El único oferente del Sistema Integrado de Salud Laboral (Sispal) que licitó el gobierno santafesino pasó satisfactoriamente la etapa de evaluación técnica y habilitó la posibilidad de que se abra el sobre 2 que contiene el requerimiento económico exigido para prestar el servicio.

SML Consultores Médicos, empresa del grupo Werthein, es la única que presentó los dos sobres exigidos en el marco del proceso licitatorio que lleva adelante el gobierno santafesino con el objetivo de cuidar la salud del agente público y por ende bajar el nivel de ausentismo que rondó, en 2024, el 14% de los empleados.

El objetivo final es que la empresa que surja del proceso licitatorio se encargue de los problemas de salud de los 150 mil empleados del estado santafesino, que realice las atenciones pertinentes en cada una de las localidades, se haga cargo de la prestación de medicamentos y del seguimiento de los posibles accidentes laborales.

El pliego establece un proceso gradual de puesta en marcha del sistema que comenzará con personal comprendido en el escalafón 2695, Fiscalía de Estado, gráficos, Api, Catastro y ex Dipos que están distribuidos en 296 localidades y totalizan 28.509 agentes.

Luego llegará el turno de Profesionales Ley 9282 y los Viales (9.860 agentes); en tercer lugar para docentes y asistentes escolares (79.365) y finalmente a personal policial y penitenciario (31.354).

El pliego estableció las condiciones en que debe prestarse el servicio con una línea telefónica de acceso al sistema para la derivación a un profesional de salud en cada lugar de la provincia. Entre los requisitos se le exige al prestador la atención en cada uno de los rincones de la provincia e incluso la provisión de medicamentos en caso de ser necesario.

El precio base de la licitación partió de una suma algo superior a los $6.300 por empleado, cifra que tendrá actualizaciones trimestrales de acuerdo a un mix entre aumentos salariales e inflación.

En caso de que el oferente haya presentado una oferta económica en línea con el pliego se estima que a más tardar en septiembre estará en funciones el sistema con un contrato con dos años de duración y posible prórroga por otro.

El Sispal será el sistema integrado de protección laboral que operará un agente privado y que apunta a unificar un sistema que aparece como muy fragmentado, no integrado y que no dialoga entre sí, de acuerdo al diagnóstico que hicieron los equipos económico y de salud al evaluar la situación.

El futuro operador será el encargado de trabajar en la confección de las carpetas de ingresos al Estado, pero también de entender en licencias de corto tratamiento que hoy es el 70% de la problemática de salud de los trabajadores. También todo lo que son las prestaciones médicas por accidentes y enfermedades profesionales.

S.M.L. Consultores Médicos S.A. forma parte del grupo Werthein y es utilizada para coordinar los médicos a domicilio, las clínicas de atención primaria, los traslados y el seguimiento de los trabajadores accidentados en dependencias estatales y empresa. En Santa Fe, ha establecido una red de prestadores con clínicas y consultorios diseminados por toda la provincia y que se encuadró dentro de los requerimientos del pliego, se indicó en Casa de Gobierno.

Malena Azario, secretaria de la Función Pública aclaró que "el Estado no va a otorgar la prestación al hijo o familiar porque el vínculo laboral es con el empleado. Ese es el límite. Sí, vamos a hacer el control médico. En maternidad, todas las obras sociales tienen el plan materno infantil, que es gratuito. Lo que sí vamos a ingresar es a esa trabajadora con el certificado de que está embarazada".

"No podemos controlar a un familiar, porque no está dentro de las potestades del Estado, sí podemos controlar al empleado", había señalado al presentar el programa.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe prorrogó por un año la vigencia de la Ley Nº 14241 que dispuso la emergencia en materia Social, Educativa y Sanitaria. La prórroga será a partir de este martes y la decisión está prevista en el propio articulado legal.

El dictado de la ley de esa emergencia apunta a garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en un período de alta criticidad social, siendo los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, las autoridades de aplicación de la norma especial.

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

La Ley N° 14241 fue dictada a fines de 2023 y prorrogada por decreto por seis meses. Posteriormente, mediante Ley N° 14412 se aprobó una nueva prórroga desde el 23 de junio de 2025 y por el plazo de un año que ahora se extiende por otro año.

A la hora de los considerandos se informa que la prórroga obedece al sostenimiento en las condiciones de deterioro del tejido social que había justificado su sanción legislativa. Precisa que a nivel nacional los resultados del segundo semestre de 2025 del informe del INDEC referido a "Incidencia de la pobreza y la indigencia" revelan que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21,0%, en los que reside el 28,2% de las personas y dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,3% de las personas.

Eso implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la línea de pobreza se encuentran 2.145.000 hogares, que incluyen a 8.474.000 personas y dentro de ese conjunto, 494.000 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa un total de 1.884.000 personas.

Imagen aérea de la ciudad de Santa Fe. Foto: Fernando Nicola

En lo que respecta a la Provincia de Santa Fe, los porcentajes observados en los grandes aglomerados urbanos siguen la misma lógica. En el Gran Rosario la pobreza alcanzó el 16,6% de los hogares y el 22,3% de las personas, en tanto que para el Gran Santa Fe las cifras alcanzan el 22,8% y el 30,6%, respectivamente.

"Esos números representan un sostenimiento de la precariedad de las condiciones materiales de vida de los habitantes de nuestra provincia", dice el decreto.

En paralelo, la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país continúa en una situación crítica; según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en 2025 el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina urbana vivía en hogares pobres y el 10,7% en situación de indigencia.

Otro aspecto son los consumos problemáticos en la Provincia. La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, particularmente en relación a la cantidad de situaciones abordadas, destaca que "entre los años 2023 y 2024, hubo un incremento aproximado del 43%. Entre los años 2024 y 2025, el aumento fue aún más significativo, implicando un crecimiento cercano al 77%. Siendo el incremento acumulado del 2023 al 2025 más del 153%".

En los considerandos añade que la crisis económica que atraviesa el país impacta tanto en el mercado laboral como en el sistema de obras sociales, lo que provoca que numerosos beneficiarios recurran a hospitales y centros de salud. Como consecuencia de ello, el sistema público de salud debe asumir la atención de una población cada vez mayor en sus establecimientos.

El actual contexto socioeconómico demanda la continuidad en la implementación de esfuerzos orientados a consolidar un modelo de atención, gestión y financiamiento basado en redes integradas de servicios; este enfoque debe priorizar la ejecución rápida y eficiente de políticas de prevención y promoción de la salud y del desarrollo humano de la población, contemplando la incorporación de nuevas tecnologías y la participación de un número suficiente de agentes calificados para garantizar una atención esencial y adecuada.

Otro aspecto marcado por el decreto es la discontinuidad de políticas públicas esenciales que obligó al sistema de salud de la Provincia de Santa Fe a asumir responsabilidades que antes eran cubiertas por la Nación; a la interrupción de programas sanitarios claves se suma la irregularidad en la provisión de medicamentos, insumos críticos y vacunas, lo que ha obligado al gobierno provincial a reforzar su inversión y capacidad operativa para sostener el acceso a la salud; frente a esta realidad, ha desplegado una estrategia de gestión y financiamiento que prioriza a las personas, fortalece a los equipos de salud y mantiene el funcionamiento de hospitales y centros de salud en toda la provincia.

Precisa el decreto que esta retracción por parte del Estado Nacional se ve reflejada en una drástica reducción del financiamiento para programas críticos como Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, o el Programa Federal INCLUIR SALUD, obligando a la provincia a absorber la provisión de insumos y medicamentos con recursos propios para evitar la interrupción de las prestaciones de salud.

La discontinuidad en el suministro de insumos nacionales ha obligado a desplegar estrategias urgentes de compra centralizada de medicamentos esenciales, oncológicos, de alto precio y antibióticos inyectables, así como la provisión de insumos para hacer frente a la emergencia epidemiológica del Dengue, tanto para la prevención, vacunación y control de dicha enfermedad en el territorio provincial.

En la continuidad, se marca que para optimizar la distribución territorial y asegurar la operatividad de la red pública ante el incremento de pacientes que perdieron la cobertura de la seguridad social, resulta indispensable dar continuidad a los mecanismos excepcionales de contratación, los cuales han permitido que efectores de salud de toda la provincia realicen más de 2.500 gestiones -entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas de emergencia-, enmarcadas en el Decreto N° 0219/24, que reguló diferentes procesos de contrataciones en el marco de la emergencia declarada.

Tras estos considerandos, el Poder Ejecutivo "corrobora que subsisten las razones que motivaron aquella declaración de emergencia aprobada por Ley N° 14241, por lo que se estima procedente disponer su prórroga por el plazo de un año, a partir del 23 de junio de 2026.

El presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, encabezó una reunión con los integrantes de la Mesa de Acción Política que representa a las diferentes corrientes internas, que derivó en un documento donde le solicita al gobierno mantener el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) más la Boleta Única con las cinco categorías como se viene utilizando en la provincia.

"Ni la PASO ni Boleta Única han tenido inconvenientes en todo este tiempo. En las sucesivas elecciones ganaron distintos partidos; no hubo denuncias de fraude y no hay motivo para alterarlo", coincidieron en señalar a El Litoral varios de los participantes de la reunión que finalizó poco después del mediodía en la casa partidaria de calle Crespo, frente a la Plaza España, en la ciudad de Santa Fe.

La reunión fue a pocas horas del plenario de Unidos en la sede radical, muy cerca de la sede justicialista, donde el oficialismo empezó a analizar el futuro Código Electoral y se autoimpuso el plazo del 2 de julio para presentar proyectos "en espejo" en ambas cámaras.

El Partido Justicialista de Santa Fe considera "que toda modificación del sistema electoral debe abordarse con una mirada estratégica e institucional, orientada al fortalecimiento de la democracia y a la calidad de la representación política, y no a necesidades coyunturales ni a disputas internas circunstanciales de las fuerzas que integran el gobierno provincial", comienza marcando el pronunciamiento.

Advierte que "las reglas de juego de la democracia pertenecen a todos los santafesinos. Por ello, cualquier cambio en materia electoral exige amplios consensos políticos y sociales, garantizando previsibilidad, transparencia, participación ciudadana e igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas".

Guillermo Cornaglia lideró un encuentro donde el PJ reafirmó su postura a favor de las PASO y Boleta Única, pidiendo diálogo para una reforma electoral inclusiva.

El Partido Justicialista sostiene que la discusión sobre el régimen electoral debe darse en el marco del proceso de reforma de la Constitución Provincial, "con el objetivo de construir un sistema moderno, equilibrado y representativo que fortalezca las instituciones y otorgue mayor legitimidad a los procesos electorales".

Los senadores del Partido Justicialista fueron los primeros y -únicos por el momento- en ingresar proyectos sobre la materia con uno sobre Código Electoral donde reúne toda la legislación con algunos retoques, y una nueva ley sobre Tribunal Electoral donde propone designar un juez con competencia electoral al frente del organismo.

El documento justicialista considera que cualquier debate sobre el sistema electoral necesariamente debe incluir: continuidad de las PASO; y Boleta Única Papel para cada categoría de cargo electivo, sin posibilitar candidaturas simultaneas. Consideramos que ambos mecanismos han funcionado hasta el momento sin inconvenientes operativos relevantes, garantizando transparencia, normalidad y participación ciudadana en los procesos electorales.

El Partido Justicialista insiste en mantener las PASO y Boleta Única, subrayando la necesidad de un sistema electoral que garantice igualdad y participación.

Otro párrafo del documento justicialista señala que "las normas electorales no pueden ser modificadas para resolver problemas internos de una coalición de gobierno ni para responder a intereses partidarios circunstanciales. Por el contrario, deben orientarse al interés general y al fortalecimiento de la democracia santafesina".

En el texto, el PJ reitera el pedido al Poder Ejecutivo Provincial y a las fuerzas políticas con representación institucional para que convoquen "a una instancia de diálogo amplio, plural y responsable, donde puedan escucharse todas las voces y construirse los acuerdos necesarios para una reforma electoral legítima, transparente y duradera".

En el documento, el PJ ratifica su voluntad de participar activamente en ese proceso, aportando propuestas concretas y priorizando siempre las soluciones institucionales por sobre cualquier especulación coyuntural".

La reunión de la Mesa pasó a un impase para los próximos días para avanzar en el análisis de la estrategia electoral con vistas a las elecciones provinciales y municipales del 2027.

"Santa Fe necesita más diálogo, más consensos y más democracia. Las reglas electorales deben ser el resultado de acuerdos amplios y transparentes, ya que constituyen la base sobre la que se construyen la representación política y la confianza ciudadana en las instituciones", del documento justicialista.

“Es un mensaje claro en contra de la corrupción. Es un mensaje claro de que se puede avanzar con obra pública y con contrataciones desde el Estado con transparencia”, señaló la diputada Lionella Cattalini tras la sanción de Ficha Limpia para contratar con el Estado de la provincia de Santa Fe.

La Cámara de Diputados, que había aprobado el proyecto en primera instancia, aceptó los cambios propuestos y votados por el Senado y en la última sesión convirtió en ley la iniciativa. "El Senado le dio una forma distinta que, me parece, es saludable, modificó fundamentalmente que se requiere condena para los delitos que no están vinculados a la corrupción y agregó una modificación a la Ley de obra pública que me pareció razonable", señaló la socialista al explicar los cambios.

Son cuatro artículos -tres casi de forma- que contiene la nueva norma que se incorpora al plexo legal santafesino. La clave es el artículo 1° que dispone que en toda contratación que se sustancie en el marco de la Ley 5188 de Obra Pública, de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, y cualquier otro régimen normativo provincial, deberá exigir del sector privado la acreditación de no tener antecedentes penales relacionados con seis tipos de delitos.

La exigencia de Ficha Limpia abarcará a las personas humanas, a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas y a los representantes legales de las uniones transitorias de empresas, como así también a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una de las sociedades que la componen y que participen en procedimientos de selección de ofertas.

El objetivo de Ficha Limpia es subir la vara ética de la contratación pública, acotó la legisladora. En la práctica, significa que quien tenga antecedentes firmes por cualquiera de esos delitos no puede hacer negocios con el Estado santafesino.

Lionella Cattalini, diputada provincial.

Los vedados serán quienes tengan probados delitos contra la Administración Pública y fraudes. La norma busca erradicar los retornos, los sobreprecios y empresas fantasma ligadas a funcionarios. Si un empresario pagó coimas (cohecho), participó del desvío de fondos (malversación), se favoreció con contratos incompatibles, o cometió estafas en perjuicio del Estado, queda inmediatamente fuera del registro de proveedores.

También se marcan artículos para impedir participar a contratistas o firmas que funcionen como pantallas para el lavado de activos (blanqueo de dinero del narcotráfico o el contrabando) o que financien estructuras criminales. Al exigir Ficha Limpia en este rubro, se busca evitar que el dinero público termine engrosando circuitos financieros ilegales.

Además pone la lupa sobre la responsabilidad penal empresaria y crímenes de sangre como homicidios y lesiones seguidas de muerte; homicidio simple o agravado. Por otra parte se veta a contratar a personas vinculadas con el abuso sexual, el grooming, el secuestro o la trata de personas (tanto para explotación sexual como laboral), incluyendo la explotación laboral infantil.

Otra veda es a quienes participen en delitos desde la supresión de identidad o tráfico de menores hasta delitos contra el orden constitucional como sedición o rebelión.

"La transparencia no puede ser un discurso, necesitamos reglas concretas para cuidar los recursos de todos los santafesinos. Sancionamos esta ley para impedir que personas, empresas o mutuales involucradas en hechos de corrupción puedan contratar con el Estado", marcó la socialista.

"Estoy muy contenta. Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado", sostuvo Cattalini.

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

"Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos", afirmó.

La ley establece que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes, así como de sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a las contrataciones. También habilita mecanismos de intercambio de información con otras jurisdicciones para fortalecer los procesos de control y fiscalización.

Cattalini valoró además el amplio consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo. "Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado", señaló.

La Legislatura santafesina sancionó en noviembre de 2022, la Ley N° 14.180 que incorporó el concepto de Ficha Limpia para los cargos políticos en la provincia de Santa Fe. A la sanción legislativa le siguió un veto con texto alternativo del entonces gobernador Omar Perotti que terminó aceptando el Poder Legislativo.

En los hechos, la ley incorpora requisitos para ser candidatos en dos de las leyes electorales: la que estableció el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y la ley de partidos políticos.

Luego, la Constitución reformada el año pasado, incorporó el concepto en el artículo 56 dejando asentado que "ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley".

Por segunda vez, la Cámara de Diputados votó la creación de un programa provincial de caninos forenses, odorología forense y caninos detectores de restos humanos, elementos ferrosos y minerales utilizados para armamentos y detectores de narcóticos - arpías.

Es un proyecto que impulsa Verónica Porcelli (Frente Renovador) y que apunta a promover la formación y capacitación de recursos caninos forenses, de rastro específico, de grandes áreas y detectores de restos humanos y su contraparte humana, con el fin de que, como integrantes de las fuerzas de seguridad, brinden asistencia en la ejecución de la política de seguridad provincial y de la política de persecución penal.

Tras la primera aprobación por la Cámara de Diputados, el proyecto no fue tratado por el Senado y perdió estado parlamentario. Ahora, lo reingresó, tuvo el visto bueno de comisiones y fue votado por unanimidad en la última sesión de la Cámara Baja.

La Corte Suprema de Justicia expuso una serie de objeciones -resumidas en cinco puntos- sobre el mensaje del Poder Ejecutivo, a tratamiento de la Cámara de Diputados, para reformar el funcionamiento de los colegios de jueces penales.

Fue durante una prolongada reunión realizada en el Palacio de Tribunales donde el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y todos sus ministros, recibieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que asistió, sin ausencias, al encuentro acordado el último fin de semana.

La Cámara de Diputados tenía fijado un tratamiento preferencial para el mensaje del Ejecutivo en la semana, pero en virtud de la reunión, acordó una nueva preferencia para la próxima sesión que será el 2 de julio. "El balance es muy positivo porque el diálogo institucional en los momentos que vive la Argentina, siempre es positivo", marcó la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la comisión. En términos similares se expresó José Corral al retirarse del Palacio de Tribunales.

Más allá de lo dialogado en la reunión, la Corte entregó un documento donde sintetiza los cuestionamientos elaborados a partir de planteos de los colegios de jueces penales de las cinco circunscripciones y de los propios ministros, dos de los cuales -Daniel Erbetta y Jorge Baclini- son penalistas y fueron los encargados de exponer en gran parte de la reunión.

"Es un proyecto Poder Ejecutivo, sigue estando en agenda, vamos a tomarnos estos días para intentar arribar a una síntesis en virtud de todo lo que hemos recibido y de cuáles son los objetivos que tiene este proyecto, que es agilizar el funcionamiento y acelerar estos juicios, que es algo necesario y es un problema", le dijo Cattalini al El Litoral.

"Tenemos a estudio un mensaje del Poder Ejecutivo que intenta solucionar un problema que existe, fundamentalmente en Rosario, con respecto a la cantidad de juicios atrasados. Hemos tenido consideraciones de la Corte que recibimos por escrito, que vamos a estudiar en estos días", añadió la socialista.

Las consideraciones de la Corte parten en cómo organizar el colegio de jueces, de cómo organizar la oficina de gestión judicial, así como a la competencia tanto del colegio de jueces de primera instancia como de revisión.

En Diputados fueron recepcionadas notas del Colegio de Jueces de la quinta circunscripción y del Colegio de Magistrados por esta temática.

Los ministros de la Corte Suprema recibieron a diputados de Asuntos Constitucionales para analizar la reforma judicial.

La nota entregada por la Corte a los diputados fija la postura crítica del cuerpo sobre cinco puntos del mensaje del Poder Ejecutivo.

* De la lectura de seis artículos, la Corte señala que la redacción pareciera proponer la conformación de dos colegios de jueces penales, uno de primera instancia y otro de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Diseño a través del cual -indica la expresión de motivos del proyecto- se optimizaría el uso de los recursos judiciales, facilitando la rotación funcional y asegurando una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga о subutilización de los mismos.

Para los cortesanos "se entiende que la modificación que se propone es demasiado amplia y puede generar controversias a futuro por lo que propone instalar un sistema similar de suplencias intracircunscripción entre los jueces de primera instancia según lo disponga la Corte Suprema de Justicia, tal como actualmente lo prevé el artículo 20 bis de la ley para los vocales de la Cámara de Apelación en lo penal".

* Las modificaciones a la oficina de gestión judicial creando dos en la provincia, una para la primera instancia y la otra para la segunda instancia en toda la provincia de Santa Fe. "Si bien se asigna a la Corte la posibilidad de la respectiva organización, se considera que es inconveniente esta reforma porque podría alterar una situación actual que desde la distribución territorial prevista por la ley no está funcionando mal", señala la nota.

* Competencia material: Para la Corte hay cierta ambigüedad y confusión en la redacción propuesta, desde que las primeras líneas del inciso parecen referir a una suerte de competencia exclusiva en la materia de ejecución penal para la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria con una lectura tácita de intento de supresión de la instancia inferior tal como existe en la actualidad.

* Otro artículo establece que el recurso contra las sentencias dictadas por tribunal pluripersonal o por jurados, contra la condena privativa de la libertad superior a 18 años cualquiera haya sido la conformación del órgano jurisdicción de primera instancia el tribunal de Cámaras se integrará de manera pluri personal con tres magistrados, en los demás casos el órgano será unipersonal.

Para la Corte, esta reforma asigna competencia material a un tribunal de revisión unipersonal para las sentencias dictadas en juicios con condenas menores a 18 años, lo que se considera que es un exceso y que debe modificarse porque afecta el sistema recursivo para casos graves en los que el control por tres vocales es más estricto para evitar posibles errores judiciales según lo previsto en los estándares internacionales, siendo que el sistema actual autoriza a sentencias con penas menores a cinco años a que sean revisadas por un tribunal unipersonal.

* Otro artículo propone cambiar el Código Procesal Penal estableciendo que por regla las audiencias diversas al juicio deben realizarse por medios telemáticos o remotos salvo que por graves razones y o excepcionales se disponga la presencialidad.

Se considera que en el régimen vigente hoy se considera como un modelo excepcional a las audiencias remotas que con la reforma pasaría a ser la regla para las audiencias diversas al juicio. Se recuerda que la reciente reforma de la Constitución en su artículo 14 consagró el sistema adversarial (propio de la matriz del jurado clásico) que solo puede ser oral y contradictorio, respetando la inmediatez y la concentración lo cual se ve satisfecho plenamente con la presencialidad.

Rafael Gutiérrez fue el anfitrión del encuentro y lo hizo acompañado por todos los ministros: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, y Margarita Zabalza.

Por la Comisión la delegación la encabezaron la presidenta y vice, Lionella Cattalini y Emiliano Peralta. Más los restantes integrantes Joaquín Blanco; José Corral; Ariel Bermúdez; Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti; Celia Arena; Silvia Malfessi y Silvana Di Stefano.

El último lunes, ante el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el resto del gabinete, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, expuso el plan provincial de respuesta al Cambio Climático plasmado en el decreto 0959 que está organizado en 9 sectores totalizando 35 medidas, con 139 indicadores de seguimiento y resultados.

El plan se inscribe dentro de la ley nacional de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, iniciativa que definió la Argentina como parte firmante de los Acuerdos de París sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- ¿En qué consiste el plan?, ¿cuáles son los lineamientos centrales?

- Es un plan estratégico que tiene el Estado santafesino cumpliendo con la ley nacional de presupuestos mínimos vinculados a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, cumpliendo a su vez con los compromisos que la Argentina ha tomado a nivel internacional, por ejemplo en el acuerdo de París.

Este plan estratégico está compuesto por nueve medidas que se desagregan en 35 acciones que llevan adelante todos los ministerios del gobierno. Se contempla el rol de la producción, de la salud pública, de la necesidad de infraestructura y de cómo nos adelantamos a los distintos riesgos que implica el cambio climático, por ejemplo, grandes sequías, olas de calor, inundaciones, nuevas enfermedades, como es el caso del dengue que es ejemplo concreto del cambio climático.

- Con producción se habla de estos temas porque muchas veces se afirma que producir es contaminar.

- Por supuesto. Producción y ambiente son dos caras de una misma moneda. Si los sectores productivos, ya sean industria, agricultura, ganadería, no contemplan en su mirada estrategia de producción el componente ambiental, van a tener problemas, problemas que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático que interfieren los resultados productivos disminuyéndolos. Hay que tener estrategias productivas contemplando el cambio climático. Por otro lado, habrá problemas que tienen que ver con el comercio exterior. Por ejemplo, si en el comercio con la Unión Europea no se cumple con determinados estándares de conservación o de cuidado ambiental, no recibirán nuestra producción.

Enrique Estévez, ministro de Medio Ambiente. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El gobierno de la provincia de Santa Fe viene trabajando para abordar todos estos temas desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, en la reciente Agroactiva se vio el potencial de desarrollo, de investigación que tiene no solamente la agricultura y la ganadería, sino toda la industria vinculada a esta actividad productiva. Se puede apreciar que la inversión en innovación y desarrollo de muchas de estas empresas tiene que ver con el cuidado ambiental.

¿Cómo hacemos para producir cuidando y conservando nuestra calidad del suelo? ¿Cómo hacemos para no perder nutrientes en el suelo? ¿Cómo hacemos para cuidar más la humedad que tiene nuestra tierra? ¿Cómo hacemos para entender que el cuidado de la biodiversidad nos beneficia en los resultados productivos? ¿Cómo hacemos para entender que tenemos que usar menos fitosanitarios y de manera más inteligente con buenas prácticas, que es un cuidado ambiental que es lo más importante, pero también es un cuidado de recurso económico porque se se gasta menos?. Entonces, producción y ambiente son dos caras de la misma moneda.

- La Unión Europea tiene exigencias de huellas de carbono en el comercio

- Muy importante, la provincia de Santa Fe acaba de presentar una plataforma de producción sostenible, que es la única plataforma pública que permite una trazabilidad de los productos de nuestro campo, es decir, carne, cuero, cereales, trazabilidad de que estos productos son libres de deforestación.

Esto es muy importante porque a partir del primero de enero del año 2027, la Unión Europea exige esa certificación para poder importar o que nosotros podamos exportar estos productos. El componente ambiental en cualquier estrategia de desarrollo productivo tiene que existir y hoy tiene un peso muy importante.

Se trata del plan provincial de respuesta al Cambio Climático plasmado en el decreto 0959. Imagen ilustrativa. 

- ¿Cuánto es el objetivo de reducir las emisiones de carbono en Santa Fe, de acá al 2030?

- Tenemos un compromiso que tomó la Argentina para el año 2030 y ese desagregado en las provincias hace que nosotros tengamos que cumplir con ese objetivo. Los números hay que ir evaluándolos porque en cada una de las cumbres mundiales vinculadas al cambio climático, esos números a veces van variando.

Lo importante es que en el marco de este plan provincial de respuesta al cambio climático, hay medidas que apuntan a reducir la generación de gases de efecto invernadero y medidas que nos permiten adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. No tenemos ninguna duda que el trabajo que viene haciendo el Estado santafesino, el gobierno actual del gobernador Pullaro, en la inversión, por ejemplo, en la modificación de la matriz energética, pensando en la necesidad de construir redes de energía renovables, lo que pensamos respecto al tema de los biocombustibles, en fin, son una serie de medidas que en el futuro van a tener resultados positivos en la disminución eh de la generación de gases de efecto invernadero por parte de la provincia de Santa Fe.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a la reunión para el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo que propone la reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.

Este proyecto intenta la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en revisión, integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, con independencia de asiento territorial; la asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial; fortalece el rol de esta Oficina como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos y; conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión de la política carcelaria y la ejecución penal.

El 1 de junio, la Cámara de Diputados le envió una nota al titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, a solicitud de la titular de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, invitando a la Corte a la reunión y -de ser necesario- que la invitación se extienda a los representantes de los Colegios de Jueces Penales. Precisamente los cinco presidentes de estos colegios se han pronunciado en forma crítica sobre este mensaje del Poder Ejecutivo.

La Corte recibió -a pedido de los jueces- a los titulares de los cinco colegios y estos no pudieron acordar una respuesta por escrito y cada circunscripción elaboró una propia aunque con contenidos muy parecidos y críticos con la iniciativa.

El lunes de esta semana fue el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial quien elevó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, con cuestionamientos al proyecto y sugiriendo la convocatoria urgente a un espacio de diálogo interpoderes e interinstitucional para discutir el tema.

La Corte trasladó a este viernes el acuerdo semanal y podría analizar la respuesta al planteo de la Cámara de Diputados. En principio, según pudo saber El Litoral, en el máximo tribunal, hay miradas críticas al proyecto del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados, a instancias del radical José Corral, pidió y votó un tratamiento preferencial para el jueves venidero al mensaje del Poder Ejecutivo que fue girado hace un mes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen, los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían", dice la nota de Diputados ingresada a la Corte habilitando la flexibilización horaria.

En ámbitos tribunalicios no se descartó la posibilidad de invitar a los legisladores al Palacio de Justicia, pero el tema no había sido analizado por el pleno de ministros. Algún magistrado incluso sugirió la posibilidad de que tras la reunión se haga una recorrida al edificio anexo de Tribunales que será inaugurado el 30 del corriente.

En principio, el mensaje del Ejecutivo tiene críticas ya expresadas por jueces y el propio Colegio y de allí la expectativa por el comportamiento de la Corte, tribunal que en última instancia, deberá determinar sobre la constitucionalidad o no de esta u otras reformas.

El proyecto del Ejecutivo contiene 24 artículos y en el último determina que la entrada en vigencia de los cambios se producirán a los 90 días de sancionada la norma.

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En los considerandos del mensaje del Ejecutivo se señala que "el proyecto preserva la coherencia normativa con el Código Procesal Penal, evitando superposiciones y reservando a dicho cuerpo normativo la regulación de los aspectos estrictamente procedimentales, en particular en lo relativo al régimen de audiencias y recursos".

Aclara además que "la reforma propuesta se inscribe en una política pública orientada a modernizar la administración de justicia, mejorar el acceso al sistema y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, mediante un diseño organizativo que combine eficiencia, transparencia y respeto por las garantías constitucionales".

Fechas

* 7 de mayo: El Poder Ejecutivo envía a Diputados el mensaje N° 58928 con la reforma a diversos artículos de la Ley ° 13.308.

* 12 de mayo: Diputados da ingreso formal al proyecto y lo gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

* 26 de mayo: La Corte recibe a los cinco presidentes de las cámaras penales, a pedido de los jueces para analizar el proyecto del Ejecutivo.

* 1 de junio: Nota de la Cámara de Diputados a la Corte Suprema de Justicia pidiendo una reunión para conocer la opinión sobre el tema.

* 8 de junio: Nota del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a la presidencia de Diputados con críticas al proyecto.

La Mesa del Diálogo Santafesino peticionó ante las autoridades legislativas que se declare a Santa Fe como provincia "libre de discriminación y de discursos de odio" en el marco de un concurrido acto realizado en el hall de Legislatura y donde el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig aceptó el reto de presentar un proyecto para iniciar el camino.

Fue Eugenio Martín de Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y presidente pro témpore de la Mesa el encargado de formular el pedido en el marco de una jornada de visibilización "por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, provincia libre de discriminación y de discursos de odio".

En dicho marco, representantes de cuatro expresiones religiosas analizaron la actualidad de la encíclica Nostra Aetate (En nuestra época), considerado uno de los documentos más importantes e históricos del Concilio Vaticano II, promulgado el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI.

El documento es una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los especialistas remarcan que si bien es el documento más corto del Concilio, marcó un antes y un después absoluto en la historia de la Iglesia Católica y su apertura hacia el diálogo interreligioso.

Felipe Michlig se comprometió a impulsar un proyecto de ley desde el Senado. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En la solemnidad del acto, donde además de De Palma estaban los rectores de la UNL, Laura Tarabella, y de la regional local de la UTN, Alejandro Tóffolo; el intendente Juan Pablo Poletti; el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi; el diputado José Corral; la defensora general Estrella Moreno y los distintos representantes de entidades intermedias, religiosas que participan de la Mesa del Diálogo, la soprano Susana Calegaris entonó Honrar la Vida.

En la previa al acto, hubo una conferencia de prensa donde se destacaron los alcances de la solicitud y Michlig dijo que había empezado a trabajar el proyecto de ley, mostró una copia de un primer anteproyecto que dará ingreso en las próximas horas sumando la firma de legisladores de todos los sectores políticos.

La Mesa del Diálogo Santafesino expresó una vez más "su profunda preocupación ante las manifestaciones de violencia y los discursos de odio que atentan contra la convivencia democrática y el respeto por la dignidad humana, en particular aquellos dirigidos a personas y comunidades por motivos religiosos".

De Palma, al hablar en el hall, reconoció "que la violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas o hechos visibles. También se manifiesta en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática".

Representantes religiosos analizaron la vigencia de la encíclica Nostra Aetate.

La Mesa se inició allá por el 2003 y el actual titular destacó que "desde nuestros inicios, nos convoca y moviliza la construcción de una sociedad que cobije y albergue a todos sus miembros, donde cada persona, sin distinción alguna, pueda desarrollar su vida en plenitud, con seguridad y en paz. Paz, no como una consigna abstracta, sino como condición indispensable para la vida individual y colectiva, y un compromiso cotidiano que nos involucra como comunidad".

Aclaró que entienden que "la paz no significa ausencia de diferencias o conflictos, sino la capacidad ética, social y democrática de tramitar esas diferencias sin convertir al otro en enemigo o amenaza. Por ello, rechazamos de manera absoluta toda forma de odio, discriminación o violencia. Ninguna expresión que promueva el desprecio, la exclusión o la agresión hacia el otro —y en particular aquellas basadas en diferencias religiosas— puede ser legitimada ni aceptada. No queremos el odio ni la violencia en nuestra sociedad, hacia nadie", afirmó.

"Los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social y afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

La Mesa del Diálogo Santafesino insiste en promover valores fundamentales como la convivencia pacífica, el respeto en la diversidad, el pluralismo y la no discriminación. "Estos principios deben traducirse en hechos concretos y sostenidos en el tiempo, con impacto real en la vida cotidiana de la comunidad santafesina", marcó De Palma.

Autoridades, universidades y entidades participaron de la jornada en la Legislatura. Crédito: Fernando Nicola

"En una época marcada por la creciente inmediatez de las comunicaciones, la circulación irresponsable de mensajes y la amplificación de expresiones que deshumanizan y agreden, resulta imprescindible promover una cultura del cuidado del lenguaje público, de la responsabilidad comunicacional y del reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona humana", agregó.

Es en ese marco, la Mesa insta a las autoridades competentes a custodiar y defender la vida y la integridad de todas las personas, garantizando la plena vigencia del Estado de derecho, investigando los hechos de violencia y haciendo cumplir las normas que regulan nuestra convivencia democrática. Asimismo, convocamos a cada institución y a cada santafesino y santafesina a comprometerse activamente con el respeto, la empatía y el reconocimiento de la humanidad que compartimos".

Para la Mesa "toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia, y al mismo tiempo promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

Ya sobre el final instó a "defender la convivencia democrática no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el rostro humano del otro y la convicción de que toda persona posee una dignidad inviolable".

Felipe Michlig recibió, antes de la reunión, al intendente Juan Pablo Poletti con quien se analizó la posibilidad de realizar una remodelación de la plaza frente al Palacio Legislativo y que se ha convertido prácticamente en una playa de estacionamiento.

Con eje en la versión original de la plaza, se trabajaría en una propuesta para mejorar ese espacio verde.

El sacerdote Nicolás Houriet, Sebastián Vainstein (DAIA), el pastor Walter Altare por el Consejo de Pastores Evangélicos y Marwan Sawar Gill por la Comunidad Musulmana Ahmadí compartieron el panel sobre la encíclica Nostra Aetate.

El documento define la postura de la Iglesia frente a otras creencias, basándose en lo que los seres humanos tienen en común y en lo que conduce a la fraternidad universal. Fue publicada en 1963 por Pablo VI.

El presidente de la UCR Santa Fe, Felipe Michlig, el miércoles último ante el plenario de la convención partidaria, les anunció que el objetivo de Unidos es tener en la presente semana el proyecto propio de reforma electoral para ser presentado ante Legislatura y poder sancionarlo en agosto.

A media voz, por la disfonía que lo tuvo a maltraer toda la última semana, el senador por San Cristóbal, avisó a sus correligionarios que el acuerdo en el radicalismo sobre la iniciativa está prácticamente cerrado y que en estos días habrá un plenario de los líderes de Unidos para cerrar el proyecto y darle estado parlamentario esta misma semana. Este plenario está anunciado para este miércoles en esta capital. Hubo ya intercambios de textos entre los líderes de Unidos aunque nadie se atreve a señalar que el acuerdo esté avanzado.

"Las grandes líneas del proyecto están. La parte estructural se la viene trabajando desde hace tiempo" señala uno de los dirigentes que trabaja en la redacción del proyecto.

Los senadores justicialistas ingresaron en abril un proyecto propio sobre la temática y son varias las conversaciones celebradas en Legislatura para avanzar en un entendimiento para definir la norma electoral que se aplicará a partir de las elecciones provinciales y municipales de 2027. Es un texto con 280 artículos, el último de los cuales deroga once de las leyes vigentes que ordenan el tema electoral.

También el bloque de senadores del PJ presentó un proyecto propio de Tribunal Electoral permanente presidido por un juez específico de la materia. Unidos, en tanto, sería proclive a que un juez del fuero contencioso administrativo sea el presidente del Tribunal Electoral y la Corte Suprema del tribunal de alzada. Hoy, el presidente de la Corte es el presidente del Tribunal.

El radicalismo pretende hacer un Código Electoral que unifique toda la legislación electoral de la provincia, con un texto ordenado y donde se traten de esclarecer aspectos donde puede haber, hasta hoy, contradicciones en los textos.

"En la gran mayoría de artículos estamos todos de acuerdo" se escucha decir en los pasillos del Senado donde se desarrollan las conversaciones, por ahora informales, pero que apuntan a llegar a buen puerto en próximos meses sabiendo que deberán tener el acompañamiento de la Cámara de Diputados donde en Unidos tiene fuerte componente el Partido Socialista y en el PJ el sector liderado por Omar Perotti.

Santa Fe superó la Ley de Lemas con el sistema de Primeras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en noviembre de 2004, muchos años antes que la Nación optara por el sistema parecido. En noviembre de 2010, Santa Fe dictó su ley de Boleta Única, también antes que el Congreso de la Nación.

Como sistemas, ni la PASO ni Boleta Única estarían en discusiones. En esta última se podrán discutir cambios como la posibilidad de marcar a los candidatos de un partido o frente electoral al estilo Córdoba. Detalles que no están definidos.

Uno de los temas que puede generar controversias es el de pisos electorales, especialmente en lo que hace a la futura Cámara de Diputados donde la reforma constitucional eliminó los 28 integrantes para la primera minoría.

"La Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo mediante sistema de representación proporcional, constituyendo la Provincia un distrito único. Las listas deben incluir por lo menos un candidato con residencia en cada departamento y respetar la paridad de género. Junto con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan. Para acceder a la distribución de cargos se debe alcanzar el porcentaje mínimo de votos que establece la ley", marca el artículo 67 de la Constitución.

Ese piso es uno de los motivos centrales de reclamos de fuerzas políticas que forman las minorías en la Cámara actual.

A partir de la reforma constitucional, en Santa Fe los extranjeros son electores en los órdenes provincial y municipal. Hasta septiembre del año pasado lo eran en comicios municipales, previa inscripción en un padrón.

La nueva Ley Orgánica de Municipios ya definió cómo se integrarán los gobiernos en los 365 municipios que tiene la provincia. La futura ley electoral regla los aspectos organizativos del comicio y la distribución de bancas en los concejos municipales. Es de hacer notar que en las localidades de menos de 10 mil habitantes se garantiza la participación de candidatos a intendentes vencidos en las comisiones de concejales.

"Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley", reza otro artículo en sintonía con Ficha Limpia.

"Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones, que debe contemplar: 1) la autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; 2) comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; 3) escrutinio provisional público, inmediatamente después de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de dicho resultado; y,4) prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o por orden emanada de autoridad competente" es otro de los temas que servirán de base a la futura norma electoral.

Unidos para Cambiar Santa Fe es la alianza electoral formada en 2023 con la estrategia de llegar al gobierno provincial. Pivoteada por la UCR, pudo reunir en su conformación al Partido Socialista, al Pro y a otra docena de fuerzas políticas. Cuando Michlig retomó la conducción del radicalismo santafesino en 2022 se propuso trabajar en conformar un gran frente electoral que fue el que se impuso el 2023 y tiene el Poder Ejecutivo y el manejo de las dos cámaras legislativa, así como la mayoría de las localidades santafesinas.

Ahora el frente tiene la necesidad de encontrar un acuerdo interno que le permita luego acordar con el PJ la ley electoral para los próximos años.

"Nosotros no somos un paso atrás. Nosotros somos el próximo paso y estamos seguros de tener muchos más. La sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdonan nunca", señaló el ex presidente Mauricio Macri al cerrar el acto convocado por el Pro y que congregó a dirigentes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.

Sin globos, con pantallas gigantes e imágenes de grandes ciudades, de trabajo, de obras públicas y de dirigentes, el salón de Río de Gula reunió a dirigencia del Pro que en dos ocasiones coreó "Mauricio Presidente" pero cuando lo quisieron hacer en el medio de su discurso, ordenó no repetirlo.

Macri cerró el después de una trajinada jornada de reuniones empezadas en Paraná y que continuaron en esta capital donde visitó las obras del CARD junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti pero también tuvo varias reuniones en Casa de Gobierno.

Mauricio Macri este viernes en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

En el acto, tuvo dureza a la hora de cuestionar al kirchnerismo al que acusó de la demolición del país, valoró el camino trazado por la gestión de Javier Milei al que no mencionó, pero le reprochó los manoseos a la justicia y se diferencia con los ataques presidenciales al periodismo. "La justicia es un pilar fundamental para garantizar la propiedad, para garantizar las instituciones", remarcó.

Jóvenes dirigentes del Pro de las cuatro provincias abrieron el acto contando las experiencias en cada provincia y el trabajo en la formación política. Después fue el turno del intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerly y la senadora nacional por La Pampa, María Victoria Huala quienes recordaron que empezaron la militancia veinte años atrás acompañando la llegada de Macri al gobierno porteño.

Mauricio Macri este viernes en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Después fue el turno de la anfitriona, Gisela Scaglia, y del secretario general partidario, Fernando De Andreis. Frigerio antecedió a Macri en el escenario.

En el comienzo de su discurso, Macri saludó la presencia de caras nuevas, valoró la importancia de la renovación y de la alternancia. Destacó los 20 años de creación del partido. Antes Frigerio dijo que es el partido hoy con mayor actividad en todo el país.

"En cada lugar donde vamos nos encontramos con nuestros queridos argentinos que están apostando nuevamente por el cambio, soñando y entendiendo que no es fácil, pero soñando que esto se concrete en su vida diaria. Sabemos más que nadie sobre el significando del cambio y por eso estamos apoyando a este gobierno con la generosidad que nunca se vio, con leyes difíciles, que no son simpáticas, porque creemos que son el basamento para poder ordenar y a partir de ahí crecer", marcó el ex presidente.

Por respeto a la gente, pidió a los dirigentes están enfocados en que las cosas funcionen y que cada día funcionen mejor. Dijo que siempre creyó en el equilibrio fiscal como base para ordenar. "Entendemos y lo decimos convencidos que el equilibrio económico, el ordenamiento económico, el progreso económico no puede estar como en el aire. Tiene que estar sustentado en instituciones, instituciones que garanticen que las cosas funcionan y en esto es fundamental la justicia", destacó.

"A la hora de generar confianza más importante que el presidente, más importante que los gobernadores que los dependientes del Congreso, son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional, empezando por los derechos de propiedad y que al argentino que trabaja y que ahorra, nadie le va a robar lo que se ganó con su propio esfuerzo. Necesitamos jueces que garanticen eso", para luego cuestionar lo ocurrido con la justicia a nivel nacional.

Insistió en que "estamos acá porque tenemos que asegurar que esto que empezó en el 23 y que estamos apoyando con generosidad, se va a blindar para que nunca más nos pueda volver a dañar como nos dañó en los últimos cuatro años".

En el discurso, Macri hizo algunos guiños personales y fue muy crítico con el momento actual de Boca cuestionando a la conducción de Juan Ramón Riquelme al que no nombró pero sí le reconoció el valor de ídolo deportivo.

"Qué lindo es apostar al amor" dijo el ex presidente que está iniciando una nueva relación de pareja y luego cuando desde la platea le gritaron bombón dijo que solo su hija Antonio lo valora físicamente.

"Dejé 12 años de mi vida en ese club (por Boca Juniors) para llevar y soñar con un gran equipo dentro y fuera de la cancha a los lugares más importantes del mundo del fútbol. Hasta que hace unos años, llegó el club alguien que lo amamos por lo que hizo dentro de la cancha del fútbol y él confundió ese amor con la posibilidad de hacer lo que a él le parezca y él crearse más importante que el club. Nuestro querido Club Atlético Boca Juniors está sufriendo como el país", subrayó.

La diputada Gisela Scaglia, presidenta del Pro santafesino fue la anfitriona del encuentro y recordó que el partido nació para incomodar y valoró la tarea de las mujeres en política.

La diputada nacional Gisela Scaglia y el diputado nacional Fernando de Andreis. Crédito: Manuel Fabatía

"El Pro es futuro, el futuro es amarillo" resaltó la ex vicegobernadora santafesina que fue acompañada por dirigentes que integran el gabinete de Pullaro y el gabinete municipal.

Antes, Frigerio -ministro del Interior durante la presidencia de Macri- instó a ser humildes y que en política hay más que escuchar que hablar. "Nunca hay que perder el contacto con la realidad", remarcó.

Porque sabemos que tenemos que ser humildes, porque sabemos que no nos la tenemos que creer, porque sabemos que hay en la política hay que escuchar mucho más de lo que uno habla y, sobre todo, escuchar a la gente y nunca perder ese contacto con la realidad.

El entrerriano aseguró que "para hacer las cosas bien en la política hay que tener coraje. Hay que tener huevos, hay que tener ovarios. Porque muchas de las cosas que se hicieron mal o no se hicieron en la Argentina tuvieron que ver con con falta de coraje" para meterse luego en temas de su gestión.

Frigerio destacó que el Pro "estamos siempre convencidos que tenemos que hacer lo que hay que hacer. No importa si da votos, no importa si no da votos. Tenemos que plantarnos siempre del lado correcto" y recalcó pensar en la gente.

Después de varias reuniones con sucesivos cuartos intermedios, a media tarde del jueves, el interbloque de Unidos en la Cámara de Diputados acordó un texto para tratar de controlar a los cuidacoches o trapitos, con modificaciones al texto aprobado por el Senado que deberá resolver si lo acepta o hace ley su aprobación primaria.

Entre los cambios introducidos por Diputados está la creación de dos cargos de jueces de primera instancia, en Santa Fe y Rosario. "Créanse dos cargos de juez de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y uno con asiento en la ciudad de Rosario, los que se integrarán a los Colegios de Jueces Penales, en la forma en que disponga la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta la eficiencia del servicio de justicia" dice el artículo agregado por el plenario de tres comisiones que debieron dictaminar el tema.

Las comisiones de Seguridad, Presupuesto y Asuntos Constitucionales trabajaron en la semana el texto aprobado por el Senado. El día antes de la sesión, un plenario de tres comisiones escuchó posturas muy críticas de las Pastorales Sociales de Rosario y de Santa Fe y luego del Foro contra la Impunidad que advirtió sobre la inconstitucionalidad de la posible norma.

En Unidos, el acuerdo sobre el tema a votar llegó a media tarde tras la Asamblea Legislativa con dos o o tres modificaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la decisión de que sean los municipios los que determinen si la actividad es lícita o no y la creación de los dos cargos de jueces.

Ya en el recinto, la socialista Lionella Cattalini abrió el debate como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y agradeciendo a la oposición que aguantó la demora en el acuerdo interno. "El espacio público y su control es incumbencia municipal" señaló. Pero además el Estado provincial tiene que dar respuesta a los hechos de violencia y por eso defendió la síntesis lograda en el texto.

Luego, el radical Martín Rosúa, presidente de Seguridad Pública, dijo que el problema del texto del Senado era la falta de tipificación del delito y esto es lo que apunta el nuevo texto. "Es una alternativa legislativa razonable y ataca las conductas abusivas", marcó.

Antes, la libertaria Silvia Malfesi anticipó el voto en contra y cuestionó haber tenido el texto en su banca minutos antes de iniciarse la sesión. Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) dijo que se llega a esta situación ante el fracaso de la política de seguridad del gobierno provincial y pidió políticas inclusivas.

La justicialista Lucila De Ponti valoró el trabajo de la Cámara de Diputados y calificó de muy mala la redacción del Senado e hizo hincapié en el primer artículo que diferencia conductas. No obstante, señaló que su interbloque no iba a votar a favor por la respuesta eminentemente punitiva.

El artículo 1 votado incorpora al Código de Convivencia el artículo 66 bis.

"Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, exigiera, impusiera, o requiriera de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero, beneficio o retribución económica por la utilización de espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, o por su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren estacionados o no, será reprimido con prohibición de concurrencia por un máximo de hasta sesenta días.

La pena se agravará con prohibición de concurrencia de sesenta a ciento veinte días, si el ofrecimiento se realizare en zonas de estacionamiento tarifado o medido; o en las inmediaciones de hasta veinte cuadras de eventos públicos masivos durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; o si mediare aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad o discapacidad de la víctima.

La sanción podrá ser sustituida por trabajo comunitario cuando las partes así lo acuerden o el juez lo considere en los términos de los artículos 11 y 24."

"La ley no prevé recursos presupuestarios para lo social y si para crear dos cargos de jueces" remarcó De Ponti. Otro justicialista, Marcos Corach, le cuestionó a Unidos que no hay lugar para debatir nada, "lo resuelven entre ustedes", señaló para cuestionar "el Frankenstein del Senado".

"Esta ley no busca combatir a la pobreza, sino tapar a los pobres" se dijo desde el izquierdista bloque del Frente Amplio por la Soberanía para exponer el rechazo al texto.

El texto de Diputados girado ahora al Senado tiene 8 artículos y uno de forma. La nueva media sanción incorpora 66 bis y ter pero además los artículos 36 y 55.

"El Poder Ejecutivo implementará acciones de prevención e inclusión social que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación", marca el artículo 5.

En el siguiente, "se insta a los Municipios a que, en el marco de sus competencias, desarrollen las acciones previstas en el artículo precedente".

En la Cámara de Diputados de Santa Fe se acordó el tratamiento en la Comisión de Salud todas las inquietudes vinculadas a la problemática de salud mental y en principio, el encuentro se realizará el miércoles 17. Por ende el tratamiento preferencial fijado para este jueves de trece iniciativas sufrirá un impasse hasta esa fecha.

La presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Varinia Drisun, confirmó el encuentro para dentro de dos semanas donde autoridades de la cartera sanitaria ya adelantaron la participación de funcionarios del área de Salud Mental que encabeza Gonzalo Chiesa.

"La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la efectiva implementación de los lineamientos, dispositivos y acciones previstos en la Resolución Nº 990/2023 del Ministerio de Salud de la Provincia, en materia de salud mental", marca el proyecto central del tratamiento del tema y que lleva la firma de Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) sus dos compañeros de bloque más Verónica Porcelli (100% Santafesino), Emiliano Peralta (Somos Vida) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).

A ese expediente, se le suman otra docena de inquietudes de diferentes bloques opositores.

La Resolución Nº 990/2023 del Ministerio de Salud aprobó el "Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028", como instrumento estratégico destinado a orientar las transformaciones estructurales pendientes en materia de atención y cuidados en salud mental y consumos problemáticos.

La resolución reconoce expresamente que el Ministerio de Salud posee competencia en la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación integral de la salud física y mental, así como en la administración y control del sistema sanitario provincial.

Claudia Balagué destacó que el Plan fue construido mediante un proceso participativo que involucró a todo el sistema sanitario expresando un cambio paradigmático en la formulación de las políticas públicas de salud mental, en consonancia con la Ley Nacional Nº 26.657 y el enfoque de salud mental comunitaria.

Recordó que Plan sostiene que la transformación del modelo de atención requiere la participación activa de personas usuarias, trabajadores de la salud, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

El Plan reconoce la persistencia de un modelo hospitalocéntrico y manicomial, basado en instituciones monovalentes y prácticas segregativas. Frente a ello, propone avanzar hacia una red de atención comunitaria centrada en la dignidad humana, la inclusión social y el fortalecimiento de derechos, consolidando dispositivos territoriales y estrategias integrales de cuidado.

Balagué recuerda que el Plan identifica profundas desigualdades regionales en el acceso a servicios de salud mental, con distribución heterogénea de recursos y equipos interdisciplinarios, y advierte además sobre la fragilidad institucional de muchos dispositivos territoriales que sostienen tareas estratégicas de atención y acompañamiento. Marca que la pandemia de Covid 19 profundizó padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, situaciones de violencia y problemáticas sociales complejas.

Acota que el diagnóstico referido a infancias y juventudes, donde se advierte un incremento de sufrimientos psíquicos, consumos problemáticos, violencias y procesos de medicalización y patologización temprana.

Advierte la legisladora que "desde una perspectiva jurídica y constitucional, la implementación efectiva de estos lineamientos constituye una obligación estatal derivada no sólo de la Ley Nacional Nº 26.657 y de la Ley Provincial Nº 10. 772, sino también de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y de la propia Constitución de Santa Fe".

Para Balagué y los firmantes del proyecto "es imprescindible que el Poder Ejecutivo fortalezca y profundice la implementación efectiva del Plan Provincial de Salud Mental aprobado mediante Resolución Nº 990/2023, garantizando recursos humanos, presupuestarios, administrativos e institucionales suficientes para cumplir con los objetivos estratégicos allí definidos".

En los fundamentos se destaca el informe del Ministerio Público de la Acusación de 2025 donde los suicidios representaron el 46,5% de las muertes violentas registradas en Santa Fe, superando ampliamente a los homicidios dolosos, que alcanzaron el 21,8%.

"Estos datos expresan no sólo una problemática sanitaria y social de enorme complejidad, sino también la urgencia de fortalecer políticas preventivas, comunitarias e interdisciplinarias de salud mental, especialmente en materia de atención temprana, construcción de redes de cuidado y abordajes integrales frente a padecimientos subjetivos y consumos problemáticos", remarcó Balagué a El Litoral.

"La plena vigencia del paradigma de salud mental comunitaria no puede quedar reducida a declaraciones programáticas o lineamientos formales. Requiere decisiones políticas concretas, continuidad institucional y una fuerte presencia territorial del Estado para garantizar cuidados dignos, accesibles e integrales a toda la población santafesina", completó la legisladora sureña.

El propósito central de la resolución 990/2023 es consolidar un cambio de paradigma, profundizando la transición definitiva desde el viejo modelo asilar o monovalente (los efectores psiquiátricos tradicionales) hacia un sistema de cuidados integrales, comunitarios y con una fuerte perspectiva de Derechos Humanos, en línea con las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

La resolución 990/2023 establece algunos ejes centrales de trabajo en materia de salud mental:

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe recibió a los cinco presidentes de las cámaras penales de las otras tantas circunscripciones judiciales de la provincia que habían solicitado la reunión para intercambiar puntos de vista sobre un mensaje del Poder Ejecutivo a consideración de la Cámara de Diputados sobre cambios a la Ley N° 13.018 que organiza los tribunales penales y la gestión judicial.

Hubo un cerrado hermetismo sobre los términos del encuentro y no se descarta que desde la Cámara Penal se emita un pronunciamiento en la semana sobre la reforma propuesta.

El proyecto propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Para el Ejecutivo, el diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga o subutilización.

"La asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte Suprema de Justicia y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial, constituye un eje central del modelo propuesto, en tanto garantiza transparencia, previsibilidad y respeto del principio de juez natural", agrega el Ejecutivo.

Según supo El Litoral la reunión giró especialmente sobre este proyecto que fue girado a las comisiones de Diputados y no se hizo hincapié en el mensaje sobre Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

El mensaje analizado en dependencias de Tribunales ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 7 de mayo y fue girado exclusivamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que todavía no fijó metodología y fecha del tratamiento.

Desde hace quince días, cuando el Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados el mensaje con el pomposo título de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública se inició un fortísimo debate entre actores del sistema penal y entre legisladores que son los que tendrán que dar luz verde a ese proyecto que incluye la reforma a seis leyes vigentes.

"El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta", expresa el mensaje.

"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho" subraya el Poder Ejecutivo en la parte central de sus considerandos.

En las facultades policiales que pretende tener el Poder Ejecutivo parece estar el primer gran escollo de la reforma. "Ni locos les damos más poderes y sin control a la policía" se escucha en los pasillos de la Cámara de Diputados de voces no solo opositoras, sino también oficialistas, especialmente del socialismo, pero también de algunas radicales aunque en voz muy baja.

"¿Era necesario abrir ahora este debate cuando tenemos por delante que decidir la nueva ley electoral y varias leyes que nos obliga la reforma constitucional?" se escuchó preguntar en el despacho de los senadores radicales. Para la política, lo central es avanzar con la futura regla para las elecciones y no pocos sectores oficialistas y opositores quieren definirlo antes del receso invernal por más que se esté jugando el Mundial de fútbol.

"Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos" posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad y compartió el propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Pablo Cococcioni, ministro del área, y la vocera, Virginia Coudannes, fueron los voceros del paquete cuyo debate está aún verde en Legislatura.

"No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz", recalcó la vocera.

Cococcioni insiste con que la criminalidad está contenida pero sigue latente y admitió que el mensaje "es la aspiración del Poder Ejecutivo y todo proyecto es para ser discutido".

En los primeros meses de la gestión de Pullaro, un avasallante Ejecutivo con cómodas mayorías en ambas cámaras, sancionó una docena de leyes referidas al tema seguridad que le permitieron meter manos en el tema y los indicadores de violencia bajaron en lo que va del mandato. Algunas de esas leyes sufrirían modificaciones de prosperar el mensaje del Ejecutivo.

Hoy el momento político no es el mismo. Unidos tiene un férreo control en ambas cámaras pero no obediencia ciega y menos cuando el calendario electoral está muy cerca.

En los últimos días fueron varios los pronunciamientos sobre los peligros a las libertades cívicas que tienen algunos de los artículos. Entidades del derecho, cátedras universitarias, abogados penalistas fueron exponiendo sus miradas críticas. Es más, en algunas reuniones institucionales de la última semana, al menos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia advirtieron del contenido del proyecto a legisladores oficialistas. Les hicieron ver la posible inconstitucionalidad de algunos de los artículos.

"La declaración informativa en sede policial sin la presencia de su defensor además de ser claramente atacable por violación de garantías es lisa y llanamente volver al sistema inquisitivo" subrayan especialistas en derecho penal casi al unísono.

Agregan la violación al principio igualitario de las partes del proceso ya que el proyecto pretende romper con la igualdad poniendo al fiscal en una situación procesal claramente superior sin control de la parte contraria (defensa), violentado el derecho de defensa y el debido proceso.

En el Ministerio Público de la Acusación hacen silencio pero admiten que en la redacción no hubo consulta previa del Ejecutivo. La opinión oficial estará expuesta cuando haya consulta legislativa.

En la Cámara de Diputados, Unidos todavía no ha definido la estrategia parlamentaria ni empezado a acercar posiciones. La Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el radical Martín Rosúa, será el primer grupo en abordarlo. El rosarino fue uno de los pocos que avaló el texto y cree que con algunas reformas será viable llegar al recinto.

A su lado, otros sectores de Unidos entienden que se podrá seccionar el texto y avanzar en temas que no ofrecerían diferencias entre los principales sectores políticos como recompensas, armas, pero advierten que será complicado avanzar en zona de intervención policial especial o mayores facultades a la policía sin control.

Bisturí sí para avanzar paso a paso; motosierra no porque significará una marcha atrás en avances concretos sobre libertad de las personas, derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

"Uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal. La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo lejos de entenderse como una pretensa respuesta a combatir "al enemigo", esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal, que retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años y por la cual mucho se trabajó para tener un proceso penal acorde a parámetros constitucionales e internacionales". Lo marca un documento de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.

Agrega que el proyecto de ley cuenta con numerosos artículos que colisionan contra principios y garantías constitucionales que ocasionarán planteos ante los más altos estamentos judiciales provinciales, nacionales e internacionales, generando responsabilidad y sanción al estado santafesino. Remata advirtiendo que "ningún Código Procesal Penal de las provincias de nuestro país, posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal".

A la espera del desarrollo parlamentario del debate, no son pocos los dirigentes -incluso oficialistas- que se preguntan a qué apunta Pullaro con el mensaje. Sobre el interrogante se ensayan múltiples interpretaciones que sólo el devenir el tiempo permitirá establecer las respuestas.

La Legislatura completó esta semana la sanción de una serie de leyes que no tuvieron prácticamente objeciones en ninguna de las dos cámaras y, que merced a reuniones entre jefes de bloques del Senado y de Diputados tuvieron un tratamiento sobre tablas, más allá de que la mayoría de los temas tenía los despachos de comisiones.

Se dieron casos donde había iniciativas similares en ambas cámaras como la adhesión santafesina a la llamada Ley Lucio originada para prevenir las violencias contra menores y que lleva ese nombre por el conmocionante caso de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que falleció en 2021 en la provincia de La Pampa tras sufrir reiterados abusos y maltratos por parte de su madre y la pareja de esta.

O también normas que tienen que ver con la historia de Santa Fe como los 500 años del fuerte de Sancti Spiritu; el reconocimiento al avión utilizado por Owen Crippa durante la guerra de Malvinas o la obligatoriedad de ejecutar la Marcha de San Lorenzo en determinados actos oficiales de la provincia.

Además estuvieron en los acuerdos el reconocimiento a una serie de fiestas populares que tienen las diferentes localidades de la provincia. En todos los casos, las normas sanciones no tienen nuevas erogaciones presupuestarias.

Las conversaciones intercámaras se venían realizando desde semanas atrás y se concretaron el pasado jueves. Voceros parlamentarios indicaron que aún restan otros temas por acordar y a medida que se den los entendimientos se avanzará en las votaciones. El objetivo es evitar que todo se resuelva a fin de año.

En Legislatura, se esperan debates sobre temas importantes, siendo prioridad la nueva Ley Electoral, le seguirán normas que reclama la nueva Constitución y también empezó el debate sobre las herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.

El avión de Crippa fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia. Foto Fernando Nicola.

* Ley Lucio: la provincia adhirió a la Ley Nacional Nº 27. 709 que dispuso la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Diputados -con proyectos propios- aceptó la media sanción de noviembre último del Senado a instancias del justicialista Rubén Pirola.

La norma santafesina establece la capacitación continua, permanente y obligatoria sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para todos los que se desempeñen en los organismos que integran el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los niveles y jerarquías que se determine.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Las iniciativas de Diputados serán de Lucila De Ponti (PJ) y de Astrid Hummel (Pro-Unidos).

"El Plan Federal de Capacitación constituye una herramienta estratégica para formar y sensibilizar a los agentes estatales que interactúan directamente con esta población. Su implementación busca reforzar la capacidad institucional para abordar los desafíos que enfrentan la niñez y la adolescencia en Argentina", señaló ésta última.

La causa de Lucio Dupuy derivó en una ley que busca proteger a los niños.

Para De Ponti, la ley pretende finalizar con la descoordinación de los organismos administrativos relacionados con la protección de los derechos del niños, niñas y adolescentes y los organismos judiciales que intervienen o deberían intervenir, que hacen que las comunicaciones no sean efectivas, las medidas tomadas sean incongruentes y tienen como resultado que, en definitiva, se vean vulnerados los niños, niñas y adolescentes de todo el país.

* Marcha de San Lorenzo: la provincia de Santa Fe adopta con carácter obligatorio para todo acto oficial, el canto, ejecución o reproducción de la Marcha San Lorenzo en las siguientes fechas: 3 de febrero, 25 de febrero, 9 de Julio, 25 de Mayo y 17 de agosto.

La ejecución de la Marcha San Lorenzo se realizará de manera obligatoria y en el momento de la finalización de todo acto oficial celebrado por el Estado provincial, seguidamente de la siguiente fórmula: "Entonamos las estrofas de la Marcha San Lorenzo, compuesta en la ciudad de Venado Tuerto, de la invencible provincia de Santa Fe".

La iniciativa es de la diputada radical Sofía Galnares quien resaltó que es muy importante que la Marcha, que nació en nuestra provincia, en Venado Tuerto, ocupe el lugar que merece en todos los actos oficiales. Es un reconocimiento a nuestra historia y a nuestra identidad santafesina".

* Avión histórico: se declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Fe al avión Aermacchi MB-339A matrícula 4-A-115, repatriado desde los Estados Unidos y actualmente emplazado en el predio del Aeroclub de Sunchales, departamento Castellanos, el cual fuera piloteado por el Teniente de Navío (RE) VGM Owen Guillermo Crippa durante la Guerra de Malvinas.

La ley, impulsada por el senador Alcides Calvo, declara de interés provincial el proyecto cultural de creación del Museo Interactivo "Misión Owen", que tendrá por objeto exhibir de manera permanente la aeronave referida en el artículo anterior, preservar la memoria histórica vinculada a la participación argentina en el Conflicto del Atlántico Sur, y promover actividades culturales, educativas y de homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas.

* Fuerte Sancti Spiritu: crearon la Comisión Organizadora por la Conmemoración del Quinto Centenario de la Construcción del Fuerte Sancti Spiritu, que fuera fundado en la hoy localidad de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo, el 9 de junio de 1527.

Es una iniciativa del senador por ese departamento, Leandro Diana, quien expresó su "enorme satisfacción por la aprobación de este proyecto que busca conformar una comisión organizadora hacia los 500 años del primer asentamiento europeo en suelo de lo que hoy es Argentina".

La Cámara de Diputados resolvió adherir al día internacional de difusión, concientización y acompañamiento organizadas por la Asociación Argentina de Prader Willi, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Prader Willi, que se conmemora cada 30 de mayo.

La decisión -motorizada por Fabián Palo Oliver- ordena iluminar el edificio de la Legislatura el sábado próximoomo símbolo de solidaridad y conciencia sobre el Síndrome de Prader-Willi.

El Síndrome de Prader Willi SPW es una enfermedad rara de base genética, originada por la deficiencia en la expresión de determinados genes paternos localizados en el cromosoma 15. Se trata de una condición compleja, conocida también como la "enfermedad de los mil síntomas", debido a la multiplicidad de manifestaciones clínicas, conductuales y sociales que puede presentar.

Este jueves, el Tesoro provincial recibió el pago de la primera de las doce cuotas comprometidas por ANSES en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.

Se trata de un partida de $10.000.000.000 correspondiente a mayo, de acuerdo al convenio firmado oportunamente por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello y que fuera ratificado por la Legislatura santafesina.

En tanto, trascendió que comenzaron a intercambiar información entre ANSES y la Caja de Jubilaciones de la provincia a instancias de la Secretaría de Seguridad Social para calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025.

El giro de la primera cuota fue confirmada a El Litoral por fuentes del equipo económico y también de ANSES.

El convenio firmado por Pullaro y Pettovello y convalidado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de ANSES; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.

El convenio entre las partes fue aprobado, por unanimidad en el Senado, mientras que en Diputados ya que el interbloque justicialista de Juntos Avancemos que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.

La creación de una comisión provincial para el debate y la elaboración de una Ley de Educación para Santa Fe con carácter consultivo, participativo y plural, fue propuesta por diputados radicales encabezados por el sancristobalense Marcelo González y podría aprobarse esta semana.

El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia, intención que se frustró en varias ocasiones en la Legislatura en la última década.

La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.

El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

Propone que el grupo de trabajo esté integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes de la Comisión de Educación de ambas cámaras. En el caso de Diputados son once los integrantes donde están representados la mayoría de los espacios políticos. En Senado, son seis los integrantes con equilibrio de los espacios que integran el cuerpo.

"Estamos trabajando para que todos los espacios con representación parlamentaria estén en la comisión" le dijo González a El Litoral.

El proyecto de ley encomienda a la comisión promover la realización de foros, mesas de diálogo y encuentros participativos en cada uno de los departamentos de la provincia, asegurando representación territorial equitativa; participación de la comunidad educativa local; y registro y sistematización de los aportes.

Además le manda elaborar un informe final que contenga los aportes recogidos en las instancias departamentales así como los lineamientos y propuestas para una Ley de Educación Provincial.

El plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución y el Ministerio de Educación será el encargo de aplicar la formación de la comisión.

"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.

Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo".

El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean ·efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.

Para González la creación de la Comisión permitirá actualizar y profundizar un debate ya iniciado en diversas instancias participativas previas, a fin de dar respuesta a la compleja realidad actual. "Se posibilitará sistematizar diagnósticos y propuestas, generando un insumo técnico y político de alta calidad que sirva de base para el trabajo legislativo posterior", destacó.

"Este proyecto busca sentar las bases para una política educativa de largo plazo, construida colectivamente, que garantice el derecho a la educación de todos los habitantes de la provincia", señaló González.

El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.

Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".

En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".

En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".

En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.

En el Senado, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es presidida por Germán Giacomino (UCR- Constitución), secundado por Osvaldo Sosa (PJ-Vera).

En Diputados, la comisión es encabezada por la socialista Gisel Mahmud secundada por el justicialista Miguel Rabbia.

Tras haber sido presentada la semana pasada ante el gabinete por la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, el gobierno dictó el decreto creando la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (APETS) que dependerá del Ministerio de Salud y que tendrá como director responsable a Santiago Torales.

La Agencia tendrá "la función de evaluar técnica y científicamente todas las tecnologías sanitarias que se utilicen o pretendan incorporarse en el sistema de salud provincial, garantizando decisiones basadas en evidencia, promoviendo el uso racional de recursos y asegurando el acceso equitativo a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas en interacción con otras áreas y organismos de incumbencia en la temática, dentro de un marco de mejora de la gestión de calidad inherentes a la complejidad de los servicios sanitarios para toda la población de la Provincia de Santa Fe", determina el primer artículo del decreto.

Se trata del decreto N° 1057 que firman el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Salud, Silvia Ciancio.

En los considerandos se destaca que la creación de la Agencia responde a la necesidad de establecer una estructura organizativa especializada, orientada a la revisión sistemática e integral de tecnologías sanitarias, mediante la articulación de las diversas áreas de gestión con competencia en las etapas de investigación e innovación, priorización y evaluación, como así también en la optimización de los procesos desde la perspectiva de la calidad, a los fines de garantizar la incorporación efectiva de dichas tecnologías al sistema de salud provincial.

Para el Poder Ejecutivo "la evaluación de tecnologías sanitarias constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas en salud pública, ya que permite optimizar la asignación de recursos limitados, priorizar intervenciones basadas en evidencia científica y garantizar que el acceso de la población a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas".

También entiende que corresponde preservar la autonomía funcional y científica de órganos colegiados especializados como el Comité Provincial de Bioética y la Comisión Provincial del Medicamento, cuyos aportes resultan relevantes en materia de asesoramiento y complementación funcional en temáticas sensibles, tales como la investigación relacionada con la innovación en tecnologías en salud, la actualización de formularios terapéuticos en función de las necesidades de la población santafesina, entre otras tareas.

No deja de reconocer que la complejidad creciente en la producción y oferta de tecnologías sanitarias, caracterizada por un alto volumen de nuevos bienes y servicios orientados a patologías de alto costo y sujetos a la dinámica del mercado, "impone la necesidad de adoptar una perspectiva de salud pública que asegure la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema en el acceso a las mismas".

Con esos argumentos, el gobierno afirma que "resulta pertinente disponer la creación de la Agencia con la finalidad de establecer un examen técnico-científico integral de los fármacos, insumos y equipamiento médico que se incorporen al sistema de salud provincial, garantizando que la adopción de estas herramientas se sustente en evidencia rigurosa de seguridad, eficacia y optimización de recursos, bajo los preceptos de justicia distributiva y alcance universal, debiendo además articular sus dictámenes con las áreas técnicas que se vean alcanzadas por el impacto de dichas evaluaciones".

Después en los considerandos justifica la decisión de usar la denominación de "Agencia" a fin de adecuar su perfil institucional a los estándares técnico-científicos propios de la evaluación de tecnologías sanitarias, jerarquizando así su rol transversal como productor de evidencia objetiva, siguiendo para ello el precedente organizativo ya realizado con la creación de la Agencia de Control del Cáncer.

Un largo anexo al decreto le establece las competencias en cada una de las áreas de incumbencia y, por otra parte, la Agencia tendrá rango de Dirección Provincial, la que dependerá jerárquica y funcionalmente de la titular de la cartera.

Santiago Torales aceptó hacerse cargo de la Agencia y dejará el cargo que viene ejerciendo en Uruguay como gerente técnico de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarios del vecino país, con sede en Montevideo.

Especialista en nefrología, ha ocupado cargos en las carteras sanitarias tanto de nuestra provincia como de Nación.

En el Ministerio de Salud de la provincia ha desempeñado en roles técnicos y de gestión, como Director Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria formó parte en su momento del Comité Provincial de Bioética.

En Nación, fue Director de Investigación en Salud, coordinando convocatorias, becas de investigación (como las de Salud Investiga) y articulando las áreas de investigación sanitaria de las distintas provincias.

El decreto determina que la Agencia estará a cargo de un director ejecutivo más un equipo de asesores técnicos y un consejo consultivo. El director ejecutivo -será Santiago Torales- tendrá cargo de director provincia y en dependencia directa del Ministro.

El equipo de asesores técnicos estará conformado por profesionales convocados de manera específica en función de su experticia en la materia informes de evaluación de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas en salud y normativas de calidad.

En cuanto al consejo consultivo estará conformado por un representante de la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud, otro representante de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Salud, más uno de la Secretaría de Economía para la Salud del Ministerio de Economía. También representante de la Subsecretaría de Planeamiento y Articulación Interinstitucional de IAPOS del Ministerio de Economía; del LIF y un representante del equipo de asesores técnicos de la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Sus funciones serán ejercidas de forma ad honorem

La Cámara de Diputados votó por unanimidad y giró en revisión al Senado un proyecto de ley creando un programa de Recolección y Gestión de Medicamentos Vencidos o en Desuso en el ámbito domiciliario.

La iniciativa que llegó al recinto con el despacho de las comisiones, especialmente la de Salud Pública, tiene origen en la socialista Varinia Drisun y en otro de Amalia Granata (Somos Vida) que apunta a establecer "un sistema de monitoreo y gestión de antibióticos y medicamentos en desuso, vencidos o caducos, con el fin de prevenir su uso indebido, evitar la contaminación ambiental y proteger la salud pública, especialmente de niños y personas con adicciones".

En el recinto fue Drisun quien expuso los alcances de la iniciativa e incluso los problemas que genera la presencia en hogares de medicamentos fuera de posibilidad de uso y la inconveniencia de gestionarlos con residuos urbanos.

En la votación, el bloque de Granata votó, en particular, en rechazo al artículo 6. "De conformidad con lo establecido por la Ley Nacional 25675 -Ley General del Ambiente-, a los efectos de la presente y de una producción de medicamentos sustentable, se establece el siguiente principio rector: Principio de Responsabilidad Extendida y Compartida. Entendido este como el deber de cada uno de los productores de medicamentos registrados responsabilizarse objetivamente por la gestión integral y su financiamiento, de la destrucción de los medicamentos vencidos de uso domiciliario generados en el mercado nacional. En el cumplimiento de dicho deber, se deberá tener en cuenta el ciclo de vida completo del medicamento, priorizando las opciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, de acuerdo con la jerarquía de gestión establecida en la normativa vigente. Dicha responsabilidad será compartida con los restantes sujetos de la cadena de comercialización en la medida de las obligaciones específicas que les impone la presente". Sobre este texto Fernanda Castellani (Pro) solicitó la abstención.

El resto de los 12 artículos fue votado por todo el arco político. El tema que ahora revisará el Senado propone que la población pueda descartar de manera segura medicamentos vencidos o que ya no se usan, tanto de medicina humana como veterinaria, en lugares habilitados por la autoridad de aplicación conocidos como "Puntos Amarillos".

"Esos espacios contarán con contenedores adecuados para evitar que esos residuos terminen en la basura común, en el agua, en el suelo o en circuitos informales de venta", señaló la socialista..

Drisun explicó que el problema está presente en miles de hogares: "tratamientos que se interrumpieron, medicamentos que quedaron después de acompañar a un familiar enfermo, fármacos indicados para una situación muy específica o productos que ya no pueden utilizarse porque perdieron seguridad o eficacia no pueden desecharse como un residuo común", ahondó.

"Todos conocemos esa cajita, ese cajón o esa bolsa donde quedan medicamentos que alguna vez fueron necesarios, pero que después ya no sabemos qué hacer con ellos. No hablamos solamente de un analgésico común: muchas veces son tratamientos específicos, como antibióticos, psicofármacos, medicación oncológica o fármacos que no se pueden guardar para más adelante ni pasarle a otra persona. Eso no es solidaridad: eso puede ser un riesgo para la salud", señaló la legisladora.

"No se pueden reutilizar los medicamentos que están vencidos o en desuso. Hay que descartarlos pero como corresponde, para evitar intoxicaciones, proteger a niños y personas mayores, cuidar el agua, el suelo y los animales, impedir la circulación informal y prevenir riesgos como la resistencia antimicrobiana", insistió.

Drisun explicó que la resistencia antimicrobiana se produce "cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a medicamentos". "Entonces, infecciones que antes eran fáciles de tratar se vuelven más difíciles, más largas y más riesgosas. El mal uso o descarte inadecuado de antimicrobianos puede favorecer ese problema", sostuvo.

La legisladora también advirtió sobre otro riesgo sanitario: cuando los medicamentos se descartan junto con la basura común, pueden ser recuperados y volver a circular por fuera de cualquier control. "Un medicamento vencido, deteriorado o mal conservado no puede volver a venderse ni consumirse. Si reingresa por circuitos informales, pone en riesgo a quien lo toma y también debilita los controles que tiene que garantizar el sistema de salud".

"Son los Puntos Amarillos, cada vecino y vecina va a poder acercar esos medicamentos a lugares habilitados, como farmacias adheridas voluntariamente, con recipientes adecuados para su descarte seguro". Drisun recordó que ya existen experiencias en Rosario, Arroyo Seco y otras localidades.

La propuesta establece una responsabilidad extendida y compartida: las droguerías ya tienen circuitos establecidos con las farmacias, adonde llevan medicamentos y, a su vez, les retiran los que quedan vencidos o en desuso. "La idea es sumar a ese circuito los descartes domiciliarios", señaló.

"Lo que llega a nuestros hogares por una red formal también tiene que salir por una red formal. No alcanza con decirle a la gente que se haga cargo sola. El Estado tiene que ordenar, controlar y garantizar una respuesta segura, y la cadena que produce, distribuye y comercializa medicamentos también debe asumir su responsabilidad", afirmó Drisun.

El programa establece que la autoridad de aplicación podrá articular con establecimientos de salud, colegios profesionales y farmacias que adhieran de manera voluntaria para conformar la red provincial de Puntos Amarillos. Además, incorpora campañas de concientización para que la ciudadanía sepa qué medicamentos puede llevar, dónde están los puntos de recepción y por qué es importante no descartarlos junto con los residuos domiciliarios.

Finalmente, vinculó el proyecto con una concepción más amplia de la salud pública: "Frente a un modelo nacional que empuja la idea de que cada persona se arregle como pueda, desde Santa Fe seguimos defendiendo otra mirada: la salud como derecho, el ambiente como bien común y el Estado presente para cuidar. Los Puntos Amarillos son una acción concreta, simple y necesaria".

Diputados completó la sanción de una ley que determina que los establecimientos en los que se expenden alimentos para consumo dentro de sus instalaciones, establecimientos educativos de gestión pública o privada y lugares de concurrencia masiva, tales como cines, estaciones de servicio y lugares de recreación, deben exhibir de manera visible carteles explicativos sobre cómo efectuar la "Maniobra de Heimlich".

Se trata de la técnica de compresión abdominal utilizada como procedimiento de primeros auxilios ante una situación de atragantamiento, para desobstruir el conducto respiratorio cuando se encuentra bloqueado.

En Diputados un proyecto de la justicialista Sonia Martorano se trató en forma conjunta con otra similar que procedía del Senado y pasó al Ejecutivo para su promulgación. La ex ministra, en el recinto, habló sobre las razones de difundir y educar a la ciudadanía sobre la maniobra que permite salvar vidas, especialmente de menores.0

Por Mario Cáffaro

La semana, sin sesiones ni en Senado ni en Diputados en Santa Fe, permitió "largar" la discusión y análisis interno sobre la futura norma electoral de la provincia. Charlas, por ahora, internas en cada fuerza política para luego buscar la síntesis entre aliados y luego entre Unidos y el peronismo, más allá de la presencia de otras fuerza con representación parlamentaria.

"Empezamos" fue la escueta respuesta de un funcionario del gabinete de Maximiliano Pullaro en cuyo despacho se concretaron algunas de las varias reuniones entre dirigentes radicales. El gobernador le ha dicho a El Litoral que él está bastante alejado de la discusión de los temas de la política, prefiere dedicarse a la gestión y a caminar el territorio. También ha dicho Pullaro que la reforma electoral está en manos del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y del presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig. Ambos dirigentes mantienen el bajo perfil y prefieren no hacer declaraciones ni hablar con la prensa sobre el tema.

Lo único concreto hasta el momento es el proyecto ingresado por los senadores del Partido Justicialista.

"Es un proyecto de Código Electoral que establece un marco claro y comprensible para todo el proceso. La propuesta consolida en un solo cuerpo legal normas que hoy están dispersas. Sostiene las PASO como instancia para definir candidaturas, establece la boleta única de papel para todas las categorías, fija el cuarto domingo de junio como fecha de las elecciones generales y acorta los plazos de campaña. Incorpora el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de ciudadanos extranjeros, suma herramientas como el expediente digital electoral y define reglas precisas para el desarrollo de las campañas, incluyendo publicidad, encuestas y circulación de información" resume Rubén Pirola, firmante del texto.

Los diputados justicialistas, especialmente el bloque Hacemos Santa Fe (perottismo), tiene casi lista su iniciativa aunque Celia Arena aclara que es un proyecto propio, no contradictorio, con el firmado por los senadores.

En el socialismo todavía no hay síntesis, se aclara. Hay aportes de varios legisladores a manera de borrador para cuando haya que fijar la postura partidaria y sentarse con radicales y otros partidos de Unidos. Además, en el socialismo algunos dirigentes quieren escuchar a dirigentes con experiencia y que participaron de la discusión de algunas de las leyes que forman parte del cuerpo actual.

La izquierda le ha pedido una audiencia a Pullaro para saber de qué se trata. Lo hicieron los tres diputados del bloque del Frente Amplio por la Soberanía en nota, con membrete ingresada en Mesa de Entradas de Casa de Gobierno.

Hoy, veinte leyes y nueve decretos reglamentarios son la base del sistema legal electoral en Santa Fe, pero después de la última elección, la provincia reformó su Constitución y esto obliga a dictar algunas normas complementarias.

"Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones" marca un párrafo del nuevo artículo 56 de la Constitución. El siguiente refiere a los partidos políticos y en el último párrafo dice que "una ley aprobada con mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara regula el régimen de partidos políticos".

Ya la Legislatura sancionó la nueva ley Orgánica de Municipios en sintonía con la nueva Constitución y recientemente la de Colegio de Jueces en el fuero Contencioso Administrativo que -todo parece indicar- tendría a su cargo la secretaría electoral para dejar en manos de ministros de la Corte Suprema de Justicia la apelación en materia de temas durante el proceso electoral.

En la Casa de Gobierno ya trazaron un mapa de los temas a abordar con la legislación vigente. "Primero fijar la postura entre corrientes internas radicales; luego con el socialismo y el resto de Unidos. Después empezar el diálogo con el justicialismo". La hoja de ruta está definida, pero por ahora sin acelerar. El objetivo es intentar tener la norma sancionada antes del receso invernal aunque buscando el máximo consenso posible. De no ser posible, elongar entre julio y agosto las conversaciones para despegar la ley lo máximo posible del acto electoral.

El gobernador Pullaro ha dicho que el objetivo es alejar lo más posible la elección santafesina de la nacional de octubre. La fecha primaria es el 13 de junio de 2027. Antes, PASO en abril y cierre de listas en febrero. El tiempo empieza a apremiar.

"Hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución". Cláusula transitoria quinta de la Constitución.

En el artículo 56 de la Nueva Constitución "se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de conformidad con los principios de la democracia representativa".

Las personas tienen derecho a participar de los asuntos públicos, directamente o a través de los representantes elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal, igual y obligatorio. El voto es secreto e intransferible.

Son electores las personas que se encuentren inscriptas en el padrón electoral provincial y se incorporan los extranjeros tanto a nivel provincial que antes estaban en el municipal.