La inflación de octubre en la Argentina fue del 2,2%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Fue el décimo dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y significó una suba de tres décimas respecto de septiembre, cuando marcó 1,9%. Con el nuevo dato, los precios acumularon un incremento de 26,3% en lo que va de este año.

La comparación interanual mostró, en cambio, una nueva desaceleración. El índice quedó en 33,1% frente a octubre de 2025, tres décimas menos que el 33,4% registrado en septiembre y siete décimas por debajo del máximo reciente de 33,8% alcanzado en julio.

El recorrido mensual evidencia que la inflación volvió a tomar impulso después del mínimo de 1,7% alcanzado en agosto. Desde entonces, el índice avanzó a 1,9% en septiembre y ahora 2,2% en octubre. Es la segunda aceleración consecutiva y la primera vez desde julio que el indicador supera el umbral del 2%.

El contraste aparece en la comparación con los primeros meses del año. Luego del 2,9% de enero y febrero, el índice trepó a 3,4% en marzo, bajó a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, antes de volver a acelerarse a 2,1% en julio.

El dato encuentra al organismo estadístico bajo la conducción de Pedro Lines, luego de la salida de Marco Lavagna a comienzos de año y la decisión oficial de mantener la medición del IPC con las ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y aquellos con comportamiento estacional, bajó de 1,7% a 1,5%. El INDEC explicó que dentro de ese universo se registraron aumentos vinculados principalmente al alquiler de la vivienda y los restaurantes.

Los estacionales, por el contrario, volvieron a mostrar el movimiento más pronunciado: aumentaron 5,5%, después de haber avanzado 2,9% en septiembre y retrocedido 0,9% durante agosto. Las principales subas correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres.

Los regulados también aceleraron, de 2,3% a 2,9%, impulsados principalmente por los incrementos en gas y combustibles para vehículos.

De esta manera, los precios sujetos a regulación acumulan una suba de 35,2% en los primeros diez meses, bastante por encima del 23,6% de la inflación núcleo y del 26,9% de los estacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó especialmente la desaceleración de la inflación núcleo, que calificó como la más baja en quince meses. En una publicación en su cuenta de X, señaló que, con excepción de julio de 2025, no se registraba un nivel tan bajo desde enero de 2018, y sostuvo que el promedio móvil de tres meses de ese componente también alcanzó su menor valor desde entonces.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES ✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados ✅ La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018 ✅ El dato del mes se vió impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ✅ La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente ✅ Entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025

Caputo atribuyó parte de la aceleración del índice general a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en los precios de vivienda y servicios públicos, y remarcó que la inflación interanual desaceleró por tercer mes consecutivo. La lectura oficial puso así el acento en la mejora del componente núcleo, pese al repunte del índice general.

El INDEC precisó que los aumentos del gas respondieron a tres factores: nuevas tarifas, modificaciones en los bloques de consumo con precio subsidiado y cambios en el régimen de zonas frías, que alteraron el alcance de las bonificaciones para parte de los usuarios.

La diferencia también aparece al dividir la canasta entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,9%, mientras los servicios avanzaron 2,7%, medio punto por encima del nivel general.

En el acumulado anual la brecha es todavía mayor: los bienes subieron 22,6% desde diciembre y los servicios, 33,8%. Frente a octubre de 2025, las variaciones fueron de 28,7% y 42,2%, respectivamente.

La división con mayor aumento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 4,2%, principalmente como consecuencia de los ajustes en gas. El segundo incremento más importante correspondió a Recreación y cultura, con 3,3%.

Detrás se ubicaron Bienes y servicios varios, con 2,3%; Prendas de vestir y calzado, con 2,2%; y Transporte, con 2,1%.

Comunicación y Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron aumentos de 2%, ambas por debajo del nivel general, mientras Salud avanzó 1,7% y Restaurantes y hoteles, 1,5%.

Las menores variaciones correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,4%; Educación, con 1,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con apenas 0,8%.

La foto de los primeros diez meses exhibe con mayor claridad dónde se concentraron las principales presiones. Vivienda acumula 41,3%, Educación 35,8%, Comunicación 29,1%, Recreación y cultura 27,9% y Salud 27,3%, todas por encima del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon 27%, aunque por su peso en la canasta volvieron a constituirse en el componente de mayor incidencia sobre la inflación mensual en cinco de las seis regiones relevadas por el organismo.

El movimiento de las verduras fue particularmente importante. En el Gran Buenos Aires, el zapallo anco aumentó 58,2% durante octubre; la cebolla, 25,2%; la papa, 24,4%; y la batata, 21,6%. En sentido contrario, el tomate redondo bajó 11% y la banana, 8,4%.

La región Pampeana registró en octubre una inflación de 2,6%, la más alta del país, seis décimas por encima del 2% de septiembre y cuatro décimas superior al promedio nacional.

Detrás se ubicaron Patagonia, con 2,5%; Cuyo, con 2,3%; y Gran Buenos Aires, con 2%. Las menores variaciones correspondieron al Noroeste, con 1,7%, y al Noreste, con 1,5%.

En diez meses, los precios acumularon 26,5% en la región Pampeana, frente al 26,3% del total nacional. La variación interanual regional alcanzó 33,4%, también tres décimas por encima de la media del país.

Dentro de la región, el mayor aumento correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 6,4%, más del doble del promedio regional. El incremento estuvo impulsado por el componente de electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba de 10,9%.

León XIV llamó este martes a la Iglesia argentina a recuperar su impulso misionero, superar el desgaste de la rutina y aprovechar creativamente las nuevas tecnologías para continuar transmitiendo el Evangelio, sin perder de vista el ejemplo de los santos que marcaron la historia del país.

El mensaje fue pronunciado en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, durante un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. La actividad se desarrolló después de la multitudinaria misa celebrada por la mañana en FAdeA, donde el Papa había convocado a los fieles a seguir el camino de santidad de figuras históricas de la Iglesia argentina.

En esta segunda intervención, el Pontífice dirigió su mirada hacia el interior de la institución y las responsabilidades de quienes dedican su vida a ella. Retomó la espiritualidad de san Ignacio de Loyola y propuso un examen de conciencia sobre las motivaciones, las dificultades y el sentido de la tarea pastoral.

El planteo desembocó en una convocatoria a renovar la presencia de la Iglesia en la sociedad argentina, combinando la fidelidad a su misión original con la búsqueda de nuevas formas de acercarse a las personas.

El Papa advirtió sobre uno de los riesgos que enfrentan quienes desarrollan tareas religiosas y pastorales: dejar que las obligaciones cotidianas desplacen el sentido original de su vocación. “Con los años puede ocurrir algo paradójico: trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, señaló.

A continuación, pidió recuperar la oración y la vida espiritual como fundamento de cualquier actividad. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, exhortó.

Su reflexión también alcanzó a la labor social de la Iglesia argentina, cuya cercanía con las necesidades de los sectores más vulnerables reconoció expresamente. Sin embargo, sostuvo que esa tarea no puede agotarse en la asistencia material. Para explicarlo, recuperó una definición de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

León XIV reconoció que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, al igual que la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y de una vivienda digna. Pero recordó que la misión de la Iglesia también consiste en acercar a las personas a Cristo. En ese sentido, citó otra advertencia de su antecesor argentino: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG”.

Buena parte del discurso estuvo dedicada a figuras religiosas vinculadas con la historia argentina, cuyas experiencias el Papa presentó como modelos de perseverancia y creatividad para responder a las necesidades de cada época. Reparó especialmente a Mama Antula, quien recorrió grandes distancias para mantener viva la práctica de los Ejercicios Espirituales, y al Cura Brochero, que atravesaba las sierras cordobesas junto a sus paisanos para acercarlos a esa experiencia religiosa.

Evocó además a san Héctor Valdivielso, a quien identificó como el primer santo argentino y ejemplo de fidelidad hasta el martirio, recordando que tenía apenas 24 años cuando entregó su vida por su fe. También mencionó al beato Ceferino Namuncurá, fallecido antes de cumplir los 19 años, para señalar que la trascendencia de una vocación no depende de su duración.

“Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible”, afirmó. Y volvió sobre dos ejemplos: “Mama Antula llegó a Buenos Aires descalza y solo con un crucifijo. Llevaba poco, pero era lo necesario para empezar. Brochero siguió predicando, aunque muchas veces únicamente Dios y su mula fueran testigos del cansancio”.

El Papa también se detuvo en las limitaciones físicas, la enfermedad y el desgaste que pueden afectar a quienes dedican su vida al servicio religioso. En ese contexto introdujo una de las exhortaciones más concretas de la jornada: las posibilidades de utilizar nuevas herramientas de comunicación.

“En nuestros días, la idea de servirse de la tecnología para continuar dando testimonio es maravillosa. Sean creativos, encuentren nuevos modos de seguir predicando”, reclamó.

La invitación estuvo acompañada por una definición sobre el sentido de esa innovación: “Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación”.

León XIV sostuvo que la edad y las limitaciones del cuerpo no tienen por qué apagar el compromiso de quienes se sienten llamados a transmitir su fe. “Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero ¡jamás el poder de Dios!”, expresó.

Sobre el final, el Pontífice dirigió una exhortación específica a la Iglesia argentina para que recupere su capacidad de salir al encuentro de las personas y no se conforme con las estructuras existentes.

“También la Iglesia que peregrina en Argentina necesita mirarse a sí misma, reconociendo con gratitud lo que Dios ya está suscitando en ella y preguntándose por dónde quiera Él abrir nuevos caminos”, planteó.

El llamado adquirió un tono particularmente cercano cuando retomó una de las expresiones más características de Francisco. “Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios”, pidió.

Y agregó: “Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama, con parroquias que sean comunidades vivas de fe, con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores, con seminarios y noviciados donde se formen santos”.

Entonces recuperó directamente el legado del pontífice argentino: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, ¡como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”.

Antes de despedirse, León XIV insistió en que la Iglesia debe estar dispuesta a cambiar, reconocer sus errores y mantener viva la vocación de servicio. “Volvamos a nuestras comunidades con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, reclamó.

En Argentina, el Papa León XIV se reunió durante más de una hora el lunes por la tarde, 9 de noviembre, con cinco sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero e instituciones eclesiásticas del país, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras y las dolorosas historias de sus experiencias, así como sus propuestas para fortalecer los caminos hacia la sanación dentro de la Iglesia”, explicaba el comunicado.

«A ellos, y a través de ellos a las demás víctimas con las que no fue posible reunirse, el Papa les expresó su cercanía y su deseo de fortalecer los caminos de protección, bondad, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia», decía el comunicado.

Las víctimas de los abusos fueron presentadas al Papa por la Iglesia local, y él se reunió con ellas antes de dirigirse a la Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires para asistir a un encuentro con representantes de movimientos sociales y del mundo laboral.

Al finalizar el encuentro, el Papa también los saludó a todos juntos y les impartió su Bendición Apostólica, expresando su gratitud por este momento y por su testimonio de fe.

El gobierno nacional volvió a avanzar sobre las pensiones por invalidez laboral, mientras el Senado abrirá el debate del proyecto con media sanción para el sector que incluye regulaciones en los controles sobre esos beneficios.

La decisión fue formalizada este martes mediante la Resolución 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ampliando la revisión sobre prestaciones que habían sido restituidas por orden judicial en 2025. La semana pasada, había dejado sin efecto el restablecimiento de 21.812 pensiones. Con la nueva disposición, suman 26.141 las prestaciones alcanzadas por ambas decisiones en apenas siete días.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el procedimiento durante su conferencia de prensa y aseguró que las pensiones habían sido otorgadas históricamente de manera “opaca, sin controles efectivos”. “Todo esto se terminó”, sostuvo al presentar las nuevas medidas, asegurando que los recursos llegarán a quienes cumplan con los requisitos.

La Resolución, firmada por el flamante secretario Diego Masaragian, dispone en su artículo 1° dejar sin efecto la Resolución 13901/2025 de la entonces ANDIS, que había dictado Alejandro Vilches cumpliendo con un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que en octubre de 2025 ordenó extender a todo el país la restitución de pensiones suspendidas durante las auditorías masivas realizadas bajo la gestión de Diego Spagnuolo.

Los afectados tendrán 60 días desde su notificación para presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos o aportar antecedentes que permitan acreditar el beneficio. Podrán hacerlo ante dependencias habilitadas de Discapacidad, oficinas del PAMI autorizadas para recibir documentación, la plataforma Trámites a Distancia, el formulario de consultas de Salud o el correo electrónico oficial dispuesto por el organismo. Y aclara que cada expediente será evaluado nuevamente.

La novedad no se limita a las publicaciones en el Boletín Oficial. Ravier informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad abrió otras tres líneas de revisión sobre beneficiarios que deberán acreditar documentación o resolver incompatibilidades.

La primera comprende 7.008 personas intimadas a ampliar sus antecedentes médicos. Tendrán 30 días hábiles para presentar la información requerida. La segunda atañe a 24.263 titulares que, según Salud, perciben otra prestación de ANSES considerada incompatible por lo que se les otorgará 30 días hábiles para optar por una. La tercera refiere a 3.370 casos con presuntas incompatibilidades patrimoniales, cuyos titulares también contarán con 30 días para aportar documentación.

El vocero hizo referencia a situaciones puntuales: una persona titular de seis vehículos, otra con 61 inmuebles registrados a su nombre y una tercera con terrenos equivalentes a 853 hectáreas. Ejemplificó de esta manera los recortes, como antes había hecho Manuel Adorni con presuntas radiografías adulteradas, pero no determinó cuántos expedientes contienen irregularidades comprobadas.

Además, afirmó que el padrón pasó de unas 75.947 personas en 2001 a más de 1,2 millones en 2023, un aumento que calificó como "exponencial" y similar al de países que tuvieron o tienen guerras. Desde el Foro por la Discapacidad desmintió la comparación bélica y explicó que el incremento se debe a cambios de criterios universales en las políticas de protección e inclusión, cuestionando que se busca instalar sospecha para justificar recortes y estigmatizar a los beneficiarios.

El endurecimiento de los controles vuelve a poner en discusión un procedimiento que había sido cuestionado incluso desde el propio Gobierno.

En una exposición realizada meses atrás en Diputados, el renunciado Vilches reconoció que el sistema de citaciones masivas utilizado durante la gestión de Spagnuolo había provocado numerosos inconvenientes. “Cuando llegamos nosotros justamente no lo hicimos más”, afirmó sobre aquella metodología, que había generado reclamos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados o de difícil acceso. “Las 150.000 pensiones que se dieron de baja se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos”, reconoció la secretaría en esa exposición.

La nueva conducción había defendido la necesidad de reemplazar las citaciones generalizadas por controles individualizados. En las primeras auditorías, de 997.654 cartas documento enviadas, 504.802 no habían llegado a sus destinatarios, derivando en la suspensión de unas 111.000 pensiones por dificultades para concretar las notificaciones, de acuerdo a los datos que aportó el entonces Jefe de Gabinete Guillermo Francos en su 144° Informe de Gestión.

Ravier volvió a defender ahora la revisión de los expedientes, aunque la semana pasada había introducido una precisión: la falta de antecedentes suficientes “no implica determinar que no presentan incapacidad”, sino que el Estado considera que carece de la información necesaria para verificarla.

Las nuevas decisiones administrativas coinciden con la reactivación del debate en el Congreso. Este miércoles, desde las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado, para discutir el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo media sanción de Diputados en octubre.

La iniciativa busca reemplazar el carácter transitorio de la Emergencia en Discapacidad vigente por un régimen permanente. En sus principales disposiciones mantiene la compatibilidad de las pensiones con el empleo registrado pero con límites de ingresos; preserva la cobertura de Incluir Salud y establece mecanismos para regularizar deudas con prestadores. También incorpora reglas para las auditorías y suspensiones: notificación fehaciente, plazos para presentar descargos y una revisión posterior de los antecedentes.

El proyecto llega después de que planteos de los bloques aliados sobre el Presupuesto 2027. La nueva legislación se convirtió así en uno de los acuerdos que el oficialismo necesita cerrar antes de avanzar con otras iniciativas económicas. Sin embargo, el plenario también deberá considerar iniciativas promovidas desde el bloque justicialista para prorrogar la emergencia vigente.

Como jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich buscará conseguir dictamen para llevar el texto al recinto durante noviembre, con el 19 y el 26 como fechas posibles. En paralelo, Salud continuará revisando expedientes que pueden derivar en nuevas suspensiones.

El Gobierno nacional amplió los bloques de electricidad que pueden recibir subsidios por altas temperaturas e incluyó a diez departamentos santafesinos en el esquema conocido como “Zona Cálida”, una decisión que llega después de la negociación política para reducir el régimen de Zona Fría sobre el gas.

La Resolución 300/2026, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, establece hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales bonificables entre noviembre y abril en las regiones “muy cálidas” y 300 kWh en las “cálidas”, que se elevan a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero. Según la dependencia nacional, la modificación responde a “la mayor demanda de refrigeración” de los hogares y a presentaciones provinciales respaldadas por información de Cammesa.

La medida concreta el compromiso que el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, negociaron con gobernadores para conseguir apoyos a la reforma de Zona Fría. Aquella iniciativa, que restringió territorialmente los subsidios al gas, había obtenido media sanción en Diputados en mayo y se convirtió en ley el 24 de septiembre, después de negociaciones que incluyeron la ampliación de la asistencia eléctrica por los meses de calor.

Santa Fe tuvo una posición mayoritariamente contraria en el Congreso. En Diputados, ocho legisladores de La Libertad Avanza votaron a favor de la reducción de Zona Fría, nueve representantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas se pronunciaron en contra y dos estuvieron ausentes. En el Senado, los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto rechazaron la ley, mientras Marcelo Lewandowski abandonó el recinto junto a su bloque antes de la votación.

Los mecanismos, sin embargo, son diferentes. Zona Fría conserva un fondo financiado mediante un recargo sobre el gas, mientras que el beneficio por calor no crea un fondo propio: amplía los consumos bonificables dentro del régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuya asistencia al precio mayorista se sostiene con recursos estatales. La Resolución 300 no cuantifica el costo fiscal adicional ni establece una fuente específica de financiamiento, aunque la reducción del gasto fue uno de los argumentos oficiales para restringir Zona Fría.

La comparación entre los topes establecidos en enero y los nuevos parámetros muestra que la ampliación se concentra en noviembre, marzo y abril, meses hasta ahora sujetos al límite general de 150 kWh.

En las zonas muy cálidas, el esquema anterior permitía subsidiar hasta 550 kWh mensuales durante diciembre, enero y febrero y 150 kWh en los otros tres meses. El nuevo anexo establece 500 kWh para cada uno de los seis meses. Así, el bloque acumulado pasa de 2.100 a 3.000 kWh por hogar, 900 kWh adicionales, equivalentes a un incremento del 42,9%.

Hay una particularidad: durante los tres meses centrales del verano, el tope de las zonas muy cálidas se reduce de 550 a 500 kWh. La mayor cobertura estacional surge de la extensión del beneficio a noviembre, marzo y abril.

En las zonas cálidas se mantienen los 370 kWh de diciembre a febrero, mientras que los límites de noviembre, marzo y abril pasan de 150 a 300 kWh. El máximo acumulado llega así a 2.010 kWh, frente a los 1.560 anteriores, un aumento del 28,8%.

La Secretaría de Energía sostiene que los nuevos parámetros buscan reflejar “las necesidades indispensables de consumo de los hogares” según las condiciones climáticas. Los porcentajes calculados representan mayor volumen potencialmente subsidiable, no un incremento equivalente del descuento sobre las facturas ni del consumo efectivo de los usuarios.

En Santa Fe, los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado integran la zona “muy cálida” y tendrán hasta 500 kWh mensuales bonificables entre noviembre y abril.

La Capital, Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias corresponden a la categoría “cálida”. Allí el bloque será de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril y de 370 kWh entre diciembre y febrero. Los nueve departamentos restantes de la provincia permanecen en la categoría general.

Según la Secretaría de Energía, la medida comprende a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y San Luis. No se informó cuántos corresponden a Santa Fe ni cuántos reúnen los requisitos socioeconómicos para recibir la asistencia.

En Entre Ríos, el organismo regulador provincial había reconocido como cálidos a 13 de sus 17 departamentos. Misiones, clasificada como muy cálida, estimó que la ampliación podría alcanzar a alrededor del 70% de las familias. Su gobernador, Hugo Passalacqua, argumentó que la provincia carece de acceso a la red de gas natural y que esa dependencia de la electricidad requiere un tratamiento diferencial.

El Decreto 943/2025 unificó los subsidios nacionales mediante el SEF y la Resolución 13 de enero estableció bloques eléctricos diferenciales por condiciones climáticas, concentrados principalmente en los meses de verano.

Durante septiembre y octubre, Energía modificó excepcionalmente los límites y prorrogó bonificaciones mayores a las originalmente previstas, como reconstruyó El Litoral. La Resolución 300 extendió ahora los bloques diferenciales a otros meses de la temporada cálida.

El viernes se agregó otra modificación: mediante la Resolución 304/2026, Energía elevó a 200 kWh el bloque de noviembre para la categoría “Resto” y mantuvo para los beneficiarios del SEF una bonificación eléctrica general del 50% más otra extraordinaria del 25%, ambas sobre el componente mayorista y dentro de los límites correspondientes.

La norma justificó la continuidad de la asistencia por la necesidad de “evitar variaciones abruptas en los montos de facturación”. Esa bonificación acumulada del 75% no corresponde al total de la boleta, que también incorpora transporte, distribución e impuestos.

El reconocimiento de mayores consumos eléctricos durante los meses de calor antecede a las recientes negociaciones. En una entrevista con El Litoral en 2021, la entonces senadora Alejandra Sacnun había recordado una iniciativa conjunta con Edgardo Kueider para “incorporar a las zonas cálidas”, con especial atención a La Capital y los departamentos del norte santafesino.

En 2022, una modificación sobre el régimen de subsidios segmentados también reconoció bloques extraordinarios de hasta 650 kWh para determinados usuarios de ingresos medios de once provincias norteñas, entre las que Santa Fe no figuraba. Aquella asistencia tenía condiciones distintas de las que rigen actualmente.

La nueva Resolución 300 invoca “criterios objetivos y parámetros bien fundados”, sustentados en la clasificación bioambiental IRAM y en información técnica de Cammesa. Sin embargo, no incorpora estimaciones sobre el volumen adicional de subsidios nacionales, la cantidad de hogares santafesinos beneficiarios ni el impacto monetario que tendrá sobre sus facturas.

El Estado nacional acumula 33 meses consecutivos de reducción de personal, que el gobierno de Javier Milei presenta como parte de una transformación estructural de la administración pública, pero cuyos resultados siguen siendo motivo de controversia.

El informe sobre dotación de personal publicado este viernes por el INDEC registró 266.205 personas en septiembre de 2026, con una caída del 6,1% interanual y del 0,8% respecto de agosto. De acuerdo con la serie histórica del organismo, en noviembre de 2023, último mes completo anterior a la asunción de Milei, la dotación alcanzaba las 343.357 personas, lo que arroja una diferencia de 77.152 puestos.

Si se toma diciembre de 2023 como referencia, el primer mes de la gestión libertaria, la reducción es equivalente al 22%. Ambas comparaciones muestran la magnitud del proceso, que tuvo su mayor intensidad durante 2024, pero continuó durante 2025 y los primeros nueve meses de 2026, período en el que se contabilizaron otras 13.833 bajas netas.

Esta tendencia adquiere otra dimensión a partir de las explicaciones que ofrecieron el último martes los secretarios Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulación, Alejandro Cacace, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.

"Tenemos, después de tres años, un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023. Con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos", sostuvo Fariña. El funcionario utilizó las estadísticas del Ministerio de Desregulación, cuya diferencia con el INDEC responde a universos de medición distintos, ya que incorpora personal militar y de seguridad que no forma parte del relevamiento del organismo estadístico nacional.

Durante la exposición, Fariña indicó que el recorte todavía no terminó. Detalló que ya más de 6.254 personas se adhirieron a programas de retiros voluntarios y que esta semana se anunció un nuevo programa de retiros para la administración central.

"Lo que estamos haciendo es lo contrario: un Estado más chico y más eficiente", sentenció al finalizar la presentación. Los datos corroboran la primera afirmación. La segunda formó parte del intercambio con los legisladores de la oposición por las funciones que el Estado conserva, modifica o deja de desempeñar.

Ante los legisladores, el secretario afirmó que desde la cartera que comanda Federico Sturzenegger "no solamente estamos teniendo un Estado más chico, sino que también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento". Explicó que la revisión de los organismos no se limita a la cantidad de trabajadores o cargos jerárquicos: "Si hay funciones que son duplicadas porque están replicadas en diferentes áreas del Estado, se eliminan. Si son funciones que en realidad le corresponden a las provincias o a los municipios, también se eliminan". Y agregó: "Si son funciones que creemos que las debe desempeñar el sector privado, también se eliminan".

La presentación volvió a poner de manifiesto uno de los aspectos centrales de la política de Javier Milei simbolizada con una motosierra: la reducción de personal es a la vez que una herramienta para disminuir el gasto, una modificación desde adentro de las funciones que el Ejecutivo considera que el Estado debe cumplir para con sus ciudadanos.

Según detalló Fariña, desde diciembre de 2023 las autoridades superiores pasaron de 307 a 192, los cargos de alta dirección disminuyeron de 2.476 a 1.994 y la cantidad de organismos estatales bajó de 117 a 91. Aseguró, además, que los cambios permitieron reducir estructuras que consideraban innecesarias y afirmó que "cada uno de los ahorros que estamos generando tiene su permanencia".

En números, la evolución del empleo estatal confirma el achicamiento, aunque no permite establecer por sí sola si las funciones eliminadas eran redundantes, si las prestaciones se mantienen mediante otros mecanismos o si determinadas necesidades dejaron de recibir respuesta.

"Lo que nosotros hicimos con esta reducción de empleados, es un ahorro estimado no solamente en salarios, sino también en edificios, en diferentes elementos, casi de 3.000 millones de dólares anuales", aseguró Fariña, destacando la reducción de la presión impositiva. La estimación está basada en un informe del Ministerio de Desregulación que considera que el costo de cada empleado duplica su remuneración y, por lo tanto, multiplica por dos el ahorro salarial.

Luego, Cacace profundizó en el sentido económico de las reformas al afirmar que su ministerio vale "por los ahorros que generamos". Y agregó que los beneficios comprenden tanto el funcionamiento del Estado como los costos de los trámites y las obligaciones que deben afrontar ciudadanos y empresas.

En ese punto, Cacace también recordó la sanción de la ley Bases, que “sentó los fundamentos de la transformación de la República Argentina”. “A veces olvidamos el impacto que tiene. A veces olvidamos el impacto que tienen pequeñas reglas que se cambian y que han transformado la estructura de la economía argentina”, sintetizó el Secretario de Desregulación.

Fariña puso como ejemplo de los resultados de la modernización la automatización para validar el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que, según explicó, permitiría evitar alrededor de 1,2 millones de trámites anuales y ahorrarles tiempo y dinero a las familias. En ese sentido, anunció que el Gobierno avanza en la unificación de más de 150 sistemas administrativos y de liquidación de haberes.

"Yo creo en un Estado que construya eficiencia, pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida", contrapuso la diputada Victoria Tolosa Paz durante el debate. Cuestionó, además, que la búsqueda de eficiencia pudiera quedar condicionada por "un sesgo ideológico" y reclamó evaluar "para qué tomamos las medidas que tomamos, si van a afectar o perjudicar al conjunto de la población argentina".

Uno de los intercambios más directos se produjo alrededor de Vialidad Nacional. Fariña sostuvo que la reestructuración permitió reducir de 1.543 a 176 los cargos jerárquicos del organismo, aunque se trata de posiciones de conducción y no de la cantidad total de trabajadores.

El diputado puntano Ernesto Alí cuestionó el criterio empleado para medir los resultados. "No se trata de echar funcionarios, sino que Vialidad se trata de hacer rutas", manifestó. Y agregó: "Tenemos que tapar baches".

Fariña respondió que el Gobierno pretende mejorar la red vial mediante un esquema que combina concesiones privadas con tareas de mantenimiento y control a cargo del organismo nacional. "Nosotros creemos que hay que mejorar el estado de las rutas. Podemos tener una visión de quién creemos que lo va a hacer de mejor forma, si el Estado o un privado", sostuvo.

La discusión expuso una diferencia sustancial entre los indicadores utilizados para evaluar la reforma. Mientras el Ejecutivo destaca la eliminación de estructuras y sus costos, los cuestionamientos apuntan al estado de la infraestructura y a las prestaciones que deben recibir sus usuarios.

El informe del INDEC también permite dimensionar el ajuste en instituciones vinculadas con el desarrollo productivo, la investigación y la infraestructura. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el CONICET pasó de 27.760 a 24.795 personas; el INTA, de 6.825 a 4.960; el INTI, de 3.120 a 2.227; y Vialidad Nacional, de 5.703 a 4.165 trabajadores.

El Presupuesto 2027 contempla nuevas modificaciones en el financiamiento de estos organismos. Diputados de la oposición apuntaron contra el artículo 21 del proyecto, que propone eliminar asignaciones específicas vinculadas con las importaciones para el INTA, el INTI y el SENASA.

"Para nosotros, el presupuesto de un organismo tiene que ser lo que se ha votado por el Congreso, en relación a las metas y a las necesidades de ese organismo, no atado a un indicador que es externo", defendió Fariña, al cuestionar que el financiamiento dependa de indicadores como el valor de las importaciones.

En el caso del INTI, el secretario argumentó que determinadas certificaciones podían ser reemplazadas, y sostuvo que existían trámites que demoraban innecesariamente la actividad de las empresas. Desde la oposición se plantearon interrogantes sobre la disponibilidad de alternativas y las consecuencias de reducir capacidades técnicas del Estado.

Las planillas del Presupuesto 2027 indican para el INTA actividades previstas que pasarían de 3.000 en 2026 a 1.500 en 2027, mientras que las consultas atendidas a productores y otros actores del sector agropecuario bajarían de 4.933 a 3.074. Son metas proyectadas, no resultados ya ejecutados, pero muestran que la discusión alcanza el volumen de prestaciones previsto por el Gobierno para el próximo ejercicio.

El Senado de la Nación vuelve este jueves al recinto después de cinco semanas sin sesiones, con una agenda construida sobre acuerdos con bloques aliados, aunque todavía persisten diferencias.

La sesión ordinaria fue acordada por los presidentes de bloque durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel y comenzará a las 14. El temario tendrá como primeros asuntos el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y la creación de un mercado de carbono. Para el final quedará la reforma a la Ley de Salud Mental donde el oficialismo, de la mano de Patricia Bullrich, todavía negocia los votos necesarios para garantizar su aprobación.

La sesión comenzará con la jura de Claudia Cecilia López, quien asumirá la banca riojana que dejó vacante el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. También están previstos homenajes al legislador, al dirigente de APL Norberto Di Próspero y al expresidente Néstor Kirchner, a 16 años de su muerte.

En paralelo, estaba previsto que la oposición intente que el recinto vote un pedido de comparecencia de Diego Santilli, quien todavía no presentó su informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete. Ante este escenario, el gobierno dejó trascender que finalmente se presentará a fines de noviembre.

El primer proyecto importante será el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, impulsado por el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, para otorgar beneficios tributarios a proyectos productivos desde los 12 millones de dólares.

La iniciativa contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. Abarca inversiones en bienes muebles nuevos —excepto automóviles— y obras destinadas directamente a actividades productivas.

Vischi lo presentó como una herramienta para cubrir el espacio entre otros esquemas de promoción. “Es un bache entre el RIMI, aprobado en la Ley de Modernización Laboral, y el RIGI”, explicó el senador correntino. Su planteo apunta a incorporar proyectos que no alcanzan las dimensiones exigidas por los regímenes para grandes inversiones.

Otro de los acuerdos alcanzados permitirá tratar la regulación del mercado voluntario de carbono, iniciativa promovida por las senadoras Flavia Royón, de Salta, y Sonia Rojas Decut, de Misiones, junto con Jorge Capitanich.

El texto propone establecer un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono”, generados por proyectos nacionales que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta crea un registro nacional para certificar y fiscalizar esas reducciones, fija reglas sobre la propiedad de los créditos y contempla estabilidad fiscal por 15 años, junto con distintos incentivos tributarios.

El objetivo es ofrecer previsibilidad a inversiones ambientales vinculadas, entre otras actividades, con la producción agropecuaria, la forestación y las energías renovables.

La reforma de la Ley 26.657 constituye el principal desafío político de la jornada. Aunque el oficialismo consiguió habilitar su tratamiento mediante los dictámenes de comisión, mantiene diferencias con sectores de la UCR y Provincias Unidas.

El proyecto modifica los procedimientos de internación involuntaria, contempla la intervención de equipos interdisciplinarios, habilita teleconsultas y mantiene la prohibición de prácticas manicomiales. También incorpora expresamente adicciones sin sustancias, como la ludopatía, y mecanismos de consentimiento anticipado para tratamientos.

Las negociaciones de las últimas horas se concentraron en dos puntos: el papel de psiquiatras y psicólogos en las decisiones clínicas y el financiamiento necesario para aplicar la norma.

En el primero, el oficialismo aceptó revisar la redacción para garantizar la participación profesional correspondiente, eliminando una referencia a la intervención “preferentemente” psicológica. En el segundo, se discute dejar más explícitas las responsabilidades presupuestarias y la posibilidad de celebrar convenios entre Nación y las provincias.

El debate del Presupuesto 2027 entró en conflicto sobre una política social central en el país: el Gobierno propone en el artículo 17 eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, el mecanismo que permitió sostener la política de contención en la gestión de Javier Milei.

El martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará la discusión con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo pretende dictaminar el 28 y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, fechas todavía no confirmadas formalmente.

Mientras continúa el cronograma previsto, crecen los reclamos para que el proyecto de marcha atrás con la quita de la actualización vía inflación de la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

El conflicto se concentra en el breve artículo 17, que dice: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. El primero establece la movilidad de los importes y de los límites y rangos de ingreso para acceder al beneficio; los otros regulan su cálculo por ANSES y la aplicación inicial.

Esta fórmula fue instaurada por el propio gobierno libertario en 2024. El Decreto 274 estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES pasarían a actualizarse todos los meses según la inflación de dos meses previos, argumentando que en ningún caso podría resultar una disminución del haber que percibe el beneficiario.

Antes de llegar a este sistema, el cálculo del dinero de la AUH pasó por varias etapas. Cuando fue creada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner se actualizaba discrecionalmente por decretos una o dos veces al año. En 2015, la gestión de Mauricio Macri sancionó la Ley 27.160, que las acopló la Movilidad Jubilatoria, con aumentos obligatorios y automáticos dos veces al año mediante una combinación de la recaudación de ANSES y aumento salarial. Luego tuvo otro cambio en 2020 con Alberto Fernández donde pasó a revisarse cada tres meses.

Ahora, de prosperar la derogación, no desaparecerían las prestaciones ni habría una reducción de montos; sino que se borraría la obligación de ajustarlos mediante la fórmula que contempla el IPC. El proyecto no establece otra regla ni una periodicidad obligatoria: así, los aumentos quedarían sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.

El alcance del cambio aparece con claridad en informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La OPC muestra cómo la evolución que tuvo durante años el valor real de la AUH fue variable debido a la creciente inflación que atravesaba el país: cada aumento tenía una recuperación inmediata, seguida de una pérdida gradual hasta el ajuste siguiente.

Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023, la AUH tocó un mínimo al finalizar ese período producto de la devaluación dispuesta por Milei apenas asumida la presidencia. Luego, el Gobierno dispuso un aumento extraordinario del 100% para recuperar lo perdido y con la movilidad mensual con un IPC relativamente estable permitió proteger ese ingreso.

En contraposición, la Prestación Alimentar no cuenta con esa movilidad: sus valores dependen de aumentos discrecionales y su poder de compra repitió el patrón de recuperaciones transitorias y posteriores caídas. La OPC calcula para Alimentar un promedio real que descendió drásticamente desde diciembre de 2023. Como contrapunto, marca que el Plan 1.000 Días mantuvo su recomposición también gracias a la indexación mensual posterior de 2024.

En el Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, la OPC proyecta $9,2 billones para AUH y AUE, con una suba de apenas 0,7% real y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos. Las asignaciones familiares contributivas contarían con $5,2 billones, 5,7% más en términos reales. Alimentar, en cambio, tendría $3 billones, creciendo 8% nominal, pero con una caída del 10,5% real.

UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevaron la preocupación a una comisión de Diputados. Las instituciones señalaron que las transferencias de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes y advirtieron sobre la eliminación de su garantía de movilidad.

El proyecto asigna $21,5 billones a políticas de niñez, 7% más en términos reales sobre el crédito vigente de septiembre. Pero, según UNICEF, faltaría sumar cerca de $1,5 billones al gasto previsto para 2026 para cubrir las actualizaciones automáticas hasta diciembre. Con esa base corregida, el crecimiento real de 2027 prácticamente desaparece.

“Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental”, planteó Sebastián Waisgrais, de UNICEF, ante los diputados integrantes de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.

En la Cámara, la objeción ya no proviene solamente de los bloques de la oposición más férrea. Uno de los espacios cuyos votos necesita el oficialismo para sancionar el Presupuesto, la UCR, también se expresó este domingo en favor de conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar, además de revisar los artículos de discapacidad.

En la primera audiencia de Presupuesto, Victoria Tolosa Paz cuestionó a Carlos Guberman por el artículo 17 y preguntó por qué se buscaba dejar los aumentos sujetos a decisiones administrativas. El secretario de Hacienda defendió otro objetivo: “Lo que nosotros queremos hacer es [...] sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria”.

Su argumento fue que los alimentos pueden subir más que el índice general, por lo que una movilidad por IPC no siempre garantiza igual capacidad de compra de comida. “Nuestra intención es que eso se sostenga a lo largo del tiempo”, afirmó. El compromiso oficial apunta a que la combinación de AUH y Alimentar cubra al menos 95% de una CBA; no establece, sin embargo, qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista.

La discusión también tiene alcance fiscal. Guberman explicó que Hacienda estima los ingresos, descuenta “los gastos que tienen alguna cláusula de ajuste automático” y reparte el margen restante. La derogación quitaría una obligación legal de ajuste, aunque el proyecto no cuantifica el eventual ahorro que se produciría de aprobarse esta medida.

Hacienda proyecta 18% de inflación a diciembre de 2027, contra 21,2% del último REM relevado por la OPC. La diferencia no supone por sí sola una pérdida determinada para los hogares: dependerá de cuánto y cuándo decida aumentar el Ejecutivo. Pero, de aprobarse el artículo 17, la garantía que estabilizó el valor real de la AUH ya no estaría escrita en la ley.

Las ventas por el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% interanual en 2026 y el gasto promedio alcanzó los $63.197. Los datos surgen de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que analizó el desempeño comercial durante una de las fechas clave para el sector.

De acuerdo con el relevamiento, el ticket promedio se ubicó en $63.197. Aunque los negocios ofrecieron descuentos, promociones bancarias y alternativas de financiación, esas herramientas sirvieron principalmente para sostener las operaciones y no lograron revertir la cautela de los consumidores.

Con este resultado, se acumularon cinco caídas interanuales consecutivas para esta fecha comercial, una señal de la persistencia de las dificultades que atraviesa el comercio minorista.

El gasto promedio presentó diferencias según el rubro. Cosméticos y perfumería encabezó la lista, con un ticket de $88.000, seguido por electrodomésticos y artículos para el hogar, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332.

Por debajo del promedio general quedaron los equipos periféricos, accesorios y celulares, con $60.089; indumentaria, con $55.416; y librería, que registró el ticket más bajo, con $37.638.

Los datos reflejan una tendencia hacia regalos de menor valor y compras más cuidadosas. En distintos sectores, los comerciantes señalaron que los consumidores priorizaron productos accesibles y postergaron la adquisición de artículos de mayor precio.

Las cuotas sin interés, los descuentos por pago al contado y las promociones bancarias fueron determinantes para cerrar operaciones. Sin embargo, estas estrategias también redujeron los márgenes de ganancia de los negocios.

El comportamiento de las ventas fue dispar entre las seis categorías relevadas. Cuatro registraron caídas interanuales, mientras que las dos restantes mostraron variaciones positivas.

Los electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video tuvieron el retroceso más pronunciado, con una baja del 3,6%. Cosméticos y perfumería, por su parte, cayó un 3,2%, al igual que los equipos periféricos, accesorios y celulares.

Calzado y marroquinería registró una retracción del 2,2%. En contraste, librería fue el rubro con mejor desempeño, con una suba del 3,4%, mientras que indumentaria tuvo un avance marginal del 0,1%.

En el segmento de electrodomésticos, la demanda se concentró en pequeños aparatos y productos de menor precio. En tecnología, en tanto, se observó una postergación en la renovación de celulares y una mayor búsqueda de accesorios económicos.

En indumentaria, las prendas livianas y la ropa deportiva ayudaron a sostener las ventas, aunque con una fuerte dependencia de promociones como el 2x1, el 3x2 y los descuentos de hasta el 20%.

El impacto de la fecha en la actividad mensual también fue limitado. El 39,9% de los comercios consultados consideró que la celebración tuvo una incidencia moderada, mientras que el 31,7% sostuvo que aportó ventas, pero no modificó el panorama general.

A su vez, el 19,3% indicó que la fecha no tuvo impacto en su actividad y apenas el 9% la consideró clave para impulsar las ventas del mes.

En cuanto a las expectativas, el 51,3% de los negocios afirmó que vendió lo previsto. Sin embargo, un 32,5% tuvo resultados inferiores a los esperados y el 16,2% logró superar sus proyecciones.

El balance muestra que una de las fechas tradicionales más importantes para el comercio volvió a funcionar como un alivio puntual, sin generar un impulso suficiente para revertir la tendencia de consumo contenido.

Las promociones y la financiación permitieron sostener parte de las operaciones, pero el comportamiento de los compradores dejó en evidencia que el precio y la disponibilidad de dinero continúan siendo factores centrales al momento de elegir un regalo.

Criar a un hijo en Argentina volvió a encarecerse por encima de la inflación general en septiembre, esta vez impulsado por una aceleración del valor económico asignado a las tareas de cuidado.

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) calculó la canasta mensual en $570.832 para menores de un año, $679.816 entre uno y tres años, $579.752 para cuatro y cinco años y $728.850 entre seis y doce años.

El organismo explica que la medición “incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”.

Frente a agosto, las cuatro canastas aumentaron entre 2,2% y 2,4%, por encima del IPC de septiembre, que fue de 1,9%.

La composición permite explicar el movimiento. El INDEC señala que para calcular bienes y servicios “se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires”, que incluye alimentos y gastos no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Ese componente aumentó alrededor de 1,7% mensual, en línea con la CBT: pasó a $184.912 para menores de un año; $238.764 entre uno y tres; $304.095 entre cuatro y cinco; y $377.231 para seis a doce años.

El costo del cuidado, en cambio, subió aproximadamente 2,8% en todas las edades. Para estimarlo, el informe “considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado” y valoriza esas horas “tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

En septiembre ese cálculo llegó a $385.920 mensuales para un bebé, $441.051 para un niño de uno a tres años, $275.657 entre cuatro y cinco y $351.619 entre seis y doce.

La aceleración coincide con la actualización salarial de casas particulares vigente desde septiembre, que dispuso un incremento de 1,8% e incorporó al básico una parte de la suma no remunerativa acordada previamente.

El peso del cuidado cambia fuertemente con la edad. El método parte de “un cuidado mínimo de 8 horas diarias de trabajo” y descuenta luego las jornadas escolares públicas según cada tramo. De allí surgen 147 horas mensuales para menores de un año, 168 horas para niños de uno a tres, 105 para cuatro y cinco y 84 horas entre seis y doce años.

Por esa razón, en los primeros años el tiempo tiene incluso más peso que los consumos materiales: representa aproximadamente 68% de la canasta de un menor de un año y 65% entre uno y tres años.

A partir de los cuatro años la relación se invierte. Entre cuatro y cinco, el cuidado representa alrededor del 48% del total; entre seis y doce, también queda ligeramente por debajo de la mitad.

El movimiento de septiembre no elimina, sin embargo, la tendencia anual. En agosto, bienes y servicios venían encareciéndose bastante más rápido que el cuidado, abriendo una brecha superior a trece puntos entre ambos componentes.

Esa diferencia continúa en la comparación interanual. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, los bienes y servicios de la canasta aumentaron alrededor de 38,7%, mientras el costo del cuidado lo hizo cerca de 27,1%. Como resultado, el valor total de criar un hijo subió entre 30,6% y 32,9%, según la edad.

Es una dinámica diferente de la fotografía mensual: septiembre mostró al cuidado avanzando más rápido, pero todavía no corrigió la distancia acumulada durante el último año.

La inflación mayorista de Argentina volvió a ganar velocidad en septiembre y mostró una presión bastante mayor que la observada durante el mismo mes en los precios al consumidor.

El INDEC informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 3,2% mensual, frente al 2,1% de agosto, y acumuló un incremento de 22,8% durante los primeros nueve meses de 2026. En términos interanuales quedó en 29,2%. Es la mayor variación mensual desde abril.

El movimiento contrasta con el IPC conocido esta semana, que avanzó 1,9% en septiembre, acumuló 23,6% durante el año y registró una variación interanual de 33,4%.

La comparación exige cautela: ambos índices miden universos distintos y un aumento mayorista no se traslada automáticamente ni en la misma proporción a los precios finales. Pero el salto de septiembre introduce una señal de presión en una etapa anterior de la cadena.

El INDEC señaló que el avance del IPIM fue consecuencia de “la suba de 3,4% en los productos nacionales y de 0,4% en los productos importados”.

La aceleración estuvo particularmente concentrada en los productos primarios, que aumentaron 7,9% mensual. Dentro de ese conjunto, petróleo crudo y gas se encarecieron 15%.

El informe identifica precisamente a “Petróleo crudo y gas, con 1,43 puntos porcentuales” como la división de mayor incidencia positiva sobre el índice general. Como el IPIM avanzó 3,16 puntos antes del redondeo, ese rubro explicó por sí solo alrededor del 45% de toda la inflación mayorista del mes.

También incidieron productos agropecuarios, con 0,30 punto; refinados del petróleo, 0,28; alimentos y bebidas, 0,20; y sustancias y productos químicos, 0,16.

El Índice de Precios Básicos del Productor, que mide los precios recibidos por productores locales sin impuestos y contempla también exportaciones, mostró una señal todavía más intensa: subió 3,8%, explicado por un aumento de 7,9% en primarios y de 2,1% en manufacturas y energía eléctrica.

Otra característica relevante de septiembre es que el movimiento no estuvo encabezado por las importaciones.

Los productos nacionales aumentaron 3,4% en el IPIM, mientras los importados apenas lo hicieron 0,4%. En el índice básico mayorista la diferencia fue incluso mayor: 3,7% contra 0,3%.

La aceleración, por lo tanto, estuvo fundamentalmente asociada con precios originados dentro de la economía, especialmente materias primas y energía.

Entre los manufacturados, que subieron bastante menos —1,9%—, aparecen alimentos y bebidas con 1,7%, textiles con 3,5%, refinados del petróleo con 2,2%, químicos con 1,6%, máquinas y equipos con 1,6% y vehículos con 1,9%. La energía eléctrica aumentó 4,1%.

El salto mensual no modificó todavía otra característica del proceso inflacionario.

Mientras los precios mayoristas aumentaron 29,2% interanual, el IPC avanzó 33,4%. Y en nueve meses el IPIM acumula 22,8%, ligeramente por debajo del 23,6% minorista.

La señal de septiembre es, entonces, más coyuntural que acumulativa: los precios en la etapa mayorista aceleraron con fuerza y corrieron bastante por encima de los minoristas durante el mes, pero todavía mantienen una variación anual inferior.

La evolución de octubre permitirá observar cuánto de la fuerte suba de materias primas y energía queda absorbido dentro de las cadenas productivas y cuánto termina trasladándose a precios finales en un escenario donde la demanda doméstica continúa mostrando debilidad.

Una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos mensuales de $1.632.504,69 para quedar por encima de la línea de pobreza en septiembre, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para cubrir únicamente las necesidades alimentarias y no caer en la indigencia, el mismo hogar requirió $738.689,90.

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 1,7%, frente al 2,6% registrado en agosto. De esta manera, ambas quedaron por debajo de la inflación nacional de septiembre, que fue del 1,9%, y del 2% correspondiente al Gran Buenos Aires.

La desaceleración mensual modificó la relación observada en agosto, cuando las canastas habían crecido por encima del índice general. Sin embargo, en el acumulado de 2026 y en la comparación interanual mantienen incrementos superiores a la inflación.

Para el hogar de referencia de cuatro personas, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8, el costo alimentario aumentó $12.220,52 respecto de agosto. En tanto, el umbral de ingresos para superar la pobreza se incrementó en $27.007,34.

El mes anterior, esa familia había requerido $726.469,38 para cubrir la canasta alimentaria y $1.605.497,35 para alcanzar la canasta total.

En un hogar de tres integrantes, los valores de septiembre fueron de $588.083,22 para la CBA y $1.299.663,93 para la CBT. Para una familia de cinco personas, los montos ascendieron a $776.939,22 y $1.717.035,68, respectivamente.

La unidad de cálculo utilizada por el organismo, denominada adulto equivalente, tuvo una canasta alimentaria de $239.058,22 y una canasta total de $528.318,67.

Entre enero y septiembre, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un aumento del 25,3%, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 24,7%.

En ese período, la inflación nacional fue del 23,6% y la del Gran Buenos Aires alcanzó 23,8%. Así, pese al menor ritmo de septiembre, las dos canastas continúan por encima de esas referencias.

La diferencia se amplía en la comparación con septiembre de 2025: la canasta alimentaria aumentó 40% en doce meses y la total, 38,7%, frente a una inflación del 33,5% en el Gran Buenos Aires.

Estos indicadores permiten observar la evolución del costo de los consumos básicos, que tienen un peso mayor en el presupuesto de los hogares de menores ingresos.

El menor incremento promedio de la canasta convivió con subas pronunciadas en algunas verduras, según los precios relevados para el IPC del Gran Buenos Aires.

El tomate redondo aumentó 34,1% y la cebolla, 24,6%. También se registraron incrementos en la batata, del 12,5%; el zapallo anco, del 12,4%; y el limón, del 5,4%.

Otros productos tuvieron bajas: la lechuga cayó 11,5%, la banana 8,5% y la papa 3,3%, lo que refleja diferencias dentro del mismo grupo de alimentos.

Entre los lácteos, la leche en polvo subió 4,2% y la leche fresca en sachet, 3,1%. El queso sardo aumentó 2,7% y los quesos cremoso y pategrás, 1,9%, mientras que el yogur firme bajó 5%.

Las carnes presentaron variaciones más moderadas: el asado aumentó 0,6%; la carne picada y la paleta, 0,9%; el cuadril, 1%; la nalga, 0,7%; y el pollo entero, 0,2%.

En los panificados también hubo comportamientos diferentes. La harina subió 3,7% y el pan francés, 1%, mientras que el pan de mesa registró una caída del 8,6%.

La Canasta Básica Alimentaria establece la línea estadística de indigencia, porque representa el valor de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos del hogar. La Canasta Básica Total incorpora bienes y servicios no alimentarios y se utiliza para determinar la línea de pobreza.

Los montos se calculan con precios relevados en el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, no constituyen una medición específica del costo de las canastas en Santa Fe.

La inflación de septiembre en la Argentina fue del 1,9%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Fue el noveno dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y significó una suba de dos décimas respecto de agosto, cuando había marcado 1,7%. Con el nuevo dato, los precios acumularon un incremento de 23,6% entre enero y septiembre.

La comparación interanual mostró, en cambio, una nueva desaceleración. El índice quedó en 33,4% frente a septiembre de 2025, una décima menos que el 33,5% registrado en agosto y cuatro décimas por debajo del máximo reciente de 33,8% alcanzado en julio.

El dato vuelve a encontrar al organismo estadístico bajo la conducción de Pedro Lines, luego de la salida de Marco Lavagna a comienzos de año y la decisión oficial de mantener para la medición del IPC la estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y aquellos con comportamiento estacional, bajó de 1,8% a 1,7%. El INDEC explicó que dentro de ese universo se registraron aumentos vinculados a las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Los estacionales, por el contrario, dieron el salto más pronunciado: aumentaron 2,9%, después de haber retrocedido 0,9% durante agosto. Las principales subas correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres.

Los regulados avanzaron 2,3%, una décima más que el mes anterior, impulsados principalmente por los ajustes en gas, electricidad y gastos de medicina prepaga. De esta manera, acumulan una suba de 31,5% en los primeros nueve meses, bastante por encima del 21,8% de la inflación núcleo y del 20,3% de los estacionales.

La diferencia también aparece al dividir la canasta entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,7%, mientras los servicios avanzaron 2,4%, medio punto por encima del nivel general.

En el acumulado del año la brecha es todavía mayor: los bienes subieron 20,4% desde diciembre y los servicios, 30,2%. Frente a septiembre de 2025, las variaciones fueron de 29,2% y 41,9%, respectivamente.

La división con mayor aumento durante septiembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,1%, seguida muy de cerca por Educación, con 3%.

Detrás se ubicaron Comunicación, con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%. Bienes y servicios varios y Recreación y cultura acompañaron el nivel general con 1,9%.

Por debajo del promedio quedaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,6%; Transporte, 1,5%; Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado, ambas con 1,4%. La menor variación correspondió a Restaurantes y hoteles, con 1,1%.

La foto de los primeros nueve meses exhibe con mayor claridad dónde se concentraron las mayores presiones. Vivienda acumula 35,6%, Educación 34%, Comunicación 26,6% y Salud 25,2%, todas por encima del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon 24,5%, aunque por su peso en la canasta volvieron a constituirse en el componente de mayor incidencia sobre la inflación mensual en cinco de las seis regiones relevadas por el organismo.

La región Pampeana registró en septiembre una inflación de 2%, cuatro décimas por encima del 1,6% de agosto y una décima superior al promedio nacional.

El mismo registro mensual tuvo el Gran Buenos Aires. Noroeste y Cuyo se ubicaron en 1,9%; Noreste, en 1,7%; y Patagonia presentó la menor variación, con 1,4%.

En nueve meses, los precios acumularon 23,3% en la región Pampeana, frente al 23,6% del total nacional. La variación interanual regional se ubicó en 33,1%, también tres décimas por debajo de la media del país.

Dentro de la región, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2% y explicó 0,62 puntos porcentuales del IPC mensual, la mayor incidencia de toda la canasta. Vivienda tuvo una suba bastante superior, de 3,8%, pero debido a su menor ponderación aportó 0,35 puntos.

También se destacaron en la región Educación, con 3,8%; Comunicación, 2,6%; Salud, 2,4%; y Recreación y cultura, 2,3%. Prendas de vestir y calzado tuvo uno de los movimientos más contenidos, con apenas 0,7%, mientras Restaurantes y hoteles subió 0,8%.

Los argentinos vienen cambiando la prioridad de la carne que ponen en la parrilla y llevan a la mesa. Así lo exponen los últimos datos de la medición de consumo cárnico aparente que realiza el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea.

Entre agosto de 2025 y julio último, el conjunto de las tres principales carnes alcanzó los 113,8 kilos por habitante, apenas 2% menos que en los doce meses anteriores y prácticamente en línea con los promedios de los últimos cinco y diez años.

Pero detrás de esa estabilidad se produjo un cambio central en la composición: por primera vez, según la serie, el consumo de pollo acumulado en doce meses quedó por encima del vacuno. Fueron 47 kilos por habitante de carne aviar contra 46,7 kilos de bovina. El cerdo, en tanto, llegó a un récord de 20,1 kilos.

La sustitución sostuvo el volumen, pero modificó la dieta históricamente dominada por la carne vacuna. La tendencia ya se venía haciendo visible. En 2025, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca había relevado un consumo anual de 49,92 kilos de vacuna, 47,68 de pollo y 18,89 de cerdo, con las dos últimas categorías ganando presencia dentro de una ingesta total que había alcanzado los 116,4 kilos.

El cambio no se explica solamente por nuevas preferencias alimentarias. Hay una señal económica antes de llegar a la mesa. Durante los últimos doce meses, el precio de un kilo de carne vacuna permitió comprar, en promedio, 3,6 kilos de pollo entero. O, como alternativa, 1,9 kilos de pechito de cerdo.

“Esa brecha genera incentivos muy claros para que las familias sustituyan una carne por otra”, explicó Juan Manuel Garzón, economista del Ieral y coautor del informe junto a Franco Artusso.

La diferencia se amplió durante el último año. Descontada la inflación, el precio promedio de los 18 cortes vacunos relevados por el instituto aumentó 13,3% interanual, mientras que pollo y cerdo se abarataron alrededor de 4% en términos reales.

En agosto, esa canasta vacuna promedió $17.871 por kilo. El valor ya había corregido 10,1% en términos reales desde el máximo alcanzado en marzo, pero aun así permanecía 30,3% por encima del promedio de los últimos veinte años para el mismo mes.

La cuenta para el consumidor tiene además otra variable que el informe no aborda pero que la realidad impone: los ingresos que no terminan de recuperar. A julio, el índice salarial del INDEC aumentó 36,2% interanual, frente a una inflación del 33,8%, lo que supone una recomposición real modesta en el promedio, pero los salarios privados aumentaron 29,7% en un año y los públicos 31%, ambos por debajo del IPC. Es decir que para una parte relevante de los trabajadores formales el poder adquisitivo se redujo mientras la carne vacuna se encarecía.

Pero el mínimo del consumo vacuno no se explica únicamente desde la demanda. También hay menos carne disponible según el indicador utilizado por el IERAL que estima el consumo aparente a partir de la producción, más las importaciones y menos las exportaciones.

El IERAL calcula que entre septiembre de 2025 y agosto último quedaron para el mercado interno 46,2 kilos de carne bovina por habitante, el registro más bajo de la serie que comienza en 1990 y 4,6 kilos menos que durante los doce meses anteriores.

La producción pasó de aportar 69 kilos por habitante a 64,6 kilos, una reducción de 4,4 kilos. Las exportaciones crecieron de 18,6 a 19,4 kilos y quitaron otros 0,8 al mercado interno, mientras que las importaciones aumentaron de 0,3 a 0,9 kilos y compensaron parcialmente esa merma. “La caída de la producción explica la mayor parte de la contracción”, remarcan Garzón y Artusso.

Es decir que el récord exportador profundizó la menor disponibilidad interna, pero no alcanza para explicar por sí solo por qué faltaron 4,6 kilos por habitante: prácticamente todo ese retroceso tiene como punto de partida una producción bovina más reducida.

Santa Fe ofrece una fotografía reciente de ese mismo movimiento. El informe de faena que el IPEC difundió este lunes muestra que en agosto se procesaron 187.541 bovinos en los frigoríficos de la provincia, 8,3% menos que un año antes y 7,8% menos que en julio. En los primeros ocho meses de 2026, la faena vacuna santafesina acumula una caída de 5,9% interanual.

El contraste con las carnes que vienen ganando espacio en la mesa también aparece en los registros provinciales. Durante agosto la faena aviar santafesina creció 8% respecto del mismo mes de 2025 y acumuló una mejora de 3,7% en ocho meses; la porcina, aunque retrocedió 0,4% interanual en el último mes, todavía exhibe una expansión acumulada de 9,6%.

A nivel nacional, durante los últimos doce meses la faena bovina cayó 8,8% y la producción de carne se redujo 6,2%. La diferencia entre ambas variaciones tiene una explicación: el peso promedio de las reses pasó de 230,1 a 236,6 kilos por cabeza, una mejora de 2,9% que permitió obtener más carne por animal y amortiguar parcialmente la menor cantidad de hacienda enviada a frigorífico.

También apareció durante agosto una señal que el IERAL apuntó: bajó a 42,9% la participación de hembras dentro de la faena nacional. “Este dato podría estar indicando un cambio de fase del ciclo ganadero”, plantearon los autores, aunque advirtiendo que en el promedio de doce meses las hembras todavía representan 46,8% de la faena, por lo que consideran prematuro confirmar que la recomposición del rodeo ya está en marcha.

La estadística santafesina dialoga con el dato pero requiere la misma prudencia. El IPEC informó que la participación de hembras bajó a 48,1% de la faena provincial durante agosto.

A esa restricción se suma el movimiento de los feedlots. Al comenzar septiembre mantenían una ocupación elevada, de 71,6%, pero por cada 100 animales que salían de los corrales ingresaban apenas 74. El IERAL vincula esa caída en la reposición con el encarecimiento de la invernada y los costos financieros, una combinación que podría reducir nuevamente la oferta de hacienda terminada durante los próximos meses.

La menor producción doméstica convive, al mismo tiempo, con uno de los mejores momentos del negocio exportador. En los doce meses terminados en agosto, las ventas externas de carne bovina alcanzaron un equivalente de US$4.729 millones medidos a precios constantes del último mes, 35,4% más que un año antes y el mayor registro de la serie relevada por el IERAL.

Pero también acá hay dos movimientos. Los volúmenes exportados aumentaron apenas 4,2%, mientras que el precio promedio obtenido por tonelada lo hizo casi 30%. El récord, por lo tanto, está mucho más en los dólares que en las toneladas.

El gobierno nacional volvió a correr buena parte del ajuste en subsidios energéticos que había diseñado al comenzar el año en base al nuevo régimen SEF.

La Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía mantuvo durante este mes condiciones mucho más favorables para los hogares alcanzados por Subsidios Energéticos Focalizados que las previstas originalmente, prolongando una secuencia de excepciones que comenzó durante el invierno y que ahora continúa aun después de terminada la temporada de mayor consumo de gas.

Para la electricidad, el Decreto 943/2025 había establecido para octubre un bloque subsidiable de 150 kWh mensuales, con una bonificación general del 50% sobre el Precio Estacional (PEST) y otra extraordinaria que debía haber descendido al 4,55%. Finalmente, Energía elevó el bloque a 200 kWh y llevó el adicional nuevamente al 25%, por lo que la bonificación sobre el precio mayorista alcanza el 75% dentro de ese límite.

En el gas el desvío es todavía mayor. El esquema inicial disponía que la bonificación general del 50% terminara en septiembre y que octubre quedara únicamente con el adicional extraordinario del 4,55%. La resolución publicada ahora prorrogó aquel 50% y fijó el adicional en 24,25%: el beneficio llega así al 74,25% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) correspondiente al componente subsidiable.

El Gobierno ya había comenzado a apartarse durante los meses fríos del sendero descendente que había previsto para 2026. La diferencia es que el propio Decreto 943 define al invierno gasífero entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre, mientras que octubre abre el período de menor demanda en el que originalmente se había previsto retirar la bonificación general al gas.

Energía fundamentó ahora la continuidad de la asistencia en la necesidad de evitar “variaciones abruptas” en las facturas y, para el gas, mencionó “adecuaciones en la demanda” y costos expuestos a la volatilidad de los precios internacionales a causa del conflicto bélico en Medio Oriente.

La decisión tiene además una contracara fiscal. El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-Conicet muestra que, hasta mediados de septiembre, los subsidios energéticos acumulados crecieron 16% interanual en términos reales y concentraron el 77% de las transferencias relevadas. El contraste aparece en el Presupuesto 2027, donde las partidas energéticas pasan de representar 0,44% del PBI en 2026 a 0,37% el próximo año, con el objetivo de llevar la cobertura tarifaria promedio del costo de abastecimiento por encima del 88%.

Ese sendero adquiere especial relevancia mientras el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional la tercera revisión del acuerdo, porque las proyecciones realizadas meses atrás partían de una disminución de los subsidios que terminó postergándose durante buena parte del invierno y tampoco se retomó con la intensidad prevista en octubre.

En la segunda revisión, el staff del organismo había trabajado sobre el supuesto de que la bonificación extraordinaria creada para 2026 bajaría alrededor de dos puntos porcentuales por mes. Sobre esa trayectoria proyectó una caída cercana al 15% en los subsidios eléctricos y al 44% en los destinados al gas, aunque advirtió que el ahorro podía resultar menor según la evolución de los precios energéticos y la demanda.

El propio Gobierno había reconocido que estaba encontrando obstáculos. En agosto, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, admitió que el gasto de 2026 terminaría algo por encima de la meta prevista después de que el mayor costo del GNL y una menor generación hidroeléctrica obligaran a sostener más asistencia de la calculada originalmente. En ese momento, sin embargo, anticipó que con el final de los meses fríos “la reducción de subsidios puede acelerarse un poquito”.

González había planteado además que la siguiente etapa podía combinar dos vías de ajuste: reducir el universo alcanzado y disminuir la ayuda recibida por quienes conservaran el beneficio. “Posiblemente sea una combinación de las dos cosas”, señaló entonces. Esa segunda alternativa empezó a verse con la reforma de Zona Fría y los controles sobre el padrón, pero la reducción de la bonificación para los hogares que permanecen dentro del SEF volvió a postergarse en octubre.

La discusión vuelve ahora al primer plano porque la misión técnica que permaneció en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre formó parte de la tercera revisión y, según confirmó este jueves la vocera Julie Kozack, las conversaciones continuarán durante las próximas semanas en busca de un acuerdo a nivel de staff. La evolución del costo y los subsidios energéticos queda así nuevamente dentro de un programa fiscal cuyas estimaciones originales contemplaban una reducción de la asistencia más rápida que la finalmente aplicada durante 2026.

La continuidad de las bonificaciones nacionales no evitó, sin embargo, otra actualización para los usuarios santafesinos. En paralelo, el Ente Nacional Regulador aprobó mediante la Resolución 721 nuevos cuadros para Litoral Gas, vigentes desde octubre, cuyo impacto promedio en las facturas residenciales será del orden del 1% y, para el 75% de los hogares, representará entre $100 y $500 mensuales, de acuerdo a la reconstrucción de El Litoral.

A ese escenario se suma la reforma de Zona Fría, que acaba de reducir el beneficio territorial y dejará afuera de esa cobertura a cerca de medio millón de usuarios del sur santafesino. Habrá que seguir de cuándo el gobierno nacional promulgará la norma, para que no haya cambios en las reglas de facturación en un mes que ya inició.

La discusión territorial, además, tiene otro capítulo. Diego Santilli anticipó que desde noviembre comenzará a regir una ampliación de los bloques eléctricos subsidiados para las denominadas zonas cálidas del NOA y el NEA, aunque la resolución que deberá definir su alcance aún no fue publicada.

Santa Fe tiene departamentos reconocidos como “cálidos” y “muy cálidos” en el actual SEF, de acuerdo a la clasificación bioambiental de la norma IRAM 11603: 9 de Julio, Vera y General Obligado integran la categoría de mayor temperatura, mientras otras siete jurisdicciones del centro y norte provincial están en el segundo escalón climático. Por ahora no se conoce si ese territorio quedará comprendido en la ampliación que Nación prepara para noviembre.

La discusión legislativa sobre el sobreendeudamiento llega este martes a un momento decisivo con un dato que endurece el diagnóstico: la mora por fuera de los bancos ya alcanza a uno de cada tres préstamos otorgados.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de Diputados fueron convocadas para las 14 con el objetivo formal de emitir dictamen sobre la multiplicidad de proyectos vinculados al sobreendeudamiento que se vienen tratando durante las últimas dos semanas luego del emplazamiento, con exposiciones de economistas, bancos, especialistas y asociaciones.

Previo a la reunión, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) emitió un informe en el que calculó que a julio el 33,9% del crédito familiar otorgado por proveedores no financieros estaba en situación irregular, frente al 7,3% registrado en noviembre de 2024. Mientras que entre las entidades financieras, el indicador pasó en igual período de 2,5% a 13%.

El Banco Central, en tanto, ubicó en su último informe sobre Bancos que la mora de las familias en julio se ubicaba en 12,9% con las entidades financieras, mientras entre las empresas fue de apenas 3,6%. El organismo informó, además, que el crédito destinado al consumo se redujo durante ese mes.

El mayor deterioro aparece por fuera de las entidades financieras tradicionales, cuyos proveedores no son exclusivamente billeteras virtuales, ya que incluyen también emisoras de tarjetas no bancarias y empresas de financiamiento, aunque las fintech forman una parte importante y creciente de este mercado.

El BCRA ya había advertido que la irregularidad había alcanzado en el segundo semestre de 2025 al 26,9% de la cartera de prestamistas, y trepaba al 34,1% en préstamos personales. Ahora, CEPA extiende esa serie hasta julio mediante información de la Central de Deudores y lleva el indicador general al 33,9%. El salto equivale a 26,6 puntos porcentuales desde noviembre de 2024.

El Banco Central señala que las entidades conservan niveles elevados de liquidez y capital y que las previsiones cubrían 87,6% de la cartera irregular. La tensión está concentrada mucho más claramente del lado de quienes deben pagar. Motivo que derivó en la discusión en el Congreso.

El informe del CEPA dimensiona el alcance social de la mora. La distribución por edades arroja cerca de 5,9 millones de personas con alguna deuda irregular. De ellas, 4.185.913 tienen entre 25 y 54 años, equivalentes al 70,7% del total.

El mayor monto atrasado se concentra entre los 35 y 44 años: $4,64 billones, 30,6% de toda la deuda irregular relevada. De ese volumen, $3,20 billones corresponden a entidades financieras y $1,43 billones al universo no bancario utilizado en el estudio.

La magnitud ya había aparecido durante las audiencias legislativas. Alejandra Fernández Scarano, del CEPA, señaló ante los diputados que cuando se habla de alrededor de seis millones de personas “evidentemente es un problema macroeconómico”.

El último informe del CEPA vincula el deterioro con una pérdida del ingreso real y sostiene que durante una primera etapa el endeudamiento permitió amortiguar esa caída. La interpretación se sustenta en distintos indicadores: los salarios privados registrados crecen menos que la inflación y el aumento de los servicios que reduce el poder adquisitivo mensual afectando los datos de consumo.

En ese sentido se expresaron algunos de los expositores en Diputados. Claudio Montiel, director de Zentrix, afirmó que 60,2% de los consultados había tomado alguna deuda en los seis meses anteriores para llegar a fin de mes y que alrededor de tres cuartas partes la destinó a alimentos, salud, tarifas y otros gastos básicos.

El BCRA, por su parte, indicó en el informe de Bancos que después de una expansión durante 2024 y 2025, se registró en julio una caída real del crédito total y una contracción específica del financiamiento destinado al consumo.

Esa transición atraviesa también la discusión que deberá intentar sintetizar Diputados.

Sebastián Barocelli, especialista en Defensa del Consumidor, definió el sobreendeudamiento como una problemática “multicausal” y planteó combinar herramientas preventivas con mecanismos de conciliación para renegociar deudas, reglas sobre cobranzas extrajudiciales y principios de crédito responsable.

Desde las entidades bancarias introdujeron otro argumento. Javier Bolzico, de ADEBA, advirtió que refinanciaciones compulsivas o intervenciones sobre contratos podrían afectar el desarrollo del crédito, mientras Paz Adrogué, de ABA, sostuvo que una regulación demasiado rígida podría terminar provocando “menos crédito, más caro y más exclusión financiera”. Cámara de Diputados de la Nación

Son posiciones diferentes frente a una misma tensión: cómo ofrecer una salida a quienes acumularon deudas que ya no consiguen atender sin bloquear el financiamiento futuro para hogares que todavía dependen de él. El deterioro de julio agrega presión a esa discusión. La mora continúa en niveles extraordinariamente altos mientras el crédito de consumo comienza a retroceder, un escenario en el que el problema ya no pasa solamente por cuánto se endeudaron las familias sino por cuánto ingreso disponible les queda para volver a pagar.

El sector energético volvió a crecer contra el año pasado, aunque en la comparación entre trimestres empieza a mostrar el desacople que atraviesa el conjunto de la economía argentina: expansión de actividades extractivas vinculadas al frente externo, frente a una industria doméstica que pierde intensidad.

El Indicador Sintético de Energía (ISE) aumentó 3% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según informó este lunes el INDEC. Sin embargo, la medición desestacionalizada cayó 1,3% respecto del primer trimestre y la tendencia-ciclo bajó 0,5%.

El comportamiento se parece al que ya habían mostrado las cuentas nacionales: entre abril y junio el PBI todavía creció contra 2025, pero retrocedió respecto de los tres primeros meses del año. La energía, uno de los sectores que mejor resistió la desaceleración general, tampoco quedó completamente al margen.

Dentro del trimestre, abril cayó 1,9% desestacionalizado, mayo recuperó 0,7% y junio volvió a retroceder 3,3%. Así, el crecimiento interanual convivió con una pérdida de impulso en el margen.

Los derivados del petróleo incluidos en el indicador explicaron la mayor expansión, con una mejora interanual de 6,2%. La generación neta de electricidad creció 2,4%, principalmente por una mayor utilización de fuentes térmicas, mientras el gas distribuido —sin contar lo entregado a centrales eléctricas— apenas avanzó 0,2%.

La información del INDEC coincide con el dinamismo que sigue exhibiendo el sector hidrocarburífero. El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi calculó que la producción nacional de petróleo alcanzó en mayo un récord y creció 18,1% interanual, con Vaca Muerta explicando alrededor del 70% del total.

Incluso, la expansión continuó al concluir el trimestre: en julio la producción llegó a 916.200 barriles diarios, 17,2% más que un año atrás, impulsada principalmente por Vaca Muerta, de acuerdo a los datos difundidos por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación.

Ese desempeño vuelve a colocar al complejo energético entre los motores que sostienen producción y generación de divisas, aun cuando otras actividades vinculadas al mercado interno muestran menor tracción.

Una señal distinta aparece cuando el INDEC observa la energía que las propias empresas generan para utilizar en sus procesos productivos. La autogeneración conjunta de minería e industria cayó 3,7% interanual en el segundo trimestre. Pero el promedio esconde nuevamente dos realidades.

En minería aumentó 4,1%, mientras la energía que esas empresas despacharon al Mercado Eléctrico Mayorista creció 19,3%. En la industria manufacturera sucedió lo contrario: la autogeneración total disminuyó 11,5% y la destinada directamente al autoconsumo fabril bajó 12,7%.

La secuencia industrial fue negativa durante todo el trimestre: el autoconsumo cayó 8,5% en abril, 17,6% en mayo y 12% en junio.

El indicador releva un panel específico de establecimientos que generan su propia electricidad. Pero es una señal que coincide con el resto de las estadísticas del sector: durante los últimos meses la manufactura perdió producción, mantuvo elevada capacidad ociosa y las propias empresas señalaron a la debilidad de la demanda interna como principal límite para producir más.

La diferencia con minería es marcada. Un año atrás, durante el segundo trimestre de 2025, la autogeneración manufacturera había aumentado 14%; ahora cae 11,5%. En minería pasó de crecer 1,6% a hacerlo 4,1%.

El otro capítulo relevante está en los biocombustibles. La producción llegó a 294.848 toneladas entre abril y junio, 20% más que un año antes. Los despachos al mercado interno aumentaron 12,2%. Abril, mayo y junio registraron incrementos productivos de 26,5%, 24,6% y 12,7%, respectivamente.

Pero la comparación parte de un nivel particularmente deprimido: en el segundo trimestre de 2025 la producción había caído 30,8%. El rebote actual, por lo tanto, no implica que la actividad haya recuperado todavía los volúmenes anteriores.

Una reciente estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, publicada por El Litoral, señaló que entre enero y julio la producción acumulada fue 12% superior a la del año pasado pero continuó siendo el tercer registro más bajo en 17 años, en un sector cuya capacidad instalada se concentra principalmente en Santa Fe.

El dato adquiere especial relevancia mientras permanece abierto el debate nacional por un nuevo régimen de biocombustibles, que tiene a las grandes plantas del cordón agroexportador y a las pymes santafesinas discutiendo cómo se repartirá un mercado interno todavía regulado.

El bioetanol, en cambio, retrocedió 2,2% durante el trimestre. También allí hubo diferencias: el elaborado con caña de azúcar cayó 16,2%, mientras el proveniente de maíz aumentó 6,2%.

Las expectativas empresarias completan la divergencia. Para el tercer trimestre, la mayoría de las compañías eléctricas, gasíferas y petroleras no anticipa grandes cambios en la demanda interna. Sin embargo, las intenciones de inversión permanecen elevadas: el INDEC relevó planes entre buena parte de las petroleras y la totalidad de las gasíferas consultadas.

La inversión energética mantiene así una lógica diferente a la que exhiben otras ramas productivas: buena parte de los proyectos está orientada a ampliar capacidad, producción e infraestructura en un sector que tiene cada vez mayor inserción externa.

Quedará, entonces, para el segundo semestre del año determinar si esa expansión logra subsanar la caída de la industria y el consumo interno, o si ISE empieza también a moderar el principal motor que hasta empuja a la actividad económica nacional.

Santa Fe dejó su huella en el libro de récords de los XII Juegos Suramericanos.

Con la competición ya concluida, el relevamiento de cada disciplina permite contabilizar al menos 44 nuevas marcas propias de la competencia continental. El número incluye 19 en atletismo, 18 en natación, cinco en tiro deportivo y dos en tiro con arco, estos últimos todavía pendientes de ratificación internacional.

El dato, antes, necesita una aclaración: no todo “récord suramericano” informado durante las dos semanas de competencia equivale a un récord continental. En las planillas, la sigla SGR —South American Games Record— identifica al récord propio de los Juegos Suramericanos. Es decir, la mejor marca conseguida en la historia del certamen. Bajo ese criterio, atletismo y natación concentraron la mayor parte de los registros. Pero, además, hubo varias plusmarcas sudamericanas y hasta mundiales.

La pista renovada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti fue el escenario con mayor cantidad de récords. En las 44 finales del programa de atletismo se establecieron 19 nuevas marcas de los Juegos.

Hubo registros en velocidad, fondo, vallas, lanzamientos y relevos. Entre ellos quedaron los 32:29.50 de la ecuatoriana Mary Granja en los 10.000 metros; los 65,33 metros del chileno Claudio Romero en disco; el 13.05 de la brasileña Vitoria Sena en 100 metros con vallas; y las actuaciones de Martina Weil y Alison dos Santos en los 400 metros.

También cayeron marcas en los 5.000 metros con el uruguayo Valentín Soca, en los 400 con vallas con Matheus Lima y Gianna Woodruff, en los 200 femeninos con la venezolana Orangys Jiménez y en los 3.000 con obstáculos con la argentina Belén Casetta y el panameño Didier Rodríguez.

La última jornada terminó de engrosar la lista. Colombia estableció 44.36 en el relevo 4x100 femenino, mientras Venezuela dejó nuevos registros en las postas 4x100 mixta y 4x400 masculina.

En ese mismo escenario, los atletas destacaron repetidamente las condiciones de la nueva superficie. “La pista estaba muy rápida”, dijo Granja después de su victoria en los 10.000 metros. Claudio Romero, que llegó a Santa Fe con la intención de mejorar su propia marca del campeonato, resumió después de competir: “Todo se dio a la perfección”.

La natación siguió muy de cerca al atletismo. Dieciocho pruebas terminaron Santa Fe 2026 con un nuevo récord de los Juegos: diez masculinas y ocho femeninas.

Entre los nombres que quedaron asociados a esas marcas aparecen Pedro Spajari en 50 libre, Stephan Steverink en 200 y 400 libre, João Gomes Júnior en 50 pecho, Caio Pumputis en 100 pecho, Santiago Grassi en 50 mariposa y Gabriel Núñez en 200 combinados.

También hubo una fuerte presencia argentina. Cecilia Dieleke marcó 1:00.61 en los 100 metros espalda, Malena Santillán hizo 2:10.99 en los 200 espalda y Macarena Ceballos mejoró las referencias de los Juegos en los 100 y 200 pecho. Argentina, además, estableció un nuevo registro en el relevo femenino 4x100 combinado.

El criterio utilizado para el conteo es que cuando una misma marca fue quebrada durante una eliminatoria y nuevamente en la final, se contabilizó una sola prueba. Lo mismo ocurrió en los 50 espalda femeninos, donde Dieleke y la brasileña Etiene Medeiros compartieron los 28.38: dos nadadoras con un récord para la estadística.

El tiro deportivo agregó otras cinco marcas en las rondas clasificatorias. Entre ellas estuvieron las de los argentinos Fernanda Russo, con 625,7 puntos en rifle de aire 10 metros femenino; Julián Gutiérrez, con 629,0 en la misma especialidad masculina; y Alexis Eberhardt, con 589 puntos y 35 centros interiores en rifle tres posiciones.

También establecieron récords Marina Pérez, de Ecuador, en pistola 25 metros, y la chilena Francisca Crovetto, con 119 platos en la clasificación del skeet femenino.

El tiro con arco sumó otros dos registros. El colombiano Pablo Gómez Zuluaga consiguió 705 puntos en compuesto masculino y el equipo femenino de Colombia, integrado por Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez, alcanzó 2.084. World Archery los publicó como récords de los Juegos pendientes de ratificación.

La estadística de 44 sirve para medir cuánto se movió el libro propio de los Suramericanos, pero Santa Fe 2026 dejó, además, registros que excedieron esa categoría.

Uno de los más resonantes ocurrió en Rosario. El venezolano Ángel Rodríguez levantó 203 kilos en envión en la categoría de 85 kilos y estableció un récord mundial juvenil, una de las marcas de mayor jerarquía deportiva conseguidas durante las dos semanas de competencia.

En Rafaela, la colombiana Stefany Cuadrado completó los 200 metros lanzados del ciclismo de pista en 10.658 segundos y fijó un nuevo récord sudamericano. El flamante velódromo también fue escenario de otras plusmarcas nacionales y regionales durante el programa.

Y en el CARD, el brasileño Caio Bonfim llevó a 1:22:30.1 la referencia sudamericana de la media maratón marcha en pista, una prueba incorporada recientemente al calendario internacional. El registro llegó en una competencia que reunió a uno de los atletas más reconocidos del continente con una instalación estrenada a nivel internacional.

Las marcas quedaron escritas en las planillas; y el balance de las dos semanas se completó con el gran acompañamiento de los santafesinos, disfrutando de disciplinas olímpicas en una renovada infraestructura en las tres sedes de la provincia.

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, lo que representa a unos 9,7 millones de personas dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La indigencia, por su parte, llegó al 7,5%, equivalente a 2,2 millones de personas.

Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró un cambio de tendencia respecto del cierre de 2025. En el segundo semestre del año pasado la pobreza había descendido hasta el 28,2%, mientras que la indigencia se había ubicado en 6,3%.

De esta manera, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales en apenas seis meses, mientras que la indigencia avanzó 1,2 puntos. Medida en hogares, la pobreza pasó de 21% a 24,4%, con una suba de 3,4 puntos, y la indigencia avanzó desde 4,8% hasta 5,6%, 0,8 puntos más.

El movimiento semestral contrasta con la trayectoria que venían mostrando los indicadores al inicio del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, al comparar contra el primer semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 31,6%, la diferencia es de apenas 0,7 puntos. El propio informe aclara que no se observan cambios estadísticamente significativos respecto del mismo semestre del año anterior.

Medida por hogares, la pobreza alcanzó a 2.498.000 hogares, en los que viven 9.729.000 personas. Dentro de ese universo, 575.000 hogares eran indigentes, con un total de 2.249.000 personas que no alcanzaban con sus ingresos a cubrir siquiera la canasta alimentaria.

Una de las claves para explicar el aumento aparece en la evolución de los ingresos y las canastas. Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó 21,4% y la canasta básica total, 19,6%.

Es decir, los ingresos crecieron considerablemente menos que el costo de las canastas que determinan las líneas de pobreza e indigencia. El INDEC señala expresamente esa diferencia como explicación del aumento de ambas tasas respecto del semestre anterior.

La distancia también se observa entre las familias que ya se encuentran debajo de la línea de pobreza. El ingreso familiar promedio de esos hogares fue de $922.755, frente a una canasta básica total promedio de $1.440.395. La diferencia fue de $517.640 y dejó una brecha de pobreza del 35,9%.

En los hogares indigentes, en tanto, el ingreso promedio fue de $442.443, contra una canasta alimentaria de $669.098. La brecha alcanzó los $226.655, equivalente al 33,9%.

Uno de los indicadores más elevados continúa concentrándose en la infancia. Durante el primer semestre, el 44,5% de los menores de 14 años vivía en hogares bajo la línea de pobreza, frente al 41,3% registrado al cierre de 2025.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la incidencia llegó al 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, al 28,8%; y entre los adultos de 65 años y más, al 14,8%.

Si se amplía hasta los 17 años, el informe muestra que el 45,2% de niños y adolescentes era pobre. La mayor incidencia aparece entre los chicos de 6 a 11 años, donde alcanza al 47,7%.

El Noreste volvió a registrar la mayor incidencia de pobreza, con 41,5% de las personas, seguido por Cuyo, con 36,7%. Después se ubicaron Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; región Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

En la indigencia, el Noreste también presentó la proporción más elevada, con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires, con 8,4%; región Pampeana, 7,2%; Cuyo, 5%; Noroeste, 4,3%; y Patagonia, 4,2%.

Dentro de la región Pampeana aparecen, además, realidades muy diferentes. En Gran Santa Fe, la pobreza alcanzó al 38,6% de las personas, unas 215.000 según la estimación del organismo. En Gran Rosario, se ubicó en 23,1%, equivalente a unas 315.000 personas.

En el primer semestre de 2024, la pobreza había escalado hasta el 52,9% de las personas. En la segunda mitad de ese año descendió al 38,1%; durante el primer semestre de 2025 bajó al 31,6%; y al cierre del año volvió a reducirse hasta el 28,2%.

Ahora, en el primer semestre de 2026, volvió a subir hasta el 32,3%. La indigencia siguió una trayectoria similar: pasó de 18,1% en la primera mitad de 2024 a 8,2% en el segundo semestre, luego a 6,9% y 6,3% durante 2025, para ubicarse finalmente en 7,5%.

Así, la medición del primer semestre cortó tres períodos consecutivos de caída de la pobreza, aunque el nivel actual permanece muy por debajo del máximo alcanzado durante los primeros seis meses de 2024. Frente a un año atrás, en cambio, el INDEC advierte que las diferencias registradas no resultan estadísticamente significativas.

El Senado de la Nación llegará este jueves al recinto con una agenda corta en cantidad, pero atravesada por dos discusiones que exponen, por caminos distintos, los límites que los aliados provinciales le vienen marcando al Gobierno nacional.

La reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles dejó formalmente convocada una sesión ordinaria y pública para las 12 y redujo el temario acordado a dos asuntos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zona Fría.

En plena interna del gobierno por discrepancias con el Presupuesto 2027, la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, deberá administrar dos negociaciones en paralelo: una ya tuvo concesiones al texto del BCRA; la otra todavía llega al recinto con números que el propio oficialismo reconoce ajustados.

La primera definición ya ocurrió antes de abrir el recinto. El proyecto que Diputados aprobó el 26 de agosto llegó al Senado con dictamen favorable de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, firmado a inicios de septiembre.

El texto coloca como “misión primaria y fundamental” del BCRA preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al Tesoro, modifica las reglas para distribuir utilidades y habilita el uso de determinados activos de las reservas como garantía en operaciones propias del Banco Central. En comisión, Santiago Bausili confirmó que esa posibilidad alcanza al oro, pero descartó que involucre depósitos de los ahorristas o encajes bancarios.

El punto que terminó forzando una negociación es sobre las autoridades. La media sanción de Diputados exigía para remover integrantes del directorio la aprobación previa de ambas cámaras por dos tercios de los miembros presentes. El acuerdo alcanzado este miércoles prevé sustituir ese esquema por una mayoría absoluta de 37 senadores, tanto para la designación como para la remoción, y dejar afuera del procedimiento a Diputados. Bullrich explicó que se preservará así la intervención de la Cámara alta que la Constitución asigna para los acuerdos.

Si el Senado aprueba esas modificaciones, la reforma no quedará sancionada este jueves y deberá regresar a Diputados. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y nuevamente necesitó flexibilizar un punto sensible del proyecto para incorporar votos radicales, del PRO y de bloques provinciales.

La segunda votación tiene una consecuencia más inmediata para las provincias. El proyecto de Zona Fría llega con media sanción de Diputados y dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto. Formalmente, además de modificar el régimen de subsidios al gas, incluye un mecanismo de regularización de deudas del mercado eléctrico y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.

La propuesta reduce el alcance territorial automático establecido en 2021. Mantiene el régimen para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras zonas reemplaza el criterio general por una bonificación focalizada vinculada a ingresos y condiciones de vulnerabilidad.

La retracción geográfica del beneficio dejaría afuera al sur de Santa Fe, Córdoba y casi todo Buenos Aires, San Luis. También perderían el precio especial del gas buena parte de Mendoza —menos Malargüe—, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

El Gobierno defiende el cambio bajo el argumento de que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos”, según sostuvo la secretaria de Energía, María Tettamanti, durante el tratamiento en comisión.

En Santa Fe, la modificación dejaría afuera del beneficio climático general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, aunque parte de esos usuarios podría conservar ayudas si cumple los requisitos del esquema focalizado. Una estimación difundida por El Litoral calculó que la pérdida del descuento específico podría elevar entre 30% y 40% determinadas facturas.

La Casa Gris cuestionó oportunamente esa poda. El ministro Gustavo Puccini sostuvo que trasladará mayores costos operativos al sur santafesino y reclamó que la política energética contemple las particularidades productivas y territoriales del interior. El propio gobernador Maximiliano Pullaro se lo planteó a Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Milei.

Santa Fe objeta además un capítulo menos visible del proyecto. La iniciativa contempla calcular diferencias de ingresos que distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante los períodos de emergencia tarifaria y utilizar esos créditos para compensar obligaciones pendientes con Cammesa. Es el mecanismo que podría alcanzar, entre otras empresas, a Edenor y Edesur. La EPE, en cambio, no registra deudas con la administradora del mercado eléctrico.

A la negociación se agrega otro elemento: gobernadores del norte reclaman un régimen de Zonas Cálidas para subsidiar parte del mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas. El Ejecutivo ofreció avanzar mediante resoluciones, pero mandatarios provinciales reclaman mayores garantías para esa compensación. De manera que no está garantizado el acompañamiento.