El Gobierno de Sancti Spiritu llevó adelante durante junio un plan de mantenimiento, perfilado y reconstrucción de caminos rurales en distintos sectores del distrito. Las tareas apuntaron a mejorar la transitabilidad, sostener la conectividad de vecinos y productores, y fortalecer una red vial clave para la actividad agropecuaria de la zona.

Trabajos planificados

Durante el mes de junio, la Comuna intervino de manera progresiva sobre caminos rurales que conectan parajes, establecimientos productivos y accesos estratégicos del distrito. Según el informe oficial difundido por el Gobierno de Sancti Spiritu, las tareas se organizaron por etapas y alcanzaron distintos tramos de alta circulación.

El cronograma comenzó el 4 de junio con el perfilado del camino a San Eduardo. Al día siguiente, el 5 de junio, los equipos comunales avanzaron con el perfilado del camino hasta Lambaré.

Reconstrucción de trazas

Entre el 9 y el 12 de junio se realizó la reconstrucción completa del camino que va desde la Ruta Nacional 33 hasta Las Palmas, uno de los sectores de conexión más importantes para la circulación rural.

Luego, del 17 al 20 de junio, los trabajos continuaron con la reconstrucción del camino desde La Beba hasta el límite final del distrito. Esta intervención permitió mejorar las condiciones de paso en una zona clave para vecinos y productores que utilizan diariamente la red vial rural.

El plan de obras continuó los días 22, 23 y 24 con la reconstrucción del camino desde Las Palmas hasta La Noria, atravesando las zonas de La Helada y La Porteña.

Posteriormente, el 25 y 26 de junio, las máquinas comunales trabajaron sobre el tramo que une La Noria con La Constancia, con tareas orientadas a recuperar la transitabilidad y consolidar el recorrido.

Durante los días 27, 29 y 30, la Comuna avanzó con la reconstrucción del camino desde La Constancia hasta La Cambiada, pasando por la zona de El Tío Negro.

El cierre del cronograma mensual incluyó, además, trabajos de alteo en La Colina, donde se colocó piedra para mejorar la estabilidad y la durabilidad del camino. Esta intervención busca reforzar la estructura de la traza y prevenir deterioros ante el uso frecuente o eventuales condiciones climáticas adversas.

Una red vial clave para la producción

Desde el Gobierno de Sancti Spíritu destacaron que estas tareas forman parte de una planificación continua para intervenir de manera integral en la red vial rural. El objetivo central es priorizar los sectores que requieren mejoras, garantizar el acceso de los vecinos y acompañar el movimiento productivo del distrito.

La causa por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy ingresó en una etapa decisiva. La Fiscalía presentó el requerimiento de acusación contra José María B., de 42 años, a quien le atribuye haber asesinado al joven en julio de 2014 y haber intentado borrar rastros del hecho mediante la destrucción del vehículo de la víctima.

Según la acusación fiscal, el crimen habría estado motivado por un conflicto económico entre el imputado y Godoy. La hipótesis sostiene que el acusado abordó a la víctima durante la madrugada del 15 de julio de 2014, cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda. Para la Fiscalía, Godoy fue asesinado con un arma de fuego y luego su cuerpo fue descartado en un lugar que aún no pudo ser establecido.

El auto incendiado

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras el crimen el imputado habría arrojado a los perros de Godoy en una zona rural y luego habría abandonado el Volkswagen Quantum en inmediaciones de calle Covacevich al 700, en Venado Tuerto.

El vehículo permaneció allí durante dos días. Luego, cuando el pedido de paradero tomó estado público, habría sido trasladado fuera del ejido urbano y prendido fuego con el objetivo de destruir pruebas y procurar impunidad, siempre según la hipótesis del MPA.

El caso de Nicolás Godoy permaneció durante años como uno de los expedientes más enigmáticos del sur santafesino. El joven había sido visto por última vez el 14 de julio de 2014, cuando salió desde la zona rural de Venado Tuerto hacia el centro de la ciudad. Su auto apareció incendiado días después y su cuerpo nunca fue hallado.

Los otros delitos

La requisitoria fiscal también acumula otros hechos atribuidos a José María B. Entre ellos figuran amenazas calificadas por el uso de arma, daños contra el vehículo de una ex pareja, maniobras intimidatorias, incumplimiento de una orden judicial de prohibición de acercamiento y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La acusación describe episodios ocurridos en distintos puntos de Venado Tuerto, algunos de ellos en presunto contexto de violencia de género y con incumplimiento de resoluciones judiciales.

Además, el MPA le atribuye un hecho de usurpación en un terreno ubicado en calle 2 de Abril al 1700, donde el imputado habría ingresado sin autorización, cambiado un candado y dejado vehículos en el interior del inmueble.

Otro tramo de la acusación refiere a la tenencia de un Toyota Corolla gris con una patente que no correspondería a los números de motor y chasis. Según la Fiscalía, al verificar los datos registrales se determinó que el rodado había sido sustraído en Rosario en mayo de 2024.

Pedido de pena

La fiscal Mayra Vuletic acusó a José María B. como autor de los delitos de amenazas calificadas por uso de arma, daños simples, amenazas simples, daños y desobediencia a la autoridad, usurpación, lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y daños simples.

Por ese conjunto de hechos, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la imposición de una pena única de 32 años de prisión.

La prisión preventiva del imputado ya había sido dictada en marzo por el juez Adrián Godoy y luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. En esa instancia, se consideró que existían elementos suficientes, en grado de apariencia, para sostener la imputación y que persistían riesgos procesales.

Una audiencia clave

El próximo paso será la audiencia preliminar, instancia en la que la Fiscalía deberá exponer las pruebas reunidas para sostener el pedido de apertura a juicio. Según la información a la que accedió Sur24, esa audiencia podría realizarse durante septiembre, debido a la cantidad de hechos acumulados y al número de testigos previstos.

Después de casi 12 años de incertidumbre, el expediente entra en una fase determinante. La acusación busca llevar a juicio oral el caso Godoy y, al mismo tiempo, unificar en un solo proceso una serie de hechos posteriores atribuidos al mismo imputado.

Un hombre identificado como Carlos Gabriel R. quedó en prisión preventiva ordinaria, sin plazo, luego de una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. La medida fue dispuesta por el juez Adrián Godoy a pedido del fiscal Damián Cassullo, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación.

La Fiscalía le atribuyó al imputado cinco hechos delictivos: cuatro estafas y un caso de amenazas simples. Según la acusación, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre agosto de 2023 y febrero de 2026, con distintas víctimas y modalidades.

Venta de una camioneta

Uno de los ejes de la imputación está vinculado con la supuesta venta de una camioneta Volkswagen Amarok. De acuerdo con la Fiscalía, en septiembre de 2024 el acusado habría pactado la venta del vehículo por 19.800 dólares, suma que recibió en efectivo de parte del comprador.

Sin embargo, según la acusación, nunca entregó el rodado ni restituyó el dinero. Además, habría invocado excusas vinculadas a una presunta sustracción del vehículo y documentación para postergar la operación.

La Fiscalía sostuvo que, pese a haber cobrado la totalidad del monto, el imputado mantuvo la disponibilidad del vehículo y lo siguió ofreciendo para la venta. La camioneta fue secuestrada en la vivienda de su expareja.

Otra operación similar habría ocurrido en agosto de 2023, cuando dos personas entregaron 7.000 dólares como seña por la misma camioneta. Según la imputación, tampoco recibieron el vehículo ni recuperaron el dinero.

Estafas con PlayStation 5

El fiscal Cassullo también atribuyó al acusado dos maniobras vinculadas con la compra de consolas PlayStation 5 ofrecidas en Facebook Marketplace.

En ambos casos, según la acusación, el imputado habría utilizado perfiles falsos o identidades supuestas, como “Leonardo” o “Leandro Pieraccini”, para contactar a vendedores. Luego habría coordinado el envío de las consolas a Venado Tuerto con la promesa de abonar el dinero una vez recibidos los productos.

Una de las víctimas había publicado una PlayStation 5 por 830.000 pesos. La consola fue enviada desde Firmat hasta un domicilio de calle Avellaneda al 1300, donde fue recibida por un hombre que abonó únicamente el traslado. El pago prometido nunca se habría concretado.

En otro hecho, la víctima ofrecía una PlayStation 5 con dos controles por 800.000 pesos. Según la Fiscalía, el imputado habría convencido al vendedor de entregar los elementos mediante un cadete, pero luego no realizó la transferencia y cortó la comunicación.

El vínculo con una causa en Junín

Durante la investigación también fue secuestrado un teléfono iPhone. La Fiscalía de Venado Tuerto recibió un oficio de la fiscal Andrea Fernández, de Junín, provincia de Buenos Aires, quien investigaba una maniobra similar.

Según la información expuesta en audiencia, un comerciante juninense habría enviado un teléfono de alta gama a un comprador de Venado Tuerto y nunca recibió el pago. La línea asociada al dispositivo estaba vinculada a la expareja del imputado, por lo que ambas fiscalías intercambiaron información.

Amenazas por un terreno

Además de las estafas, el hombre fue imputado por amenazas simples. El hecho habría ocurrido en el marco de un conflicto por la compraventa de un terreno en barrio Los Robles.

Según la acusación, la víctima reclamaba la devolución de dinero entregado en esa operación. En ese contexto, el imputado le habría enviado mensajes intimidatorios por WhatsApp y luego se habría presentado en su oficina comercial de calle Alberdi al 500, donde lo habría amenazado de muerte.

La decisión judicial

Tras una audiencia extensa, que se prolongó por casi cuatro horas, el juez Godoy hizo lugar al pedido de fiscalía y dispuso la prisión preventiva ordinaria del acusado, sin plazo.

Damián Cassullo sostuvo que las evidencias reunidas permitieron ubicar al imputado como probable autor de los hechos investigados. También señaló que el descargo brindado por el acusado no logró revertir los elementos presentados por la Fiscalía.

La calificación legal provisoria es la de autor de estafas reiteradas (cuatro hechos) y amenazas simples, en concurso real.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, visitó Sancti Spiritu y mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Cristian Vincenti. El encuentro estuvo centrado en la prevención, el fortalecimiento del control urbano y la articulación entre la Provincia y la comuna para mejorar las herramientas de seguridad en la localidad.

La visita se concretó en la jornada del jueves y fue informada por el Gobierno de Sancti Spiritu a través de sus canales oficiales, donde se destacó el diálogo mantenido con el funcionario provincial sobre distintos temas vinculados al cuidado de los vecinos.

Agenda de trabajo en la localidad

Durante la reunión, Cococcioni y Vincenti repasaron las acciones que se vienen desarrollando en materia de seguridad local, con eje en la prevención y en el acompañamiento institucional a las áreas encargadas del control territorial.

El presidente comunal remarcó la importancia de sostener un trabajo coordinado con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de seguridad y sumar recursos que permitan mejorar la respuesta ante las demandas de la comunidad.

Recorrida por el Centro de Monitoreo

Como parte de la agenda, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo de Sancti Spiritu. Allí, el ministro conoció de primera mano la tarea que lleva adelante el área de Control Urbano, un espacio clave para la prevención, la observación de situaciones en la vía pública y el acompañamiento a los operativos locales.

La incorporación y el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento urbano forman parte de una línea de trabajo que distintas localidades santafesinas vienen impulsando con apoyo provincial, en el marco de políticas orientadas a reforzar la prevención y la presencia territorial.

Visita a la comisaría local

Luego de la recorrida por el Centro de Monitoreo, la comitiva se trasladó a la comisaría, donde se interiorizó sobre el funcionamiento de la dependencia y las necesidades vinculadas al trabajo policial cotidiano.

La presencia del ministro en la localidad se inscribe en una agenda provincial que busca sostener el vínculo directo con municipios, comunas y fuerzas de seguridad

Nahiara Joselin Fernández, la adolescente de 13 años que era buscada desde este sábado tras ausentarse de su domicilio en Arias, Córdoba, fue localizada en Venado Tuerto. La joven fue hallada en la intersección de las rutas nacionales 8 y 33, identificada por personal policial y puesta a resguardo.

El hallazgo se produjo luego de un intenso trabajo llevado adelante por la policía de la provincia Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación, con las fiscales Larisa Barucca y Mayra Vuletic. Las tareas incluyeron patrullajes en distintos sectores de Venado Tuerto y un allanamiento autorizado por la Justicia.

El operativo en Venado Tuerto

Desde la Comisaría de Arias habían informado a la Comisaría 2° de Venado Tuerto sobre la búsqueda de la adolescente, que había desaparecido de su domicilio en la localidad cordobesa.

Más tarde, desde la Fiscalía de La Carlota se solicitó una medida judicial en Venado Tuerto. El juez Adrián Godoy autorizó un allanamiento en una vivienda vinculada a personas cercanas a la joven. El procedimiento arrojó resultado negativo, pero los investigadores continuaron con recorridas preventivas y tareas de patrullaje.

En ese marco, Nahiara fue encontrada en la zona de la rotonda de las rutas 8 y 33. Tras ser identificada, quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

El pedido de paradero

La búsqueda había sido difundida este sábado 4 de julio por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y la Policía de Córdoba, luego de activarse el protocolo para intentar establecer el paradero de la adolescente.

Nahiara reside en Arias, en el sudeste de Córdoba, una localidad cercana a Venado Tuerto. Había sido vista por última vez el viernes 3 de julio, alrededor de las 19. La investigación inicial quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky.

La coordinación entre jurisdicciones resultó clave para avanzar con las medidas solicitadas desde Córdoba y sostener los patrullajes en Venado Tuerto hasta dar con la adolescente.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

El Gobierno de Sancti Spiritu inició trabajos sobre la banquina de la ruta nacional 33 ante el deterioro del sector y la falta de respuestas de Vialidad Nacional. Según informó el presidente comunal Cristian Vincenti, el desnivel existente representaba un riesgo para quienes transitan por la zona y ya había provocado accidentes.

Intervención comunal 

La decisión fue tomada por la comuna de Sancti Spiritu luego de reclamos de vecinos y usuarios habituales de la ruta nacional 33, una traza clave para la circulación del sur santafesino y el transporte productivo de la región.

Desde el gobierno local indicaron que las banquinas se encontraban “totalmente descalzadas”, una situación que obliga a los conductores a realizar maniobras riesgosas cuando deben salir parcialmente de la cinta asfáltica o esquivar pozos y roturas.

Ante ese escenario, la comuna resolvió avanzar con mano de obra y recursos propios para tapar los sectores más comprometidos y mejorar las condiciones de seguridad vial.

Reclamos y una orden judicial pendiente

La intervención se da en un contexto de reiterados reclamos por el estado de la ruta 33. En marzo de 2025, el Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a una medida cautelar presentada por la senadora Leticia Di Gregorio para que Vialidad Nacional señalice, establezca desvíos si correspondiera y ejecute tareas de bacheo y relleno en sectores críticos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López.

En el caso de la ruta 33, la resolución alcanzaba el tramo comprendido entre Sancti Spíritu y Firmat. Sin embargo, los trabajos realizados por Nación avanzaron sólo hasta inmediaciones de Murphy, por lo que quedó sin atención un sector de aproximadamente 70 kilómetros.

Desde la administración comunal remarcaron que la intervención no reemplaza la responsabilidad nacional sobre la traza, pero busca dar una solución urgente a un problema que afecta de manera directa a vecinos, transportistas y automovilistas.

“Por sugerencia de los vecinos y ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, decidimos intervenir con recursos propios de la comuna la banquina de ruta nacional N° 33 para brindar una solución y mejorar la seguridad de quienes circulan por la zona”, expresaron.

Y agregaron: “Cuando las respuestas no llegan, elegimos actuar. Ese es nuestro compromiso: estar presentes, escuchar y hacer”.

Una ruta clave con problemas recurrentes

La Ruta Nacional 33 conecta localidades del sur provincial y forma parte de un corredor estratégico para la producción agropecuaria e industrial. En distintos tramos, especialmente entre Firmat, Murphy, Venado Tuerto y Sancti Spíritu, se vienen acumulando reclamos por baches, deformaciones, falta de mantenimiento y banquinas descalzadas.

La falta de conservación no sólo afecta la transitabilidad diaria, sino que también incrementa el riesgo de siniestros viales, en particular durante los períodos de mayor circulación de camiones vinculados a la actividad productiva.

La intervención de Sancti Spíritu expone una situación que se repite en varias localidades atravesadas por rutas nacionales: ante la demora o ausencia de obras estructurales y los reclamos sin respuesta, los gobiernos locales terminan actuando con recursos propios para reducir riesgos inmediatos. Mientras tanto, vecinos y usuarios de la ruta 33 esperan una solución integral y sostenida por parte de Vialidad Nacional.

Una advertencia recibida por la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina movilizó a la Justicia y a la Policía del departamento General López. El caso involucró a un niño de 11 años y derivó en la intervención de la Fiscalía de Menores, la constatación de su estado de salud, el secuestro de un teléfono celular y la participación de organismos de niñez y acción social.

Madrugada del lunes

Una publicación realizada en TikTok encendió las alarmas durante la madrugada del lunes en el sur santafesino. Según la información judicial, el contenido fue atribuido a un menor de edad y habría incluido referencias a una situación de riesgo, por lo que la fiscal Mayra Vuletic ordenó una actuación inmediata.

El procedimiento comenzó en Diego de Alvear y luego se extendió a San Gregorio, localidades del departamento General López. La intervención permitió constatar que el niño se encontraba en buen estado de salud y activar medidas de resguardo y seguimiento familiar.

La advertencia que inició el operativo

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía recibió un aviso de la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina. La advertencia señalaba una publicación en TikTok atribuida a un niño de 11 años, con elementos que podían representar un riesgo para su integridad.

Ante ese escenario, la fiscal Vuletic dispuso que personal policial se dirigiera de inmediato al domicilio informado inicialmente en Diego de Alvear. Allí, los agentes fueron anoticiados de que el menor residía en San Gregorio, por lo que se dio intervención a efectivos de esa localidad.

Con la premura del caso, personal policial se trasladó hasta una vivienda de San Gregorio, donde ya se encontraban efectivos locales entrevistando a familiares del niño. Una vez en el lugar, los agentes ingresaron con autorización de la madre y constataron que el menor estaba durmiendo y en buen estado de salud.

Luego, por disposición fiscal, se procedió al secuestro del teléfono celular del menor, que quedó a disposición de la investigación para su análisis. La medida busca establecer el origen, el contexto y el alcance de la publicación que motivó el alerta.

No hallaron armas de fuego

Como parte del procedimiento, se realizó un registro domiciliario para determinar si en la vivienda había un arma de fuego vinculada con la publicación detectada. Según consta en las actuaciones, no se encontró ningún arma de fuego.

La familia entregó voluntariamente un elemento de aire comprimido, que también fue secuestrado de manera preventiva por orden de la Fiscalía.

Intervención de Niñez y Acción Social

Tras ser informada de lo actuado, la fiscal Vuletic dispuso nuevas medidas: entrevistar a los padres del niño y dar intervención al área de Acción Social de San Gregorio y a la Delegación de Niñez.

El objetivo será realizar un seguimiento de la situación familiar y brindar acompañamiento institucional ante un episodio considerado delicado por las autoridades.

La Comuna de San Eduardo concretó una nueva entrega de terrenos sociales destinados a familias de la localidad. En esta segunda etapa se adjudicaron 14 lotes, mientras que el próximo viernes se sumará una tercera tanda con otros 14 terrenos. Con esta nueva instancia, y contando los 17 entregados a comienzos de año, el programa comunal alcanzará a 45 familias.

La iniciativa forma parte de una política local de acceso a la tierra que apunta a facilitar la construcción de viviendas y fortalecer el arraigo en la comunidad. Los terrenos fueron recuperados por la comuna durante los últimos años y, según informaron, presentan distintas dimensiones: algunos lotes miden 10 por 25 metros y otros 10 por 60 metros.

Proyectar la vivienda propia

Desde el gobierno comunal destacaron que la entrega representa mucho más que la adjudicación de un lote. Para muchas familias, se trata del primer paso para construir su casa, proyectar un futuro y consolidar su permanencia en San Eduardo.

El esquema de pago prevé un plazo de hasta 36 meses, con cuotas que varían entre los 110.000 y los 150.000 pesos. Además, quienes opten por abonar el terreno de contado podrán acceder a la escritura de manera inmediata.

“Hay jóvenes que compraron terrenos y que están viviendo en Venado Tuerto o en otros pueblos de la zona. Y el objetivo es que vuelvan a vivir a San Eduardo”, expresó el presidente comunal Nabil Simonovich, al remarcar el sentido de la medida.

Arraigo y crecimiento local

La entrega de terrenos se enmarca en una etapa de crecimiento para San Eduardo, que también viene impulsando obras de infraestructura urbana. En los últimos meses, la localidad avanzó en proyectos vinculados a la pavimentación y la modernización del alumbrado público, dos demandas históricas para la comunidad.

En ese contexto, el acceso a la tierra aparece como una herramienta central para acompañar el desarrollo del pueblo y generar condiciones para que las familias puedan construir su vivienda sin tener que emigrar a otras localidades.

Desde la comuna valoraron la jornada como un momento especial para los adjudicatarios. “Son sueños que comienzan a hacerse realidad”, señalaron, en referencia a las familias que recibieron sus terrenos y que ahora podrán iniciar una nueva etapa.

El intendente de Firmat, Leonel Maximino, informó que presentó ante la Dirección Nacional de Vialidad un proyecto de infraestructura destinado a reforzar la seguridad vial sobre la Ruta Nacional 33.

La propuesta contempla la iluminación integral del tramo ubicado entre los dos cruces con la Ruta Provincial 93, incluyendo el sector que conecta hacia Cañada del Ucle y la zona ubicada frente a la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía. En tal sentido, el primer mandatario viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para formalizar la presentación ante el organismo nacional.

El proyecto técnico prevé la instalación de 33 nuevas columnas con luminarias LED, con el objetivo de mejorar la visibilidad, ordenar la transitabilidad y reducir riesgos en un corredor que concentra movimiento urbano, interurbano y productivo.

Una continuidad del plan de iluminación LED

Desde el municipio remarcaron que esta iniciativa se suma al proceso de modernización del alumbrado público ya ejecutado en la ciudad. La administración local indicó que culminó el 100% de la iluminación LED en Firmat, en espacios públicos, en la curva de AFA y en el cruce a Cañada.

En ese marco, la nueva gestión ante Vialidad Nacional apunta a extender las mejoras hacia un tramo de jurisdicción nacional, por lo que la concreción de la obra dependerá de las autorizaciones y el financiamiento correspondientes.

La presentación ante Vialidad Nacional marca un nuevo paso en el plan de mejoras urbanas y viales de Firmat. Tras completar la reconversión LED en la ciudad, el desafío ahora es trasladar esa política de seguridad y visibilidad hacia uno de los corredores más importantes de la región: la Ruta Nacional 33.

Cinco integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados para formar parte de una brigada argentina que participará en tareas de asistencia humanitaria en Venezuela, tras los fuertes terremotos registrados en ese país.

Los bomberos designados son Facundo Fruteros, Nélson Cisnero, Pablo Gonzáz, Erik Rodríguez y Catalina Montiel. A ellos se suma Pablo Medina, oriundo de María Teresa, completando así la representación de la región dentro del equipo nacional.

En total, son 37 bomberos de la provincia de Santa Fe, junto a servidores públicos de otros puntos del país, los que integran esta comitiva especializada en respuesta ante emergencias y catástrofes.

Preparativos y punto de encuentro en Gálvez

Durante la mañana de este viernes, los integrantes de la brigada se reunieron en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en la localidad de Gálvez.

Allí comenzaron las tareas de organización, revisión de equipamiento y preparación logística para el viaje a la zona de emergencia, que puede ser en la tarde de hoy o en su defecto mañana sábado.

Según lo previsto, el traslado se realizaría desde el aeropuerto de Sauce Viejo, para luego embarcar en una aeronave oficial con destino a Venezuela.

En estado de alerta

Por el momento, la delegación permanece en “alerta roja”, ya que aún no se ha definido el lugar exacto de intervención dentro del territorio venezolano ni la fecha definitiva de partida.

De acuerdo a lo previsto, la misión tendría una duración aproximada de 10 días, durante los cuales los equipos especializados realizarían tareas de rescate y asistencia en zonas afectadas.

Cabe recordar que la brigada santafesina cuenta con certificación internacional obtenida hace dos años, lo que permite su participación en operativos de este tipo.

El despliegue de ayuda humanitaria argentina

El Gobierno Nacional dispuso una serie de recursos para la operación humanitaria, que incluyen:

El operativo se enmarca en una respuesta integral del Estado argentino ante la emergencia internacional.

La Justicia condenó a Rodrigo Alejandro Ríos a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes.

El acuerdo se formalizó en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Raposo, junto con la defensa del imputado.

La causa se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre una organización dedicada a la venta de drogas en la ciudad.

La operatoria investigada

Según la acusación fiscal, Rodrigo Ríos habría cooperado en la comercialización de estupefacientes dentro de una estructura liderada por Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido como el “Wacho”.

La investigación tomó impulso a partir de declaraciones brindadas el 27 de mayo de 2025 por dos mujeres que habrían señalado tareas vinculadas a la distribución y cobranza del material estupefaciente.

La acusación también sostuvo que Ana V. recibía el dinero proveniente de la venta ilegal, tanto mediante transferencias como en efectivo.

Transferencias y administración del dinero

Uno de los puntos centrales del caso fue el movimiento de dinero detectado en una cuenta vinculada al condenado. Según el planteo fiscal, Maximiliano Ríos declaró en una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba, realizada el 6 de octubre de 2025, que utilizó esa cuenta como canal para administrar y hacer circular fondos derivados de la venta de drogas mientras se encontraba detenido.

En ese marco, los investigadores detectaron transferencias realizadas desde una cuenta a nombre de Débora A. entre el 21 de diciembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025. En total, se registraron 11 movimientos por una suma de 414.000 pesos.

Para la Fiscalía, ese flujo de dinero constituyó un aporte esencial para el sostenimiento de la operatoria ilegal.

La pena acordada

Por estos hechos, Rodrigo Alejandro Ríos fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa de 45 unidades fijas.

La calificación legal acordada fue la de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe necesario.

El cierre de una etapa para Raposo

La condena también marca el cierre de una etapa dentro de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto. Se trata del último juicio abreviado impulsado por el fiscal Iván Raposo en esa área, ya que pasó a desempeñarse en la unidad de Delitos contra la Propiedad.

Durante su paso por Microtráfico, Raposo encabezó investigaciones que derivaron en allanamientos, detenciones, condenas y el desmantelamiento de puntos de venta de drogas en distintas localidades del sur santafesino y en el derribo de búnkers, contribuyendo de manera significativa a la seguridad pública y al fortalecimiento de la política criminal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Alejandro Oscar Ortigoza fue condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva por un robo cometido durante la madrugada del 25 de mayo en una vivienda de Firmat donde funcionaba un comercio. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado en los Tribunales de Melincué y el acusado fue declarado reincidente por quinta vez.

El hecho

El robo ocurrió el lunes 25 de mayo de 2026, alrededor de las 4.15, en una propiedad ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1900, en barrio Malvinas de Firmat. Según la investigación, el acusado ingresó al inmueble tras forzar una abertura y sustrajo distintos elementos tecnológicos.

Entre lo robado había teléfonos celulares, cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos vinculados a la actividad comercial que funcionaba en el lugar.

La clave de las cámaras

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el ladrón ingresó en dos oportunidades. En una segunda entrada, volvió al lugar para desconectar y llevarse cámaras de seguridad que habían registrado sus movimientos. Sin embargo, esa maniobra no evitó que pudiera ser identificado.

Las imágenes aportadas por cámaras del barrio, junto con registros públicos y privados de la zona, fueron determinantes para orientar la investigación y reconstruir el recorrido del sospechoso.

Juicio abreviado y condena

La causa fue investigada por la fiscal Ana Belén Stampella, de la sede del Ministerio Público de la Acusación en Firmat. La resolución llegó mediante un juicio abreviado realizado en los Tribunales de Melincué, donde se impuso una pena de un año y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo en carácter de autor.

Además, Ortigoza fue declarado reincidente por quinta vez, lo que reforzó el carácter efectivo de la pena.

Un hombre oriundo de Bombal recuperó parte del dinero que le fue sustraído en una estafa virtual cometida en septiembre de 2025. En el marco de la causa, una mujer domiciliada en Boulogne fue imputada por haber recibido transferencias en dólares en una cuenta bancaria de su titularidad. La acusada negó formar parte de la maniobra y sostuvo que también fue víctima del hecho.

La maniobra investigada

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal de Melincué, a cargo del fiscal Julián Cochero. Según la atribución fiscal, entre el 6 y el 7 de septiembre de 2025 un grupo de personas habría accedido de manera ilegítima y sin autorización a la cuenta bancaria de un hombre oriundo de Bombal.

A partir de ese ingreso, se habrían realizado distintas transferencias que provocaron un perjuicio económico de 2.621.755 de pesos y 17.100 dólares.

La acusación alcanza, en principio, a cuatro personas: Román Jesús R., Lucas Antonio A. I., Luca Arian Z. y María Lorena R. H., esta última domiciliada en la localidad bonaerense de Boulogne.

Dos transferencias en dólares

De acuerdo con la imputación, parte del dinero sustraído fue derivado a una cuenta bancaria en dólares perteneciente a María Lorena R. H.

La fiscalía le atribuyó haber recibido dos transferencias de 6.000 dólares cada una, efectuadas los días 6 y 7 de septiembre de 2025. En total, la suma ingresada a esa cuenta habría ascendido a 12.000 dólares.

Tras el congelamiento de fondos dispuesto en el marco de la causa, durante una audiencia se restituyeron 5.000 dólares a la víctima.

La calificación legal

La calificación jurídica provisoria atribuida por la fiscalía es la de defraudación mediante manipulación informática en concurso ideal con acceso ilegítimo a un sistema informático.

La audiencia imputativa se desarrolló mediante plataforma Zoom ante la Unidad Fiscal de Melincué. La mujer compareció asistida por su abogado, el Dr. Agustín Dutto, defensor público.

La postura de la acusada

La imputada rechazó formar parte de una organización delictiva. Según su versión, no participó de la estafa y también resultó afectada por la maniobra investigada.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y la atribución penal es provisoria. La responsabilidad de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia.

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva para un hombre de Hughes acusado de haber abusado sexualmente, en reiteradas oportunidades, de dos sobrinas políticas cuando eran menores de edad. El juicio se desarrolla en los tribunales de Melincué.

El juicio

La causa tiene como acusado a un hombre identificado por sus iniciales M.I.C., domiciliado en la localidad santafesina de Hughes. La acusación está a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica es ejercida por el abogado Alejandro Ferrari.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto familiar y se habrían extendido durante varios años. Las víctimas son dos sobrinas políticas del acusado, ambas menores de edad al momento de los episodios denunciados.

La acusación del Ministerio Público

Según el planteo de Fiscalía, una de las víctimas habría comenzado a sufrir abusos desde temprana edad y de manera reiterada, aprovechando el acusado situaciones de confianza y guarda dentro del entorno familiar.

En el segundo hecho atribuido, el fiscal sostuvo que otra menor también habría sido abusada cuando se encontraba bajo cuidado familiar en el domicilio del acusado.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual y de víctimas menores de edad, se omiten detalles que puedan resultar revictimizantes o permitir la identificación de las denunciantes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado, gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual agravado gravemente ultrajante. La acusación contempla múltiples hechos, dos víctimas menores de edad y la circunstancia de que la guarda habría sido confiada al acusado dentro del ámbito familiar.

Además, la Fiscalía consideró que los hechos se dieron en un contexto de violencia de género y pidió que el acusado sea condenado como autor penalmente responsable.

El pedido de pena

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. Ahora, el tribunal deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía, si acepta los planteos de la defensa o si adopta una decisión distinta en función de la prueba producida durante el debate.

Brian F. quedó en prisión preventiva ordinaria en el marco de una causa en la que se investiga el robo de 1.100 dólares en Venado Tuerto. El hecho habría ocurrido luego de que la víctima publicara en su estado de WhatsApp que tenía moneda extranjera para vender.

La audiencia imputativa se realizó este miércoles y estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. Según la atribución fiscal, el acusado habría actuado junto a otros dos hombres: Yulián R. y un tercero cuya identidad aún se investiga.

Una operación de cambio que terminó en asalto

De acuerdo con la investigación, el robo se produjo el 9 de diciembre de 2025, entre las 19 y las 21, en una peluquería ubicada en calle Falucho al 100 de Venado Tuerto.

La víctima, Jonatan L., había publicado en WhatsApp que tenía 1.100 dólares para vender. A partir de esa publicación, se habría coordinado una supuesta operación de compra de divisas.

Según la Fiscalía, Brian F. llegó al local junto a Yulián R. con la aparente intención de concretar la transacción. Una vez dentro del comercio, la víctima les exhibió el dinero. Luego, los dos hombres se retiraron y regresaron acompañados por un tercer involucrado.

En ese momento, siempre de acuerdo con la acusación, uno de los sospechosos mostró un arma de fuego similar a las utilizadas por personal policial. Después revisaron el lugar y sustrajeron los 1.100 dólares que estaban guardados debajo de un colchón, en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

Tras el asalto, los involucrados escaparon corriendo pese a la resistencia de Jonatan L.

La calificación legal

El fiscal Raposo le atribuyó a Brian F. la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

La calificación es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación penal preparatoria.

Allanamientos y elementos secuestrados

La detención del imputado se dio luego de una serie de procedimientos realizados el martes 16 de junio por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de Venado Tuerto.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dos gorras que serían de interés para la causa, 18,6 gramos de marihuana y dos plantines de cannabis.

De acuerdo con la investigación, algunas de las prendas secuestradas coincidirían con registros fílmicos analizados en el marco de la causa.

Venado Tuerto volvió a ser escenario de una importante estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. Esta vez, la víctima fue una mujer de 80 años, quien entregó entre 8.000 y 9.000 dólares luego de ser engañada mediante llamados telefónicos realizados por personas que se hicieron pasar por empleados de ANSES.

Por el hecho fueron imputados Verónica Lucía Ch., de 27 años, y Diego Martín C., ambos domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La audiencia imputativa se realizó este miércoles 17 de junio en Venado Tuerto, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Damián Cassullo.

El engaño telefónico

Según la imputación fiscal, el hecho ocurrió el 27 de marzo de 2026, entre las 12 y las 12.45 aproximadamente, en una vivienda ubicada en calle Moreno de Venado Tuerto.

La víctima recibió llamados en su teléfono fijo. Del otro lado de la línea, los autores del engaño le dijeron que eran empleados de ANSES y que debía entregar los dólares que tenía en su casa para un supuesto trámite vinculado con la actualización de datos y el reemplazo de billetes.

En ese marco, le indicaron que un supuesto agente del organismo, identificado falsamente como “Cristian González”, pasaría por su domicilio para retirar el dinero.

El falso empleado

De acuerdo con la acusación, Diego Martín C. habría sido quien se presentó en la vivienda de la mujer haciéndose pasar por el falso empleado de ANSES. Bajo esa identidad, logró ganarse la confianza de la víctima, ingresar al inmueble y recibir de sus manos una suma estimada entre 8.000 y 9.000 dólares.

La Fiscalía también sostuvo que, una vez dentro de la vivienda, el acusado le preguntó a la mujer si tenía más dinero y revisó distintos sectores de la casa en busca de otros valores. Luego se retiró del lugar con el dinero obtenido mediante engaño.

La otra imputada

En el caso de Verónica Lucía Ch., la Fiscalía le atribuyó haber prestado una colaboración indispensable para concretar la maniobra. Según la investigación, habría aportado o puesto a disposición medios logísticos esenciales para la movilidad de los integrantes del grupo.

Ese dato surge del análisis de registros fílmicos y tareas investigativas que permitieron individualizar un vehículo presuntamente utilizado durante el desarrollo de la estafa. El rodado, de acuerdo con la imputación, estaría vinculado registralmente con la acusada.

Allanamientos en Buenos Aires

El avance de la causa derivó en allanamientos realizados el 10 de junio en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En uno de los procedimientos, llevado adelante en calle Bermúdez, se secuestraron dos teléfonos iPhone. En otro operativo, realizado en Juan B. Justo, los investigadores incautaron dos celulares Samsung, además de documentación considerada de interés para la causa.

La calificación legal

A la mujer se le atribuyó provisoriamente el delito de estafa consumada en calidad de partícipe primaria.

El hombre, en tanto, fue imputado como coautor del delito de estafa, ya que la Fiscalía sostiene que fue quien se presentó en la vivienda de la damnificada, simuló ser empleado de ANSES y recibió el dinero.

Prisión preventiva hasta agosto

Tras la audiencia, la Justicia dispuso la prisión preventiva ordinaria para ambos imputados hasta el 11 de agosto de 2026 a las 10.

Si para esa fecha el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad, la prisión preventiva se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar. De lo contrario, la Fiscalía podrá pedir una audiencia de prórroga o los imputados recuperarán la libertad bajo las condiciones que fije el tribunal.

Una modalidad que se repite

El “cuento del tío” continúa siendo una de las modalidades delictivas más utilizadas para atacar a adultos mayores. En Venado Tuerto y otras localidades del sur santafesino ya se registraron antecedentes similares, con llamados telefónicos, falsas identidades y pedidos urgentes de dinero.

Sur24 publicó en los últimos años distintos casos vinculados a esta modalidad en Venado Tuerto y la región, entre ellos una estafa a una mujer de 88 años a quien le robaron dólares, pesos y oro; un falso secuestro en el que la víctima transfirió dinero; y engaños cometidos bajo la apariencia de supuestos empleados de empresas de servicios.

Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la imputada.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Georgina Ayelén Fernández la tenencia de cocaína fraccionada con fines de venta.

La condena impuesta por este hecho fue de 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas. Sin embargo, al unificarse con una pena anterior de 6 años dictada por el Juzgado Federal de Rosario el 8 de julio de 2022, la sanción quedó fijada en una pena única y definitiva de 7 años.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando personal de la Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato.

Durante la requisa, los agentes hallaron en una riñonera nueve envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro envoltorio con la misma sustancia en forma de piedra, de aproximadamente 15,77 gramos.

Para la Fiscalía, la forma en que estaba acondicionada la droga permitía sostener que tenía como destino la comercialización.

Allanamiento

A partir de ese procedimiento, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Fernández, ubicado en calle San Luis al 1300 de Venado Tuerto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron otros 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso total fue de 4,27 gramos. Ese material fue incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida contra la imputada.

La calificación legal atribuida fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Prisión domiciliaria

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, las partes acordaron que Fernández continúe cumpliéndola bajo modalidad domiciliaria.

El beneficio fue fundado en su situación familiar: es madre de tres niños menores de edad, uno de ellos menor de cinco años y otro con discapacidad. Además, se valoró que se encuentra sola a cargo de la crianza de los menores y que, según los informes incorporados al expediente, venía cumpliendo de manera rigurosa las condiciones de la prisión domiciliaria.

La modalidad fue aceptada en el marco del acuerdo abreviado homologado por la Justicia.