Con la 5ta. marcha federal universitaria en proceso, la administración nacional dispuso nuevas pautas para las auditorías internas de las casas de estudio. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) estableció que las universidades deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes de fin de mes.

La resolución judicial -que se conoció este miércoles- establece una multa de $ 100.000 por día para Santilli ante el incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, de acuerdo con los parámetros previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, la Resolución 311/2026 de la Sigen, publicada este jueves en el Boletín Oficial, aprobó lineamientos complementarios para la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de auditoría interna de las universidades nacionales. Las nuevas pautas establecen que las unidades responsables deberán presentar sus proyectos para el ejercicio 2027 antes del 31 de octubre, a través del sistema informático Sisac.

Ambas novedades se conocen en una jornada atravesada por el reclamo de las universidades públicas de todo el país, que vuelven a movilizarse -con el apoyo de centrales sindicales de los trabajadores- para exigir la aplicación efectiva de la ley de financiamiento y la recuperación de los recursos destinados al funcionamiento del sistema.

Con epicentro en el Congreso, en Buenos Aires, la movilización tiene su capítulo también en Santa Fe con una concentración prevista para las 16 en Pedro Vittori y bulevar Gálvez, desde donde se marchará a la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en bulevar Pellegrini 2750, donde tendrá lugar el acto central a las 17 horas.

Mientras, la Sigen aprobó nuevas pautas para la planificación de las auditorías internas de las universidades nacionales durante 2027. La Resolución 311/2026 establece que las unidades de auditoría deberán presentar sus planes de trabajo antes del 31 de octubre de 2026, mediante el sistema Sisac.

Dispone que cada universidad deberá definir sus auditorías de acuerdo con su estructura, dimensión, actividades, recursos disponibles y riesgos identificados. Entre las áreas prioritarias figuran el presupuesto y las finanzas, las compras y contrataciones, las transferencias y los convenios, el patrimonio y la infraestructura, los gastos en personal y haberes, y los sistemas informáticos y la ciberseguridad.

Las pautas también incluyen la administración de fondos destinados a investigación y extensión, la integridad institucional y los procedimientos para la emisión y el otorgamiento de títulos. La norma aclara que la incorporación de estas áreas no obliga a realizar una auditoría independiente de cada una, sino que deberán considerarse dentro de la planificación general según los riesgos y las características de cada institución.

Uno de los puntos centrales es la evaluación del estado de las rendiciones de fondos ante la autoridad nacional competente. Los informes deberán identificar los montos recibidos, los recursos aplicados, las rendiciones presentadas, los importes observados y los pendientes, además de los vencimientos y la documentación respaldatoria. Las auditorías deberán diferenciar la información verificada de aquella que aún no haya sido conciliada.

El texto establece, además, que las observaciones, recomendaciones y medidas correctivas deberán registrarse en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac). La elaboración y presentación de las rendiciones continuará siendo responsabilidad de las áreas de gestión de cada universidad.

En los fundamentos, la Sigen sostiene que el control interno sobre las instituciones universitarias nacionales se encuadra en las leyes de Administración Financiera y de Educación Superior. Al mismo tiempo, la resolución señala que las tareas de auditoría deben respetar la autonomía y la autarquía universitarias: se concentrarán en los procesos de gestión y administración, sin sustituir las decisiones de los órganos de gobierno ni evaluar el mérito académico o científico de las instituciones.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé una recuperación de la inversión nacional en educación después de varios años de caída, aunque los recursos seguirían muy por debajo de los niveles registrados en 2023. Según un informe de Argentinos por la Educación, la función “Educación y Cultura” tendría un incremento nominal del 27,2% respecto de la previsión de cierre de 2026, que se traduciría en una mejora real del 5,6% si se cumple la inflación promedio del 20,5% proyectada por el Gobierno.

Aun con esa recuperación, el gasto educativo nacional representaría en 2027 apenas el 0,79% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 1,42% que alcanzaba en 2023. De acuerdo con el informe elaborado por Javier Curcio, Tomás Besada y María Sol Alzú, la inversión quedaría así un 44,4% por debajo de la de aquel año. Además, sería el cuarto año consecutivo en que el financiamiento educativo nacional se ubicaría por debajo del 1% del PBI.

El análisis toma como referencia tanto los recursos asignados a la Secretaría de Educación como el conjunto de gastos de la Administración Pública Nacional incluidos en la función “Educación y Cultura”. En valores constantes de 2026, el gasto pasó de $ 16,7 billones en 2023 a $ 9,4 billones en 2024 y $ 8,7 billones en 2025. Para 2026 se proyectan $ 8,8 billones y para 2027, $ 9,3 billones.

La distribución de los recursos muestra diferencias importantes según el nivel educativo. Las universidades nacionales continuarían concentrando la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Educación: el programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% de los recursos en 2027.

Para la educación universitaria se prevé un aumento nominal del 20,9%, prácticamente equivalente a la inflación proyectada, por lo que la mejora real sería de apenas 0,3%. Según el informe, el presupuesto universitario pasaría de representar el 0,71% del PBI en 2023 al 0,53% en 2027.

Los autores también advierten que los recursos previstos para el próximo año no contemplan una recomposición compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. De acuerdo con sus estimaciones, cumplir con esa normativa implicaría una ampliación presupuestaria real cercana al 30% respecto de 2026.

Javier Curcio, uno de los autores del informe, señaló que, en el caso de la educación superior, resulta fundamental garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por el papel de las universidades nacionales en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el desarrollo económico y social.

El escenario es diferente para los programas destinados a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria. Para 2027 se proyecta un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2% frente a 2026.

Uno de los principales motores de ese aumento será el Plan Nacional de Alfabetización, que tendría asignados $ 773.830 millones, un 38,3% más que el crédito vigente de 2026. El 75,8% de esos recursos ($ 586.781 millones) se destinaría a la universalización de la jornada extendida.

También están previstos fondos para promoción de la lectura, materiales educativos, el Fondo Red de Alfabetización y acciones de formación docente orientadas a la alfabetización.

Sin embargo, la recuperación parte de un nivel muy inferior al de años anteriores. La educación obligatoria y superior no universitaria representaba el 0,32% del PBI en 2023 y pasó al 0,08% en 2025. El informe proyecta que se mantendrá en ese nivel tanto en 2026 como en 2027.

El proyecto incorpora para 2027 el Compromiso Federal por la Matemática, establecido mediante la Resolución 513/26 del Consejo Federal de Educación. La iniciativa contempla acciones relacionadas con la extensión de la jornada escolar, materiales pedagógicos y recursos digitales, formación docente, evaluación y monitoreo, además de la participación de las familias y la comunidad.

El informe advierte, no obstante, que el proyecto de Presupuesto no identifica una partida específica para financiar esta política. Por ese motivo, los autores señalan que no es posible determinar a partir del presupuesto cuánto dinero será destinado concretamente a estas acciones.

El proyecto también contempla incrementos nominales para otros programas. Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes tendría una suba del 35%; Información y Evaluación de la Calidad Educativa, del 87,57%; Acciones de Formación Docente, del 113,65%; e Infraestructura y Equipamiento, del 22,89%.

Estos porcentajes, sin embargo, deben leerse en función del peso que cada programa tiene dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación. Según el informe, evaluación representa el 0,6%, formación docente el 0,2% e infraestructura y equipamiento apenas el 0,3%.

En el caso de la Secretaría de Educación en su conjunto, el proyecto prevé un aumento nominal del 23% respecto de la previsión de cierre de 2026, que equivaldría a una mejora real del 2,1%.

La evolución de los últimos años permite dimensionar el escenario previsto para 2027. Después de alcanzar el equivalente a $ 16,7 billones constantes de 2026 en 2023, el gasto nacional en Educación y Cultura cayó a $ 9,4 billones en 2024 y a $ 8,7 billones en 2025. La proyección para 2027, de $ 9,3 billones, supone una recuperación frente a los niveles más bajos, pero todavía deja una brecha considerable respecto de 2023.

El informe también ubica estos cambios en el contexto de la modificación del esquema de financiamiento educativo nacional. Desde el ejercicio 2026 fue derogado el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía desde 2006 el objetivo de alcanzar una inversión consolidada de Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires equivalente como mínimo al 6% del PBI. Según el documento, esa meta solo se había alcanzado en 2015.

El financiamiento educativo argentino está descentralizado: las provincias concentran aproximadamente el 75% del gasto público destinado a educación y tienen a su cargo el sostenimiento de las escuelas de los niveles inicial, primario y secundario, además del superior no universitario. La Nación, en cambio, concentra principalmente el financiamiento de las universidades nacionales y de programas y políticas educativas de alcance federal.

Para Javier Curcio, la mejora prevista para 2027 en alfabetización y en las iniciativas vinculadas con Matemática constituye una señal a considerar, pero debe analizarse dentro de la caída acumulada de los últimos años. “Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles”, sostuvo.

Los docentes de las universidades nacionales iniciarán este miércoles un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo por la actualización de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se desarrollará en un momento clave de la disputa con el Gobierno nacional: el mismo miércoles vence el plazo de 5 días que la Justicia le otorgó al Ejecutivo nacional para acreditar el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la norma.

El paro forma parte de un plan de acciones que tendrá como próximo punto central la 5ta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La movilización reunirá al Frente Sindical de las Universidades Nacionales (integrado por 7 federaciones gremiales), además de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La medida de fuerza de esta semana fue definida por el plenario de Conadu Histórica (con injerencia en la Universidad Nacional del Litoral, a través de Adul) y se realizará en confluencia con Conadu. Como es habitual, los estudiantes deberán consultar en sus facultades si sus profesores adhieren a la medida de fuerza.

También Fagdut (que nuclea a los docentes de universidades tecnológicas) resolvió un paro de 72 horas desde este miércoles 30 “luego de una reunión del Frente Sindical Universitario y ante el incumplimiento del Gobierno a la intimación de la Justicia”. Reclaman la convocatoria a paritarias libres y la recomposición salarial, la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el año próximo destinado a las casas de altos estudios.

En tanto, la Fatun (del personal “no docente” de las universidades, con injerencia en la UNL a través de Apul) fijó un paro de 24 horas -solamente-, para este jueves 1° de octubre, “sin concurrencia a los lugares de trabajo tanto en UNL, como en la Universidad Nacional de Rafaela, entre otras”, se indicó en un parte de prensa.

El conflicto salarial y presupuestario tiene además un capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional el 22 de septiembre a cumplir en un plazo de 5 días con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución contempla la posibilidad de aplicar multas diarias en caso de demora.

La cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la confirmó y el 25 de junio de este año la Corte Suprema dejó firme la decisión. En particular, los artículos alcanzados por la medida judicial establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación de Cormick se produjo luego de que el Ejecutivo intentara levantar la cautelar. El 1° de septiembre, el magistrado rechazó ese pedido al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial denunciada en la causa.

El Gobierno, por su parte, sostiene que cumplió con la medida cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Según informó el diario Infobae, el Ejecutivo presentó documentación ante la Justicia para acreditar su posición, aunque la apelación no modifica la vigencia de la cautelar.

El porcentaje reclamado aparece como uno de los principales puntos de conflicto. Desde el sector universitario se plantea la necesidad de recomponer la pérdida salarial acumulada y aplicar el porcentaje previsto en la Ley de Financiamiento Universitario.

La cifra varía según el cálculo y el criterio utilizado. Mientras que desde un sector gremial se reclama una recomposición del 33,4%, otros gremios estiman en 31,2% la recomposición salarial adeudada.

El conflicto se profundizó luego de la última ronda paritaria, realizada el 17 de septiembre. En esa instancia, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales.

La discusión no se limita a los salarios. La Ley 27.795 también contempla partidas destinadas a becas estudiantiles, mientras que las universidades vienen planteando la necesidad de recomponer el financiamiento de sus distintas áreas.

Si bien este martes el vocero presidencial Adrián Ravier no se refirió al conflicto universitario en su conferencia de prensa semanal, en declaraciones anteriores había manifestado que el financiamiento destinado a las universidades conserva su proporción dentro del gasto público.

El funcionario había señalado en esa ocasión que el Ejecutivo anunció recientemente un aumento del 24% para los profesores universitarios y había explicado que, según la postura oficial, la recomposición salarial no pudo aplicarse antes debido a la situación fiscal heredada.

Un proyecto nacido en los laboratorios del Instituto de Lactología Industrial (Inlain, de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet) llegó a una instancia internacional y ahora necesita votos para dar un paso más. “Masas Madre a Medida” es una idea-proyecto desarrollada por investigadores locales que se erigió como uno de los tres finalistas de una competencia de innovación de ILAN (Israel Innovation Network). La votación está abierta hasta este martes 22 de septiembre, a través de un formulario online.

Pero detrás de la competencia hay algo más amplio y complejo que un premio. La propuesta forma parte de una línea de investigación que comenzó hace más de una década con el estudio de bacterias lácticas y sus posibles aplicaciones, y con el tiempo derivó hacia los fermentos para panificación y, más recientemente, al análisis de masas madre de panaderos artesanales de la región.

Uno de sus objetivos es preservar la “biodiversidad microbiana” presente en las masas madre de los panaderos artesanales de la región, mediante una colección de cepas conservadas a bajas temperaturas.

“La visibilización para nosotros es sumamente importante. Que la gente sepa lo que estamos haciendo y que, si sirve también para que alguien se interese por el proyecto que como meta mayor pretende llegar a escala industrial, tal y como sucede con otros fermentos”, explicó a El Litoral la doctora María Luján Capra, investigadora del Inlain y una de las integrantes del equipo.

La propuesta busca tomar la masa madre tradicional de un panadero artesanal y conocer qué microorganismos la componen. Para eso, los investigadores aíslan bacterias lácticas y levaduras, las identifican y seleccionan aquellas que presentan características tecnológicas de interés.

A partir de esas cepas buscan diseñar un fermento definido, adaptado a cada masa madre original. La idea es ofrecer una alternativa que conserve parte de la identidad del fermento artesanal, pero permita procesos más controlados y estandarizados.

“Queremos plantarnos en una solución de compromiso entre lo fácil e industrializado de la levadura y lo complejo y totalmente artesanal de la masa madre”, explicó Capra.

El trabajo todavía está en etapa de investigación. El equipo ya cuenta con aislamientos provenientes de masas madre de distintos panaderos artesanales de Santa Fe y actualmente realiza pruebas de combinaciones de bacterias y levaduras seleccionadas. El próximo paso será llevar esos fermentos a las panaderías con las que trabajan para compararlos con las masas madre originales.

“Hay que aclarar que esta es una idea-proyecto, no un emprendimiento comercial en funcionamiento. Nosotros estamos haciendo investigaciones de laboratorio. Primero tiene que funcionar, que a ellos les venga bien, y después vendrá la etapa de producirlo a escala”, aclaró la biotecnóloga.

“Si bien se premia la idea, hay mucha gente y líneas de financiamiento involucradas, entre ellas, las del Conicet, del Gobierno de la provincia y de la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf), que nos dan la posibilidad de que realicemos nuestras investigaciones”, señaló.

Una parte central de esa investigación es “preservar los microorganismos que forman parte de esas masas madre”. Las cepas aisladas pueden conservarse a temperaturas de hasta -80 °C, con la perspectiva de conformar una verdadera biblioteca de microorganismos provenientes de masas madre locales.

“Uno de los objetivos que tenemos es que se pueda saber un poco más de todo esto y que los productores puedan, a lo mejor, tener un rótulo más específico en sus productos que reflejen toda la complejidad y el esfuerzo de producción. Hay que decir también que, a lo mejor, algunos que tienen etiqueta de masa madre, no son exactamente hechos con la fermentación requerida”, explicó Capra.

Y añadió que “hay un interés desde la parte de productiva de que se sepa más de todo esto, de los beneficios, de la complejidad de la elaboración, del tiempo dedicado por parte de la comunidad”.

La colección permitiría, además, resguardar una biodiversidad de las cepas de masa madre de la región que, muchas veces, permanece asociada a cada elaboración artesanal y que puede perderse con el paso del tiempo.

El camino hacia el concurso vigente comenzó en 2025, cuando un equipo de 5 integrantes -en representación del grupo más amplio- presentó el proyecto al concurso de innovación ProyectáBIO, organizado por la UNL. La propuesta resultó ganadora y permitió acceder a la última ronda de ILAN-UNL, un concurso internacional de innovación que se hizo a instancias de la universidad santafesina, en el que obtuvo el tercer puesto.

Como parte de ese reconocimiento, dos integrantes del equipo que cumplían con el requisito de tener hasta 30 años de edad, viajaron a Israel entre el 24 y el 31 de julio de 2026 para conocer el ecosistema de innovación de ese país. Fueron Constanza Macagno Ludueña y Mora Millán Trevignani.

La nueva competencia de ILAN reúne a proyectos que participaron de esa delegación que viajó a Israel. En la primera ronda, 56 proyectos de 7 países y 24 universidades compitieron mediante votación. “Masas Madre a Medida” quedó entre los tres seleccionados para la final, junto con “Laburapp”, de la Universidad Austral de Argentina, y “Apolo 27”, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana.

Ahora comienza una nueva votación, independiente de la anterior. Y el proyecto que reúna más votos recibirá la distinción de mejor proyecto del año y dos de sus integrantes viajarán a México en noviembre para recibir el reconocimiento.

El equipo que presentó “Masas Madre a Medida” está integrado por María Luján Capra, Carina Viviana Bergamini, Guillermo Andrés George, Constanza Macagno Ludueña y Mora Millán Trevignani.

Pero la investigación tiene un equipo mucho más amplio. En la línea participaron también las doctoras Daniela M. Guglielmotti, Yanina L. Pavón, Carina V. Bergamini y Andrea Quiberoni; el magíster Carlos Osella y la bioquímica M. Adela de la Torre.

A lo largo de los años se sumaron además tesinistas, tesistas y becarios: Tatiana Bochatay, Florencia Paulón, Rocío Peverengo, Jésica Braida, Paula Prieto, Alicia Gómez, Verónica Lancelle, Natalia Saez, Sofía Román y Constanza Macagno Ludueña.

“Cada uno haciendo su parte dentro de un marco de una línea de un proyecto de investigación más grande y amplia”, describió Capra.

Los resultados de las pruebas Pisa 2025 volvieron a encender las alarmas sobre los aprendizajes de los adolescentes argentinos. El desempeño en Matemática aparece como uno de los datos más preocupantes, pero el retroceso no se limita a esa área: también alcanza a Lectura y Ciencias.

Axel Rivas es profesor de la Universidad de San Andrés y director Académico del Centro de Investigación Aplicada en Educación San Andrés (Ciaesa), autor de distintos libros, entre ellos el reciente "Viaje al mundo de la educación" publicado hace pocos días por Siglo XXI. A su entender, los resultados deben leerse más allá de las cifras: el deterioro de los aprendizajes se combina con cambios culturales profundos -entre ellos, el consumo acelerado de contenidos digitales- y con problemas estructurales del sistema educativo argentino.

En diálogo con El Litoral, Rivas analizó qué muestran las pruebas, por qué Matemática concentra las mayores dificultades y qué debería cambiar para revertir una tendencia que, según advirtió, lleva varios años. Además, como especialista en investigación comparada de modelos educativos, evaluó comparativamente qué pasa en Argentina con relación a Brasil o Chile.

-¿Qué es lo primero que deberíamos mirar cuando vemos estos resultados de Pisa 2025? ¿Cuál es el dato que más le preocupa?

-El primer dato a mirar con los resultados de Pisa 2025 es, a nivel global, la escala del descenso de los aprendizajes en las áreas evaluadas, que son Lectura, Matemática y Ciencias, sobre todo en las dos primeras. Y también hay que mirar el acumulado en el tiempo.

Había una cierta expectativa de que los resultados que habían bajado mucho en las ediciones anteriores, sobre todo en 2022, fueran fruto más de la pandemia y que esta prueba permitiera ver si la tendencia se confirmaba o se revertía. En algunos países esa tendencia se había revertido después del Covid-19. Sin embargo, el hecho de que en la enorme mayoría de los países participantes hayan bajado los resultados, y viendo una curva desde 2015 y sobre todo desde 2018, nos muestra una discusión sobre un cambio generacional y cultural.

El consumo de pantallas y un uso cada vez más acelerado del consumo digital, más pasivo, se está trasladando a dimensiones cognitivas centrales que tienen que ver con la atención, la capacidad de persistencia, la lectura prolongada y la comprensión. No hay que tener una mirada simplista ni creer que todo es lineal, pero sí tenemos que actuar pensando en cómo la escuela sola no puede. También es una cuestión de cómo controlamos, regulamos y educamos en el hogar el uso y el consumo digital, y de cómo preparamos a nuestras nuevas generaciones para un futuro muy incierto.

-¿Cuánto influyen el cambio en los hábitos de lectura de los adolescentes, las redes sociales y el consumo de contenidos breves?

-En el informe Pisa tenemos mucha información al respecto, muy rica e interesante, que tiene que ver con este consumo de las pantallas en un modo más pasivo y frenético. Lo que se ve entre la prueba 2022 y la 2025, a través de los cuestionarios a los alumnos, es que el tipo de consumo digital cambió. Bajó el consumo relacionado con la creación digital, con la información y con una producción más individual, y se centró más en la parte pasiva: el uso de videojuegos y, sobre todo, el consumo de videos cortos, del estilo de TikTok.

Los autores del informe Pisa ven esto como algo muy probablemente asociado con una mayor fragmentación de la lectura y mayor ansiedad. Como la prueba es por computadora, se puede medir y hay datos muy interesantes que surgen de estos 90 países de todo el mundo. En promedio, los estudiantes que toman la prueba de 2025 contestan más rápido, leen más rápido los enunciados y tienden a equivocarse por eso. Obviamente no hay que hacer una asociación lineal, pero tenemos también otros estudios que muestran la vulneración cognitiva que puede producir este consumo tan agitado y frenético de la vida digital.

Al mismo tiempo, aparece la inteligencia artificial, que en Pisa todavía se ve de una manera muy incipiente y que tenemos que tomar con mucho cuidado para no sacar conclusiones demasiado prontas. Pero sí vemos otro riesgo: el de la delegación cognitiva, de confiar mucho en lo que responde la máquina, de dejar de pensar.

Todos estos elementos muestran cómo ciertos cambios culturales profundos y acelerados afectan lo que pasa en las escuelas y en la mente de los alumnos, y nos obligan a repensar cuestiones de regulación. Hemos discutido si tiene que estar el celular en el aula, pero es mucho más profundo que eso. Si tenemos capacidad de incidir en el consumo digital, si es necesario regular directamente las plataformas, como se está discutiendo en muchos lugares del mundo, todo eso es parte hoy del debate educativo; no podemos disociarlo.

-En Matemática aparece uno de los datos más alarmantes: 3 de cada 4 estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo. ¿Hay que revisar la manera en que se enseña la materia?

-Me parece que sí. Hay que hacer el foco ahí porque la problemática es bastante más aguda en esa disciplina y se profundiza en el nivel secundario. Hay distintas hipótesis y no hay ninguna respuesta clara. Es complejo de investigar. Mi hipótesis es que hay una cierta transferencia intergeneracional de debilidad de la formación matemática que se traslada a la formación docente y también a una formación y capacidades más limitadas y débiles en conceptos y en la estructura del pensamiento matemático.

Eso hace más difícil que se enseñe y que se profundice en las aulas. Se genera cierta aversión y también se desestructura un poco la organización de la escuela: hay muchos problemas de ausentismo, grupos muy heterogéneos y eso atenta contra una enseñanza de la Matemática más estructurada, que necesita una secuencia y continuidad en el tiempo, tanto por parte de los docentes como de sus grupos de alumnos.

Me parece que tanto la hipótesis de un cambio intergeneracional en el aprendizaje de la Matemática como la pérdida de organización básica, de ordenamiento y de rutinas que se han roto en muchas escuelas hacen que tengamos este escenario tan crítico y tan difícil de revertir.

-¿En qué momento se empezó a producir este deterioro de los aprendizajes en Argentina y qué decisiones tomadas durante los últimos 15 ó 20 años pueden explicar lo que vemos hoy?

-Es difícil situar en un momento la problemática educativa argentina. Creo que es un acumulado de distintas dimensiones y factores. Hay que destacar que se ha logrado una mayor inclusión. Incluso en esta prueba, con el descenso de los aprendizajes que hemos constatado, hay más alumnos que están en la escuela, que logran avanzar más años e incluso terminar la secundaria.

Esto no quiere decir que la inclusión genere un descenso de la calidad. Hay países que han logrado las dos cosas al mismo tiempo, como Brasil, que consiguió un gran proceso de extensión de la inclusión, afectando sobre todo a los sectores más pobres, y al mismo tiempo una mejora de la calidad de los aprendizajes.

En Argentina es un desafío. Hemos tenido un período de aumento de los recursos, sobre todo entre 2004 y 2008, especialmente. Después fue un poco más intermitente. Allí se pudo haber aprovechado más esa etapa de crecimiento económico, cuando había un poco más de consenso político para hacer transformaciones más profundas que no se hicieron.

Se sancionaron importantes leyes de educación, pero no se llegó a fondo con la discusión del currículum, de la carrera y formación docente, y de cómo pensar un proyecto país en un país federal tan complejo como el nuestro. Después todo se hizo más difícil porque las condiciones políticas y económicas se agrietaron y se transformaron en adversidades mayores. Ni que hablar con la pandemia.

En conjunto, Argentina ha quedado muy relegada en la construcción de un proyecto de política educativa nacional que tenga consensos básicos y pueda llegar mejor a las escuelas. Y en los últimos años ha sido todavía mucho más difícil por la disminución drástica del presupuesto educativo implementada por el gobierno nacional, pero también por la mayoría de las provincias, en un contexto de restricción fiscal que hace que los salarios docentes hayan bajado y las condiciones estructurales de las escuelas sean todavía más desafiantes.

-¿Cuál es el verdadero problema de la educación argentina: que los chicos no aprenden, que no sabemos cómo enseñarles o que hace años sabemos qué deberíamos hacer y no logramos sostenerlo?

-Obviamente son distintas dimensiones. Tenemos contextos sociales muy distintos, cambios culturales y también muchas dificultades en la enseñanza. Tenemos que lograr hacer de la docencia una profesión más especializada. Siempre defiendo que haya docentes que puedan ascender en su carrera, en el aula y en su disciplina, formándose y especializándose.

La enseñanza es un trabajo muy especializado y muy difícil. Necesitamos docentes de primaria, por ejemplo, especialistas en Matemática de primer ciclo y que vayan haciéndose expertos en la enseñanza de la Matemática de ese nivel. Y que tengan un mejor salario por ser expertos, que sean reconocidos. Crear todo ese círculo en el tiempo y hacer más prestigiosa la profesión docente, más atractiva salarialmente y en las posibilidades de crecimiento profesional, es el círculo en el cual tendríamos que estar conversando cómo entrar.

Chile ha logrado de alguna manera esa discusión. Tiene muchos otros problemas y es un sistema educativo muy desigual, pero ha logrado una conversación más seria sobre la profesión docente y establecer metas para mejorar las condiciones de trabajo, con mejor salario, menos horas frente a alumnos, pero al mismo tiempo más exigencia. También tiene un examen de ingreso a la profesión y exámenes para mejorar el salario a partir de una carrera especializada. Tenemos que aprender de esas herramientas políticas para construir un proyecto educativo más fuerte y que garantice más justicia educativa.

-¿La escuela argentina perdió capacidad de enseñar o también se modificó profundamente el contexto social en el que la escuela tiene que enseñar?

-El contexto es global, pero Argentina tiene sus particularidades. También tenemos un país que ha tenido grandes golpes sociales y que vive de alguna manera en una crisis constante, con dificultades en los vínculos interpersonales, desigualdades estructurales y profundas heridas sociales que se expresan en el día a día de las aulas.

Todo eso pone enormes limitaciones a lo que la escuela puede hacer y genera mucha frustración. Los docentes están muy agotados y un poco desorientados. Estamos en un tiempo en el cual necesitamos un proyecto educativo, una visión que se pueda traducir en herramientas, que escuche a las escuelas y también las acompañe. Los docentes no pueden quedar solos. Necesitamos política pública, planificación, recursos, continuidad, equipos serios y liderazgos serios que trabajen en el tiempo.

Hemos aprendido de otros contextos que es posible. Vengo mirando mucho los casos de Brasil, de estados del noreste como Ceará, Pernambuco y ahora Piauí, que han mostrado grandes logros en sus resultados de aprendizaje y en la reducción de la pobreza educativa. Son contextos sociales muy adversos y lo han hecho con planificación estatal, equipos estables en el tiempo que trabajan el currículum, los materiales y la evaluación; que evalúan a cada escuela, devuelven los resultados y trabajan con las necesidades de las escuelas.

Eso es lo que más nos falta en Argentina: crear un movimiento en el cual haya respuesta, una visión compartida y donde también se ataquen problemas estructurales dentro del sistema educativo, con capacidad de gestión y articulación. Y eso está vinculado también con los recursos económicos que el sistema educativo está sufriendo mucho, con la disminución del presupuesto y de los salarios docentes.

La paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria volvió a terminar sin acuerdo y, como consecuencia, los gremios anunciaron un paro nacional de 24 horas para este miércoles. La oferta presentada por el Gobierno nacional, considerada insuficiente por las federaciones, contempla un incremento del 3% para septiembre y ratifica otro 3% para octubre, que ya estaba previsto en junio.

La reunión se realizó este martes al mediodía y la respuesta oficial quedó muy por debajo de esa demanda. Por eso, las federaciones que integran el Frente Gremial Universitario resolvieron avanzar con una medida de fuerza de 24 horas para este miércoles.

Desde Conadu Histórica -que nuclea a los docentes y tiene representación local en Adul- señalaron que los trabajadores universitarios arrastran una pérdida salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% a julio de este año. A esto se suma la inflación correspondiente a agosto. Las federaciones estiman que la deuda salarial acumulada equivale al valor de cuatro salarios completos de julio de 2026, sin actualizar, o tres salarios calculados a valores actuales.

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“Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, al finalizar la reunión.

El planteo sindical durante la negociación fue una recomposición de lo perdido y una garantía salarial hacia adelante, con actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañen la inflación.

Del mismo modo, desde la Fatun -del sector de los "no docentes"- también definieron "no aceptar esta propuesta por considerarla insuficiente e inaceptable". Y anunciaron una medida de fuerza para este 2 de septiembre.

Cabe recordar que el jueves 3 de septiembre sesionará el plenario del Consejo Universitario Nacional (CIN) -que reúne a los rectores de todo el país- que se realizará en Bariloche. De allí salir un pronunciamiento ante los más de 300 días de "incumplimiento" de la Ley de Financiamiento Universitario, aún luego del fallo de la Corte Suprema.

Desde el Ministerio de Capital Humano dieron otra lectura al encuentro. A través de un comunicado, informaron que se presentó una propuesta de incremento salarial del 6% para el próximo bimestre.

La oferta contempla un aumento del 3% sobre las remuneraciones correspondientes a septiembre y la ratificación de otro 3% para octubre, porcentaje que, según la cartera nacional, había sido acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio.

De esta manera, para el Gobierno la propuesta representa un incremento acumulado del 6% para el personal docente universitario durante el próximo bimestre.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con representantes de Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

“Luego de la exposición técnica por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, se exhortó a los presentes a que estas no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender”, sostuvo el comunicado.

El Gobierno también propuso retomar las negociaciones paritarias el próximo jueves 17 de septiembre. La fecha, sin embargo, queda planteada en un escenario de creciente conflictividad, con los gremios ya encaminados hacia un nuevo paro nacional.

El conflicto universitario sigue sumando capítulos a una interminable saga. La audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y las universidades terminó sin acuerdo, y varias federaciones gremiales nacionales ya ratificaron un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes, entre ellas, la que nuclea al sector de los “no docentes”.

La instancia judicial había sido convocada el viernes pasado por el juez federal Martín Cormick, a partir de una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de acercar las posiciones entre el Gobierno y el sistema universitario en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, no hubo avances. Según el acta difundida después de la audiencia, tanto el Gobierno nacional como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron sus respectivas posiciones y dejaron asentado que no se alcanzó ningún acuerdo. De esta manera, la causa continuará en el estado en que se encontraba y será ahora el juez Cormick quien deberá definir los próximos pasos a seguir.

El punto de fondo de la discusión es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y, particularmente, de la medida cautelar que quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el planteo del Gobierno.

La resolución judicial contempla la actualización de los salarios universitarios y la recomposición de programas y becas estudiantiles. Las universidades reclaman que el Estado cumpla con esas disposiciones y sostienen que la situación presupuestaria continúa deteriorándose.

La UBA había planteado, además, en esa audiencia ampliar la discusión a otros aspectos del financiamiento universitario, entre ellos los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios y los recursos destinados a ciencia y tecnología.¿

El resultado dejó, así, nuevamente el conflicto en manos de la Justicia. “Cumplimiento de la cautelar y avanzar en la resolución de fondo que es la aplicación de la ley, que fue muy discutida y promulgada, es lo que exigimos”, dijo la rectora de la UNL, Laura Tarabella en declaraciones públicas.

En paralelo, el sector no docente confirmó que continuará con las medidas de fuerza. Tras una reunión del Frente Sindical Universitario con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Fatun (a nivel local Apul) ratificó el paro nacional de 48 horas que había sido definido por su Consejo Directivo el pasado 5 de agosto.

La medida se realizará “el jueves 27 y viernes 28 de agosto”, bajo la modalidad de paro, visibilización y protesta. Cabe destacar que los “no docentes” son los encargados de sostener y garantizar el funcionamiento cotidiano, administrativo y técnico de las universidades.

La federación sostuvo que la decisión responde a la falta de avances y de respuestas favorables después de la audiencia judicial. Y remarcó que la protesta busca dar continuidad al plan de lucha y expresar la decisión del colectivo no docente de defender sus derechos y reclamar respuestas al Gobierno nacional.

En tanto, durante la noche de este martes se conoció la definición del plenario de Conadu Histórica, que tiene a Adul entre sus sindicatos de base y representa a la docencia universitaria. El gremio resolvió realizar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

Mientras continúan las protestas, el Gobierno nacional convocó a una nueva instancia paritaria para el próximo martes 1° de septiembre. La reunión será otro punto de atención para el sistema universitario, particularmente por el reclamo de actualización salarial de docentes y no docentes, uno de los principales ejes del conflicto.

A esto se suma que los rectores de las universidades nacionales se reunirán el 2 y 3 de septiembre para avanzar en la planificación de los recursos necesarios para el presupuesto universitario 2027.

Cabe destacar que el reclamo universitario excede los salarios. Las organizaciones sostienen que la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario es necesaria para garantizar también recursos para becas, funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y tecnología y el sostenimiento general del sistema.

La visita del ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, a la Comisión de Educación de Diputados -este miércoles 12- volvió a poner en primer plano una deuda histórica: contar con una Ley Provincial de Educación. Santa Fe es una de las pocas jurisdicciones del país que no cuenta con una ley de educación provincial propia, ya que el marco general vigente data históricamente de 1949.

Los temas vinculados a educación volvieron a la agenda política santafesina. Mientras Diputados convocó al ministro y a las secretarias de la cartera para que presenten un informe con datos sobre las políticas que lleva adelante la gestión, en el Senado todavía permanece pendiente el tratamiento del proyecto que crea la Comisión encargada de abrir el debate territorial, el cual ya Diputados le dio media sanción el 4 de junio.

El proyecto que Diputados aprobó propone una comisión con participación legislativa y del Poder Ejecutivo, además de una instancia amplia de consulta a la comunidad educativa. La idea contempla foros, audiencias y encuentros en distintos departamentos para incorporar las voces de docentes, directivos, estudiantes, asistentes escolares, familias, universidades, especialistas, organizaciones gremiales, instituciones de educación superior y sectores productivos.

La expectativa oficial es que ese recorrido permita construir una norma que no solamente reúna antecedentes del sistema educativo santafesino, sino que también establezca una perspectiva de futuro.

Reunión en la Comisión de Educación de Diputados.

La discusión por una nueva ley, además, aparece parcialmente eclipsada por otro de los grandes y polémicos temas que atraviesan a la Legislatura: los cambios al sistema electoral santafesino y la necesidad de definir reglas de juego para un año clave como el 2027. Con los tiempos legislativos que se acortan, en Diputados advierten que la oportunidad para sancionar una Ley de Educación de Santa Fe no debería diluirse.

En ocasión de la reunión de Goity con la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside Gisel Mammud, la legisladora señaló -a los medios presentes- que “todos los legisladores de la Cámara de Diputados y también el propio ministro y su equipo ratificamos la necesidad de que sea esta la Legislatura que sancione la ley de educación de la provincia de Santa Fe por primera vez en la historia”.

La diputada remarcó que ahora el paso clave es que el Senado trate el proyecto que crea la comisión que permitirá comenzar formalmente con la etapa de escucha y participación. “Es realmente muy importante que tengamos una coincidencia entre los diputados de la comisión y el Ministerio en la necesidad de que esta sea la Legislatura que sancione la ley de educación”, sostuvo.

Y puso el foco en los tiempos: "Todos ratificamos la importancia de que el Senado próximamente y lo antes posible le dé tratamiento al proyecto que crea la comisión para comenzar con el proceso de escucha, de participación y de debate para elaborar la ley de educación provincial".

Goity también planteó, en declaraciones periodísticas, que la discusión no debería limitarse a ordenar o reunir en una norma las políticas que ya existen. Para el ministro, la futura ley debe funcionar como una hoja de ruta para el sistema educativo santafesino.

“Después de la reforma constitucional, que ha sido muy importante, que ha sido un hecho histórico para la provincia de Santa Fe, nos debemos una ley de educación”, afirmó.

Y agregó una definición política sobre la responsabilidad que recae sobre la actual composición legislativa: "Yo considero que es esta Legislatura, cuando digo esta Legislatura, no digo la Legislatura como institución, sino estos legisladores, los que tienen la gran oportunidad, pero también la responsabilidad de sancionar una ley de educación”.

El funcionario recordó que el actual período legislativo se extiende hasta 2027, pero dejó planteada la necesidad de aprovechar el tiempo disponible para evitar que el debate vuelva a quedar postergado. Para Goity, el contenido de la norma debería escapar a una mirada conservadora del sistema educativo. "Tiene que ser la ley del futuro", resumió. “Tenemos que legislar para el futuro y tenemos que legislar para la Santa Fe que queremos y que tenemos la obligación y la responsabilidad de construir”, afirmó.

"Tenemos que hacer mucho estudio de legislación comparada. No solamente mirarnos el ombligo, sino ver qué es lo que se está haciendo en el mundo, hacia dónde van los sistemas educativos, hacia dónde apuntan las mejores y más modernas legislaciones", sostuvo. Y dejó una advertencia que cobra especial relevancia frente al calendario político: "Aprovechar esta oportunidad que no se va a dar mucho tiempo para hacer la mejor ley posible".

Entre las prioridades mencionó los aprendizajes y la calidad educativa, en línea con los resultados de las evaluaciones Aprender y el Plan de Alfabetización que lleva adelante la provincia.

Ya en el recinto, no se habló específicamente de la futura ley, sino que tanto el ministro Goity como las secretarias presentes (María Martín, Carolina Piedrabuena y Daiana Gallo Ambrosis) informaron a los diputados sobre números: el Plan Raíz, infraestructura educativa, repitencia y trabajo de los equipos socioeducativos. Un par de diputados consultaron sobre escuelas técnicas y baja de natalidad.

El desafío es que la Ley de Educación no quede relegada frente a otras discusiones institucionales que hoy concentran buena parte de la atención de la Legislatura, especialmente el debate por la reforma de la ley electoral.

La proximidad de un nuevo año electoral también modifica los tiempos políticos. La primera Ley de Educación de Santa Fe requiere un debate amplio, con participación de la comunidad educativa y territorial, pero al mismo tiempo necesita atravesar las distintas etapas legislativas antes de que la agenda electoral gane definitivamente el centro de la escena.

La docencia universitaria realizará este miércoles 12 de agosto un paro nacional de 24 horas, en reclamo del pago de la "deuda salarial” y por el “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” por parte del Gobierno nacional. También hará lo propio el personal del sector "no docente".

La medida de fuerza -que afectará a la Universidad Nacional del Litoral (UNL)- se desarrollará en coincidencia con una jornada nacional de movilización en defensa de la ciencia, la tecnología y las universidades públicas.

Conadu Histórica (junto al gremio de base a nivel local), así como la federación nacional que nuclea a los no docentes, Fatun (junto a su sindicato con injerencia en Santa Fe), anunciaron que acompañarán y participarán de la jornada federal junto a trabajadores de los organismos de ciencia y tecnología y de las universidades nacionales.

En ese marco, científicos, técnicos y becarios convocaron a movilizarse con camisetas o banderas argentinas como símbolo de respaldo a la ciencia pública. La marcha tendrá lugar el miércoles a las 16 horas en el Obelisco, y en simultáneo, en distintas ciudades del país, entre ellas, Rosario.

El Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario bajo la niebla. Crédito: Fernando Nicola

El gremio docente sostiene que la protesta busca visibilizar el “desfinanciamiento y desmantelamiento” del sistema científico y universitario. Entre sus reclamos menciona proyectos estratégicos paralizados, pérdida de puestos de trabajo, expulsión de investigadores y jóvenes profesionales, becas que no se renuevan y la desarticulación de organismos científicos.

En el plano salarial, el sindicato reclama “el pago total de la deuda que el Gobierno mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria”, que según el sindicato asciende al 28,5% a junio. También exige el pago de los retroactivos generados por el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado de prensa conocido en las últimas horas- que el Gobierno nacional “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional”, tanto en materia de hospitales universitarios como de salarios y gastos de funcionamiento.

En materia de hospitales universitarios, la cartera informó que al 10 de agosto había transferido a la Universidad de Buenos Aires $ 20.000 millones y que otros $ 20.000 millones se encontraban devengados y “en proceso de transferencia”. También informó fondos para la Universidad Nacional de Cuyo y asignaciones en trámite para los hospitales de las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja.

Sobre los salarios, Capital Humano señaló que transfirió $ 666.823 millones correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio y a la primera cuota del aguinaldo, mientras que para julio asignó otros $ 448.544 millones. El Ministerio sostuvo que "continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio" con los gremios docentes y no docentes universitarios y que los aumentos “se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

Sandra Pettovello, ministra de de Capital Humano.

El Gobierno, además, cuestionó la medida de fuerza y la calificó como un paro “ilegítimo”, al sostener que responde a “motivaciones políticas” y que “no tiene como prioridad la educación”. Según el comunicado, “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes”.

El paro de este miércoles forma parte de un plan de lucha más amplio de Conadu Histórica. El gremio anunció una “semana de paro nacional de la docencia universitaria del 18 al 22 de agosto” -tras el feriado del lunes 17-, por lo que la protesta continuará durante 5 jornadas consecutivas.

Las medidas de fuerza buscan que el Gobierno cumpla con el "pago de lo adeudado" y, además, con la ley de Financiamiento y con lo establecido en la cautelar, particularmente en lo referido a los artículos de salarios y becas. Sin embargo, el Gobierno recién convocó a una nueva paritaria para el 1° de septiembre, lo que es leído por los sindicatos como que “no habrá aumento hasta ese momento, por lo que llegaremos a septiembre con dos meses -julio y agosto- sin ningún incremento salarial”.

Santa Fe convive con una condición geográfica única: se encuentra entre los ríos Paraná y Salado y parte de su desarrollo urbano se produjo ocupando zonas inundables. Esa realidad obliga a sostener uno de los sistemas de bombeo más importantes del país, más aún cuando se espera un fenómeno de El Niño para los últimos meses de este año. En total, la ciudad dispone de 54 puntos operativos de bombeo.

De ellos, 20 son estaciones fijas, mientras que los 34 restantes corresponden a puntos operativos donde, cuando las condiciones lo exigen, se instalan bombas móviles previamente asignadas..

“No hay ciudad que tenga tantos puntos de bombeo como Santa Fe. Esto habla de la situación de vulnerabilidad hídrica que tenemos y de la importancia de mantener en óptimas condiciones el sistema”, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal, Eduardo Rudi.

La red se distribuye en distintos sectores de la ciudad para responder a las características de cada cuenca. Las principales estaciones o “casabombas” se encuentran en el sistema Oeste, desde la denominada Estación de Bombeo Cero, ubicada en la zona de la cancha de Colón -la última en construirse hace siete años-, hasta las estaciones 1 a 6 que llegan hacia Teniente Loza.

También existen estaciones en Varadero Sarsotti, Puerto, Costanera, Alto Verde, El Pozo, Bajada Di Stéfano, La Guardia, Colastiné Sur, Colastiné Norte. Y están las estaciones de rebombeo ubicadas en Catamarca y Freire, y en Dorrego y Larrea, que permiten elevar el agua desde conductos profundos hacia otros de mayor nivel para facilitar su evacuación.

El corazón del sistema son los reservorios, donde desemboca el agua de lluvia que escurre naturalmente desde las distintas cuencas de la ciudad. El director de Hidráulica y Obras Sanitarias, Leandro Depiante, explicó que Santa Fe tiene una pendiente natural hacia el sur, por lo que cada cuenca conduce el agua hacia una estación de bombeo determinada.

Cada reservorio cuenta con sensores automáticos que activan progresivamente las bombas según aumenta el nivel del agua. “A partir de determinado nivel se pone en funcionamiento una, dos, tres o todas las bombas disponibles según la necesidad”, indicó. En cambio, las motobombas diésel se accionan manualmente debido a su gran capacidad de evacuación.

Una de las estaciones más importantes es la Casabomba Nº 3 del sector Oeste. Allí funcionan cinco electrobombas capaces de evacuar aproximadamente 10.000 metros cúbicos de agua por hora, además de una motobomba alimentada a gasoil que puede operar con una capacidad similar si se interrumpe el suministro eléctrico.

La estación trabaja de manera permanente porque en ese sector no existe descarga por gravedad. “Si no bombeamos, el agua no sale. Esto sucede en las estaciones del Oeste de la 1 a la 4, porque no existen descargas por gravedad”, resumió Rudi.

Por esa razón cuenta con operadores las 24 horas, los 365 días del año, además de custodia policial y personal permanente. El objetivo es mantener bajos los niveles del reservorio para disponer de capacidad de almacenamiento cuando se producen lluvias intensas.

Además de las estaciones permanentes, la ciudad dispone de bombas móviles que se instalan cuando las condiciones lo requieren. La decisión depende del comportamiento de los ríos, de las precipitaciones registradas y de cuánta agua se acumule en un sector determinado de la ciudad.

Es la Dirección de Hidráulica la que evalúa cuándo corresponde montar esos equipos. Aunque se las denomina móviles, tienen ubicaciones previamente definidas dentro del sistema de defensas y solamente se trasladan hacia esos puntos operativos cuando resulta necesario.

Según Rudi, desde el inicio de la gestión municipal se priorizó la recuperación del sistema de bombeo. Indicó que “se reparó el 30% de la infraestructura que presentaba deficiencias, se reacondicionaron bombas y tableros eléctricos, se adquirieron insumos para disponer de stock permanente y se reforzó el mantenimiento preventivo”.

En este sentido, desde la Dirección de Estaciones de Bombeo detallaron que se repararon -a cargo de terceros- 8 equipos de bombeo de 600 m3/h y otro de 1.000 m3/h, mientras que personal municipal arregló 5 equipos de 2.000 m3/h. También se pusieron en condiciones rejas, compuertas y otros dispositivos del sistema, se repusieron tapas y rejas en descargas de estaciones de bombeo, se pusieron en condiciones tableros generales de comando y potencia, se construyeron rejas y pórticos de izaje en distintos puntos operativos y se procedió al mantenimiento integral de las motobombas del sector Oeste.

Depiante remarcó que el funcionamiento del sistema no depende únicamente de las bombas, sino también del mantenimiento permanente de toda la red de drenaje. En esas tareas intervienen personal de Hidráulica, cuadrillas de Ambiente, cooperativas de trabajo y empresas especializadas que realizan limpieza de grandes canales y desobstrucción de conductos mediante camiones hidrocinéticos y de aspiración.

“Todo eso conforma un trabajo que se hace los 365 días del año para que, al momento de cada lluvia, el sistema esté en las mejores condiciones posibles para recibir y evacuar el agua”, señaló.

Al respecto, Rudi indicó que “se intervinieron con tareas de limpieza 250 km de canales. Es decir, personal de la Dirección de Hidráulica ya intervino 4 veces los canales, dicho de otra manera, le dio 4 vueltas de limpieza al sistema. Y se recuperaron 17.000 m3 de reservorios intermedios. El presupuesto anual estimado en licitaciones de desobstrucción y limpieza asciende a 3.000 millones de pesos”.

Por otra parte, se invirtieron más de 8.500 millones de pesos en el sistema de defensas entre 2024 y 2026 -en lo que hace a protección del ejido urbano de Santa Fe- y se limpiaron 155 km de canales en conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.

El Ministerio de Educación de Santa Fe convocó al concurso de ingreso a la docencia -titularización- de cargos de base y horas cátedra vacantes en los niveles de Educación Inicial y Primaria y en distintas modalidades del sistema educativo provincial. En esta oportunidad, las novedades para los aspirantes a ingresar al sistema educativo es que se exigirá haber hecho los cursos de las leyes Micaela y Yolanda -al momento de toma de posición del cargo-, y que se computarán los antecedentes de las formaciones ofrecidas por la cartera educativa.

Según se informa en el sitio oficial del ministerio, la inscripción se realizará exclusivamente de manera online entre el 11 y el 20 de agosto, en el marco de la primera etapa del cronograma previsto por la Resolución Ministerial Nº 1969/2026.

La convocatoria forma parte de los compromisos asumidos en el acta paritaria docente firmada el 18 de febrero de este año y tiene como objetivo cubrir las vacantes remanentes del último movimiento de traslados que arrancó en julio.

Podrán inscribirse los docentes que reúnan las condiciones establecidas en la normativa vigente (Decreto Nº 3029/12 y sus modificatorias) y que acrediten al menos dos años de antigüedad en la docencia al 30 de junio de 2026 como suplentes o interinos.

Además de los cargos de Educación Inicial, Primaria y Especial (IPE), el concurso comprende vacantes en las modalidades Hospitalaria y Domiciliaria, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Intercultural Bilingüe y Educación en Contextos de Privación de la Libertad.

Las vacantes corresponden a los cargos remanentes del último concurso de traslados y serán ofrecidas una vez finalizadas todas las etapas del proceso de inscripción, admisión, confección de escalafones, resolución de impugnaciones y aprobación del orden de mérito definitivo previsto por la normativa.

Quedó establecido que los agentes que integran las fuerzas de seguridad no podrán titularizar cargos u horas cátedra correspondientes a Educación en Contextos de Privación de la Libertad, en cumplimiento de la normativa del Consejo Federal de Educación.

Entre los requisitos fijados para asumir los cargos, el ministerio estableció que los aspirantes deberán acreditar -para la toma de posesión del cargo y/u horas- la aprobación de las capacitaciones correspondientes a la Ley Yolanda y la Ley Micaela.

La Ley Provincial N° 14.178 de Santa Fe -adhiere a la ley nacional homónima- establece la capacitación obligatoria en temática ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Rinde homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.

En tanto, la Ley Provincial N° 13.891 de Santa Fe es la norma mediante la cual la provincia se adhiere a la normativa nacional conocida como “ley Micaela”. Establece la capacitación obligatoria en derecho, perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado provincial. Es en nombre de la joven víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

Cabe destacar que este será el primer concurso de ingreso que se desarrollará bajo el nuevo esquema de valoración de antecedentes implementado este año por el Ministerio de Educación.

Entre las principales modificaciones, la cartera educativa resolvió que “solo serán considerados para el puntaje los cursos de formación continua certificados por el Ministerio de Educación de Santa Fe y registrados en el Sistema de Gestión de la Formación (SGF), siempre que sean pertinentes para el nivel y la modalidad concursados”.

La novedad había sido confirmada por el ministro de Educación, José Goity, al término de la primera reunión paritaria con los gremios docentes de este segundo semestre del año. “Vamos a incorporar por primera vez en 20 años un ítem que es capacitación para el docente. ¿Qué mejor manera de reconocer al buen docente? ¿Qué mejor manera de reivindicar al docente, prestigiarlo y darle credibilidad social que reconocerle la capacitación para poder acceder al cargo de titular?", sostuvo.

Por otra parte, el gremio de la docencia pública, Amsafe, presentó este jueves ante el Ministerio de Educación y en todas las Regionales de Educación un relevamiento de vacantes realizado por el propio sindicato. Y reclamó que “la totalidad de los cargos y horas cátedra disponibles sean ofrecidas al próximo movimiento de traslado”, cuyos escalafones provisorios están expuestos desde el 29 de julio.

El gremio exigió, además, que “se sumen las vacantes originadas por tareas diferentes definitivas” y pidió un “proceso transparente” y que “ninguna vacante quede excluida” en la conformación de la nómina definitiva, al sostener que el traslado constituye un derecho de los docentes que permite mejorar sus condiciones laborales, favorecer la organización familiar y garantizar el acceso a todas las vacantes existentes.

El Gobierno de Santa Fe oficializó este lunes por decreto la política salarial para los docentes correspondiente al segundo semestre de 2026, en una jornada atravesada por el paro nacional y que en la provincia tuvo su correlato a cargo del gremio estatal, aunque el Ejecutivo aseguró que las escuelas “permanecieron abiertas”.

El Decreto 1599/2026 -con fecha de este 3 de agosto- incorpora una compensación para aquellos docentes cuyos salarios de bolsillo durante el primer semestre hayan aumentado menos que la inflación medida por el Ipec. En esos casos, se reconocerá una suma no remunerativa y no bonificable para equiparar el incremento al 17,1%, porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor provincial acumulado hasta junio.

La norma dispone un incremento salarial del 10,1% para el segundo semestre, que se abonará en forma escalonada sobre los salarios de junio de 2026. El cronograma prevé un 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% tanto en noviembre como en diciembre.

Además, el decreto garantiza que el aumento no sea inferior a determinadas sumas de bolsillo por cargo. Establece un piso de 80.000 pesos desde julio, 100.000 pesos desde agosto, 130.000 pesos desde octubre y 180.000 pesos desde diciembre, mediante sumas fijas no remunerativas y no bonificables, que serán absorbidas por los incrementos posteriores.

Además, mantiene "las sumas no remunerativas excedentes otorgadas en acuerdos anteriores" y autoriza a la Caja de Jubilaciones provincial a trasladar proporcionalmente los incrementos al sector pasivo docente. Cabe destacar que los aumentos salariales derivados de la última negociación paritaria se pagarán por planilla complementaria a mediados del próximo mes, según ya lo había adelantado el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó este lunes al mediodía que la jornada se desarrolló con normalidad en el sistema educativo santafesino. “En Santa Fe, en el día de hoy, las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad en todo el territorio provincial”, sostuvo, en referencia al paro nacional, al que adhirió Amsafe.

La funcionaria remarcó que el objetivo de la gestión provincial es que “los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo” y destacó el compromiso de los docentes con el Plan Raíz.

Además, indicó que el Gobierno mantiene un sistema de monitoreo mediante declaraciones juradas para determinar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y recordó que el plazo para presentarlas vence este miércoles. En ese sentido, a los docentes que no hayan dado clases se les descuenta el día, además de que incide en el cobro del premio a la Asistencia Perfecta.

Como dato preliminar, el Gobierno informó -mediante un parte complementario- que relevó 3.151 escuelas, equivalentes al 81% del total, y aseguró que solo cuatro establecimientos permanecieron cerrados, lo que representa el 0,13% del sistema educativo provincial.

Con respecto del rechazo sindical a la oferta salarial, Coudannes cuestionó los porcentajes difundidos por los gremios. “Es difícil poder pensar que el 90 % de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real, porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, expresó.

Consultada respecto de que algunos establecimientos públicos registraron poca presencia de chicos -dado que los padres no los habrían enviado-, respondió que todas las aulas estuvieron cubiertas para garantizar el dictado de clases y volvió a apelar al compromiso de las familias. “Es importante que desde el Estado abramos las puertas de las escuelas. También siempre apelamos al compromiso de la familia en el trayecto educativo de los niños y las niñas”, afirmó.

Durante la jornada, el sindicato Amsafe difundió imágenes de escuelas con escasa presencia de estudiantes y aseguró que la baja asistencia constituyó “una muestra del acompañamiento de muchas familias a los reclamos por mayor financiamiento para la educación pública”. El tema de la discusión sobre si enviar o no a los hijos a la escuela, se debatió incluso en grupos de whatsapp de padres la noche anterior, lo que suma un nuevo dato a la hora de evaluar las medidas.

La huelga fue convocada por Ctera bajo el argumento de que el Gobierno nacional mantiene paralizada la paritaria docente -que fija el piso de referencia- y continúa el desfinanciamiento del sistema educativo. También hubo una marcha en Buenos Aires, en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo que se dirigió al Ministerio de Economía, en sintonía con los estatales ATE, que ya habían anunciado un paro y una movilización hacia allí.

Entre los principales reclamos docentes figuran la convocatoria urgente a la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo, mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas, además del rechazo a la reforma jubilatoria y al proyecto de ley de libertad educativa impulsado por la Nación.

El Gobierno nacional decidió supervisar por primera vez el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo durante un paro docente, al considerar que la educación es un servicio esencial según la Ley 27.802. La medida fue cuestionada por los gremios, que la interpretaron como un avance sobre el derecho de huelga.

El Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar que se garantizara al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, con controles que estarían a cargo de inspectores de la Secretaría de Trabajo. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno advirtió que evaluaría la aplicación de sanciones económicas a los sindicatos.

Para coordinar el operativo, el domingo previo al paro se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, encabezado por el Ministerio de Capital Humano. No obstante, desde el Gobierno santafesino, se dispuso que "el Ministerio de Educación no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes".

Los números de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) contrastan con los porcentajes oficiales que dominaron la agenda nacional en los últimos días. Según datos de la casa de estudios, la UNL cuenta con 81 estudiantes extranjeros, equivalentes al 0,125% de sus estudiantes de grado. En la carrera de Medicina -que el Gobierno nacional puso en el centro del debate-, cursan 19 estudiantes extranjeros, que representan apenas el 0,66% de la matrícula.

La discusión volvió a instalarse luego de que el Gobierno nacional ratificara, la semana pasada, la vigencia del DNU 366/2025, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La aplicación de esa medida no es obligatoria: cada universidad conserva su autonomía para decidir si implementa o no ese mecanismo. Así lo recordó, a través de un tuit, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En ese contexto, ahora el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante su conferencia de prensa de este martes que “hasta prácticamente un 40%” de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. Luego reforzó esa afirmación en su cuenta de X, donde aseguró que el porcentaje exacto asciende al 39% de los alumnos regulares de esa facultad, citando datos de un cuadro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, donde figuran varias casas de estudio, entre ellas, la de Rosario.

Ravier defendió la posibilidad de que las universidades cobren a estudiantes extranjeros al señalar que “estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países” y sostuvo que la medida permitiría administrar mejor los recursos públicos sin afectar la autonomía universitaria.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA.Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb

Las declaraciones fueron rápidamente cuestionadas por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien difundió -también vía redes sociales- otra interpretación de los datos. Según explicó, en 2026 los estudiantes extranjeros con “residencia temporal, transitoria o precaria” representan el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes de la universidad y el 6,1% de quienes ingresan a Medicina. También indicó que en Odontología alcanzan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es inferior al 2%.

Además, Yacobitti recordó que para inscribirse en una universidad argentina los estudiantes extranjeros deben contar con DNI argentino o acreditar periódicamente su residencia, y sostuvo que el debate debe realizarse “con información precisa”.

Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información 👇🏻En 2026, de los más de 70.000 ingresantes…

Una explicación similar aportaron a los medios desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde señalaron que la diferencia surge del universo estadístico que se tome como referencia. Indicaron que, si se analiza la cohorte que comenzó este año la carrera de Medicina, hay alrededor de 2.200 estudiantes, de los cuales unos 600 provienen de otros países, principalmente Brasil, una proporción cercana al 20%.

Sin embargo, aclararon que muchos de esos alumnos adquieren posteriormente la ciudadanía argentina durante el transcurso de una carrera que dura alrededor de 6 años. Por ese motivo, si se contabiliza únicamente a quienes mantienen exclusivamente nacionalidad extranjera, el porcentaje desciende a menos del 2%. Esta diferencia, según explicaron, ayuda a entender por qué Gobierno y universidades presentan cifras tan diferentes sobre un mismo fenómeno.

La polémica se enmarca dentro de otro debate: el que empezó en agosto de 2025 con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ella se determinó un aumento presupuestario para docentes y casas de estudio, según el aumento de la inflación mes a mes. Veto y rechazo mediante, marchas en todo el país y presentaciones que llegaron a la Corte Suprema, culminaron con un fallo que obliga al Gobierno a empezar a liquidar los sueldos docentes con la nueva composición salarial indicada por la ley.

Además, no es la primera vez que el tema de los estudiantes extranjeros en Argentina surge en la escena política nacional. Ya había ocurrido en diciembre de 2024, cuando recién se empezaba a debatir el proyecto de DNU de cobro a los extranjeros. Cabe recordar que el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores prohíbe que los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal tengan cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos.

Santa Fe logró una mejora significativa en los resultados de las pruebas Aprender 2025, especialmente en Lengua, donde registró uno de los avances más importantes con relación a la anterior evaluación del 2023. Según el informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación, el 76% de los alumnos de 6to grado santafesinos alcanzó niveles "satisfactorios" o "avanzados" en Lengua, 11 puntos porcentuales más que en 2023.

En Matemática, la provincia también mostró una recuperación. El porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios y avanzados pasó del 49,8% en 2023 al 54,2% en 2025, lo que representa una mejora de 4,4 puntos porcentuales, aunque todavía se mantiene por debajo de los registros obtenidos antes de la pandemia.

El informe llamado “Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina” con autoría de Eugenia Orlicki, Martín Nistal y Lucía Vallejo, analiza los resultados del operativo de evaluación censal que abarcó a 752.936 estudiantes de 6to grado de 20.298 escuelas de todo el país, con una participación del 84%.

Los datos muestran que la evolución de los desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua de la provincia de Santa Fe es la siguiente: 67,6% (en el año 2016); 74,6% (2018); 70,7% (2021); 65,1% (2023); 76% (2025).

Con estos resultados, Santa Fe se ubica cerca del registro promedio del país que está en 76,9%, en Lengua.

En Matemática, los resultados santafesinos también evidencian una recuperación respecto de 2023, aunque el nivel continúa lejos de los mejores registros históricos de la provincia. La evolución es la siguiente: 62,2% (en 2016); 58,2% (2018); 55,5% (2021); 49,8% (2023) y 54,2% (2025).

Si bien el incremento de 4,4 puntos representa una mejora, el desempeño continúa mostrando que casi la mitad de los estudiantes santafesinos no alcanza los niveles esperados en esa área. En comparación, Santa Fe está apenas un punto por debajo del promedio nacional que se ubica en 55% en Matemática.

A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua aumentó 10,5 puntos porcentuales, pasando del 66,4% al 76,9%. En Matemática, la mejora fue de 3,5 puntos, al crecer del 51,5% al 55%.

En el comparativo por provincias, en Lengua, los mayores avances se registraron en San Juan (14,0 puntos porcentuales), Catamarca (13,5 pp) y La Rioja (13,2 pp). En Matemática, las mejoras más importantes se dieron en La Rioja (6,3 pp), Catamarca (6,2 pp) y La Pampa (5,9 pp).

El informe sostiene que en 23 de las 24 jurisdicciones se observan mejoras en Lengua, y en 22 jurisdicciones, en Matemática. Las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio en Lengua son Ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En el otro extremo, las provincias con menores niveles de desempeño son Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%).

En Matemática, las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio son Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%), mientras que los valores más bajos se registran en Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).

Pese a la mejora general, el estudio advierte que las diferencias según el nivel socioeconómico siguen siendo muy marcadas. Entre los estudiantes de sectores de mayor nivel socioeconómico, el 89% alcanza desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y el 73% en Matemática. En cambio, entre los alumnos de menores recursos esos porcentajes descienden al 67% en Lengua y al 43% en Matemática.

También persisten diferencias entre escuelas estatales y privadas. En las instituciones públicas, el 72% de los estudiantes obtuvo resultados satisfactorios en Lengua y el 48,5% en Matemática, mientras que en las privadas esos valores ascienden al 90,2% y 72,7%, respectivamente.

Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, sostuvo que "la mejora en Lengua que muestra Aprender 2025 respecto de la medición de 2023 es la primera evidencia concreta del Compromiso por la Alfabetización".

Por su parte, la investigadora de Cippec, Cecilia Veleda, señaló que "es esperanzador que haya avances en Lengua, porque muestran que es posible mejorar los niveles de aprendizaje. Cuánto de esto es atribuible a las políticas en curso es difícil de precisar. Es posible que responda, al menos en parte, a un efecto rebote pospandemia, con una mayor regularidad en la asistencia a clases. En Matemática, en cambio, el desafío sigue siendo muy grande ya que solo el 55% de los estudiantes de 6to grado alcanza aprendizajes satisfactorios".