una iniciativa que busca garantizar embarazos, partos y nacimientos seguros en tres provincias argentinas: Salta, Misiones y Santa Fe.

En Argentina, el riesgo de morir durante el embarazo, el parto y el puerperio es más del doble en las zonas más alejadas de los centros urbanos, donde las mujeres tienen menos probabilidades de recibir atención de calidad y existen menos estrategias de prevención de la morbi-mortalidad materna. Algunas provincias muestran una tasa de mortalidad materna cercana a las cifras nacionales, lo que puede invisibilizar las desigualdades dentro de sus regiones.

La desagregación de los datos revela disparidades relacionadas principalmente con determinantes sociales y culturales de la salud, como el lugar de residencia, la etnia, la situación socioeconómica, la incidencia de la pobreza y la ruralidad, entre otros factores (Ministerio de Salud de la Nación, 2022).

Este proyecto, iniciado a comienzos de 2025, es inclusivo y está centrado en la persona gestante y en sus derechos. Con el objetivo de promover transformaciones sostenibles en la calidad y seguridad del cuidado perinatal, se desarrollará por un periodo de dos años e involucra a autoridades sanitarias, equipos de salud y familias.

"Tenemos un firme compromiso con la salud pública en nuestro país y este programa es un fiel reflejo de ese propósito. Estamos orgullosos de seguir apoyando a UNICEF en más de una iniciativa para que ninguna mujer tenga que morir mientras da vida", afirma Carlos Annes, director general de MSD Cono Sur.

"Impulsamos este proyecto para fortalecer las estrategias de cuidado perinatal y contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad materna, avanzando hacia un modelo de atención más integral y centrado en las personas", explica Javier Quesada, Especialista en Desarrollo infantil temprano y Salud de UNICEF Argentina.

"La iniciativa se apoya en un conjunto de intervenciones basadas en evidencia que garantizan el respeto de los derechos y una atención segura y de calidad durante el embarazo, el parto, el nacimiento y puerperio", señala.

La tarea, implementada por UNICEF, se lleva adelante en tres provincias clave, Salta, Misiones y Santa Fe, y abarca 15 maternidades.

En Santa Fe participan hospitales de Venado Tuerto, Centenario, Firmat, Rufino, Ceres, San Cristóbal y Rafaela. En Misiones son parte las maternidades de Oberá, Eldorado, Iguazú, Jardín América y San Vicente. Y en Salta, por su parte, están involucrados los centros de General Güemes, Orán y Tartagal.

Una de las etapas del programa contempla la capacitación; en este caso, en Santa Fe.

El alcance del programa es significativo. Se estima que más de 13.000 gestantes y sus bebés recién nacidos se beneficiarán directamente en este primer año de implementación.

Solo en Santa Fe, el impacto llega a 3.297 mujeres y sus hijos; en Salta, a 4.312; y en Misiones, a 5.684.

El objetivo del programa es fortalecer la calidad y seguridad del cuidado perinatal, promoviendo un modelo de atención que priorice a la persona y que contribuya a reducir de manera sostenible la morbi -mortalidad materna.

La implementación del programa se desarrollará durante dos años, con una intervención multinivel, multisectorial e híbrida, basada en derechos y adaptada a las necesidades de cada institución. Para acompañar este proceso, se brindaron 68 mentorías clínicas e institucionales y se conformaron grupos de trabajo y canales de comunicación directa con cada maternidad.

Por otra parte, más de 360 profesionales participaron en el Curso de Emergencias Obstétricas, orientado a generar algoritmos adaptados a cada maternidad para responder eficazmente ante situaciones críticas.

El proyecto, iniciado a comienzos de 2025, está centrado en la persona gestante y en sus derechos. La imagen es de Eldorado, Misiones. Gentileza Unicef

Otros 364 profesionales cursaron el programa "Hacia la transformación de la atención perinatal", que promueve prácticas seguras y respetuosas de los derechos. Además, 166 trabajadores de la salud se formaron en la inclusión del varón acompañante en el proceso de cuidado perinatal.

Paralelamente, los ministerios provinciales avanzan en la elaboración de protocolos de atención perinatal sobre las principales causas de muerte materna, mientras que cada maternidad desarrolla protocolos específicos para hemorragia postparto, sepsis materna, preeclampsia y alertas tempranas.

Para conocer más sobre la iniciativa "Salud Materna Intercultural" (2021-2023), se puede ingresar en el siguiente enlace: https://www.unicef.org/argentina/historias/salud-materna-intercultural

Para conocer más sobre el programa de MSD para Madres, se puede ingresar en el siguiente enlace: https://www.msdformothers.com

Este miércoles se cumplen dos años de la asunción de Javier Milei a la Presidencia y fue su vocero y Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el encargado de ponderar una gestión que, a la luz del balance libertario, terminó con “una triste historia de decadencia y declive”. Así parafraseó al propio mandatario cuando pronunció esa frase en las escalinatas del Congreso aquel 10 de diciembre de 2023.

“La Argentina con la que nos encontramos era pobre, caótica e insegura, donde el ciudadano promedio no tenia posibilidades de prosperar”, sostuvo Adorni casi a la misma hora en que el Presidente participaba, en Oslo, de la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado, reconocimiento que recibió su hija, Ana Corina Sosa Machado.

“Argentina era tierra arrasada”, insistió el hombre de confianza de los hermanos Milei para hacer un racconto de los indicadores de entonces, en el que no escatimó críticas al kirchnerismo, y los resultados obtenidos en la mitad del mandato.

Sin embargo, más allá del balance, la expectativa está puesta en lo que viene para las próximas semanas y meses.

Es que este miércoles comienza también el período extraordinario de sesiones en el Congreso Nacional y, además del Presupuesto 2026, la atención está puesta en la Reforma laboral, que el gobierno insiste en denominar “modernización”.

“El proyecto está terminado, lo tengo acá, en mi teléfono”, dijo Adorni sobre la iniciativa que se debatió en el Consejo de Mayo pero que tiene la impronta del gobierno nacional y ya despertó críticas desde el sector sindical, mientras se espera su publicación en los sitios oficiales.

El Presidente Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, en su primer discurso como Presidente, de espaldas al Congreso Nacional.

Precisamente, fue convocada para este viernes una reunión de la cúpula de la CGT. Gerardo Martínez, referente de la central sindical en el Consejo de Mayo no estuvo el martes en la presentación del informe, según se dijo, porque su vuelo no llegó a tiempo desde Washington.

¿Qué pasará si la reforma no se alcanza a tratar en el magro plazo que va desde este miércoles y el 30 de diciembre? Teniendo en cuenta que resta el debate en comisiones, dictamen y tratamiento en el recinto, no se descarta que las extraordinarias se prorroguen unos días sobre enero o que el tema se traslade al segundo tramo del verano.

Otro tema en agenda de los colegas acreditados en Casa Rosada fue la relación con los gobernadores. Según Adorni, se mantuvieron encuentros con 20 mandatarios de los 24 (incluido el jefe de Gobierno de CABA).

De esa lista están excluidos los opositores más duros, entre ellos Ricardo Quintela, de La Rioja, y el bonaerense Axel Kicillof.

Consultado al respecto, Adorni señaló que “trabajamos para lo que la gente nos pide” y “hay gobernadores que no van en linea con eso”.

En el caso concreto de Kicillof consideró que “no compartimos agenda”, aunque no descartó alguna reunión a futuro.

Los tres mandatos presidenciales que enunció Adorni como premisas del gobierno libertario fueron: pulverizar el déficit fiscal y la inflación, garantizar el orden público, y sacarle el peso del Estado a los argentinos, “conocido como el plan motosierra”.

A renglón seguido detalló los resultados sobre el primer eje, incluido el cese del cepo cambiario desde abril de este año, para resumir en que “hemos vuelto a la normalidad”

Una vez más mencionó la baja de la pobreza de un 52 % al 31 %, según el Indec; un índice que para algunos organismos, incluido el Observatorio Social de la Uca, está sobrerepresentado.

Actividad económica, recuperación de los haberes jubilatorios, inversiones, inversiones en el marco del RIGI y récord de producción de hidrocarburos figuraron en el listado de logros, junto con el reconocimiento al “excelso trabajo de Luis Caputo”, ministro de Economía.

Luis "Toto" Caputo, Ministro de Economía. Foto: Archivo

En materia de orden público, hizo hincapié en la “doctrina Bullrich”, en relación a la ex ministra de Seguridad, que llevó los piquetes “de más de 8000 a cero”, y “puso fin a la barbarie del crimen y la delincuencia”, con una crítica a las “políticas garantistas” de los últimos 20 años.

La sanción de leyes como la de Reiterancia, Antimafias y Juicio en Ausencia, fue celebrada por el funcionario que también ponderó la actuación de Luis Petri (electo diputado nacional) al frente del Ministerio de Defensa y destacó la figura de su sucesor Carlos Presti, militar de carrera, condición que fue cuestionada desde voces opositoras.

“La salud dejó de ser una caja negra”, “los activos productivos vuelven a tener valor” y se fortalecieron “relaciones bilaterales con Estados Undos e Israel”, fueron algunas de las frases que dejó en la conferencia de prensa.

El ex ministro de Defensa Luis Petri junto al presidente Milei en el arribo de los aviones F 16, uno de los logros ponderados por Adorni. Foto: Archivo.

Para el tercer ítem, celebró el cierre de ministerios y de 100 secretarías y subsecretarías; la reducción de la planta de personal en más de 59 mil cargos, la pauta oficial cero, la disolución de 30 fondos fiduciarios y del Inadi, a lo que sumó la sanción de la Boleta Única Papel “para terminar con las trampas de siempre”.

La reducción de impuestos (Pais, retenciones a las economías regionales, patentamiento de autos y motos) fueron celebradas por el vocero, quien dejó un anuncio. “En enero de 2026 habrá cero por ciento de aranceles a celulares y productos electrónicos, y se eliminarán las retenciones al petroleo convencional”.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado creada en el ámbito de la Cámara de Diputados llegará a su fin luego de dos meses y medio de arduo trabajo.

Creada por unanimidad a mediados de septiembre, comenzó a funcionar un par se semanas después bajo la presidencia de la socialista Mónica Fein y este martes, desde las 9, presentará las conclusiones y recomendaciones a partir de los datos recopilados y los testimonios que fueron presentados en la misma sede de la comisión.

Alrededor de 20 resoluciones integrarán el informe del equipo compuesto por legisladoras y legisladores de todas las bancadas. Hasta el 9 de diciembre se podrán incorporar nuevas observaciones.

“Seguramente, será la hoja de ruta de la próxima Cámara” confió la legisladora rosarina. Es que al día siguiente jurarán los legisladores electos el 26 de octubre y el Congreso tendrá una nueva integración.

Sin embargo, la gravedad del hecho que se investiga, y que ubica la cifra de muertes en un número muy superior al centenar, permite anticipar que el tema seguirá en la agenda parlamentaria.

La comisión funcionó con regularidad cada semana e incluyó una sesión especial en la ciudad de Rosario, una de las más afectadas por al cantidad de casos. Fue en los primeros días de noviembre, a pedido de las familias de las víctimas que en todo momento presenciaron las reuniones y se convirtieron en verdaderos motores de la investigación.

Una de las características de la comisión es su pluralidad política: como se dijo, está integrada por referentes de todas las bancadas y el triunvirato que la presidió durante todo este tiempo estuvo conformado, además de Fein, por la libertaria Silvana Giúdici y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Entre otros testimonios, recibió los de las máximas autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se registró el primer brote de afectados por el fentanilo contaminado o adulterado; de referentes del Instituto Malbrán, cuyo trabajo fue destacado en más de una oportunidad por quienes investigan el caso, y del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

El magistrado, cuya actuación se inició en mayo a partir de una denuncia realizada por Anmat, seguida por un alerta nacional, explicó en detalle cómo se hizo la investigación que reveló irregularidades en la producción del Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

“Nuestra posición, avalada por doctrina calificada, es que la contaminación por medio de las bacterias incrementó el riesgo de muerte", fue una de las definiciones ante legisladores y familiares.

La minuciosa tarea del juzgado incluye el análisis particular de decenas de historias clínicas (ya se evaluaron 40), tarea que continuará aún durante la feria judicial, con el objetivo, con mucho viento a favor, de llevar el caso a juicio en el año 2026.

El juez contó también que no hubo trazabilidad de los medicamentos y que la Anmat desconocía la ubicación de las ampollas que se investigaban como contaminadas. Ni Anmat ni el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones asistieron a las reuniones a las que fueron convocados, cuestión que fue comunicada a la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem.

Mientras tanto, la tarea desarrollada por la comisión fue bien ponderada por sus propios integrantes y los familiares de las víctimas, que se convirtieron en impulsores de la investigación.

Al nuevo Congreso que iniciará sus funciones el 10 de diciembre le quedará por delante la tarea de seguir de cerca el proceso y dictar las normas necesarias para que no se repita un hecho similar.

Entre las prioridades habrá que establecer un marco normativo para la Anmat, creada por decreto en agosto de 1992 luego de otra tragedia: la que derivó en la muerte de seis personas por el consumo de productos de propóleo contaminado.

También habrá que establecer mecanismos para asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde su producción hasta su aplicación. El lote contaminado incluyó 154 mil ampollas que fueron distribuidas a distintos centros de salud y cuya localización, al momento de conocerse los casos fatales, era desconocida por los organismos nacionales.