El conflicto universitario sigue sumando capítulos a una interminable saga. La audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y las universidades terminó sin acuerdo, y varias federaciones gremiales nacionales ya ratificaron un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes, entre ellas, la que nuclea al sector de los “no docentes”.

La instancia judicial había sido convocada el viernes pasado por el juez federal Martín Cormick, a partir de una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de acercar las posiciones entre el Gobierno y el sistema universitario en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, no hubo avances. Según el acta difundida después de la audiencia, tanto el Gobierno nacional como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron sus respectivas posiciones y dejaron asentado que no se alcanzó ningún acuerdo. De esta manera, la causa continuará en el estado en que se encontraba y será ahora el juez Cormick quien deberá definir los próximos pasos a seguir.

El punto de fondo de la discusión es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y, particularmente, de la medida cautelar que quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el planteo del Gobierno.

La resolución judicial contempla la actualización de los salarios universitarios y la recomposición de programas y becas estudiantiles. Las universidades reclaman que el Estado cumpla con esas disposiciones y sostienen que la situación presupuestaria continúa deteriorándose.

La UBA había planteado, además, en esa audiencia ampliar la discusión a otros aspectos del financiamiento universitario, entre ellos los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios y los recursos destinados a ciencia y tecnología.¿

El resultado dejó, así, nuevamente el conflicto en manos de la Justicia. “Cumplimiento de la cautelar y avanzar en la resolución de fondo que es la aplicación de la ley, que fue muy discutida y promulgada, es lo que exigimos”, dijo la rectora de la UNL, Laura Tarabella en declaraciones públicas.

En paralelo, el sector no docente confirmó que continuará con las medidas de fuerza. Tras una reunión del Frente Sindical Universitario con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Fatun (a nivel local Apul) ratificó el paro nacional de 48 horas que había sido definido por su Consejo Directivo el pasado 5 de agosto.

La medida se realizará “el jueves 27 y viernes 28 de agosto”, bajo la modalidad de paro, visibilización y protesta. Cabe destacar que los “no docentes” son los encargados de sostener y garantizar el funcionamiento cotidiano, administrativo y técnico de las universidades.

La federación sostuvo que la decisión responde a la falta de avances y de respuestas favorables después de la audiencia judicial. Y remarcó que la protesta busca dar continuidad al plan de lucha y expresar la decisión del colectivo no docente de defender sus derechos y reclamar respuestas al Gobierno nacional.

En tanto, durante la noche de este martes se conoció la definición del plenario de Conadu Histórica, que tiene a Adul entre sus sindicatos de base y representa a la docencia universitaria. El gremio resolvió realizar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

Mientras continúan las protestas, el Gobierno nacional convocó a una nueva instancia paritaria para el próximo martes 1° de septiembre. La reunión será otro punto de atención para el sistema universitario, particularmente por el reclamo de actualización salarial de docentes y no docentes, uno de los principales ejes del conflicto.

A esto se suma que los rectores de las universidades nacionales se reunirán el 2 y 3 de septiembre para avanzar en la planificación de los recursos necesarios para el presupuesto universitario 2027.

Cabe destacar que el reclamo universitario excede los salarios. Las organizaciones sostienen que la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario es necesaria para garantizar también recursos para becas, funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y tecnología y el sostenimiento general del sistema.

La visita del ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, a la Comisión de Educación de Diputados -este miércoles 12- volvió a poner en primer plano una deuda histórica: contar con una Ley Provincial de Educación. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones del país que no cuenta con una ley de educación provincial propia, ya que el marco general vigente data históricamente de 1949.

Los temas vinculados a educación volvieron a la agenda política santafesina. Mientras Diputados convocó al ministro y a las secretarias de la cartera para que presenten un informe con datos sobre las políticas que lleva adelante la gestión, en el Senado todavía permanece pendiente el tratamiento del proyecto que crea la Comisión encargada de abrir el debate territorial, el cual ya Diputados le dio media sanción el 4 de junio.

El proyecto que Diputados aprobó propone una comisión con participación legislativa y del Poder Ejecutivo, además de una instancia amplia de consulta a la comunidad educativa. La idea contempla foros, audiencias y encuentros en distintos departamentos para incorporar las voces de docentes, directivos, estudiantes, asistentes escolares, familias, universidades, especialistas, organizaciones gremiales, instituciones de educación superior y sectores productivos.

La expectativa oficial es que ese recorrido permita construir una norma que no solamente reúna antecedentes del sistema educativo santafesino, sino que también establezca una perspectiva de futuro.

Reunión en la Comisión de Educación de Diputados.

La discusión por una nueva ley, además, aparece parcialmente eclipsada por otro de los grandes y polémicos temas que atraviesan a la Legislatura: los cambios al sistema electoral santafesino y la necesidad de definir reglas de juego para un año clave como el 2027. Con los tiempos legislativos que se acortan, en Diputados advierten que la oportunidad para sancionar una Ley de Educación de Santa Fe no debería diluirse.

En ocasión de la reunión de Goity con la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside Gisel Mammud, la legisladora señaló -a los medios presentes- que “todos los legisladores de la Cámara de Diputados y también el propio ministro y su equipo ratificamos la necesidad de que sea esta la Legislatura que sancione la ley de educación de la provincia de Santa Fe por primera vez en la historia”.

La diputada remarcó que ahora el paso clave es que el Senado trate el proyecto que crea la comisión que permitirá comenzar formalmente con la etapa de escucha y participación. “Es realmente muy importante que tengamos una coincidencia entre los diputados de la comisión y el Ministerio en la necesidad de que esta sea la Legislatura que sancione la ley de educación”, sostuvo.

Y puso el foco en los tiempos: "Todos ratificamos la importancia de que el Senado próximamente y lo antes posible le dé tratamiento al proyecto que crea la comisión para comenzar con el proceso de escucha, de participación y de debate para elaborar la ley de educación provincial".

Goity también planteó, en declaraciones periodísticas, que la discusión no debería limitarse a ordenar o reunir en una norma las políticas que ya existen. Para el ministro, la futura ley debe funcionar como una hoja de ruta para el sistema educativo santafesino.

“Después de la reforma constitucional, que ha sido muy importante, que ha sido un hecho histórico para la provincia de Santa Fe, nos debemos una ley de educación”, afirmó.

Y agregó una definición política sobre la responsabilidad que recae sobre la actual composición legislativa: "Yo considero que es esta Legislatura, cuando digo esta Legislatura, no digo la Legislatura como institución, sino estos legisladores, los que tienen la gran oportunidad, pero también la responsabilidad de sancionar una ley de educación”.

El funcionario recordó que el actual período legislativo se extiende hasta 2027, pero dejó planteada la necesidad de aprovechar el tiempo disponible para evitar que el debate vuelva a quedar postergado. Para Goity, el contenido de la norma debería escapar a una mirada conservadora del sistema educativo. "Tiene que ser la ley del futuro", resumió. “Tenemos que legislar para el futuro y tenemos que legislar para la Santa Fe que queremos y que tenemos la obligación y la responsabilidad de construir”, afirmó.

"Tenemos que hacer mucho estudio de legislación comparada. No solamente mirarnos el ombligo, sino ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, hacia dónde van los sistemas educativos, hacia dónde apuntan las mejores y más modernas legislaciones", sostuvo. Y dejó una advertencia que cobra especial relevancia frente al calendario político: "Aprovechar esta oportunidad que no se va a dar mucho tiempo para hacer la mejor ley posible".

Entre las prioridades mencionó los aprendizajes y la calidad educativa, en línea con los resultados de las evaluaciones Aprender y el Plan de Alfabetización que lleva adelante la provincia.

Ya en el recinto, no se habló específicamente de la futura ley, sino que tanto el ministro Goity como las secretarias presentes (María Martín, Carolina Piedrabuena y Daiana Gallo Ambrosis) informaron a los diputados sobre números: el Plan Raíz, infraestructura educativa, repitencia y trabajo de los equipos socioeducativos. Un par de diputados consultaron sobre escuelas técnicas y baja de natalidad.

El desafío es que la Ley de Educación no quede relegada frente a otras discusiones institucionales que hoy concentran buena parte de la atención de la Legislatura, especialmente el debate por la reforma de la ley electoral.

La proximidad de un nuevo año electoral también modifica los tiempos políticos. La primera Ley de Educación de Santa Fe requiere un debate amplio, con participación de la comunidad educativa y territorial, pero al mismo tiempo necesita atravesar las distintas etapas legislativas antes de que la agenda electoral gane definitivamente el centro de la escena.

La docencia universitaria realizará este miércoles 12 de agosto un paro nacional de 24 horas, en reclamo del pago de la "deuda salarial” y por el “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” por parte del Gobierno nacional. También hará lo propio el personal del sector "no docente".

La medida de fuerza -que afectará a la Universidad Nacional del Litoral (UNL)- se desarrollará en coincidencia con una jornada nacional de movilización en defensa de la ciencia, la tecnología y las universidades públicas.

Conadu Histórica (junto al gremio de base a nivel local), así como la federación nacional que nuclea a los no docentes, Fatun (junto a su sindicato con injerencia en Santa Fe), anunciaron que acompañarán y participarán de la jornada federal junto a trabajadores de los organismos de ciencia y tecnología y de las universidades nacionales.

En ese marco, científicos, técnicos y becarios convocaron a movilizarse con camisetas o banderas argentinas como símbolo de respaldo a la ciencia pública. La marcha tendrá lugar el miércoles a las 16 horas en el Obelisco, y en simultáneo, en distintas ciudades del país, entre ellas, Rosario.

El Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario bajo la niebla. Crédito: Fernando Nicola

El gremio docente sostiene que la protesta busca visibilizar el “desfinanciamiento y desmantelamiento” del sistema científico y universitario. Entre sus reclamos menciona proyectos estratégicos paralizados, pérdida de puestos de trabajo, expulsión de investigadores y jóvenes profesionales, becas que no se renuevan y la desarticulación de organismos científicos.

En el plano salarial, el sindicato reclama “el pago total de la deuda que el Gobierno mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria”, que según el sindicato asciende al 28,5% a junio. También exige el pago de los retroactivos generados por el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado de prensa conocido en las últimas horas- que el Gobierno nacional “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional”, tanto en materia de hospitales universitarios como de salarios y gastos de funcionamiento.

En materia de hospitales universitarios, la cartera informó que al 10 de agosto había transferido a la Universidad de Buenos Aires $ 20.000 millones y que otros $ 20.000 millones se encontraban devengados y “en proceso de transferencia”. También informó fondos para la Universidad Nacional de Cuyo y asignaciones en trámite para los hospitales de las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja.

Sobre los salarios, Capital Humano señaló que transfirió $ 666.823 millones correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio y a la primera cuota del aguinaldo, mientras que para julio asignó otros $ 448.544 millones. El Ministerio sostuvo que "continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio" con los gremios docentes y no docentes universitarios y que los aumentos “se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

Sandra Pettovello, ministra de de Capital Humano.

El Gobierno, además, cuestionó la medida de fuerza y la calificó como un paro “ilegítimo”, al sostener que responde a “motivaciones políticas” y que “no tiene como prioridad la educación”. Según el comunicado, “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes”.

El paro de este miércoles forma parte de un plan de lucha más amplio de Conadu Histórica. El gremio anunció una “semana de paro nacional de la docencia universitaria del 18 al 22 de agosto” -tras el feriado del lunes 17-, por lo que la protesta continuará durante 5 jornadas consecutivas.

Las medidas de fuerza buscan que el Gobierno cumpla con el "pago de lo adeudado" y, además, con la ley de Financiamiento y con lo establecido en la cautelar, particularmente en lo referido a los artículos de salarios y becas. Sin embargo, el Gobierno recién convocó a una nueva paritaria para el 1° de septiembre, lo que es leído por los sindicatos como que “no habrá aumento hasta ese momento, por lo que llegaremos a septiembre con dos meses -julio y agosto- sin ningún incremento salarial”.

Santa Fe convive con una condición geográfica única: se encuentra entre los ríos Paraná y Salado y parte de su desarrollo urbano se produjo ocupando zonas inundables. Esa realidad obliga a sostener uno de los sistemas de bombeo más importantes del país, más aún cuando se espera un fenómeno de El Niño para los últimos meses de este año. En total, la ciudad dispone de 54 puntos operativos de bombeo.

De ellos, 20 son estaciones fijas, mientras que los 34 restantes corresponden a puntos operativos donde, cuando las condiciones lo exigen, se instalan bombas móviles previamente asignadas..

“No hay ciudad que tenga tantos puntos de bombeo como Santa Fe. Esto habla de la situación de vulnerabilidad hídrica que tenemos y de la importancia de mantener en óptimas condiciones el sistema”, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal, Eduardo Rudi.

La red se distribuye en distintos sectores de la ciudad para responder a las características de cada cuenca. Las principales estaciones o “casabombas” se encuentran en el sistema Oeste, desde la denominada Estación de Bombeo Cero, ubicada en la zona de la cancha de Colón -la última en construirse hace siete años-, hasta las estaciones 1 a 6 que llegan hacia Teniente Loza.

También existen estaciones en Varadero Sarsotti, Puerto, Costanera, Alto Verde, El Pozo, Bajada Di Stéfano, La Guardia, Colastiné Sur, Colastiné Norte. Y están las estaciones de rebombeo ubicadas en Catamarca y Freire, y en Dorrego y Larrea, que permiten elevar el agua desde conductos profundos hacia otros de mayor nivel para facilitar su evacuación.

El corazón del sistema son los reservorios, donde desemboca el agua de lluvia que escurre naturalmente desde las distintas cuencas de la ciudad. El director de Hidráulica y Obras Sanitarias, Leandro Depiante, explicó que Santa Fe tiene una pendiente natural hacia el sur, por lo que cada cuenca conduce el agua hacia una estación de bombeo determinada.

Cada reservorio cuenta con sensores automáticos que activan progresivamente las bombas según aumenta el nivel del agua. “A partir de determinado nivel se pone en funcionamiento una, dos, tres o todas las bombas disponibles según la necesidad”, indicó. En cambio, las motobombas diésel se accionan manualmente debido a su gran capacidad de evacuación.

Una de las estaciones más importantes es la Casabomba Nº 3 del sector Oeste. Allí funcionan cinco electrobombas capaces de evacuar aproximadamente 10.000 metros cúbicos de agua por hora, además de una motobomba alimentada a gasoil que puede operar con una capacidad similar si se interrumpe el suministro eléctrico.

La estación trabaja de manera permanente porque en ese sector no existe descarga por gravedad. “Si no bombeamos, el agua no sale. Esto sucede en las estaciones del Oeste de la 1 a la 4, porque no existen descargas por gravedad”, resumió Rudi.

Por esa razón cuenta con operadores las 24 horas, los 365 días del año, además de custodia policial y personal permanente. El objetivo es mantener bajos los niveles del reservorio para disponer de capacidad de almacenamiento cuando se producen lluvias intensas.

Además de las estaciones permanentes, la ciudad dispone de bombas móviles que se instalan cuando las condiciones lo requieren. La decisión depende del comportamiento de los ríos, de las precipitaciones registradas y de cuánta agua se acumule en un sector determinado de la ciudad.

Es la Dirección de Hidráulica la que evalúa cuándo corresponde montar esos equipos. Aunque se las denomina móviles, tienen ubicaciones previamente definidas dentro del sistema de defensas y solamente se trasladan hacia esos puntos operativos cuando resulta necesario.

Según Rudi, desde el inicio de la gestión municipal se priorizó la recuperación del sistema de bombeo. Indicó que “se reparó el 30% de la infraestructura que presentaba deficiencias, se reacondicionaron bombas y tableros eléctricos, se adquirieron insumos para disponer de stock permanente y se reforzó el mantenimiento preventivo”.

En este sentido, desde la Dirección de Estaciones de Bombeo detallaron que se repararon -a cargo de terceros- 8 equipos de bombeo de 600 m3/h y otro de 1.000 m3/h, mientras que personal municipal arregló 5 equipos de 2.000 m3/h. También se pusieron en condiciones rejas, compuertas y otros dispositivos del sistema, se repusieron tapas y rejas en descargas de estaciones de bombeo, se pusieron en condiciones tableros generales de comando y potencia, se construyeron rejas y pórticos de izaje en distintos puntos operativos y se procedió al mantenimiento integral de las motobombas del sector Oeste.

Depiante remarcó que el funcionamiento del sistema no depende únicamente de las bombas, sino también del mantenimiento permanente de toda la red de drenaje. En esas tareas intervienen personal de Hidráulica, cuadrillas de Ambiente, cooperativas de trabajo y empresas especializadas que realizan limpieza de grandes canales y desobstrucción de conductos mediante camiones hidrocinéticos y de aspiración.

“Todo eso conforma un trabajo que se hace los 365 días del año para que, al momento de cada lluvia, el sistema esté en las mejores condiciones posibles para recibir y evacuar el agua”, señaló.

Al respecto, Rudi indicó que “se intervinieron con tareas de limpieza 250 km de canales. Es decir, personal de la Dirección de Hidráulica ya intervino 4 veces los canales, dicho de otra manera, le dio 4 vueltas de limpieza al sistema. Y se recuperaron 17.000 m3 de reservorios intermedios. El presupuesto anual estimado en licitaciones de desobstrucción y limpieza asciende a 3.000 millones de pesos”.

Por otra parte, se invirtieron más de 8.500 millones de pesos en el sistema de defensas entre 2024 y 2026 -en lo que hace a protección del ejido urbano de Santa Fe- y se limpiaron 155 km de canales en conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.

El Ministerio de Educación de Santa Fe convocó al concurso de ingreso a la docencia -titularización- de cargos de base y horas cátedra vacantes en los niveles de Educación Inicial y Primaria y en distintas modalidades del sistema educativo provincial. En esta oportunidad, las novedades para los aspirantes a ingresar al sistema educativo es que se exigirá haber hecho los cursos de las leyes Micaela y Yolanda -al momento de toma de posición del cargo-, y que se computarán los antecedentes de las formaciones ofrecidas por la cartera educativa.

Según se informa en el sitio oficial del ministerio, la inscripción se realizará exclusivamente de manera online entre el 11 y el 20 de agosto, en el marco de la primera etapa del cronograma previsto por la Resolución Ministerial Nº 1969/2026.

La convocatoria forma parte de los compromisos asumidos en el acta paritaria docente firmada el 18 de febrero de este año y tiene como objetivo cubrir las vacantes remanentes del último movimiento de traslados que arrancó en julio.

Podrán inscribirse los docentes que reúnan las condiciones establecidas en la normativa vigente (Decreto Nº 3029/12 y sus modificatorias) y que acrediten al menos dos años de antigüedad en la docencia al 30 de junio de 2026 como suplentes o interinos.

Además de los cargos de Educación Inicial, Primaria y Especial (IPE), el concurso comprende vacantes en las modalidades Hospitalaria y Domiciliaria, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Intercultural Bilingüe y Educación en Contextos de Privación de la Libertad.

Las vacantes corresponden a los cargos remanentes del último concurso de traslados y serán ofrecidas una vez finalizadas todas las etapas del proceso de inscripción, admisión, confección de escalafones, resolución de impugnaciones y aprobación del orden de mérito definitivo previsto por la normativa.

Quedó establecido que los agentes que integran las fuerzas de seguridad no podrán titularizar cargos u horas cátedra correspondientes a Educación en Contextos de Privación de la Libertad, en cumplimiento de la normativa del Consejo Federal de Educación.

Entre los requisitos fijados para asumir los cargos, el ministerio estableció que los aspirantes deberán acreditar -para la toma de posesión del cargo y/u horas- la aprobación de las capacitaciones correspondientes a la Ley Yolanda y la Ley Micaela.

La Ley Provincial N° 14.178 de Santa Fe -adhiere a la ley nacional homónima- establece la capacitación obligatoria en temática ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Rinde homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.

En tanto, la Ley Provincial N° 13.891 de Santa Fe es la norma mediante la cual la provincia se adhiere a la normativa nacional conocida como “ley Micaela”. Establece la capacitación obligatoria en derecho, perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado provincial. Es en nombre de la joven víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

Cabe destacar que este será el primer concurso de ingreso que se desarrollará bajo el nuevo esquema de valoración de antecedentes implementado este año por el Ministerio de Educación.

Entre las principales modificaciones, la cartera educativa resolvió que “solo serán considerados para el puntaje los cursos de formación continua certificados por el Ministerio de Educación de Santa Fe y registrados en el Sistema de Gestión de la Formación (SGF), siempre que sean pertinentes para el nivel y la modalidad concursados”.

La novedad había sido confirmada por el ministro de Educación, José Goity, al término de la primera reunión paritaria con los gremios docentes de este segundo semestre del año. “Vamos a incorporar por primera vez en 20 años un ítem que es capacitación para el docente. ¿Qué mejor manera de reconocer al buen docente? ¿Qué mejor manera de reivindicar al docente, prestigiarlo y darle credibilidad social que reconocerle la capacitación para poder acceder al cargo de titular?", sostuvo.

Por otra parte, el gremio de la docencia pública, Amsafe, presentó este jueves ante el Ministerio de Educación y en todas las Regionales de Educación un relevamiento de vacantes realizado por el propio sindicato. Y reclamó que “la totalidad de los cargos y horas cátedra disponibles sean ofrecidas al próximo movimiento de traslado”, cuyos escalafones provisorios están expuestos desde el 29 de julio.

El gremio exigió, además, que “se sumen las vacantes originadas por tareas diferentes definitivas” y pidió un “proceso transparente” y que “ninguna vacante quede excluida” en la conformación de la nómina definitiva, al sostener que el traslado constituye un derecho de los docentes que permite mejorar sus condiciones laborales, favorecer la organización familiar y garantizar el acceso a todas las vacantes existentes.

El Gobierno de Santa Fe oficializó este lunes por decreto la política salarial para los docentes correspondiente al segundo semestre de 2026, en una jornada atravesada por el paro nacional y que en la provincia tuvo su correlato a cargo del gremio estatal, aunque el Ejecutivo aseguró que las escuelas “permanecieron abiertas”.

El Decreto 1599/2026 -con fecha de este 3 de agosto- incorpora una compensación para aquellos docentes cuyos salarios de bolsillo durante el primer semestre hayan aumentado menos que la inflación medida por el Ipec. En esos casos, se reconocerá una suma no remunerativa y no bonificable para equiparar el incremento al 17,1%, porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor provincial acumulado hasta junio.

La norma dispone un incremento salarial del 10,1% para el segundo semestre, que se abonará en forma escalonada sobre los salarios de junio de 2026. El cronograma prevé un 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% tanto en noviembre como en diciembre.

Además, el decreto garantiza que el aumento no sea inferior a determinadas sumas de bolsillo por cargo. Establece un piso de 80.000 pesos desde julio, 100.000 pesos desde agosto, 130.000 pesos desde octubre y 180.000 pesos desde diciembre, mediante sumas fijas no remunerativas y no bonificables, que serán absorbidas por los incrementos posteriores.

Además, mantiene "las sumas no remunerativas excedentes otorgadas en acuerdos anteriores" y autoriza a la Caja de Jubilaciones provincial a trasladar proporcionalmente los incrementos al sector pasivo docente. Cabe destacar que los aumentos salariales derivados de la última negociación paritaria se pagarán por planilla complementaria a mediados del próximo mes, según ya lo había adelantado el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó este lunes al mediodía que la jornada se desarrolló con normalidad en el sistema educativo santafesino. “En Santa Fe, en el día de hoy, las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad en todo el territorio provincial”, sostuvo, en referencia al paro nacional, al que adhirió Amsafe.

La funcionaria remarcó que el objetivo de la gestión provincial es que “los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo” y destacó el compromiso de los docentes con el Plan Raíz.

Además, indicó que el Gobierno mantiene un sistema de monitoreo mediante declaraciones juradas para determinar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y recordó que el plazo para presentarlas vence este miércoles. En ese sentido, a los docentes que no hayan dado clases se les descuenta el día, además de que incide en el cobro del premio a la Asistencia Perfecta.

Como dato preliminar, el Gobierno informó -mediante un parte complementario- que relevó 3.151 escuelas, equivalentes al 81% del total, y aseguró que solo cuatro establecimientos permanecieron cerrados, lo que representa el 0,13% del sistema educativo provincial.

Con respecto del rechazo sindical a la oferta salarial, Coudannes cuestionó los porcentajes difundidos por los gremios. “Es difícil poder pensar que el 90 % de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real, porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, expresó.

Consultada respecto de que algunos establecimientos públicos registraron poca presencia de chicos -dado que los padres no los habrían enviado-, respondió que todas las aulas estuvieron cubiertas para garantizar el dictado de clases y volvió a apelar al compromiso de las familias. “Es importante que desde el Estado abramos las puertas de las escuelas. También siempre apelamos al compromiso de la familia en el trayecto educativo de los niños y las niñas”, afirmó.

Durante la jornada, el sindicato Amsafe difundió imágenes de escuelas con escasa presencia de estudiantes y aseguró que la baja asistencia constituyó “una muestra del acompañamiento de muchas familias a los reclamos por mayor financiamiento para la educación pública”. El tema de la discusión sobre si enviar o no a los hijos a la escuela, se debatió incluso en grupos de whatsapp de padres la noche anterior, lo que suma un nuevo dato a la hora de evaluar las medidas.

La huelga fue convocada por Ctera bajo el argumento de que el Gobierno nacional mantiene paralizada la paritaria docente -que fija el piso de referencia- y continúa el desfinanciamiento del sistema educativo. También hubo una marcha en Buenos Aires, en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo que se dirigió al Ministerio de Economía, en sintonía con los estatales ATE, que ya habían anunciado un paro y una movilización hacia allí.

Entre los principales reclamos docentes figuran la convocatoria urgente a la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo, mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas, además del rechazo a la reforma jubilatoria y al proyecto de ley de libertad educativa impulsado por la Nación.

El Gobierno nacional decidió supervisar por primera vez el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo durante un paro docente, al considerar que la educación es un servicio esencial según la Ley 27.802. La medida fue cuestionada por los gremios, que la interpretaron como un avance sobre el derecho de huelga.

El Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar que se garantizara al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, con controles que estarían a cargo de inspectores de la Secretaría de Trabajo. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno advirtió que evaluaría la aplicación de sanciones económicas a los sindicatos.

Para coordinar el operativo, el domingo previo al paro se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, encabezado por el Ministerio de Capital Humano. No obstante, desde el Gobierno santafesino, se dispuso que "el Ministerio de Educación no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes".

Los números de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) contrastan con los porcentajes oficiales que dominaron la agenda nacional en los últimos días. Según datos de la casa de estudios, la UNL cuenta con 81 estudiantes extranjeros, equivalentes al 0,125% de sus estudiantes de grado. En la carrera de Medicina -que el Gobierno nacional puso en el centro del debate-, cursan 19 estudiantes extranjeros, que representan apenas el 0,66% de la matrícula.

La discusión volvió a instalarse luego de que el Gobierno nacional ratificara, la semana pasada, la vigencia del DNU 366/2025, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La aplicación de esa medida no es obligatoria: cada universidad conserva su autonomía para decidir si implementa o no ese mecanismo. Así lo recordó, a través de un tuit, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En ese contexto, ahora el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante su conferencia de prensa de este martes que “hasta prácticamente un 40%” de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. Luego reforzó esa afirmación en su cuenta de X, donde aseguró que el porcentaje exacto asciende al 39% de los alumnos regulares de esa facultad, citando datos de un cuadro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, donde figuran varias casas de estudio, entre ellas, la de Rosario.

Ravier defendió la posibilidad de que las universidades cobren a estudiantes extranjeros al señalar que “estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países” y sostuvo que la medida permitiría administrar mejor los recursos públicos sin afectar la autonomía universitaria.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA.Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb

Las declaraciones fueron rápidamente cuestionadas por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien difundió -también vía redes sociales- otra interpretación de los datos. Según explicó, en 2026 los estudiantes extranjeros con “residencia temporal, transitoria o precaria” representan el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes de la universidad y el 6,1% de quienes ingresan a Medicina. También indicó que en Odontología alcanzan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es inferior al 2%.

Además, Yacobitti recordó que para inscribirse en una universidad argentina los estudiantes extranjeros deben contar con DNI argentino o acreditar periódicamente su residencia, y sostuvo que el debate debe realizarse “con información precisa”.

Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información 👇🏻En 2026, de los más de 70.000 ingresantes…

Una explicación similar aportaron a los medios desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde señalaron que la diferencia surge del universo estadístico que se tome como referencia. Indicaron que, si se analiza la cohorte que comenzó este año la carrera de Medicina, hay alrededor de 2.200 estudiantes, de los cuales unos 600 provienen de otros países, principalmente Brasil, una proporción cercana al 20%.

Sin embargo, aclararon que muchos de esos alumnos adquieren posteriormente la ciudadanía argentina durante el transcurso de una carrera que dura alrededor de 6 años. Por ese motivo, si se contabiliza únicamente a quienes mantienen exclusivamente nacionalidad extranjera, el porcentaje desciende a menos del 2%. Esta diferencia, según explicaron, ayuda a entender por qué Gobierno y universidades presentan cifras tan diferentes sobre un mismo fenómeno.

La polémica se enmarca dentro de otro debate: el que empezó en agosto de 2025 con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ella se determinó un aumento presupuestario para docentes y casas de estudio, según el aumento de la inflación mes a mes. Veto y rechazo mediante, marchas en todo el país y presentaciones que llegaron a la Corte Suprema, culminaron con un fallo que obliga al Gobierno a empezar a liquidar los sueldos docentes con la nueva composición salarial indicada por la ley.

Además, no es la primera vez que el tema de los estudiantes extranjeros en Argentina surge en la escena política nacional. Ya había ocurrido en diciembre de 2024, cuando recién se empezaba a debatir el proyecto de DNU de cobro a los extranjeros. Cabe recordar que el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores prohíbe que los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal tengan cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos.

Santa Fe logró una mejora significativa en los resultados de las pruebas Aprender 2025, especialmente en Lengua, donde registró uno de los avances más importantes con relación a la anterior evaluación del 2023. Según el informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación, el 76% de los alumnos de 6to grado santafesinos alcanzó niveles "satisfactorios" o "avanzados" en Lengua, 11 puntos porcentuales más que en 2023.

En Matemática, la provincia también mostró una recuperación. El porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios y avanzados pasó del 49,8% en 2023 al 54,2% en 2025, lo que representa una mejora de 4,4 puntos porcentuales, aunque todavía se mantiene por debajo de los registros obtenidos antes de la pandemia.

El informe llamado “Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina” con autoría de Eugenia Orlicki, Martín Nistal y Lucía Vallejo, analiza los resultados del operativo de evaluación censal que abarcó a 752.936 estudiantes de 6to grado de 20.298 escuelas de todo el país, con una participación del 84%.

Los datos muestran que la evolución de los desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua de la provincia de Santa Fe es la siguiente: 67,6% (en el año 2016); 74,6% (2018); 70,7% (2021); 65,1% (2023); 76% (2025).

Con estos resultados, Santa Fe se ubica cerca del registro promedio del país que está en 76,9%, en Lengua.

En Matemática, los resultados santafesinos también evidencian una recuperación respecto de 2023, aunque el nivel continúa lejos de los mejores registros históricos de la provincia. La evolución es la siguiente: 62,2% (en 2016); 58,2% (2018); 55,5% (2021); 49,8% (2023) y 54,2% (2025).

Si bien el incremento de 4,4 puntos representa una mejora, el desempeño continúa mostrando que casi la mitad de los estudiantes santafesinos no alcanza los niveles esperados en esa área. En comparación, Santa Fe está apenas un punto por debajo del promedio nacional que se ubica en 55% en Matemática.

A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua aumentó 10,5 puntos porcentuales, pasando del 66,4% al 76,9%. En Matemática, la mejora fue de 3,5 puntos, al crecer del 51,5% al 55%.

En el comparativo por provincias, en Lengua, los mayores avances se registraron en San Juan (14,0 puntos porcentuales), Catamarca (13,5 pp) y La Rioja (13,2 pp). En Matemática, las mejoras más importantes se dieron en La Rioja (6,3 pp), Catamarca (6,2 pp) y La Pampa (5,9 pp).

El informe sostiene que en 23 de las 24 jurisdicciones se observan mejoras en Lengua, y en 22 jurisdicciones, en Matemática. Las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio en Lengua son Ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En el otro extremo, las provincias con menores niveles de desempeño son Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%).

En Matemática, las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio son Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%), mientras que los valores más bajos se registran en Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).

Pese a la mejora general, el estudio advierte que las diferencias según el nivel socioeconómico siguen siendo muy marcadas. Entre los estudiantes de sectores de mayor nivel socioeconómico, el 89% alcanza desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y el 73% en Matemática. En cambio, entre los alumnos de menores recursos esos porcentajes descienden al 67% en Lengua y al 43% en Matemática.

También persisten diferencias entre escuelas estatales y privadas. En las instituciones públicas, el 72% de los estudiantes obtuvo resultados satisfactorios en Lengua y el 48,5% en Matemática, mientras que en las privadas esos valores ascienden al 90,2% y 72,7%, respectivamente.

Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, sostuvo que "la mejora en Lengua que muestra Aprender 2025 respecto de la medición de 2023 es la primera evidencia concreta del Compromiso por la Alfabetización".

Por su parte, la investigadora de Cippec, Cecilia Veleda, señaló que "es esperanzador que haya avances en Lengua, porque muestran que es posible mejorar los niveles de aprendizaje. Cuánto de esto es atribuible a las políticas en curso es difícil de precisar. Es posible que responda, al menos en parte, a un efecto rebote pospandemia, con una mayor regularidad en la asistencia a clases. En Matemática, en cambio, el desafío sigue siendo muy grande ya que solo el 55% de los estudiantes de 6to grado alcanza aprendizajes satisfactorios".