"En Unidos hemos tenido muchas veces diferencias, hemos hecho esfuerzos para tener consensos y lo vamos a lograr con Herramientas. Hemos ya votado 70 mensajes del Ejecutivo". Fue la cuidada y escueta declaración de la diputada socialista Lionella Cattalini al día después de que la Cámara de Diputados de Santa Fe postergara por siete días el tratamiento, en el recinto, del mensaje del Poder Ejecutivo que lleva por título "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública".

Si bien el último jueves, la Cámara de Diputados, votó dos de los tres mensajes del Poder Ejecutivo referidos a políticas de seguridad, el tema Herramientas es el que mayores diferencias abre especialmente entre el socialismo y el resto de la bancada. El interbloque de Unidos tiene 28 integrantes, 14 de ellos socialistas. Los radicales son 9; 3 mujeres tiene el Pro más los unipersonales representantes de Creo y de Uno.

El sello de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados tiene como fecha de ingreso del expediente generado por el Poder Ejecutivo el 14 de mayo último, a las 9.09. Dos meses atrás, viendo la falta de avances en el debate en comisiones, el radicalismo logró que el expediente sea considerado en forma conjunta por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Martín Rosúa (UCR) encabeza la primera; Cattalini la segunda.

Más allá del intercambio de opiniones sobre los alcances del proyecto, hubo dos plenarios: uno con autoridades del Poder Judicial y otro con entidades ligadas al derecho penal. La Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la Defensora Pública Penal asistieron a exponer en la primera jornada con advertencias de los ministros del tribunal superior y de Estrella Moreno Robinson sobre los riesgos de algunas de las figuras incorporadas en el texto.

La segunda reunión congregó a colegios de abogados más abogados rosarinos y entidades defensoras de derechos humanos donde las críticas fueron mayores. Este segundo encuentro motivó críticas solapadas en legisladores oficialistas e incluso en funcionarios de la Casa Gris.

Después empezaron cruces de borradores con posibles cambios que empezaron a preocupar al Poder Ejecutivo por entender que apuntaban contra el corazón de la reforma. El paquete titulado Herramientas abarca 9 reformas al Código Procesal Penal así como retoca un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena, otro de la Ley de Inteligencia; 3 artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y al Código de Convivencia.

Fue el presidente provisional del Senado y presidente de la UCR, Felipe Michlig quien marcó en la sesión del 22 de octubre la postura del Ejecutivo y del radicalismo cuando en el final de reunión apuró a la Cámara Baja a que apruebe el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, aclarando que el Senado ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.

Pullaro habló el último miércoles ante personal del Servicio Penitenciario. "Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos" y ante cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, fue contundente ante los cronistas: "Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional".

Luego, otras espadas radicales como José Corral y Rosúa dijeron estar dispuestos a votar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo y el día antes de la sesión, en una reunión con el interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto era el texto original. Actores admiten que fue una reunión dura, con polémica y cruces políticos.

El jueves, Unidos no pudo sintetizar un dictamen en las comisiones mientras la oposición esperaba en los pasillos aunque varios de los sectores anticiparon que votarán en contra, especialmente el interbloque del PJ y la izquierda.

Tras la sesión, Corral y Cattalini hablaron sobre los temas votados y fueron muy escuetos en sus respuestas sobre el tema Herramientas. El resto del bloque socialista hizo silencio. Dicen que hay capítulos del proyecto que no pueden votar y entienden que la salida es con más diálogo hasta buscar un acuerdo.

Los radicales dicen que el Ejecutivo necesita más herramientas para mejorar la seguridad pública y reprochan que los socialistas no valoran lo actuado en Rosario durante la gestión actual. En el Ejecutivo siguen dispuestos a explicar por qué las medidas solicitadas y entienden que pueden votarse hasta por partes sin alterar el propósito.

Hasta el jueves, habrá plazos para encontrar el acuerdo en Unidos. Desde el socialismo no se escuchó como alternativa romper la coalición. Es más, el ex gobernador Antonio Bonfatti -hoy diputado provincial- se sumó al streaming del jueves último en el acto donde el radicalismo conmemoró el triunfo de 1983. Ese día, el socialista fue elegido presidente comunal de Las Parejas, uno de los pocos socialistas victoriosos en la vuelta a la democracia.

El Ejecutivo seguirá poniendo el acento en la seguridad pública ya de cara a la campaña electoral que se avecina. El ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el Presupuesto 2027 destacó que una de las prioridades son las inversiones en seguridad, con $ 2,34 billones para cárceles, estaciones policiales y equipamiento de las fuerzas.

Mientras Unidos seguía trabado en el tema Herramientas en la Legislatura, el gobernador Pullaro recibía a tres de las principales figuras del gabinete nacional en la concurrida jornada de la ronda de negocios de RIGI en Rosario. La foto no pasó inadvertida y abrió especulaciones.

Uno de los temas que genera polémicas en Unidos es la declaración informativa e interrogatorio policial. En este aspecto, el Poder Ejecutivo propone restituir la figura de la declaración informativa, pensada para los primeros momentos investigativos. La reforma pretende facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas.

Por otra parte, habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

Otro tema que genera divisiones es la posibilidad de enjuiciamiento penal en rebeldía. De hecho ya existe en ciertos supuestos en el estado actual de la legislación, se dice en los fundamentos. "No se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia", expresa el mensaje.

Además prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.

La Cámara de Diputado sancionó la ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal; votó con algunos cambios el mensaje del Ejecutivo para tratar de cortar el negocio de teléfonos celulares robados y difirió, en principio por una semana, el tratamiento de la reforma a seis leyes propuestas en la llamada Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.

Sobre los tres temas hubo posturas encontradas en la Cámara de Diputados y en el caso de Herramientas la propia coalición oficialista de Unidos no pudo lograr consensos para emitir el dictamen para llevar al recinto. Radicales y socialistas mantuvieron diferencias en cuanto al mensaje del Poder Ejecutivo que propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, más una amplificación de facultades policiales para casos especiales.

Este mensaje debía tener dictamen de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales que realizaron dos audiencias para escuchar posturas sobre el tema y no pudo emitir dictamen este jueves más allá de un cuarto intermedio solicitado por Unidos para demorar la continuidad de la sesión. Hasta el momento, las diferencias están en el seno de Unidos y los bloques opositores todavía no opinaron más allá que el interbloque justicialista y el Frente Amplio por la Soberanía ya anticiparon que votarán por el rechazo.

El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fueron a reunirse con el bloque de diputados de Unidos y ratificaron que para la Casa Gris es importante votar el texto enviado el 14 de mayo. Los representantes radicales del oficialismo respaldaron la postura mientras que en el socialismo hay reparos a varios de los artículos, especialmente a cederle mayores facultades a la policía y crear zonas especiales de actuación policial.

Las diferencias fueron demorando el inicio de la sesión hasta que finalmente el oficialismo resolvió solicitar la renovación del tratamiento preferencial para el jueves venidero. "Sin algunos cambios, no estamos dispuestos a acompañar; sí vamos a seguir dialogando para darle herramientas al Ejecutivo. Diálogo, diálogo, diálogo", dijo el jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco al retirarse de la Legislatura.

Antes, en votación dividida, la Cámara aprobó el mensaje que apunta a conformar un sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, iniciativa que apunta especialmente a evitar el robo de aparatos de telefonía celular y el negocio irregular que se genera tras ese delito. El oficialismo acompañado en general por los diputados "celestes" junto 35 votos contra 11 de rechazo del peronismo y la izquierda para votar el dictamen que reforma algunos textos y lo devolvió en revisión al Senado.

Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar (votos celestes) si bien votaron en general, rechazaron algunos artículos.

Fue el radical José Corral el encargado de fundamentar el proyecto al que definió como otra herramientas para brindarle al Poder Ejecutivo para avanzar en las políticas de seguridad pública. "Proponemos algunas reformas al texto votado por el Senado para mejorar el sistema que apunta a desactivar uno de los hechos más preocupantes de la seguridad que es el robo de teléfonos celulares y su comercialización en un mercado ilegal", explicó.

Ximena Sola (Pro), Lionella Cattalini (PS) y Martín Rosúa sumaron argumentos desde el oficialismo. Celia Arena, Marcos Corach y Alejandra Rodenas cuestionaron desde el justicialismo. "Este proyecto es la punta del iceberg del monstruo que está apareciendo" disparó la ex vicegobernadora.

El sistema crea los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de esos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.

La base es la facultad policial de solicitar el IMEI o identificador único equivalente del dispositivo telefónico para determinar si fue adquirido en forma legal o ilegal. Desde la oposición o de sectores que acompañaron con reservas el texto se advirtió la posibilidad de que la policía ingrese a los datos de la línea telefónica y acceda a información privada.

"Las personas están obligadas a exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos a requerimiento de autoridad competente", dice un artículo que fue cuestionado por toda la oposición y votado solo por Unidos.

En cambio, el mensaje sobre el sistema público de Defensa Penal tuvo 34 votos positivos y 13 abstenciones correspondientes al justicialismo, a la izquierda y a Inspirar y fueron Lucila De Ponti y Fabián Palo Oliver los que fundaron la postura. El segundo cuestionó que en el sistema de Defensa conviva la atención a las víctimas y la atención a los propios policía si incumplieron con el deber.

El texto votado faculta a la Defensa a crear unidades especiales -entre ellas para defensa de policías- y dispone añadir ocho cargos de Defensor Público.

Los municipios santafesinos tendrán plazo hasta el 30 de noviembre para informar a las autoridades competentes de la provincia todas aquellas eventuales decisiones de modificación de estructura institucional o integración de los Concejos Municipales, según corresponda.

La decisión está contenida en el decreto N° 2239, dictado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, donde reglamenta 4 de los 111 artículos que tiene la Ley N° 14436, Orgánica de Municipalidades, sancionada en abril de este año.

El plazo fijado hasta el 30 de noviembre es "exclusivamente con el objeto de que puedan ser consideradas por las autoridades competentes a fin de organizar adecuadamente el proceso electoral del año 2027; y que, luego de esa fecha, los municipios respectivos podrán tomar la decisión correspondiente y notificar a las autoridades con al menos tres meses de antelación al último día hábil del año inmediatamente anterior al año electoral que corresponda".

En virtud del principio de autonomía municipal, el Poder Ejecutivo solo se detuvo en reglar aspectos de la parte final de la ley y que incluyen cómo se organizan los 365 municipios que tiene la provincia. A partir de la reforma constitucional ya no hay más comunas.

La nueva Constitución estableció las bases del Régimen Municipal Provincial e introdujo disposiciones transitorias con incidencia en ese régimen, a saber: pautas y plazo para la unificación de mandatos provinciales y municipales. 

También determinó lineamientos para considerar el primer mandato a los fines de la aplicación de las nuevas normas sobre reelección; plazo para que la Legislatura dicte la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (plazo cumplido y ejecutado); previsiones especiales para las ciudades que a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución se encontraban institucionalmente organizadas como municipios, pero tenían menos de diez mil habitantes; y plazos para el establecimiento de un nuevo régimen legal de coparticipación (septiembre de 2027).

Desde el 15 de abril ya está vigente la nueva Ley Nº 14436 (Ley Orgánica de Municipalidades) que derogó la 2756 y derogará el 10 de diciembre de 2027 la 2439 (orgánica de Comunas).

La nueva ley tiene 11 títulos y el Ejecutivo solo reglamentó cuatro artículos del último de los títulos, que es el referido a las llamadas disposiciones generales.

"Debido a las características de las normas constitucionales y legales y al carácter autónomo de los municipios en la Provincia de Santa Fe corresponde reglamentar únicamente algunos artículos específicos de la Ley N° 14436 a fin de contemplar los pormenores y detalles necesarios que permitan su adecuada ejecución", expone el Ejecutivo en sus considerandos.

El artículo 21 de la nueva ley determina la organización institucional de los 365 municipios en virtud de la cantidad de habitantes. Debido a esa disposición, el Poder Ejecutivo considera "imprescindible establecer parámetros precisos para identificar la cantidad de habitantes de cada localidad de modo de reflejar de la forma más fidedigna y adecuada posible las realidades poblacionales correspondientes".

Así, en el artículo 101 de la ley se ordena que el Poder Ejecutivo determine el número de habitantes de cada municipio "en base a estudios e informes fundados del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe y, en su defecto, el último censo nacional o el sistema nacional que en el futuro lo reemplace".

Así, el Ejecutivo determina como base los datos que surgen del último censo nacional, con exclusión —en los distritos que corresponda— de la población penitenciaria alojada en establecimientos penitenciarios ubicados dentro de la jurisdicción municipal respectiva. Los informes oficiales los debe emitir el IPEC a requerimiento de la Secretaría Electoral.

La decisión contenida en el decreto reglamentario es que las personas privadas de su libertad no integran la comunidad local donde se encuentran alojadas a los efectos de considerar el número de población y la mesa electoral local. Se recuerda que según las normas electorales, "su vínculo político se determina por el domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad y no por el lugar de alojamiento".

Luego, el Ejecutivo se detiene a reglamentar los artículos 105 (adopción de estructura institucional), 106 (concejos municipales) y 107 (estructura institucional).

Es así que en los tres casos se fijó que la fecha del 30 de noviembre para definir figuras institucionales opera como un plazo límite a fin de que se notifique a las autoridades todas aquellas eventuales decisiones de modificación de estructura institucional o integración de los Concejos Municipales, a fin de organizar adecuadamente el proceso electoral del año 2027.

En los años siguientes podrán tomar la decisión correspondiente y notificar a las autoridades con al menos tres meses de antelación al último día hábil del año inmediatamente anterior al año electoral que corresponda.

El artículo 21 de la Ley de Municipios define la organización de las funciones ejecutiva y legislativa locales de los gobiernos locales en base a parámetros de población:

- Hasta 3.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por tres miembros.

- Entre 3.000 y 10.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por cinco miembros.

- Entre 10.000 y 20.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por cinco miembros.

- Entre 20.000 y 50.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por siete miembros.

- Entre 50.000 y 80.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por nueve miembros.

- Entre 80.000 y 150.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por once miembros.

- Más de 150.000 habitantes: con un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal, a cargo de la función legislativa, que sumará dos concejales cada 100.000 habitantes. Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen al momento de la entrada en vigencia de la ley.

La provincia de Santa Fe acordó no devolver este año el anticipo financiero de coparticipación de $400 mil millones otorgado en junio, parte quedó compensado por deudas de nación y el remanente será abonado en cuotas a partir de mayo del 2027, según el compromiso firmado esta semana.

Este entendimiento entre Santa Fe y Nación fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo. No hubo foto porque no hubo encuentro para la firma. Se utilizaron los instrumentos de firma digital, primero por parte del gobernador y luego por el funcionario nacional.

El acuerdo se dio en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) que fuera creado por el gobierno nacional mediante Decreto 969/2024. Este mecanismo fue diseñado para sanear, extinguir y compensar deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional, las provincias y CABA. "Es un sistema abierto" destacó uno de los negociadores santafesinos que conoce detalles del entendimiento.

Todavía quedan varios temas por dilucidar en la relación entre las partes y no debería extrañar que en los próximos meses se anuncien traspasos de edificios o terrenos de Nación que Santa Fe viene reclamando y que servirían para cumplir con deudas federales.

En el entendimiento de esta semana, Nación aceptó completar el compromiso firmado entre Santa Fe y Anses el pasado 7 de abril para paliar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia del año 2026. En tanto, la provincia también termina de percibir lo adeudado por Nación fruto del llamado Consenso Fiscal firmado por el ex presidente Mauricio Macri con el ex gobernador Miguel Lifschtiz así una deuda por viviendas. Además se pesificó la deuda externa que Santa Fe contrajo en 1997 con un organismo japonés pero que estaba dentro del Club de París.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, fue el encargado de negociar la letra chica del acuerdo con el equipo económico que conduce Caputo. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete significó también la apertura a un diálogo más fluido con Santa Fe, diálogo encarnado en varias ocasiones por la actual diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia.

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 474/2026, publicado el 18 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, un anticipo financiero para la provincia de Santa Fe de hasta $400.000 millones. El concepto fue de adelanto de recursos coparticipables. El anticipo devengó una tasa de interés del 15% anual, muy por debajo de las tasas vigentes en el mercado a ese momento. El mismo decreto otorgó anticipos a Entre Ríos y a Jujuy.

El plazo de devolución establecía que era dentro del mismo ejercicio fiscal, o sea debía ser devuelto antes del 31 de diciembre, hecho que el acuerdo actual traslada a ejercicios siguientes. "Fue un acuerdo por el flujo de fondos, seguimos negociando el stock de deuda" le dijo a El Litoral un santafesino al tanto de las sigilosas negociaciones.

En los 9 primeros meses del año, Santa Fe tuvo una caída interanual del 0,9% de recursos federales tomando en cuenta transferencias automáticas, leyes especiales y compensaciones. Percibió hasta el momento $4,9 billones (millones de millones). A esto se suma también una caída en recursos propios, producto del estancamiento de la actividad económica.

Ahora el acuerdo firmado transforma ese anticipo financiero en un crédito a largo plazo tomado por el Estado santafesino. Hasta el 9 de octubre, Santa Fe había devuelto de ese anticipo $90 mil millones en dos cuotas.

Así los $310.000 millones restantes del anticipo de junio se compensarán con créditos netos (tres de la Provincia y uno de Nación). Se incluyeron los $110.000 millones del Anses por anticipo aporte al déficit ejercicio 2026. Del acuerdo por $120.000 millones, solo había girado la primera cuota.

Se sumaron además $54.869 millones por tres años y medio de ajuste compensación del Consenso Fiscal firmado por Macri y Lifschitz el 16 de noviembre de 2017. También se incluyeron $2.613 millones adeudados por el gobierno central de un convenio de viviendas oportunamente firmado con Santa Fe.

La provincia logró además pesificar el préstamo de la operatoria con el Club de París de $24.740 millones. Hasta el momento, Nación venía pagando desde 2014 el compromiso tomado en 1997 por la administración de Jorge Obeid.

De esta manera, Santa Fe achicó la deuda a Nación a $167.258 millones donde se habilitó el pago en ocho cuotas a partir de mayo del 2027 o bien incluirlo en otra conciliación dentro del REOR.

Santa Fe y Anses deben todavía conciliar los números de los déficits previsionales de la Caja provincial desde 2020 al 2026. Sobre el particular hay hermetismo en las dos partes sobre la marcha de la negociación.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el nuevo Jardín de Infantes del barrio San Cayetano, en Villa Constitución, y el edificio del Samco de la comuna de Juan Bernabé Molina.

La obra del jardín estaba paralizada y tenía un avance del 50 % al inicio de la gestión. Por decisión del gobernador, se licitaron los trabajos para concluirla en ocho meses, con una inversión superior a los 1.059 millones de pesos. Mientras, el nuevo edificio del Samco "Dra. María de los Ángeles Cervigni", en Juan Bernabé Molina, incorpora consultorios, áreas de diagnóstico y espacios de guardia. La Provincia invirtió más de 1.604 millones de pesos en su construcción.

Durante las inauguraciones, Pullaro afirmó que "es justo que las obras y los recursos lleguen a las pequeñas localidades del interior productivo, porque aquí todo cuesta mucho más". También sostuvo que "el país no se va a poner de pie si se sigue pensando en el AMBA, sino cuando desde el Gobierno nacional miren a estas localidades de gente noble y trabajadora, que invierte, apoya el desarrollo y empuja el crecimiento del país".

El mandatario señaló que su Gobierno está presente con 1.900 obras en todo el territorio y trabaja para que "estas localidades tengan lo que tienen que tener" mediante la obra pública, a la que definió como sinónimo de "desarrollo e igualdad".

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, relativizó las críticas de la oposición porque dos legisladores de Provincias Unidas no colaboraron en el quórum en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70 del presidente Javier Milei. No obstante, el mandatario recalcó la necesidad de que haya más presupuesto para las universidades nacionales.

"La oposición a mí siempre me critica y está bien que así sea. Es el juego de la política. No voy a entrar a contestarle cosas que no son verdad. Estaría entrando en el juego que pretenden hacer desde la oposición. Siempre voy a defender a la provincia invencible de Santa Fe. Siempre voy a poner el cuerpo y la cara por la provincia de Santa Fe y siempre vamos a defender a la educación pública. Lo van a ver en cómo nuestros legisladores van a acompañar en el presupuesto el mayor financiamiento hacia las universidades. Lo que dice la oposición ustedes saben que no es verdad y todos en Santa Fe saben dónde está parado el gobernador y el gobierno de la provincia", señaló.

Luego, repudió la violencia suscitada tras la marcha universitaria contra el Congreso. "Está mal; no tiene que haber violencia y en Santa Fe lo demostramos y lo mostramos permanentemente. Tiene que haber diálogo entre las instituciones, tiene que haber diálogo democrático entre los partidos políticos. Argentina va a salir adelante cuando nos podamos sentar en una mesa y poder poner las ideas arriba de la mesa, debatir y que las mayorías puedan construir una política pública. Es lo que podemos mostrar en la provincia de Santa Fe. Acá en Santa Fe no pensamos todos lo mismo, pero nos podemos sentar en una mesa, podemos votar leyes por mayoría, podemos avanzar, reformamos la Constitución después de 62 años. Esto es porque hay diálogo. ¿Pensamos lo mismo? No, pero nos sentamos en una mesa. Si no puede haber diálogo, mucho menos puede haber violencia y por supuesto que condenamos la violencia de ambas partes".

Sobre el debate en el Congreso acerca del Presupuesto 2027, Pullaro marcó dos cosas. "Como gobernador siempre me vieron defender a la provincia de Santa Fe y cuando tuve que ponerme frente del Gobierno nacional para defender a la provincia de Santa Fe, siempre lo hice. Cuando tuve que acompañar políticas públicas que entendía que eran correctas, también lo hice: como es la baja de la inflación, como es haber terminado con el déficit fiscal y como es haber ordenado muchas variables macroeconómicas en una Argentina que parecía que no tenía destino con el kirchnerismo. Ahora bien, a la gente le cuesta llegar a fin de mes y nosotros tenemos que trabajar para que la gente pueda estar mejor. La provincia de Santa Fe es una de las que más le aporta al Estado nacional y necesitamos que parte de lo que le aportamos al Estado nacional pueda volver en mejor infraestructura, en mejores rutas, en mejor energía, es decir, tengamos una mejor matriz eléctrica y de gasoductos para poder lograr producir más barato y desde ese lugar poder generar empleo, que es lo que hace falta hoy a la República Argentina".

Prometió que el gobierno y los legisladores "van a trabajar para cuidar a la industria, vamos a trabajar en Santa Fe para cuidar al campo y vamos a trabajar en Santa Fe también para defender a la educación pública, porque somos producto del sistema universitario argentino que se basa en la educación pública".

Hubo 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial para la subasta. No todos se hicieron presentes en la Belgrano a la hora del remate. El secretario del Colegio de Martilleros, Pedro Búsico, recordó antes de poner en marcha la subasta las reglas del juego. Cajas habilitadas para que cada comprador deposite el 10% del valor en Aprad y otro 10% de comisión del martillero. También aclaró que el que desista de la compra una vez bajado el martillo es pasible de multas establecidas por ley.

La mayoría de los anotados son oriundos de la provincia: 7.139 que llegaron de varias localidades.

El resto son 565, a Entre Ríos; 519, a Buenos Aires; 214, a Córdoba; 79, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37, a Chaco; 32, a Corrientes; 30, a Misiones; 25, a Neuquén; 23, a La Pampa; 19, a Santiago del Estero; 14, a Mendoza; 13, a San Luis; 12, a Catamarca y otras 12, a Salta; 11, a Tucumán; 10, a Formosa; 9, a Jujuy; 7, a San Juan y otros 7, a Tierra del Fuego; 6, a Chubut; 5, a Santa Cruz y otros 5, a Río Negro; y 3, a La Rioja.

"Para la gente es, en algún caso, hacer un buen negocio o conseguir algún vehículo que estaba esperando o estaba teniendo ganas de tener por un precio menor a lo que saldría en el precio del mercado. Para nosotros es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y contra la impunidad". La frase la pronunció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, minutos antes de iniciarse el nuevo remate de bienes decomisados al delito en una colmada Estación Belgrano.

Es el sexto remate de este tipo que concreta la actual administración provincial, la tercera en llevarlos adelante aunque nunca antes con tanta peridiocidad. Nunca como en esta ocasión hubo tantos inscriptos e incluso de todas las provincias. De los casi 9 mil anotados, más de 4 mil estaban sentados cuando se remató el primer vehículo, una Ford Ranger 4x4. A esa hora, había cola para ingresar a la Belgrano de los anotados.

Los oferentes o posibles compradores eran requisados de armas, pasaban por mesa de entradas y se retiraban con el cartel con el número de inscripción que les sirvió para pujar. Ingreso ordenado, en algunos casos de grupos, otros en pareja y hasta algunos que chicos; muchos con termo y mate para pasar la tarde.

Pullaro llegó un rato antes del inicio del remate a la Belgrano con el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza y la vocera, Virginia Coudannes. Ya estaba en la Belgrano el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido y enseguida se sumó el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

El gobernador se detuvo a observar coches y motos que estaban exhibidas en la Belgrano y saludó a muchos de los posibles compradores que en muchos casos le pidieron fotos.

"Estos remates empezaron cuando yo era ministro de Seguridad y Matías (Figueroa Escauriza) estaba en el Ministerio de Justicia", recordó Pullaro ante los periodistas. Eran tiempos de Miguel Lifschitz gobernador. La Ley N° 13579 que habilita los remates de bienes incautados al delito y crea la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) como ente autárquico dentro del Ministerio de Justicia se dictó en septiembre de 2016 durante la gestión de Antonio Bonfatti.

"Para nosotros son muy importante estos remates porque es un mensaje muy fuerte que da el Estado contra la impunidad. El Estado lleva adelante investigaciones en casos complejas, detiene a los delincuentes, en muchos casos delincuentes violentos, los mete presos, en muchos casos los aísla, también. Esto es una demostración de fuerza y de poder del Estado: que los bienes por los cuales cometieron diferentes tipos de delitos hoy son subastados a la gente", explicó el gobernador.

Destacó que "la subasta fue ganando confianza en la sociedad" y remarcó que era el remate que más inscriptos tuvo y de todas las provincias. "Al principio había un poco de dudas de si los vehículos se iban a poder utilizar, si alguno iba a poder tener un problema. Eso se explicó y quedó saldado. Nadie tuvo problemas y hoy en día hay mucha expectativa. Para la gente es, en algún caso, hacer un buen negocio o conseguir algún vehículo que estaba teniendo ganas de tener por un precio menor, en principio, a lo que saldría en el precio del mercado. Para nosotros es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y contra la impunidad".

Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene el sistema y en el Congreso todavía no se ha dictado una ley en este sentido. "El Estado va a seguir avanzando contra aquellos que cometen delitos. Esta es una provincia que estuvo muy golpeada por el delito y muy golpeada por la violencia. Gracias a Dios hemos contenido la violencia y hemos bajado de manera contundente el delito en la provincia, pero hay que seguir avanzando. Esto significa que la gente tiene mucha expectativa en esto, pero también tiene confianza en el Estado".

El gobernador destacó que estaba presente el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi quien vino a recabar experiencia así como funcionarios de otras provincias. Pullaro recordó que antes del dictado de la Ley N° 13.579, los vehículos decomisados quedaban por los siglos de los siglos tirados en las comisarías o en depósitos judiciales y después se terminaban compactando.

Entonces comparó con lo que ocurre hoy. "Primero damos un mensaje muy fuerte a las organizaciones criminales: el objeto de esas organizaciones es comprar estos bienes; aquí el Estado se los saca y los subasta. Y en segundo término, esos recursos que se juntan en esta subasta van o a víctimas que sufrieron algún delito —y ahí está el resarcimiento que hace el Estado— o, en muchos casos van a asociaciones civiles para hacer el bien. Una acción negativa o a través del mal de haber cometido un delito va y se utiliza para hacer una acción positiva, que es para construir mayor ciudadanía".

"La ley de extinción de dominio es fundamental porque sacarle los recursos a las organizaciones criminales, ponerlos a disposición de la gente, pero fundamentalmente desfinanciar a las organizaciones criminales es golpearles en el corazón. Si a una organización criminal le dejás los recursos, tienen para pagar los mejores abogados y los mejores contadores. Y es posible que tengan menores penas si eso es así, porque tienen hasta la capacidad de corromper. Aquí lo que sucede es que bien que se utilizó para cometer un delito o que es producto de un delito, como puede ser el lavado de activos, el Estado santafesino lo incauta y lo subasta, pero lo subasta inmediatamente".

El remate se inició con una camioneta Ford Ranger, 4x4, modelo 2020 con una base de $10 millones que el rematador bajó el martillo en $40 millones.

Los lotes a rematar fueron 224: había 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y 10 máquinas arcade retro para restaurar.

En la apertura del remate estuvo Pullaro quien junto a Figueroa Escauriza pusieron en marcha el acto. En la platea hubo varios ministros como Fabián Bastia (Gobierno); Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano); Susana Rueda (Cultura) o secretarios de Estado como Emilio Jatón (Derechos Humanos). Entre los diputados se los vio a Rubén Galassi y a José Corral.

En tanto, el intendente Juan Pablo Poletti también estuvo en la Belgrano con varios concejales. En primera fila además estuvo el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe escucharon una serie de objeciones a tres mensajes sobre seguridad que remitió el Poder Ejecutivo para el análisis legislativo.

Las acotaciones las realizó la Corte Suprema de Justicia al mensaje titulado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública advirtiendo sobre el intento de otorgar facultades excesivas a la institución policial y los riesgos de algunas figuras que prevé el mensaje del Poder Ejecutivo.

Los diputados escucharon en primer término a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron aceptar la invitación y encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez, asistieron en forma completa. Daniel Erbetta y Jorge Baclini fueron los encargados de desmenuzar los alcances del mensaje oficial y marcar diferencias mientras que Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron haciendo señalamientos parciales ante determinados puntos.

Luego, pasaron por la Comisión dos representantes del Ministerio Público de la Acusación: la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.

Finalmente fue el turno de la Defensa Pública donde asistió su titular, Estrella Moreno Robinson y el secretario general, Franco Gatti. Ellos sí dieron respaldo al mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo.

"Marcamos diferencias sobre la base de tratar de respetar un esquema que es el que se sancionó con el Código Procesal Penal, luego con las modificaciones realizadas durante el gobierno de Hermes Binner y que es el único modelo que acepta la Constitución nacional y provincial: es un sistema acusatorio que básicamente se estructura sobre la base de que los fiscales son parte, a ellos les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requiere de un control jurisdiccional. O sea, esa es la función de los jueces", señaló Erbetta al retirarse de la reunión junto a sus pares.

"Vemos en el proyecto que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con los estándares internacionales. El otro planteo tiene que ver con la necesidad. No sé hasta qué punto es necesario este tipo de modificaciones. Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. En la reunión di un dato muy contundente y es que desde que está vigente el sistema acusatorio, se triplicó la tasa de encierro en Santa Fe", resumió el ministro rosarino.

La reunión de la comisión transitó por un clima de mucho respeto y de algunas preguntas aclaratorias de los diputados. La Corte se encargó de marcar diferencias en la voz de Erbetta con algunas acotaciones parciales de Baclini. El único capítulo que no mereció reproches es el vinculado al tema de recompensas. Allí la justicialista Lucila De Ponti preguntó por el control de ese instituto y fue Gutiérrez quien marcó el rol de los jueces en todo el sistema.

Hubo interesantes acotaciones sobre figuras como medidas privativas de la libertad, la reclusión agravada o de prevención del delito. "Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades" marcó Gutiérrez en dos oportunidades. El actual presidente consideró que las restricciones a la libertad no pueden estar en manos del Servicio Penitenciario. Baclini consideró no correcto dejar medidas restrictivas de la libertad sin plazos.

Erbetta también se dedicó especialmente a cuestionar los alcances de la figura de áreas geográficas o áreas de intervención que propone el mensaje del Ejecutivo.

Ya sobre el final del tema, fue Falistocco quien pidió la palabra para marcar la baja del delito pero se encargó de destacar que "el pedido de mayores facultades debería estar acompañado de datos que informen correctamente el porqué darle más facultades a una institución". Más adelante se preguntó "qué ha cambiado para dar mayores facultades".

Después, Baclini hizo algunas observaciones sobre el mensaje -ya votado por el Senado- para intervenir en los dispositivos móviles.

Cuando se retiró la Corte hubo saludos y diálogos entre ministros y legisladores mientras se acercaban al recinto las autoridades del Ministerio Público. Molezniek y Cerliani evitaron opinar sobre medidas que tienen que ver con seguridad pública y no le competen al MPA. Además pidieron algunas modificaciones en normas.

Martín Rosúa y Lionealla Cattalini encabezaron la reunión plenaria con la Corte y con los representantes de los Ministerios Públicos. En la primera parte los acompañó la presidenta de la Cámara, Clara García, quien luego se retiró para asistir al encuentro interministerial que encabezaba el gobernador Maximiliano Pullaro en ATE-Casa España.

Las comisiones de Seguridad Pública que preside Martín Rosúa (UCR) y de Asuntos Constitucionales a cargo de Lionella Cattalini (PS) volverán a tener un plenario en los próximos días y citarán a los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas, abogados penalistas para analizar estos temas.

Luego, ya en noviembre será el momento de buscar el acuerdo interno entre los bloques de Unidos para llevar el tema al recinto. "No hubo sorpresas en la reunión. Muchas de las advertencias que hizo la Corte las fuimos ya discutiendo internamente y quitando del texto", dijo un diputado radical que trabaja sobre la temática.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe resolvió postergar hasta el 25 de noviembre la realización de la prueba de oposición en el marco del concurso para la cobertura de cargos de ocho jueces de Primera Instancia de Distrito del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.

La decisión adoptada por el titular del órgano, Santiago Mascheroni, estira en 40 días la instancia clave del concurso y tiene como fundamento la reciente sanción por parte de la Cámara de Diputados de la ley sobre el proceso en lo Contencioso Administrativo.

La prueba iba a realizarse el jueves venidero, desde las 9, en el edificio de la Secretaría Electoral de la provincia.

En el Consejo son 88 los postulantes admitidos para el concurso mientras que otros 5 fueron admitidos en forma condicional por no haber cumplido algunos de los requisitos exigidos en el decreto de convocatoria al concurso.

Mascheroni explicó que la causa que determinó postergar la prueba es la necesidad de que los postulantes estudien los alcances de la Ley N° 14.488, sancionada el jueves pasado por la Legislatura e inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo. "No podemos tomar el examen el 15 de octubre sin tomar en cuenta la nueva legislación" dijo el funcionario.

"Los postulantes deben tener idea clara y acabada de los alcances de la nueva norma y por eso establecimientos la prórroga" añadió el funcionario.

El Consejo de la Magistratura notificará, vía correo electrónico, a los postulantes con las razones de la postergación y la nueva fecha en que deberán presentarse al examen.

Los miembros titulares integrantes del cuerpo evaluador son Emilio Aragón por el Colegio de Magistrados; Justo José Reyna por los académicos y Analía Antik por los colegios de abogados.

Para la prueba de noviembre está previsto que el cuerpo evaluador suministrará tres casos prácticos, los que serán entregados en sobre cerrado 48 horas antes de la realización de la prueba. El día de la prueba de oposición se sorteará el caso para su resolución por parte de los postulantes presentes.

El Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe fue creado mediante la Ley Nº 14.439 y tiene como objetivo modernizar y agilizar los procesos judiciales en los que el Estado es parte. Hasta hoy existen dos cámaras en el fuero (una en Rosario y otra en Santa Fe).

La decisión de crear el Colegio partió del Poder Ejecutivo y fue respaldada por la Legislatura. El objetivo es reorganizar el fuero contencioso administrativo para resolver con mayor agilidad, transparencia y herramientas digitales los conflictos entre los ciudadanos y el Estado ya sea provincial o municipal.

El Colegio de Jueces estará integrado por jueces especializados con competencia en todo el territorio provincial, divididos en ocho cargos para Primera Instancia de Distrito y quedando cuatro cargos para la segunda instancia que son los que hoy son titulares en las actuales cámaras.

Los jueces entenderán en demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, impugnación de actos administrativos, contratos, expropiaciones, servicios públicos y acciones de amparo vinculadas a la materia.

La Legislatura sancionó además el nuevo Código para el fuero y adhirió a la norma nacional sobre responsabilidad del Estado. La semana pasada dictó la ley del proceso en el ámbito que el Ejecutivo promulgó en forma inmediata.

La Ley N° 14.488 entrará en vigencia "una vez que se hallen en funcionamiento los nuevos órganos jurisdiccionales competentes en materia contencioso administrativa y en el plazo máximo de ciento ochenta días. El Poder Ejecutivo en acuerdo con la Corte Suprema de Justicia dispondrá la fecha exacta de entrada en vigencia", según dispone la ley.

Con la nueva fecha del examen, el concurso terminaría sobre fines del año y la lista de candidatos a ocupar los ocho cargos recién podrá ser enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura a principios del año venidero.

A partir de enero de 2028, uno de los jueces de primera instancia del Contencioso Administrativo tendrá a su cargo la competencia en materia electoral que hasta esa fecha estará reservada al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Jueces de ese fuero tendrán la primera y segunda instancia en materia electoral de esa fecha de acuerdo a lo que dispuso el flamante Código Electoral de la provincia.

En la reforma de la Constitución sancionada el año pasado, una cláusula transitoria dispuso que "hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución".

Así los comicios provinciales y municipales del año próximo tendrá como autoridad el Tribunal Electoral presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia (será elegido en noviembre) más dos jueces de cámara surgidos del sorteo entre quienes ocupan cargos de camaristas de Santa Fe y de Rosario.

La diputada socialista Lionella Cattalini ingresó un proyecto de ley para regular uno de los institutos claves previstos por la reformada Constitución de Santa Fe, como es el Tribunal de Enjuiciamiento para jueces, fiscales y defensores del Ministerio Público.

La decisión, una vez sancionada, quitará a la Legislatura el control de la conducta de fiscales y defensores.

Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara y hoy vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, presentó el proyecto sobre una temática que también viene siendo analizada por el Poder Ejecutivo pero que hasta el momento no remitió el mensaje a las cámaras.

"Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, procuradores, fiscales y defensores, los mismos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa actualmente en vigor", destaca la cláusula transitoria número 12 de la Constitución.

La reforma trajo consigo la manda de reglar tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público para escoger los futuros integrantes del Poder Judicial.

En el Poder Ejecutivo se trabaja en definir los alcances de ambos institutos pero Cattalini resolvió avanzar con el proyecto propio sobre uno de ellos, no sin antes dar cuenta a la Casa Gris de su decisión.

"Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes", sostuvo la socialista.

La reforma de la Constitución, entre otras cosas, redefinió el régimen de enjuiciamiento de magistrados, procuradores, fiscales y defensores y dispuso la necesidad de crear un nuevo jurado para juzgar jueces, fiscales y defensores por faltas graves o delitos dolosos. Hoy los magistrados son sometidos a Jury que integran la Corte, un legislador por cámara y dos abogados. Fiscales y defensores son investigados por la Comisión de Acuerdos de Legislatura que luego eleva las actuaciones al pleno de las dos cámaras.

El proyecto de Cattalini apunta a reglamentar lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Constitución, que crean el Jurado de Enjuiciamiento, establece las causales de remoción, fija los principios que deben regir el procedimiento y remite a la ley la regulación de su integración, funcionamiento y del órgano encargado de ejercer la acusación.

"Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales y defensores, en manos de la Legislatura. Esta ley es la herramienta necesaria para hacerlo realidad", explicó.

El proyecto socialista prevé que el nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras y con representación de las minorías y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.

"Durante la reforma constitucional discutimos cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia. También planteamos que quienes tienen responsabilidades judiciales deben contar con mecanismos claros para ser controlados y rendir cuentas. En el enjuiciamiento, eso implica dejar atrás la lógica corporativa y establecer reglas comunes para jueces, fiscales y defensores", sostuvo Cattalini.

La diputada destacó el alcance del cambio que propone la iniciativa: "Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas".

La legisladora socialista remarcó que el desafío ahora es avanzar con el debate legislativo: "La nueva Constitución ya definió el camino y ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad. Por eso es importante que este proyecto sea debatido en la Legislatura, con todos los aportes necesarios, para que Santa Fe tenga un sistema de enjuiciamiento moderno, transparente y con reglas claras".

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un pedido de informes presentado por los justicialistas Marcos Corach y Lucila De Ponti a los efectos de saber los criterios de la Empresa Provincial de Energía para derivar a ejecutores fiscales el cobro de deudas de usuarios residenciales por consumos eléctricos.

"Motiva el proyecto nuestra profunda preocupación al tomar conocimiento de situaciones que denotan una grave desproporción en la política de recupero de acreencias por parte de la EPE. Esta situación se materializa en el inicio de juicios ejecutivos y la posterior traba de embargos sobre sueldos de trabajadores en relación de dependencia por sumas millonarias", explicaron los autores.

"Vemos la necesidad imperiosa de contrastar el rigor procesal aplicado contra trabajadores individuales frente a las facilidades o esquemas de regularización que pudieran estar otorgándose a grandes consumidores y deudores corporativos. A su vez, es vital constatar el crecimiento efectivo de los niveles de mora general como correlato de los ajustes en el cuadro tarifario provincial", acotaron.

El primer punto del pedido es para que se informe cuál es el protocolo o criterio normativo interno que define el pase a cobro judicial de acreencias de usuarios residenciales, detallando a partir de cuántos períodos impagos o qué montos adeudados se autoriza el inicio de este tipo de ejecuciones.

Desde el 13 de mayo al 30 de septiembre, 27.350 estatales de Santa Fe adhirieron al llamado Plan de Protección de los Ingresos para agentes (tanto activos como pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo. La adhesión al programa hizo que esos agentes vieran reducidos sus descuentos al 25% pero también les vedó la posibilidad de acceder a nuevos créditos de parte de entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por el gobierno santafesino.

Son 19.050 empleados provinciales y 8.300 jubilados provinciales los incluidos desde mayo en la medida que redujo los descuentos por Códigos de Descuentos al nuevo límite del 25%, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Economía consultadas por El Litoral.

El gobierno provincial dictó en mayo de este año el decreto con el plan de protección de los ingresos, anticipándose a medidas de similar tenor adoptadas por otras provincias ante los altos niveles de deudas tomadas por agentes estatales mediante mutuales y otras entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por los gobiernos.

Tal como preveía la medida adoptada por el Gobierno Provincial, a esos 27.350 agentes se les suspendió la posibilidad de tomar nuevos préstamos por Códigos de Descuento y se les otorgó la asistencia transitoria reembolsable del Estado Provincial que preveía el decreto.

Desde mayo a septiembre, de este colectivo ya en unos 8.900 empleados provinciales y 1.750 jubilados provinciales el porcentaje de descuento por préstamos se redujo por debajo del 25% y empezaron a devolver los anticipos tránsitos recibidos en meses anteriores.

Por otra parte, unos 4.470 empleados provinciales y jubilados provinciales recurrieron a las líneas de refinanciación que creó el Banco de Santa Fe para precancelar deudas.

El plan de desendeudamiento provincial es una medida orientada a unificar y refinanciar deudas de trabajadores y jubilados para aliviar la carga financiera sobre el salario.

Entre los ejes del programa establece un límite estricto para que la suma total de las cuotas por deudas contraídas no supere el 25% del haber neto mensual. Ese 25% se computa únicamente sobre el sueldo base neto mientras que quedan protegidos y fuera del cálculo del tope el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), asignaciones familiares, pagos extraordinarios y montos retroactivos.

El plan está dirigido a empleados públicos provinciales (activos y pasivos/jubilados), empleados del sector privado, trabajadores independientes/autónomos y agentes municipales.

Además permite consolidar pasivos vigentes con entidades bancarias, financieras, mutuales, cooperativas y asociaciones civiles.

En los considerandos del decreto de mayo, el Poder Ejecutivo entiende que la protección de los salarios representa un desafío importante "en este contexto de sostenimiento de tasas de interés elevadas en términos reales, configurando un desafío adicional para nuestra región, en la medida en que encarece el crédito, desalienta la inversión productiva y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica, y agravando el deterioro del poder adquisitivo de las familias".

Allí advertía que en Santa Fe, "el propio sistema de prestación de servicios a terceros mediante código de descuentos refleja el alto nivel de toma de préstamos de consumo por parte de los agentes públicos". En ese marco, el Poder Ejecutivo anunció el programa de protección de ingresos "con el objetivo central de contribuir a mejorar el ingreso disponible de cada trabajador, aliviando la carga de descuentos en la remuneración a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock".

Además, en el decreto el Poder Ejecutivo autorizó al Ministro de Economía a suscribir convenios con el Agente Financiero de la Provincia y otras entidades a implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las del mercado destinadas a precancelar deudas por parte de agentes del Estado Provincial, jubilados provinciales, empleados municipales, trabajadores del sector privado y trabajadores Independientes.

La Cámara de Diputados de Santa Fe no aceptó los cambios introducidos por el Senado y sancionó el mensaje del Poder Ejecutivo que regula el procedimiento en el fuero Contencioso Administrativo. La nueva ley, considerada de suma importancia por la Casa Gris, se suma al Código en ese fuero, a la ley sobre el colegio de jueces y la norma sobre responsabilidad estatal.

"Santa Fe pasa a tener en este fuero la ley más moderna y que actuará como ordenador de gran parte de los juicios contra el Estado", dijo un vocero del oficialismo en los pasillos de la Legislatura.

El Poder Ejecutivo mandó en noviembre del año pasado el mensaje. "El proyecto de modificación del régimen procesal en lo Contencioso Administrativo tiene como objetivo primordial establecer un proceso moderno, alineado con estándares procesales actuales que incorporen las pautas derivadas de la Constitución provincial reformada y de los instrumentos internacionales de derechos humanos constitucionalizados, así como los aspectos más valiosos y útiles de la jurisprudencia de la Corte federal, de la Corte local, y de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo de la Provincia", señalaba el proyecto en sus fundamentos.

La Cámara de Diputados aprobó en mayo último, con modificaciones y por unanimidad el proyecto. El Senado practicó modificaciones y lo votó el 1 de junio, también por unanimidad. Ayer, la Cámara Baja -con dictamen de comisión- y después de cuatro meses sancionó la norma. Esta vez con el voto negativo de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía.

En tanto, el Consejo de la Magistratura avanza en el concurso para seleccionar los candidatos a jueces de primera instancia que serán los encargados de tramitar las causas donde esté involucrado el estado provincial o municipal e incluso los accidentes de tránsito cuando tengan como protagonistas a vehículos oficiales como móviles policiales o ambulancias.

Corresponde a los jueces en lo Contencioso Administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan por la actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas de los órganos de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados en el ejercicio de funciones administrativas; y, las personas de derecho público de carácter no estatal u otras personas que tengan delegadas potestades administrativas, cuando se encuentren en ejercicio de las mismas.

El artículo 2 agrega que "para la determinación de la competencia material, prevalece la naturaleza de la función ejercida por sobre la forma jurídica adoptada".

El nuevo procedimiento reemplaza a decretos que sobre la materia se fueron dictando en los últimos años.

En el artículo 3 se detallan las controversias en que los jueces son competentes para entender. Menciona las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de alcance individual o general; las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo; las que tengan como parte a personas de derecho público de carácter no estatal, cuando actúen en el ejercicio de competencias regidas por el derecho administrativo.

También las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita o inactividad ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados; las relativas a actos dictados en ejercicio de potestades tributarias provinciales o municipales y sus accesorios, como así también las demandas de repetición vinculadas; las vinculadas con contratos administrativos y a aquellos parcialmente regidos por el derecho administrativo, cualquiera sea su denominación.

Además las que promuevan las personas de derecho público de carácter estatal regidas por el derecho administrativo; las que se planteen con el objeto de obtener la anulación de actos declarados lesivos por el Estado; las acciones de amparos individuales o colectivas, las acciones de clase y las acciones de habeas data cuando versen sobre la materia contencioso administrativa; las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones, y; las vinculadas a la revisión de los actos del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Otro artículo detalla las controversias en las que no son competentes los jueces del fuero.

La ley entrará en vigencia una vez que se hallen en funcionamiento los nuevos órganos jurisdiccionales competentes en materia contencioso administrativa y en el plazo máximo de ciento ochenta días. El Consejo de la Magistratura ya tiene en marcha el concurso respetivo.

El Poder Ejecutivo, en acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, dispondrá la fecha exacta de entrada en vigencia.

La norma sancionada por Legislatura y girada al Poder Ejecutivo tiene 47 artículos con las modificaciones al trámite procesal contencioso administrativo, derogando el régimen de la ley 11.330 actualmente vigente; y amplia la competencia material de los órganos jurisdiccionales en el fuero. "La reforma propuesta dotará a la Provincia de un proceso contencioso administrativo más ágil, efectivo y acorde con los principios constitucionales y los estándares modernos de tutela judicial", dice los fundamentos del Ejecutivo aceptados por la Legislatura.

La sesión de la Cámara de Diputados fue presidida por el radical José Corral debido a que la titular del cuerpo, la socialista Clara García, viajó a Brasil invitada como observadora de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Es la primera vez en la actual etapa institucional que Corral presidió toda la sesión. Lo había hecho en tramos de otras sesiones debido a que García debió retirarse antes o bien ausentarse por minutos de la sesión.

En esta ocasión, fue asistido por los dos secretarios de la Cámara: María Paula Salari, la Parlamentaria, y Luciano Mohamad, el Administrativo. También fue el debut de Mohamad en el estrado. Debió ocupar la silla debido a que el subsecretario Parlamentario, Jeremías Bastia, fue sometido a una operación quirúrgica.

Son 93 los abogados inscriptos, en el Consejo de la Magistratura, para participar del concurso para la cobertura de 8 cargos de Jueces de Primera Instancia de Distrito del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.

La presidencia del Consejo de la Magistratura convocó a los postulantes admitidos a rendir el examen escrito para el 15 de octubre, a las 9, en dependencias del Tribunal Electoral.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dispuso que todas las personas que se desempeñen en la función pública, en su ámbito, deberán realizar la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas. La decisión comprende a todos los niveles, jerarquías, cargos o modalidad de contratación.

"Quedan expresamente comprendidos los agentes de la administración pública central, organismos descentralizados, entes autárquicos, instituciones de la seguridad social, fuerzas de seguridad provinciales, empresas y sociedades del Estado, o sociedades con participación estatal mayoritaria".

Así lo establece la reglamentación a la ley santafesina N° 14.255, norma que dispuso adherir a una nacional, la Ley N° 27.671. En ella "establéce la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la "Cuestión de las Islas Malvinas" para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".

La ley marca que se entiende como la Cuestión de las Islas Malvinas a la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino, que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Congreso sancionó esa norma en julio de 2022. La adhesión santafesina llegó en marzo de 2024 por medio de la Ley que lleva el número 14.255. Ahora, dos años y medio después, el Poder Ejecutivo reglamentó la aplicación.

"La capacitación será de carácter obligatoria, continua y su contenido se irá actualizando a los nuevos estándares y principios que rijan en la materia" dispone el decreto.

Acota que "en atención a los principios rectores emanados del Artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, asistirá a la Secretaría de Relaciones Internacionales y a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, a los fines de posibilitar que las mismas adapten los contenidos y modos de las capacitaciones en todo cuanto fuera necesario para su dictado".

En el decreto se dispone que la acreditación de la capacitación obligatoria, "constituye un requisito vinculante para promociones, ascensos, postulación a concursos de la carrera administrativa, asignación de subrogancias y/o procesos de titularización".

La capacitación tendrá una duración de 20 horas distribuidas en cuatro semanas de trabajo con modalidad virtual, continua, autogestionada y asincrónica en la plataforma oficial de la Provincia que se disponga a tal efecto.

La carga horaria que exige la capacitación para los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo, será computada como parte de la jornada horaria en la organización donde presta servicios. Además, otorgará una certificación oficial individual, desde la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, a cada agente que apruebe la capacitación obligatoria, como así también en las actualizaciones a la capacitación que se vayan estableciendo.

En forma periódica, la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, informará a las áreas de recursos humanos las personas que acrediten la certificación del curso, de manera tal de que las mismas puedan determinar aquellas personas que aún no han cumplimentado.

La Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno es el responsable principal de la implementación de la Ley "Cuestión de las Islas Malvinas".

A tal fin deberá elaborar y aprobar los contenidos mínimos obligatorios del programa formativo, considerando los lineamientos de la Ley Nacional y otros de perspectiva provincial. Deberá contener antecedentes históricos, geográficos y fundamentos jurídicos de los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Marcos constitucionales nacional y provincial; resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales.

También la perspectiva geopolítica, estratégica y recursos naturales en el Atlántico Sur; Memoria, identidad, reconocimiento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, y la Cuestión Malvinas como causa nacional y regional.

La secretaría deberá además coordinar la ejecución material de la propuesta formativa, fijar los mecanismos de actualización periódica y continua de las temáticas abordadas y establecer, a los fines de la homologación de contenidos, un procedimiento formal de evaluación de trayectos formativos afines previos, dictados por universidades, institutos u otros Poderes del Estado.

El decreto reglamentario, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Fabián Bastía y Pablo Olivares, invita a los Poderes Legislativo, Judicial y demás órganos constitucionales, como así también a los gobiernos locales de la provincia a adherir a las previsiones dispuestas y coordinar los mecanismos de capacitación con la secretaría de Relaciones Internacionales.

La ley santafesina declara obligatoria la capacitación en los tres poderes del Estado y será la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de la justicia, y las autoridades de las dos cámaras, en el ámbito legislativo, los encargados de disponer cómo se hará la misión en esos cuerpos del estado.

La nueva Constitución de Santa Fe, sancionada y jurada en septiembre del año pasado, incluyó una cláusula sobre Malvinas, uno de los pocos artículos votados por unanimidad.

Es el artículo 4 que dice que "la Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y su plataforma continental, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de esos territorios, la restitución de la integridad territorial, el ejercicio pleno de la soberanía y el respeto del modo de vida de sus habitantes, conforme a los principios del derecho internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables".

Agrega que "la Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra y políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa".

Cabe acotar que este artículo fue incluido y aprobados después de la sanción de la ley sobre formación continúa en la Cuestión Malvinas.

El justicialista Walter Agosto ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Santa Fe destinado a conocer las cifras de los déficits previsionales correspondientes a los años 2024, 2025 y enero/agosto del corriente año.

"La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe elaboraba y presentaba un informe periódico sobre la situación y evolución del sistema previsional provincial, con series históricas desde el año 2003. Esa información se venía exponiendo hasta diciembre de 2023, y contar nuevamente con ella para los años 2024 y 2025 y lo transcurrido de 2026 resulta indispensable para analizar la situación financiera y presupuestaria del organismo", señaló Agosto en sus fundamentos.

Recordó que el 12 de septiembre de 2024, la Legislatura sancionó la Ley N.º 14.283, que declaró la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios de la Provincia por el término de dos años, prorrogable por un año más a instancia del Poder Ejecutivo si subsisten las condiciones de falta de sustentabilidad que la motivaron.

Entre otras medidas, la ley estableció aportes solidarios a cargo de los beneficiarios y de determinado personal en actividad, modificó la escala de aportes del personal en actividad, el cálculo y la movilidad de los haberes y los requisitos de edad y servicios para acceder al beneficio, y creó una Comisión Técnica de Control y Seguimiento de la Emergencia Previsional.

"El período que abarca este pedido coincide con la vigencia de la emergencia, y contar con información actualizada permitiría evaluar los resultados de las medidas adoptadas y la situación del sistema ante el vencimiento del plazo de dos años", explicó el legislador a El Litoral.

Para Agosto, conocer el déficit anual del sistema previsional permite dimensionar la brecha entre los recursos y los gastos previsionales, que debe ser financiada con otros recursos de la Provincia.

"Su relación con los ingresos y con los gastos previsionales muestra en qué medida el sistema se sostiene con recursos propios, y su relación con el gasto total del Presupuesto Provincial revela el peso que el déficit tiene sobre las cuentas públicas. Estos datos son un insumo básico para analizar el presupuesto, evaluar la sostenibilidad fiscal y anticipar las necesidades de financiamiento de la Provincia y, en el marco de la emergencia declarada por la Ley N.º 14.283, permiten verificar en qué medida los aportes solidarios y las nuevas escalas de aportes incidieron en la brecha entre recursos y gastos".

Precisó que la relación activo-pasivo o tasa de sostenimiento indica cuántos aportantes activos hay por cada beneficiario pasivo, y es uno de los principales indicadores de la sustentabilidad de un régimen de reparto.

"Su evolución permite advertir si la carga sobre quienes aportan crece o disminuye, aporta elementos para evaluar medidas de política previsional y de empleo, y permite analizar el efecto de los cambios en los requisitos de edad y servicios introducidos por la Ley N.º 14.283".

Por último, la cantidad de resoluciones firmadas por año y de expedientes en trámite permite medir la capacidad de respuesta de la Caja y detectar demoras en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, que afectan directamente a personas que dependen de esos beneficios para su sustento.

"Ello cobra especial relevancia porque la Ley N.º 14.283 reguló los trámites en curso al momento de su publicación, fijando a la Caja un plazo de 90 días hábiles para resolver los que aguardaban la notificación de cumplimiento de requisitos, y dispuso la implementación de un nuevo procedimiento administrativo para la obtención de los beneficios".

La Cámara de Diputados de Santa Fe volverá a sesionar este jueves con varios proyectos con tratamiento preferencial y solicitudes sobre tablas pero, en la previa, convocó a dos plenarios de comisiones para analizar proyectos que el interbloque de Unidos resolvió acelerar en el tratamiento.

Se trata del mensaje del Poder Ejecutivo titulado "herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública" y, una iniciativa ya votada por el Senado por el cual se regulan los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.

Para ambos temas, la Comisión de Asuntos Constitucionales citó a reuniones plenarias este jueves. La primera será con la Comisión de Seguridad Pública para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo. Para el segundo tema, el plenario será entre Constitucionales y Derechos y Garantías.

Voceros parlamentarios de Unidos dijeron que habrá nuevas conversaciones entre socialistas y radicales este miércoles sobre ambos temas buscando un texto que sintetice las posturas de los sectores mayoritarios del oficialismo.

Las herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública es un mensaje remitido en mayo último por el Poder Ejecutivo. La propuesta modifica varias leyes vigentes "con el común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta".

Las normas a reformar son el régimen procesal penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, "ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho", señala el mensaje en sus fundamentos.

El extenso proyecto del Poder Ejecutivo generó discusiones internas en el oficialismo. La comisión de Seguridad Pública presidida por el radical Martín Rosúa empezó el análisis y las consultas con los distintos sectores. La decisión es avanzar en temas que no generen controversias ni en el oficialismo ni en bloques de la oposición. Para mañana se esperan reuniones bilaterales entre socialistas y radicales para pulir el texto.

Es poco probable que el tema llegue al recinto este jueves, pero el objetivo central es tener fecha cierta de tratamiento en el mes de octubre. El proyecto introduce herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa.

Uno de los temas que genera mayores dudas es la restitución de la figura de la declaración informativa en sede policial, pensada para los primeros momentos investigativos. Además pretende habilitar el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

El otro proyecto en cuestión se deriva de la reciente reforma constitucional ya que apunta a regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.

El proyecto es del senador por La Capital, el socialista Julio Francisco Garibaldi y fue votado por el Senado. Apunta a regular la iniciativa popular; el referéndum; la consulta popular; la revocatoria de mandato; las audiencias públicas; las propuestas ciudadanas; y los desafíos públicos.

Este tema tiene tratamiento preferencial para este jueves y será discutido en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías. En la Cámara de Diputados se resolvió la discusión de la media sanción del Senado con otros cuatro proyectos propios de integrantes del cuerpo.

Uno de ellos fue presentado por la justicialista Lucila De Ponti y gran parte del justicialismo regulando la participación ciudadana. Otro es de la socialista Lionella Cattalini que reglamenta las audiencias públicas. Se agregaron al tratamiento una iniciativa de la socialista Sofía Masutti para crear el Consejo Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo prevé como ámbito institucional permanente de participación ciudadana, consulta y construcción democrática destinado a promover el ejercicio efectivo del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a participar en los asuntos públicos, políticos, programas y decisiones que impacten en sus vidas y comunidades.

La cuarta propuesta también es socialista y la firma Gisel Mahmud. En este caso crea la Asamblea Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia.

La Cámara de Diputados reservó con tratamiento preferencial para esta semana ocho proyectos que requieren los respectivos dictámenes de comisiones.

Se destaca el mensaje del Poder Ejecutivo para definir los alcances del proceso Contencioso Administrativo donde, en principio, la decisión de la Cámara es ratificar lo votado oportunamente, por unanimidad, no haciendo lugar a las reformas introducidas por el Senado.

Otro de los temas con preferencia es del socialista Joaquín Blanco estableciendo la creación de la Tarifa de Movilidad Eléctrica de la EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

En tanto, del diputado Rosúa, reclamando a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que remita información y documentación pública vinculada con la causa judicial individualizada en la nota periodística que refiere a una resolución judicial dictada por la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarronchena, declarando la nulidad de detención e investigación desarrolladas con intervención del sistema Lince.

Más de $14 mil millones en limpieza de canales; trabajos en la mayoría de las cien poblaciones más expuestas al agua; $88 mil millones en obras de defensa; $89 mil millones en obras licitadas y ejecutadas por terceros; $5.174 millones para que comités de cuencas realicen trabajos de protección; otros $6.000 para que municipios hagan lo propio; compra de maquinarias más $19.450 millones en fortalecimiento de caminos y puentes forman parte de las acciones del gobierno santafesino para prevenir los efectos del fenómeno El Niño en el territorio.

Los datos, más mapas y gráficos fueron expuestos por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados que preside el radical Dionisio Scarpin. La actividad fue prácticamente la única que hubo en la semana en la Legislatura, embelesada con los Juegos Suramericanos como gran parte de la población.

Enrico asistió al encuentro acompañado por el secretario general del ministerio, Marcos Renna, y una decena de diputados participaron de la reunión que derivó luego en otros temas referidos a la futura ley de Ordenamiento Territorial así como posibles obras en carpetas.

El ministro desplegó cifras, fundamentos de las erogaciones que se vienen realizando en el territorio pero advirtió que "si llueve mucho vamos a tener problemas en muchas localidades". Cuando se le preguntó sobre cómo se actuará ante estas emergencias, les recordó que "Protección Civil es la primera llegada del Estado" remarcando que la provincia ha trazado una hoja de ruta a seguir.

Fue en ese marco que recordó que el Gran Santa Fe, unas 1900 familias viven en el valle de inundación con todo el riesgo que ello significa. Después reiteró algo que había señalado a El Litoral semanas atrás: más de 250 roturas de la defensa de la ruta 1 provocada por vecinos para ingresar de manera más directa a sus residencias. Es más, dijo que para reparar el terraplén Garello debieron sacar a familias y una de ellas a la que el gobierno le alquiló una propiedad, volvió a usurpar la zona.

Durante la exposición, tanto Enrico como Renna fueron dando detalles de la situación hídrica de la provincia, agregando datos de cómo se hicieron los procesos licitatorios e incluso cómo hubo compulsas de precios y negociaciones con empresas para apurar determinados trabajos por la vulnerabilidad de determinadas localidades o zonas de la provincia. Otro mapa desplegado ante los diputados expone claramente las zonas de la provincia donde se almacerá agua por cuestiones geográficas.

La provincia de Santa Fe tiene una red de canales de 18.500 km donde van desde ríos como el Salado o el Carcarañá hasta cursos más pequeños. Con la provincia dividida en tres partes, la limpieza de canales se está realizando con empresas contratadas. La inversión en la zona norte es de $4.603 millones para abarcar 259 km; en la zona centro, $5.075 para 352 km y en el sur, $ 4.826 millones para reparar 322 km.

Un relevamiento del mapa provincial determinó que son 100 las localidades con mayor riesgo hídrico de las cuales en 90 ya hay trabajos de protección en marcha. Las localidades fueron expuestas y marcadas en un mapa desplegado ante los propios legisladores.

Luego, Enrico se explayó sobre las obras de defensa, también con la provincia dividida en tres partes con millonarias inversiones. En la zona norte, $13.455 millones para proteger a Villa Minetti, Santa Margarita y Villa Minetti. En el centro, $45.126 millones para el Gran Santa Fe, el terraplén Garello, María Susana y la defensa de la ciudad de San Javier. En el sur, $30.400 para el terraplén Melincué, cascada Saladillo y la estación de bombeo de La Picasa.

También la cartera de Obras Públicas hizo convenios con comités de cuenca y municipios para que realicen obras. Otra parte hubo contratación de empresas por $89.000 millones. Con 29 comités de cuenca fueron girados $5.174 millones y a 51 municipios, la suma de $6.086 millones.

El ministro sumó la maquinaria pesada adquirida por el gobierno más un camión para su traslado a las zonas en emergencia. Agregó la compra de bombas y la reparación de las 40 bombas que tiene la municipalidad de Santa Fe para el bombeo.

Por último, dio cuenta de que desde Vialidad se llevan invertidos $19.458 millones para trabajos de estabilizado granular y arenado; alcantarillas y puentes así como alteos.

ATNEl informe de Enrico ante la Comisión de Diputados detalló también el envío de tres Aportes No Reintegrables (ATN) en los últimos meses. Se trata de $2.933 millones con asignaciones específicas como para localidades afectadas por grandes lluvias como Vera, Villa Minetti o María Teresa. Son 14 los municipios que recibieron esos fondos de la Nación.

Vera recibió $638 millones; María Teresa, $530 y Villa Minetti $425 millones, fueron las más beneficiadas tras recibir lluvias con milimetrajes inusuales.

Con BrasilRenna informó que la provincia de Santa Fe está en contacto con autoridades hídricas de Brasil para intentar coordinar acciones ante una crecida importante del Paraná y el compartamiento de las represas hidroeléctricas. Cuando se lo consultó si la tarea era con Nación y otras provincias, el funcionario fue claro: "Santa Fe abrió una negociación con Brasil por el tema aguas".

Acciones definidasEl ministro Enrico y el secretario Renna hablaron de acciones invisibles y de coordinación necesarias para conformar un plan hídrico.

Así marcaron el fortalecimiento de la gobernanza hídrica; también el fortalecimiento de la unidad de atención de procedimientos y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La agenda de la Cámara de Diputados de Santa Fe tiene, entre los proyectos con preferencia, dos temas que ofrecen controversias y cuya definición resolverá el interbloque de Unidos en reunión plenaria, previa a las reuniones de las comisiones centrales del cuerpo: Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Se trata de la norma futura que definirá los alcances del proceso en lo contencioso administrativo y la iniciativa originada en la Mesa del Diálogo para declarar a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

Sobre el procedimiento contencioso la Legislatura discute en base a un mensaje del Poder Ejecutivo. Primero Diputados votó, por unanimidad un texto fruto del trabajo de las comisiones. Luego, el Senado votó otro texto, también por unanimidad. Ahora, la Cámara Baja debe definir si respeta el acuerdo interno que le valió la unanimidad o acepta la reforma del Senado. En el medio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, solicitó se escuche la postura de ese municipio uno de los más implicados en dicho fuero.

Javkin avala el proyecto votado por el Senado y dio explicaciones ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.

La ley de procedimiento completa el cuerpo legal emanado desde el Ejecutivo para darle un nuevo contenido al fuero, especialmente después de la sanción de la reforma de la Constitución. Ya hay Código del fuero, otra ley creó el Colegio de jueces y hasta el viernes inscriben en el Consejo de la Magistratura a los postulantes a ocupar las vacantes. Todas las demandas contra el Estado se tramitarán ante el fuero y de allí la importancia de la norma sobre procedimiento.

En cuanto al proyecto sobre territorio libre de discursos de odios, hay posturas contrarias del bloque Somos Vida que conduce Amalia Granata y de algunos sectores del justicialismo como Miguel Rabbia.

La iniciativa fue presentada por la Mesa del Diálogo en sintonía con la ordenanza ya dictada en el ciudad de Santa Fe. El Senado lo votó en forma inmediata por unanimidad y Unidos le dio dictamen en dos comisiones, en una de ellos acompañados por la justicialista Celia Arena.

La libertaria Silva Malfessi es quien más ha expuesto su rechazo al proyecto y lo vinculó a la posibilidad de que haya censura desde el Estado santafesina al darle herramientas en la ley para que pueda ser sancionado el que opina diferente. Postura similar expresó Rabbia y, en la última sesión de la Cámara, fue Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) la que advirtió sobre lo peligroso de la norma cuando un legislador oficialista refutó su postura sobre temas electorales.

"A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital- que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas", marca el artículo 2 del proyecto.

En el artículo 4 se incluye en el Código de Convivencia el artículo 62 bis con la siguiente redacción: Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio serán reprimidos con una multa de hasta 60 jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos. Para la ejecución de la instrucción o el abordaje, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura o el que en el futuro lo reemplace.

Otros tres proyectos de ley tienen también tratamiento preferencial esta semana, entre ellos uno del jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco creando la estructura tarifaria llamada "Tarifa de Movilidad Eléctrica" de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en instalaciones de usuarios encuadrados como pequeñas demandas residenciales y no residenciales (comerciales, industriales, generales y de servicios) tanto en el ámbito urbano como rural.

Blanco enmarca el proyecto en la Ley Provincial N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia.

En tanto, un tema encabezado por Granata pero con otros ocho proyectos sobre la materia, apunta a crear un sistema digital para el control y responsabilidad alimentaria de funcionarios públicos. El quinto es una iniciativa de Beatriz Brouwe (Unite) para la promoción y apoyo a la industria audiovisual "Santafecine".

Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a una sesión conjunta con dos temas en agenda. Por un lado, votar acerca de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari.

Por el otro, para resolver la situación del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros quien ya fuera suspendido por la Legislatura. El proceso disciplinario contra el funcionario del MPA abarca presuntas causales de mal desempeño e irregularidades, entre las que se incluyen una causa por simulación de robo / tentativa de estafa a una compañía de seguros y denuncias posteriores sumadas al expediente.

Ya Rodriguez y Barros hizo su descargo ante la Comisión de Acuerdos y este jueves se resolverá su situación. El designado instructor de la causa, el diputado Marcos Corach, propondría la destitución y tendría el aval de varios sectores políticos.

11 pliegospara elMPA

Este jueves, está convocada la Asamblea Legislativa para considerar once postulantes al Ministerio Público de la Acusación los que no tenían mayores objeciones así como un pliego para juez penal.

Los casos de fiscales, son todos adjuntos subrogantes, varios de ellos para la regional con cabecera en Reconquista.

En el caso del pliego de juez, el Ejecutivo propone a Leandro Maximiliano Martín como juez penal de segunda instancia para los tribunales de Venado Tuerto.

Para la Regional I del MPA, el Ejecutivo propone a Luciana Violeta Chiavarini quien hoy ejerce ese cargo en Reconquista.

Para la Regional III los nombres son Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaria.

Para la Regional IV, Juan Pablo Malberti; Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arraga y Eduardo Sequeira Alegre.

En tanto, para la Regional V los propuestos son Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.

El gobierno de la provincia de Santa Fe aceptó un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $5 mil millones girado por el gobierno nacional para ser destinada a la emergencia climática que atraviesan distintas zonas de la provincia de Santa Fe.

El mismo decreto delega en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, la facultad de asignar los fondos aceptados, provenientes de ATN, "conforme a lo establecido en el Decreto N° 3177/08".

La decisión está contenida en el decreto N° 1771 de este lunes firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Es el segundo ATN girado por el gobierno central a Santa Fe en el transcurso del año. El primero, por un monto de $3 mil millones de mayo último fue gestionado y destinado a las localidades afectadas por el fenómeno climático de fines del verano e inicios del otoño cuando se produjeron las grandes lluvias, especialmente en los departamentos 9 de Julio y Vera. En esa ocasión, el gobierno provincial había solicitado una partida de $10 mil millones para atender esa grave situación y le enviaron un 30% del monto pedido.

El gobierno santafesino había solicitado a Nación un aporte de $ 10 mil millones y en dos tandas, recibió, 8 mil. El primero en mayo y el segundo a mediados de julio. En Casa Gris se recalcó que son recursos solicitados por aquel fenómeno y no por el tema Niño.

En el expediente que fundamenta el decreto, se informa en Contaduría General la recepción de $ 5.000.000.000 en concepto de ATN, cita la resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación "motivada en virtud del estado de emergencia climática que atraviesa la Provincia de Santa Fe, producto de intensas precipitaciones".

"Es voluntad del Poder Ejecutivo delegar en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública la facultad de asignar los fondos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional conforme a lo establecido en el Decreto N° 3177/08 dando intervención a Fiscalía de Estado para informe de su competencia", marca.

Por otra parte, en el decreto, el Ejecutivo "estima conveniente y adecuado disponer que la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública realice el seguimiento y monitoreo de las acciones, obras, trabajos y erogaciones que se efectúen en atención de la emergencia y con utilización de los recursos referidos en el presente, por parte de los Municipios y Comunas a los que se les asignen los respectivos fondos, independientemente de las rendiciones de cuentas que correspondan en el marco de la Ley N° 12510".

Esta última decisión está plasmada en el artículo 6to del decreto.

Un ATN es un Aporte del Tesoro Nacional, una transferencia de fondos de dinero en efectivo que efectúa el Gobierno Nacional argentino a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de la Coparticipación Federal de Impuestos, que se distribuye de forma automática y diaria según porcentajes fijados por ley, los ATN son transferencias no automáticas y por ende discrecionales.

Estos fondos fueron creados por la Ley 23.548 (de Coparticipación Federal de Impuestos de 1988) y se financian reteniendo el 1% del total de los recursos coparticipables antes de su distribución general.

La ley establece expresamente que los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional solo pueden destinarse a dos situaciones específicas: atender situaciones de emergencia como catástrofes naturales o atender desequilibrios financieros temporarios.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fueron recibidos por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva para repasar la marcha de los operativos de seguridad, especialmente en Rosario y coordinar acciones para la temporada estival.

Luego de la reunión entre funcionarios políticos se sumaron al encuentro los jefes de las fuerzas federales de seguridad que participan de los operativos en Santa Fe.

"Fue una muy buena reunión" le dijo a EL Litoral el ministro Cococcioni al emprender el regreso a Santa Fe. En parte del encuentro se analizaron los indicadores de violencia, con eje en Rosario, donde se sigue dando una baja importante en heridos de armas de fuego y homicidios y un mayor secuestro de armas de fuego.

"Es importante coordinar la continuidad de operativos en época estival, donde habitualmente recrudecen los hechos de violencia urbana" señaló Cococcioni. La afirmación se fundamenta en estadísticas y para ello acordaron mantener los operativos durante diciembre, enero y febrero.

Sobre esta situación se habló de las licencias al personal tanto de fuerzas provinciales como federales. El otro punto acordado es que salvo casos de fuerza mayor, durante ese tiempo no se producirán cambios en las conducciones de las fuerzas que participan de los operativos.

La propia Monteoliva informó en redes sociales. "Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, repasamos los resultados del Plan Bandera". Enseguida agregó que "Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se pierda nunca más. Ni un paso atrás contra el crimen organizado", afirmó.

Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, repasamos los resultados del Plan Bandera.Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se… pic.twitter.com/24ucZK6GRU

La razón del encuentro es anticiparse en la planificación de la operatividad policial para los meses de verano. El gobernador dice estar muy conforme con los resultados históricos que, en materia de seguridad pública, se dan hasta esta parte del año. Para Santa Fe fue muy satisfactorio como se trabajó en los meses de diciembre, enero y febrero pasado, consecuencia de trabajar con planificación previa. El objetivo es repetir el método y eso fue acordado en el encuentro.

Diego Maciel jurará como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el viernes 4 de septiembre, a las 11.30 en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales.

La fecha fue confirmada tras el acuerdo semanal realizado este martes por la Corte Suprema de Justicia y ya comenzaron a ser cursadas las invitaciones para el acto protocolar

Maciel ocupará la silla que dejará vacante Eduardo Spuler a partir del martes venidero, de acuerdo a la renuncia presentada oportunamente y que aceptara el gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre del año pasado.

Este martes, además, la Corte resolvió adelantar el acuerdo de la semana venidera al lunes, ocasión en que será la última participación de Spuler en el tribunal de siete miembros que preside Rafael Gutiérrez.

Maciel había logrado acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero último al igual que Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Estos dos último asumirían sus cargos en la Corte en diciembre una vez que Gutiérrez y Roberto Falistocco concreten la presentación de sus respectivas renuncias, anunciadas oportunamente.

Oriundo de Esperanza, Maciel se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL en el 2003 y su especialidad es lo civil y comercial. Hasta la presentación del pliego ante Asamblea Legislativa, Maciel se desempeñaba como secretario de Adminstración del Senado.

Spuler asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en el año 2000, designado durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe promulgó la Ley N° 14.474 por el cual la provincia adhiere a la norma nacional N° 26.944 que establece el marco normativo para la responsabilidad del Estado en la República Argentina. Así en Santa Fe, los planteos contra el Estado provincial y/o municipal serán tramitados ante el fuero Contencioso Administrativo.

La ley nacional fue sancionada y promulgada en 2014, rige de manera directa en el ámbito del Estado nacional y ahora -reforma constitucional mediante- Santa Fe se suma al igual que los municipios a los alcances de esta decisión.

La norma sancionada, en los hechos, incorpora expresamente como materia contencioso administrativa a las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita o inactividad ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes descentralizados.

Hasta hoy este tipo de demandas en Santa Fe recaen en los juzgados de responsabilidad extracontractual, en el interregno hasta tanto se constituya el colegio de jueces en lo Contencioso Administrativo, será tarea de los juzgados civiles.

"Las disposiciones de la presente ley y del régimen nacional al que se adhiere serán de aplicación a la Provincia y sus municipios", marca el artículo 2 de la ley santafesina.

La Legislatura optó por votar el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, dejando de lado iniciativas que sobre la materia habían ingresado en la Cámara de Diputados los oficialistas Lionella Cattalini (PS) y Martín Rosúa (UCR).

Este lunes, el Consejo de la Magistratura abrió el plazo de inscripción a los postulantes para conformar el Colegio de Jueces del fuero Contencioso Administrativo creado por la Ley N° 14.439 sancionada en mayo último. El colegio fue diseñado como órgano de organización colegiada de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, tanto de primera instancia como de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Provincial.

El plazo de inscripción va hasta el 4 de septiembre al mediodía, después será el Consejo de la Magistratura el encargado de seleccionar los inscriptos que pasaron la evaluación para que el Poder Ejecutivo envíe los respectivos pliegos a Legislatura.

La Legislatura también sancionó el Código para el fuero y en días más sancionará el método de procedimiento completando la manda constitucional.

Ahora, la provincia se suma a la norma nacional que desvincula la responsabilidad estatal del ámbito civil tradicional. En consonancia con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, la norma nacional estableció de manera expresa que las normas sobre responsabilidad civil no resultan aplicables al Estado directa ni analógicamente, reservándose como una materia propia del derecho administrativo.

Es interesante leer los fundamentos de los proyectos de Cattalini y de Rosúa que además de la adhesión avanzaban en reglar aspectos de la legislación.

La regulación propuesta por la socialista se inspiraba en la consolidada doctrina de la responsabilidad estatal por falta de servicio, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sistematización legislativa introducida por la Ley 26.944; la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo provincial y los criterios interpretativos sostenidos por la Fiscalía de Estado de la Provincia en dictámenes y actuaciones administrativas.

La diputada había marcado en el recinto al aprobarse el mensaje del Poder Ejecutivo que "se procura otorgar previsibilidad jurídica, seguridad institucional y coherencia al régimen de responsabilidad estatal, fortaleciendo al mismo tiempo la tutela de los derechos de los particulares frente a la actuación del Estado".

Rosúa, en tanto, explicó que la propuesta se insertaba en un contexto institucional particularmente relevante, signado por el actual tratamiento legislativo del nuevo régimen del proceso contencioso administrativo de la Provincia que implica una profunda modernización del sistema procesal administrativo santafesino.

El radical rosarino reforzó el concepto señalando que "la reforma del procedimiento contencioso administrativo constituye una transformación estructural del modelo de tutela judicial administrativa vigente en la Provincia, redefiniendo competencias, ampliando mecanismos de tutela cautelar y urgente, fortaleciendo la oralidad, agilizando los procedimientos y reconociendo expresamente la materia relativa a la responsabilidad patrimonial estatal dentro del ámbito contencioso administrativo".

Para Rosúa, la provincia "conserva íntegramente sus facultades de organización institucional y jurisdiccional, limitándose la ley a receptar un régimen normativo cuya técnica, sistematicidad y coherencia resultan adecuadas para complementar el nuevo sistema contencioso administrativo". Agregó que la ley dota a Santa Fe de una base sustantiva clara, moderna y compatible con los principios contemporáneos del derecho público argentino".