El sector energético volvió a crecer contra el año pasado, aunque en la comparación entre trimestres empieza a mostrar el desacople que atraviesa el conjunto de la economía argentina: expansión de actividades extractivas vinculadas al frente externo, frente a una industria doméstica que pierde intensidad.

El Indicador Sintético de Energía (ISE) aumentó 3% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según informó este lunes el INDEC. Sin embargo, la medición desestacionalizada cayó 1,3% respecto del primer trimestre y la tendencia-ciclo bajó 0,5%.

El comportamiento se parece al que ya habían mostrado las cuentas nacionales: entre abril y junio el PBI todavía creció contra 2025, pero retrocedió respecto de los tres primeros meses del año. La energía, uno de los sectores que mejor resistió la desaceleración general, tampoco quedó completamente al margen.

Dentro del trimestre, abril cayó 1,9% desestacionalizado, mayo recuperó 0,7% y junio volvió a retroceder 3,3%. Así, el crecimiento interanual convivió con una pérdida de impulso en el margen.

Los derivados del petróleo incluidos en el indicador explicaron la mayor expansión, con una mejora interanual de 6,2%. La generación neta de electricidad creció 2,4%, principalmente por una mayor utilización de fuentes térmicas, mientras el gas distribuido —sin contar lo entregado a centrales eléctricas— apenas avanzó 0,2%.

La información del INDEC coincide con el dinamismo que sigue exhibiendo el sector hidrocarburífero. El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi calculó que la producción nacional de petróleo alcanzó en mayo un récord y creció 18,1% interanual, con Vaca Muerta explicando alrededor del 70% del total.

Incluso, la expansión continuó al concluir el trimestre: en julio la producción llegó a 916.200 barriles diarios, 17,2% más que un año atrás, impulsada principalmente por Vaca Muerta, de acuerdo a los datos difundidos por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación.

Ese desempeño vuelve a colocar al complejo energético entre los motores que sostienen producción y generación de divisas, aun cuando otras actividades vinculadas al mercado interno muestran menor tracción.

Una señal distinta aparece cuando el INDEC observa la energía que las propias empresas generan para utilizar en sus procesos productivos. La autogeneración conjunta de minería e industria cayó 3,7% interanual en el segundo trimestre. Pero el promedio esconde nuevamente dos realidades.

En minería aumentó 4,1%, mientras la energía que esas empresas despacharon al Mercado Eléctrico Mayorista creció 19,3%. En la industria manufacturera sucedió lo contrario: la autogeneración total disminuyó 11,5% y la destinada directamente al autoconsumo fabril bajó 12,7%.

La secuencia industrial fue negativa durante todo el trimestre: el autoconsumo cayó 8,5% en abril, 17,6% en mayo y 12% en junio.

El indicador releva un panel específico de establecimientos que generan su propia electricidad. Pero es una señal que coincide con el resto de las estadísticas del sector: durante los últimos meses la manufactura perdió producción, mantuvo elevada capacidad ociosa y las propias empresas señalaron a la debilidad de la demanda interna como principal límite para producir más.

La diferencia con minería es marcada. Un año atrás, durante el segundo trimestre de 2025, la autogeneración manufacturera había aumentado 14%; ahora cae 11,5%. En minería pasó de crecer 1,6% a hacerlo 4,1%.

El otro capítulo relevante está en los biocombustibles. La producción llegó a 294.848 toneladas entre abril y junio, 20% más que un año antes. Los despachos al mercado interno aumentaron 12,2%. Abril, mayo y junio registraron incrementos productivos de 26,5%, 24,6% y 12,7%, respectivamente.

Pero la comparación parte de un nivel particularmente deprimido: en el segundo trimestre de 2025 la producción había caído 30,8%. El rebote actual, por lo tanto, no implica que la actividad haya recuperado todavía los volúmenes anteriores.

Una reciente estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, publicada por El Litoral, señaló que entre enero y julio la producción acumulada fue 12% superior a la del año pasado pero continuó siendo el tercer registro más bajo en 17 años, en un sector cuya capacidad instalada se concentra principalmente en Santa Fe.

El dato adquiere especial relevancia mientras permanece abierto el debate nacional por un nuevo régimen de biocombustibles, que tiene a las grandes plantas del cordón agroexportador y a las pymes santafesinas discutiendo cómo se repartirá un mercado interno todavía regulado.

El bioetanol, en cambio, retrocedió 2,2% durante el trimestre. También allí hubo diferencias: el elaborado con caña de azúcar cayó 16,2%, mientras el proveniente de maíz aumentó 6,2%.

Las expectativas empresarias completan la divergencia. Para el tercer trimestre, la mayoría de las compañías eléctricas, gasíferas y petroleras no anticipa grandes cambios en la demanda interna. Sin embargo, las intenciones de inversión permanecen elevadas: el INDEC relevó planes entre buena parte de las petroleras y la totalidad de las gasíferas consultadas.

La inversión energética mantiene así una lógica diferente a la que exhiben otras ramas productivas: buena parte de los proyectos está orientada a ampliar capacidad, producción e infraestructura en un sector que tiene cada vez mayor inserción externa.

Quedará, entonces, para el segundo semestre del año determinar si esa expansión logra subsanar la caída de la industria y el consumo interno, o si ISE empieza también a moderar el principal motor que hasta empuja a la actividad económica nacional.

Santa Fe dejó su huella en el libro de récords de los XII Juegos Suramericanos.

Con la competición ya concluida, el relevamiento de cada disciplina permite contabilizar al menos 44 nuevas marcas propias de la competencia continental. El número incluye 19 en atletismo, 18 en natación, cinco en tiro deportivo y dos en tiro con arco, estos últimos todavía pendientes de ratificación internacional.

El dato, antes, necesita una aclaración: no todo “récord suramericano” informado durante las dos semanas de competencia equivale a un récord continental. En las planillas, la sigla SGR —South American Games Record— identifica al récord propio de los Juegos Suramericanos. Es decir, la mejor marca conseguida en la historia del certamen. Bajo ese criterio, atletismo y natación concentraron la mayor parte de los registros. Pero, además, hubo varias plusmarcas sudamericanas y hasta mundiales.

La pista renovada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti fue el escenario con mayor cantidad de récords. En las 44 finales del programa de atletismo se establecieron 19 nuevas marcas de los Juegos.

Hubo registros en velocidad, fondo, vallas, lanzamientos y relevos. Entre ellos quedaron los 32:29.50 de la ecuatoriana Mary Granja en los 10.000 metros; los 65,33 metros del chileno Claudio Romero en disco; el 13.05 de la brasileña Vitoria Sena en 100 metros con vallas; y las actuaciones de Martina Weil y Alison dos Santos en los 400 metros.

También cayeron marcas en los 5.000 metros con el uruguayo Valentín Soca, en los 400 con vallas con Matheus Lima y Gianna Woodruff, en los 200 femeninos con la venezolana Orangys Jiménez y en los 3.000 con obstáculos con la argentina Belén Casetta y el panameño Didier Rodríguez.

La última jornada terminó de engrosar la lista. Colombia estableció 44.36 en el relevo 4x100 femenino, mientras Venezuela dejó nuevos registros en las postas 4x100 mixta y 4x400 masculina.

En ese mismo escenario, los atletas destacaron repetidamente las condiciones de la nueva superficie. “La pista estaba muy rápida”, dijo Granja después de su victoria en los 10.000 metros. Claudio Romero, que llegó a Santa Fe con la intención de mejorar su propia marca del campeonato, resumió después de competir: “Todo se dio a la perfección”.

La natación siguió muy de cerca al atletismo. Dieciocho pruebas terminaron Santa Fe 2026 con un nuevo récord de los Juegos: diez masculinas y ocho femeninas.

Entre los nombres que quedaron asociados a esas marcas aparecen Pedro Spajari en 50 libre, Stephan Steverink en 200 y 400 libre, João Gomes Júnior en 50 pecho, Caio Pumputis en 100 pecho, Santiago Grassi en 50 mariposa y Gabriel Núñez en 200 combinados.

También hubo una fuerte presencia argentina. Cecilia Dieleke marcó 1:00.61 en los 100 metros espalda, Malena Santillán hizo 2:10.99 en los 200 espalda y Macarena Ceballos mejoró las referencias de los Juegos en los 100 y 200 pecho. Argentina, además, estableció un nuevo registro en el relevo femenino 4x100 combinado.

El criterio utilizado para el conteo es que cuando una misma marca fue quebrada durante una eliminatoria y nuevamente en la final, se contabilizó una sola prueba. Lo mismo ocurrió en los 50 espalda femeninos, donde Dieleke y la brasileña Etiene Medeiros compartieron los 28.38: dos nadadoras con un récord para la estadística.

El tiro deportivo agregó otras cinco marcas en las rondas clasificatorias. Entre ellas estuvieron las de los argentinos Fernanda Russo, con 625,7 puntos en rifle de aire 10 metros femenino; Julián Gutiérrez, con 629,0 en la misma especialidad masculina; y Alexis Eberhardt, con 589 puntos y 35 centros interiores en rifle tres posiciones.

También establecieron récords Marina Pérez, de Ecuador, en pistola 25 metros, y la chilena Francisca Crovetto, con 119 platos en la clasificación del skeet femenino.

El tiro con arco sumó otros dos registros. El colombiano Pablo Gómez Zuluaga consiguió 705 puntos en compuesto masculino y el equipo femenino de Colombia, integrado por Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez, alcanzó 2.084. World Archery los publicó como récords de los Juegos pendientes de ratificación.

La estadística de 44 sirve para medir cuánto se movió el libro propio de los Suramericanos, pero Santa Fe 2026 dejó, además, registros que excedieron esa categoría.

Uno de los más resonantes ocurrió en Rosario. El venezolano Ángel Rodríguez levantó 203 kilos en envión en la categoría de 85 kilos y estableció un récord mundial juvenil, una de las marcas de mayor jerarquía deportiva conseguidas durante las dos semanas de competencia.

En Rafaela, la colombiana Stefany Cuadrado completó los 200 metros lanzados del ciclismo de pista en 10.658 segundos y fijó un nuevo récord sudamericano. El flamante velódromo también fue escenario de otras plusmarcas nacionales y regionales durante el programa.

Y en el CARD, el brasileño Caio Bonfim llevó a 1:22:30.1 la referencia sudamericana de la media maratón marcha en pista, una prueba incorporada recientemente al calendario internacional. El registro llegó en una competencia que reunió a uno de los atletas más reconocidos del continente con una instalación estrenada a nivel internacional.

Las marcas quedaron escritas en las planillas; y el balance de las dos semanas se completó con el gran acompañamiento de los santafesinos, disfrutando de disciplinas olímpicas en una renovada infraestructura en las tres sedes de la provincia.

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, lo que representa a unos 9,7 millones de personas dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La indigencia, por su parte, llegó al 7,5%, equivalente a 2,2 millones de personas.

Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró un cambio de tendencia respecto del cierre de 2025. En el segundo semestre del año pasado la pobreza había descendido hasta el 28,2%, mientras que la indigencia se había ubicado en 6,3%.

De esta manera, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales en apenas seis meses, mientras que la indigencia avanzó 1,2 puntos. Medida en hogares, la pobreza pasó de 21% a 24,4%, con una suba de 3,4 puntos, y la indigencia avanzó desde 4,8% hasta 5,6%, 0,8 puntos más.

El movimiento semestral contrasta con la trayectoria que venían mostrando los indicadores al inicio del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, al comparar contra el primer semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 31,6%, la diferencia es de apenas 0,7 puntos. El propio informe aclara que no se observan cambios estadísticamente significativos respecto del mismo semestre del año anterior.

Medida por hogares, la pobreza alcanzó a 2.498.000 hogares, en los que viven 9.729.000 personas. Dentro de ese universo, 575.000 hogares eran indigentes, con un total de 2.249.000 personas que no alcanzaban con sus ingresos a cubrir siquiera la canasta alimentaria.

Una de las claves para explicar el aumento aparece en la evolución de los ingresos y las canastas. Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó 21,4% y la canasta básica total, 19,6%.

Es decir, los ingresos crecieron considerablemente menos que el costo de las canastas que determinan las líneas de pobreza e indigencia. El INDEC señala expresamente esa diferencia como explicación del aumento de ambas tasas respecto del semestre anterior.

La distancia también se observa entre las familias que ya se encuentran debajo de la línea de pobreza. El ingreso familiar promedio de esos hogares fue de $922.755, frente a una canasta básica total promedio de $1.440.395. La diferencia fue de $517.640 y dejó una brecha de pobreza del 35,9%.

En los hogares indigentes, en tanto, el ingreso promedio fue de $442.443, contra una canasta alimentaria de $669.098. La brecha alcanzó los $226.655, equivalente al 33,9%.

Uno de los indicadores más elevados continúa concentrándose en la infancia. Durante el primer semestre, el 44,5% de los menores de 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza, frente al 41,3% registrado al cierre de 2025.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la incidencia llegó al 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, al 28,8%; y entre los adultos de 65 años y más, al 14,8%.

Si se amplía hasta los 17 años, el informe muestra que el 45,2% de niños y adolescentes era pobre. La mayor incidencia aparece entre los chicos de 6 a 11 años, donde alcanza al 47,7%.

El Noreste volvió a registrar la mayor incidencia de pobreza, con 41,5% de las personas, seguido por Cuyo, con 36,7%. Después se ubicaron Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; región Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

En la indigencia, el Noreste también presentó la proporción más elevada, con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires, con 8,4%; región Pampeana, 7,2%; Cuyo, 5%; Noroeste, 4,3%; y Patagonia, 4,2%.

Dentro de la región Pampeana aparecen, además, realidades muy diferentes. En Gran Santa Fe, la pobreza alcanzó al 38,6% de las personas, unas 215.000 según la estimación del organismo. En Gran Rosario, se ubicó en 23,1%, equivalente a unas 315.000 personas.

En el primer semestre de 2024, la pobreza había escalado hasta el 52,9% de las personas. En la segunda mitad de ese año descendió al 38,1%; durante el primer semestre de 2025 bajó al 31,6%; y al cierre del año volvió a reducirse hasta el 28,2%.

Ahora, en el primer semestre de 2026, volvió a subir hasta el 32,3%. La indigencia siguió una trayectoria similar: pasó de 18,1% en la primera mitad de 2024 a 8,2% en el segundo semestre, luego a 6,9% y 6,3% durante 2025, para ubicarse finalmente en 7,5%.

Así, la medición del primer semestre cortó tres períodos consecutivos de caída de la pobreza, aunque el nivel actual permanece muy por debajo del máximo alcanzado durante los primeros seis meses de 2024. Frente a un año atrás, en cambio, el INDEC advierte que las diferencias registradas no resultan estadísticamente significativas.

El Senado de la Nación llegará este jueves al recinto con una agenda corta en cantidad, pero atravesada por dos discusiones que exponen, por caminos distintos, los límites que los aliados provinciales le vienen marcando al Gobierno nacional.

La reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles dejó formalmente convocada una sesión ordinaria y pública para las 12 y redujo el temario acordado a dos asuntos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zona Fría.

En plena interna del gobierno por discrepancias con el Presupuesto 2027, la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, deberá administrar dos negociaciones en paralelo: una ya tuvo concesiones al texto del BCRA; la otra todavía llega al recinto con números que el propio oficialismo reconoce ajustados.

La primera definición ya ocurrió antes de abrir el recinto. El proyecto que Diputados aprobó el 26 de agosto llegó al Senado con dictamen favorable de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, firmado a inicios de septiembre.

El texto coloca como “misión primaria y fundamental” del BCRA preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al Tesoro, modifica las reglas para distribuir utilidades y habilita el uso de determinados activos de las reservas como garantía en operaciones propias del Banco Central. En comisión, Santiago Bausili confirmó que esa posibilidad alcanza al oro, pero descartó que involucre depósitos de los ahorristas o encajes bancarios.

El punto que terminó forzando una negociación es sobre las autoridades. La media sanción de Diputados exigía para remover integrantes del directorio la aprobación previa de ambas cámaras por dos tercios de los miembros presentes. El acuerdo alcanzado este miércoles prevé sustituir ese esquema por una mayoría absoluta de 37 senadores, tanto para la designación como para la remoción, y dejar afuera del procedimiento a Diputados. Bullrich explicó que se preservará así la intervención de la Cámara alta que la Constitución asigna para los acuerdos.

Si el Senado aprueba esas modificaciones, la reforma no quedará sancionada este jueves y deberá regresar a Diputados. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y nuevamente necesitó flexibilizar un punto sensible del proyecto para incorporar votos radicales, del PRO y de bloques provinciales.

La segunda votación tiene una consecuencia más inmediata para las provincias. El proyecto de Zona Fría llega con media sanción de Diputados y dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto. Formalmente, además de modificar el régimen de subsidios al gas, incluye un mecanismo de regularización de deudas del mercado eléctrico y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.

La propuesta reduce el alcance territorial automático establecido en 2021. Mantiene el régimen para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras zonas reemplaza el criterio general por una bonificación focalizada vinculada a ingresos y condiciones de vulnerabilidad.

La retracción geográfica del beneficio dejaría afuera al sur de Santa Fe, Córdoba y casi todo Buenos Aires, San Luis. También perderían el precio especial del gas buena parte de Mendoza —menos Malargüe—, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

El Gobierno defiende el cambio bajo el argumento de que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos”, según sostuvo la secretaria de Energía, María Tettamanti, durante el tratamiento en comisión.

En Santa Fe, la modificación dejaría afuera del beneficio climático general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, aunque parte de esos usuarios podría conservar ayudas si cumple los requisitos del esquema focalizado. Una estimación difundida por El Litoral calculó que la pérdida del descuento específico podría elevar entre 30% y 40% determinadas facturas.

La Casa Gris cuestionó oportunamente esa poda. El ministro Gustavo Puccini sostuvo que trasladará mayores costos operativos al sur santafesino y reclamó que la política energética contemple las particularidades productivas y territoriales del interior. El propio gobernador Maximiliano Pullaro se lo planteó a Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Milei.

Santa Fe objeta además un capítulo menos visible del proyecto. La iniciativa contempla calcular diferencias de ingresos que distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante los períodos de emergencia tarifaria y utilizar esos créditos para compensar obligaciones pendientes con Cammesa. Es el mecanismo que podría alcanzar, entre otras empresas, a Edenor y Edesur. La EPE, en cambio, no registra deudas con la administradora del mercado eléctrico.

A la negociación se agrega otro elemento: gobernadores del norte reclaman un régimen de Zonas Cálidas para subsidiar parte del mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas. El Ejecutivo ofreció avanzar mediante resoluciones, pero mandatarios provinciales reclaman mayores garantías para esa compensación. De manera que no está garantizado el acompañamiento.

Casi uno de cada dos desocupados lleva al menos medio año buscando trabajo en la Argentina, un dato sobre el mercado laboral que creció al mismo tiempo que se fue modificando por dentro la forma en que absorbe a quienes necesitan una ocupación.

El último informe de Mercado de Trabajo del INDEC dejó una cifra menos visible que el 7,9% de desocupación del segundo trimestre: el 45,4% de quienes están sin trabajo lleva más de seis meses intentando conseguirlo. Un 14,5% acumula entre seis meses y un año y otro 30,9% ya superó los doce meses de búsqueda.

La secuencia viene creciendo. En igual período de 2024, el 38,1% de los desocupados llevaba más de medio año buscando —11,9% entre seis y doce meses y 26,2% por encima del año—. En 2025 había escalado hasta 41,4%, para alcanzar ahora el 45,4%.

Aplicado a la cantidad total de desocupados relevados por la EPH, son aproximadamente 528 mil personas con búsquedas superiores a seis meses, frente a unas 415 mil dos años atrás. Dentro de ese universo, alrededor de 360 mil llevan más de un año intentando reinsertarse, contra unas 285 mil en 2024. Son cálculos realizados sobre las participaciones redondeadas que publica el organismo, por lo que deben tomarse como órdenes de magnitud.

La foto del empleo retrata los primeros meses posteriores a la aprobación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y promulgada el pasado 6 de marzo por Javier Milei. Así, los próximos trimestres permitirán empezar a observar si el nuevo marco legal habilita una recomposición del empleo formal o si continúa ganando espacio el cuentapropismo, aplazando la porción creciente de quienes quieren regresar al mercado formal.

La prolongación de la búsqueda ayuda a mirar el mercado desde otro ángulo. La tasa de empleo prácticamente no cambió entre los segundos trimestres de 2024 y 2026: pasó de 44,8% a 45%. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral —que incorpora también a quienes tienen una ocupación pero buscan otra o están disponibles para trabajar más— aumentó desde 29,7% hasta 30,8% de la población económicamente activa.

Tampoco permaneció igual la composición del empleo. En esos dos años, los 31 aglomerados relevados por el INDEC sumaron alrededor de 271 mil ocupados, mientras que la cantidad de trabajadores informales aumentó en aproximadamente 574 mil. Los asalariados bajaron de representar 73,8% a 70,5% de los ocupados y el cuentapropismo avanzó de 23% a 25,5%.

El último componente exhibe datos adicionales sobre la masa laboral: mientras la informalidad entre asalariados se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2025 y 2026, en torno al 38%, entre los cuentapropistas pasó de 62,4% a 65,8%. El empleo independiente informal ganó así peso dentro de un mercado que mantiene casi estable su cantidad total de ocupados.

Federico Pastrana, economista de C-P Consultora, calculó que sólo durante el último año se incorporaron alrededor de 330 mil cuentapropistas informales. En un posteo de X dio a conocer que calculando que si desde 2024 el cuentapropismo hubiera crecido al ritmo de la población, la desocupación habría alcanzado 9,8%, en lugar del 7,9% registrado, posibilitando medir la dimensión de absorción del autoempleo ante las dificultades para encontrar trabajo asalariado.

El movimiento tampoco fue uniforme entre varones y mujeres. La tasa de empleo femenina

pasó de 48,3% en 2024 a 48,7% ahora; la masculina hizo el camino inverso, desde 65,3% hasta 64,4%. La desocupación de las mujeres prácticamente no cambió —8,4% en ambos extremos—, mientras entre los varones aumentó de 6,9% a 7,5%.

Pero la edad modifica nuevamente la fotografía. Entre las mujeres de 30 a 64 años, el empleo subió de 67,6% a 68,6%; entre las menores de 30 retrocedió de 35,5% a 34,2%. Entre los varones cayó en los dos grupos: de 87,7% a 86,3% para los adultos y de 44,8% a 44% para los jóvenes. Estos últimos siguen además concentrando las tasas de desocupación más altas: 17,1% entre mujeres de hasta 29 años y 14,1% entre los varones de esa edad.

Los datos no entrecruzan cómo se relaciona la evolución de trabajo según sexo y categoría ocupacional, para saber cuánto de la inserción femenina está ocurriendo mediante empleos asalariados y cuánto por cuenta propia. Pero una hipótesis que se percibe en el día a día es que, mientras el autoempleo masculinizado crece en conductores de aplicaciones y repartidores de plataformas, las mujeres lideran emprendimientos comerciales de indumentaria y gastronomía con ventas desde el hogar a través de redes sociales, servicios de estética como peluquería o uñas a domicilio y tareas profesionales contables, de marketing o de abogacía en formato freelance.

El lugar donde se genera el trabajo también muestra desplazamientos. La industria manufacturera concentraba 10,8% de los ocupados en el segundo trimestre de 2024 y ahora reúne 9,8%. Comercio hizo el recorrido contrario, de 18,7% a 19,4%; hoteles y restaurantes avanzaron con mayor intensidad, desde 3,8% hasta 5,8%; y los otros servicios comunitarios, sociales y personales pasaron de 6,2% a 6,7%. La construcción permaneció casi estable, de 8,6% a 8,5%.

Como aproximación sobre los porcentajes redondeados del INDEC, la industria tendría actualmente alrededor de 100 mil ocupados menos que hace dos años, mientras hoteles y restaurantes sumarían unos 280 mil y comercio cerca de 145 mil. La comparación no implica que los trabajadores hayan migrado directamente de una rama hacia otra, pero sí muestra una estructura de ocupación con menor peso relativo de la fábrica y mayor presencia del comercio, la gastronomía y distintos servicios.

El fenómeno admite, además, algunos contrapesos. No todos los indicadores muestran una degradación simultánea. Entre los ocupados, la subocupación pasó de 12,8% en 2024 a 12,4% ahora, mientras la proporción de trabajadores con una ocupación plena quedó prácticamente estable —58,3% contra 58%—. La sobreocupación sí aumentó, de 26,3% a 27,6%.

Por eso, al analizar el conjunto de los datos de esta última publicación del mercado de trabajo del INDEC para el segundo trimestre de 2026, la transformación laboral aparece de manera más clara en la modalidad de inserción y en la distribución sectorial del empleo que en la intensidad horaria del trabajo: más cuenta propia, mayor informalidad entre independientes y una economía donde los servicios ganaron espacio relativo frente a la actividad manufacturera.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió que los salarios volvieron a ganarle a la inflación en julio, aunque la mejora del promedio todavía no recompone el total de lo perdido durante el año en el sector formal.

El Índice de Salarios publicado este martes por el INDEC aumentó 2,8% mensual, frente al 2,1% que había marcado el IPC en el séptimo mes del año. En términos interanuales, los ingresos avanzaron 36,2% contra una inflación de 33,8%; y desde diciembre acumularon 21,8%, también por encima del 19,3% de aumento general de los precios.

El INDEC informó que los salarios subieron 2,8% en julio y superaron a la inflación del 2,1%, pero los ingresos privados registrados siguen perdiendo en 2026.

El panorama general prolonga, así, la recuperación que ya había mostrado junio. Pero sostiene, todavía, la misma heterogeneidad al interior del indicador.

Los trabajadores privados registrados recibieron aumentos de 2,3% en julio, apenas dos décimas por encima de la inflación mensual.

El problema aparece al ampliar la comparación. Desde diciembre sus salarios crecieron 17%, frente al 19,3% acumulado por los precios; y en doce meses avanzaron 29,7%, contra una inflación de 33,8%.

A pesar de esta aparente recuperación global, el informe expone una marcada heterogeneidad y evidencia que los trabajadores registrados todavía no recuperan el poder adquisitivo perdido durante el año.

Es decir, julio aportó una pequeña recuperación, pero todavía no recompuso la pérdida acumulada durante el año.

La comparación con las canastas básicas agrega otra medida del esfuerzo. Entre enero y julio, la Canasta Básica Total aumentó 19,6% y la Alimentaria 20,1%. Para una familia tipo de cuatro integrantes, superar la línea de pobreza demandó en julio $1.564.715,90 y cubrir solamente los alimentos, $708.016,24.

El 17% acumulado por los salarios privados registrados también queda por detrás de ambos umbrales.

La mayor diferencia vuelve a estar entre quienes trabajan sin registración.

El índice estimado para el sector privado no registrado subió 3,9% mensual, 59,9% interanual y acumula 34,4% durante 2026. Es, por amplia distancia, el componente con mayor crecimiento y el que vuelve a elevar el promedio general.

Pero allí el propio INDEC obliga a una precaución metodológica. El dato de salarios informales se construye con información de la Encuesta Permanente de Hogares y posee un rezago de cinco meses, producto de promedios trimestrales móviles de ingresos horarios.

La diferencia es relevante porque ese sector representa 19,93% del índice total, mientras los privados registrados explican 50,16% y los trabajadores públicos, 29,91%.

Ya en junio el fenómeno había abierto una discusión política, luego de que Javier Milei utilizara precisamente el crecimiento del componente informal para rechazar las críticas sobre la evolución del poder adquisitivo.

Los salarios públicos aumentaron 3% durante julio y acumulan 21,1% desde diciembre.

Pero también allí existen diferencias. Los empleados públicos nacionales —sin incluir universidades nacionales— recibieron un incremento de 3,9% en el mes y acumulan 18,1% en siete meses, todavía por debajo de la inflación.

Los provinciales subieron 3,2% mensual y 20% desde diciembre, apenas por encima del IPC acumulado. En la comparación interanual, sin embargo, ambos continúan perdiendo: 27,5% los nacionales y 30,4% los provinciales frente al 33,8% de los precios.

La secuencia deja así un escenario menos categórico que el 2,8% del título estadístico: el índice general consolida una mejora real, pero buena parte del impulso proviene de un componente informal medido con rezago; mientras tanto, los salarios privados registrados todavía intentan recuperar lo perdido y los públicos nacionales siguen corriendo detrás del costo de vida.

Industriales y comerciantes coinciden en señalar el mismo problema en la marcha de la economía argentina: faltan compradores capaces de transformar la estabilización macroeconómica en una recuperación sostenida de la actividad interna.

Las dos Encuestas de Tendencia de Negocios publicadas este lunes por el INDEC permiten observar la coyuntura desde las propias empresas. Una releva a la industria manufacturera y la otra a supermercados y autoservicios mayoristas, con información de agosto y expectativas para septiembre-noviembre.

La señal resulta consistente con las últimas estadísticas oficiales: el PBI cayó 0,6% contra el primer trimestre, el consumo privado retrocedió 2,4% y la inversión 0,8%, mientras la industria venía trabajando en julio con sólo 58,2% de su capacidad y registra la principal caída de empleo formal.

La respuesta de los industriales es contundente. Consultadas sobre el factor más importante que limita la posibilidad de aumentar la producción, 53,6% de las empresas señaló una “demanda interna insuficiente”. Tres meses antes eran 53,2%.

Muy atrás aparece la competencia de productos importados, mencionada por 10,1%; la incertidumbre económica, 6,7%; los problemas financieros, 4,4%; y la insuficiencia de la demanda externa, apenas 3,7%. Sólo 6,7% respondió no tener ninguna restricción.

Es un dato significativo porque ubica el principal problema lejos de restricciones clásicas de oferta como falta de equipos, materias primas, energía o trabajadores. La industria tiene capacidad para producir, pero no encuentra suficiente demanda para utilizarla.

La encuesta de los comerciantes devuelve casi la misma imagen. Entre supermercados y autoservicios mayoristas, 59,6% indicó a la demanda como principal limitación para aumentar su actividad. El costo laboral aparece segundo, con 20,2%, seguido por el financiamiento, con 6,7%.

La coincidencia une dos extremos de la cadena: quienes fabrican y quienes venden encuentran la mayor dificultad del mismo lado del mostrador.

La industria llega además a los últimos meses del año con expectativas negativas. El Indicador de Confianza Empresarial del sector fue de -20,2% en agosto, deteriorándose respecto del -17,2% de julio. Más de la mitad de las empresas, 52,9%, considera que su cartera de pedidos está por debajo de lo normal y apenas 2,2% la ubica por encima.

La evaluación general tampoco mejora demasiado: 30% considera mala la situación actual de su negocio y sólo 7,7% la califica como buena. En materia financiera, 25,3% describe una situación mala y 11% una buena; además, 31,4% considera difícil acceder al crédito, frente a sólo 6% que lo considera fácil.

El problema se proyecta hacia noviembre. Sólo 15,4% espera aumentar el volumen de producción, mientras 19,7% prevé reducirlo. Para la demanda interna el balance es todavía más negativo: 23,8% anticipa menores pedidos y 13,8% una mejora.

El sector externo vuelve a marcar una diferencia. Ante la consulta sobre exportaciones, 18,2% espera aumentarlas y 17,1% reducirlas, dejando un balance apenas positivo de un punto.

La cautela empresaria empieza a proyectarse directamente sobre el trabajo.

Para septiembre-noviembre, apenas 3,7% de los industriales espera aumentar su dotación, contra 16,5% que proyecta reducirla. Casi ocho de cada diez prevén mantenerla sin cambios. El balance queda así en -12,8 puntos.

La misma tendencia aparece en la intensidad de utilización del personal: 17% anticipa una reducción de las horas trabajadas y sólo 5,8% espera aumentarlas.

Es una señal para seguir en el cordón industrial santafesino donde la actividad metalúrgica tiene un peso específico. En julio, este último bloque había utilizado apenas 38,3% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de todos los sectores relevados por el INDEC y donde se registraron las mayores subas del desempleo a nivel nacional.

Supermercados y mayoristas muestran una diferencia: la situación presente sigue siendo débil, pero las expectativas mejoran.

Sólo 7,9% calificó como buena la situación comercial de agosto y 28,1% como mala, con un balance de -20,2 puntos. Sin embargo, para septiembre-noviembre 19,1% espera una mejora y apenas 6,7% un empeoramiento, dejando un balance positivo de 12,4.

Ese optimismo todavía no se convierte en decisiones expansivas. Los pedidos a proveedores presentan un balance de -4,5 puntos y, en materia laboral, 13,5% de las empresas prevé reducir personal contra sólo 2,2% que anticipa aumentarlo.

El crédito tampoco aparece como motor. Para 36% de supermercados y mayoristas el acceso al financiamiento es difícil y sólo 3,4% lo considera fácil. A la vez, 62,9% espera aumentar sus precios de venta durante los próximos tres meses.

La economía argentina sigue creciendo más que hace un año, pero durante el segundo trimestre empezó a hacerlo con una dependencia creciente de los dólares desde las exportaciones de sectores primarios. Así lo exponen los dos últimos informes del INDEC.

Este jueves se dio a conocer el avance del nivel de actividad nacional. Si bien el Producto Bruto Interno creció 2% interanual entre abril y junio, sufrió una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primer trimestre, arrastrado principalmente por el desplome del consumo interno, el freno en la inversión y el menor gasto público.

En tanto, este viernes, el intercambio comercial de agosto mostró otro superávit de US$2.187 millones, con exportaciones de los sectores primarios marcando récords históricos gracias al empuje del campo, hidrocarburos y minería, mientras la importación de bienes de capital e insumos productivos continúa en franco declive, encendiendo alertas sobre la sostenibilidad de la actividad productiva local.

Los datos oficiales describen una economía en la que el frente externo sigue expandiéndose mientras los motores domésticos pierden tracción.

Al abrir el PBI por componentes se ve que las exportaciones de bienes y servicios reales crecieron 13,7% contra el segundo trimestre del año pasado; el consumo privado apenas avanzó 0,4%; el público cayó 4,1% y la formación bruta de capital fijo se desplomó 11,1%.

Pero la comparación contra el trimestre anterior resulta más marcada: las exportaciones subieron 2,5%, mientras el consumo privado retrocedió 2,4%, el público -2,3% y la inversión -0,8%. Ahí está buena parte de la explicación del -0,6% trimestral del PBI. La demanda doméstica, que representa el grueso de la actividad, dejó de acompañar al sector externo.

El propio INDEC había medido que en julio la producción manufacturera había caído 5% desestacionalizada respecto de junio y la construcción bajó 4,6% mensual. La industria utilizó apenas 58,2% de su capacidad instalada, prácticamente el mismo nivel deprimido de un año antes.

La caída de la inversión aporta otra señal porque compromete no sólo la actividad presente sino también la capacidad futura de producir. La formación bruta de capital fijo retrocedió 11,1% interanual durante el segundo trimestre. La inversión en maquinaria y equipo cayó 15,2% y la destinada a equipos de transporte, 22,1%. En maquinaria, el retroceso fue casi idéntico entre bienes nacionales —15,5%— e importados —15%, por lo que la menor compra de equipamiento en el exterior no estaría siendo reemplazada por fabricación local.

Los datos de agosto en el comercio exterior confirman esta lectura. En lo que va del año, las importaciones totales bajaron 2,6%, pero las compras de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 19,2% en valor, mientras los bienes de capital retrocedieron 5,9%.

Sectores industriales como la metalmecánica ya habían ofrecido una fotografía concreta de ese freno: en julio trabajó con sólo 38,3% de su capacidad instalada y la producción nacional de maquinaria agropecuaria cayó 46,6%.

En sentido totalmente opuesto, las exportaciones acumularon US$67.248 millones durante los primeros ocho meses del año, 21,4% más que en igual período de 2025. Las importaciones sumaron US$48.999 millones y dejaron un superávit comercial de US$18.249 millones, frente a US$5.109 millones registradas un año antes.

Así, el superávit alcanzó un total de US$2.187 millones, el trigésimo tercero consecutivo, constituyendo uno de los principales soportes de la macroeconomía nacional, pero el origen de las divisas muestra que la marcha de la actividad está fuertemente concentrada.

Combustibles y energía aumentaron sus exportaciones 48,9% en ocho meses, mientras las manufacturas de origen agropecuario crecieron 15,3% y las industriales 26,6%. El PBI cuenta la misma historia por sectores: minas y canteras avanzaron 16,4% interanual y agricultura y ganadería 6,9%, mientras la industria manufacturera cayó 2,1% y la construcción apenas creció 0,2%.

En agosto apareció además una advertencia dentro del propio frente exportador. Las ventas externas crecieron 12,4% en dólares, aunque ese incremento fue explicado por precios 16% más altos, mientras las cantidades exportadas bajaron 3,1%. En términos desestacionalizados las exportaciones mejoraron 2,1% contra julio, pero su tendencia-ciclo descendió 1%. Es un dato que no indica que haya cambiado la tendencia, pero muestra que el ingreso adicional de dólares de agosto no provino de un mayor volumen físico colocado en el exterior.

La pérdida de velocidad también aparece en otras cuentas nacionales.

Este jueves también se conoció que durante el mismo segundo trimestre en que el PBI retrocedió contra los primeros tres meses del año, crecieron la desocupación y la informalidad dentro de la población económicamente activa, sobre todo en regiones donde la actividad manufacturera se ve resentida como marcaron por ejemplo los registros de Rosario que registró la tasa de desempleo más alta del país.

Todo ocurre mientras la inflación se mantiene en registros sensiblemente inferiores a los de años anteriores: el IPC nacional fue del 1,7% en agosto. Esa desaceleración ayuda a ordenar precios relativos y mejorar previsibilidad, pero hasta ahora convive con una recuperación muy desigual de la actividad. Como sostén de los argumentos oficiales, también se conoció esta semana que el índice de confianza del consumidor volvió a subir en septiembre luego de dos bajas consecutivas.

Esta dualidad que manifiesta la economía nacional se percibe en la dinámica de provincias como Santa Fe, que participa de manera directa del boom exportador con records permanentes del complejo agroindustrial y, al mismo tiempo, contiene un entramado metalmecánico en el cordón industrial del sur y de maquinaria agrícola en el centro-norte expuesto al costado más perjudicado de la coyuntura doméstica.

La prueba para la gestión libertaria en lo que resta del 20226 y el próximo año, que se dará en plena contienda electoral, será comprobar si el crecimiento de las exportaciones derraman en la economía interna.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) difundido este miércoles por el INDEC aumentó 2,5% en agosto en el Gran Buenos Aires, acumuló 22% desde enero y quedó 33,2% por encima del mismo mes de 2025. El mismo día, el IPEC mostró una dinámica similar, aunque de menor magnitud, en los principales aglomerados santafesinos: 1,7% mensual en Gran Santa Fe y 1,6% en Gran Rosario.

Las mediciones no son directamente equiparables. El INDEC releva el costo de edificios residenciales privados en Capital Federal y 24 partidos bonaerenses y excluye, entre otros componentes, IVA y terreno; el IPEC calcula una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 metros cuadrados e incorpora IVA. Pero las dos estadísticas permiten observar una misma tensión: el enfriamiento de la actividad todavía no produce una baja general de los costos.

En Gran Santa Fe, el costo de esa vivienda tipo alcanzó en agosto $1.014.002 por metro cuadrado. En Gran Rosario llegó a $1.001.053. Un año antes se ubicaban, respectivamente, en $803.310 y $800.800.

En términos interanuales, el índice provincial aumentó 26,2% en Gran Santa Fe y 25% en Gran Rosario; desde diciembre, acumuló 18,2% y 17,6%.

La composición difiere del dato porteño. En Santa Fe, los materiales subieron 1,8% mensual, la mano de obra 1,9% y los gastos generales 0,6%. En Rosario, materiales avanzaron 1,3%, salarios 1,9% y gastos generales 2%.

El IPEC explicó que el componente laboral incorporó el aumento de 1,9% establecido por el acuerdo de la UOCRA. En materiales, Gran Santa Fe mostró aumentos fuertes en grifería, 7,9%; revoques finos, 5,7%; cementos, 4,2%; y ladrillos, 3,8%. En Rosario se destacaron maderas, con 4,5%; revoques finos, 3,1%; y artefactos de gas, también 3,1%.

En el Gran Buenos Aires, el aumento del costo estuvo mucho más concentrado en el trabajo. La mano de obra subió 3,2% mensual y 40,7% interanual, contra 1,7% y 24,7% de los materiales. De los 2,49 puntos que avanzó el índice general, 1,55 puntos provinieron del componente laboral.

En los dos aglomerados santafesinos la relación anual es distinta. La mano de obra aumentó 22,8%, por debajo de los materiales en Gran Santa Fe, que avanzaron 26,3%, y cerca del 24,1% registrado en Rosario.

El componente que sobresale localmente es otro: los gastos generales acumulan casi 40% de aumento interanual, tanto en Gran Santa Fe como en Gran Rosario.

La comparación requiere cautela metodológica, pero evidencia que el costo no responde a un único factor: salarios, tarifas, alquileres de equipos y determinados materiales siguen reajustándose aun cuando la demanda física perdió fuerza.

La contracara está en el nivel de actividad. En julio, último mes informado por el INDEC, el indicador sintético de la construcción cayó 4,5% interanual y 4,6% desestacionalizado frente a junio, aunque todavía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros siete meses.

Los insumos mostraron una retracción mucho más extendida. El consumo de asfalto bajó 23,1%; yeso, 21,2%; ladrillos huecos, 12,9%; hormigón elaborado, 9,5%; cemento portland, 8,1%; y pisos y revestimientos cerámicos, 6,9%.

La señal llegó también a las plantas que abastecen esas obras. Los productos minerales no metálicos —donde se agrupan cemento, vidrio, cal, yeso y otros materiales— utilizaron en julio apenas 48,6% de su capacidad instalada, contra 57,1% un año antes. El INDEC atribuyó esa reducción precisamente a una menor elaboración de vidrio, cemento y otros productos destinados a la construcción.

El único contrapunto sigue apareciendo en los indicadores que anticipan potenciales obras. La superficie autorizada por permisos había aumentado 31,6% interanual en junio, hasta 1,57 millones de metros cuadrados, y acumulaba una mejora de 8,9% en el semestre.

Pero permiso no significa ejecución inmediata. Las propias constructoras mantenían expectativas cautas para agosto-octubre: en obra privada solo 10,6% esperaba un aumento de actividad, mientras 14,4% proyectaba una baja; entre quienes trabajan principalmente en obra pública, 25,8% anticipaba una contracción.

La industria argentina dejó de caer en picada, pero sigue con una gran parte de sus máquinas apagadas.

El INDEC informó este lunes que la utilización de la capacidad instalada alcanzó en julio el 58,2%, apenas por debajo del 58,4% registrado un año atrás. La comparación interanual parece mostrar estabilidad. La serie más larga, sin embargo, expone otra cosa: después del quiebre observado a comienzos de 2024, el aparato manufacturero no logró regresar al escalón de utilización que había mostrado durante buena parte de 2022 y 2023.

Tampoco aparece todavía una recuperación sostenida dentro de 2026. El indicador pasó de 53,9% en enero a 59,8% en marzo y 59,9% en abril; luego bajó a 58,3% en mayo, repuntó a 59,1% en junio y volvió a 58,2% en julio. La industria dejó atrás los mínimos, pero permanece sin una tendencia ascendente capaz de reducir de manera consistente la capacidad ociosa.

La secuencia completa evidencia una tensión que viene apareciendo en los últimos indicadores productivos: los sectores vinculados con recursos naturales y algunos mercados externos funcionan a un ritmo mucho más alto que buena parte de la industria que depende del mercado doméstico.

El 58,2% nacional reúne situaciones que están cada vez más alejadas entre sí. La refinación de petróleo utilizó en julio el 89,9% de su capacidad productiva; las industrias metálicas básicas, 71,8%; papel y cartón, 69,6%; alimentos y bebidas, 66%; y sustancias y productos químicos, 61,4%.

En el extremo contrario, la metalmecánica excluida la industria automotriz trabajó al 38,3%; las terminales automotrices, al 39%; caucho y plástico, al 40,2%; textiles, al 45,3%; y los productos minerales no metálicos, al 48,6%.

No es sólo una distancia entre sectores. También se amplió respecto de un año atrás. Metalmecánica había utilizado 49% de su capacidad en julio de 2025 y perdió 10,7 puntos porcentuales. Los minerales no metálicos pasaron de 57,1% a 48,6% y las automotrices, de 44,1% a 39%.

Del otro lado, refinación de petróleo escaló desde 81,7% hasta 89,9%, mientras las metálicas básicas subieron de 63,9% a 71,8% y papel y cartón de 59,7% a 69,6%.

Así, el promedio nacional permanece prácticamente inmóvil porque los bloques que aumentaron la utilización compensan estadísticamente el deterioro de otros sectores, sin que eso implique una recuperación generalizada del aparato fabril.

El sector automotor ofrece el ejemplo más directo del desacople. Las exportaciones de automóviles y utilitarios aumentaron 28,3% interanual en julio, con una mejora de 26,7% en los envíos a Brasil. Pero el impulso externo no alcanzó para empujar la producción local: la fabricación de vehículos cayó 9,9%, mientras las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales se desplomaron 48,8%.

En los primeros siete meses, los vehículos nacionales representaron apenas 30,1% de las unidades comercializadas a concesionarios.

La capacidad instalada completa la secuencia. Las terminales trabajaron al 39%, cinco puntos menos que un año atrás. Es decir, más exportaciones convivieron con menor producción y mayor capacidad ociosa porque la mejora externa no compensó la retracción del mercado local.

El dato coincide con un IPI manufacturero que cayó 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% durante los primeros siete meses. Doce de las 16 divisiones industriales produjeron menos que un año antes.

La situación más pronunciada aparece en metalmecánica, un sector especialmente relevante para el entramado productivo santafesino.

Sólo 38,3% de la capacidad disponible estaba siendo utilizada en julio, contra 49% un año atrás. El INDEC vinculó la caída principalmente con los menores niveles de fabricación de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico.

Los números de producción explican la magnitud. Maquinaria y equipo retrocedió 26,7% interanual y acumula una baja de 20,5%; dentro del bloque, la maquinaria agropecuaria se desplomó 46,6%. El organismo identificó menor producción de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas e implementos y señaló una “menor demanda de unidades de fabricación nacional”.

La estadística es nacional y no permite atribuir el 38,3% específicamente a Santa Fe. Pero toca de lleno una cadena con fuerte presencia provincial y agrega una señal de alerta para el corredor fabril de maquinaria agrícola: antes que falta de infraestructura productiva, el sector tiene capacidad disponible que la demanda actual no consigue ocupar.

La refinación muestra exactamente el movimiento contrario. Con 89,9%, es por amplia diferencia la rama que más utiliza su capacidad instalada y avanzó más de ocho puntos porcentuales respecto de julio del año pasado. El INDEC lo atribuyó al mayor procesamiento de petróleo crudo.

El dato es consistente con el crecimiento que exhibe la actividad extractiva. La producción de petróleo aumentó 12,7% interanual en julio y 16,7% en los primeros siete meses. En particular, el crudo no convencional avanzó 26,1% y alcanzó 3,16 millones de metros cúbicos, mientras la extracción convencional disminuyó 10,3%.

Ahí también se sintió la heterogeneidad de la actividad económica. Mientras la extracción creció con fuerza, los servicios de apoyo para petróleo y gas cayeron 16,6% interanual y acumularon una contracción de 15,7%.

El contraste vuelve a aparecer dentro de alimentos. El bloque utilizó 66% de su capacidad, levemente por encima de 2025, impulsado principalmente por la molienda de oleaginosas, que aumentó 10,7%. Pero el IPI mostró al mismo tiempo una baja de 6,2% en galletitas, productos de panadería y pastas, junto con una menor utilización doméstica de harina de trigo.

El próximo movimiento de la capacidad instalada permitirá saber si ese 58% se convierte finalmente en un piso desde el cual comienza una recuperación industrial o si queda consolidado como el nivel de funcionamiento de una economía donde los motores exportadores avanzan bastante más rápido que las fábricas dependientes de la demanda doméstica.

La inflación de agosto en la Argentina fue del 1,7%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Fue el octavo dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro acumulado en el año alcanzó 21,3%, más del doble del 10,1% contemplado en la Ley de Presupuesto del 2026.

La variación mensual significó una desaceleración de cuatro décimas respecto de julio, cuando el IPC había avanzado 2,1%, y volvió a colocar al indicador por debajo del umbral del 2%. En la comparación interanual también se produjo una leve moderación: pasó del 33,8% registrado en julio a 33,5% en agosto.

El movimiento interrumpió, en ese caso, una secuencia de subas que había llevado la variación frente al mismo mes del año anterior desde 32,4% en abril a 33,2% en mayo, 33,5% en junio y 33,8% en julio. El recorrido mensual había sido diferente: luego del pico de 3,4% en marzo, el índice bajó a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, antes del rebote de julio.

El dato vuelve a encontrar al organismo estadístico bajo la conducción de Pedro Lines, luego de la salida de Marco Lavagna a comienzos de año y la decisión oficial de mantener para la medición del IPC la estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05.

La inflación núcleo volvió a ubicarse en 1,8%, exactamente el mismo nivel que había registrado en julio. El INDEC vinculó las principales subas de este componente con el alquiler de la vivienda y los servicios culturales.

Los precios regulados aumentaron 2,2%, una décima más que durante el mes anterior, impulsados principalmente por electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas.

El contraste estuvo en los estacionales, que cayeron 0,9% después de haber avanzado 4,5% en julio. El descenso respondió a las bajas en paquetes turísticos y prendas de vestir, aunque fue parcialmente compensado por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres y frutas.

La composición también volvió a mostrar una diferencia entre bienes y servicios. Los primeros subieron 1,4% durante agosto, mientras que los servicios aumentaron 2%, tres décimas por encima del nivel general.

La división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,8%, desplazando a Recreación y cultura, que había encabezado las subas en julio. El segundo mayor avance correspondió a Educación, con 2,5%.

Por encima del promedio nacional también quedaron Bienes y servicios varios y Salud, ambos con 2,4%; Comunicación, con 2,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%; y Restaurantes y hoteles, con 1,8%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas acompañó exactamente el nivel general, con 1,7%, mientras Transporte subió 1,5% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,4%.

En el extremo inferior, Recreación y cultura no registró variación mensual, con 0%, mientras Prendas de vestir y calzado volvió a marcar deflación, con una caída de 0,6%. En julio, esta última división ya había retrocedido 1,3%.

La foto acumulada mantiene diferencias importantes entre rubros. En los primeros ocho meses, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 31,5% y Educación, 30,1%, ambas muy por encima del nivel general. Los regulados, considerados como categoría, acumularon un incremento de 28,5%, frente al 19,8% de la inflación núcleo y el 16,8% de los estacionales.

El organismo también detalló las variaciones mensuales por regiones de la Argentina.

Los mayores incrementos se produjeron en Noreste, Noroeste y Patagonia, con 1,8% en cada caso. Cuyo coincidió con el promedio nacional, con 1,7%, mientras Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron las menores variaciones, con 1,6%.

Para la región Pampeana, que incluye a Santa Fe, el dato significó quedar una décima por debajo del promedio nacional. En lo que va del año acumula una inflación de 20,9%, mientras la variación interanual alcanzó 33,1%.

A diferencia de julio, cuando la incidencia de las divisiones había presentado alguna disparidad territorial, en agosto Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor incidencia sobre el nivel general en las seis regiones. El INDEC explicó el movimiento por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, frutas y pan y cereales.

En la región Pampeana, Alimentos aumentó 1,7% y aportó 0,53 puntos porcentuales al índice mensual, por encima de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 3,5% pero tuvo una incidencia de 0,32 puntos.

La evolución de esos dos componentes —alimentos por su peso en la canasta y regulados por los ajustes pendientes— volverá a ser determinante para saber si la desaceleración registrada en agosto logra sostenerse durante septiembre.

El oro del Banco Central de la República Argentina podrá ser utilizado como garantía en operaciones de liquidez de la propia entidad si el Senado convierte en ley la reforma de su Carta Orgánica que este miércoles avanzó en comisión.

La confirmación salió de boca de Santiago Bausili después de que buena parte de las objeciones opositoras confluyeran sobre los artículos 13 y 33, modificaciones que el titular del BCRA presentó como una actualización operativa. “Sí, el oro se puede poner en garantía, como sucede al día de hoy”, respondió Bausili, pero inmediatamente marcó un límite: “Los encajes no, ni los encajes ni los depósitos de la gente estarían afectados”.

La discusión ocupó una porción importante de las casi cuatro horas del plenario de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, que recibió también al vicepresidente del Central, Vladimir Werning. Al final de la reunión, el oficialismo hizo avanzar el dictamen del proyecto que Diputados había aprobado días atrás por 144 votos contra 102 y nueve abstenciones.

Los artículos 13 y 33 despertaron la mayor cantidad de cuestionamientos entre los senadores. La modificación de proyecto establece que los bienes que forman parte de las reservas son inembargables pero, a la vez, habilita a utilizar activos externos como garantía en “operaciones propias de banca central”.

Juliana Di Tullio apuntó directamente sobre el alcance de esa habilitación. La senadora del Justicialismo quiso saber qué activos podrían comprometerse, preguntó específicamente por los encajes de los depósitos en dólares y volvió sobre el traslado al exterior de parte del oro del BCRA.

También Alejandra Vigo (Provincias Unidas) puso el foco sobre lo que consideró la mayor contradicción que suscitan ambas modificaciones: si las reservas son declaradas inembargables pero pueden entregarse como garantía, ¿qué ocurrirá cuando la obligación garantizada no se cumple?. Jorge Capitanich, en tanto, insistitó en el requerimiento de precisiones acerca de los límites y controles que tendrá la utilización de reservas como colateral.

Bausili hizo una distinción. Una cosa, explicó, es que las reservas puedan ser alcanzadas por embargos derivados de obligaciones de otras áreas del Estado. Otra es que el propio Central afecte voluntariamente un activo para respaldar una operación. “Si se pone un activo en garantía y no se cumple el contrato, esa garantía va a ser ejecutada”, reconoció.

El funcionario insistió en que se trata de operaciones para administrar liquidez y no de una nueva fuente de financiamiento público. Puso como ejemplo la posibilidad de obtener fondos por un período corto contra títulos del Tesoro estadounidense que forman parte de las reservas, evitando venderlos y recomprarlos.

Sobre el oro trasladado durante 2024, aseguró que los movimientos están documentados y auditados. Explicó que actualmente existe oro físico en las bóvedas del BCRA y otra porción depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. Según su versión, el traslado permitió convertir lingotes de menor calidad comercial en activos con mejores estándares aprovechando condiciones favorables del mercado.

La controversia por los artículos 13 y 33 terminaron funcionando como disparador de la nueva arquitectura que Javier Milei propone en el funcionamiento del BCRA: alterar la relación con el Tesoro y, al mismo tiempo, darle a sus autoridades una estabilidad mayor frente a los vaivenes de la política.

Hacia el final de su intervención, Bausili sintetizó que la reforma busca “un rol del Banco Central mucho más acotado”, menos vinculado al programa económico del gobierno de turno y concentrado en preservar el valor de la moneda.

En ese sentido, defendió la reducción de funciones. Destacó que frente a la Carta Orgánica vigente, que incorpora estabilidad monetaria y financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social, el Central concentrará su misión principal en preservar el valor de la moneda.

“El Banco Central tiene que ser agnóstico, no tiene que estar eligiendo un sector de la economía sobre otro”, lanzó Bausili cuando los senadores le preguntaron por herramientas destinadas a favorecer el crédito a pymes o economías regionales.

Werning puso números al proyecto. Según el cálculo presentado por el vicepresidente del BCRA, el “daño patrimonial” acumulado por el Central entre 2013 y 2023 superó los US$ 550.000 millones a valores actualizados, una cifra equivalente al 85% del Producto Interno Bruto.

En esa cuenta incluyó la pérdida de reservas líquidas a través de letras intransferibles, los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades, otros mecanismos indirectos de financiamiento y el costo que luego debió asumir el Central para esterilizar los pesos emitidos.

La hipótesis que defendió Werning es lineal: el Tesoro recibió pesos y dólares; el BCRA deterioró su balance para proveérselos y las familias terminaron absorbiendo una parte sustancial del costo mediante inflación.

Para la conducción de la entidad, ese cálculo explica por qué no alcanza con que el actual gobierno decida no utilizar esos mecanismos. El objetivo es clausurarlos por ley para los que vengan después.

Ahí es donde apareció el segundo gran cuestionamiento. El proyecto involucra al Congreso de manera vinculante para remover a las autoridades del Banco Central y establece una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras. La oposición cuestionó la asimetría entre las condiciones requeridas para ingresar al directorio y las necesarias para salir.

José Mayans, jefe de bloque del Justicialismo, calificó de “inconstitucional” el esquema propuesta y sostuvo que convertiría a la conducción monetaria en una suerte de poder permanente. "La Constitución dice que tiene el ente tiene que estar al servicio del pueblo argentino, no al servicio de diez economistas", y acusó de que con la reforma el titular del BCRA "adquiere el rango presidencial o de juez de la Corte. "Nos oponemos terminantemente y declaramos que es inconstitucional que sean removidos por dos tercios ambos cuerpos", advirtió.

Mientras la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó esa misma discusión para defender el diseño oficial. Sostuvo que abandonar los objetivos múltiples y que haya estabilidad en sus autoridades evitaría los cambios al ritmo de cada gobierno. “Se debe concentrar en garantizar esa estabilidad monetaria y en rendir cuentas por esos resultados”, planteó. Y sostuvo que una conducción protegida frente a remociones discrecionales no supone ausencia de control, sino una “regla de estabilidad” capaz de darle mayor independencia a la autoridad monetaria.

El debate continuará ahora en el recinto, adonde el oficialismo procura consagrar una reforma concebida para que las reglas que hoy el BCRA dice aplicar por decisión propia se conviertan en límites legales para quienes administren la moneda en los próximos gobiernos.

El gobierno nacional volvió a correr hacia adelante el recorte de subsidios energéticos a usuarios residenciales que había diseñado para 2026, mientras que informó nuevos controles para quienes los perciben.

Esta semana, la Secretaría de Energía modificó dos variables para contener las facturas de septiembre: amplió en un tercio el consumo eléctrico alcanzado por la bonificación y elevó nuevamente la asistencia porcentual hasta prácticamente el máximo permitido por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La Resolución 221 elevó de 150 a 200 kWh mensuales el bloque de electricidad subsidiable durante septiembre para todos los hogares beneficiarios, sin diferencias según la zona bioambiental. La norma reconoce que el esquema original contemplaba solamente 150 kWh y fundamenta la corrección en la necesidad de adecuarlo al “consumo indispensable” observado desde la implementación del régimen.

Una vez superado ese bloque, el consumo excedente deja de recibir la bonificación nacional sobre el precio de la energía.

Pero también modificó cuánto pagará dentro de esos primeros 200 kWh. La Resolución 223 estableció para electricidad una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma al descuento general del 50% vigente en septiembre. De esa manera, los beneficiarios del SEF pagarán el 25% del componente energético mayorista dentro del bloque y el Estado cubrirá el restante 75%.

La distancia respecto de lo programado originalmente es amplia. El esquema aprobado al comienzo del año preveía que la ayuda extraordinaria fuera cayendo mes a mes y llegara a septiembre en apenas 6,82%. En lugar de esa poda, quedó en el techo del 25%.

Algo similar ocurre con el gas natural y el propano por redes. Después de mantener durante mayo, junio, julio y agosto el refuerzo máximo del 25%, Energía fijó para septiembre una bonificación extraordinaria de 24,25%, argumentando adecuaciones en la demanda y la exposición de los costos a la volatilidad internacional. Sumada al 50% general, la cobertura alcanza 74,25% del componente subsidiable.

La decisión vuelve a mostrar la tensión que atravesó la política energética durante el invierno. Mientras el Gobierno sostiene como objetivo reducir subsidios, los mayores costos internacionales obligaron a retrasar su traslado completo a las facturas.

En paralelo se informó el nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el ente regulador y modifica los distintos componentes que integran la factura del servicio en toda la región. Para los usuarios santafesinos, el ajuste se cruza con la discusión en el Senado de la Nación, se debate la reforma al régimen de Zona Fría, que en su actual configuración incluye a hogares del sur provincial con descuentos de hasta el 50%; por lo que si el proyecto prospera, la boleta podría subir mucho más allá del aumento ya vigente.

Depuración del padrónPor otra parte, la Secretaría de Energía informó que empezó a revisar una parte del padrón.

La Disposición 11/2026 ordenó controlar las solicitudes incorporadas al SEF que tengan más de un año de antigüedad y nunca hayan podido ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas informado por las distribuidoras. No se trata, por lo tanto, de una revisión general de todos los beneficiarios ni de una nueva exclusión automática por ingresos o patrimonio.

La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética busca dar con inscripciones en las que los datos declarados por el usuario no coinciden o no pudieron conectarse con un número de suministro existente en las bases remitidas por las prestadoras. Estimó que son cerca de un millón de solicitudes.

Los titulares alcanzados deberán ser notificados mediante los datos de contacto declarados y tendrán 60 días corridos para rectificar, completar o actualizar la información, o informar un nuevo suministro que pueda ser identificado. Si transcurre ese plazo sin solucionar la inconsistencia, la solicitud será dada de baja.

Quedan expresamente afuera de esta depuración quienes solicitaron subsidios para garrafas de GLP, porque ese consumo no está vinculado a un punto físico de suministro ni a un número de cliente de una red.

El ReSEF heredó la información del anterior RASE, por lo que quienes ya estaban registrados no necesitan volver a inscribirse. La normativa mantiene la posibilidad de actualizar las declaraciones juradas y de consultar la situación mediante Mi Argentina; quienes consideren haber sido excluidos incorrectamente pueden pedir una revisión por Trámites a Distancia.

Asimismo, informó que rechazó 17.843 solicitudes de inscripción al beneficio presentado por usuarios que viven en el barrio porteño de Puerto Madero o en countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba.

A la vez, incorporó por primera vez al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación -tal como se hizo en 2025 con AMBA y Córdoba-, lo que permitirá excluir del padrón y quitarle el beneficio a cerca de 500 usuarios que ya lo venían percibiendo pese a residir en zonas de manifiesta capacidad de pago.

"Mediante herramientas de geolocalización y cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras de servicios, el sistema frenó estas solicitudes antes de que el beneficio se hiciera efectivo, al detectar que correspondían a usuarios con manifiesta capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas. El relevamiento arrojó, además, que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 a la fecha, insistiendo pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados", explicó la secretaría.

Unas 150 mil pensiones que habían sido dadas de baja durante las auditorías masivas terminaron siendo restituidas y sus beneficiarios cobraron los retroactivos. Fue el dato saliente que dejó esta semana el paso de la Secretaría Nacional de Discapacidad por Diputados y que permite dimensionar uno de los problemas que recibió la intervención de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo y el escándalo judicial que terminó precipitando la reorganización del organismo.

La precisión la aportó Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, cuando la oposición volvió sobre las auditorías de pensiones: “Las alrededor de 150.000 pensiones que se dieron de baja se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos”.

El secretario de Discapacidad Alejandro Vilches había dado, previamente, la clave para leer esa decisión. Aseguró que la nueva conducción no comparte el mecanismo empleado hasta su llegada, basado en citaciones y controles que generaron numerosos reclamos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados o de difícil acceso. “Cuando llegamos nosotros justamente no lo hicimos más”, afirmó. Y marcó la nueva pauta: “Las auditorías y las que van a venir las hacemos persona a persona”.

La reunión tuvo lugar con la oposición presionando de cara al anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la prórroga emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario. El oficialismo, en tanto, buscará un dictamen alternativo, con el que busca convocar a los bloques aliados.

El contraste no es menor. El proceso de auditorías había sido uno de los principales emblemas de la gestión anterior de ANDIS. En febrero de 2025, el propio Gobierno anunció el envío de las primeras 300 mil cartas documento para controlar más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Vilches, que llegó a la intervención a fines de agosto de ese año, tomó distancia ahora de aquella metodología. Y su equipo terminó aportando el dato sobre las pensiones que obliga a matizar el alcance de las irregularidades que durante meses dominaron el discurso oficial. No confirmaron, sin embargo, si ya se liquidan como fueron enunciadas.

Eso no significa que la intervención no haya encontrado anomalías. Vilches reveló, por ejemplo, que el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas permitió detectar 178.254 personas fallecidas que todavía figuraban con Certificado Único de Discapacidad. Pero inmediatamente introdujo una precisión decisiva: “Eso no quiere decir que estuvieran usando servicios, cobrando pensiones; no estoy hablando de eso”.

El número describe, entonces, un padrón desactualizado. No 178 mil fraudes. A partir de los cruces con RENAPER, ANSES y las propias bases de la repartición se realizaron, según el funcionario, 14.722 auditorías que sirvieron como punto de partida para depurar el registro.

Florencia Moreira Cinat, directora de Gestión y Asignación de Apoyos, contó que el organismo trabajó sobre más de 650 mil expedientes históricos vinculados con solicitudes de pensiones y que ese universo pudo reducirse en un 52,3%.

Explicó que tampoco se trataba necesariamente de beneficios fraudulentos, sino que eran expedientes que habían quedado abiertos durante años pese a carecer de documentación indispensable —como el certificado médico oficial— y que, al permanecer activos, incluso impedían que las personas iniciaran un nuevo trámite.

Desde el organismo se aseguró que ahora tienen más de 20 mil expedientes ya evaluados circulando hacia una resolución definitiva, ya sea de otorgamiento o rechazo.

La demora sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión. Diputados de distintos bloques opositores llevaron casos de personas que esperan desde hace meses o años una respuesta, mientras desde SENADIS admitieron que los tiempos administrativos todavía están lejos de los que demanda quien necesita una prestación.

La exposición no se limitó a las pensiones. En Incluir Salud, el programa que cubre a quienes reciben pensiones no contributivas y dependen exclusivamente del sistema público, la intervención aseguró haber encontrado cerca de 20 mil expedientes de pago frenados y alrededor del 80% de los convenios con prestadores vencidos. Algunos, según Giler, databan de 2007 y 2009.

Vilches sostuvo que hoy la cadena regular de pagos se encuentra en torno de los 60 días desde la facturación, aunque admitió que persisten casos atrasados porque ni siquiera pudo encontrarse el convenio que respaldaba jurídicamente la relación con el prestador.

La fiscalización en terreno también arrojó irregularidades. El secretario reconoció que encontraron establecimientos que directamente no existían en el domicilio donde declaraban prestar servicios. Pero nuevamente puso un límite a la generalización: “Por suerte, no son muchos”.

Ante el pedido opositor para cuantificar qué porcentaje representaban sobre el total, dijo que el organismo cuenta con los datos individualizados y se comprometió a remitirlos.

Otra consecuencia de la intervención fue el cambio del circuito de compras. Vilches explicó que decidieron centralizarlas precisamente para terminar con “el sistema irregular que tenía la ANDIS” y avanzar hacia licitaciones abiertas, especialmente en medicamentos, prótesis, sillas de ruedas e insumos de alto costo.

Según su exposición, las mayores distorsiones de precios no aparecieron en los medicamentos producidos por un único laboratorio sino en equipamiento e insumos, donde sostuvo que encontraron diferencias “abismales”.

Cuando Unión por la Patria pidió el informe final de la intervención, el detalle de posibles sobreprecios, denuncias, perjuicio fiscal y actuaciones vinculadas con la causa penal que investiga a la gestión anterior, Vilches confirmó que existe un informe de SIGEN y que SENADIS continúa enviando información al expediente judicial. También explicó que el Ministerio de Salud no se constituyó como querellante.

El Gobierno nacional volvió a correr un mes la actualización pendiente de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil y evitó así un nuevo impacto tributario sobre los precios desde septiembre.

La decisión quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 829/2026, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma establece que los incrementos remanentes comenzarán a regir el 1° de octubre y no desde septiembre, como estaba previsto.

No se trata de una eliminación de los aumentos, sino de otra postergación. El monto pendiente acumula las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025 y a los dos primeros trimestres de 2026.

La legislación establece que los importes fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec. Sin embargo, el Ejecutivo viene difiriendo sucesivamente parte de esos ajustes.

El argumento oficial vuelve a ser económico. En los considerandos, el Ejecutivo afirma que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y sostiene que, bajo ese objetivo, resulta necesario volver a diferir las actualizaciones pendientes.

Hasta ahora, el Decreto 617/2025 y sus sucesivas modificaciones habían llevado hasta el 1° de septiembre la aplicación parcial de los incrementos originados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de este año. A esa cuenta se sumaba desde septiembre la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2026. Todo quedó reunido ahora para octubre.

Es una herramienta que el Gobierno viene utilizando con frecuencia para administrar el traslado del componente tributario al precio de los combustibles: la actualización se mantiene pendiente y se reprograma mediante decretos antes de que llegue a los surtidores.

La decisión aparece, además, en plena discusión con las provincias. El impuesto a los combustibles quedó en el centro de las discusiones políticas durante las últimas semanas luego de que el vocero presidencial admitiera que una parte de lo recaudado (a través del SisVial, administrado por Economía) contempla el equilibrio fiscal y no es destinada al mantenimiento vial. En paralelo, las provincias reclaman por corredores deteriorados, la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de mantenimiento y el ministro Luis Caputo anunció nuevas concesiones.

La semana pasada, en Santa Fe, la Legislatura volvió a reclamar por el deterioro de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio y por el destino de los recursos que Nación continúa recaudando sobre los combustibles.

El senador socialista Julio Garibaldi llevó al recinto datos para discutir el argumento de que “no hay plata” para mantener las rutas. Según expuso, la incidencia del impuesto sobre el combustible pasó del 8,9% por litro en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de este año. Y recordó que durante 2025 la recaudación nacional por ese concepto alcanzó $4,8 billones y que el 28,58% tiene como destino legal el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras otro 4,31% corresponde a infraestructura hídrica.

Al Sistema Vial Integrado ingresaron aproximadamente $1,5 billones, pero, según los datos citados en la Legislatura santafesina, el 73,8% no fue ejecutado en infraestructura y más de $1,2 billones terminaron colocados en instrumentos financieros.

La discusión adquiere especial sensibilidad en una provincia atravesada por corredores productivos y con sucesivos reclamos judiciales y políticos por las rutas 7, 8, 11, 33 y 34.

En el recinto, Leticia Di Gregorio, senadora por General López, sostuvo que los fondos terminaron “en la timba financiera” y recordó que la Justicia ya obligó a Nación a intervenir sobre las rutas 7, 8 y 33 ante un reclamo suyo. Las tareas iniciadas después de las medidas judiciales, aclaró, siguen siendo bacheos y no las repavimentaciones reclamadas.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

La votación se saldó por 144 afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Ahora, pasa al Senado para que complete su tratamiento.

La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, busca endurecer las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio. También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

La sesión incorpora diversos temas, entre los que sobresale el proyecto Inocencia Fiscal II y un paquete de iniciativas impulsadas por bloques dialoguistas.

"Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!", expresó Milei en su cuenta de X, tras la votación en general.

Cerca de las 13.30, la Cámara dio inicio al debate del proyecto. El miembro informante del oficialismo, Santiago Pauli, abrió la exposición y vinculó la reforma del Banco Central con el salario y los ahorros de los argentinos, al afirmar que “cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”, sostuvo.

Pauli enumeró las medidas que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno: eliminar los adelantos transitorios; prohibir préstamos al Gobierno nacional, a las provincias y a la Ciudad; prohibir la compra de títulos del Estado en el mercado primario; y derogar las reservas de libre disponibilidad, además de ajustar la distribución de utilidades y crear un mecanismo para cancelar letras intransferibles y adelantos transitorios.

También incluyó la indicación de que la remoción del presidente y de los directores del Banco Central requerirá causales específicas y la aprobación por dos tercios de los presentes en ambas cámaras, una modificación que el oficialismo presenta como garantía de independencia del organismo previo a un eventual voto que podría dar media sanción.

El miembro informante defendió que las medidas apuntan a que el Banco no sea utilizado como herramienta de financiamiento político. “Queremos erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”, enfatizó.

Desde Unión por la Patria, Itai Hagman cuestionó la reforma y sostuvo que la iniciativa “vendría a blindar una política cuyos resultados no fueron los que el oficialismo esperaba”, indicó Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria, y planteó dudas sobre el costo social y económico de la política monetaria propuesta.

Hagman advirtió que el artículo 12 permite utilizar como garantía para endeudamiento externo activos del Banco Central, y alertó que la orientación general de la política económica busca bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina, argumento que fue planteado como riesgo de una crisis financiera.

Otros opositores como Agustín Rossi y Sergio Palazzo cuestionaron además la intención del Ejecutivo de consolidar la política monetaria actual y pidieron garantías sobre designaciones, plazos y mecanismos de control, mientras que el debate previo al voto continúa en la Cámara baja.

Miguel Ángel Pichetto apuntó contra la gestión de Milei y planteó “No estoy de acuerdo en este pensamiento mágico de darle la derecha al Gobierno con el orden fiscal a costa de los argentinos, los jubilados y los trabajadores públicos”. Finalmente sostuvo que “el BCRA debe estar subordinado al interés general del país y este es un proyecto para la gilada”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro consideró que se trata de “la anterior reforma de la Carta Orgánica derivó en un descontrol absoluto, tanto en lo que eran los objetivos que se planteaban para la política económica, como también lo que era el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, que todos sabemos provocó la inflación”, señaló.

En cuanto a las designaciones “en comisión” del directorio, el legislador opinó que habría que “establecer un plazo de 180 días al Senado” para que “traten cada uno de los pliegos de los directores”. Por otra parte, remarcó: “No le mintamos a los argentinos. El Banco Central hoy con esta sanción no queda blindado, porque sigue existiendo la posibilidad de que se dicten Decretos de Necesidad y Urgencia, como sucedió con lo que fue el Fondo del Bicentenario, en donde claramente a través de un DNU se manotearon reservas del Banco Central”.

Por último, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, repasó la gestión kirchnerista antes y durante la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y recordó a los bloques aliados del Gobierno que, en el momento de la reforma que se consagró en marzo de 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la UCR y el PRO apoyaron la propuesta.

La pasión generada por la Selección Argentina llenó aviones con destino a Norteamérica, pero no logró torcer la tendencia que acumula la balanza turística durante lo que va de 2026.

El informe de Estadísticas de Turismo Internacional publicado este martes por el INDEC terminó de mostrar la fotografía que los datos de mayo y junio apenas anticipaban: en julio, el mes que concentró las instancias decisivas de la Copa del Mundo, salieron del país 697.200 turistas residentes.

La cifra significa una caída de 17,3% frente a julio de 2025. En dirección contraria, ingresaron 466.200 turistas extranjeros, 9,1% más interanual. El saldo volvió a ser negativo, pero quedó en 230.900 turistas, bastante por debajo del rojo de 415.900 que había dejado el mismo mes del año pasado.

El INDEC no discrimina cuántos viajes tuvieron como motivo específico acompañar a la Selección, pero el efecto del Mundial se puede interpretar en la vía utilizada, los destinos y la comparación mensual.

De los 697.200 argentinos que hicieron turismo afuera, 388.700 salieron por vía aérea. Fueron apenas 1,3% menos que un año atrás, una caída mucho menor que el 34,6% registrado en los cruces terrestres. Además, una vez eliminados los factores estacionales, las salidas internacionales en avión aumentaron 10,9% respecto de junio. La tendencia-ciclo, sin embargo, continuó bajando 1,1%.

Ahí aparece el movimiento mundialista. Estados Unidos y Canadá recibieron 64.300 turistas argentinos durante julio, 8,3% más que un año antes, convirtiéndose en uno de los pocos destinos con variación positiva mientras Brasil cayó 20,8%, Chile 47%, Paraguay 16,3% y Europa 14,2%.

La estimación previa hablaba de unos 50.000 argentinos viajando para alentar al seleccionado durante una competencia que finalizó el 19 de julio. El movimiento había comenzado parcialmente en junio, pero tomó mayor volumen cuando Argentina superó la fase de grupos y avanzó en las eliminatorias.

La ETI permite acercar todavía más la lupa. Sólo por Ezeiza y Aeroparque salieron 313.400 turistas durante julio y 61.800 tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá, casi uno de cada cinco pasajeros relevados en esas terminales. Permanecieron allí, en promedio, 16,4 noches.

En el conjunto de las salidas desde ambos aeropuertos, “Vacaciones/ocio” explicó el 67,9% de los viajes. Los hoteles alojaron al 49,9% de los turistas, los alquileres de casas o departamentos al 22,9% y las viviendas de familiares o amigos al 21,4%.

El efecto Mundial funcionó entonces como un impulso puntual dentro de una tendencia más amplia que sigue mostrando menos viajes al exterior.

En julio hubo 1,228 millones de visitantes residentes que salieron del país si se suman turistas y excursionistas. La baja interanual fue de 21,2%. Los turistas retrocedieron 17,3% y quienes cruzaron sin pernoctar se redujeron todavía más: 25,8%.

Brasil siguió siendo, aun con la caída, el principal destino con 153.400 turistas y 22% del total. Paraguay quedó segundo con 105.800 y el bloque Resto de América tercero con 104.000.

La diferencia entre viajes aéreos y terrestres agrega información. Mientras el avión resistió prácticamente en los niveles de 2025, las salidas por tierra se desplomaron hasta 253.600 turistas. El Paso Cristo Redentor, especialmente asociado con los viajes hacia Chile, cayó 77,4% interanual.

El resultado relativiza una explicación exclusivamente cambiaria. Con un dólar que acumuló una suba bastante menor que la inflación durante los primeros siete meses, viajar y consumir afuera se abarató en términos relativos; aun así, las salidas continuaron reduciéndose. La pérdida de capacidad de ahorro y el freno de los viajes de compras fronterizos aparecen como parte de una explicación más amplia.

Del otro lado de la medición ocurrió lo contrario. Argentina recibió 830.200 visitantes no residentes en julio, 17,9% más que un año antes. De ellos, 466.200 fueron turistas y 363.900 excursionistas. Este último grupo tuvo el salto más significativo: creció 31,5%.

Brasil explicó buena parte de la mejora. Llegaron 168.300 turistas brasileños, 22,1% más interanual, y concentraron 36,1% del receptivo. También aumentaron las llegadas desde Chile, 22,5%; Resto de América, 23,1%; Estados Unidos y Canadá, 17,8%; y Europa, 14,3%.

El flujo aéreo receptivo fue especialmente dinámico: aumentó 21,2% interanual y 7% frente a junio en términos desestacionalizados. El 77,1% de esas llegadas se concentró en Ezeiza y Aeroparque.

Julio no modificó el resultado acumulado. Entre enero y julio ingresaron 3,364 millones de turistas no residentes, 7,6% más que durante el mismo período de 2025. Los argentinos que viajaron al exterior fueron 7,081 millones, 13,6% menos. El saldo quedó negativo en 3,717 millones de turistas, frente a los 5,071 millones del año pasado.

Al sumar excursionistas, la Argentina recibió 5,620 millones de visitantes, 10,1% más interanual, mientras salieron 10,523 millones, 15,8% menos.

En plena discusión con las provincias por el estado de las rutas y el destino de los recursos nacionales destinados a mantenerlas, Luis Caputo anunció una nueva etapa del modelo con el que el gobierno de Javier Milei pretende reemplazar la obra pública vial.

El ministro de Economía confirmó este viernes la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores. Tres de ellos atraviesan Santa Fe y abarcan cuatro de sus principales arterias nacionales: las rutas 9, 11, 19 y 34.

“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de septiembre”, sostuvo Caputo. Se trata. según dijo, de 16 tramos estratégicos por los que circula “cerca del 80% del tránsito del país”.

“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos”, afirmó el ministro, quien aseguró que la nueva etapa tendrá financiamiento “100% privado”. El esquema también incorpora el cobro de peajes a los usuarios y nuevas estaciones sobre varios de los corredores santafesinos.

El anuncio aparece en medio de críticas sobre el destino de los fondos viales que Nación recauda vía impuesto a los combustibles, a la vez que distintas provincias reclaman por rutas deterioradas y la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de mantenimiento.

Caputo no informó en su anuncio los nombres de las empresas que resultaron adjudicatarias ni detalló las tarifas ganadoras de cada tramo. Según el dictamen previo del proceso licitatorio, diecinueve interesados habían superado la evaluación técnica y la definición debía regirse por la menor tarifa de peaje ofertada.

De acuerdo al criterio previo, la explotación del Tramo Chaco-Santa Fe debía recaer en José Eleuterio Pitón S.A. - ROVIAL S.A. - OBRING S.A, con un peaje estimado de $ 4.259,20 con IVA; del Tramo Centro en AFEMA S.A. - PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. - GUIDO MOGETTA S.A., con una propuesta de $1.399 sin IVA; y el Tramo Centro-Norte a José Cartellone Construcciones Civiles SA, con un valor de peaje de $1.295,96.

El denominado Tramo Centro reúne la autopista de la RN 9 entre Rosario y el acceso a Córdoba; la RN 19 desde Santo Tomé hasta el límite interprovincial; y la RN 34 desde Rosario hasta su empalme con la 19. Los pliegos técnicos establecen una longitud total de 679,03 kilómetros para el corredor completo entre Santa Fe y Córdoba.

La importancia excede largamente al traslado de pasajeros. Son trazas sobre las que se mueve buena parte de la producción agroindustrial del centro del país y que vinculan el área portuaria del Gran Rosario con Córdoba y con el corredor que avanza hacia el Noroeste. Sobre ellas, el adjudicatario no recibirá solamente la obligación de mantener lo existente. El pliego establece entre las obras obligatorias la reconstrucción de losas de hormigón sobre las rutas 9 y 19, la construcción de banquinas pavimentadas en la autopista 9 entre Rosario y Carcarañá y trabajos de mantenimiento sobre el puente del río Carcarañá en la RN 34.

La segunda es el Tramo Centro-Norte, integrado íntegramente por la RN 34 desde su empalme con la RN 19 hasta La Banda, en Santiago del Estero, con 536,43 kilómetros de extensión. Acá aparece una de las excepciones de mayor escala dentro de un esquema predominantemente orientado al mantenimiento: el concesionario deberá construir una autopista sobre la 34 entre los kilómetros 231 y 247, en el sector norte del área de Rafaela. El pliego define esa intervención como obligatoria y la fundamenta en la necesidad de mejorar “la capacidad y la seguridad vial” del corredor.

Finalmente está el Tramo Chaco-Santa Fe, que comprende 497,18 kilómetros de la RN 11, desde Nelson hasta el empalme con la RN 16 en Resistencia. En este caso, la obra obligatoria específica prevista en la documentación es la adecuación del puente sobre el arroyo El Ceibalito, en el kilómetro 839,45. Junto con ello, el adjudicatario deberá hacerse cargo de las tareas generales de rehabilitación y conservación de un corredor que atraviesa buena parte del centro y norte santafesino.

Los pliegos marcan una diferencia central respecto de los esquemas tradicionales de obra pública. Vialidad Nacional, bajo este modelo, se corre de la ejecución directa y queda principalmente del lado del control. Incluso los concesionarios deberán aportar, a su costo, oficinas, equipamiento y movilidades para que el organismo pueda fiscalizar las obras y el mantenimiento comprometidos.

Así, el grueso de las obligaciones contractuales ya no pasa por desarrollar grandes proyectos de ampliación de capacidad, sino por recuperar las trazas existentes y conservarlas durante el período de concesión. El compromiso privado se concentra en la reparación de calzadas, bacheo superficial y profundo, fresado, sellado de fisuras, colocación de carpeta asfáltica, reconstrucción de banquinas, reposición de defensas y señalización horizontal, además de otras tareas destinadas a sostener las condiciones de transitabilidad.

También cambia quién solventa las tareas. No habrá aportes directos ni subsidios del Tesoro nacional para sostener las concesiones. La contraprestación económica de las empresas se financiará a través de las tarifas de peaje que abonarán quienes utilicen los corredores.

En el Tramo Centro, el concesionario recibirá las estaciones existentes de Carcarañá, sobre la RN 9; James Craik, en Córdoba; y Franck, sobre la RN 19. Además deberá construir nuevas estaciones en Leones, San Francisco y Totoras, esta última sobre la RN 34 santafesina. Los nuevos puntos no podrán comenzar a cobrar inmediatamente. Antes, la empresa deberá obtener el acta que certifique la finalización de las obras iniciales de puesta en valor y construir la estación, que tendrá que operar bajo modalidad Free Flow, sin barreras. Una vez cumplida esa condición, la tarifa de las nuevas estaciones del corredor se vinculará a la aplicada en Carcarañá. El pliego prevé además la continuidad de las tarifas diferenciales existentes para determinados usuarios, aunque habilita su revisión posterior.

Sobre la RN 34 ocurrirá algo similar. El Tramo Centro Norte conserva las plazas de Ceres y Fernández y contempla nuevas estaciones denominadas Angélica, Palacios, Pinto y Herrera. También deberán funcionar con cobro automático y solo podrán comenzar a percibir la tarifa una vez completadas las obras iniciales exigidas. En este corredor, el valor de las nuevas estaciones estará referenciado al cuadro tarifario de Ceres.

El cambio más visible aparece en la RN 11. El pliego del Tramo Chaco-Santa Fe directamente establece la construcción de cinco nuevas estaciones: Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia, todas ubicadas sobre el corredor que parte desde Nelson hacia el norte. El cobro será en ambos sentidos y mediante sistema Free Flow. En este caso, la tarifa surgirá de la oferta económica adjudicada y sus posteriores actualizaciones.

La discusión por el estado de las rutas nacionales, el retiro del gobierno de Javier Milei de la obra pública y el destino de los fondos recaudados volvieron a poner el problema en el centro de la agenda política. La problemática fue eje de una reunión convocada por la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Jefes comunales, legisladores y referentes gremiales de distintos puntos del país trasladaron ante la Cámara baja su preocupación por el estado de las rutas nacionales. También expusieron representantes sindicales de de Vialidad Nacional e integrantes de organizaciones de víctimas viales que aportaron datos a la discusión.

El reclamo escaló tras conocerse la subejecución del fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial) y mientras las provincias -como recientemente lo hizo Santa Fe- asumen el mantenimiento de los corredores nacionales con recursos propios.

Entre 2024 y mayo de 2026, según relevó La Nación, ingresaron $1,503 billones al sistema y apenas $394.406 millones fueron aplicados a infraestructura vial. La subejecución alcanzó el 73,8% y, al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que una parte de los recursos es utilizada para sostener el equilibrio fiscal.

En la comisión, extendieron esa cuenta hasta julio. La Federación del Personal de Vialidad Nacional calculó que desde diciembre de 2023 el impuesto a los combustibles recaudó $11,2 billones y estimó que cerca de $1,6 billones correspondían al componente vial. Según la exposición gremial, se aplicaron unos $530.000 millones. También denunciaron una fuerte caída real del presupuesto, obras paralizadas y una red que, de acuerdo con sus inspecciones visuales, presenta entre un 70% y un 75% de sus kilómetros en mal estado.

En representación de Santa Fe, participó de la reunión la senadora provincial, Leticia Di Gregorio. Recordó que el Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional intervenir las rutas nacionales 7, 8 y 33. Detalló, en su exposición, que se acumulan 707 siniestros y más de 80 muertos durante los últimos cinco años en la 33. “Las rutas las usamos todos los días, no una vez al año para irnos de vacaciones”, planteó al describir el impacto sobre las 31 localidades del departamento General López.

También desde Chabás, el presidente comunal Lucas Fanelli aportó otro ejemplo de la transferencia de costos. Relató que la comuna debió utilizar maquinaria, personal, ambulancias e inspectores para asistir accidentes y realizar tareas sobre la Ruta 33. "¿En qué en qué lo devuelven?", se preguntó. "No es en ruta, ni en hospitales, ni un plan de vivienda, ni de cloacas", dijo. Y agregó: "Me gustaría estar acá por la inauguración de una autopista, no peleando por un pozo".

En tanto, el diputado Pablo Farías del bloque de Provincias Unidas reparó en que las deudas son acumuladas de gobiernos anteriores, pero calificó al actual como “el peor período de gobierno respecto a la obra pública” que recuerda. Y señaló que alrededor de dos millones de camiones convergen hacia las terminales portuarias del sur santafesino de donde salen cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias del país: "Esto también tiene otras consecuencias, como la destrucción de toda esa red vial, que no admite dilaciones a la hora de las obras", planteó. Y valoró que el Gobierno de Santa Fe de la Ruta Nacional A012: "es una forma de demostrar que sí se puede se puede gestionar la obra pública sin corrupción".

En el mismo sentido se había expresado previamente Gisela Scaglia, jefa de bloque de Provincias Unidas y ex vicegobernadora de Santa Fe: “las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes”, había advertido al presentar un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se administraron los recursos del SisVial desde enero de 2024 a la fecha.

En paralelo, Santa Fe puso números al reclamo. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró días atrás que entre enero de 2024 y julio de 2026 los santafesinos aportaron más de $903.000 millones por el Impuesto a los Combustibles y que la provincia recibió $170.510 millones.

“Confesar que sostienen el equilibrio fiscal reteniendo más de $732.000 millones que por ley deberían volver en obras significa subsidiar las cuentas públicas a costa de la rentabilidad de nuestros productores, industriales y exportadores”, cuestionó a través de una publicación en X.

El gobierno de Pullaro contrapone esa cifra con su propio programa de infraestructura. El ministro de producción afirmó que Santa Fe ya invirtió más de US$2.200 millones y reparó 3.400 km de rutas. “Acompañamos sin dudas el equilibrio fiscal, la baja de inflación y el ordenamiento macroeconómico. Pero el verdadero crecimiento sólo llega si somos competitivos a nivel global”, apuntó Puccini.

El SisVial fue creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Si bien no todo lo recaudado tiene como destino específico la red vial ni contempla una correspondencia automática entre lo pagado en una provincia y lo que debe regresar a ella, el debate expone las prioridades de gobierno y el manejo de fondos para atender los asuntos de orden público.

"Exigimos que los fondos asignados por ley vuelvan en obras que mejoren las rutas que pasan por nuestra provincia. Sostener el empleo y apostar al país requiere infraestructura eficiente; no le quiten competitividad a la provincia que es el motor productivo de la Argentina", completó Puccini resaltando que el orden fiscal no puede construirse deteriorando infraestructura que condiciona la competitividad.

Los salarios consiguieron ganarle a la inflación en junio, aunque detrás de la mejora del promedio persiste una recuperación desigual que todavía deja a los trabajadores registrados por debajo de los precios en lo que va del año.

El Índice de Salarios publicado este jueves por el INDEC aumentó 2,9% en junio, un punto por encima del 1,9% que había registrado el IPC. En términos interanuales, aumentaron 35,7% frente a junio de 2025, mientras que la inflación alcanzó 33,5%. También el acumulado muestra al índice general por encima con una mejora real de aproximadamente 1,5%. Pero la lectura cambia de manera importante al abrir el promedio por sectores.

Las cifras fueron difundidas pocas horas después de que Javier Milei negara que los salarios estuvieran retrocediendo y cargara contra quienes describen una situación de crisis. Durante su exposición en el Council of the Americas 2026, sostuvo: “Vienen los imbéciles y dicen: ‘no, pero aumenta el desempleo...’. No, el desempleo no aumentó. ‘No, cae el salario...’. Tampoco cayeron los salarios”. Y vinculó luego la caída de los ingresos estatales con el objetivo de reducir el tamaño del sector público: “Si yo dije que iba a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. ¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos... Menos hipocresía”.

El mandatario también cuestionó una lectura concentrada sobre los trabajadores registrados. “El sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores ustedes saben que es deshonesto intelectualmente. Porque el 50% del mercado es informal y el informal le está ganando más del 40% [a la inflación]”, sostuvo, antes de asegurar que, al considerar el conjunto del mercado laboral, “se crearon puestos de trabajo”.

Después de difundirse el índice, Milei volvió sobre la discusión desde su cuenta de X. “Ups! ¿De qué se van a disfrazar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos? CIAO!”, escribió, utilizando el dato general como respuesta a las críticas sobre la evolución del poder adquisitivo.

El informe del INDEC ofrece, sin embargo, un matiz sobre esos argumentos. El salario privado registrado aumentó 29,6% frente a junio de 2025 y 14,5% desde diciembre, quedando por debajo de la inflación en ambas comparaciones. En cambio, el privado no registrado avanzó 59,5% interanual y 29,4% durante el semestre, siendo el componente el que empuja hacia arriba al índice general.

Sin embargo, el organismo advierte que tiene un rezago de cinco meses porque se construye a partir de promedios trimestrales móviles de la EPH, por lo que el incremento de junio no representa estrictamente la evolución de los ingresos informales percibidos durante ese mismo mes y obliga a tomar con cautela cualquier conclusión sobre la velocidad actual de recuperación de ese sector. El dato no es menor porque los no registrados tienen una ponderación de 19,93% dentro del índice general, el privado registrado explica 50,16% y el sector público otro 29,91%.

La recuperación que refleja el índice general todavía no alcanzó, entonces, con la misma intensidad al núcleo formal del mercado laboral.

Los salarios privados registrados aumentaron solamente 1,9% en junio, exactamente lo mismo que los precios. En términos reales, por lo tanto, quedaron prácticamente estancados durante el mes.

En el semestre, además, acumularon una suba nominal de 14,5%, frente al 16,8% del IPC. La diferencia representa una pérdida de poder adquisitivo cercana a 2%. La comparación contra junio de 2025 muestra una brecha todavía mayor: los ingresos privados registrados crecieron 29,6%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación interanual. Descontando el aumento de precios, la caída ronda 2,9%.

El mismo fenómeno aparece al considerar conjuntamente al empleo registrado privado y público. El índice correspondiente a ese universo aumentó 2,4% en junio y recuperó aproximadamente medio punto real en el mes, pero acumuló solamente 15,5% desde diciembre y 29,7% interanual. Eso significa que el salario registrado en su conjunto continúa aproximadamente 1,1% abajo en términos reales durante 2026 y cerca de 2,8% por debajo del nivel de junio del año pasado.

Otra particularidad apareció dentro del sector estatal. El salario público total aumentó 3,4% durante junio, pero el índice correspondiente al sector público nacional avanzó solamente 1,1% y el provincial, 2%.

El INDEC explica expresamente esa diferencia por el aumento otorgado al personal de las universidades nacionales, acordado el 10 de junio dentro de la paritaria universitaria. Esos trabajadores están incluidos en el índice público general pero quedan fuera de las series específicas nacional y provincial.

El efecto fue suficiente para que el agregado público le sacara 1,5 puntos porcentuales a la inflación durante el mes. La situación acumulada vuelve a mostrar diferencias. El salario público total avanzó 17,6% desde diciembre, apenas por encima del 16,8% de inflación, lo que supone una mejora real cercana a 0,7%.

Pero el subsector nacional —sin universidades— acumuló sólo 13,7%, con una pérdida de poder adquisitivo aproximada de 2,7%. El provincial llegó a 16,4% y quedó prácticamente empatado, aunque todavía unas décimas debajo de los precios.

En doce meses la brecha es mayor. Los salarios públicos nacionales aumentaron 23,6%, frente al 33,5% del IPC, lo que representa un retroceso real superior a 7%. Los provinciales crecieron 29,7% y perdieron alrededor de 2,8%.