En un acto marcado por un fuerte reclamo al Gobierno Nacional para que elimine las retenciones al campo, se inauguró formalmente en la tarde del domingo la 90° edición de la ExpoVenado.

Del acto participaron una importante cantidad de autoridades políticas y dirigentes nacionales, provinciales y locales.

Los discursos estuvieron centrados en la necesidad de reducir o eliminar tributos, mejorar los camiones rurales y las rutas nacionales por donde sale la producción y potenciar el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado.

Hubo entrega de placas, menciones, reconocimientos y el aporte de un instrumento para la Banda Municipal Cayetano Silva.

Bienvenida

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidente de la Sociedad Rural Venado Tuerto, Noelia Castagnani.

La joven dirigente destacó que la muestra “se construye durante todo el año, con reuniones, gestiones, diálogo y la convicción que nos une de defender al productor y fortalecer nuestra institución”.

A la hora de analizar la actividad del sector, indicó que “hoy el campo sigue enfrentando enormes desafíos. Según la fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, alrededor del 62% de la renta agrícola se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Valoramos los avances en la reducción de las retenciones, pero seguimos convencidos de que deben eliminarse definitivamente”.

Por último, hizo hincapié en la “infraestructura rural del sur de Santa Fe. El productor no se queja de pagar, sino que se queja cuando paga y el servicio no se brinda. Por los caminos rurales no sale solo la producción, sino también las familias, los docentes, los trabajadores, las ambulancias y los chicos que van a la escuela. Pero quiero destacar el trabajo conjunto que venimos haciendo con la municipalidad: cuando un camino necesita mantenimiento, nos sentamos, dialogamos, escuchamos a los productores y buscamos soluciones”.

Trabajo conjunto

El intendente Leonel Chiarella reclamó la eliminación de las retenciones, llevó adelante un repaso de su gestión en material productiva y de infraestructura, como así también valoró una reducción en el precio de la Tasa por Hectárea.

El primer mandatario reafirmó el rol estratégico de Venado Tuerto como “gran polo agroindustrial, tecnológico e innovador” de la provincia y del país. Sostuvo que “aquí se invierte, se investiga y se agrega valor a la cadena agropecuaria. Desde el corazón de la pampa húmeda exportamos conocimiento, biotecnología, maquinaria y genética de excelencia. Somos núcleo de la industria semillera mundial, nuestro parque industrial es modelo a nivel nacional y exportamos nuestros productos a más de 68 países”.

“Esa innovación -amplió- se refleja en esta pista (de la Rural). Con orgullo podemos decir que somos la Capital Provincial del Hampshire Down, un logro que reconoce nuestras raíces como colonia ovejera y que demuestra el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Legislatura y nuestras cabañas de nivel internacional. Este reconocimiento es un orgullo, y una oportunidad para posicionar nuestra producción a nivel provincial y nacional”.

El jefe de estado local dejó en claro que “el campo necesita que se eliminen las cargas y los impuestos distorsivos como son las retenciones. Y ahí siempre nos van a encontrar a nosotros acompañando en ese reclamo. El 63% de la renta agrícola se la llevan los impuestos. El 90% de esos impuestos son nacionales y solo el 1% son las tasas municipales. A pesar de eso, en un trabajo en conjunto con Sociedad Rural hemos reducido un 20% la tasa de red vial y hemos sostenido el ritmo de obras en todo el distrito”.

“Estabilizamos más de 60 kilómetros de caminos rurales con ripios. Es casi la totalidad de los caminos primarios y estratégicos. Eso suena técnico, pero significa que hay tractores que pueden circular, que hay camiones que llevan la cosecha sin romper los caminos, que hay familias que pueden llegar seguros a la escuela”, ejemplificó.

Además, hizo referencia al trabajo conjunto con el Gobierno provincial y Campo Limpio, que plasmó un Centro de Acopio Transitorio (CAT) para envases vacíos de fitosanitarios en Venado Tuerto, marcando un hito en el cuidado del medio ambiente de la región.

En el final de su discurso, Chiarella hizo hincapié en la articulación entre “educación, trabajo y producción”, recordando que “en este 2026 logramos uno de los hitos más importante: la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, a la cual calificó como “un sueño hecho realidad”.

Carsfe, presente

El Vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (Carsfe), Juan Priotti, puso en valor la “conexión que tenemos con el gobierno provincial: cuando expusimos nuestras quejas, hemos sido escuchados. Jamás hacemos un reclamo de mala fe, y queremos que a la provincia le vaya bien, porque de esa manera también nos va a ir bien a los productores”.

En relación a “las malditas y benditas retenciones, podemos decir que han afectado al interior productivo, a los pueblitos de donde venimos nosotros, esas localidades que están luchando por tener agua, gas, un dispensario. Todo ese dinero de los santafesinos se fue a un lugar donde decían que era para bajar la pobreza, cosa que no pasó”, añadió.

Finalmente le pidió al Gobierno Nacional “que siga en el camino que adoptó sobre las retenciones. Y a nuestro gobernador le decimos que siga reclamando, que lo vamos a apoyar”.

Dirigente con proyección

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),  el venadense Carlos Castagnani, fue una de las principales autoridades presentes en el acto central.

A la hora de enumerar reclamos, puso en primer lugar a la infraestructura. "Cualquier lugar del país que recorremos las rutas en algunos lugares son intransitables. También reclamamos un sistema ferroviario y la Hidrovía, que son una de las maneras de bajar costos de la producción”.

A la lista sumó lo tributario: "no vamos a dejar nunca de reclamar sobre este impuesto tan injusto y que tanto daño le hico al sector y al país, que son las retenciones. Debemos luchar todos para que por ley sean eliminadas. También hay impuestos que aumentan los costos de producción, como Ingresos Brutos y Tasa por Hectárea”.

La Provincia y el campo

En representación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe hizo uso de la palabra el director de Desarrollo Territorial Agropecuario, Dieter Everardo Von Pannwitz.

El funcionario mencionó la importancia de estar presente en el territorio y trabajar en forma conjunta con el productor agropecuario.

“Nosotros trabajamos en la infraestructura productiva. Sin infraestructura no hay producción. Y no nos pueden pedir que produzcamos más si no tenemos cómo sacarla”, describió Von Pannwitz, que al mismo tiempo enumeró las tareas que se están llevando adelante en limpieza de canales y en reparación de caminos rurales.

Cinco personas fueron imputadas en Venado Tuerto en el marco de la investigación por los graves incidentes registrados durante el partido entre Sacachispa Football Club y Sportivo Avellaneda, correspondiente a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol.

Las audiencias se realizaron el miércoles 12 de agosto y estuvieron a cargo de la Oficina de Salidas Alternativas de la Fiscalía de Venado Tuerto, encabezada por la fiscal Mayra Vuletic.

Los investigados fueron identificados por sus iniciales como M.E.P., E.J.C., N.M.F., N.F.V. y E.A.C. La Fiscalía les atribuyó provisoriamente hechos vinculados con agresiones físicas y episodios de violencia ocurridos durante un espectáculo deportivo.

Agresiones durante el partido

Los hechos que originaron la causa ocurrieron el domingo 28 de junio de 2026, mientras se disputaba el encuentro entre Sacachispa y Sportivo Avellaneda en Venado Tuerto.

De acuerdo con la investigación, los disturbios se produjeron en el sector destinado a la parcialidad visitante y derivaron en agresiones físicas contra el presidente y el vicepresidente de Sportivo Avellaneda.

La situación obligó a intervenir al personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad.

A partir de las actuaciones realizadas después del episodio y de diferentes medidas investigativas, los fiscales lograron avanzar en la individualización de personas que presuntamente participaron de los hechos.

Un partido que no pudo terminar

El encuentro correspondía a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol y tuvo que ser suspendido cuando transcurrían 21 minutos del segundo tiempo.

En ese momento, Sacachispa se imponía por 2 a 0 y el partido ya había registrado algunas interrupciones.

Sin embargo, los nuevos incidentes relacionados con el sector ocupado por la parcialidad de Sportivo Avellaneda terminaron por impedir la continuidad del juego.

Después de consultar con las fuerzas de seguridad presentes en el estadio, el árbitro Alejandro Titarelli resolvió dar por terminado el encuentro.

Cinco personas imputadas

Casi un mes y medio después de los hechos, la causa derivó en cinco audiencias imputativas.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente a los investigados conductas relacionadas con agresiones físicas y hechos de violencia cometidos en el contexto de un espectáculo deportivo.

Además, se establecieron medidas alternativas a la prisión preventiva con el objetivo de garantizar que los imputados permanezcan sometidos al proceso judicial y resguardar a las víctimas.

Las imputaciones son provisorias y corresponden a una etapa inicial del proceso, por lo que la responsabilidad penal de cada una de las personas investigadas deberá determinarse a medida que avance la causa.

San Eduardo sumó un nuevo capítulo a su historia en materia de infraestructura. La Comuna confirmó que la primera cuadra de pavimento urbano de la localidad ya es una realidad, un avance esperado durante años por los vecinos y que marca el inicio de un proyecto más amplio para transformar distintas calles del pueblo.

Los trabajos representan el primer paso concreto del convenio anunciado a comienzos de este año entre el Gobierno provincial y las autoridades locales. El plan contempla la construcción de seis cuadras de hormigón armado, equivalentes a unos 600 metros lineales de pavimento.

De un reclamo histórico a la obra

La pavimentación dentro del casco urbano fue durante años una de las necesidades planteadas por la comunidad. En las últimas horas, desde la administración comunal celebraron la concreción de la primera cuadra y destacaron que la intención es continuar avanzando con nuevas obras de infraestructura.

La administración local agradeció el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de la senadora provincial por General López, Leticia Di Gregorio, en las gestiones que permitieron poner en marcha el proyecto.

Conectar puntos estratégicos

El proyecto había sido presentado oficialmente en enero, durante una visita de Pullaro a San Eduardo. En aquella oportunidad se firmó el convenio para ejecutar las primeras seis cuadras de pavimento urbano de la historia de la localidad.

El recorrido previsto comienza en calle Urquiza y se extiende hasta Italia, donde se encuentran la Escuela Secundaria y el Salón Comunal. Luego continúa por Italia, bordea la plaza central, sigue por 11 de Septiembre, toma Bolivia y finaliza en cercanías del Samco.

De esta manera, además de mejorar la transitabilidad, la obra busca generar una vinculación pavimentada entre algunos de los principales edificios públicos y espacios de uso comunitario.

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

La Justicia condenó a nueve años de prisión a Fabián Alejandro Suárez, un hombre de 34 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando la víctima era una niña, en la ciudad de Venado Tuerto.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Belén Vidal, luego del juicio oral y público que comenzó el 23 de julio y en el que Suárez fue juzgado por hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Débora Valentín, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mauro Javier Blanco.

Los hechos investigados

Según sostuvo la Fiscalía durante el debate, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de seis años y se habrían producido en una cantidad indeterminada de oportunidades.

La acusación planteó que Suárez se aprovechaba del vínculo familiar y de la confianza generada en situaciones en las que acompañaba a su pareja a cuidar a la niña y a su hermano.

De acuerdo con la teoría presentada por el MPA, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su sobrina para someterla a distintas conductas de contenido sexual.

La Fiscalía también describió otros episodios en los que Suárez llevaba a la niña hasta otro domicilio mediante diferentes excusas y allí continuaban los abusos.

El planteo de la Fiscalía

Durante su alegato de apertura, Valentín sostuvo que la prueba permitiría acreditar que el acusado actuó aprovechándose de la confianza y de las circunstancias de cuidado de la niña.

Para la representante del MPA, las conductas atribuidas a Suárez fueron prematuras e impropias para la edad de la víctima y tuvieron incidencia sobre su desarrollo sexual.

La fiscal consideró que durante el proceso quedaron acreditados tanto los hechos de abuso sexual como aquellos vinculados con la promoción de la corrupción de menores.

En función de esa acusación y del cuadro probatorio presentado durante el debate, la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión.

El desarrollo del juicio

El juicio oral comenzó el 23 de julio ante un tribunal unipersonal encabezado por la jueza Vidal.

Suárez participó presencialmente desde el inicio de las audiencias y fue informado de sus derechos y de la posibilidad de declarar durante el proceso.

Cuando prestaron testimonio los padres de la víctima, el acusado fue retirado de la sala principal y siguió las declaraciones desde un espacio contiguo. Allí pudo mantener contacto con su abogado defensor y proponer preguntas para los testigos.

Durante las audiencias se incorporaron los testimonios y demás elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación.

La condena

Tras analizar las pruebas producidas durante el juicio, la magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal de Suárez.

En consecuencia, resolvió condenarlo como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

Si bien la Fiscalía había reclamado 14 años de cárcel, finalmente la jueza estableció una pena de nueve años de prisión.

De acuerdo con la parte resolutiva del fallo, las figuras penales por las que fue condenado fueron consideradas en concurso ideal.

Alexander B. quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusado de haber ingresado a una vivienda y sustraído una bicicleta rodado 29. La medida fue solicitada por la fiscal Débora Valentín, quien remarcó que el imputado tenía vigente una condena de tres años de prisión de ejecución condicional dictada en mayo pasado.

El robo y las cámaras de seguridad

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2026, alrededor de las 17:50, en una vivienda ubicada sobre calle Ulises Giacaglia, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción fiscal, Alexander B. habría abierto la puerta de ingreso de la propiedad y entrado al inmueble, donde se apoderó de una bicicleta rodado 29, marca Gribón, de color negro y verde, que se encontraba en el porch.

La propietaria advirtió lo sucedido al revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en su casa. Siempre según la acusación, a partir de esos registros logró reconocer al sospechoso.

Horas después, aproximadamente a las 23, un hermano de la víctima interceptó al acusado en la zona de las calles Libertad y Lola Mora.

El joven permaneció retenido en el lugar hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes concretaron su aprehensión.

La imputación

La audiencia imputativa se realizó el 7 de agosto en Venado Tuerto. La fiscal Débora Valentín atribuyó a Alexander B. la presunta autoría de los delitos de hurto simple y violación de domicilio en concurso real.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la abogada Antonela Dalzotto, del Ministerio Público de la Defensa.

Una condena condicional que estaba vigente

Uno de los elementos centrales considerados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva fue la situación penal previa del acusado.

El 8 de mayo de 2026 había sido condenado, mediante un procedimiento abreviado homologado judicialmente, a tres años de prisión de ejecución condicional. También se le habían impuesto reglas de conducta por un plazo de tres años.

De esta manera, el episodio investigado ahora habría ocurrido menos de tres meses después y mientras aquella condena estaba plenamente vigente.

Por qué se ordenó la prisión preventiva

Valentín solicitó que Alexander permanezca detenido durante el desarrollo de la investigación. La fiscal argumentó que la prisión preventiva era la medida cautelar adecuada para garantizar su sometimiento al proceso y neutralizar los riesgos procesales que consideró acreditados.

Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación y dispuso la prisión preventiva del joven.

El invierno recuperó protagonismo este viernes en Venado Tuerto y localidades de la región. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura descendió hasta valores cercanos a 1°C, marcando un fuerte contraste con las condiciones registradas durante las últimas dos semanas.

El descenso térmico llegó acompañado por una mejora en las condiciones del cielo. Después de varias jornadas caracterizadas por la nubosidad y un elevado porcentaje de humedad, el sol vuelve a dominar el panorama desde temprano.

Los pronósticos actualizados consultados durante la mañana coinciden en una temperatura máxima cercana a los 15°C, con condiciones mayormente soleadas y sin precipitaciones significativas.

A lo largo del día, el aumento de la temperatura será gradual hasta alcanzar valores mucho más agradables durante la tarde, aunque siempre dentro de parámetros propios de agosto.

El viento también tendrá presencia durante la jornada, con velocidades moderadas. La información original basada en el pronóstico meteorológico ubicaba los registros entre los 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que las proyecciones actualizadas muestran predominio del sector norte y valores medios cercanos a los 18 km/h.

Otro dato favorable será la ausencia de lluvias. El cielo despejado permitirá cortar con la sucesión de jornadas grises y húmedas que se habían instalado sobre la región.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El escenario invernal se mantendrá durante sábado 8 y domingo 9 de agosto. La tendencia actualizada anticipa dos jornadas mayormente soleadas, pero con mañanas particularmente frías.

Para el sábado se proyectan temperaturas mínimas en torno a los 0°C, mientras que durante la tarde los registros rondarían los 14°C. El domingo presentaría características similares, nuevamente con valores cercanos a las heladas durante las primeras horas y una recuperación posterior.

El invierno recupera terreno

El cambio de condiciones devuelve a Venado Tuerto una postal mucho más habitual para esta época del año. Tras un período prolongado de humedad, nubosidad y temperaturas relativamente moderadas, agosto vuelve a mostrar jornadas con marcada amplitud térmica: mañanas frías y tardes soleadas.

El tribunal homologó un procedimiento abreviado y condenó a Nicolás Martín Bernabé Vallejos a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos delictivos cometidos en Venado Tuerto. Las causas incluyen una defraudación mediante Mercado Pago, el encubrimiento por la tenencia de un celular robado y un robo calificado por efracción en una vivienda en construcción.

El acuerdo había sido presentado por la fiscal de distrito Mayra Vuletic, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y la defensora pública Antonela Dalzotto, en representación del acusado.

Tras analizar los términos convenidos por las partes, el tribunal homologó el procedimiento abreviado e impuso la pena acordada.

Una transferencia de $70.000

El primero de los hechos por los que fue condenado ocurrió en abril de 2024, luego de la sustracción de un teléfono celular perteneciente a una víctima de apellido Mariotti.

Según consta en la investigación, el dispositivo no tenía contraseña de seguridad. Vallejos lo utilizó para ingresar a la cuenta de Mercado Pago de la víctima y transfirió 70.000 pesos hacia una caja de ahorro del Banco Nación registrada a su nombre.

El episodio fue denunciado el 12 de abril de 2024 en la Comisaría Segunda de Venado Tuerto.

Tenía un teléfono celular robado

La segunda causa está relacionada con un celular Samsung A12 que había sido sustraído el 11 de abril de 2024 de una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 2900, también en Venado Tuerto.

La acusación sostuvo que Vallejos tuvo el dispositivo en su poder pese a conocer su origen ilícito. Este hecho fue encuadrado como encubrimiento.

Las dos investigaciones iniciadas en 2024 fueron acumuladas con una tercera causa por un robo cometido durante mayo de 2026.

El ingreso a una vivienda en construcción

El tercer hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo de 2026, en una vivienda en construcción situada en calle Balcarce al 2700.

De acuerdo con la atribución delictiva, Vallejos ingresó al inmueble junto con Gustavo A., luego de que fuera forzada la cerradura de la reja de acceso. La casa estaba deshabitada en ese momento.

Del lugar se llevaron un disco de arado para cocinar de aproximadamente 80 centímetros, con su correspondiente tapa; un acolchado de dos plazas; una frazada y una olla.

Durante el ingreso también arrancaron de una pared un televisor Philco de unas 55 pulgadas, aunque el aparato quedó apoyado sobre un sillón dentro de la propiedad. La maniobra provocó daños en la pared.

Además, fue retirada una ventana de aluminio colocada en un ventiluz. Según la investigación, los involucrados utilizaron una silla para ingresar a la vivienda y retirar los objetos.

Los daños y faltantes fueron constatados mediante una inspección ocular, fotografías y un croquis elaborado durante las actuaciones policiales.

Fue descubierto mientras se ocultaba en un pozo

Horas después del robo, el propietario del inmueble y un amigo encontraron a Vallejos en una construcción en estado de abandono, ubicada en la zona de Almafuerte y Azcoaga.

El ahora condenado intentó esconderse dentro de un pozo situado en el terreno, pero fue descubierto y retenido hasta la llegada de la Policía.

Según el expediente, durante ese encuentro manifestó que había estado con Gustavo A. y que este le había entregado elementos para vender. También aseguró que desconocía que los objetos habían sido sustraídos de la vivienda.

Un móvil policial llegó al lugar después de una comunicación con la Central de Emergencias 911 y concretó la aprehensión.

Tres años de cumplimiento efectivo

Los tres hechos fueron incorporados a un procedimiento abreviado acordado por la Fiscalía, la Defensa Pública y el acusado.

Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo y condenó a Vallejos a tres años de prisión de ejecución efectiva, además de imponerle las accesorias legales y el pago de las costas procesales.

La resolución cerró las investigaciones por defraudación, encubrimiento y robo calificado por efracción que se habían iniciado por los hechos ocurridos entre abril de 2024 y mayo de 2026 en Venado Tuerto.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

Un hombre de 37 años quedó en prisión preventiva acusado de enviar mensajes intimidatorios al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez. Según la Fiscalía, pretendía que la Comuna lo autorizara a trasladar su puesto de comidas a un sector con mayor movimiento comercial, ubicado en inmediaciones de la ruta nacional 33.

Audios por WhatsApp 

El episodio investigado ocurrió durante la tarde del 24 de julio. De acuerdo con la atribución fiscal, el imputado (identificado por sus iniciales J.O.B.) envió una serie de audios de WhatsApp al teléfono del presidente comunal de Murphy.

El objetivo habría sido conseguir una decisión favorable para su emprendimiento gastronómico ambulante: trasladar el carro-bar hacia un sector ubicado frente a otros puestos comerciales o, como alternativa, lograr que la Comuna ordenara el desplazamiento de uno de ellos.

Para intentar imponer ese reclamo, siempre según la acusación, el hombre habría utilizado expresiones intimidatorias y anunciado que podía recurrir a acciones violentas si no obtenía una respuesta favorable.

Las amenazas atribuidas al imputado

Entre los mensajes incorporados a la investigación, el acusado habría afirmado que estaba “acostumbrado a otro nivel de violencia” y que, si no conseguía la autorización por las vías administrativas, resolvería la situación “a su manera”.

La Fiscalía también señaló que el hombre mencionó a personas identificadas como “Guille” y “Morocho”, a quienes vinculó con “los Cantero” y describió como capaces de cometer hechos violentos.

En otros fragmentos de los audios, habría advertido que se instalaría igualmente en el lugar y que se enfrentaría con la Policía antes de regresar a prisión. Finalmente, condicionó su accionar a la respuesta del mandatario comunal y le impuso un plazo para resolver el pedido.

Según la imputación, los mensajes generaron temor en Rodríguez, tanto por su seguridad personal como por la integridad de su familia.

Audiencia en Venado Tuerto

La audiencia imputativa se realizó el lunes 3 de agosto en los Tribunales de Venado Tuerto. La investigación está encabezada por el fiscal Luis Lagioia, mientras que la defensa del acusado quedó a cargo de la defensora pública Gisela Figuera.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de la investigación las transcripciones de los mensajes, capturas de pantalla, testimonios y registros vinculados con el puesto comercial.

La conducta atribuida fue encuadrada inicialmente como “amenaza coactiva agravada”, debido a que las intimidaciones habrían estado dirigidas contra una autoridad pública con el propósito de forzar una decisión relacionada con sus funciones.

Tras escuchar a las partes, el juez Leandro Martín hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el imputado permanezca detenido preventivamente mientras continúa el proceso penal.

El fiscal Iván Raposo imputó este viernes a Sergio G., propietario del taller ubicado en calle Suipacha al 50 de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por un presunto circuito ilegal de vehículos y autopartes.

La audiencia se realizó en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto y el acusado estuvo asistido por su abogada defensora y se abstuvo de prestar declaración.

La Fiscalía le atribuyó provisoriamente los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento, ambos en calidad de autor.

Según la imputación, el comerciante habría tenido en su poder piezas sin las obleas identificatorias exigidas por la normativa y otras autopartes que no están autorizadas para su reutilización.

También se le endilgó haber realizado cortes sobre vehículos para extraer piezas destinadas a una posterior comercialización y almacenar automotores dados de baja en lugares que no contaban con la habilitación correspondiente.

Camionetas, una BMW y motores adulterados

Las irregularidades fueron detectadas el martes 28 de julio, durante inspecciones realizadas por agentes de la Policía de Investigaciones en el taller de Suipacha al 50 y en un galpón ubicado en la esquina de Suipacha y Urquiza.

Entre los vehículos inspeccionados había una camioneta Toyota blanca, una motocicleta BMW R1200 y dos Dodge RAM 2500. De acuerdo con las verificaciones incorporadas a la causa, varios de sus motores presentaban codificaciones apócrifas, inconsistencias o alteraciones.

Los investigadores también encontraron motores Toyota y Cummins con anomalías en los grabados. En dos casos, las numeraciones se repetían en diferentes elementos, una circunstancia que llamó la atención de los peritos.

En una de las camionetas RAM no fue posible comprobar el número de motor porque la base de soporte estaba corroída. Otra unidad tenía colocado un motor cuya codificación coincidía con la de un propulsor Cummins hallado dentro del mismo establecimiento.

Nuevos hallazgos

La investigación continuó en una propiedad de Suipacha al 60, donde la PDI secuestró un motor sin numeración visible, cuatro motores presuntamente adulterados, un chasis cortado de una camioneta Dodge RAM y otro chasis completo sin identificación, seccionado con una herramienta autógena.

En el lugar también había un Volkswagen Polo cuyo número de chasis habría sido alterado mediante la modalidad conocida como “ventana”, que consiste en reemplazar o modificar el sector donde se encuentra grabada la identificación original.

La Fiscalía sostuvo que el imputado tenía conocimiento del presunto origen ilícito de los vehículos y autopartes. La calificación legal es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación.

Recuperó la libertad con restricciones

Luego de la audiencia, se dispuso la libertad de Sergio G., aunque deberá cumplir una serie de reglas mientras continúe el proceso judicial.

Entre las principales medidas, el acusado tendrá que presentarse semanalmente en la sede del Ministerio Público de la Acusación, mantener el domicilio informado y comparecer cada vez que sea citado.

También tiene prohibido salir del país, portar armas, ingresar al inmueble clausurado de Suipacha al 60 y comunicarse con los peritos verificadores que intervinieron en los procedimientos.

Además, no podrá trasladar, vender, sustituir, ocultar ni manipular los vehículos y las autopartes secuestradas o inmovilizadas en esa propiedad.

La resolución le impide realizar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de repuestos usados hasta que cuente con las habilitaciones correspondientes.

La Justicia ordenó trabar un embargo por 15.000 dólares. El imputado deberá acreditar esa garantía ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de un plazo de 30 días.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a dos mujeres a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en una red de apuestas ilegales mediante casinos online. Una tercera imputada permanecerá en prisión preventiva durante 30 días mientras avanza la investigación, que abarca Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel.

Las audiencias estuvieron y la investigación estuvieron a cargo de la fiscal Mayra Vuletic. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las involucradas cumplían distintas funciones dentro de una estructura dedicada a vender créditos virtuales, recaudar dinero y transferir las ganancias hacia niveles superiores que todavía no fueron identificados.

Condena para Carla Celeste Giménez

Carla Celeste Giménez, de 30 años, oriunda de Villa Cañás, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras un acuerdo abreviado homologado por la Justicia. Se la responsabilizó como autora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino, y como coautora de amenazas calificadas por ser coactivas.

Según la acusación, Giménez (junto a otra persona) habría intimidado a través de redes sociales a una mujer identificada como Mariana P, exigiéndole el pago de un millón de pesos en concepto de una deuda originada en créditos otorgados para apostar en plataformas de casino online. Los hechos incluyeron además una presentación en el domicilio de la víctima, en Villa Cañás, con amenazas de incendiar la vivienda si no se saldaba la deuda. Los episodios se produjeron el 20 y 21 de junio pasado.

En la causa por juego clandestino, se le atribuyó a Giménez la función de "cajera" dentro de la organización, encargada de ofrecer fichas y cargas, y de recibir las ganancias para luego distribuirlas hacia niveles jerárquicos superiores que, hasta el momento, no fueron identificados.

Como parte del acuerdo, el tribunal impuso a Giménez un conjunto de reglas de conducta por tres años: fijar residencia y notificar cualquier cambio de domicilio, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de vincularse con sitios de apuestas no homologados por la provincia, mantener prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su grupo familiar, y no cometer nuevos delitos. Tras la homologación, se dispuso su inmediata libertad.

Rodríguez, condenada por su rol como "cajera"

También fue condenada Zulma Mónica Rodríguez, de 54 años y domiciliada en Venado Tuerto, quien recibió idéntica pena de tres años de prisión condicional como coautora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez habría cumplido funciones de "cajera" en la misma estructura de apuestas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada en mayo pasado. El tribunal le impuso reglas de conducta similares a las de Giménez y ordenó su inmediata libertad tras la homologación del acuerdo.

Prisión preventiva para P.B.H.

Distinta fue la situación de P.B.H., domiciliada en Santa Isabel, para quien la Justicia dispuso prisión preventiva por 30 días.

Según la fiscalía, P.B.H. habría cumplido un rol de financiamiento dentro de la estructura, realizando transferencias de importantes sumas de dinero a Giménez, quien (según la acusación) oficiaba de "cajera" en la red. A esto se sumó un segundo hecho: durante un allanamiento realizado en su domicilio el 24 de julio, la imputada habría inutilizado su teléfono celular arrojándolo al piso, con el objetivo de impedir el acceso a la información allí contenida, un elemento que la fiscalía considera clave como prueba.

Por estos hechos, P.B.H. fue imputada como coautora de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino y como autora del delito de violación de medios de prueba.

Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en un violento robo ocurrido en una vivienda de Venado Tuerto y por otro hecho relacionado con la confección de un boleto de compraventa de una motocicleta a nombre de un menor de edad.

Se trata de Oscar Ezequiel Di Cecco, de 37 años, quien arribó a un acuerdo de procedimiento abreviado con la Fiscalía en dos causas tramitadas ante la Justicia de la Tercera Circunscripción Judicial.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, mientras que la defensa del acusado fue ejercida por el abogado Guido Baudracco.

El acuerdo contempló una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los hechos atribuidos en ambas investigaciones.

Un violento ingreso a una vivienda

El episodio más grave ocurrió el 22 de mayo de 2025, alrededor de las 19:40, en una casa ubicada en calle Salta al 400 de Venado Tuerto.

Según surge de la investigación llevada adelante por Mayra Vuletic, Di Cecco participó del robo junto con Gustavo Fantino y un tercer hombre cuya identidad no había sido determinada.

Los asaltantes llegaron hasta la vivienda y violentaron la puerta de ingreso utilizando un ariete. Una vez en el interior, intimidaron a los moradores y los apuntaron con un arma de fuego.

En esas circunstancias sustrajeron 100.000 pesos en efectivo, un revólver calibre 32, un pulóver y un alhajero negro.

La secuencia se modificó cuando un vecino advirtió lo que estaba ocurriendo y acudió en ayuda de las víctimas.

En ese momento, uno de los delincuentes forcejeó con el hombre antes de que los involucrados escaparan del lugar con los elementos que habían sustraído.

Un robo con tres agravantes

La investigación encuadró el episodio como un robo agravado por diferentes circunstancias.

Entre ellas se contempló el uso de un arma de fuego que no fue hallada durante la pesquisa, la participación de varias personas y la efracción, debido a que los autores forzaron el acceso a la vivienda para ingresar.

El ataque tuvo además la particularidad de haberse producido durante las primeras horas de la noche y mientras los propietarios se encontraban dentro del inmueble.

La venta de una moto a un adolescente

La condena también comprende un segundo episodio ocurrido tres días antes del robo.

Según la investigación, el 19 de mayo de 2025 Di Cecco confeccionó en Venado Tuerto un boleto de compraventa correspondiente a una motocicleta Guerrero Trip.

En el documento figuraba como comprador un adolescente de 16 años y el ahora condenado aparecía como vendedor.

La acusación sostuvo que Di Cecco realizó el documento sabiendo que el joven no tenía la edad ni las condiciones legales requeridas para concretar por sí mismo ese acto.

Además, la Fiscalía consideró que la operación tenía incidencia en la investigación penal relacionada con el violento robo a la vivienda.

Por esa situación se inició una causa por falsificación de documento privado, que finalmente fue incorporada al acuerdo alcanzado entre las partes.

Un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva en Venado Tuerto luego de ser imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación incluyó tareas de vigilancia y allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, en los que fueron secuestrados cocaína, marihuana, teléfonos celulares y una libreta con anotaciones.

La audiencia imputativa se realizó el martes 28 de julio y estuvo a cargo del fiscal Luis Lagioia. Los investigados son Luciano Gabriel V., de 26 años, y Georgina Ayelén F., de 30, quienes fueron asistidos por la defensora pública María Cecilia Tosco.

La Justicia dispuso para ambos la prisión preventiva ordinaria, medida que podrá ser revisada a pedido de las partes una vez transcurridos 30 días.

Los allanamientos

De acuerdo con la atribución formulada por la Fiscalía, los procedimientos que derivaron en las imputaciones se realizaron el viernes 24 de julio, alrededor de las 18, en domicilios de Venado Tuerto.

En la vivienda vinculada a Luciano Gabriel V., ubicada sobre calle Santa Cruz, los investigadores encontraron un envoltorio con seis gramos de cocaína, otro con 48 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y una libreta con distintas anotaciones.

Según la hipótesis fiscal, esos elementos fueron analizados junto con las tareas de campo desarrolladas durante junio y julio por personal de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

Los investigadores sostienen que durante esas tareas se observaron movimientos en las inmediaciones del inmueble que serían compatibles con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esos indicios, la Fiscalía atribuyó al joven la presunta tenencia de la droga con fines de comercialización.

Segundo procedimiento

En el caso de Georgina Ayelén F., el allanamiento se concretó en una vivienda de calle San Luis.

Allí, según la imputación, fueron secuestrados 4,27 gramos de cocaína distribuidos en siete envoltorios y un teléfono celular que tenía colocados dos chips.

La Fiscalía agregó que personal de la Policía Federal había realizado tareas investigativas en la zona el 20 de julio, cuatro días antes del operativo, durante las cuales habría registrado movimientos considerados compatibles con la comercialización de drogas.

El fraccionamiento de la cocaína y la información obtenida durante las tareas previas son parte de los elementos que el Ministerio Público de la Acusación presentó para sostener, en esta instancia inicial de la investigación, que el estupefaciente estaba destinado a la venta.

Imputación y prisión preventiva

Los dos investigados fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La atribución fue formulada por el fiscal Luis Lagioia durante la audiencia realizada el martes en los tribunales de Venado Tuerto. La defensa de ambos estuvo a cargo de la defensora pública María Cecilia Tosco.

Tras la audiencia se dispuso que Luciano Gabriel V. y Georgina Ayelén F. continúen privados de su libertad bajo prisión preventiva ordinaria.

En la jornada de este martes se llevó adelante la audiencia preliminar contra R.P.P., de 57 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina, quien al momento de los hechos tenía entre 6 y 9 años. La fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente y solicitó una condena de 17 años de prisión efectiva.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Luciana Del Grecco, de la Unidad Fiscal Venado Tuerto. Según consta en la requisitoria de acusación, la audiencia imputativa que dio inicio formal al proceso se había celebrado el 9 de septiembre de 2025, tras lo cual la fiscalía avanzó con la instrucción de la causa hasta arribar a esta instancia.

De acuerdo con la acusación, R.P.P. habría abusado sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades desde que la niña tenía 6 años hasta que cumplió los 9, aprovechando que convivía con ella y que ejercía su guarda. Los hechos habrían tenido lugar en una vivienda de Venado Tuerto entre los años 2021 y fines de 2024.

La fiscalía encuadró la conducta como “abuso sexual con acceso carnal en cantidad indeterminada de oportunidades, agravado por la convivencia con una víctima menor de 18 años y por revestir el acusado la calidad de encargado de su guarda, en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada”.

Al fundamentar el pedido de pena, la acusación sostuvo que el imputado se encontraba en condiciones de comprender el carácter ilícito de sus actos y de ajustar su conducta a esa comprensión, motivo por el cual solicitó la pena máxima prevista para el caso, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

Tras la audiencia preliminar de este martes, resta que el tribunal interviniente resuelva si la causa queda en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral y público, donde se debatirá en definitiva la responsabilidad penal del acusado.

Con el objetivo de brindar herramientas de prevención y advertir sobre maniobras cada vez más frecuentes, se desarrolló en Wheelwright una charla sobre estafas dirigida a la comunidad.

La exposición estuvo a cargo del fiscal regional Mauricio Clavero, acompañado por Mauro Menéndez, fiscal de Rufino; Julián Cochero, de Melincué; y Damián Casullo, de Venado Tuerto.

Durante el encuentro se analizaron diferentes mecanismos utilizados para intentar engañar a las personas mediante teléfonos celulares y líneas fijas, así como nuevas modalidades vinculadas con herramientas digitales.

Llamadas, códigos QR y falsos organismos

Uno de los ejes de la jornada estuvo puesto en la variedad de estrategias utilizadas por quienes llevan adelante este tipo de maniobras.

Entre los casos abordados se mencionaron las llamadas telefónicas fraudulentas y los engaños realizados a través de celulares, además de maniobras relacionadas con códigos QR utilizados en comercios o supuestas multas.

También se hizo referencia a comunicaciones que simulan provenir de organismos o servicios reconocidos, como PAMI, ANSES y otras dependencias públicas, además de plataformas comerciales como Mercado Libre.

Estas modalidades buscan aprovechar la confianza de las víctimas y, en muchos casos, la apariencia de legitimidad de una llamada, mensaje o comunicación digital.

Herramienta de prevención

La propuesta organizada por la Comuna apuntó principalmente a fortalecer la prevención y ayudar a los vecinos a identificar situaciones sospechosas antes de avanzar con una operación, responder una comunicación o proporcionar información.

La presencia de representantes del Ministerio Público de la Acusación permitió abordar la problemática desde la experiencia acumulada en distintas localidades del departamento General López.

La prevención de las estafas virtuales y telefónicas viene ganando espacio en la región ante la aparición de nuevas formas de engaño y la utilización de canales cotidianos de comunicación para intentar captar víctimas.

Concientización en Wheelwright

La jornada dejó como eje central la importancia de estar informados frente a mecanismos que cambian permanentemente y pueden presentarse mediante una llamada, un mensaje, un código QR o una comunicación aparentemente vinculada con una institución conocida.

La iniciativa permitió acercar a la comunidad información sobre las características de estas maniobras y reforzar la prevención como una de las principales herramientas para reducir las posibilidades de ser engañado.

La Fiscalía de Melincué solicitó una pena de dos años de prisión efectiva y la declaración de reincidencia para un hombre acusado de sustraer una consola de videojuegos de una vivienda de Hughes. Al día siguiente del presunto hurto, habría escapado de la dependencia policial, ingresado a una casa ajena y lesionado a una agente durante el procedimiento de detención.

El pedido fue formulado por el fiscal Julián Cochero en la requisitoria de acusación presentada contra Axel Matías M., de 29 años y domiciliado en la localidad de Hughes.

La presentación da por concluida la etapa de Investigación Penal Preparatoria y sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y procurar una sentencia condenatoria.

Robo en una vivienda

El primero de los hechos investigados habría ocurrido durante la mañana del 21 de abril de 2026, en una vivienda ubicada sobre calle Héctor Pernigotti, en Hughes.

Según la acusación, el imputado sustrajo una consola PlayStation 4 que se encontraba en el comedor y era utilizada por los hijos de la propietaria.

La mujer advirtió el faltante alrededor de las 12:45, cuando regresó de trabajar. Luego de consultar con vecinos, se dirigió a un comercio dedicado a la venta de productos tecnológicos y encontró la consola sobre el mostrador.

La víctima reconoció el equipo como propio y el comerciante se lo devolvió. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el acusado habría dejado la PlayStation en el negocio con la intención de permutarla por un teléfono celular.

La fuga de la sede policial

El segundo episodio se produjo el 22 de abril, cuando el sospechoso se encontraba en la Comisaría de Hughes y fue notificado de su detención.

La Fiscalía sostiene que el hombre empujó a una inspectora y escapó hacia la vía pública. A partir de ese momento comenzó una persecución por distintas calles de la localidad.

Durante la huida, habría ingresado sin autorización a una vivienda situada sobre calle Ameghino. Los efectivos lo localizaron posteriormente dentro de una de las habitaciones.

El acusado desobedeció la voz de alto y se resistió violentamente al arresto.

En medio del procedimiento, habría golpeado en el rostro a una oficial y forcejeado con ella para evitar ser reducido. La agente sufrió lesiones en ambos brazos, consideradas de carácter leve.

La acusación también señala que el imputado opuso resistencia hasta que finalmente pudo ser

 aprehendido por el personal policial.

Los delitos atribuidos y la pena solicitada

El fiscal Cochero atribuyó al acusado la autoría de los delitos de hurto simple, desobediencia y resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas, todos en concurso real.

En función de esos cargos y de los antecedentes, el representante del Ministerio Público de la Acusación pidió que se le imponga una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

También solicitó que sea declarado reincidente.

Comenzó este jueves el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La fiscal Débora Valentín, solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación, los hechos se prolongaron durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la víctima con su madre como en el domicilio del propio imputado. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que Fabián Alejandro S. se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la nena —en su carácter de pareja de una tía de la víctima— para cometer los abusos.

La causa, caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima" fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero —hoy jueza— y continuada por Valentín. La imputación de cargos se formalizó el 11 de junio de 2024, con la defensa del acusado a cargo de la Dra. Silvia Couselo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron calificados como gravemente ultrajantes en atención a sus características y a la normativa vigente al momento de su comisión, previa a la reforma introducida por la Ley N° 27.352 en 2017.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía comenzó a incorporar como prueba la evidencia recabada durante la investigación, con el objetivo de acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

El debate continuará en los próximos días.

Un hombre oriundo de Firmat fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de abuso sexual simple agravado por el vínculo, en perjuicio de una niña de su entorno familiar. La sentencia se dictó el miércoles, en el marco de un juicio abreviado sustanciado en los tribunales de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Belén Stampella, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El acuerdo de juicio abreviado contó con el aval del abogado defensor del imputado y fue homologado por la jueza Silvina Marinucci.

Como parte de la sentencia, se fijaron reglas de conducta para el condenado, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima.

Según se informó, el hecho habría ocurrido a principios de este año. Desde el MPA optaron por no difundir los datos filiatorios del condenado, dado que se trata de una persona del círculo familiar de la víctima, con el objetivo de evitar su revictimización.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Brandon Andrés Rodríguez, de 23 años, a una pena única de siete años y seis meses de prisión efectiva por un hurto cometido en un comercio y un violento asalto a una vivienda. El fallo también lo declaró reincidente y dispuso que continúe detenido en una unidad penitenciaria provincial.

La resolución fue adoptada mediante un procedimiento abreviado homologado por la jueza Andrea Cavallero. El acuerdo fue presentado por la fiscal Larisa Barucca y la defensora pública María Cecilia Tosco. El imputado aceptó su responsabilidad y las víctimas expresaron su conformidad con la aplicación de este mecanismo judicial.

Ingreso a un comercio

El primero de los hechos ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:25, en el comercio Burger Club, ubicado en Casey al 200 de Venado Tuerto.

Según quedó establecido en el acuerdo judicial, Rodríguez sustrajo previamente la llave de acceso al negocio a una joven que en ese momento era su pareja. Luego utilizó esa llave para ingresar al establecimiento y apoderarse de aproximadamente 100.000 pesos.

Por este episodio fue considerado autor del delito de hurto calificado.

Asalto en una vivienda

El segundo hecho fue cometido durante la madrugada del 5 de enero de 2026. De acuerdo con la acusación, Rodríguez ingresó junto con otro hombre —que todavía no fue identificado— a una vivienda de calle Belgrano al 1500.

En el interior del inmueble se encontraba un hombre de 68 años. Los asaltantes lo amenazaron con un arma blanca tipo cuchillo y le exigieron la entrega de dinero.

Los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 67.600 pesos, documentación personal y otros elementos. Después escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

Rodríguez fue localizado poco después durante un operativo policial realizado en inmediaciones de Avellaneda al 300. Según consta en la causa, estaba oculto detrás de un tapial e intentó escapar cuando advirtió la presencia de los agentes.

Por este episodio fue condenado como coautor de robo calificado por el uso de arma.

La unificación de las penas

Por los dos hechos, la Fiscalía y la Defensa habían acordado una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

Sin embargo, Rodríguez tenía una condena condicional anterior, dictada el 5 de septiembre de 2025. El tribunal resolvió revocar ese beneficio y unificar las dos sanciones, estableciendo una pena única y total de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La jueza también hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y declaró reincidente al condenado.

Para calcular el vencimiento definitivo de la pena deberán contemplarse los períodos en los que Rodríguez estuvo privado de su libertad. El joven permaneció detenido entre el 27 de julio y el 5 de septiembre de 2025, durante un mes y nueve días, y volvió a quedar preso el 5 de enero de 2026.

Las dos mujeres detenidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Caparrós al 800, en Venado Tuerto, quedaron en prisión preventiva luego de una audiencia imputativa y cautelar desarrollada en los tribunales de la ciudad.

El fiscal Luis Lagioia, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), les atribuyó a D.M.V., de 20 años, y M.S.A., de 24, la presunta coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia, D.M.V. manifestó su intención de declarar, aunque se abstuvo de responder preguntas. La segunda imputada optó por no prestar declaración.

Luego de escuchar los planteos de la Fiscalía y las defensas, la Justicia ordenó que D.M.V. continúe detenida bajo prisión preventiva ordinaria.

Para M.S.A., en tanto, se dispuso la prisión preventiva domiciliaria. La medida deberá cumplirse en una vivienda de Venado Tuerto, bajo la tutela de una persona responsable que aceptó formalmente el cargo.

Además, se ordenó que la comisaría correspondiente realice controles alternativos y sorpresivos para verificar el cumplimiento de la cautelar.

El allanamiento en barrio Iturbide

Las detenciones se produjeron el jueves 16 de julio durante un procedimiento realizado por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) en un inmueble de calle Caparrós al 800.

El operativo formó parte de una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del MPA y dirigida por el fiscal Lagioia.

Durante la requisa, los agentes secuestraron 479 gramos de cocaína y 28,7 gramos de marihuana. También hallaron una balanza de precisión, recortes de nylon, bandas elásticas y libretas con anotaciones consideradas relevantes para la investigación.

En el domicilio también fueron incautados 736.650 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, cuatro cargadores de armas de fuego y un motovehículo.

Según la hipótesis investigativa, el rodado habría sido utilizado para la distribución y comercialización de las sustancias. Los teléfonos y las anotaciones serán peritados para determinar posibles contactos, movimientos de dinero y la eventual participación de otras personas.

Antes del allanamiento, los investigadores habían realizado tareas de vigilancia y observación en la zona. De acuerdo con la pesquisa, esas medidas permitieron registrar movimientos presuntamente compatibles con la venta de drogas al menudeo.