La Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad penal de Pedro Ortiz y Hontoria, conocido como el “Hermano Pedro”, por cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto, pero redujo la pena de 15 a 7 años de prisión efectiva. El cambio se produjo luego de que el tribunal dejara sin efecto la calificación de “abuso sexual gravemente ultrajante” en uno de los casos y lo encuadrara como abuso sexual simple agravado.

Detalles del fallo

El Tribunal, integrado por Daniel José Curik, Tomás Gabriel Orso y Gabriela Sansó, hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa de Pedro Ortiz y Hontoria.

La resolución no anuló el fallo de primera instancia ni aceptó el planteo de absolución. Por el contrario, confirmó la condena por cuatro hechos de abuso sexual cometidos contra niñas que cursaban sexto y séptimo grado cuando el religioso se desempeñaba como director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto.

El punto central de la revisión estuvo en una de las calificaciones legales. Los camaristas entendieron que no correspondía mantener la figura de “abuso sexual gravemente ultrajante”. En su lugar, el hecho fue recalificado como abuso sexual simple, aunque se mantuvieron agravantes vinculadas al rol educativo. 

De 15 a 7 años de prisión efectiva 

En primera instancia, Ortiz y Hontoria había sido condenado a 15 años de prisión por un tribunal integrado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero. Esa sentencia lo había encontrado responsable de tres hechos de abuso sexual simple agravado y de un cuarto hecho calificado como abuso sexual gravemente ultrajante, también agravado. 

Con la nueva decisión, la Cámara dejó sin efecto el monto original de la sanción y fijó una pena definitiva de 7 años de prisión de ejecución efectiva, más las accesorias legales correspondientes.

La defensa había solicitado la absolución del exdirector o, en subsidio, una pena menor bajo la calificación de abuso simple. La Fiscalía y la querella, en cambio, habían pedido que se mantuviera la condena de 15 años.

El contexto del caso

Los hechos investigados ocurrieron cuando las víctimas eran alumnas del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón. Según los antecedentes del expediente, las niñas cursaban sexto y séptimo grado durante los años 2018 y 2019, período en el que Ortiz y Hontoria ejercía autoridad institucional como director.

En su sentencia de primera instancia, el tribunal había señalado que los abusos se produjeron en un contexto de poder y vulnerabilidad. También había puesto el foco en la falta de Educación Sexual Integral dentro del establecimiento, al considerar que esa ausencia dificultó que las víctimas pudieran identificar de manera inmediata lo que estaban atravesando.

Qué resolvió la Cámara

El fallo de segunda instancia rechazó los planteos de nulidad sobre la integración del tribunal de primera instancia y también el cuestionamiento de inconstitucionalidad formulado por la defensa. Sin embargo, hizo lugar parcialmente al recurso en lo referido a la calificación legal de uno de los hechos.

De esta manera, Ortiz y Hontoria quedó condenado por cuatro hechos de abuso sexual simple agravado, todos en concurso real. 

Kevin Daniel Cejas fue condenado como autor del delito de robo simple, en el marco de una investigación tramitada por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación.

La pena acordada para el hecho investigado fue de 1 año y 2 meses de prisión efectiva. Sin embargo, esa sanción fue unificada con una condena anterior de 3 años de prisión de ejecución condicional, dictada el 1 de noviembre de 2023 por quien se desempeñaba en ese momento como juez penal de primera instancia, Benjamín Revori.

De esa manera, la pena única y total quedó establecida en 4 años y 2 meses de prisión de ejecución efectiva.

El robo en la vivienda

Según la acusación, el hecho ocurrió el 15 de febrero de 2026, en horas de la madrugada, en una vivienda ubicada en calle Eduardo Larrea al 900 de Teodelina.

De acuerdo con la investigación, el condenado ingresó al domicilio tras romper la puerta del lavadero. Una vez dentro, sustrajo varias remeras con distintas estampas, un termo azul oscuro con calcomanías, un vaso térmico negro, un parlante negro y una cámara de fotos con inscripción EOS ELAN 7N.

Procedimiento abreviado

La resolución se produjo en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Luis Lagioia y la defensora pública María Cecilia Tosco, quien representó al imputado.

En este tipo de instancia, las partes acuerdan la calificación legal, la responsabilidad penal y el monto de la pena, que luego debe ser evaluado por el juez interviniente.

Un hombre es juzgado en los tribunales de Venado Tuerto acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra en reiteradas oportunidades, cuando la niña era menor de edad y convivía con él. En ese marco, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva.

El acusado, identificado como F.G.C., es oriundo de Venado Tuerto. Según la acusación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre el año 2019 y comienzos de 2024, en distintos domicilios de la ciudad, período en el que la niña tenía entre 6 y 11 años.

La Fiscalía le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por tratarse de una víctima menor de 18 años y por la situación de convivencia y guarda que mantenía el imputado respecto de la niña.

De acuerdo con la teoría fiscal, los abusos se habrían producido de manera reiterada durante varios años, aprovechando momentos en los que la madre de la víctima no se encontraba en la vivienda o estaba dormida. Además, la acusación sostiene que el imputado habría ejercido amenazas para evitar que la menor contara lo ocurrido.

La denuncia se inició luego de que la niña, cuando tenía 11 años y cursaba la escuela primaria, relatara lo que estaba viviendo. Según consta en el expediente, primero se lo contó a su madre y posteriormente intervino su abuela, quien radicó la denuncia policial.

El debate oral tendrá su última audiencia el próximo martes. Tras esa instancia, el tribunal contará con el plazo de ley correspondiente para informar la sentencia.

El 17 de mayo de 2026, alrededor de las 13:00 horas, dos jóvenes abordaron un vehículo de servicio de remís conducido por un vecino de Venado Tuerto. Según consta en la investigación, solicitaban un traslado desde la intersección de calles Sinclair y Dorrego hacia diversos barrios de la localidad, dando indicaciones al conductor que hacían pensar que el servicio sería abonado normalmente.

Sin embargo, al llegar a la zona de Maxwell y Chapuis, cuando el remisero les solicitó el pago del viaje, los imputados —actuando de común acuerdo— se negaron a abonar la tarifa correspondiente. El conductor, alarmado por la situación y temiendo por su integridad física, se dirigió con los pasajeros hasta la sede del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto para solicitar auxilio policial, interrumpiendo allí el accionar de los jóvenes.

Por este episodio, la fiscal Luciana del Grecco imputó a ambos por la negativa a pagar el servicio de transporte contratado.

Robo en restaurante

En tanto, a comienzos de año (el 29 de enero), la joven que iba en el remis fue protagonista de otro hecho delictivo. Alrededor de las 23:30 horas, robó una cartera en el local gastronómico denominado “El Cruce 833”, ubicado en Marcos Ciani al 3680 de Venado Tuerto.

Según la acusación fiscal, Mailén Abigail O. ingresó al establecimiento y, aprovechando la distracción de los empleados, se apoderó ilegítimamente de la cartera, arrojándola hacia el exterior del comercio para luego retirarse a pie tras recogerla del suelo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad privadas del local, y las imágenes forman parte de las pruebas de la Fiscalía.

Situación procesal

La fiscal del caso, Luciana del Grecco, solicitó la prisión preventiva para los imputados en ambos hechos, tanto por el robo como por la evasión del pago del servicio de remis, apuntando a la gravedad de los hechos y al posible riesgo procesal.

Sin amebargo, la jueza Andrea Cavallero, tras evaluar los planteos de las defensas, decidió otorgar a los jóvenes libertad condicional bajo reglas de conducta, postura que incluyó la fijación de pautas estrictas que deberán cumplir durante el avance de las investigaciones.

Una joven de 27 años fue condenada a dos años de prisión de cumplimiento condicional por su participación como colaboradora en la venta de estupefacientes en un inmueble de Venado Tuerto. La investigación, que incluyó un allanamiento y el secuestro de drogas y otros elementos vinculados con la comercialización, permitió determinar su responsabilidad como partícipe secundaria del ilícito.

El operativo se realizó el 22 de mayo de 2025, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones —Unidad de Microtráfico— ingresaron a un domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en la ciudad de Venado Tuerto. En el lugar se encontró a Micaela Florencia Villalba, de 27 años, junto al principal investigado, Joaquín Miranda, ya condenado a cuatro años de prisión.

Durante el procedimiento se incautaron múltiples elementos que, según la Fiscalía, eran utilizados para la comercialización de drogas: 15 envoltorios de cocaína, 213,6 gramos de marihuana, seis celulares, dos balanzas de precisión, pipas, picadores, una réplica de arma de fuego, una contadora de billetes y la suma de $378.000 en efectivo.

La investigación se había iniciado a partir de diversas tareas de inteligencia y vigilancias que establecieron maniobras compatibles con la venta al menudeo de sustancias estupefacientes en ese domicilio.

Calificación judicial y condena

El fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico, Iván Raposo, acusó a Villalba de haber colaborado de forma consciente con la actividad ilícita de Miranda, aunque sin detentar dominio ni control sobre el accionar principal.

La conducta fue calificada como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de un procedimiento abreviado, el Tribunal determinó imponerle a Villalba una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Decomiso de bienes y pautas de conducta

La sentencia también dispone el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Entre los bienes decomisados figuran los seis teléfonos celulares, balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, estupefacientes, pipas, picadores y la réplica de arma de fuego.

Además, al tratarse de una pena condicional, se establecieron una serie de pautas de conducta que la sentenciada deberá cumplir durante el plazo de la condena, entre ellas:

La Justicia de Venado Tuerto condenó a una mujer de 27 años por haber colaborado con su pareja en maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes. La pena fue resuelta mediante un procedimiento abreviado y consiste en dos años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia alcanzó a Naiara Celeste Peruchini, quien admitió haber facilitado su cuenta bancaria para operaciones relacionadas con la venta de droga, según la investigación impulsada por el fiscal Iván raposo del Ministerio Público de la Acusación.

Investigación y acuerdo abreviado

La audiencia contó con la participación de Raposo y de la defensora pública Melisa Andreatta. Durante la misma, se dio lectura al acuerdo presentado por las partes, con la conformidad de la imputada, describiendo los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena consensuada.

De acuerdo con la acusación, Peruchini prestó cooperación a su pareja, Ezequiel Nicolás Díaz Vecellio (ya condenado a 4 años de prisión), para concretar maniobras de comercialización de estupefacientes mediante transferencias bancarias.

La pesquisa estableció movimientos de dinero hacia presuntos proveedores identificados como Débora A. y Maximiliano Ríos. El hecho investigado se extendió entre el 15 de mayo de 2024 y el 12 de agosto de 2025 en la ciudad de Venado Tuerto.

La condena

El tribunal consideró acreditada la participación secundaria de la acusada en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, resolvió condenarla a dos años de prisión de ejecución condicional, además de imponerle reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre las medidas dispuestas figuran la obligación de fijar residencia y someterse al control postpenitenciario, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos y cumplir con las pautas establecidas por la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad.

Asimismo, se ordenó la prohibición de acercamiento y contacto con los involucrados en la causa, aunque la restricción no alcanza al coimputado Díaz Vecellio, debido a que ambos tienen un hijo menor de edad.

Dinero, droga y municiones decomisadas

En el fallo también se dispuso el decomiso de distintos elementos secuestrados durante la investigación.

Entre ellos figuran $810.350 en efectivo, 61,4 gramos de cocaína, una planta de marihuana, varios envoltorios con cannabis, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Además, fueron decomisados fertilizantes, focos de luz utilizados para cultivo, cartuchos de distintos calibres, tijeras, recortes y otros elementos considerados de interés para la causa.

Un hombre investigado en Venado Tuerto por tenencia de material de pornografía infantil deberá pagar $2.500.000 como reparación económica, en el marco de una suspensión del juicio a prueba acordada en sede judicial.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Mayra Vuletic y se originó luego de un allanamiento realizado en noviembre de 2024 en un departamento céntrico. En el procedimiento se incautaron 54 videos con representaciones de actividad sexual explícita que involucraban a niñas, niños y adolescentes menores de edad.

La medida judicial

La probation tendrá una duración de 12 meses. Durante ese período, el acusado deberá cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Entre las condiciones impuestas, tendrá que presentarse una vez por mes ante la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad y dejar constancia de su arraigo. También deberá mantener buena conducta y abstenerse de consumir alcohol en exceso o estupefacientes.

Además, tendrá prohibido tener o portar armas de fuego y deberá realizar una consulta obligatoria con profesionales de psicología o psiquiatría, a los fines de evaluar posibles alteraciones en su salud mental.

Reparación económica

El acuerdo contempla el pago de $2.500.000 a la Asociación Maná, una entidad civil vinculada al trabajo con niños. La suma será abonada en cinco cuotas de $500.000 cada una.

Desde la Fiscalía destacaron tanto el monto establecido como la obligación de que el imputado sea evaluado por profesionales de la salud mental.

El delito investigado

La tenencia de material de abuso sexual infantil prevé una pena de cuatro meses a un año de prisión. En este caso, al no registrar antecedentes, una eventual condena podía ser de ejecución condicional.

En ese marco, se resolvió avanzar con una salida alternativa al juicio oral, sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones impuestas durante el plazo fijado.

Este lunes de cumplen tres años del brutal asesinato de Aldo Viscovich, productor Agropecuario y dirigente histórico de Federación Agraria Argentina.

El crimen ocurrió en su casa familiar en la localidad de Chovet el 18 de mayo de 2023, y hasta el momento desde el poder judicial no pudieron establecer una hipótesis concreta de lo ocurrido, y tampoco hubo detenciones al respecto.

La investigación la llevó adelante la fiscal Susana Pepino, y más allá de una serie de allanamientos y de elementos incautados, no se registraron avances significativos.

Finalmente, en el mes de abril de este año, el nuevo fiscal regional Mauricio Clavero decidió que la causa pase a manos del fiscal Julián Cochero, pero por el momento no se conocen nuevas medidas judiciales.

En tanto, los familiares siguen pidiendo justicia, como así también los vecinos de la localidad que exigen el esclarecimiento del hecho y marcan fuertemente la necesidad de saber lo que pasó.

En la misma sintonía se expresó el flamante presidente comunal de la localidad, Mauricio Lucic, quien sostuvo una reunión con Mauricio Clavero en donde mostró su preocupación por la falta de avances en la causa, remarcando que es vital descubrir quien fue el homicida.

Historia del caso

El crimen ocurrió el 18 de mayo de 2023, cuando Viscovich, de 70 años, fue hallado muerto en su domicilio de calle España, a solo 70 metros de la comisaría local. Aldo, conocido por su militancia en la Federación Agraria Argentina, fue ultimado con dos puñaladas certeras en el cuello y el tórax, además de varias heridas producto de un forcejeo en defensa de su vida. Curiosamente, el homicida dejó atrás la vaina del cuchillo, no robó el dinero en efectivo que se encontraba en la vivienda, pero sí se llevó un revólver calibre .22.

Desde el día del crimen hasta la fecha, los avances en la causa han sido mínimos. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las pruebas solicitadas no arrojaron resultados que aporten datos clave. En algunos casos, incluso se halló que las muestras enviadas al laboratorio se encontraban contaminadas con sangre de la propia víctima.

La nueva designación de Cochero, quien se encuentra revisando el expediente y las evidencias con las que cuenta, representa un nuevo intento por esclarecer un hecho que ha dejado una profunda marca en la comunidad de Chovet y en el ámbito agropecuario de la región.

El caso de Aldo Viscovich sigue siendo un enigma, y su resolución dependerá de las nuevas estrategias que el fiscal Julián Cochero adopte para avanzar en la investigación.

Un joven de 19 años fue detenido y quedó alojado en prisión preventiva después de un intento de robo en la madrugada del lunes en una despensa de esta ciudad, en un hecho que habría contado con la participación de dos menores de edad.

El episodio se registró el lunes 11 de mayo alrededor de las 2:45 en el comercio Despensa Thiago, ubicado en calle Avellaneda al 1.265.

De la investigación, que lleva adelante el fiscal Damián Casullo, se desprende que el ladrón, identificado como Alex Nicolás T., habría ingresado al local tras forzar una puerta y una reja, junto a dos adolescentes.

Sustrajeron bebidas y encendedores

Según lo expuesto por el Ministerio Público de la Acusación, los acusados se habrían apoderado de 15 botellas de bebidas alcohólicas, entre vodka y gin, además de un pack de encendedores marca BIC que estaban en exhibición dentro del comercio.

Los objetos fueron colocados en una mochila y una bolsita que llevaban consigo. Los jóvenes intentaron escapar en tres bicicletas, pero, al ver la presencia policial, descartaron parte de lo sustraído. 

Finalmente, personal del Comando Radioléctrico llegó al lugar y aprehendió a los involucrados mientras huían, detallaron fuentes judiciales.

En la audiencia imputativa, el fiscal Damián Cassullo formuló cargos contra el joven de 19 años. El imputado enfrentó la acusación de robo simple agravado por la participación de dos menores de edad.

El acusado fue notificado de la acusación formal y quedó con prisión preventiva ordinaria, en tanto se continúa con el trámite de la investigación.

Nicolás Castro, un boxeador profesional de 26 años fue condenado a doce años de prisión efectiva por intentar matar a su pareja en un ataque que incluyó golpes, patadas y mordeduras, además de amenazas de muerte hacia la víctima y su familia. El hecho ocurrió el 28 de julio de 2024, en la localidad de Santa Isabel, luego de una discusión mientras regresaban de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, y la sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscalía, la defensa y la propia víctima. La jueza Paula Borrello homologó la pena, que incluyó la consideración de tentativa de homicidio calificado (femicidio), violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad, todos en concurso real de delitos.

El violento episodio comenzó cuando Castro ingresó al domicilio de la mujer sin autorización, rompiendo la puerta y manifestando: “No te voy a pegar, te voy a matar… Vine a matarte”. Durante el ataque, la víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y zona genital, y perdió el conocimiento.

Días después, el 20 de agosto de 2024, el acusado protagonizó un nuevo hecho cuando agredió al oficial de policía Francisco Romero, que junto a otro efectivo había acudido a la vivienda para ejecutar la exclusión del agresor del hogar.

Un hombre de Venado Tuerto, identificado como Lucas N., seguirá detenido al menos 60 días más, acusado de golpear brutalmente a su hijastra en Lavalle al 1.200 en plena vía pública. La resolución fue tomada por el juez Leandro Martín, quien ratificó la prisión preventiva luego de considerar los antecedentes del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas.

Lucas N. había cumplido recientemente una condena de tres años por violencia de género contra su pareja, quien también es madre de la víctima actual. La fiscal Débora Valentín se opuso a la liberación del imputado, señalando que representa un riesgo para las víctimas y podría entorpecer la investigación.

Antecedentes y riesgo procesal

En 2023, Lucas N. fue condenado mediante procedimiento abreviado por violencia contra Claudia M., madre de la víctima. La mujer declaró que vivió con miedo durante la relación y consideró prudente que él no pueda ingresar a la ciudad.

Además, el acusado enfrenta otras causas por infracción a la ley 23.737 y registros de violencia hacia otras parejas, lo que refuerza la decisión de mantenerlo detenido. La fiscalía destacó que, de ser condenado en el nuevo proceso, la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de fuga.

Hechos y pruebas

El ataque ocurrió frente a varios testigos, quienes relataron que el acusado golpeó a la joven y le arrojó su celular al piso. La víctima, identificada como Jazmín, quedó tendida en la calle con sangrado en el oído, siendo asistida por vecinos hasta la llegada del servicio de emergencias.

El 911 recibió tres llamados alertando sobre la agresión, y videos aportados por vecinos muestran la brutalidad del ataque. Testigos relataron el notable estado de angustia de la joven durante todo el hecho.

Resolución judicial

La defensa había solicitado alternativas a la privación de libertad, pero la fiscalía argumentó que ningún otro recurso neutralizaría adecuadamente los riesgos de fuga o presión sobre testigos. Por ello, el juez Martín resolvió mantener la prisión preventiva, asegurando la protección de las víctimas y el normal desarrollo de la investigación.

Una mujer fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional por cometer varios hechos de estafa contra comercios venadenses, tras simular pagos mediante comprobantes bancarios y billeteras virtuales que nunca se acreditaron. Además, tuvo que devolver los montos defraudados y deberá cumplir estrictas reglas de conducta por dos años.

La decisión fue acordada en un juicio abreviado, con reconocimiento explícito de responsabilidad por parte de la imputada, y se enmarca en una investigación llevada adelante por el fiscal Damián Casullo.

Un patrón de engaños

Según surge de las investigaciones, la imputada —identificada como Sabrina Leonela Vallejos— utilizó un mismo mecanismo para inducir a error a sus víctimas: presentaba comprobantes de transferencias bancarias o de billeteras digitales que aparentaban ser válidos, pero que no correspondían con movimientos reales.

Primer fraude detectado

El 5 de octubre de 2025, Vallejos se presentó en el local gastronómico Henry Cook, ubicado en San Martín al 700, y tras realizar consumiciones por un total de $134.600 exhibió un comprobante de pago apócrifo. El dinero nunca ingresó a la cuenta de la firma, por lo que la encargada del comercio radicó la denuncia correspondiente.

Falsa transferencia

El 19 de marzo de 2026, alrededor de las 10 de la mañana, la acusada ingresó al comercio IM Básicos —ubicado en Maipú y Azcuénaga— y compró mercadería por $945.000. Presentó un comprobante apócrifo de la plataforma Personal Pay dirigido a cuentas vinculadas a la esposa del propietario. Como en el caso anterior, no existió acreditación bancaria real.

Centro estético

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, Vallejos utilizó el mismo ardid en un centro médico estético, donde accedió a múltiples tratamientos (como botox, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico y otros servicios) presentando comprobantes adulterados o falsos. El perjuicio total para la víctima se calculó en $4.316.500, incluyendo pagos pendientes por tratamientos de terceros.

Asociación Mutual

Entre el 16 y el 21 de marzo, la acusada simuló transferencias a la Asociación Mutual de Farmacia y Servicios Asistenciales por distintos montos —en operaciones que iban desde compras presenciales hasta solicitudes de envío a domicilio— por un total de $542.740. Nuevamente, los comprobantes resultaron apócrifos y el dinero nunca fue acreditado.

Condena y reglas de conducta

Como parte del acuerdo judicial, Vallejos fue condenada a un año de prisión bajo modalidad condicional, con accesorias legales y costas. Además, se estableció que deberá cumplir una serie de reglas de conducta por dos años, bajo apercibimiento de revocar la condicional y hacer efectiva la pena de cumplimiento en un establecimiento penitenciario.

Entre las obligaciones que le impusieron figura:

Asimismo, se ordenó el decomiso del teléfono celular que la imputada habría utilizado para llevar adelante los engaños.

Claves del fallo

Para la justicia, la conducta de Vallejos configura estafas reiteradas en concurso real e ideal, atentando contra la confianza y la buena fe de comerciantes locales y una entidad mutual. El acuerdo de juicio abreviado, con reconocimiento de culpabilidad, permitió agilizar la respuesta del sistema de justicia y asegurar el resarcimiento de las víctimas.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Alexander Bordes a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de una serie de delitos cometidos en distintos puntos de la ciudad. La resolución se dio en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa particular del imputado.

La causa fue impulsada por la fiscal Larisa Barucca, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación.

Hechos delictivos

De acuerdo con la investigación judicial, Bordes fue vinculado a distintos episodios ocurridos entre 2024 y 2025, relacionados con robos, encubrimiento, resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

Uno de los hechos atribuidos ocurrió cuando el joven fue interceptado mientras trasladaba una motocicleta Motomel 110cc que había sido robada previamente de una vivienda ubicada en calle Azcuénaga al 2900. El procedimiento tuvo lugar en avenida Chapuis y Valdez, luego de que intentara escapar al advertir la presencia policial.

Otro episodio investigado corresponde al robo de una bicicleta rodado 29. Según consta en la causa, el acusado sustrajo el rodado desde calle Chapuis al 2200 y posteriormente lo abandonó detrás del anfiteatro de Plaza Italia. Más tarde fue detenido en la terminal de ómnibus local.

Robo de motocicleta y herramientas

La investigación también incluyó un hecho ocurrido el 15 de diciembre de 2025 en una vivienda de calle Santa Cruz al 600. Allí, Bordes ingresó al garaje de la propiedad y sustrajo una motocicleta Keller 110 junto con herramientas y otros elementos personales.

Según la acusación, para concretar el robo ejerció violencia sobre el sistema de arranque y la traba del manubrio del vehículo.

Resistencia a la autoridad y violación de domicilio

Horas después de ese episodio, el joven volvió a ser interceptado por personal del Comando Radioeléctrico mientras circulaba con una motocicleta a la par. Al intentar evitar el procedimiento policial, ingresó sin autorización a una vivienda ubicada en Antártida Argentina al 600.

Siempre según la acusación fiscal, el imputado mantuvo una actitud hostil hacia los efectivos policiales, profirió insultos y se resistió físicamente a su aprehensión.

La condena y las reglas de conducta

La conducta de Bordes fue encuadrada judicialmente como autor de los delitos de encubrimiento, hurto en grado de tentativa, robo simple, resistencia a la autoridad y violación de domicilio en concurso real.

Como resultado del acuerdo abreviado, se dispuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplir condena efectiva en prisión mientras respete las condiciones impuestas por la Justicia.

Entre las pautas de conducta fijadas se encuentran:

Dos hombres quedaron en prisión preventiva por 30 días luego de ser imputados por un robo ocurrido en una vivienda en construcción en Venado Tuerto. La medida fue resuelta por el juez Leandro Martín, tras un pedido formulado por el fiscal Damián Cassullo durante la audiencia cautelar.

Los acusados fueron identificados como Nicolás Martín V., de 31 años, y Gustavo Gabriel A., de 27, quienes enfrentan cargos como coautores del delito de robo calificado por efracción.

El hecho

Según la investigación llevada adelante por Damián Casullo, el episodio se registró durante la madrugada del 4 de mayo en una vivienda ubicada en calle Balcarce al 2.719, propiedad de Agustín A.

De acuerdo con la imputación, los sospechosos ingresaron tras forzar la cerradura de la reja principal y acceder al inmueble aprovechando la ausencia de moradores. Una vez dentro, sustrajeron distintos elementos, entre ellos un disco de arado marca Essen con tapa, un acolchado, una frazada y una olla.

Además, habrían intentado llevarse un televisor Philco de 55 pulgadas que se encontraba amurado a una pared. Para ello, dañaron parte de la estructura interior de la vivienda.

La pesquisa también determinó que los acusados retiraron una ventana de aluminio de un ventiluz y utilizaron una silla para facilitar el ingreso y la salida del inmueble.

La causa avanzó luego de que el propietario de la vivienda, junto a un amigo, lograra ubicar a los sospechosos en distintos sectores de la ciudad.

Uno de ellos fue encontrado en una casa en estado de derrumbe ubicada en inmediaciones de Almafuerte y Azcoaga, donde intentó ocultarse dentro de un pozo. El otro fue retenido en calle Saavedra al 2400 luego de que vecinos advirtieran que algunos objetos robados estaban siendo ofrecidos para la venta.

Posteriormente, personal policial acudió tras llamados al 911 y concretó las aprehensiones.

Prisión preventiva por 30 días

Tras la audiencia imputativa, el fiscal Cassullo solicitó la prisión preventiva para ambos acusados mientras continúa la investigación judicial.

Finalmente, el juez Leandro Martín hizo lugar al pedido y ordenó que Nicolás Martín V. y Gustavo Gabriel A. permanezcan detenidos durante al menos 30 días.

La causa fue caratulada provisoriamente como “robo calificado por efracción en calidad de coautores”.

El 16 de abril, tras una denuncia por maltrato animal, las autoridades realizaron un operativo para rescatar a “Tobi”, un dogo argentino o mestizo de características similares. El animal estaba extremadamente delgado, con lesiones cutáneas por falta de higiene y cuidado, y encadenado de forma permanente, lo que limitaba su movilidad.

El perro fue trasladado al Dispensario Canino Municipal, donde recibió atención veterinaria inmediata.

Imputación y medidas judiciales

El hombre, identificado como R.A. fue imputado por la fiscal Mayra Vuletic por maltrato animal. La acusación señala que el imputado omitió brindar los cuidados mínimos indispensables para garantizar el bienestar e integridad del animal.

En las últimas horas, la Justicia aplicó una Suspensión de Juicio a Prueba por un año, conocida como probation. Durante este período, deberá:

Un mensaje claro

El rescate del dogo y la medida judicial contra su dueño envían un mensaje contundente: el abandono y maltrato animal no serán tolerados.

El animal, que se encuentra en el Dispnesario Canino, actualmente espera que una familia quiera adoptarlo.

Un hombre de 40 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por golpear y amenazar a su pareja en su domicilio de la ciudad de Firmat. La causa fue tramitada por la fiscal Ana Belén Stampella, y contó con la defensa del Dr. Carlos Villalba.

Según consta en el expediente, el 28 de noviembre de 2025, durante una discusión en el hogar que compartían, el hombre arrojó a la víctima sobre la cama y le cubrió el rostro con un almohadón mientras le decía “te voy a matar”. La mujer logró escapar hacia la habitación de su hija, momento en que el acusado vociferaba que se suicidaría con un arma de fuego que tenía en su vehículo, generando temor en ambas.

Además, la investigación judicial determinó que, días antes, el agresor había propinado golpes y cabezazos a su pareja, y la amenazó con cortarle los dedos con un hacha que guardaba en el baúl de su automóvil.

El tribunal calificó los hechos como amenazas en dos ocasiones y lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por el contexto de género. La pena fue acompañada por un conjunto de reglas de conducta para el condenado durante tres años: fijar residencia en Firmat, abstenerse de consumir drogas o alcohol en exceso, prohibición absoluta de contacto con la víctima, no portar armas y someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La decisión judicial busca proteger a la víctima y a su hija, y en ese contexto, desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron evitar publicar el nombre y apellido del condenado.

La justicia decidió otorgar una suspensión de juicio a prueba a Germán Carlos G., imputado por el robo de tres millones de pesos de la Catedral Inmaculada Concepción de Venado Tuerto. Entre las condiciones establecidas, se encuentra la prohibición de ingresar a la ciudad, así como la obligación de cumplir medidas de control y reparar el daño causado a la institución religiosa.

Según informó la fiscal Luciana Del Grecco, el hecho ocurrió el 28 de abril, cuando el hombre ingresó al departamento superior de la Catedral, abrió un cajón de una mesa de luz y sustrajo la suma de tres millones de pesos, contenidos en sobres marrones y blancos. Tras el robo, se trasladó a Rosario y gastó el dinero en el Casino City Center.

Medidas judiciales

El imputado deberá cumplir un plazo de 24 meses de suspensión de juicio a prueba, con controles mensuales a través de las autoridades policiales de La Rioja, donde reside. Entre las obligaciones se destacan:

Dos jóvenes de Venado Tuerto fueron imputados tras protagonizar disturbios en el bar “Shaddai” y agredir a personal policial que acudió al lugar. Se trata de Franco Manuel M. (27 años) y Gabriel Jesús T. (36), quienes quedaron bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

Qué pasó en la noche del 2 de mayo

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del 2 de mayo en calle Santa Fe N.º 1040. Según la fiscal Débora Valentín, los acusados estaban ocasionando disturbios en el local comercial y posteriormente se mostraron hostiles cuando llegaron los policías del Comando Radioeléctrico: desobedecieron órdenes, empujaron a los agentes y profirieron agresiones verbales, resistiendo finalmente su detención.

La calificación penal

En esta primera etapa, la conducta de ambos se encuadra en el delito de “resistencia a la autoridad”, según lo explicó la fiscal en la audiencia formal de imputación.

Medidas alternativas a la prisión preventiva

Para que puedan continuar el proceso sin ir a la cárcel, se establecieron varias condiciones:

Minutos después de las 19:20, una dotación de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás acudió a un llamado de emergencia que alertaba sobre el vuelco de un camión en la intersección de Ruta 94 y Avenida 64.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el incidente involucraba únicamente al acoplado del vehículo, que había volcado por causas que aún no fueron informadas oficialmente.

Estado del conductorEl chofer del camión fue asistido en el lugar y se encontraba en excelente estado de salud, sin necesidad de traslado ni atención médica de urgencia, según indicaron fuentes del operativo.

Trabajo coordinado en la zonaLas tareas se centraron en la prevención y ordenamiento del tránsito para evitar nuevos incidentes. En el operativo participaron Bomberos, personal policial, agentes de Tránsito y trabajadores de la Maestranza Municipal, quienes colaboraron para asegurar la zona y normalizar la circulación.

Tras completar las tareas de seguridad y dejar el lugar bajo control, los equipos intervinientes se retiraron sin registrarse mayores novedades.

La mañana del sábado comenzó con condiciones más frías en Venado Tuerto y la región. Tras varios días con registros más templados, el termómetro bajó de manera considerable y dejó una sensación más cercana al invierno que al otoño.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se mantendrá sin lluvias, con cielo despejado a algo nublado y una temperatura máxima que rondará entre los 17 y 18 grados.

Domingo con mayor amplitud térmica

Para este domingo 3 de mayo se espera una amplitud térmica aún más marcada. La mañana volverá a sentirse fría, con una mínima que podría ubicarse entre los 3 y 4 grados, según las distintas estimaciones, mientras que durante la tarde la máxima llegaría a valores cercanos a los 19 o 20 grados.

El cielo se mantendría mayormente despejado, por lo que el frío se sentirá con más intensidad durante las primeras horas del día. Hacia la tarde, en cambio, el ascenso de temperatura permitirá condiciones más agradables.