Este viernes, 1° de Mayo, después de más de 60 años, la Legislatura de la provincia de Santa Fe no abrirá sus puertas para recibir a senadores, diputados, empleados e invitados especiales para escuchar el mensaje del gobernador en la apertura del año legislativo.

La reforma de la Constitución -sancionada en septiembre del año pasado- amplió el período de sesiones Ordinarias que ahora se inicia el 15 de febrero y se extiende hasta el 30 de noviembre. Antes, el plazo ordinario iba del 1° de mayo al 31 de octubre con la posibilidad de las cámaras de extenderlo al 30 de noviembre, hecho que se repitió en todos los años.

"Ambas Cámaras se reúnen en sesiones Ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año", marca en su primer párrafo el artículo 75 de la novata Constitución. En esa fecha, Maximiliano Pullaro fue a Legislatura para su tercer mensaje de apertura de año legislativo. Fue domingo, el acto fue matutino y en vísperas de un feriado largo por el Carnaval.

En la historia institucional, Santa Fe tuvo varias fechas de apertura del año legislativo, siempre más limitado que el vigente. En los tiempos ordinarios, la iniciativa legislativa está en manos de las cámaras mientras que en extraordinario es el Poder Ejecutivo el que habilita el temario.

La primera Constitución santafesina que fijó como fecha de apertura el 1° de mayo fue la de 1949, dictada en sintonía con la reforma nacional que impulsó el gobierno de Juan Domingo Perón. El golpe de estado de 1955 significó la derogación de ambos textos. En Nación se implantó la Carta Magna de 1853 con las sucesivas reformas y en Santa Fe la de 1907 que establecía las ordinarias entre el 1 de abril al 30 de junio.

La efímera Carta de 1921 había fijado el tiempo ordinario entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

En Santa Fe, la reforma constitucional de 1962 -sancionada en vísperas del golpe de estado- estableció la fecha de primer día de mayo. Fue Aldo Tessio, en 1964, el primero en ir a Legislatura en esa fecha. Había asumido en octubre del año anterior. Fue destituido en junio de 1966.

El siguiente mandatario en utilizar la fecha del 1° de mayo fue Juan Sylvestre Begnis en 1973 y repitió en los dos años siguientes. En 1976, el golpe terminó con su mandato y llegó la intervención federal.

Con el retorno a la vida democrática en 1983, el justicialista José María Vernet fue el primero en abrir, un 1° de mayo, los cuatro años legislativos que manda la Constitución. Lo propio ocurrió con Víctor Reviglio; Carlos Reutemann (dos mandatos), Jorge Obeid (también dos mandatos); Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti.

Ya Pullaro lo hizo en 2024 y 2025. En este último caso, ya con los 69 convencionales constituyentes electos y en su discurso planteó los desafíos que tenía la reforma a encarar. Allí, ante la Asamblea, el discurso tuvo un tono de convocatoria institucional donde hizo un llamado a construir una provincia sin privilegios. También planteó la necesidad de modernizar la Constitución de 1962 para adaptarla a los nuevos desafíos de seguridad, justicia y autonomía municipal.

Hubo jornadas especiales de inicio del ciclo legislativo. Así, en 2003, Reutemann fue unos minutos al Palacio Legislativo a entregar el informe de gestión a las autoridades de las cámaras. La ciudad de Santa Fe estaba golpeada por la inundación del Salado, con miles de evacuados y agua en las calles. Fueron muy pocos los legisladores que pudieron llegar para participar del acto que no tuvo invitados especiales, no tuvo banda de policía ni cadena provincial.

Los siguientes años fueron atravesados por determinadas protestas a los gobernantes en la Plaza Italia y de movilizaciones de partidarios de los gobiernos. La nota más discordante fue durante la gestión de Bonfatti cuando familiares de víctimas de delitos expresaron su bronca ante el propio gobernador cuando marchaba hacia la Legislatura.

Después, ya con Perotti, en las apertura de 2020 y 2021 marcados por el aislamiento dictado por el Covid. Este viernes, la Plaza Italia será utilizada por familias y adolescentes para tomar mate y andar en bicicleta como ocurre en domingos y feriados. En el Palacio Legislativo, solo estará la guardia policial y no habrá operativo de tránsito para corte de calles como ocurría cada 1 de mayo.

La fecha del 1° de mayo tiene dos connotaciones: el pronunciamiento de Urquiza en 1851 contra el gobierno de Rosas y la sanción de la Constitución nacional dos años después. La mayoría de las provincias adoptaron dicha fecha aunque luego con las reformas a partir de 1984, fueron difiriendo la fecha de mensaje de los gobernadores.

En la Nación, la reforma de 1994 llevó la apertura al 1 de marzo. Ahora, Santa Fe definió el 15 de febrero, fecha que apuntó a evitar la superposición con el acto nacional.

El gobierno de la provincia de Santa Fe se dispone a anunciar en las próximas horas una serie de medidas tendientes a aliviar la situación -en principio- de empleados del Estado santafesino, tanto activos y pasivos, sobre endeudados en entidades con Códigos de Descuentos y que perciben prácticamente la mitad del salario o del haber previsional.

La medida que deberá contar con el aval del agente financiero y de organizaciones mutualistas con Código de Descuento apunta a devolver parte del ingreso a los asalariados. Las normas actuales permiten que mediante los Códigos se le pueda retener hasta el 50% del salario. Ahora, el nuevo decreto reduciría al 25% la posibilidad de que agentes estatales y pasivos puedan ceder a la toma de financiamiento.

Hoy el Estado santafesino tiene acuerdos con 35 entidades que tienen la facilidad de descontar del propio sueldo del trabajador activo y pasivo la cuota mensual de un crédito o de ventas en cuotas.

El gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, a buscar una solución a una problemática que se agigantó con la suba de tasas de interés, y la caída de la inflación.

Esta situación tuvo eclosión cuando durante la protesta policial, el gobierno marcaba la cifra mínima de sueldos y los agentes mostraron que cobraban una suma sustancialmente menor, producto de los descuentos.

Ya el gobierno dispuso que los aumentos salariales pactados, en paritarias, en el inicio del año, no eran sujetos a los descuentos de los códigos y ahora trascendió que bajaría al 25% la capacidad máxima a descontar a los trabajadores.

En las últimas semanas hubo innumerables reuniones entre funcionarios buscando alternativas para llevar alivio a los trabajadores; hubo contactos con directivos del agente financiero y con los gremios estatales que tienen entidades mutuales que tienen Código de Descuento.

En el gobierno se estima que unos 12.000 estatales están sobre endeudados, algo así como el 10% de los estatales teniendo hasta cinco sueldos embargados. La situación se repite en unos 7.000 jubilados.

El decreto del gobierno dispondrá nuevas medidas hacia adelante, mientras que hacia atrás propondrá una refinanciación donde no se descarta la propia intervención estatal en caso de que los agentes financieros se niegan a realizar la adecuación de deudas.

En cuanto a los privados, la estimación oficial es que unos 50.000 santafesinos padecen un sobre endeudamiento financiero y para ello habrá líneas de refinanciación con el Banco de Santa Fe y con algunos bancos privados, aunque con otro mecanismo de trabajo donde no descartan sumar a las propias cámaras empresariales.

El objetivo central del decreto que se conocerá en la fecha es llevar algo de alivio a los trabajadores endeudados, con plazos más largos de plazo, alguna rebaja de tasas, y con el objetivo de que los propios trabajadores tramiten su quiebra personal ante la justicia con las consecuencias jurídicas que implica esa decisión.

La gestión de Unidos no ha tenido mayores dificultades con la agenda legislativa. Mayoría propia en ambas cámaras cuando los temas se acomodan internamente se transforman en leyes de la provincia. Al principio, fueron herramientas para actuar ante la situación de inseguridad y para ordenar áreas sensibles de la administración como salud, educación o desarrollo humano.

No le faltó iniciativa al Poder Ejecutivo ni bien llegó a la función y no le faltó respuesta por parte de las cámaras del Poder Legislativo. Después llegaron temas más farragosos y Unidos salió airoso en lo legal. Acá la referencia es la ley que habilitó la reforma de la Constitución y la emergencia previsional que tiene fecha de vencimiento en septiembre venidero.

Si bien ya empezó el tratamiento de las normas que derivan del proceso de reforma de la Constitución, esta semana hubo una pausa en esos temas y Unidos avanzó con dos temas sensibles: validar el convenio firmado con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional y la modificación al Código Procesal Laboral para intentar bajar la alta litigiosidad que tiene Santa Fe en materia de accidentes laborales y que deriva en sobrecostos de las empresas radicadas en la provincia a la hora de contratar una ART.

Sobre estos dos puntos hubo disidencias. En el primero del perottismo que mostró y expresó dudas en el recinto de la Cámara de Diputados y en el segundo de la propia Corte Suprema de Justicia que -varios de sus integrantes- no creen que ese camino baje la litigiosidad.

En lo previsional, el gobierno ha encontrado la posibilidad de tener dinero fresco de un gobierno nacional que todas las semanas recorta alguna asignación a las provincias. Se ve en obras públicas casi inexistentes en los territorios y que tiene como muestra el abandono de rutas nacionales; retiros de fondos para educación que incluso fortalecían el salario y ahora con el tema salud en recortes en partidas de medicamentos y ni que hablar en Pami. Walter Agosto, ex ministro de Economía y hoy diputado, le pone cifras a las transferencias no automáticas que dejaron de llegar a Santa Fe desde diciembre de 2023 a hoy: 715 mil millones de pesos, número que toma de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, una cifra oficial.

En ese marco y con la coparticipación federal en baja, sumar recursos parece un milagro y el gobierno apuesta a que Nación gire durante doce meses los $ 120 mil millones comprometidos (85 millones de dólares). Más vale pájaro en mano…

¿Qué hay detrás del acuerdo para que Santa Fe haya cedido aplazar por un año el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? es la pregunta que se hizo en el recinto y en los pasillos de Legislatura el ex gobernador Omar Perotti.

En el convenio, Unidos juntó todo el resto de los votos del arco político, de derecha a izquierda y de celeste a verde.

Para la definición de la reforma al Código Procesal Laboral, el Senado se ocupó de consultar a la mayoría de los sectores involucrados, invitó a los dos diputados (José Corral y Martín Rosúa) que impulsaron los cambios y culminó el proceso en una amplia y rica reunión en la Corte Suprema de Justicia donde los siete ministros recibieron a gran parte de los senadores y a los mencionados diputados.

Un sector importante de la Corte entiende que la ley que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo no hará que baje la litigiosidad y se lo expresaron a los actores legislativos. El debate fue intenso, en los términos de institucionalidad que tiene Santa Fe. No fue de agravios, no fue de carpetazos y con un presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que condujo con muñeca política el encuentro.

La Corte Suprema recibió a Senadores y Diputados. Foto: Guillermo Di Salvatore

Los seis meses por venir serán claves para observar el funcionamiento de los cambios para empezar a notar baja de la litigiosidad. Ministros de la Corte entienden que no es el camino adecuado pero aceptaron el desafío de verificar el funcionamiento en el semestre. Se habló de las experiencias de Córdoba, de Mendoza y de algunas otras provincias. De los allí presentes nadie quiere fomentar la industria del juicio, eso quedó claro.

Hubo números expuestos en la amplia mesa tendida en el Salón de Acuerdos de la Corte. Números sobre causas que tienen los jueces; números de causas en Comisiones Médicas; números de causas que deben atender peritos. ¿Qué hay que hacer, nombrar más peritos o más jueces?. ¿La oralidad en la justicia laboral es una salida? La experiencia de Córdoba parece ser interesante.

Pero ahora aparece en escena otro debate donde la propia Corte tiene miradas diferentes y es sobre el procedimiento en lo Contencioso Administrativo y un Colegio de Jueces para el fuero. Los ministros cuyo origen es el derecho penal miran con simpatía la reforma; los demás con más dudas que certeza. El debate legislativo está muy avanzado y podría tener tratamiento en la primera semana de mayo. Ministros de la Corte pidieron una reunión para analizar pros y contras. En principio hay un compromiso legislativo de hacerlo.

Desde noviembre último, en comisiones de Diputados, está el mensaje del Poder Ejecutivo sobre la nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Santa Fe.

El otro mensaje, en Senado, apunta a crear el Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo "como órgano de organización colegiada de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, tanto de primera instancia como de Cámara de Apelaciones".

Más lejos, asoma el debate de la ley electoral santafesina sin grandes cambios pero ordenando todo el proceso hoy disperso en una veintena de leyes o decretos que se superponen. También la definición de cómo será el nuevo Tribunal Electoral de Santa Fe.

Más allá de la movida de los senadores justicialistas que ingresaron un primer proyecto integral, el radicalismo no terminó de cerrar su postura y por ende tampoco la de Unidos. Los radicales vienen aturdidos en parte por el choque público entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico. Emisarios varios aún no han podido acercar a las partes. El presidente del Senado y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, tienen la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral. "Estoy en la gestión y los temas de la política y la mecánica legislativa están en manos del ministro Bastia y del senador Michlig" repite el gobernador Pullaro.

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Por lo pronto, el gobierno nacional -sin ronda previa de consulta con los partidos políticos ni con aliados- envió al Congreso un proyecto de reforma electoral de amplio alcance.

El texto plantea la eliminación de las PASO, cambios en la constitución y el financiamiento de los partidos, un rediseño de la Boleta Única de Papel y la incorporación de la llamada Ficha Limpia, que impediría candidaturas de personas con condenas firmes por delitos dolosos.

La suerte del tratamiento del proyecto nacional podría elongar el inicio de la discusión pública en Santa Fe, pero sabiendo que después del Mundial será el debate que llegará al recinto de la Legislatura. No sin dejar de recordar que PASO y Boleta Única de Papel tuvieron inicio en Santa Fe y después llegaron a Nación.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, marcó que el primer cuatrimestre del año, los ingresos federales por coparticipación federal vienen a la baja en términos interanuales donde marzo fue el peor momento y en abril se observó un repunte que no llega a igualar al año pasado.

No obstante, el titular del equipo económico garantizó la continuidad del plan de infraestructura en marcha aunque marcó que no habrá nuevas licitaciones, excepto que haya financiamiento genuino para los trabajos.

Las definiciones de Olivares a El Litoral fueron tras informar a la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre los alcances del convenio con Anses por el cual el organismo transferirá $10.000.000.000 mensuales, durante doce meses, a cuenta del déficit previsional. Los recursos ingresarán a Rentas Generales y significarán un alivio a ingresos federales que vienen a la baja.

En el primer trimestre, Santa Fe recibió $1.154.418 millones en concepto de coparticipación federal que si bien en términos nominales hubo un incremento respecto al año anterior (unos $138.339 millones más), al ajustar por inflación la coparticipación mostró una caída real cercana al 5,1% interanual.

El informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) así como otros centros de estudios señalan que esta disminución se debe principalmente a la baja en la recaudación de impuestos clave como IVA y el Impuesto a las Ganancias afectados ambos por la caída en el nivel de actividad económica y el consumo.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional

Estos informes marcan que a marzo de 2026, Santa Fe registró una pérdida de recursos reales cercana al 8% en el inicio del año si se computan también las transferencias no automáticas.

Olivares habla de trimestre primero para el olvido en términos de recaudación. "En el mes de abril hemos hemos tenido hasta ahora un registro que se asemeja posiblemente más al mes de febrero que a marzo, que fue el peor de todos. Seguimos con un incremento interanual en términos reales negativos. Es un desafío para llevar adelante el balance operativo".

Enseguida, aclaró que Santa Fe "la inversión la tiene asegurada o garantizada con la toma de financiamiento que hemos hecho, con las previsiones que hicimos y eso nos va a permitir llevar adelante todas las obras que tenemos en marcha". No obstante, marcó que "se ha tomado la decisión de no iniciar nuevas obras, sino cuando tengan un financiamiento nuevo, sea porque se consigue el financiamiento con toma externa o porque mejora el balance operativo".

Pablo Olivares. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Olivares marcó que "esta evolución de la recaudación nos pone en una atención muy importante de cómo equilibramos mes a mes recursos que tenemos para funcionar y los gastos operativos que tenemos que afrontar".

Según el ministro de Economía, el convenio con Anses se activa una vez que haya sido convalidado por la Legislatura, hecho que ocurrió el jueves. El Poder Ejecutivo promulgará la ley la semana próxima y el acuerdo estará activo desde mayo.

El ex ministro de Economía y hoy diputado provincial Walter Agosto estimó en 715 mil millones la detracción sufrida por Santa Fe de recursos federales no discrecionales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La fuente de la cifra presentada en el recinto de la Cámara de Diputados es la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Se trata de fondos que el gobierno nacional enviaba a las provincias por Fonid (para fortalecer sueldos docentes), programas de medicamentos, fondos para salud pública o bien para recursos hídricos.

El Tribunal de Cuentas de la provincia dictó una resolución e incluyó en el plan de auditorías para el presente año a los entes administradores portuarios que son cuatro: Santa Fe, Rosario, Reconquista y Villa Constitución.

La resolución número 85 del órgano de control tiene una extensa fundamentación y está firmada por el presidente, Oscar Biagioni y los cuatro vocales Marcelo Luis Terenzio, Sergio Orlando Beccari, María del Carmen Crescimanno y Adriana Molina.

La decisión se fundamenta en el ejercicio de la competencia prevista en la Ley Nº 12510, Ley de Administración de la provincia.

"Disponer la incorporación al Plan de Auditorías para el Ejercicio 2026, integrante del Plan de Acción Anual de Control Externo, aprobado por Resolución Nº 0502/25 TCP, de la auditoría legal, operativa, financiera y de gestión de los entes administradores portuarios indicados en el artículo precedente" marca el artículo 2 de la resolución.

Más adelante encomienda a la Dirección General de Auditorías la elaboración de la propuesta técnica correspondiente para la ejecución de las auditorías, con arreglo a las pautas del decreto y a las particularidades derivadas de la naturaleza jurídica, estructura patrimonial y régimen de funcionamiento de los entes alcanzados.

El expediente se inicia ante la solicitud de una sala acerca del temperamento a seguir en torno al control que puede caber sobre los entes portuarios creados bajo la forma jurídica de personas jurídicas públicas no estatales.

Se marcó que tales entes ejercen función pública, administran y explotan bienes del dominio público provincial y se encuentran dirigidos por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo provincial y por los municipios del lugar en el que tienen asiento. La doctrina y la jurisprudencia los han conceptualizado como estructuras híbridas, que combinan elementos públicos y privados, y que el control estatal debe atender al ejercicio de la función pública y/o a la administración de fondos públicos, a fin de garantizar la legalidad en la gestión de los recursos comprometidos.

El gobierno de Santa Fe aprobó un protocolo para el recupero y resarcimiento de gastos y/o daños ocasionados al Estado Provincial vinculados a hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares y espacios de socialización juvenil.

La medida está contenida en la Resolución N° 1201 del Ministerio de Justicia y Seguridad, firmada por el titular de la cartera, Pablo Cococcioni quien el lunes, en conferencia de prensa, había afirmado que "un operativo básico de este tipo, cuesta entre $5 y 6 millones", en alusión a amenazas en escuelas.

Cococcioni, firmante de la resolución para buscar resarcir al estado de los gastos de denuncias falsas. Crédito: Archivo / Manuel Fabatía.

El ministro adelantó entonces que habrá consecuencias legales y económicas, ya que cada operativo tiene un alto costo y se buscará cobrárselos a los responsables. Y ahora, la resolución cumple ese anuncio.

La Subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, elaboró el protocolo. El objeto es establecer un procedimiento administrativo uniforme que permita identificar, cuantificar y reclamar el recupero de los costos operativos, logísticos y administrativos en los que incurre el Estado Provincial, como consecuencia de intervenciones derivadas de este tipo de eventos, los cuales generan un significativo impacto en los recursos públicos.

El protocolo articula la intervención de las distintas áreas competentes -Ministerio Público de la Acusación, fuerzas policiales, áreas técnicas y administrativas- y define un circuito que comprende la recepción de información, la determinación de los recursos afectados, la conformación del legajo administrativo, la liquidación de los costos y la intimación extrajudicial a los responsables, con previsión de su eventual judicialización a través de Fiscalía de Estado en caso de incumplimiento.

En los considerandos se afirma que "la implementación de este instrumento permitirá dotar de mayor trazabilidad, previsibilidad y eficacia a las acciones de recupero, fortaleciendo la gestión administrativa y contribuyendo a desalentar conductas que implican la activación indebida de dispositivos de seguridad y emergencia".

La resolución está acompañada de un anexo con siete puntos que son los que se deberán seguir.

Lo primero es la recepción ministerial de comunicación del MPA, por la cual se individualiza al/los responsables del hecho denunciado con indicación de CUIJ, fiscal interviniente e identificación del autor/autores, partícipes, y adultos responsables, sus domicilios, celulares y todo otro dato pertinente para la consecución de estos fines.

Después intervendrá la la Subsecretaría de Legal y Técnica quien requerirá a la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera los costos operativos del servicio para esa incidencia. Luego, ordena conformar un legajo administrativo individual o expediente digital por cada hecho, en el que se incorporarán todas las actuaciones, informes técnicos, constancias de intervención de las fuerzas intervinientes, registros de comunicaciones, carta de incidencia de 911 y toda otra documentación que acredite la efectiva prestación del servicio y los costos incurridos, los que se pondrán a disposición de los requeridos, así como a los fines de su eventual utilización como prueba en sede judicial.

Las amenazas de tiroteos en escuelas se multiplicaron luego de la tragedia en San Cristóbal.

El punto 4 habla de la solicitud por medio de la Jefatura de Policía al Departamento de Operaciones Policiales (D-3), para la determinación de todos los recursos humanos, materiales afectados y costos en cada uno de los procedimientos, identificando si el operativo fue de baja, media o alta complejidad, participación de bomberos, brigada de explosivos, Policía de Investigaciones o cualquier otra fuerza especial.

Seguidamente se hará la cuantificación y liquidación a los fines de compensar los gastos en los que ha incurrido el Estado Provincial en la intervención requerida, la que será remitida a la Subsecretaría de Legal y Técnica a los fines de la intimación extrajudicial. El área librará la intimación de pago en el término perentorio e improrrogable de cinco días, a los fines que se proceda al recupero de los montos liquidados, por parte del o los adultos responsables del o los autor/res; sin perjuicio del derecho de la administración de reclamar posteriormente por mayores gastos o daños causados.

Por último, las notificaciones serán efectivizadas, a los fines de dar mayor celeridad al procedimiento, por personal policial. En el acto notificatorio se deberá consignar que en caso de no efectuarse el pago requerido, se librarán las respectivas instrucciones a Fiscalía de Estado, a los fines de que proceda a efectuar el inicio de las acciones judiciales correspondientes.

Resolución N° 1201 del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe by El Litoral

La Cámara de Diputados de Santa Fe reservó ocho proyectos de ley con tratamiento preferencial para la sesión de este jueves, todos temas deben ser dictaminados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá ese día, en horario matutino, para decidir la suerte de las iniciativas.

Más allá de esos proyectos, para el interbloque mayoritario de Unidos será central trabajar para votar sobre tablas la validación del acuerdo entre la provincia y Anses para saldar parte de la deuda del organismo previsional para con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El Senado lo votó ya por unanimidad el mismo día que el Mensaje entró a Legislatura.

Para ello, este miércoles, Fabián Bastia, Jorge Boasso y Julia Tonero asistirán a una reunión con diputados interesados en la cuestión para intentar disipar dudas. El interbloque justicialista anticipó que después de la reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo definirá la postura sobre el acuerdo.

Entre los ocho proyectos reservados con preferencia para esta semana se encuentra un mensaje del Poder Ejecutivo remitido en noviembre pasado vinculado con la creación de una persona jurídica no estatal denominada "Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario".

El objetivo del Ente sería "llevar adelante las funciones de planificar, ejecutar o administrar proyectos culturales, deportivos, comerciales, industriales y urbanísticos en la ciudad de Rosario en los que concurran intereses públicos provinciales y municipales por encontrarse involucrados bienes o inversiones de ambas jurisdicciones en el ámbito de esa ciudad.

El tema no tiene acuerdo interno en Unidos que viene postergando su tratamiento desde entonces. Es uno de los pocos mensajes del Ejecutivo que no avanzó en el tratamiento parlamentario.

Los otros proyectos que están con tratamiento preferencial son:

El gobernador Maximiliano Pullaro validó -ad referéndum de la Legislatura- dos convenios firmados por el ministro de Educación, José Goyti el mes pasado. Uno de ellos fue firmado con Asociación Civil Faro Digital, representada por Felipe Sala, y el otro con la Asociación Civil Grooming Argentina, representada por Hernán Gabriel Navarro.

El acuerdo con Faro Digital es a fin de desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la educación y ciudadanía digital en el sistema educativo provincial, especialmente mediante la capacitación de docentes y equipos directivos. Es un convenio por nueve meses y en el cual Faro se compromete a diseñar y desarrollar las instancias de capacitación previstas, aportar contenidos pedagógicos, materiales formativos y acompañamiento técnico especializado, así como brindar los recursos necesarios para la implementación de las actividades acordadas.

En el caso Grooming, se apunta a establecer un marco de cooperación institucional entre las partes para desarrollar acciones conjuntas de prevención, sensibilización, formación y promoción del uso seguro de internet y las tecnologías digitales en el ámbito educativo.

El compromiso asumido por dicha organizar es aportar su experiencia técnica en la temática, colaborar en el diseño de programas y materiales educativos, participar en actividades de capacitación y sensibilización, desarrollar y poner a disposición aplicación móvil para prevenir, denunciar y recibir ayuda frente a casos de grooming.

En comunicación oficial a la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la Nación informó que el 14 de mayo, desde las 11 se realizará la audiencia pública para considerar el acuerdo para tres pliegos de magistrados federales para la provincia de Santa Fe.

Se trata de los casos de Emilio Rosatti, Walter Rodríguez y Santiago Joaquín Saux, para el Tribunal Oral Federal I; juzgado federal número 2 de Santa Fe y juzgado federal de Rafaela, respectivamente.

La nota del Senado da cuenta que el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos del aspirante será hasta el jueves 23 de abril, inclusive.

Las presentaciones podrán realizarse en forma digital, a través del sitio web institucional, o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1702, 6º piso, Oficina 606, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Con la presencia de tres importantes funcionarios del Poder Ejecutivo, el oficialismo de Unidos en la Cámara de Diputados pretende acelerar la sanción de la ley que convalide el acuerdo firmado por la provincia de Santa Fe con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional de la Nación.

El Senado ya votó, por unanimidad y sobre tablas, el aval al convenio marco y las autoridades del oficialismo en Diputados pretenden votar el mensaje del Poder Ejecutivo este jueves, también sobre tablas y algo mucho más dudoso, por unanimidad.

Para ello la estrategia de Unidos es que este miércoles, tres funcionarios se sienten con todos los legisladores interesados en conocer detalles de la negociación y las implicancias a futuro. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero; y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso ya comprometieron su presencia en la Cámara.

Diputados justicialistas ingresaron el mismo día que el mensaje del Ejecutivo aterrizó en la Cámara Baja, un pedido de presencia de funcionarios en la Cámara. El encabezamiento del PJ pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido. Son ocho los puntos centrales.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Para el oficialismo es central la presencia de Bastia quien tiene en sus manos la relación política con la Legislatura. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro firmaba el 7 de abril el acuerdo con la ministra Sandra Pettovello, el ministro de Gobierno empezó a hablar con los senadores de todo el arco político sobre el acuerdo, les envió el texto y habló de la importancia de la rápida ratificación. El aval llegó 48 horas después.

Boasso, en tanto, asistió a la firma pero además formó parte de la negociación con ANSES. Tonero, en cambio, es la cabeza jurídica del Ejecutivo, encargada de cuidar la firma del gobernador y los ministros en todo texto.

El objetivo central es disipar dudas que puedan tener en la oposición sobre el convenio para poder convalidarlo al día siguiente y tornarlo operativo desde mayo que es cuando comenzarían los desembolsos de fondos de Nación.

Para llegar al recinto el jueves, el oficialismo necesita dos tercios de los votos, algo no imposible de lograrlo. La otra posibilidad es votar una preferencia y convocar a sesión en la última semana de abril.

En el justicialismo, las dudas expresadas en pedido de presencia de funcionarios es por los efectos jurídicos del convenio en el marco de los planteos que la provincia llevó ante la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de la deuda. El planteo se originó en la gestión de Omar Perotti y fue continuada por la administración actual.

Pullaro y Pettovello al momento de la firma del convenio.

El convenio estableció un desembolso de $120.000 millones para el ejercicio 2026. Este monto se pagará en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones cada una, pagos que empezarán en mayo si el acuerdo está convalido.

Los fondos de ANSES se envían en concepto de "anticipo de capital" o pago a cuenta, mientras se determina el resultado definitivo del déficit previsional.

El flujo de fondos está sujeto a la realización de auditorías y tareas de fiscalización por parte de ANSES sobre la Caja provincial para validar los números del déficit. También se acordó colaborar en la simulación de armonización de los ejercicios 2022-2025.

Como parte del pacto, la provincia se comprometió a suspender los trámites judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por reclamos vinculados a estas deudas previsionales mientras el convenio esté vigente.

Para el justicialismo, hay algunos puntos centrales a saber: monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.

También el estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente y alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.

Por Mario Cáffaro(El Litoral)

La bancada socialista de Diputados ingresó un proyecto de comunicación para invitar a autoridades de los siete municipios más poblados de la provincia para abrir -con datos- la discusión en la Cámara sobre los proyectos vinculados a la actividad de los cuidacoches o trapitos.

Encabezado con la firma de Lionella Cattalini pero con el respaldo de los otros 13 integrantes, entre ellos la presidenta de la Cámara, Clara García, la propuesta es invitar a autoridades de los municipios de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé, a participar de una reunión en el ámbito de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.

La bancada socialista pretende que el tema sea votado la semana próxima para que la Comisión de Seguridad que preside el radical Martín Rosúa arme la reunión. El tema, ya votado por el Senado con sugerencias del Poder Ejecutivo, debe pasar en Diputados por el tamiz de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El objetivo socialista de citar a municipios tiene fundamentos en la necesidad de acceder a información. Los puntos propuestos por la minuta son:

* Cantidad estimada de personas que desarrollan actividades de cuidado informal de vehículos en la vía pública dentro de cada jurisdicción.

* Registros, relevamientos o censos municipales sobre dicha actividad, indicando fecha de realización y metodología utilizada.

* Las ordenanzas vigentes en cada localidad que regulen o establezcan condiciones para el ejercicio de dicha actividad.

* Medidas adoptadas por cada municipio en relación a la actividad de cuidacoches, incluyendo acciones de control, programas de inclusión social, reconversión laboral o asistencia.

* Intervención de áreas municipales vinculadas a desarrollo social, seguridad, empleo o economía social en relación a esta problemática.

* Cantidad de actas de infracción, procedimientos administrativos e intervenciones de la Justicia de Faltas vinculadas a esta actividad en los últimos tres años, en cada municipio.

* Si se han implementado programas de capacitación, empleo o inclusión destinados a personas que desarrollan esta actividad, detallando alcance y resultados.

* Toda otra información que se considere relevante para la evaluación de políticas públicas vinculadas a la regulación de esta actividad.

Catallini admitió ante El Litoral que "el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas a la actividad de cuidacoches exige contar con información precisa, actualizada y territorialmente diferenciada sobre la situación existente en los principales centros urbanos. Se trata de una problemática compleja que involucra dimensiones vinculadas a la seguridad pública, el uso del espacio público, el trabajo informal, la vulnerabilidad social y las políticas de inclusión laboral".

Para la socialista "las respuestas estatales no pueden basarse exclusivamente en medidas de carácter punitivo, sino que deben sustentarse en diagnósticos adecuados y en estrategias integrales".

Para el socialismo los municipios poseen información relevante sobre la magnitud del fenómeno, las modalidades de intervención y las políticas implementadas en sus respectivas jurisdicciones. Los gobiernos locales son los niveles de gobierno que han desarrollado, en muchos casos, experiencias regulatorias diversas, que pueden constituir insumos valiosos para la toma de decisiones legislativas a nivel provincial.

"Contar con datos sistematizados permitirá evaluar el impacto potencial de las medidas propuestas, identificar buenas prácticas y diseñar políticas públicas que contemplen tanto la convivencia urbana como la inclusión social de las personas involucradas en esta actividad", añadió Cattalini.

El expediente votado por el Senado consiste en una modificación del Código de Convivencia. Su nuevo Artículo 66° bis ordena: "Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no, será reprimido con trabajo comunitario de dos a diez días y con prohibición de concurrencia al lugar donde se haya cometido la contravención conforme artículo 19 de la presente ley. En caso de reincidencia la pena será arresto de diez a veinte días".

En tanto, el Artículo 66 ter que "La sanción establecida en el artículo 66 bis se elevará al doble en todos sus mínimos y máximos cuando la conducta tipificada sea realizada: a) Con violencia o amenazas hacia personas o bienes; b) En zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas debidamente autorizadas por la autoridad competente; c) En las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; d) Con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio. e) En horario nocturno (entre las 18.00 h y las 6.00 h) y/o zona escolar, bancaria, comercial o de edificios públicos".

El arresto podrá hasta cuadruplicarse en casos de concurrencia en la falta de más de una persona, algo similar a como se agravan penas por delitos bajo concurso de una asociación ilícita.

Los municipios, según el texto, "podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese del estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad".

En la Cámara de Diputados hay proyectos de legisladores sobre la temática que se deberán ser compatibilizados con lo acordado en Senado. Uno de ellos lleva las firmas de los oficialistas Walter Ghione (Uno), Astrid Hummel (Pro) y los radicales Ximena García, José Corral, Germán Scavuzzo y Sofía Galnares.

El gobierno de Santa Fe dejó en manos del canciller Pablo Quirno, un documento para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado desde los países del Mercosur.

El documento de 42 páginas le fue entregado al canciller por el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien asistió al encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y los secretarios de Comercio Exterior, Georgina Losada, y de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.

Además del tema biodiésel en el encuentro se mencionó la situación del mercado con Brasil de la leche en polvo donde el vecino país podría imponer algunas restricciones al producto llegado de nuestro país. La Cancillería está al tanto de las versiones y entabló negociaciones informales con sus pares de Brasil. El tema promete nuevos capítulos en las próximas semanas.

El mercado brasileño generó, durante 2025, ingresos por aproximadamente USD 533 millones para el sector lácteo, de los cuales la leche en polvo aportó USD 330 millones. En el ejercicio último, Brasil absorbió cerca del 46% del total de las ventas externas de lácteos de Argentina en términos de valor, reafirmándose como el destino principal.

Leche en Polvo Entera y quesos, principalmente muzzarella son los principales productos exportados y la principal zona proveedora de lácteos a Brasil son los departamentos Castellanos y Las Colonias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

En 2025, el volumen mensual promedio de envíos de leche en polvo rondó las 8.000 toneladas.

En cuanto al biodiésel, Santa Fe presentó a Quirno el documento técnico para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado.

Tras el encuentro, Puccini detalló que el gobernador "entregó al canciller un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para la provincia de Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea". Estos "refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo", motivo por el cual se restringieron las importaciones.

"La Cancillería estará en Bruselas la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición", indicó el ministro santafesino, quien además destacó el "trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario".

"Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados", indicó el ministro.

Losada calificó la reunión como "positiva" y sostuvo que el objetivo del documento es "demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio"; además de señalar que "no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe". Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.

El documento expone la realidad productiva de la provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.

El tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, y en esta semana, en una agenda de trabajo junto al embajador alemán Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.

La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del Reglamento 2019/807.

Desde la provincia de Santa Fe se advierte que la normativa europea sobre "alto riesgo ILUC" (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.

A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el Gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina.

El tema biodiésel parece ser el primer cruce entre Mercosur y la Unión Europea tras la firma del acuerdo comercial.

Más tarde, Puccini habló de biodiésel y posibles cambios en la ley actual con el secretario de Energía, Daniel Gonzáles.

A menos de una semana de la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 14.436, la nueva Orgánica de Municipios que de acuerdo al artículo 108 entra en vigencia en forma inmediata, excepto para las actuales comunas ya que la norma vigente para esos institutos, la Nº 2439, quedará derogada el 10 de diciembre de 2027.

Hasta tal momento, la ley 2439 seguirá vigente a los fines de un adecuado funcionamiento institucional de las actuales comunas "y sin perjuicio de la aplicación de la presente ley a los fines de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de autoridades municipales del año 2027".

La ahora derogada Ley de Municipios fue sancionada en junio de 1939, tuvo algunas modificaciones con el paso del tiempo pero el cuerpo central es de aquella etapa. En cambio, la orgánica de Comunas data de noviembre de 1934.

La sanción del nuevo texto para los gobiernos locales fue consecuencia directa de la reforma constitucional sancionada en septiembre pasado que, entre otras cosas, en el artículo 154 dispone que "todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico".

Más adelante determina que "la Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución. La ley establece la delimitación territorial de los municipios y resuelve los casos de fusión y segregación".

La Constitución además reconoce la autonomía de los gobiernos locales y los faculta, a partir de determinado número de habitantes, a dictar sus propias cartas orgánicas.

La nueva ley ordena a los gobiernos locales en categorías de acuerdo al número de población y establece los pisos de concejales en localidades de más de 10.000 habitantes.

A partir de 2027, todos los municipios eligen intendente; las localidades con menos de 10.000 habitantes eligen además miembros de Comisión Municipal (3 o 5 según tamaño) y con más de 10.000 conservan sus Concejos Municipales, pero cambian las cantidades de representantes.

La nueva ley surgió a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo que el Senado debatió, amplió y voto por unanimidad. Luego, Diputados introdujo modificaciones a cinco artículos aunque con el rechazo de los bloques justicialistas, celestes y la izquierda. EL Senado aceptó, otra vez por unanimidad, los cambios y dejó sancionada la norma.

Los 111 artículos de la norma vigente están divididos en 11 títulos y 6 capítulos.

La ley se aplica a los municipios que, de acuerdo con la Constitución Provincial, no estén facultados para dictar su Carta Orgánica y a aquellos que tengan la atribución referida pero no la hayan ejercido. Asimismo, se aplica en forma supletoria a los municipios que hayan dictado sus Cartas Orgánicas y/o que no hayan previsto asuntos regulados en la norma.

Dispone que los municipios se gobiernan por sí mismos y ejercen en forma autónoma los deberes, funciones y competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye para la gestión de los intereses locales dentro del territorio respectivo, de acuerdo con los principios de subsidiariedad, solidaridad horizontal y vertical, colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación.

La ley faculta a que los municipios pueden constituir regiones, áreas metropolitanas, regímenes de asociación intermunicipal y supramunicipal y crear organismos y entes que las organicen, con el objeto de planificar, implementar y evaluar políticas públicas o acciones de interés común, en el marco de las previsiones del artículo 159 de la Constitución Provincial.

Varios capítulos de la norma están dedicados a la forma de organización que tendrán los gobiernos locales, de acuerdo a la población ya que a partir de las elecciones del año próximo dejarán de tener vigencia las comunas. Pero también los alcances y atribuciones de los diferentes cuerpos de gobierno. Otra parte importante refiere a los organismos de control, a los bienes de cada municipio pero también a lo que tiene que ver con normas a cumplir en la transición.

Son 41 las localidades de la provincia que -según el último censo- cuentan con más de 10.000 habitantes. El artículo 22 de la nueva ley es el que define como serán los gobiernos locales a partir de 2027.

Las Comisiones Municipales se integran con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio, de conformidad con las siguientes pautas:

* Municipios que tengan hasta 3.000 habitantes: las listas de personas postuladas para integrar la Comisión Municipal deben incluir a tres postulantes como titulares e igual número de suplentes. Los vocales de la Comisión Municipal serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando dos miembros de la lista que resulte ganadora, y una banca para el candidato que resulte segundo en la categoría Intendente, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

* Municipios que tengan entre 3.000 y 10.000 habitantes: las listas de personas postuladas para integrar la Comisión Municipal deben incluir a cinco postulantes como titulares y tres como suplentes. Los vocales serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando tres miembros de la lista que resulte ganadora, y distribuyendo las dos bancas restantes por sistema proporcional, entre quienes hubieren sido candidatos a intendentes en las listas que no resultaron ganadoras, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral.

* Localidades de más de 10.000 habitantes habrá intendente y un concejo municipal que se integra con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos mediante sistema de representación proporcional. El concejo se renueva en su totalidad al final del período de cuatro años, con excepción de los municipios con más de 20.000 habitantes que se renuevan cada dos años por mitades.

Los municipios que tengan un Concejo Municipal integrado por mayor cantidad de concejales, pueden decidir, a iniciativa del Departamento Ejecutivo y mediante ordenanza sancionada con mayoría de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo Municipal y comunicada a la Legislatura provincial, si mantienen su número actual de integrantes o adoptan el número de integrantes que determina la presente ley. En caso de que no formalicen su decisión hasta el 30 de noviembre de 2026, se entenderá que mantienen su integración actual. En todos los supuestos previstos en el presente artículo, a partir del año 2031 los Concejos se conformarán de acuerdo con la presente ley.

De los actuales municipios y de acuerdo a la nueva ley, 34 perderán número de concejales; 17 podrán sumar una o dos bancas y 8 quedan igual.

En el caso de Santa Fe continuará con 17 bancas y en Rosario con 28. Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Venado Tuerto irán de 10 a 11 bancas.

Pérez, Capitán Bermúdez, Roldán, Avellaneda, San Justo, Arroyo Seco, Sunchales, Vera, Firmat, y Gálvez pasarán de 6 a 7.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anticipó que octubre será el mes de mayor ejecución de obra pública y de mayores vencimientos de certificados a las contratistas; aseguró contar con recursos suficientes para terminar lo iniciado y es escéptico en que Nación reconozca la inversión que realiza la provincia en su jurisdicción.

Por otra parte, en diálogo con periodistas, entre ellos El Litoral, lamentó el fracaso -culpó al kirchnerismo- del intento de los gobernadores de llevar adelante proyectos en el Congreso para hacerse de recursos. "Se ha roto la confianza y no volveremos a reunirnos", destacó.

"Muchas provincias hoy tienen problemas para pagar salarios. Nación les hizo un adelanto de coparticipación con una tasa de interés muy baja para que puedan cubrir los problemas financieros. No es el caso hoy de la provincia de Santa Fe, aunque debo decir que no estamos tan bien como lo estábamos en el tercer trimestre del año pasado. Teníamos un chat de gobernadores donde escribimos día por medio estos temas, fundamentalmente la caída de la recaudación. Pero es muy difícil articular", reconoció.

Santa Fe resolvió construir un puente sobre el Salado paralelo al actual para unir Santa Fe con Santo Tomé en el trayecto de ruta 11; ha cortado el pasto en banquinas de rutas nacionales; arregló una alcantarilla que impedía circular por un tramo de la ruta 34. "Decidimos hacerlo porque en un momento termina siendo mi problema, porque es el problema de vecinos de Santa Fe" dijo.

Avanza la construcción del nuevo puente a Santo Tomé, obra que asumió la provincia ante las promesas incumplidas de Nación de llevarla adelante. Foto: Fernando Nicola.

A la espera del traspaso a la provincia de la A012, circunvalación del gran Rosario, en pésimo estado y vital para los ingresos a los puertos del sur. "Está en un estado calamitoso, la vamos a arreglar y nos haremos cargo, como hacemos el puente Santa Fe - Santo Tomé, como estamos terminando, después de 12 años, la obra del Monumento Nacional a la Bandera. No le corresponde a Santa Fe pero es muy doloroso que tengamos siniestros viales, en muchos casos, por la falta de mantenimiento o que se rompe una ruta nacional y la desidia del gobierno nacional hace que nadie se haga cargo. Tenemos que movilizar recursos humanos y financieros para reparar eso y no creo que nos devuelvan las inversiones que hemos hecho y no nos correspondían. Tampoco siento que teníamos otra salida".

No obstante adelantó que después de reparar la AO12 propondrán a la Bolsa de Comercio de Rosario, a los transportistas de cargas y a las municipalidades costeras un esquema para administrar esas rutas y las obras necesarias de infraestructura. Más de dos millones de camiones pasan por las rutas del sur en el año.

Es bastante escéptico el mandatario santafesino sobre el proceso de concesión de rutas nacionales que promete llevar adelante la Nación y es un poco más optimista sobre la marcha de la concesión de la Vía Navegable Troncal o Hidrovía. "Llevamos muchos puntos, algunos fueron tenidos en cuenta y otros no en el pliego. Queríamos que se mantenga el calado aquí en la capital. Necesitamos una Hidrovía que funcione porque le da mucha potencia, genera empleo y genera dinamismo económico en Santa Fe".

A la hora de los recursos y el uso de distintos instrumentos, Pullaro fue claro. Señaló que están empezando a utilizar los bonos emitidos en dólares en Nueva York. "Es fundamental para sostener el ritmo de ejecución presupuestaria en la obra pública. Vamos a cambiar 30 o 40 millones por mes para sostener y acelerar el ritmo que tenemos a la provincia". Acotó que "hay obras muy importantes que se vienen llevando adelante, que queremos terminar este año; el endeudamiento fue para mejorar la infraestructura".

Otra parte de la inversión se financia con otros créditos que tuvo Santa Fe como la CAF, Agencia Francesa para el Desarrollo o algunos fondos árabes.

Pullaro no dudó en afirmar que "el nivel de inversión que tiene la provincia, es el más alto en los últimos 20 años. Son más de $ 200.000 millones que se están pagando, aproximadamente, por mes de certificados de obra pública y de equipamiento, especialmente para seguridad".

Cuando se le pregunta si podrán pagar todo lo que está en marcha, no lo duda. "Pero la curva de flujo y de inversión, el tope lo va a tener en octubre, de ahí la curva empieza a bajar. Obras muy importantes se van a terminar de ejecutar en octubre y van a empezar otros proyectos", afirma.

En cuanto a los bonos entregados por la Nación a la gestión de Omar Perotti para saldar la deuda, Pullaro dijo que todavía quedan esos títulos. "Casi $ 500.000 millones nos quedan en esos bonos".

El gobernador Pullaro puso como desafío de la gestión mejorar los puertos públicos como Santa Fe, Rosario, Villa Constitución, repensar Reconquista y tener nueva terminal en Villa Ocampo.

- Sobre el puerto de Santa Fe, alguna vez se habló de traslado, de puerto de barcazas ¿qué figura está viendo el gobernador del puerto?

- Creemos que este puede ser un puerto de contenedores, que si se le mejora la infraestructura, cómo estamos llevando adelante, tiene mucho potencial fundamentalmente en la Región Centro, pero particularmente la capital, la zona de Rafaela, la zona del norte. Se podrían abaratar muchísimo la logística desde el puerto de Santa Fe

Puerto de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

- ¿Para eso tiene que haber inversión en mediano y largo plazo y el estado también lo tiene que hacer?

.- Está funcionando mejor de lo que funcionaba hace dos años atrás; tuvimos algunas salidas muy importantes, pero a este puerto le falta mucho, pero es un acuerdo que tenemos que llevar fundamentalmente con las cámaras y con el sector privado. El sector privado se tiene que apropiar también del puerto de Santa Fe y tiene que comprender que va a abaratar muchísimo los costos si empieza a salir desde aquí y no lo traslada a Rosario o a los puertos de más al sur.

Pullaro recordó que el año pasado habían tenido un acuerdo los 24 gobernadores para modificar dos leyes: Impuesto al cheque y ATN. "Iban a ser dos leyes autónomas. Después el kirchnerismo, que no cambia su forma de escorpión porque siempre hace lo mismo, cambió las reglas de juego y se rompió todo. Trató las leyes, sí, pero las trató con un montón de otras más y las puso últimas para que nuestros legisladores tengan que votar la agenda política del kirchnerismo en el Congreso. Entonces, cuando me llamaron nuevamente este año para una reunión del CFI, les dije que yo no voy a participar porque el año pasado no cumplieron con la palabra. Les dije lo mismo a Axel [Kicillof] y a [Ricardo] Quintela. Habíamos quedado que todos poníamos la cabeza, pero que eran leyes autónomas. Nos rompieron el acuerdo", se lamenta.

"No podemos volver a dialogar algo que le sirva a las provincias cuando el kirchnerismo en el Congreso te hace votar cosas que no todos estaban de acuerdo. Es imposible a futuro sentarnos todos juntos y ponernos a dialogar algo, no porque los gobernadores no quieran, sino porque los bloques parlamentarios tienen vida propia y no le hacen caso a los gobernadores. Está bien que así sea, pero lo que nos pongamos de acuerdo nosotros no va a repercutir de la misma manera en el Congreso", reiteró.

Este jueves el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Casa de Gobierno a periodistas de la ciudad para llevar a cabo una entrevista donde hizo foco en las cuestiones de interés para la provincia.

Uno de los aspectos centrales de la charla fue el reciente acuerdo que se firmó con Anses, por la histórica deuda por la Caja de Jubilaciones. Cabe recordar que el pasado martes, el propio mandatario se reunió con Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) para sellar el convenio.

Con la rúbrica del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Guillermo Arancibia, se estableció un convenio por $ 120.000 millones que van a ser pagados en doce meses. El mismo comenzará a implementarse a partir de mayo y será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

—¿Qué se trajo de Buenos Aires porque usted consideró muy favorable el acuerdo con Anses, sin embargo algunos desde la oposición están objetando que esto corta el juicio?

—Es un primer paso muy importante. Que nos restituyan, que nos devuelvan algo del flujo de la Caja de Jubilaciones, es decir, los que nos dan en compensación por no haber transferido la caja años atrás.

Como primer dato cabe decir que los 10 mil millones que nos darán por mes en el plazo de un año, son tres veces más en valor reales de lo que nos daban sobre finales de 2023 y principios de 2024. Es el doble de lo que nosotros nos habían ofrecido en segunda instancia. Primero propusieron 2 mil millones para restablecer el flujo y luego 5 mil millones. Y no aceptamos.

Por supuesto que se suspende el juicio mientras veamos cual es el stock de deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, funciona así cualquier acuerdo pero bajo ningún concepto dejamos de reclamarle a la Nación.

Por otro lado otro triunfo muy importante que tuvo Santa Fe en este acuerdo tiene que ver con que se quería revisar desde 2016 a 2020 lo que la provincia ya había cobrado y no lo íbamos a permitir.

El gobernador brindó una extensa entrevista.

En definitiva, el gobernador Pullaro resumió en tres aspectos las claves del acuerdo entre Anses y Santa Fe. A saber;

-Triplica lo que recibía la provincia como flujo en términos reales en el 2023 y principios de 2024.

-No se mira hacia atrás, se mira del 2020 en adelante, que es cuando la provincia pagó.

-Se logró acordar por el doble de recursos que había ofrecido Nación.

A poco más de seis meses de sancionada la reforma de la Constitución, la Legislatura votó una de las principales leyes del nuevo andamiaje institucional para la provincia: la orgánica de Municipalidades que es principio ordenador de los 365 asentamientos urbanos que tiene la provincia.

En caso de que los municipios no dicen cartas orgánicas como están facultadas por la Constitución, ésta será la norma que regirá a los gobiernos locales. Ya no habrá distinción entre municipios y comunas, todos serán municipalidades aunque con intendentes en cada caso y comisiones municipales hasta diez mil habitantes y con concejos en el resto.

El Senado había votado en febrero un texto por unanimidad tras varias semanas de debate y de consulta a distintos actores. En tanto, en Diputados no hubo unanimidad, al contrario, casi toda la oposición se unió para votar en contra. "Han logrado unirnos a todos en el voto" disparó la justicialista Celia Arena.

El dictamen elaborado por un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados fue votado por 30 legisladores, entre ellos los 27 oficialistas más Juan José Piedrabuena, Omar Paredes y Edgardo Porfiri. En tanto, justicialistas, bloques celestes y la izquierda juntaron 17 sufragios.

"La presente ley se aplica a los municipios que, de acuerdo con la Constitución Provincial, no estén facultados para dictar su Carta Orgánica y a aquellos que tengan la atribución referida pero no la hayan ejercido. Asimismo, se aplica en forma supletoria a los municipios que hayan dictado sus Cartas Orgánicas y/o que no hayan previsto asuntos regulados en la presente", reza el artìculo 3.

El oficialismo abrió y cerró el debate con posturas del socialista Joaquín Blanco y el radical José Corral. En cambio se multiplicaron las voces opositoras: Fabián Palo Oliver, Marcos Corach, Lucila De Ponti, Silvia Malfesi, Alicia Azanza, Natalia Armas Belavi, Celia Arena y Verónica Baró Graf dispararon diferentes argumentos. En todos los casos hubo críticas al oficialismo que no abrió el debate y no aceptó incluir propuestas que se le hicieron llegar desde esos espacios.

En el paso de una Cámara a la otra, en Diputados fueron corregidos cinco artículos: el 22 sobre gobiernos locales; 56 sobre órganos y sistemas de control; 72 sobre expropiaciones; el 94 sobre la transición entre un gobierno y otro y el 106 sobre concejos municipales.

Blanco y Corral coincidieron en reivindicar el modelo de municipalismo y autonomía que tiene Santa Fe su historia institucional y ambos no dudaron en afirmar que se dictaba una gran ley. "Es la primera gran ley post reforma constitucional" aseguró el socialista quien recordó que el mensaje del Ejecutivo tenía 60 artículos y la ley sale con 112.

"La nueva ley le reconoce una agenda amplia que tiene los municipios" detalló Corral para exponer los alcances del texto.

Palo Oliver cuestionó la exclusión de derechos laborales en el texto de la norma y advirtió que se violenta el espíritu de la autonomía. Para Corach, la norma "es una cáscara vacía, con autonomía de papel" y subrayó que con el nuevo texto "el Ejecutivo se queda con la correa de mano de los intendentes".

Para De Ponti, la ley es una oportunidad perdida y calificó de vaga y declamativa a la norma. Malfesi cuestionó varios aspectos, entre ellas la no obligatoriedad que toda tasa deba tener contraprestación.

Azanza cuestionó que el oficialismo hable de consenso y democracia sin escuchar a ningún sector. Armas Belavi también habló de una norma centralista que no ayudará a los gobiernos locales.

Arena, en tanto, afirmó que la ley no es la mejor ni la más inteligente sino la que permite no tensar un frente de gobierno que está tenso. "Es una ley corta que no garantiza recursos y no transforma nada" añadió. Baró Graf, en tanto, marcó deficiencias de la norma en temas como FAE, y salud.

El texto votado por Diputados en forma dividida, con las reformas, fue pasado en forma inmediata al Senado que -por unanimidad- aceptó el texto y pasó la ley para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El artículo 22 es el que define como serán los gobiernos locales a partir de 2027.

Las Comisiones Municipales se integran con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio, de conformidad con las siguientes pautas:

Las comisiones de Gobiernos Locales y de Presupuesto y Hacienda enviaron este lunes las citaciones al plenario de estos dos grupos más Asuntos Constitucionales para dictaminar el mensaje del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe sobre la futura Ley Orgánica de Municipios.

Será el tercer plenario conjunto de tres comisiones por este tema que tiene tratamiento preferencial para el jueves. El plenario fue citado para este miércoles 8 de abril, desde las 16, en el recinto mismo de Diputados.

El bloque de Unidos tiene agendada una reunión previa para acordar la posición a llevar al plenario. Persisten algunos diputados que entienden que es indispensable hacer correcciones al texto aprobado -por unanimidad- por el Senado y otros que entienden que la Cámara debe sancionar la norma este mismo jueves.

El sector que entiende que deben haber cambios mencionan problemas en la redacción del dictamen aprobado por el Senado más otros temas de índole político como la definición del número de bancas en los concejos municipales.

Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral

El justicialismo, en tanto, pretende lograr incorporar algunas reformas, entre ellas la autorización a los municipios a poder tener entidades financieras locales para canalizar el ahorro de cada población.

Este 2026 no tiene elecciones a la vista, la ciudadanía está preocupada y ocupada por sus diferentes temas y ámbitos, pero la dirigencia política ya tiene la cabeza en 2027 donde Santa Fe renueva dos poderes provinciales, la mayoría de los intendentes -ahora presidentes comunales por cuatro años- y gran parte de los concejales.

La Constitución sancionada en septiembre pasado exige el dictado de algunas leyes previas al acto electoral, temas que ocupan por estos meses a los poderes Ejecutivo y Legislativo y que -todo parece indicar- tendrá en la semana la definición sobre los gobiernos municipales a futuro y después se encargará de definir el digesto electoral. La norma electoral es clave para ordenar el sistema que rige a la hora de votar y que hoy tiene demasiados grises que permiten travesuras políticas, especialmente a la hora de definir bancas para minorías.

No obstante esto, Unidos para Cambiar Santa Fe parte con la ventaja de administrar el poder Ejecutivo y conducir las dos cámaras legislativas, pero además con la posibilidad de reelección del gobernador, tema habilitado por la reciente reforma constitucional. En la oposición todavía hay mucho por definir, especialmente en el justicialismo y sus aliados, fuerza que sabe lo que es gobernar Santa Fe. La tercera pata parece ser La Libertad Avanza cuyo armado está más en manos de Casa Rosada que de los dirigentes que tienen en la provincia. Por ahora, el sello pesa más que los candidatos provinciales y locales.

La carta primera de Unidos es buscar la reelección de Maximiliano Pullaro haciendo eje en dos aspectos de la tarea de gobierno: seguridad y obra pública. Por ahora, allí parecen estar las claves donde el gobierno buscará un aval de otros cuatro años por parte de la ciudadanía.

La gestión horada al poder de turno y en Santa Fe en las dos últimas elecciones provinciales hubo cambio de color político. Hoy, el gobernador Pullaro tiene enfrente el malestar expuesto por dirigentes y buen número de docentes provinciales con el tema salarial en el centro aunque también expuestos ahora a la Asistencia Perfecta que les quitó poder de fuego a la conducción que abusó de paros y protestas en las últimas décadas. Después la emergencia previsional también provocó disgustos en un sector sensible de la sociedad. Alguna atenuación de la norma y la caída de la emergencia en septiembre podrán disipar algo la queja de los pasivos. De todas maneras, la gestión próxima deberá volver sobre el tema previsional, guste o no a los beneficiarios del sistema provincial que tiene un déficit que debe compensar el resto de los santafesinos.

El compromiso de Anses de volver a pagos mensuales a futuro no quita la problemática del déficit previsional aunque sí la atenúa y no es menos importante. La firma del entendimiento que haría esta semana el gobernador no deja de lado el reclamo de fondo por la deuda de ejercicios anteriores.

Días pasados hubo una conversación en CABA entre Pullaro y Horacio Rosatti aunque ninguna de las partes filtró el temario o bien si fue un encuentro casual en un evento social.

Más allá de políticas en todas las áreas, Unidos pone y pondrá en el centro del escenario la seguridad y la obra pública y hasta el momento tiene números para mostrar. En seguridad, nunca para celebrar porque en la semana que anunció que el primer trimestre fue el de menor violencia desde que existen estadísticas, un solo caso, llegó a la prensa internacional. Fue lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal.

El ataque de un menor en la escuela de San Cristóbal opacó el anuncio del propio gobernador de que la Nación avaló que sea la provincia la que termine la obra de reparación del Monumento a la Bandera y el objetivo de terminarla antes del 20 de junio, día de fiesta en Rosario. Es increíble el desprecio de los gobiernos nacionales hacia Santa Fe y sus símbolos. Doce años lleva la obra del Monumento sucesivamente anunciada y abandonada por gobiernos centrales de distinto signo político. Acá la culpa no es solo de Javier Milei.

El mismo desprecio de sucesivos gobiernos nacionales para con los corredores nacionales que atraviesan Santa Fe, ahora que Luis Caputo anunció que la nación transferirá a Santa Fe la AO 12, que alguna vez fuera la ruta provincial 16.

El abandono de las rutas 11, 33, 34 y 19, entre otras, viene desde hace años. No todas las rutas nacionales que atraviesan otras provincias tienen el grado de deterioro de los caminos santafesinos. Se podrá decir que las cargas a puertos son la causa principal, pero la decisión política de los gobiernos centrales no es un dato menor a la hora de verificar el estado de caminos.

"Recuperar la calle para la gente" fue el lema elegido en la última reunión interministerial donde el propio Pullaro le pidió a los funcionarios y legisladores que salgan a explicar a la gente lo que se hace en la provincia y fueron las autoridades del Ministerio de Justicia y de Seguridad las que abundaron en estadísticas sobre lo realizado. Este sábado Santo, el propio gobernador se llegó a la sede que encabeza Pablo Cococcioni para repasar la marcha de la gestión.

La otra pata del esquema es la obra pública que también está en la educación con la construcción de nuevos establecimientos escolares, aprovechando un crédito de la gestión de Omar Perotti, o el programa Mil Aulas que llega a casi todo el territorio; o la inversión de EPE y de ASSA especialmente en Santa Fe y Rosario.

"Sin corrupción" le gusta repetir al gobierno y en los dos primeros años exhibió como pudo contratar y realizar obras por debajo de los presupuestos oficiales. Con los bonos de la deuda previsional, más tres créditos de la CAF y la emisión de deuda en el exterior, la gestión sigue adelante con el plan de obras y suma esta semana el Monumento a la Bandera y la A0 12. La inversión le permite diferenciarse del gobierno nacional que ha decidido cerrar el grifo en obra pública y sumar empleo en momentos en que decae.

La gran pregunta es si esas banderas le permitirán a Unidos seguir en el gobierno provincial. Aún es prematura la respuesta cuando la incertidumbre parece dominar el escenario político y los jóvenes que definen resultados electorales tienen mirada muy crítica sobre la clase dirigente y han perdido la identidad partidaria que existió en familias argentinas durante décadas y que hoy aparecen pulverizadas junto a los partidos políticos.

El gobierno santafesino terminó de formalizar la designación de Paula Manzoni como flamante titular de la ahora creada Dirección provincial Unidad Lince que funcionará en el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública que conduce Fabián Bastia.

Manzoni viene trabajando en el área e incluso fue la encargada de presentar oficialmente dicho programa ante el gabinete provincial y los medios de comunicación en una reunión realizada en diciembre en el salón Walsh del gobierno en la ciudad de Rosario.

Lince es mucho más que un sistema de cámaras, sino que es la Unidad de Gestión y Análisis de Video que constituye el cerebro tecnológico de la nueva estrategia de seguridad y modernización del Estado santafesino.

Lince utiliza el software BriefCam, una herramienta de Inteligencia Artificial que permite realizar búsquedas inteligentes sobre miles de horas de video en tiempo récord. Entre las funciones principales está mostrar en un video de un minuto todos los eventos (personas, autos, motos) que ocurrieron en ese lugar durante varias horas, superponiéndolos con marcas de tiempo y además está integrado con sistemas de lectura de patentes y reconocimiento facial para detectar vehículos u objetivos con pedido de captura.

El decreto 00636 dictado este miércoles establece las pautas para que la Unidad de Gestión y Análisis de Video (Lince) se convierta en el estándar de monitoreo en toda la provincia. Sus alcances incluyen: la centralización de datos y los protocolos de actuación.

Así para la centralización de datos dispone la obligatoriedad de que los centros de monitoreo municipales y comunales que reciban fondos provinciales integren sus sistemas a la plataforma centralizada que utiliza IA (BriefCam). En cuanto a protocolos de actuación define cómo debe fluir la información desde la detección de un evento por parte de la IA hasta la intervención de la policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además de Manzoni, el decreto de creación de la Unidad dispone la designación de 8 asistentes técnicos y redesigna a otros 5 asistentes técnicos.

Lince se incorpora a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión que dirige Ignacio Tabares que tiene a su cargo todo lo relativo a la definición y gestión de los estándares tecnológicos, procesos y procedimientos aplicables a la mejora de la gestión, y a la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la información y de las Comunicaciones (TICs) a la gestión de gobierno.

Esta dependencia clave del gobierno formula políticas tecnológicas e implementa el proceso de desarrollo e innovación tecnológica promoviendo la estandarización y el uso e integración de nuevas tecnologías para brindar una administración abierta, eficaz, eficiente e innovadora para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.

Lince ya está operativo en Rosario mientras que para la ciudad de Santa Fe ya se efectuó la licitación de las 2.000 nuevas cámaras que se suman a las hoy 600 existentes. Estas cámaras tendrá IA para identificación facial y de patentes, alertas en tiempo real y análisis forense. La adjudicación está próxima a concretarse, se explicó en el ministerio de Gobierno ante la consulta de El Litoral.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques, envió en los dos últimos días de marzo una primera tanda de 62 pliegos al Senado de la Nación para buscar acuerdo parlamentario. Esta decisión busca cubrir una parte de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

Este primer paquete incluye 50 jueces, 5 defensores, 1 fiscal y 6 conjueces, destinados principalmente a fueros nacionales y federales. Para el caso de la justicia federal de Santa Fe la medida, en principio, propicia dos designaciones: la de Emilio Rosatti para completar la integración del Tribunal Oral Federal Nº 1 y la de Walter Alberto Rodríguez como titular del juzgado federal Nº2.

En el caso de Rosatti -en caso de ser aprobado el pliego- ocupará la silla dejada vacante por María Ivón Vella y Rodríguez el dejado vacante por Francisco Miño.

Tanto Rosatti como Rodríguez integraban las ternas en los respectivos concursos terminados meses atrás en el Consejo de la Magistratura.

Rosatti encabezó la terna seguido por Gonzalo Fernández; y Sofía Chiambretto. El CM giró el listado el 31 de mayo de 2024.

En tanto, el 19 de diciembre de 2024, el CM mandó la terna del juzgado federal nª 2 con Santiago Díaz Cafferata; Walter Alberto Rodríguez; y Giselle Wade.

Dentro de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también fueron finalizados otros concursos con ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo pero que aún no fueron enviados al Senado. En el caso del concurso para el juzgado federal de Rafaela, la terna está integrada por Santiago Díaz Cafferata, Santiago Joaquín Saux y Verónica Andrea Medina.

Los pliegos deben tomar estado parlamentario en la próxima sesión del Senado para luego ser tratados por la Comisión de Acuerdos y tras las entrevistas a los candidatos ser votados en el recinto donde es necesaria la mayoría simple de los votos.

Tras el plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados, cobró fuerza la posibilidad de que el cuerpo introduzca modificaciones al texto votado en el Senado de la futura Ley Orgánica de Municipios que llegaría al recinto el 9 de abril.

"Hay errores de redacción que habría que subsanar" marcó Dionisio Scarpin, presidente de la Comisión de Gobiernos Locales, una de las tres que estuvo en el recinto de Diputados. En tanto, desde la interbancada justicialista aspiran a que haya algunas otras modificaciones. Marcos Corach dejó una serie de sugerencias, más allá del reclamo de discutir la futura norma sobre coparticipación, también habilitada por la nueva Constitución. No obstante, la disposición transitoria fijó el plazo de dos años a contar desde septiembre del 2025 para esta temática que implica cómo se reparten los recursos entre el Estado provincial y los gobiernos locales.

De la primera parte de la reunión de este jueves participaron directivos de Festram dejando una serie de sugerencias, especialmente en materia de pisos mínimos en materia laboral.

Diputados fijó el 8 de abril para dictaminar la ley de municipios. Foto: Gentileza Cámara de Diputados.

Después de escuchar a los dirigentes gremiales, el plenario de las tres comisiones leyó el proyecto votado por el Senado y que consta de 111 artículos. Es allí, en el repaso donde se advirtieron problemas en la redacción que obligarían a introducir cambios que devolverían el texto al Senado. No obstante, a dos semanas del tratamiento, el interbloque de Unidos hablará con el bloque oficialista del Senado para acordar los cambios.

La propuesta justicialista de cambios es extensa. Se destaca el pedido de incluir un nuevo artículo sobre entidades financieras. "Las municipalidades pueden crear instituciones y entidades financieras a través del dictado de una ordenanza, cuya finalidad esencial sea la de canalizar el ahorro público y privado, con una política crediticia que promueva el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, priorizando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social", expone la propuesta.

El otro artículo, en consonancia con la Festram apunta a ampliar los alcances del artículo 82 sobre empleo público municipal. La propuesta dice que "el ingreso al empleo público municipal se funda en criterios de igualdad e idoneidad. Los municipios dictan sus normas sobre organización administrativa, escalafón y estabilidad de sus agentes. La legislación provincial aplicable en la materia constituye un piso mínimo e indisponible de derechos laborales, que puede ser ampliado por la normativa local, pero nunca reducido. Se reconoce a los trabajadores municipales como sujetos de tutela preferente en los términos previstos en el artículo 23 de la Constitución Provincial".

Dionisio Scarpin admitió posibles cambios al texto aprobado en Senado. Crédito: Archivo

Scarpin le dijo a El Litoral que "en términos generales hay que retocar aspectos de ordenamiento y redacción de la ley en la cual estamos todos de acuerdo. En cuanto a las diferencias políticas, serán motivo de conversaciones hasta el 8 de abril cuando vuelva a reunirse el plenario de tres comisiones".

En el plenario, no avanzó la idea de convocar a los foros de intendentes. Desde Unidos se recordó que hubo una tarea preliminar del Senado sobre la cuestión.

En Diputados, el proyecto votado por el Senado se trata en forma conjunta con dos iniciativas propias de legisladores, en este caso de Celia Arena (PJ) y Verónica Porcelli Baró Graf (Frente Renovador).

Uno de los temas que provoca cruces entre sectores políticos es todo lo referido a la temáticas de organismos de control en los municipios, también la conformación de los concejos municipales e incluso cómo ordenar desde la ley las transiciones administrativas.

A partir de las elecciones de 2027, todos los gobiernos locales tendrán un mandato de cuatro años. Hasta hoy son los intendentes los que tienen ese tiempo de mandato así como los concejales mientras que en las comisiones comunales es de dos años. También el año próximo ya no habrá comunas, sino 365 municipios distribuidos en toda la bota santafesina.

Marcos Corach propuso habilitar entidades financieras municipales.

Un artículo de la ley apunta a reglar los períodos de transición especialmente cuando se da el cambio de signo político y que genera fuertes cruces en muchas ciudades.

El artículo 93 del proyecto determina que "la transición ordenada de los gobiernos municipales es el proceso político-administrativo institucional que se desarrolla entre las autoridades salientes y las autoridades electas, con el objeto de asegurar la continuidad del gobierno local, regular la prestación de los servicios públicos y la preservación del interés público municipal".

Dispone además que "los municipios deben establecer, mediante ordenanza, un régimen de transición ordenada que inicia con la proclamación de las autoridades electas por el órgano electoral competente y concluye con la toma de juramento y asunción de las nuevas autoridades, debiendo desarrollarse conforme a los principios de legalidad, orden, planificación, transparencia y colaboración institucional".

De respetar en Diputados el artículo 21 votado por Senado, el mapa santafesino de municipios quedaría ordenado de la siguiente manera:

-Localidades de hasta 3.000 habitantes: intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por tres miembros.

-Municipios de 3.000 y 10.000 habitantes: intendente y Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por cinco miembros.

-Municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes: intendente y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por cinco miembros.

-Localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes: intendente y un Concejo Municipal integrado por siete miembros.

-Municipios de entre 50.000 y 80.000 habitantes: intendente más Concejo de nueve miembros.

-Localidades entre 80.000 y 150.000 habitantes: intendente y un Concejo de once integrantes.

-Más de 150.000 habitantes: intendente y un Concejo Municipal que sumará dos concejales cada cien mil habitantes. Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen al momento de la entrada en vigencia de la ley.

La redacción dispone que los miembros de los Concejos o Comisiones Municipales podrán percibir, durante el ejercicio de su mandato, una asignación funcional, la cual será fijada por el propio cuerpo mediante el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus integrantes. En las municipalidades que tengan hasta 3.000 habitantes la función de vocal será ad honorem.

El Poder Ejecutivo promulgó, en el primer día hábil de la semana, las cuatro leyes sancionadas el pasado jueves en la Legislatura, para una de las cuales se licitaron trabajos. Se trata de la llamada Quinta de Funes que fue incorporado como Espacio de la Memoria. Ocho ofertas se presentaron a la convocatoria realizada por el gobierno santafesino para trabajos de puesta en valor del sitio. El tema fue iniciado en Diputados por la bancada socialista que encabeza Joaquín Blanco.

La Ley Nº 14.435 suma a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria que tiene la provincia como lo que fue la Comisaría Cuarta de Santa Fe y la ex sede de la Secretaría de Inteligencia en Rosario.

Las otras normas promulgadas son la 14.443 por el cual la provincia adhirió a la norma nacional N° 27.786 sobre organizaciones criminales, iniciativa de la diputada Ximena Sola (Pro). La conocida como "Ley Antimafias", fue promulgada a principios de marzo de 2025 y representa un cambio profundo en la estrategia de persecución penal contra el crimen organizado en Argentina. Su diseño se inspira en modelos internacionales (como la Ley RICO de EE. UU.) para atacar no solo delitos individuales, sino a la estructura de la organización en su conjunto.

La Quinta de Funes fue declarada Espacio de la Memoria provincial. Crédito: Archivo El Litoral

La ley establece un marco específico para grupos de tres o más personas que actúen de manera concertada durante cierto tiempo para cometer delitos graves. El alcance incluye narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión y corrupción, entre otros.

Además, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 14.433 con cambios en la competencia de Jueces de Menores, iniciativa propiciada por el propio Poder Ejecutivo. Finalmente, la Ley N° 14.432 instituye como "Fiesta Provincial de la Empanada de Pescado de Río" la que se realiza en San José del Rincón, siguiendo un proyecto del senador Francisco Garibaldi.

Ayer en Rosario, se abrieron las ofertas de la licitación para transformar la Quinta de Funes, en el departamento Rosario, en un Espacio de la Memoria. El predio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura, será intervenido con el objetivo de preservarlo, ponerlo en valor y convertirlo en un ámbito de transmisión de la memoria colectiva.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone encabezaron el acto. "La recuperación de estos espacios no responde a caprichos ideológicos ni a lujos culturales, sino que son herramientas fundamentales para la construcción plena de la democracia", dijo Jatón.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. Las obras contemplan el cerramiento perimetral del predio, la instalación de torres de iluminación, la construcción de sanitarios, oficinas y depósitos, además de mejoras en accesos y la refuncionalización del galpón existente mediante la ejecución de un nuevo piso de hormigón.

Desde una perspectiva de infraestructura pública con enfoque en derechos humanos, la intervención apunta a dotar al sitio de condiciones de habitabilidad y uso permanente, sin alterar su valor histórico. La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre septiembre de 1977 y enero de 1978, según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales.

Joaquín Blanco impulsó el proyecto aprobado en Diputados, Joaquín Blanco.

En 2016 fue señalizada oficialmente como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y, a partir de la Ley provincial N.º 13.530, se dispuso su expropiación para destinarla a fines de memoria y promoción de derechos humanos.

Las ocho ofertas presentadas son Andrés Arriaga S.R.L. cotizó los trabajos en $ 508.521.472,13; Construcciones Tres S.R.L. por $ 509.748.263,60; Capaze S.R.L. $ 498.000.000,00 y Coirini S.A. elevó una propuesta de $ 543.676.660,58.

Asimismo, PH Constructora S.R.L. cotizó por $ 468.582.922,16; Deprop S.R.L. $ 426.853.978,72; Al Servicio S.R.L. propuso $ 451.108.372,50; y B2C Construcciones S.R.L. con una cotización de $ 518.122.593,83.

La firma Pecam tendrá a su cargo la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Piñero con un monto de contrato de $24.882.017.292,98 y un plazo de ejecución de 420 días calendario.

La adjudicación del nuevo complejo está contenida en el decreto Nº 578 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia.

A diferencia de las cárceles tradicionales con grandes pabellones comunes, la nueva unidad fue diseñada bajo un esquema de 6 módulos independientes, denominados "mini penales". Cada módulo funcionará como unidad autónoma con su propio ingreso, áreas recreativas, talleres educativos y cocinas. Se explicó que el objetivo es evitar que los internos de distintos sectores tengan contacto entre sí, reduciendo la capacidad de organización interna de las bandas.

El proyecta apunta a albergar a 1.920 internos, todos varones.

La licitación fue convocada con un presupuesto de $32.887.807.996,16 y se presentaron 8 oferentes de los cuales la Unidad Ejecutora optó por la oferta de Pecam.

La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que modifique el decreto 0586/25 y que incluya en el plan de incentivo a la asistencia al personal docente que peticione licencia por maternidad y lactancia. El cuerpo respaldó así la presentación realizada por Verónica Porcelli Baró Graf (100% Santafesino).

En los hechos la legisladora había presentado un proyecto de ley y en la discusión en la Comisión de Educación acordaron transformarlo en un proyecto de Comunicación que llegó al recinto y fue aprobado por todo el arco político.

Porcelli marcó que el decreto 0586 del año 2024 estableció un premio por Asistencia Perfecta para los docentes de la Provincia, pero allí no contempló el pago de esta suma dineraria a aquellas docentes que estén gozando de su licencia por maternidad y lactancia. Ambas licencias están contempladas en la Ley Nacional 20. 744 que rige los contratos de trabajo.

Para la diputada, en el caso de la licencia por maternidad y lactancia, "el quite de este bono por Asistencia Perfecta se convierte en una situación arbitraria y particularmente gravosa, puesto que para ejercer ambas acciones el cese de la actividad laboral es inevitable; siendo que paradójicamente debería ser considerada la más perfecta de las asistencias".

En los fundamentos de la iniciativa, se subraya el cambio social que se está viviendo en relación al deseo de ser madres: los embarazos se producen a edades más avanzadas, muchas veces postergados por la necesidad de desarrollo personal y laboral de las mujeres que buscan estabilidad económica a la hora de criar a sus hijos. "Es por esto que la posibilidad de perder incentivos económicos a la hora de ejercer el derecho a la licencia por maternidad y lactancia, se convierte en un acto de discriminación e injusticia que daña el vínculo fundante entre la madre y el hijo en los primeros meses de vida", subrayó la diputada.

Destaca que la Organización Mundial de la Salud establece que la leche materna es el mejor alimento para los lactantes; limpia y segura, es la manera natural de proteger al bebé con los anticuerpos necesarios para defenderse de las enfermedades propias de la infancia. Los niños amamantados muestran un mejor desempeño cognitivo y son menos propensos al sobrepeso. La lactancia durante el primer mes es a libre demanda, motivo por el cual es necesaria una disponibilidad atenta de la madre al bebé para cuando éste la necesita.

Para Porcelli "proteger la lactancia materna se está asegurando una niñez sana, un beneficio para toda la sociedad y las generaciones futuras".

Finalizó marcando que el deber como legisladores "es llevar tranquilidad a las docentes a la hora de elegir tener hijos y facilitar la lactancia materna, propendiendo a garantizar el futuro de las generaciones. Una norma que otorgue una suma dineraria extra por Asistencia Perfecta atenta directamente contra este objetivo".