Con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el acto, se presentaron líneas de

créditos con subsidios de tasas para la renovación de la flota de colectivos del servicio interurbano así como de taxis y remises. "Apuntamos a sostener a los que trabajan, a los que producen, a los que generan empleo, a los que mueven la rueda de la economía" marcó.

La presentación se realizó en el SUM del Puerto de Santa Fe donde además del gobernador, asistieron los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; funcionarios de Transporte encabezados por Mónica Alvarado; el intendente Juan Pablo Poletti acompañado de concejales, entre ellos el presidente del cuerpo, Sergio Basile más legisladores como Gisela Scaglia y José Corral. Se sumaron directivos del Banco de Santa Fe y del Municipal de Rosario que son los que abren las líneas de crédito y empresarios ligados a los tres sistemas de transporte.

En la provincia, funcionan 40 empresas de trasporte interurbano con 550 unidades disponibles, de las cuales 40 tienen habilitada la circulación hasta febrero venidero. En tanto, 8900 remises y 6500 taxis recorren las ciudades. En esta capital son menos de 500 los autos de negro circulando y una cifra bastante similar de remises. En ambos casos, por ordenanza se permitió circular vehículos con hasta 15 años de antigüedad. "Hay mayor número de licencias de taxis concedidas pero no hay vehículos para circular" dijo uno de los taxistas presentes en el acto mientras intercambiaba apreciaciones con Poletti y el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo.

Son cuatro las líneas ofrecidas y en todos los casos con garantía del FOGAFE (Fondo de Garantías de Santa Fe) y una bonificación de tasas del 10%. Para colectivos, los dos bancos ofrecen hasta $ 1.000 millones a 60 meses con distintas tasas y otras dos líneas para autos a 24 y 36 meses.

Al cerrar la presentación, Pullaro señaló que "todos los días, el Gobierno Provincial demuestra que hay un plan, que apunta a sostener a quienes trabajan, producen y generan empleo". Destacó los cambios "rotundos" en la seguridad pública que permitieron "pensar una política de turismo, transporte, infraestructura, que apuntan a que los sectores del trabajo y la producción puedan crecer". Remarcó la importancia de "trabajar y articular de manera eficiente en función de los objetivos que hay en la Provincia de Santa Fe, para generar las herramientas necesarias que hoy nos demanda los sectores productivo y del trabajo. Destinamos los recursos en función del programa de gobierno que busca generar empleo, trabajo y crecimiento económico. Le demostramos a la Argentina que en el momento más difícil para gobernar, entendimos que teníamos que encontrar lugares para poder avanzar".

Antes, Scaglia, recordó los reclamos que realiza la provincia al Gobierno nacional por el impuesto nacional al combustible que debe "volver para el sostenimiento del transporte público".

Puccini destacó "la articulación público-privada para, en un contexto muy difícil, generar acciones que cambien la situación. Esta herramienta es muy oportuna para quien tiene la posibilidad de cambiar una unidad. No es un beneficio solo para el dueño, sino que es para el usuario que va a viajar en transportes más modernos y sustentables".

A su turno, Olivares recordó que "en 2024, el gobierno nacional nos dijo ´no cuenten con nosotros´. Al mismo tiempo vemos que una política monetaria que busca un fin noble como es controlar la inflación, nos está dejando como efecto colateral dificultades para el crédito. Empresas de transporte público, taxistas, remises, todos nosotros cargamos el tanque y, sin embargo, esos recursos no están volviendo a la provincia", explicó.

Poletti, valoró la iniciativa que mejorará la "seguridad vial, para tener un sistema de transporte más seguro".

La parte técnica estuvo a cargo del director de Administración, Finanzas y Coordinación de Agencias para el Desarrollo, Carlos Volpato, quien explicó que "el Fondo de Garantías de la Provincia va a estar avalando estos préstamos" mientras que el director Provincial de Control del Agente Financiero, Pablo Domingo, detalló las líneas de financiamiento.

Para el transporte público interurbano se dispuso un cupo de $ 10.000 millones destinado a empresas con certificado Mipyme vigente que busquen renovar o incorporar unidades. A través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario podrán acceder a créditos de hasta $1.000 millones, con plazos de hasta 60 meses. La Provincia bonificará 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.

La línea para taxis y remises contará con un cupo de $ 4.000 millones. A través del Nuevo Banco de Santa Fe se otorgarán préstamos de hasta $ 200 millones por beneficiario, con plazos de 24 meses a tasa fija del 39 % o de 36 meses a tasa variable. La Provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales.

El Banco Municipal de Rosario, en tanto, ofrecerá financiamiento de hasta $ 150 millones, con un plazo de devolución de 36 meses y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.

Ambas líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los cupos disponibles.

La Cámara de Diputados de Santa Fe incorporó un artículo a la Ley N° 12818 que crea la Caja de Previsión para los Profesionales del Arte de Curar para habilitar, parcialmente, a los médicos a prescribir medicamentos a grupos familiares.

Es una iniciativa que propicia el diputado socialista Antonio Bonfatti y que fue votada por todos los legisladores presentes y fundamentada brevemente por el ex gobernador.

El objetivo es posibilitar "que los profesionales médicos en condición de pasividad puedan continuar prescribiendo medicamentos de forma gratuita, excepcional y estrictamente restringida a su núcleo familiar directo. Actualmente, al acceder al beneficio de la jubilación, el sistema previsional exige a los médicos el cese de la actividad profesional, lo que conlleva la pérdida automática de la potestad legal para firmar recetarios y prescribir medicamentos, incluso para el autocuidado o el auxilio de sus seres queridos más cercanos", explicó.

"Entendemos que el conocimiento científico, la idoneidad técnica y el compromiso deontológico adquiridos a lo largo de décadas de carrera médica no se extinguen con la obtención del beneficio previsional, resultando razonable, sin afectar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema previsional, que el

profesional médico jubilado pueda, se reitera, en forma excepcional y sin contraprestación, diagnosticar y medicar patologías cotidianas o crónicas dentro de su propio hogar y de su entorno familiar inmediato", señaló Bonfatti.

La propuesta votada, y girada al Senado en revisión, propone que los profesionales médicos jubilados

conforme a la ley puedan obtener una habilitación excepcional, personal y restringida exclusivamente a los fines de prescribir -sin contraprestación económica- medicamentos a su cónyuge o conviviente, y a sus ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, contemplando que dicha habilitación no altere la condición de jubilado del profesional.

Asimismo, prevé el texto votado que el otorgamiento, registración y control de la habilitación esté a cargo de los colegios profesionales médicos de cada circunscripción, en coordinación con la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe.

La redacción contempla que el profesional deba declarar el listado de personas alcanzadas por la habilitación, con indicación de sus datos personales y vínculo, el cual podrá ser actualizado conforme lo determine la reglamentación.

Bonfatti aclaró que la iniciativa es acompañada tanto por la Caja de Seguridad Social para los profesionales del Arte de Curar de la Provincia como por los colegios profesionales médicos de las diversas circunscripciones provinciales.

La autorización está contenida en lo que sería el artículo 74 bis de la ley vigente. Ese artículo es el que dispone en primer lugar que el jubilado no puede ejercer su profesión dentro de la provincia. Si reinicia la actividad profesional debe simultáneamente comunicarlo al directorio, el que procede a ordenar la suspensión del pago del beneficio, quedando reafiliado obligatoriamente a la Caja.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, firmaron el decreto adjudicando a la firma SML Consultores Médicos el servicio de control médico, salud laboral y prestaciones en especie de contingencias de riesgos del trabajo para trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, pasantes y becarios. Es un contrato por el término de 24 meses y se estima que el respectivo contrato será rubricado en días más.

A través del decreto n° 1589, el Poder Ejecutivo dio el paso definitivo para acordar el operador del llamado Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) creado para unificar y modernizar todo lo relacionado con la salud de los empleados públicos.

El objetivo es centralizar las licencias médicas, el control de ausentismo, los accidentes de trabajo y las juntas médicas en un sistema digital único, dejando atrás métodos fragmentados o analógicos. La aplicación del sistema será gradual y una vez firmado el contrato, la firma ganadora tendrá un plazo de dos meses para ponerlo en vigencia.

SML Consultores Médicos SA cubrirá la plataforma tecnológica operativa, el control médico laboral, las prestaciones en especie por accidentes o enfermedades profesionales (Ley 24.557), las juntas médicas y los exámenes periódicos o psicofísicos.

El pliego establece un proceso gradual de puesta en marcha del sistema que comenzará con personal comprendido en el escalafón 2695, Fiscalía de Estado, gráficos, Api, Catastro y ex Dipos que están distribuidos en 296 localidades y totalizan 28.509 agentes.

Luego será el turno de Profesionales Ley 9282 y los Viales (9.860 agentes); en tercer lugar, docentes y asistentes escolares (79.365) y finalmente a personal policial y penitenciario (31.354).

Para poder pagar este nuevo servicio, en el decreto de adjudicación se realiza una modificación presupuestaria por $1.402.804.000. Es dinero de una partida general que se lo asigna específicamente al presupuesto del Ministerio de Economía que actuará como autoridad de aplicación y controlará el funcionamiento del sistema junto a IAPOS y los ministerios de Salud y Trabajo.

El año pasado, el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1838 creó el SIPSAL para unificar y optimizar la gestión de salud laboral de los agentes públicos de la provincia, al promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de los servidores públicos mediante un ambiente seguro y el fortalecimiento de la cultura de prevención.

Además para consolidar un sistema de gestión integral y unificado de licencias, riesgos del trabajo, antecedentes médicos y datos estadísticos; dotar a los procesos de celeridad, economía, transparencia e innovación digital mediante la incorporación de TICs; así como optimizar el uso de recursos humanos.

El SIPSAL se compondrá de cinco módulos, que funcionarán en forma integrada como un sistema único de gestión y administración de licencias, abarcando todas las contingencias de salud que afecten a un agente público que motiven el inicio de una solicitud de licencia y/o atención, para realizar su seguimiento, registro y conformación de la historia clínica unificada.

El módulo I es el servicio operativo y plataforma tecnológica; el II es el servicio de control médico y salud laboral; el módulo III de prestaciones en especie de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; IV de juntas médicas y el V médico de exámenes periódicos.

En los considerandos del decreto de adjudicación se marca que el SIPSAL gestionará las solicitudes de licencias por razones médicas y la atención de prestaciones en especie de riesgo del trabajo; con intervención de profesionales integrantes de la red de prestadores de la futura adjudicataria, autorizados previamente por el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública será la autoridad de aplicación y contralor del sistema. Para poner en marcha el SIPSAL, se puso en marcha un proceso licitatorio de etapa múltiple (doble sobre). El gobierno cursó invitación a diversas empresas y solo una se presentó.

La Comisión Evaluadora consideró apta para ser seleccionada como prestadora del servicio a la firma SML Consultores Médicos; luego se analizó la oferta económica presentada por la firma, "concluyendo que el porcentaje ofertado resulta razonable, equitativo y acorde con los valores vigentes de mercado" por lo que se la consideró conveniente para los intereses de la administración.

SML Consultores Médicos es una empresa especializada en gestión de medicina laboral, control de ausentismo y auditoría de salud que pertenece al grupo económico Werthein en sociedad/asociación estratégica con el grupo D'Onofrio.

La sede central de la firma está en Avenida del Libertador al 6900 en CABA.

En otro decreto, el n° 1574, el gobernador Pullaro aprobó el convenio específico firmado semanas atrás entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.

El objetivo del convenio es el mejoramiento permanente de la calidad del empleo a través de la ejecución de acciones de fiscalización tendientes a verificar las condiciones y medio ambiente de trabajo, promover la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y cumplir con los deberes y obligaciones en materia preventiva emergentes de tres leyes y normas complementarias.

En el decreto, Santa Fe acepta la contribución, sin reintegro, con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, dispuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, por la suma de $217.256.860 para tornar operativo el acuerdo.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional la inamovilidad del tope a los jubilaciones de la provincia dispuesto en la reforma a la ley 6915 resuelta en el marco de la Ley de Emergencia Previsional y, por otra parte, validó los aportes solidarios otorgando un plazo de 30 días a los amparistas para que adecúen su pretensión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La dos decisiones están contenidas en la Ley N° 14283 que dictó la emergencia previsional

En ambos pronunciamientos hubo votación dividida: fue 4 a 3 en ambos temas y el que inclinó hacia un lado y hacia otro la votación fue Roberto Falistocco. El decano opinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo.

Los pronunciamientos se conocieron a los pocos días de caer la vigencia de Ley de Emergencia Previsional que será el venidero 13 de septiembre. En ambos casos las partes podrán recurrir al ámbito federal para hacer efectivos sus reclamos.

Los pronunciamientos de este lunes son en los caratulados casos Lisi, por Glays Noemí Lisi, docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario, y el caso Ramón, por Elena Virgina Ramón, camarista penal amparista que cuestiona el tope jubilatorio.

Lisi cuestionó los artículos 1° y 2° de la ley 14283, que declararon la emergencia previsional por dos años y el aporte solidario para los beneficiarios que cobran, como mínimo, cifras superiores a tres jubilaciones mínimas en la provincia.

En ese expediente, la mayoría de la Corte integrada por los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza dicen que el artículo sobre aporte solidario, es constitucional y por ende declaran procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Provincia. En tanto, los restantes tres ministros, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder entienden que es inconstitucional el aporte.

En el caso Ramón, la amparista cuestiona el tope y la inmovilidad al haber jubilatorio. En este aspecto, la mayoría de la Corte integrada por Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder le conceden la razón y entienden que la inamovilidad es inconstitucional y yo lo tiene dicho la Corte nacional. Esa mayoría rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la provincia. En cambios los otros tres ministros entendieron que el tope es constitucional.

En los dos expedientes el primer voto correspondió a la ministra rosarina Zabalza.

Lisi, entiende que el aporte solidario y el pago recién a 60 días de la mejora del activo en la jubilación significa "la modificación sustancial de estos haberes mediante una reforma normativa que no respeta los principios de progresividad y no regresividad, representa, una lesión" a sus derechos consagrados.

Para la provincia, "la emergencia y las medidas adoptadas llevan ínsita la nota de transitoriedad y que la ley 14283 se traduce en una regulación razonable debido a las particulares circunstancias en que ella se dictó". Agrega que "las medidas legislativas no resultan irrazonables, y que no se frustra derecho constitucional alguno, sino que se lo ha limitado en su goce y de modo razonable, temporal, lo que no importa una desnaturalización del derecho constitucional regulado".

El caso Lisi llega a la Corte tras pronunciamientos en primera y segunda instancia en el fuero laboral los que son largamente analizados en el voto de Zabalza. "Por todo lo expuesto, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas en el orden causado", señala la ministra rosarina.

En tanto, el voto de Weder fundamenta la posición contraria para concluir que corresponde "declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la provincia".

Así para la mayoría "corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado, con costas por su orden. Remitir los autos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo que corresponda, otorgándose un plazo de treinta días a fin de que la parte actora adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11330".

En el caso Ramón, la actora puntualizó "que se ha producido una afectación de derechos de raigambre constitucional que se verifica a partir de la vulneración en su beneficio a la seguridad social, el derecho de propiedad y las reglas de progresividad".

En el voto de Zabalza, entiende que "son los jueces en materia contencioso administrativa los llamados a desentrañar si se ha visto afectada la garantía de movilidad del sistema jubilatorio y su régimen jurídico" con los topes.

En cambio, recuerda Falistocco que el recurso de amparo interpuesto por Ramón, quien considera que el tope jubilatorio previsto en la normativa provincial conculca derechos y garantías de primer orden constitucional, como la inviolabilidad de su patrimonio (haberes jubilatorios) protegido por la garantía de movilidad de las remuneraciones.

Recuerda el ministro decano que el artículo 24 de la nueva Constitución de Santa Fe, establece que "las jubilaciones y pensiones son móviles" y que "la sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables".

Agrega que del texto del artículo 9 surge manifiesta una segunda ruptura de esta relación de proporcionalidad entre las prestaciones de agentes activos y pasivos, puesto que ella es vulnerada por el establecimiento de un tope máximo de haberes sin plazo de duración, que además de no tener relación alguna con el aporte mensual del personal en actividad, también congela su jubilación en violación a la garantía constitucional de movilidad, desnaturalizando la esencia sustitutiva de la prestación e impidiendo que el haber previsional mantenga una relación justa con la remuneración percibida en actividad, contraviniendo la jurisprudencia consolidada de esta Corte.

Por su parte, el ministro Weder considera el planteo de inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 9 de la ley 14283, que al modificar el artículo 11 de la ley 6915 "prevé que quienes, al momento de la entrada en vigencia de la norma, perciban un haber superior a veinte jubilaciones mínimas "absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial" hasta que se alcance ese monto.

Para este ministro "la disposición legal cuestionada al implementar un mecanismo de "absorción" de los consiguientes aumentos salariales al sector activo no constituye una modificación del método de movilidad sino la supresión lisa y llana del efecto de la movilidad para un grupo determinable de beneficiarios, por un plazo que la propia norma no fija ni permite determinar de antemano. Se trata, en consecuencia, de una ausencia de movilidad por término incierto, sin que pueda sostenerse válidamente que por sí sola la existencia de un tope máximo habilite además la supresión de la movilidad".

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios (1) by vchiaraviglio.ellitoral

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios (2) by vchiaraviglio.ellitoral

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el decreto con el ascenso de 2764 oficiales de la policía santafesina, ascensos correspondientes al ejercicio 2025 y que resultó del respectivo concurso realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Aunque el decreto de ascenso reconoce el nuevo grado a partir del 1° de enero de 2025, en el Artículo 6° y los considerandos limitan el cobro del retroactivo económico al 1° de octubre de 2025, invocando la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo N° 1.

"En este mes de agosto estaremos convocado al concurso para el ascenso 2026 y terminaremos la gestión al día en esta temática" dijo a El Litoral, Georgina Orciani, secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera de esa cartera y quien estuvo a cargo del concurso.

El respectivo decreto está acompañado por un anexo de 138 páginas con la nómina de los policías concursantes y con los cargos a los que ascendieron. También contiene aquellos que situación se encuentra en suspenso por trámites administrativos en marcha; los ausentes en el concurso; los que aprobaron pero no ascendieron por falta de vacantes y aquellos que no aprobaron en el examen respectivo.

Imagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Fueron 6.103 los aspirantes al concurso convocado el pasado 20 de febrero y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el régimen de ascensos y concursos establecidos en la Ley Nº 12521.

Uno de los objetivos de la gestión actual de Justicia y Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni era poner al día los concursos para ascensos policiales. En julio de 2024 finalizó el concurso de ascenso 2023 que implicó la nueva calificación a 3.107 policías.

En enero de 2025, se firmó el decreto para los 2867 ascensos del concurso 2024 y en este finalizado mes de julio, el decreto con los 2764 ascensos sobre 2025.

La lista de promoción la encabeza Alejandro Oscar Tognolo, director de Policía promovido a director general. Le siguen Luciano Héctor Huasman y Aldo Elías Perea, subdirectores de Policía ascendidos a directores de Policía.

También fueron promovidos 30 oficiales como subdirectores de Policía; otros 68 como comisarios supervisores; 102 comisarios; 330 subcomisarios; 530 inspectores; 980 subinspectores y 824 oficiales de policías.

Imagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En los considerandos se da cuenta de la presencia en el expediente del orden de mérito del acta final labrada por el Jurado del Concurso, en el cual consta el personal policial que se encuentra en condiciones de promocionar al grado inmediato superior, la nómina actualizada de los funcionarios policiales que presentan causas obstativas, a los cuales el ascenso quedará en suspenso, hasta la finalización de ellas y el listado que, por diversos motivos, no se encuentra en condiciones de promocionar.

También se da cuenta de que Fiscalía de Estado ha manifestado que para los casos de ascensos es de aplicación el criterio sostenido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1, en los autos "Morello" e "Ibáñez", cuyos fallos establecieron límites al reconocimiento del pago de diferencias salariales. "No podrá excederse... a más de dos años, o a un lapso menor, si se demostrase la concurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas en dicho precedente"; se transcribe.

Así según el criterio fijado por la Cámara, en el caso del personal de la Policía de la Provincia, la fecha a partir de la cual se le reconocen las diferencias salariales, es el 1° de octubre, del año en el que se produce el ascenso, siempre que no sobrepase el límite de dos años.

La Cámara de Diputados completó la sanción de la adhesión santafesina a la Ley Nacional n° 26.944 que establece el régimen de responsabilidad del Estado y la giró al Poder Ejecutivo -autor de la iniciativa- para su promulgación.

Con la abstención de los tres diputados del bloque del Frente Amplio por la Soberanía, la Cámara avanzó con la aprobación que había realizado el Senado a principios de junio y dejó de lado proyectos propios de adhesión que se completaban con algunas disposiciones.

Se trata de los proyectos presentados por los oficialistas Lionella Cattalini y por Martín Rosúa. La primera fue quien fundamentó la necesidad de adherir a la norma, una de las mandas derivadas de la nueva Constitucional sancionada en septiembre pasado.

Después del receso, la Cámara de Diputados volvió a sesionar y sancionó varias leyes, por unanimidad, todas antes aprobadas por el Senado y que mayormente responden a expropiaciones y fiestas en localidades del interior santafesino.

"Estamos sancionada una importante ley y no es ante una demanda coyuntural sino para cumplir con uno de los mandatos derivados de la Constitución santafesina" dijo Cattalini. "Es una norma que servirá para ordenar y fortalecer al Estado y significará mayor seguridad jurídica en Santa Fe", agregó.

"El proyecto tiene por objeto dotar a la Provincia de Santa Fe de un régimen orgánico de responsabilidad del Estado, armonizando la normativa provincial con los principios constitucionales y con la evolución del derecho público contemporáneo. La regulación propuesta se inspira en la consolidada doctrina de la responsabilidad estatal por falta de servicio, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la sistematización legislativa introducida por la Ley 26.944; la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo provincial; y criterios interpretativos sostenidos por la Fiscalía de Estado en dictámenes y actuaciones administrativas", explicó.

Acotó que el proyecto consagra los principios clásicos del derecho público argentino: responsabilidad por falta de servicio, reparación por sacrificio especial en actividad legítima, responsabilidad directa del Estado por hechos de sus agentes, exclusión de la aplicación automática del derecho civil y la preservación del principio de igualdad ante las cargas públicas.

"Se procura otorgar previsibilidad jurídica, seguridad institucional y coherencia al régimen de responsabilidad estatal, fortaleciendo al mismo tiempo la tutela de los derechos de los particulares frente a la actuación del Estado", remarcó.

La sanción de la norma a nivel nacional representó un cambio de paradigma en el ordenamiento jurídico, ya que sacó definitivamente los reclamos contra el Estado del ámbito civil para enmarcarlos exclusivamente en el derecho público. Santa Fe se encamina a esa experiencia y para ello fortalece el fuero Contencioso Administrativo y para cual fin ya dictó dos leyes específicas para crear el Colegio de Jueces y el Código restando aún el procedimiento.

Palo Oliver pidió la abstención de los diputados de izquierda entendiendo que nada aporta a los ciudadanos la simple adhesión. "El Estado debe tutelar más derechos y no limitarlos", marcó.

Bandera a media asta en la sesión de la Cámara de Diputados por el fallecimiento en Estados Unidos de Gabriel Real, cuatro veces diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista y secretario de Asuntos Legislativos. "Era el diputado 51" recordó Clara García, presidente de la Cámara.

La sesión se inició con un sentido homenaje desde diferentes sectores políticos que coincidieron en remarcar el compromiso y la militancia del dirigente fallecido y cuyos restos llegarán este domingo a Firmat, la localidad en la que nació y vivía.

La lista de reconocimiento la abrió el socialista Rubén Galassi, la cerró Carlos Del Frade y ambos finalizaron emocionados y quebrados en la voz. "Aguerrido y amigo amable que sabía salir con humor de las discusiones más fuertes" marcó el socialista. "Con Real se va parte de la generación que alumbró la democracia en los 80", acotó.

Walter Ghione (Uno), Ariel Bermúdez (Creo), Lucila de Ponti (PJ), Sofía Galnares (UCR) y Leonardo Calaianov (PS) completaron la lista, en muchos casos recordando ricas anécdotas de la política santafesina.

Dirigentes demoprogresistas estuvieron en el recinto especialmente invitados, entre ellos Guillermo Rey Leyes, Florencia Barcarolo y Abel Siebenhaar.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió -por Senado- a Legislatura un mensaje pidiendo se declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de prórroga por otros seis meses ante determinadas circunstancias.

El objetivo central de la futura norma es agilizar y facilitar la concreción de obras, construcciones, utilización de predios particulares y todo tipo de trabajos públicos que tengan como fin preparar, aliviar y mitigar los efectos y daños que puedan provocar los excesos hídricos del fenómeno El Niño.

La declaración de emergencia "incluye las situaciones de emergencia ambiental que se deriven eventualmente del problema hídrico y que sean identificadas como tales por el Poder Ejecutivo Provincial", dice el artículo 1° del proyecto que acompaña el mensaje.

El pedido de esta nueva emergencia solicitada por el Poder Ejecutivo es como consecuencia del fenómeno denominado El Niño - Oscilación Sur. De acuerdo con el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional "las condiciones del fenómeno son consistentes con una fase cálida ó El Niño. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre julio-agosto- septiembre 2026 hay probabilidad cercana al 100% de que se mantenga la fase de El Niño", expresan los fundamentos.

En el mensaje se propician una serie de normas administrativas para atender la emergencia. "Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que estime convenientes para disponer la prevención y la atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas y para evitar o mitigar las consecuencias que pudieran derivarse del fenómeno hídrico", marca en el artículo 2.

Agrega que "los entes, organismos y reparticiones que actúan bajo la órbita de su competencia, pueden proyectar, contratar, dirigir y ejecutar obras de arte hidráulicas y trabajos tales como movimiento de suelos, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones, lagunas de retardo y endicamientos de cursos de agua, clausura, modificación, restauración y mejorados de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, como así también toda otra obra que se considere pertinente para alcanzar los objetivos perseguidos con la presente, incluyendo la contratación de servicios y adquisición de bienes".

La protección hídrica es clave ante un eventual "Niño". Foto: Archivo Manuel Fabatía

En otro artículo se faculta al Ejecutivo a las contrataciones en la emergencia para las adquisiciones de bienes de uso, servicios y equipamiento que se harán efectivas mediante procedimientos especiales de contratación que tendrán carácter de urgentes. Para ello, se dispone que el propio Poder Ejecutivo reglamentará dichos procedimientos específicos, "incluyendo los criterios de selección, de adjudicación y de evaluación de las propuestas, garantizando la transparencia, la igualdad, la concurrencia y debida competencia entre los oferentes".

También propone que las obras de infraestructura necesarias para cumplir con los objetivos de la ley serán consideradas de emergencia y se harán efectivas mediante procedimientos especiales que tendrán carácter de urgentes. Con en las compras también se facultad al Poder Ejecutivo a reglamentar los procedimientos.

El Tribunal de Cuentas debe efectuar el control de los actos y procedimientos derivados de la emergencia con un plazo máximo de 10 días hábiles y comunicarlo a las cámaras legislativas dentro de los 10 días de emitido. Agrega el artículo de control que el Tribunal de Cuentas debe "tener en cuenta el carácter excepcional de la presente norma que prioriza la agilidad de los trámites y contrataciones".

Se realizan obras en distintos puntos de la provincia ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño.

En cuanto a los hechos y actos realizados o emitidos por el Poder Ejecutivo y los funcionarios que actuaron en función de la emergencia, se consideran comprendidos dentro de los poderes explícitos e implícitos de la situación de excepción. Estarán sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas y deben comunicarse a las cámaras legislativas dentro de los 5 días de la entrada en vigencia de la ley.

Un artículo del mensaje habla de la agilidad de los procesos de selección de contratistas donde en la emergencia "se requerirá una compulsa de ofertas o precios que asegure la rapidez y agilidad de la contratación. En el supuesto de que no exista posibilidad de obtener más de un proveedor u oferente que pueda realizar un trabajo, servicio o suministro por sí y la emergencia de la situación lo exija, se podrá realizar la contratación con la persona o empresa que asegure la realización del trabajo o la entrega de los bienes".

Para ejecutar los trabajos necesarios, el proyecto propone facultar al Poder Ejecutivo "a imponer restricciones transitorias al dominio de los bienes privados, en tanto se basen en razones de urgencia y emergencia en relación a la ejecución de obras tendientes a la seguridad de las personas y cosas o al restablecimiento de las vías de comunicación". También lo faculta para constituir las servidumbres administrativas que correspondan, conforme lo establecido por la ley 11730.

El proyecto crea la cuenta especial Fondo de Emergencia Hídrica, a la que se destinarán los recursos como fondos asignados presupuestariamente o por modificaciones que realice el Poder Ejecutivo para tales fines; aportes del Tesoro Nacional otorgados especialmente para el cumplimiento de los fines previstos en la emergencia y todo otro aporte económico que se obtenga para la emergencia.

Otro artículo habilita al Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias y en otro invita a los gobiernos locales a adherir a la norma.

En los considerandos se cita el informe presentado por José Luis Stella de la Dirección Central de Monitoreo del Clima del Servicio Meteorológico Nacional en el marco de la Mesa de Coordinación General – Fenómeno ENOS El Niño 2026-27 realizada días atrás en Posadas, Misiones.

Allí se destaca que "hay probabilidades cercanas al 100% de que siga evolucionando la fase El Niño en el trimestre junio/agosto/septiembre y en lo que resta del año. Respecto a la intensidad que pueda alcanzar este evento, las chances de que sea fuerte o muy fuerte, según clasificación de la NOAA, aumenta considerablemente a partir de la primavera austral".

Ante ese pronóstico, considera el Poder Ejecutivo que "las instancias de trabajo en curso y las experiencias previas en la materia indican que es necesario disponer -en forma preventiva- los mecanismos institucionales indispensables para tomar las medidas pertinentes y tomar los recaudos correspondientes a fin de mitigar las consecuencias del fenómeno climático".

En la reanudación de la actividad legislativa, tras el receso invernal, el interbloque oficialista de Unidos, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, intentará lograr este jueves la sanción de la adhesión de la provincia a la Ley nacional Nº 26.944, norma que rige la responsabilidad del Estado por los daños que, su actividad o inactividad, les produzca a los bienes o derechos de las personas.

Es una ley dictada por el Congreso en el año 2014 y en Santa Fe es ahora acuciante la necesidad de adhesión especialmente tras la entrada en vigencia de la nueva Constitución. En el texto vigente hasta septiembre pasado, la derivación de esa responsabilidad era al ámbito civil.

El mensaje del Poder Ejecutivo fue aprobado, por unanimidad, por el Senado el pasado 1° de junio y se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.

"Es una de las leyes pendientes de la reforma constitucional porque había un vacío jurídico en Santa Fe sobre las responsabilidades del Estado" dijo un vocero de Casa Gris. "La ley viene a consolidar el fuero Contencioso Administrativo, esta ley la va a aplicar este fuero. Hasta el año pasado la responsabilidad del Estado la dirimían los jueces civiles", se recordó a El Litoral.

Tras la reforma de la Constitución, en Santa Fe fue dictada el Código Contencioso Administrativo, la ley que regula el Colegio de jueces del fuero y resta aún la norma sobre el procedimiento que tiene aprobación en ambas cámaras pero falta determinar que texto prevalece.

La Ley Nacional N° 26.944 regula la responsabilidad del Estado en Argentina por los daños que su actividad o inactividad cause a los bienes o derechos de las personas. Además sustrajo la responsabilidad estatal de la órbita del Código Civil y Comercial para consagrarla en el ámbito del derecho administrativo.

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe recorrió los establecimientos penitenciarios de Coronda y de Piñero en el marco de las atribuciones que le fija el reglamento del cuerpo y el presidente del grupo, Walter Ghione, dijo haber "quedado maravillado" por la construcción del llamado El Infierno en el sur santafesino.

El grupo inició el recorrido en Coronda donde fueron recibidos por la secretario de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri más autoridades del Instituto Autárquico de Industrias Penitecirias (IAPIP)

que funciona en el mismo penal. La comisión legislativa recorrió dos pabellones y la cocina del establecimiento. Algunos detenidos, rejas mediante, hablaron con los diputados y algunos de ellos plantearon inquietudes sobre la situación del penal.

La comisión luego se trasladó a Piñero donde observaron uno de los pabellones de detenidos de alto perfil, fueron recorriendo el centro de monitoreo y también fueron invitados a visitar la construcción del llamado

Infierno donde serán alojados condenados de alto perfil. Ghione relató a El Litoral estar impactado por la construcción en marcha con muros de hasta 9 metros de altura para evitar fugas.

"Son mil personas trabajando en la construcción del penal y eso nos asombró a todos los legisladores" marcó el legislador. "Son mil personas trabajando en forma directa y otras mil en forma indirecta" señaló para exponer la importancia de la obra pública y más en materia de seguridad.

"Tratar todo lo relativo al funcionamiento del régimen carcelario provincial con expresas facultades de inspección de cárceles, alcaldías, comisarías, jefaturas y todo lugar de detención de personas" es una de las facultades que, por reglamento, le corresponde a la comisión de Derechos y Garantías.

Además de Ghione componen la comisión Claudia Balagué, Gisel Mahmud, José Corral, Celia Arena,

Emiliano Peralta (quien no pudo asistir por razones personales), y Leonardo Calaianov. Pero además de la comisión se sumaron media docena de diputados al recorrido.

El domingo 24 de julio de 2011, Santa Fe definió sus poder Ejecutivo y Legislativo para el período 2011/2015 bajo el sistema de Boleta Única y uno de los primeros efectos fue que la fórmula elegida para la gobernación y vice no se impuso en la categoría de diputados provinciales. Era la primera vez que ocurría desde la vigencia de la Constitución de 1962 que previó una mayoría de 28 sobre 50 diputados a la lista ganadora para darle gobernabilidad a la Casa Gris. La situación se repetiría en 2019 donde Omar Perotti - Alejandra Rodenas fueron elegidos pero la mayoría de Diputados fue para el Frente Progresista.

Ese domingo de 2011, el socialista Antonio Bonfatti y el radical Jorge Henn fueron elegidos para conducir la provincia durante los siguientes cuatro año en la continuidad del Frente Progresista. Pero en la categoría Diputados fue la justicialista María Eugenia Bielsa la ganadora arrastrando a una bancada de 28 miembros. Los restantes 22 lugares se repartieron entre el Frente Progresista (15), Unión Pro Federal (6) y Movimiento Sur (1). El justicialismo también se quedó con el control del Senado que venía detentando desde 1987 y que recién se rompió en 2023.

La disociación entre Ejecutivo y Legislativo fue el primer efecto visible del sistema de Boleta Única, sistema de votación en el cual oferta electoral completa de un comicio se concentra en un único impreso oficial, diseñado, distribuido y fiscalizado por el Estado. En el caso de Santa Fe es una boleta por categoría. "El voto cruzado", lo llaman los politólogos.

A diferencia del sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, la autoridad de mesa le entrega al votante una boleta firmada en el momento de votar. El ciudadano marca con una lapicera su opción en un box sin necesidad de sobre, y la introduce directamente en la urna de la categoría.

La Boleta Única tuvo como gran impulsor en Santa Fe al entonces diputado Pablo Javkin (hoy intendente de Rosario); fue votada en forma dividida en la Cámara Joven y sancionada sobre fines de noviembre de 2010 por el Senado cuyos integrantes entendieron las bondades del sistema de la foto. Desde la vigencia de la Boleta Única, la mayoría de los senadores logró reelegir sucesivamente.

La intención legislativa en 2011 era que la ley se utilizara desde la elección general y no en la PASO. El entonces gobernador Hermes Binner vetó ese artículo, el sistema se estrenó en la Primaria y luego se lo usó en la general.

A la hora del decreto reglamentario hubo miradas encontradas en el seno del Frente Progresista entre la postura del Ejecutivo y la de legisladores radicales que postulaban tres boletas únicas: una que contenga los candidatos a gobernador y a diputados provinciales; otra con los senadores en cada departamento y la restante con intendentes y concejales. La postura del Poder Ejecutivo fue cinco boletas, una para cada categoría.

Así el primer efecto fue el aumento del voto cruzado (desacople de categorías) que impactó no solo en la Legislatura sino también en muchos de los concejos municipales. Las cinco boletas le permiten al votante evaluar cada categoría de forma independiente. Se terminó el efecto arrastre, las simpatías políticas han perdido efecto en los últimos años y empezó la personalización de la política favorecido por el diseño de la boleta con fotos de los candidatos que -en muchos casos- tiene mayor visibilidad que el partido o la alianza política.

A Bonfatti le tocó gobernar durante cuatro años con las dos cámaras en manos del justicialismo; a Perotti con Diputados dominada por la oposición y con justicialistas en el Senado.

La boleta y la urna santafesinas.

El tema recobra actualidad cuando en Santa Fe se está discutiendo la futura ley electoral, o el futuro Código Electoral, o Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral como se titula la iniciativa de los legisladores de la UCR, el partido que desde Unidos conduce el Poder Ejecutivo.

La discusión es una derivación de la reforma de la Constitución del año pasado que quitó la mayoría de 28 integrantes a la Cámara de Diputados y dispuso que los 50 lugares se distribuyan mediante el sistema D'Hont. En adelante, salvo contadas excepciones, los ejecutivos no tendrán mayoría propia en Diputados.

"Las categorías Gobernador, Vice Gobernador; Diputados Provinciales; y la categoría de Senador Provincial se incluirán en la misma boleta única. Las categorías de Intendente y Concejales, se incluirán en la misma boleta única", propone el proyecto radical.

La iniciativa socialista propone unir intendentes y concejales en la boleta y las restantes, todas individuales. Los diputados justicialistas apuntan a mantener las cinco categorías, con excepción de localidades con comisiones municipales donde sugiere llevar en el mismo el intendente y los comisionados.

En las semanas que vienen, el proyecto sobre código o ley electoral será uno de los debates centrales en la Legislatura donde hoy son parte de la Cámara de Diputados tanto Bonfatti como Perotti, los dos gobernadores que desde 1962 al año pasado tuvieron que cumplir sus mandatos sin mayoría propia en esa cámara y que tienen mucho para aportar a la hora del debate.

Santa Fe debatirá reformas en el plano electoral. Foto: Flavio Raina

Uno de los ejes centrales del debate será equilibrar las bondades de la Boleta Única que el ciudadano ha adoptado e incluso también ahora se utiliza a nivel nacional, con la necesidad de fortalecer partidos políticos pero también con el fomento a la participación.

Añadido a la Boleta Única está el tema de los pisos de votos necesarios para entrar a la discusión de distribución de bancas en Diputados y en los diferentes concejos municipales. El piso alto de votos apunta a que la distribución de bancas sea entre menor número de alianzas o partidos; un piso bajo abre más la posibilidad de reparto de lugares en las cámaras y esa es la otra gran discusión de la reforma electoral.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto otorgando dos partidas por un total de $150 millones para ejecutar por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos a cargo de Marcos Escajadillo y con el propósito de avanzar en las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño.

La decisión está contenida en el decreto N° 1494 y el dinero está destinado "a atender los gastos que demanden las acciones de planificación, prevención y preparación en el marco del fenómeno El Niño, a fin de garantizar la disponibilidad oportuna de recursos estratégicos y acompañar las acciones que se desarrollen en todo el territorio provincial, con el objeto de mitigar sus efectos, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales de la Provincia de Santa Fe".

De ese decreto, se destinan $70 millones para gastos de consumos y los otros $80 millones para servicios no personales.

"Lo solicitado se enmarca en los principios de prevención, previsión y gestión integral del riesgo, con el objetivo de garantizar la respuesta oportuna del Estado ante emergencias climáticas y situaciones críticas que afecten a la Provincia de Santa Fe", señala el decreto en parte de sus considerandos.

"A efectos de posibilitar la correcta utilización y posterior rendición de cuentas de la suma que se concede por medio del presente decisorio, corresponde dejar aclarado que la partida especial de emergencia que se otorga será administrada a través de la Habilitación de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos", se precisa.

Se recuerda que un decreto del año 1988, la habilitación de esa secretaría tiene la facultad para la inversión en forma directa de los fondos asignados.

Esta semana, en la asamblea plenaria del Consejo Económico y Social realizada en Rosario, hubo un amplio informe de los funcionarios del gobierno sobre la tarea que se viene realizando y las perspectivas sobre las cuales trabajan para atemperar los efectos del fenómeno cuya mayor intensidad se aguarda para el trienio octubre/noviembre/diciembre.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastía; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido y Escajadillo presentaron un cuadro de situación ante los integrantes del Consejo Económico y Social.

"Hubo informe del gobierno y mucho compromiso de entidades empresariales, cultos y mutuales" destacó Cándido. En los hechos, por ejemplo, marcó el caso de la Cámara de la Construcción que ofreció entregar un mapeo de máquinas en el territorio para los casos en que se necesiten sumar equipamiento pesado para tareas como motoniveladoras, palas mecánicas, etc.

Los funcionarios explicaron cómo hacen el seguimiento de pronósticos, las obras realizadas en Santa Fe, las que están en marcha y las alternativas que se analizan ante los cuadros posibles de lluvias y crecida de ríos, especialmente del sistema Paraná.

En el plenario del Consejo Económico y Social se repasaron los avances del ante proyecto de ley de Defensa del Consumidor que viene tratando ese órgano y que será luego enviado a Legislatura. Entre la academia, asociaciones de defensa de consumidores, cooperativas y mutuales más dirigentes del gobierno se discutió el texto. Ahora queda el punteo final y la remisión a las cámaras legislativas.

La transferencia de los 67 kilómetros de la ruta A012 del gobierno nacional a Santa Fe tuvo una impactante foto para la política argentina que habrá que mirar las implicancias hacia futuro. Por lo pronto, la administración de Maximiliano Pullaro se trajo la jurisdicción y la posibilidad de intervenir en forma urgente en ese complejo corredor vial. Ya se puso manos a la obra.

En tanto, en Casa Rosada hubo demasiado esmero en darle centralidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei más allá de que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo pusieron la firma en el acuerdo.

La firma se dio este miércoles en Casa Rosada. Crédito: Presidencia

Pero ambos sectores sentaron a la mesa a los legisladores nacionales santafesinos de sus espacios. Pullaro mostró asistencia casi perfecta de los diputados de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Pablo Farías y José Nuñez. La Libertad Avanza mostró a siete legisladores, entre ellos a Romina Diez quien tiene aspiraciones de ser protagonista electoral en 2027.

Pero también estuvo en la foto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Dicen que Scaglia empezó a desandar el nudo de esa ruta con el riojano para coronar la negociación con Santilli. Marcelo Jorge Campoy es el hoy responsable de Vialidad Nacional y tiene línea directa con Menem. Ya había ocupado la función en los finales de la gestión de Carlos Menem por la década de los 90 del siglo pasado.

Más allá de la foto, Nación y Santa Fe demostraron que se pueden sentar a lograr entendimientos de conveniencia recíproca. Un primer ensayo con el compromiso de continuidad de obras no se cumplió. Eran los inicios del gobierno de Javier Milei.

En los últimos meses, antes de la transferencia de la ruta, Santa Fe pudo lograr un acuerdo por el tema previsional y el adelanto financiero de $400 mil millones. Son fondos que empezaron a aliviar el Tesoro y avanza el acuerdo por la deuda previsional de 2020 que podría implicar la cesión para Santa Fe de inmuebles y de los paralizados planes Procrear en las principales ciudades.

En Santa Fe se destaca el nivel de efectividad en materia de respuestas de Santilli. Guillermo Francos prometía respuestas pero no concretaba. Adorni fue un tiempo perdido al frente de la Jefatura de Gabinete. Scaglia y Santilli mantienen reuniones y avanzan en temas. No se habló el martes del tema electoral pero nadie niega que el objetivo del mileismo es lograr -al menos- suspender la PASO nacional. El voto de los oficialistas santafesinos podría acompañar la suspensión, no la derogación.

Hasta el momento, Milei y Pullaro compartieron algunos actos públicos y no hubo fuertes cruces. Cada uno fijó su posición pero sin agresiones. Esto no implica que Unidos se sumará a la Libertad Avanza ni viceversa. Habrá que observar con detenimiento la estrategia electoral del oficialismo nacional para las elecciones provinciales.

Pullaro logró el objetivo: hacerse cargo de una ruta que la Nación abandonó y no tenía en planes renovarla. En siete meses se encargará de tenerla sin pozos hasta las elecciones pagando el gasto y el costo política de mantenerla. Ya varios diputados justicialistas provinciales marcaron diferencias con la decisión de hacerse cargo. "Milei abandona las rutas y Pullaro acepta que Santa Fe se haga cargo. Pero las rutas no se arreglan con discursos: se arreglan con recursos. Y la pregunta es quién va a pagar", sostuvo el diputado Miguel Rabbia, aliado de Marcelo Lewandowsky.

La A012, para Santa Fe es el eje central para el Circuito de Acceso a Puertos (CIP), el proyecto más emblemático de Obras Públicas y para el cual faltan acomodar muchos actores. El objetivo es tener accesos fluidos, con rutas transitables para que salga la producción agrícola y minera desde los puertos del sur. El proyecto conlleva el riesgo de hacerse cargo de una ruta que perteneció a la provincia y que en algún momento se la llevó la nación y ahora devolvió.

Con una inversión de 4.300 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el acta para el inicio de las obras de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias en la Ruta Nacional A012.

"Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo", afirmó Pullaro y destacó la articulación del estado con el sector privado "con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país".

El gobernador marcó que desde el Gobierno Provincial "podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional, y sin embargo entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas".

Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012.

Pullaro aseguró que la Provincia tiene "un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que "el 70 % de los camiones que pasan por la A012 son de otras provincias", por lo que valoró el traspaso de la arteria vial a la Provincia al considerar que "tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar", porque "los santafesinos somos otra gestión, somos un federalismo de acción que tomamos la ruta y pensamos a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos", aseguró.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó la articulación público-privada que permitió "avanzar en los accesos a los puertos y en esta obra estratégica para el sector productivo, porque entendimos por donde va el camino de las inversiones en la provincia".

Las tareas, que serán ejecutadas por la empresa Pose, comenzaron en la intersección de la A012 con la ruta Nacional Nº 34. El plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses. Se sumarán otras dos intervenciones ya previstas sobre el corredor: la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería; y una nueva rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por la provincia para adecuarlo y licitarlo.

Las tres diputadas del PRO que integran el interbloque de Unidos en la Legislatura de la provincia de Santa Fe ingresaron un proyecto de ley de modernización, transparencia y fortalecimiento del sistema electoral de la provincia.

La iniciativa firmada por Astrid Hummel, Fernanda Castellani y Ximena Sola, entre los principales puntos propone la eliminación de la veda electoral en aquellos aspectos que hoy restringen actividades económicas y sociales; reafirma el principio de Ficha Limpia; transforma en optativa las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; implementa la Boleta Única para las cinco categorías electorales.

Además establece como obligatorio el debate público entre candidatos; establece un financiamiento mixto para las campañas y reglas para dotar de mayor transparencia, modernización y publicidad a todo el proceso electoral.

El proyecto del PRO fija en el 1,5% el piso para las PASO y en el 4 % para la elección general.

La iniciativa dispone que la Provincia garantizará la accesibilidad universal en todas las etapas del proceso electoral, asegurando la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, en cumplimiento del mandato de acción positiva previsto en la Constitución santafesina.

"La accesibilidad electoral comprenderá las dimensiones física, comunicacional, tecnológica y cognitiva del proceso electoral, abarcando la información preelectoral, el acceso al padrón, la asignación de establecimientos de votación, la emisión del sufragio, el escrutinio y toda otra instancia vinculada al ejercicio de los derechos políticos", dice.

El proyecto tiene por finalidad "impulsar una reforma integral del régimen electoral de la Provincia, procurando consolidar un cuerpo normativo moderno, sistemático y coherente que reúna, en un único instrumento legal, los principios, instituciones y procedimientos fundamentales que rigen los procesos electorales provinciales y municipales", señaló Sola a El Litoral.

"El sistema electoral constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático de gobierno. De la calidad de sus instituciones, de la transparencia de sus procedimientos y de la confianza que genere en la ciudadanía depende, en gran medida, la legitimidad de la representación política y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas", agregó la legisladora.

Aclaró que "la iniciativa no persigue alterar las bases esenciales del sistema electoral santafesino, sino perfeccionarlo, actualizarlo y dotarlo de una regulación más clara, ordenada y consistente, capaz de brindar respuestas a las nuevas realidades políticas, sociales y tecnológicas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de las reglas electorales y el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía".

Remarcó Sola que "el proyecto procura consolidar un régimen electoral acorde con los desafíos institucionales de la Provincia de Santa Fe, fortaleciendo la calidad democrática, promoviendo una mayor transparencia en los procesos electorales y contribuyendo a la construcción de un sistema político más sólido, previsible y respetuoso de los valores republicanos consagrados por la Constitución Provincial".

La política santafesina fue sorprendida en la madrugada con el deceso de Gabriel Real, a los 67 años, en el aeropuerto de Nueva York, donde esperaba el vuelo para regresar a la Argentina después de compartir con la familia y amigos de Firmat parte del Mundial de fútbol.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista", escribió el gobernador Maximiliano Pullaro en X acompañado de una foto de ambos en una reunión previa al viaje a Estados Unidos.

Real ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Legislativos desde el inicio de la gestión de Pullaro. Era secretario general del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe. Antes había sido diputado provincial en tres ocasiones. Para el próximo sábado estaba anunciado un plenario del PDP donde Real iba a asumir un nuevo mandato como secretario general acompañado en esta ocasión por César Rey Leyes como secretario de Actas y Sabrina Brachetta como tesorera.

Hombre de la política, de diálogo con los distintos actores de la vida política santafesina, siempre fiel a los principios de su partido al que supo conducir en las últimas décadas.

Nacido y vecino de Firmat, en el departamento General López, vino a Santa Fe a estudiar derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y con el regreso de la vida democrática lo encontró en la juventud del PDP, fuerza donde su padre había sido dirigente y legislador.

Durante varios años fue secretario del bloque de diputados provinciales que tuvo como expresiones políticas a Carlos Favario y Carlos Caballero Martín. Llegó a la banca de diputado en 2007 con el triunfo del Frente Progresista con la fórmula Hermes Binner - Griselda Tessio.

Desde la banca y siguiendo la bandera partidario insistió con proyectos como libre acceso a la información pública y con proyectos propios para cambiar leyes para bajar la edad para ser concejal o autoridad comunal. El primer tema se terminó plasmando en la llamada Ley de Gobernanza de Datos y los dos segundos en la nueva Constitución. Fue además coautor de la ley que implementó la ley de Juicios por Jurado.

Desde Unidos para Cambiar Santa Fe señalaron que "la política santafesina pierde a un dirigente que hizo del compromiso, la coherencia y el respeto por las instituciones una forma de ejercer la vida pública. Con una larga trayectoria dentro del Partido Demócrata Progresista, supo representar esa tradición dentro de la coalición y ponerla al servicio de un proyecto compartido".

Marcó la coalición oficialista que desde la Secretaría de Asuntos Legislativos, Real "trabajó todos los días con la certeza de que el bienestar de la sociedad debía estar por encima de cualquier otra cosa, y con esa convicción tendió puentes entre quienes decidimos gobernar juntos, ayudando a que ese acuerdo se tradujera en objetivos cumplidos y en las leyes que la gente necesitaba".

Para Unidos, la partida es una pérdida doble. "Sentimental, porque quienes integramos este espacio tuvimos en Gabriel a un hombre de profundas convicciones democráticas, generoso en el trabajo cotidiano. Y política, porque se va alguien que conocía, mejor que casi nadie, los engranajes que hacen funcionar a Unidos, y que ponía esa experiencia al servicio de todos, no solo del PDP."

Uno de los primeros en despedirlo fue el titular del radicalismo, Felipe Michlig y luego varios ministros, entre ellos Fabián Bastia, titular de Gobierno que tenía bajo su órbita a la secretaria de Asuntos Legislativos. También lo hicieron Lisandro Enrico y Silvia Ciancio, ambos del departamento General López como Real.

Parte de la familia emprendió el regreso a Firmat y su hija y yerno se quedaron a cargo de los trámites para traer el cuerpo a su ciudad donde serán velados los restos en fecha a determinar.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe reservó esta primera semana post receso invernal para reuniones tendientes a definir los alcances del futuro Código Electoral y ley de Partidos Políticos de la provincia y avanzar en conversaciones -especialmente en Unidos- para discutir los dos mensajes del Poder Ejecutivo con reformas a leyes que tienen que ver con la seguridad pública.

Ni el Senado ni la Cámara de Diputados fueron convocados a sesiones ordinarias para este jueves. Es más, en la Cámara Alta están en marcha obras tendientes a renovar el piso del recinto por lo que fueron retiradas las 19 bancas. El hall de la Legislatura fue escenario este martes de una asamblea ciudadana convocada por la Municipalidad de Santa Fe a los efectos de seguir analizando el futuro de la Plaza Italia.

El intendente Juan Pablo Poletti compartió la apertura de la asamblea con los titulares de ambas cámaras, Felipe Michilg y Clara García pero también estuvieron el senador Julio Francisco Garibaldi y los diputados José Corral y Ximena García.

"Este lugar, donde hoy tenemos 100 dársenas de estacionamiento que las utilizamos principalmente miércoles y jueves, que pueda volver a los vecinos" insistió Michlig al hablar en la apertura de la jornada. "La política debe devolver a la ciudadanía ese espacio" repitió el senador por San Cristóbal. "Queremos que más vecinos utilicen la plaza, que se la apropien" instó.

"Vamos a pasar de aquel paisajismo contemplativo a una plaza enormemente vivenciada que será bella, en una estética y en un estilo que es el presente, pero que guarda aquellos inicios" marcó García en el mismo acto.

Más allá del acto protocolar y una Asamblea con entidades y vecinos, entre hoy y el jueves se anuncian reuniones tendientes a ajustar el texto sobre la reforma electoral. El objetivo de Unidos es sacar con el mayor número de votos posibles el texto el jueves venidero. Pero también con un guiño de los bloques de diputados no solo del oficialismo sino también de los justicialistas.

Precisamente en el justicialismo hubo dos proyectos sobre el tema: del bloque de senadores y otro de la mayoría de los diputados con algunas diferencias en la redacción. "El objetivo es tener un acuerdo con los dos proyectos justicialistas" dice un senador radical antes de empezar reuniones para repasar el texto.

Como se insiste en Legislatura, no hay discusión en la necesidad de mantener institutos claves de Santa Fe como la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO) y el sistema de Boleta Única. Una de las discusiones pasa por la cantidad de boletas únicas con que el elector se encontrará en la mesa electoral durante la elección general. Si se mantienen las cinco, o se reducen a cuatro o tres.

La otra discusión pasa por el piso mínimo de votos a obtener en la elección general para participar de la distribución de bancas en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales.

En la redacción final también se trabaja en diseñar la futura autoridad del Tribunal Electoral donde hay coincidencias en quitar al presidente de la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de presidir dicho tribunal.

El Senado será eje de estas reuniones donde además habrá consultas informales con los diferentes bloques de diputados de Unidos y del justicialismo. En tanto, el Poder Ejecutivo sigue de cerca esas negociaciones especialmente a través de dos integrantes del gabinete: Fabián Bastia y Julián Galdeano.

En tanto, en Diputados, se suceden encuentros informales entre legisladores y asesores de Unidos buscando unificar la postura sobre los temas que remitió el Poder Ejecutivo: la creación del Colegio de Jueces Penales y las llamadas herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. El primer tema está en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y el segundo remitido para el tratamiento conjunto entre dicha comisión y la de Seguridad Pública.

El martes venidero, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que preside Walter Ghione (Uno-Unidos) realizará una visita institucional a las unidades penitenciarias de Coronda y Piñero.

El recorrido se iniciará en la Unidad Penitenciaria de Coronda para luego trasladarse a Piñero y recorrer los distintos penales que contiene ese centro.

El actual presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, asumirá formalmente este miércoles un nuevo mandato en la presidencia del comité departamental La Capital en el marco de un plenario. También asumirán las autoridades de Juventud Radical.

A la reunión asistirán, entre otros, el presidente partidario a nivel provincial, Felipe Michlig, y el presidente del comité nacional, el venadense Leonel Chiarella.

Con dos reuniones multitudinarias, en la Sala Lavardén de Rosario y en el Centro Cultural Provincial en esta capital, el gobierno de Santa Fe puso en el centro del escenario la necesidad de estar preparados para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño donde se prevé un mayor impacto sobre fines de octubre hasta fines de febrero.

"Prevención, atención a los pronósticos y alertas; trabajo ordenado, planificado y priorizando los recursos para mitigar consecuencias del fenómeno climático", escribió en X el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia quien preside el Comité Interministerial Operativo de Emergencias.

En Rosario fueron invitados los intendentes del sur santafesino más autoridades de comités de cuencas y entidades ruralistas; en esta capital fue el turno de las mismas autoridades pero del centro norte santafesino. Ahora le seguirán reuniones regionales donde habrá presencia de funcionarios provinciales con autoridades locales.

Concluimos el segundo encuentro de trabajo para continuar fortaleciendo la coordinación entre organismos provinciales, gobiernos locales e instituciones, con el objetivo de planificar y responder de manera articulada ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Prevención,… pic.twitter.com/9unu8kJ5nj

Las dos reuniones las abrió el gobernador Maximiliano Pullaro seguido de Bastía. Luego, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, se encargaron de exponer el avance del Plan Hídrico Provincial. La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicaron el funcionamiento del sistema provincial de respuesta ante emergencias, mientras que el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, presentó las medidas previstas para los sectores productivos.

Ganadería y agricultura serían los sectores productivos más afectados mientras que las poblaciones urbanas más expuestas estarían en el centro norte santafesino. Las barrancas del Paraná en la zona sur juegan a favor de esos núcleos poblacionales.

Las dos reuniones apuntan a fortalecer la coordinación entre organismos provinciales, gobiernos locales e instituciones. El objetivo es planificar y responder de manera articulada ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. El tema desplazó en la semana la difusión que hace el gobierno de los Juegos Odesur que serán en septiembre.

Fabián Bastía, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Gobierno de Santa Fe

El gobernador anunció que habrá un fondo específico de $10.000 millones para atender emergencias de manera inmediata; cuatro helicópteros estarán disponibles para asistir a las localidades que lo necesiten; se apura el mantenimiento y la limpieza de canales para que puedan drenar correctamente.

"Con planificación, inversión y coordinación, Santa Fe se prepara para responder eficientemente ante la emergencia hídrica", marcó Bastia.

En el gobierno son conscientes que el fenómeno Niño se producirá, los pronósticos dicen que será muy intenso y de allí la fuerte exhortación a coordinar, a planificar y a seguir fortaleciendo a los cuerpos de bomberos en toda la provincia. "Estamos en la región donde habrá excesos de lluvias e inundaciones porque habrá crecida del sistema del Paraná y del Salado", reconocen en Protección Civil. Este martes, Escajadillo estará en otra reunión convocada por Nación para seguir evaluando el tema. El encuentro tiene por escenario Misiones, otra provincia que se verá afectada por lluvias y crecidas.

Durante la actual gestión provincial hubo fenómenos meteorológicos muy intensos pero muy localizados. Ahora se estima que será todo el territorio el afectado.

En ambas reuniones, Bastia insistió en recomendar hacer caso a las alertas, hacer caso a los pronósticos. Parte de Córdoba, de Santiago del Estero y toda la cuenca del Paraná será área crítica. La decisión de Pullaro a las áreas técnicas es acelerar las obras y que los gobiernos locales lleven adelante todas las cuestiones preventivas. "Hoy la obra estratégica y estructural es esencial y debe ser privilegiada sobre una obra estética" insisten en Casa de Gobierno ante intendentes. "Tenemos que cuidar a la población y a los bienes de los vecinos" repiten para que el mensaje sea claro.

Para el gobierno el peor enemigo del fenómeno Niño es la improvisación. Ponen ejemplo en el tratamiento de las aguas donde en muchas ocasiones, localidades o vecinos abren canales para arrojarle el agua al siguiente. "Hay que hacerlo con diseño estratégico, pero hay que limpiar cunetas, canales, hay que cortar la rama de los árboles para que cuando lleguen los vientos no corten cables transmisores de energía. Hay que tener las alcantarillas listas. Hay que hacer caso a las recomendaciones y ante aviso de tormenta, no sacar la basura", marcan en Asuntos Hídricos.

En Desarrollo Productivo se hace y se hará hincapié en manejo de caminos rurales, canalizaciones y sobre todo en las recomendaciones sobre siembra y posible traslado de hacienda vacuna, especialmente la criada en zona de islas. "Tenemos entre 90 y 120 días para hacer reservas de forrajes y planificar el tema rodeos" se indica en el ministerio que conduce Puccini.

"Insistimos mucho en hacer un trabajo previo para mitigar las consecuencias de lo que inevitablemente va a ocurrir, que será el exceso hídrico", marcó Bastia ante un grupo de intendentes al terminar el encuentro en el Centro Cultural.

El ministro Enrico destacó el avance de las obras de defensa hídrica en el Gran Santa Fe, retomadas en enero de 2024, entre ellas el terraplén Garello, que hoy tiene un avance del 75 %. Explicó que la capital provincial, junto con Arroyo Leyes, San José del Rincón y Saladero Cabal (dpto Garay), constituye una de las áreas de mayor vulnerabilidad hídrica y concentra una parte importante de las inversiones.

"Solo en esta región ya llevamos invertidos más de 30.000 millones de pesos en obras de defensa, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de protección", indicó Enrico.

El gobierno nacional anunció que en la primera quincena de agosto habrá una reunión en Resistencia, Chaco, por el tema Niño con autoridades del noreste argentino. Semanas atrás, en esa ciudad se reunieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para abordar el tema Bajos Submeridionales que será afectada por las aguas.

Río Paraná en la provincia de Santa Fe.

Este martes, en Misiones, Escajadillo asistirá a la reunión de la Agencia Federal de Emergencias, la segunda en poco tiempo ya que la anterior fue en esta capital.

En tanto, el gobierno provincial llevará adelante varias reuniones regionales para acentuar conceptos de prevención, prioridad, trabajo ordenado, estratégico, coordinado, hacer caso a las alertas.

La diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia, integró una delegación argentina - chilena que visitó Estados Unidos invitados por un programa del Departamento de Estado de ese país dedicado al fortalecimiento de la propiedad intelectual en variedades vegetales.

La delegación argentina recorrió Washington, Springfield y Des Moines. "Conocí de cerca cómo funcionan los marcos que protegen la innovación en semillas y cómo impactan en toda la cadena agroindustrial. Vuelvo con aprendizajes concretos y con el compromiso de seguir trabajando para que el campo argentino tenga las mejores herramientas para innovar y competir" expresó la galvense en redes sociales y en charla con El Litoral.

La Argentina ha firmado con Estados Unidos un compromiso de adhesión a UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), el convenio internacional sobre propiedad intelectual de semillas, tema que genera un fuerte debate político y legislativo en Argentina. Adherir implica pagar una regalía al obtentor de la semilla, a aquel que produce una variedad genética.

La discusión es más amplia que adherir sí o no, y está relacionada a los niveles de producción y también al tema retenciones que le quita margen de ganancia al productor que termina sumando a sus costos la patente de semillas. La ley actual en la Argentina data de 1973, llamada de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

"El dilema que se abre es hasta cuándo la Argentina va a ir quedando relegada en materia de productividad frente a otros países en lo que es el avance tecnológico y genético. Fuimos a ver cuánto de la genética está o hace al rinde de una producción" señaló ante El Litoral.

La legisladora marcó que Argentina tiene clima, suelo y condiciones como recursos naturales pero la discusión pasa por saber el impacto positivo con mejoras genéticas o contando con una variedad de semillas que te permita hacer otras cosas como por ejemplo, resistencia a determinados insectos; soja más resistente al agua, determinadas cosas que la genética puede modificar de origen.

Gisela Scaglia, diputada nacional por Santa Fe.

"Fuimos al país que tiene más armado el esquema de patentamiento. En la Agencia de Estados Unidos es el lugar por naturaleza donde todo el mundo trata de patentar algo para tener la garantía de que eso que está patentando le corresponde", explicó.

Scaglia recordó que hay dos debates que tiene que afrontar el Congreso. Sobre patentamiento vegetal y sobre patentes medicinales donde solo Argentina, Venezuela y algún otro país del mundo no están adheridos al tratado. En vegetales la discusión pasa por cómo hacerlo y allí juegan un rol especial los propios productores.

En la Argentina, hay investigación. Hay dos ejemplos de punta: Don Mario que es la principal y Bioceres. "Hay muchas buenas experiencias en la provincia de Santa Fe en todo lo que es economía del conocimiento o ciencia aplicada a semillas. La Universidad Nacional del Litoral es pionera; un centro de referencia muy importante. En el mundo se valora lo que pasa dentro de la UNL y algunas cosas que pasan por Rosario", destacó la diputada.

Por otro lado, mencionó que Brasil adhirió al UPOV 78, no al 91 y tiene una ley de semillas que les permitió desarrollar mucha genética. "Creció exponencialmente, creció por hectáreas obviamente, pero también creció por genética", subrayó.

Para Scaglia, la apuesta a la genética es una apuesta a conquistar mercados en el mundo. La discusión pasa por determinar si es justo o injusto que alguien se apropie de un patentamiento de investigación en ciencia y tecnología sin pagar regalías.

El recorrido de la delegación argentina incluyó a Burrus Seed, una reconocida compañía independiente de semillas de Estados Unidos (basada principalmente en Illinois) socia estratégica y primer distribuidor de Don Mario cuando el grupo argentino decidió desembarcar de manera directa en el mercado norteamericano de soja. También a Brandt, compañía multinacional especializada en fertilizantes foliares, nutrición vegetal de alta performance y coadyuvantes para el agro. Y finalmente a Corteva Agriscience , peso pesado a nivel mundial en biotecnología, semillas y protección de cultivos.

Corteva surgió en 2019 como resultado de la fusión de las divisiones agrícolas de Dow y DuPont y hoy invierte 4 millones de dólares por día en investigación y ciencia.

"En la Argentina nunca se dio la discusión de hasta cuándo uno quiere seguir creciendo y habilitar que haya mucha investigación propia", admitió la legisladora en diálogo con EL Litoral.

La Mesa de Enlace mantiene reuniones sobre las patentes vegetales aunque con miradas diferentes. No obstante, en la delegación argentina a Estados Unidos viajó el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, productor de Villa Trinidad, en el departamento San Cristóbal.

"Para mí la clave más que adherir si o no a UPOV 91 es si nos vamos a dar la oportunidad de reformar la ley de Semillas en la Argentina. Hubo un intento durante el gobierno de Mauricio Macri y no se llegó a buen puerto", recordó.

"Estamos hablando de variedades vegetales" recalcó Scaglia para ampliar el universo y no limitarlo a cereales y oleaginosas.

El debate que llegará al Congreso.

Para la diputada santafesina sería ideal que la Mesa de Enlace presente un proyecto unificado para abrir así la discusión sobre nueva ley de Semillas en el Congreso. "Son las entidades del agro las que se tienen que poner de acuerdo y el gobierno abrirse a discutir una baja de retenciones por ley. Unos garantizan pagar y el otro garantiza la baja de las retenciones", sugiere,

Scaglia está convencida de que el gobierno actual "tiene un compromiso en serio con el campo. Ha ido bajando y tiene un esquema progresivo de baja de retenciones. Milei entiende que al campo hay que bajarle retenciones, pero otra parte está obligado a hacerlo por el acuerdo Unión Europea/Mercosur. Si no lo hace, no vamos a poder exportar más a la Unión Europea", advirtió.

Además de Scaglia, diputada por Santa Fe, viajaron invitados por Estados Unidos, Lucas Magnano, presidente de Coninagro; el senador formoseño Francisco Paoltroni , el diputado entrerriano Beltrán Benedit y Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos.

En cuanto a los cinco chilenos, eran representantes del Ministerio de Agricultura y asesores del Congreso. Chile ya está adherido a UPOV 91.

El recorrido de la delegación argentina también pasó por los estados de Illionis e Iowa, dos zonas muy parecidas en materia productiva a Santa Fe, por su agricultura y ganadería. "Illinois está en el centro del país y es la base de la exportación de Estados Unidos. Sale por el río Misisipi pero con una red logística de primera con puertos, aeropuertos y red ferroviaria que hace al desarrollo productivo y eso deberíamos copiar", marcó Scaglia.

En pleno receso legislativo, no cesaron reuniones para avanzar en acuerdos políticos para sancionar el futuro Código Electoral para la provincia así como definir los alcances sobre dos mensajes del Poder Ejecutivo: la constitución del Colegio de Jueces Penales y las llamadas Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública. El objetivo del oficialismo de Unidos es avanzar con los tres temas antes de finalizar agosto.

La primera prueba de fuego, sin embargo, ocurrirá el jueves 23 cuando la Legislatura deberá resolver si sanciona las leyes para establecer el Procedimiento en el fuero Contencioso Administrativo y la mal llamada "ley trapitos", respetando los acuerdos alcanzados antes del receso o pone en el freezer ambos temas a la espera de un entendimiento con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. El sureño pide respetar los cambios introducidos por el Senado al procedimiento contencioso administrativo y esgrime como argumento central que ese municipio es el que más atiende demandas en ese fuero.

Algo de esto lo habló el propio Javkin con Michlig este miércoles, previo al feriado, en una larga reunión en dependencias de la presidencia del Senado.

Tras las presentaciones de los siete proyectos sobre la materia electoral en las dos cámaras, se aceleraron las reuniones para avanzar en dictar un Código en la materia que contenga los principales institutos vigentes en la provincia, en forma ordenada, tratando de eliminar lagunas o grises y tener una instancia revisora en materia de justicia electoral.

Proyectos de casi 200 artículos en las iniciativas justicialistas, radicales y socialistas. Algo menor extensión en el Frente Amplio por la Soberanía y apenas 18 en el caso de UNO. Todas las cartas sobre la mesa y al fijar el Senado una preferencia para el jueves 23, todo parece indicar que será cámara de origen, elemento importante a la hora de definir los alcances del futuro texto.

En el Senado, Unidos y el justicialismo acostumbran votar por unanimidad y si logran ese acuerdo en el tema electoral, será muy difícil que Diputados pueda introducir reformas.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde el gobierno de Javier Milei apunta a derogar las PASO, en Santa Fe, no está la opción. "La primaria es la interna" dicen en Casa Gris para mantener el sistema que en Santa Fe significó dejar atrás la Ley de Lemas. El objetivo central es que la norma contenga un piso mínimo en las internas partidarias pero no vede el paso a la instancia general a las fuerzas participantes en la primaria.

Parece ganar fuerza entre los principales sectores políticos la necesidad de que para tener listas legislativas a nivel provincial y de concejales en municipios, haya que tener una fórmula a gobernador y a intendente.

La discusión pasa por la Boleta Única para la elección general. En la primaria estarán los cinco cuerpos que ya son característicos en Santa Fe. Para la segunda instancia hay propuestas de seguir con los cinco cuerpos, o cuatro, o tres o hasta dos. Cuando se habla de dos se pretende un cuerpo para gobernador y vice, diputados y senadores y el restante para intendentes y concejales.

En el Senado se piensa en tres para dejar esa categoría en forma separada. Más de un senador optaría por estar en la boleta municipal más que en la provincial. Será una resolución que se adoptará en la negociación entre bloques.

Los partidos mayoritarios parecen coincidir en la necesidad de establecer un piso de entre 3 y 5% del padrón para ingresar al reparto por sistema D'Hont de bancas de diputados y de concejales.

El otro tema pendiente de la discusión es la autoridad electoral. Parece haber coincidencias en que el secretario electoral tenga aval legislativo mientras que un juez del fuero contencioso administrativo podría ser el presidente del Tribunal Electoral. Esa propuesta fue expuesta incluso por la Corte Suprema de Justicia en las reuniones de comisión de la Convención Reformadora. En tanto, las propuestas de crear un juez electoral no tienen el aval de Unidos.

En las comisiones de Diputados están dos expedientes enviados por el Poder Ejecutivo y que motivaron ya reuniones con actores del sistema judicial. Por un lado, el mensaje creando el Colegio de Jueces Penales y el otro llamado de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

En Casa Gris marcan diferencias en el origen de ambos proyectos. El segundo es una herramienta que reclama el propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. En el Colegio de Jueces hubo una sugerencia de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente la Corte -completa- recibió por ese mensaje a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para intercambiar opiniones. "La Corte marcó cinco puntos que preocupan" recordó uno de los ministros participantes. Agregó que no entraron en consideraciones sobre temas que después pueden tener que ser revisados por el máximo tribunal.

En Diputados, la última semana se renovó el tratamiento preferencial para después del receso aunque hay decisión de aplicar algunos cambios al mensaje. La letra chica todavía no fue definida, dijo un vocero de Unidos.

En cuanto a las Herramientas la decisión de Unidos fue avanzar en tratamiento conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales donde las principales espadas oficialistas buscan unificar postura especialmente entre radicales y socialistas para luego avanzar con los otros espacios. En el socialismo, algunos integrantes de la bancada dicen tener tres colores para definir cada una de las partes a reformar de siete leyes que se pretenden reformar. En los marcados con rojo es para no avanzar; amarillo para la discusión y verde para avalar.

"El delito avanza, se hace más sofisticado; hay herramientas para enfrentarlo, para la investigación. El sistema Lince puede llegar antes que una orden de un fiscal" dicen en el Poder Ejecutivo. "No estamos cerrados a nada, pero hay que dialogar y dar herramientas que protejan a la comunidad del delito" se insiste. El Lince es el sistema de geolocalización, despacho rápido o patrullaje policial inteligente de la provincia que ya está en Rosario y da sus primeros pasos en esta capital.

"El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta", expresan los considerandos del mensaje.

"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho" subraya el Poder Ejecutivo.

"Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos" posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad y en Diputados están analizando el mensaje con la precisión de un cirujano y no quieren avanzar a ciegas.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dictó el decreto de actualización de los montos de los Impuestos Inmobiliario Rural así como Urbano y Suburbano, de acuerdo a lo establecido en la Ley Tributaria 2026, que lleva el número 14.426.

Se trata de la actualización de las cuotas 4 a 6 de ambos tributos y el aumento no alcanza a los contribuyentes que realizaron el Pago Total anual previsto también en dicha norma.

El incremento del Impuesto Inmobiliario Rural para el segundo semestre fue del 14,02% y en el caso del Urbano y Suburbano del 16,14%.

En el Artículo 1° de la Ley N° 14426 se estableció un incremento adicional en las cuotas 4 a 6/2026 del Impuesto Inmobiliario Rural, hasta un porcentaje equivalente a la variación porcentual acumulada entre el 1º de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 del Índice de Productos Agropecuarios correspondiente al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Sistema de Índice de Precios Mayoristas (SIPM) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esa combinación surge el 14,02 de incremento.

En el Artículo 2° de la Ley Tributaria dispone un incremento adicional en las cuotas 4 a 6/2026 del Inmobiliario Urbano y Suburbano, el que consistirá en la aplicación de un índice conformado por el 50% de la variación porcentual acumulada entre el 1º de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 50% de la variación porcentual acumulada entre el 1º de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Esta fórmula marcó un incremento del 16,14%.

La primera parte de la Ley Tributaria está dedicada al Impuesto Inmobiliario, tributo cuyo monto recaudado se divide en partes iguales entre la administración provincial y el municipio donde está radicado en inmueble.

En los cinco primeros del año, la recaudación total de Inmobiliario informada por el Ministerio de Economía fue de $119, 6 mil millones, que es 2,15% de los ingresos del Estado santafesino. El principal tributo recaudador provincial es Ingresos Brutos (25,66%) de la masa total de recursos.

El gobierno provincial creó la Unidad Ejecutora Agencia de Desarrollo Tecnológico con dependencia directa del Poder Ejecutivo, como órgano de aplicación a cargo de la proyección, diseño, gestión, adjudicación y ejecución contractual de los procedimientos emergentes de aplicación de la Ley Nº 14425 que creó la Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.

En el mismo decreto designa a Florencia Romina Gianfelici como directora provincial y responsable de la agencia.

El martes 30 de junio, con sello de Mesa de Entradas a las 10.10, el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dejó en las cámaras legislativas la Cuenta de Inversión 2025 en los plazos establecidos por la Constitución provincial y la Ley 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del Gasto.

Es el documento constitucional de carácter renditivo, elaborado por la Contaduría General de la Provincia y que refleja la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos que fuera sancionado mediante la Ley N.º 14.385 para el año 2025.

Es el Mensaje N° 019 del Poder Ejecutivo que se presenta en forma digital "dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nro. 400 del 19 de marzo de 2024, el cual aprueba el programa de Despapelización de la Administración Pública, tendiente a la consolidación de prácticas administrativas que reduzcan sustancialmente el uso del papel en la Administración Pública Central y Descentralizada.

Se trata de 1482 páginas de información dando cuenta de la ejecución presupuestaria del año pasado.

El artículo 107 de la Constitución santafesina que fija las atribuciones del Poder Ejecutivo, marca en el inciso 11 que presenta a la Legislatura antes del 31 de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas; y en el siguiente "presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior". El artículo 94 de la Ley de Administración ordena presentar la Cuenta de Inversión el 30 de junio del año siguiente.

El mensaje a Legislatura lleva las firmas del gobernador, Maximiliano Pullaro, y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia. En tanto, la Cuenta de Inversión fue firmada por Luciana Tombolato de la Contaduría General de la Provincia.

"En materia institucional, el acontecimiento más significativo del período fue la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe", destaca el informe.

"En el ejercicio 2025 la gestión presupuestaria de la Administración Provincial alcanzó un resultado económico de $ 1.107.617.669.347,64 y un resultado financiero de $ 8.586.310.131,10, ambos de signo positivo. Cabe señalar que, a los fines de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria de la Administración Provincial las contribuciones figurativas se consideran por su valor devengado", reza el informe.

Acota que "si observamos este resultado económico por nivel institucional, la Administración Central obtuvo un resultado positivo de $ 1.355.885.117.483,71, con igual signo fue el resultado de los Organismos Descentralizados por $ 45.665.525.041,10, en tanto que el resultado económico de las Instituciones de Seguridad Social fue negativo por $ 293.932.973.177,17".

También resumen marcando que "los ingresos corrientes de la Administración Provincial para el período 2024-2023 han tenido un incremento del 191,1 %, mientras que los gastos corrientes crecieron un 169,3 % en el mismo período. Respecto al período 2025-2024 el incremento de los ingresos corrientes fue del 51,5 % mientras que los gastos corrientes crecieron un 52,0 %. El crecimiento en los recursos corrientes a valores absolutos fue mayor al crecimiento de los gastos corrientes lo que implicó un aumento en el Resultado Económico del Ejercicio 2025 respecto al año anterior.

En lo que respecta a la cuenta capital, el incremento en los recursos para el periodo 2025-2024 fue de un 122,2 %. En relación a los gastos, durante el período 2025-2024 se produjo un incremento del 76,4 %, superior al registrado por el Gasto Corriente del 52,0%, en términos relativos"

Se informa que el nivel de ejecución de los recursos alcanzó el 96,3 % del crédito vigente para el año, mientras los gastos alcanzaron un nivel de ejecución del 80,2 % de los créditos autorizados.

Los recursos tributarios del ejercicio 2025 tuvieron un crecimiento en relación a la recaudación del ejercicio anterior. En el incremento de ingresos tributarios se destaca la incidencia de la variación del 47,9% de ingresos brutos y 41,1% de la coparticipación federal, representando ambos el 86,6 % de la recaudación tributaria. También se observa un incremento en los impuestos a los sellos, patente única sobre vehículos e impuesto inmobiliario del 90,8%, 60,9% y 100,3%, respectivamente.

Dentro de otros ingresos tributarios, se incluyen otros regímenes de coparticipación, el cobro de capital y venta de bonos recibidos por el Fallo de la Corte Suprema del ejercicio 2022, representando estos un 63,4 % de este subrubro, entre otros.

Con relación a las contribuciones a la seguridad social, la variación observada respecto al ejercicio anterior se explica por la política salarial a activos y pasivos.

En otro orden, los recursos de capital experimentaron un incremento del 122,2% respecto del año anterior. Se mantiene como principal componente la recaudación en concepto de Consenso Fiscal Ley Nro. 13.748 relativo a la compensación que recibió la provincia resultante de la eliminación del artículo 104º de Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque, la cual debe destinarse a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial en sus ámbitos urbanos o rurales, representando un 88,2 % del total de recursos de capital.

En los gastos corrientes, el incremento en el ejercicio 2025 de remuneraciones y prestaciones a la seguridad social fue de 50,2 % y un 46,5 % respectivamente, respecto al año anterior, producto de ajustes salariales de activos y pasivos. En relación al incremento en los gastos en concepto de rentas de la propiedad del 59,4 % se explica en mayor medida por la atención de los servicios de intereses vinculados a la emisión de títulos de la deuda pública en el marco de la Ley Nro. 14.245 y a la prima de emisión originada por la emisión de los títulos en el mercado internacional de capitales por Ley Nro. 14.409, entre otros.

Explica que el incremento del 88% en otros gastos corrientes, obedece principalmente a los premios de los juegos de azar correspondientes a la Lotería. Las transferencias corrientes, por su parte, muestran un incremento del 45,2 % que se explica fundamentalmente por la coparticipación a municipalidades y comunas, la asistencia a escuelas de enseñanza privada y comedores escolares, el Boleto Educativo Gratuito, ayuda sociales a personas, entre otros conceptos.

En cuanto a los gastos de capital, registró un aumento entre los años 2025 y 2024 del 76,4 % como consecuencia fundamentalmente de los incrementos en la inversión real directa del orden del 82,1% producto de la inversión en obras y del incremento en las transferencias de capital por aportes a Empresas y Sociedades del Estado, principalmente a Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. y Aguas Santafesinas S.A., y subsidios a municipios y comunas para gastos de capital.

Entre las atribuciones de la Legislatura, en tanto, artículo 90, está la de fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y en el siguiente le ordena aprobar o desechar anualmente la Cuenta de Inversión.

En los hechos, desde 1983, la Legislatura aprobó -tácitamente- todas las Cuentas de Inversión de los sucesivos gobiernos porque nunca las consideró en reuniones de las comisiones de Presupuesto de las Cámaras. Desde el regreso del sistema democrática, nunca llegó al recinto legislativo el debate sobre la Cuenta de Inversión.