En un acto cargado de significación política, que contó con representantes de los tres poderes institucionales de la Provincia de Santa Fe la Cámara de Senadores le dio a su recinto el nombre de “Aldo Tessio y Jorge Obeid”, dos ex gobernadores, del radicalismo y del peronismo que resultan figuras ineludibles para ambas fuerzas partidarias.

A contrapelo de la grieta nacional, los 19 senadores presentes en el acto celebraron, con discursos, reflexiones y anécdotas, a ambos titulares del Poder Ejecutivo Provincial bajo el signo de la convivencia democrática.

Foto: Senado de Santa Fe

El acto fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, acompañado en el estrado por los jefes de los tres bloques. El también radical Rodrigo Borla; el líder del bloque PJ, Rubén Pirola; y el monobloque asociado al oficialismo de Joaquín Gramajo.

Representantes de los tres poderes de la provincia, así como el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti participaron del acto. No pudo tomar parte el gobernador Maximiliano Pullaro, que envió a dos de sus ministros, Fabián Bastia de Gobierno y José Goity de Educación.

En primera fila se ubicaron también la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y los dos ex gobernadores que integran la Cámara baja, Omar Perotti y Antonio Bonfatti. Hubo numerosos diputados y la totalidad de los senadores, así como familiares de los homenajeados y dirigentes históricos de los dos partidos.

En la ceremonia se presentaron los trabajos hechos durante el receso en el recinto, al que se le renovó el lustre de las nobles maderas del mobiliario -las bancas lucen como nuevas-, se reemplazó por completo la ajada alfombra roja y se modernizó completamente el sistema de imagen y sonido para las transmisiones en vivo y archivo de las sesiones.

Además, ahora los senadores cuentan con un sistema de pantalla táctil para votar los asuntos más importantes, que permite un control visual más sencillo para quien mire de modo remoto las reuniones.

Foto: Senado de Santa Fe

Obviamente en cada sesión están abiertas las barras a cualquier ciudadano que se presente con su DNI en el ingreso de la Legislatura, pero también se apuesta porque haya un mayor interés de los santafesinos por los debates públicos accesibles desde la web oficial.

Entre los invitados más destacados estuvieron la ex vicegobernadora Griselda Tessio y la ex diputada Alejandra Obeid. Por los familiares del ex gobernador radical también estuvo su nieta,

Mercedes Vazquez Rossi; en tanto que por el dos veces gobernador justicialista, asistió su viuda, Elba Keller, además de hijos y nietos que fueron parte de la reunión.

Acaso quien de mejor forma sintetizó el valor de lo sucedido en el Senado, en el actual contexto político nacional, fue la hija de Tessio que aseguró que a su padre le hubiera gustado “estar aquí” porque le gustaban los homenajes a los dirigentes de su partido y también de otras fuerzas políticas.

Habló de la amplitud de miras de quien gobernó entre 1963 y 1966, pero de los dos homenajeados subrayó: “Es un homenaje desde la democracia a dos políticos de la democracia, porque en momentos en donde hay riesgo para la democracia es con más democracia. Y en momento en que se demoniza a la política, la única manera de reafirmarla es con más política”.

“Mi padre fue un reformista de la Reforma del 18, un político que afilió a los 18 años al radicalismo y fue un político que con más de 90 murió sin haber traicionado ninguna de sus convicciones”.

En tanto, la ex diputada Obeid recordó padre y subrayó sus valores y virtudes, además de su gestión que fue capaz de dejar un importante cifra para constituir un fondo anticíclico que se logró “con eficiencia, con equilibrio fiscal y con los santafesinos adentro” comparó con el ajuste nacional.

Para Alejandra hablar de su padre fue también cumplir con un mandato: subrayó a viva voz que el ex intendente de la ciudad que dos veces gobernó la provincia, “era un gran tatengue” y más tarde con gracia agregó “con grandes amigos colonistas”.

Al concluir acudió a un anécdota. Obeid dejaba para siempre la Casa Gris como gobernador, en 2007, iba a asumir Binner que recibía toda la atención de la prensa. En esa última caminata a casa, un periodista lo abordó y le preguntó cómo le gustaría ser recordado por su gestión y él respondió “quiero que se me recuerde como a un buen tipo”.

Al fundamentar la decisión, Michlig afirmó que el homenaje busca preservar la memoria institucional y reconocer "a quienes dejaron una huella perdurable en la historia de la provincia", destacando en ambos exgobernadores su vocación de servicio, el compromiso con las instituciones y la permanente búsqueda del bien común.

Asimismo, recordó que se llevó adelante a raíz de sendas iniciativas impulsadas oportunamente por el senador Rubén Pirola y de su autoría, aprobadas por la totalidad del Cuerpo.

En ese marco, recordó que la gestión de Aldo Tessio dejó como legado obras emblemáticas como la Autopista Rosario-Santa Fe y el fuerte impulso al Túnel Subfluvial, mientras que resaltó de Jorge Obeid su decisiva participación en la concreción de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 19 y del Puente Rosario-Victoria.

“Que los nombres del Dr. Aldo E. Tessio y del Ing. Jorge A. Obeid acompañen desde hoy la vida cotidiana de este recinto en un homenaje permanente a su legado y, al mismo tiempo, una inspiración para continuar construyendo una provincia donde el servicio público, el respeto por las instituciones y el compromiso con el bien común sigan siendo los pilares de la vida democrática”.

A su turno, Pirola destacó el legado democrático de ambos exgobernadores y reivindicó una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la construcción de consensos, la vocación de servicio y la planificación de largo plazo.

“En momentos de políticas tan malas en nuestro país, se hacen más visibles las figuras de estas personalidades que tenían una mirada más allá del corto plazo y que entendían que la política no era construir poder sino liderar, liderar para aportar a la construcción de un futuro mejor para todos”, expresó.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe fue convocada a sesión ordinaria para este jueves 30 de julio con pocos temas fuertes inmediatos, aunque en su agenda de trabajo para lo que resta del período ordinario de sesiones contenga asuntos muy relevantes, entre ellos, la reforma electoral que implicará la sanción de un código en la materia.

Para esta primera sesión tras el receso, a 48 horas de la reunión, todo indica que lo más interesante serán seguramente las reflexiones que en torno a las figuras de dos ex gobernadores y sus condiciones de estadistas.

El recinto de la Cámara alta fue restaurado en su mobiliario y renovados sus sistemas de audio e imagen y se le impondrá el nombre de "Aldo Tessio y Jorge Obeid" al hemiciclo de las 19 bancas, que vuelven a lucir sus nobles maderas.

El acto será presidido por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, está programado para las 15 horas y han sido invitados familiares y personalidades políticas cercanas al radical y el justicialista.

Más allá de esa interesante actividad, que cobra mayor valor al ir a contrapelo de las grietas nacionales, el cuerpo volverá a sesionar luego de 4 semanas al cabo del receso legislativo y los últimos trabajos de la mencionada mejora. Y volverá antes a los temas que dejó pendientes el 2 de julio en su cuadernillo de preferencias o en la actividad de la otra cámara.

El futuro Código Electoral tiene el visto bueno dentro de Unidos a nivel de sus principales dirigentes y lo que resta por añadir o quitar es relativamente poco para una norma más que extensa. Hay como se sabe tantos proyectos presentados como fuerzas políticas componen el oficialismo.

Por ahora no ha tenido lugar una reunión en la que los senadores y diputados acuerden cómo seguir, más allá de que todo indica que serán los senadores quienes inicien la discusión y la negociación.

De Diputados está en el Senado con media sanción y una fuerte presión por su tratamiento la media sanción para que se agregue la actividad de los cuidacoches o "trapitos" a lo que está penado por la ley.

El proyecto que nació en el Senado a raíz de una iniciativa del rosarino Ciro Seisas recibió fuertes modificaciones por los bloques de diputados mayoritarios y ahora la Cámara alta podría imponer su número pero por ahora no hay consenso.

La Casa Gris ha impugnado las dos versiones con que el tema prosperó en sendas cámaras porque poner en calidad penal esa (hasta ahora) falta municipal podría distraer recursos en un área más sensible: la seguridad.

En el despacho aprobado por unanimidad por los senadores se daban herramientas legales para una actuación más dura de los agentes municipales de las guardias de seguridad urbana, pero entre los cambios plasmados en Diputados se crea incluso una instancia de revisión de esos procedimientos a nivel judicial.

Por ahora, solo hay condiciones como para que ese expediente no logre más que renovar su preferencia (comprometer un futuro eventual tratamiento) y acaso ni eso. En cambio, con las reformas penales de fondo que pretende el gobierno provincial hay más razones para suponer que la demanda para que el tema avance es mucho mayor.

Se trata de agravar sanciones y penas, y de dotar de más poder a la policía incluso para los allanamientos sin orden judicial ni comunicación a fiscalía. Para unos la manera de terminar con la "puerta giratoria" de los delincuentes, para otros un "populismo punitivo", según las calificaciones y descalificaciones más repetidas en Diputados donde se encuentra el tema.

En comisiones de esa Cámara está el mensaje con las "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", que impulsa el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. La iniciativa ha sido objetada por actores judiciales e incluso los ministros de la Corte que advierten que al menos cinco puntos podrían ser objetados por inconstitucionalidad.

Cada dos meses los usuarios del gas natural por redes notarán diferencias en los componentes de sus tarifas, a partir de las boletas emitidas para los consumos que se produzcan en agosto.

Habrá variaciones en el precio del metro cúbico que serán más frecuentes, con impacto bimestral, en lugar de estacional (cada cuatro meses).

Obviamente, las boletas mostrarán esas modificaciones desde septiembre en adelante, cuando comienza a descender el consumo de gas por parte de los usuarios. Y a ese rubro se agregarán las cuotas del sobrecosto de importar gas mediante buques de GNL.

Según la resolución 167 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, se busca, mediante “medidas complementarias”, poder “contribuir a evitar que el pago a realizar por los usuarios se vea afectado por un doble efecto estacional: el aumento en las cantidades demandadas y la simultánea suba del precio del gas durante el invierno, en aras de una mayor previsibilidad para el usuario final”.

También menciona “el contexto internacional en el que se dan las adquisiciones adicionales de gas, por parte de las prestadoras del servicio de distribución, de manera de propiciar el sostenimiento de los flujos financieros necesarios para afrontar los compromisos propios de la prestación del servicio público y de las inversiones establecidas”.

La decisión otorgará una “herramienta” a las empresas distribuidoras que pagan el precio del gas según lo dicta el mercado y lo cobran a sus usuarios un valor atado a un precio estimado por el regulador, hasta que se las compensa mediante un complejo mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas.

Ahora, bimestre a bimestre, los impactos ya no tendrán las típicas variaciones estacionales fuertes, que daban dos curvas a la suba y la baja según el clima.

Los límites de la capacidad del país para cubrir sus necesidades energéticas, debidos al atraso de su infraestructura, explican también el costo extra del gas en este invierno.

La Argentina, pese a contar con el yacimiento de Vaca Muerta, por su escasa inversión en gasoductos durante décadas y la decisión del gobierno nacional actual de paralizar obras que estaban en marcha al iniciar su gestión (y más tarde se retomaron) debe comprar al exterior el gas que necesita cuando hace frío.

Y la importación de cargamentos de buques con Gas Natural Licuado fue este año excepcionalmente cara, por los efectos del conflicto armado en las cotizaciones a nivel mundial.

Argentina aún depende de importaciones pese al potencial productivo de Vaca Muerta.

Tal fue la explosión de precios que la Casa Rosada optó por ir a contrapelo de sus planes y convicciones y no privatizar la operación de adquisición de esos cargamentos.

La hizo la empresa de estatal Enarsa, con lo que en definitiva se confió más el sector público que lleva -lamentablemente- décadas con esa práctica. Lo saludable sería que el país cuente con lo necesario para usar su propio gas, mucho más económico.

Se estima que 2026 demandará 28 buques de Gas Natural Licuado. Dos menos que en 2024 pero muchísimos más que si se hubieran desarrollado gasoductos para aprovechar el yacimiento que sobre todo se encuentra en suelo neuquino.

El costo extra de esa importación (la diferencia entre el gas del exterior y el nacional) en 2026 será financiado por vía estatal. Y los usuarios residenciales pagarán por esta vez en 6 cuotas ese sobrecosto. A las industrias y los comercios, en cambio, se les trasladó ese valor, por lo que hubo por ejemplo interrupciones del flujo de gas en estaciones de servicio de GNC.

Además, la gestión libertaria no logró aún poder quitarles a amplias regiones del país el régimen tarifario de Zona Fría, subsidiado por el Estado Nacional. Entre las áreas que podrían ser afectadas por esa norma, que aún no ha tratado el Congreso, se encuentra la zona sur de la Provincia de Santa Fe.

La actualización estacional del precios del gas (cuatrimestral) se cambia por un régimen bimestral. Archivo El Litoral.

El proyecto de ley para quitar esas ayudas estatales a los usuarios residenciales equivale a subirles en invierno las tarifas entre el 30 y el 50% en el valor del metro cúbico.

Ese aumento para quienes llevan años de gas barato en invierno hubiera dado una señal para que se encienda menos la calefacción, en zonas donde el frío intenso también presenta otras jornadas menos crudas.

La norma pretende dejar sin esa ayuda estatal y de los demás usuarios a la totalidad del territorio de las siguientes provincias: Santa Fe, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Entre Ríos y mantendría solo subsidios en algunas áreas del sur de Buenos Aires, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna en Santa y Jujuy.

En términos técnicos, una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación modifica el plazo para compensar las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), en el sector del gas natural por redes.

Se trata del mecanismo de compensación que corrige el desfasaje entre el precio estimado del gas y el efectivamente pagado por las distribuidoras. Hasta aquí se hacían esos cálculos en forma estacional, es decir, cada cuatro meses. A partir de agosto, y mientras se mantenga la emergencia energética vigente hasta diciembre de 2027, será cada dos meses para que el impacto sea más gradual.

Cuando el Ente Regulador dicta los cuadros tarifarios para meses por venir sencillamente estima cuál será el valor del metro cúbico, para el período siguiente.

Pero finalmente ese no es el precio pagado por las empresas distribuidoras a la industria petrolera que lo extrae, sino el del mercado. El precio PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) es el precio mayorista del combustible.

Las distribuidoras perciben más adelante esas Diferencias Diarias Acumuladas y ahora esa actualización será bimestral en lugar de cuatrimestral.

Desde el punto de vista normativo, el cambio es “transitorio”, palabra de la que en la Argentina siempre debe dudarse. Está atado a la declaración de la emergencia energética, que rige en el país desde hace más de 25 años.

La suerte de casi la mitad de las kilómetros de las rutas nacionales que se encuentran en la provincia de Santa Fe se resuelven por estas horas en el Ministerio de Economía de la Nación, con una licitación pública que convoca a empresas privadas nacionales y del exterior, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para ocho tramos de la Red Vial Nacional.

En el mapa de la bota existen unos 2.800 kilómetros de rutas nacionales en total y ahora, con la apuesta del gobierno nacional por la concesión con peajes (con casi la misma fórmula de los 90) están involucrados 1.324 km de rutas nacionales sobre el territorio santafesino que corresponden a la 9, 19, 34 y 11.

El gobierno nacional dividió en ocho tramos, nombrados por regiones, su paquete para tentar a los inversores que esta vez, a diferencia de lo hecho durante el gobierno de Carlos Menem, contarán con un aliciente extra.

Se trata de "la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias".

La Resolución 1.024 de la cartera del ministro Luis Andrés Caputo indica en los considerandos que la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) declaró "sujeta a privatización" a la empresa Corredores Viales SA. Todo bajo el paraguas legal de la Ley 23.696 (aprobada en 1989).

Este miércoles 22 se abrieron los sobres con las ofertas económicas de empresas que en igual número han logrado pasar la prueba de la precalificación. La firma COMPACTOSA- EDMACAR CONSTRUCTORA VIAL SA-TOLCON SA fue descalificada.

Ahora, solo resta que se expida la Comisión Evaluadora y que con el aval del ministro, mediante otro decisorio se adjudiquen las concesiones que definirán la calidad de la infraestructura vial que tendrá Santa Fe (y buena parte del país).

No debe olvidarse que hace poco más de un año atrás, en marzo de 2025, la Nación tomó una decisión inédita: dar de baja todos los contratos de obra pública de rutas nacionales respecto de la reparación y el mantenimiento de esa infraestructura.

El 7 de julio pasado se cumplió un año de la decisión del presidente Javier Milei de ordenar la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Una medida que se encuentra actualmente suspendida judicialmente, tras una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados Viales

Cuando se recuerdan esos antecedentes y la promesa electoral perfectamente cumplida de que sea igual a cero la obra pública, se puede comprender que ciertamente es en esta licitación en curso que juega la suerte de la red vial.

Los tramos en cuestión en su mayoría presentan "faltas graves de mantenimiento, que ponen en peligro la transitabilidad de los vecinos, además de generar roturas costosas en vehículos", según una definición de diciembre de 2023 del Ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Pasaron 31 meses desde entonces y poco o nada se ha hecho en esos caminos cada vez más afectados por el recorte de fondos. Lo dicho la gestión nacional recibió una infraestructura vial en malas condiciones y las ha empeorado. Ha pasado demasiado tiempo para esta primera acción.

Un 47% del total de los kilómetros de las rutas nacionales que en total existen en la provincia de Santa Fe se definen en el presente proceso de licitación. En el tramo a concesionar dentro del territorio santafesino de la Ruta Nacional 9 son 182 kilómetros, de la 19, 127; de la 34, 399; y de la 11, 616.

En la RN9, va desde el kilómetro 237, marcado por el límite interprovincial con Buenos Aires sobre el Arroyo del Medio (cerca de Villa Constitución) hasta el kilómetro 419, correspondiente al límite interprovincial con Córdoba (pasando la localidad de Armstrong).

En la RN19, cuya obra de conversión en autovía fue ejecutada por los gobiernos santafesinos de Jorge Obeid y Hermes Binner, el tramo va del kilómetro 0, en el empalme con la Ruta Nacional 11 dentro de la ciudad de Santo Tomé hasta el kilómetro 127, justo en el límite interprovincial con Córdoba.

En el caso de la RN 34 su kilómetro 0 se ubica en la intersección con la A-008 / Avenida de Circunvalación de Rosario y finaliza en 399, marcado por el límite interprovincial con Santiago del Estero, unos metros al norte de la ciudad santafesina de Ceres.

En la RN 11 la futura concesión irá del kilómetro 314, en el empalme con la A-008 Avenida de Circunvalación de Rosario hasta el 930, delimitado por el arroyo El Toba en la localidad de Florencia, justo en el límite interprovincial con la Provincia del Chaco.

La gestión duró más de dos años y obtuvo un resultado concreto en algo más de un par de meses, recién para cuando hubo voluntad política del gobierno nacional de aceptar la realidad.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe reclamó a las autoridades nacionales la cesión de la destrozada Ruta Nacional A012 ante su evidente abandono y finalmente este miércoles 22 se firmarán los documentos para que quede, por 20 años, bajo jurisdicción santafesina.

Nunca más acertado decir que los reclamos y pedidos ante los despachos oficiales por parte de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe llegaron a buen puerto, porque se trata de una vía fundamental para el tránsito de cargas que reciben las estaciones fluviales del sur santafesino.

Todo indica que habrá una reunión, previa al acto de firma de la cesión, del gobernador Maximiliano Pullaro con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

El sector productivo necesita buenos caminos para transporta la cosecha. Marcelo Manera.

Al mediodía de este martes, no se había confirmado oficialmente que el titular del Poder Ejecutivo Nacional se agregue a una reunión política previa. Sí, que muy probablemente tome parte, además de Santilli, la secretaria privada de la Presidencia, Karina Milei.

Cabe recordar que fue el ministro de Economía Luis Caputto quien en marzo pasado fue el primero en decir, en su cuenta de X, que se había acordado la cesión de la ruta, junto a otros funcionarios nacionales.

De todos modos, hay especulaciones sobre un eventual encuentro entre Milei y Pullaro más allá de las formalidades de la firma de la cesión por dos décadas de un bien del Estado Nacional a la jurisdicción provincial.

Acaso la palabra "cesión" o "ceder" no sea la que más guste en el elenco libertario. Pero ¿por qué no posar junto a maquinaria en obras, sobre la ruta nacional, si el jueves 23 ya comenzarán las tareas de reparación que aún con mayor antelación fueron licitadas y adjudicadas?

Los 67 kilómetros de la A012 se encuentran sobre los departamentos Rosario y San Lorenzo, es decir, donde se concentra una parte importante del padrón electoral.

Un dato sensible en esa dirección es que quien puso la fecha en la agenda presidencial esperó la finalización del Mundial de fútbol que casi todo lo había acaparado.

También, que en la búsqueda de un perfil con menos confrontaciones del presidente Milei, se busquen más fotos con los gobernadores.

La segunda mitad de 2026 prepará el escenario electoral nacional y en cada una de las provincias. En Santa Fe, además, se discute en la Legislatura un nuevo Código Electoral.

Solo pueden esperarse los primeros gestos de eventuales actuaciones para los próximos meses. Son menos que ensayos porque todavía no más que apuntes. Resta mucho para que aparezca un guion o un libreto claro.

La traza de la ruta nacional que por dos décadas quedará bajo la jurisdicción (y el gasto presupuestario) de los santafesinos es similar a un semicírculo, con su centro al sur de la ciudad de Rosario.

Alivia la circunvalación de esa ciudad y sin embargo parte de los hinchas de fútbol de la capital provincial la conocen perfectamente, a su pesar.

Una ruta que hizo la provincia en los '60, nacionalizó la dictadura en los 70 y ahora quedará bajo la custodia (y el presupuesto) del Estado santafesino. Crédito: Google Maps

Por esa ruta complicada se desvían las caravanas de simpatizantes de los equipos santafesinos cuando han jugado, por Copa Argentina, con los rosarinos en San Nicolás. Para evitar cruces de hinchadas en ese torneo con ambas parcialidades, estos últimos van por la autopista A09 (que ya se ha quedado bastante angosta para su tránsito) y las caravanas locales por la lenta y rota RNA012.

Cuando esos encuentros deportivos coinciden con el movimiento intenso de granos a los puertos, propios de las cosechas, el problema es aún mayor. Para Rosario y toda la zona portuaria, la vía de comunicación puede colaborar en ordenar el tránsito pesado antes de los últimos kilómetros hasta el Paraná.

Así fue diseñada esa obra por santafesinos en la década del '60, para cuando se la pavimentó como Ruta Provincial 16 en dos tramos: de Pueblo Esther a Zavalla y de esta localidad a San Lorenzo. Entre 1961 y 1962.

Durante la última dictadura militar, con la provincia de Santa Fe bajo intervención militar, el Estado Nacional se apropió de esa infraestructura, mediante el Decreto Nacional 1.595 de 1979 con el que también involucró otros caminos en distintas provincias.

Como una forma de difundir cuán complejo es el proceso para llevar energía eléctrica a los hogares, por estos días se han multiplicado notas periodísticas sobre la "W" que muestran las gráficas de la demanda residencial durante los partidos de la Selección Argentina.

La letra en cuestión se adivina en las líneas que se dibujan en cuadros de doble entrada que consideran las horas del día y el nivel de la demanda.

Se observa en una baja abrupta de la demanda desde un rato antes del partido (la previa), luego una pequeña elevación en los quince minutos del entretiempo (aprovechado para otras tareas domésticas o usos de artefactos) y otra vez una tendencia ascendente a partir del pitazo final del partido hasta recuperar la curva habitual.

A nivel nacional hubo como se ha dicho en tantas publicaciones, una difícil de manejar "W", pero según los registros de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en Santa Fe se produjo también otra letra, la "V", con su vértice inferior para cuando se repetían las imágenes del ya terminado primer tiempo.

Para comparar. El miércoles 8 de julio no hubo partidos de la selección.

En rigor, aquí fueron distintos comportamientos de la demanda según el partido (el clima, el horario, el día de la semana en que cayó el encuentro deportivo y por supuesto lo que sucedió en la cancha). Y eso implica un desafío aún mayor para los equipos para la distribución.

Una primera y obvia lectura: solo la camiseta celeste y blanca logra esos comportamientos en los hogares de todo el país, con alteraciones del ritmo de vida que así como se perciben en las calles vacías también se nota en los registros de la demanda de la energía.

Argentina 2 Inglaterra 1. En el consumo de energía de la provincia registrado por la Epe irrumpe una "W", similar a las que se produjeron a nivel nacional en otros partidos.

Es la prueba en definitiva de lo marcadamente gregarios que son los argentinos convertidos en su enorme mayoría en hinchas-espectadores de solo una pantalla por casa. Es una rara ocasión en la que se mira la TV en grupo y así solo se demanda prioritariamente la energía de ese electrodoméstico. No sucede en otros casos.

Esas gráficas distintas de la demanda residencial son siempre motivo de estudios técnicos en el sector. Acaso con tantos cortes y apagones en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en los últimos años se ha considerado necesario salir a dar explicaciones también ahora que el servicio no ha fallado.

A los gráficos de consumo y sus horarios se los analiza para buscar patrones de comportamiento social que permitan predecir qué harán los usuarios más volubles: la gente. Los mega circuitos eléctricos del alumbrado público, que se encienden en cuanto se va la luz solar, están en el otro extremo del universo de la demanda, son perfectamente predecibles.

Detalle. La previa, el primer tiempo, el descanso de quince minutos, segundo tiempo y los festejos de la victoria ante Inglaterra, según la demanda eléctrica en Santa Fe.

Y entre los caprichos de la condición humana y los automatismos de los dispositivos sensibles a la luz (fotocontroles) se ubican la demanda de la industria y el comercio que, además de los técnicos del sector eléctrico, miran y mucho los economistas, los sociólogos y politólogos. Permite observar el nivel de actividad real, más allá de lo que digan otras estadísticas.

En el caso del fútbol de Messi y sus diez compañeros de equipo, también los comercios aportaron a que baje el consumo y por supuesto, en bastante menor medida, la industria. En las calles de Santa Fe quien haya dado una vuelta durante el partido (como los verdaderos reporteros gráficos) habrán visto que solo los supermercados y kioscos tenían sus puertas abiertas, en muchos casos inútilmente.

En el sistema de energía eléctrica la mano invisible del mercado eléctrico necesita de otras bien visibles. Las de los operadores de los sistemas eléctricos -gente de carne y hueso asistida por sistemas inteligentes y sobre todo por sus cabezas y su experiencia-, que equilibran la generación y la demanda, por medio de unas líneas de transporte en alta tensión de capacidad muy limitada.

Cuando esa labor de toma de decisiones en tiempo real según los recursos disponibles (puede incluso importarse energía eléctrica de países limítrofes) sencillamente hay apagones, falla el servicio.

Eso sucede en Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que habilita según su precio más bajo y la necesidad en tiempo real a los generadores a aportar sus megavatios al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según la demanda que proviene de todas las empresas distribuidoras del país.

Los controladores de Cammesa acertaron al mantener reservas adicionales de generación y regulación de frecuencia para absorber las bruscas variaciones de carga, es decir, las puntas agudas de la "W".

En la Argentina hubo una demanda de 20.500 MW dos horas antes del partido con Inglaterra. Entre las 16 y las 18 cayó a 18.500 en el primer tiempo y hasta los 16.500 MW en el segundo. En el descanso de quince minutos hubo un leve rebote propio de esa pausa. Tras el 2 a 1 inolvidable, la demanda fue recuperándose hasta llegar a los consumos típicos de un miércoles.

Entre otros muchos asuntos, quedó para luego del receso legislativo de invierno el tratamiento en el Senado de la Provincia de Santa Fe de un proyecto directamente vinculado con una ley pendiente de debate desde hace más medio siglo.

El objetivo es que al menos se sienten las bases para que haya un debate al respecto el año próximo, a lo largo de 10 meses.

Se trata de una comisión para el debate y la elaboración de una ley de educación provincial.

El texto presentado por el diputado radical Marcelo González ya tiene media sanción de esa cámara y su norte es crear un ámbito de carácter consultivo, participativo y plural, que logre superar diferencias agudas sobre qué sistema educativo, basado en qué principios, con qué actores, bajo qué visión de la realidad y en qué interacción con el plano religioso (o sin esta) debe ser la enseñanza institucional provista por el Estado.

Se trata de un tema que ha sobrevolado la agenda legislativa desde el regreso de la democracia y que pese a los compromisos tantas veces asumidos nunca tuvo acuerdo.

Es Santa Fe hoy la única provincia argentina que no tiene una ley de educación propia y basa sus políticas en reformas parciales, interpretaciones o reglamentaciones de una vieja norma de fines de la primera mitad del siglo pasado: vinculada a un mundo en el que la palabra escrita impresa, la prensa y la radio (no existía ni la FM) eran los únicos medios para conocer la realidad. Apenas había teléfonos y el desarrollo de la televisión en blanco y negro necesitaba aún de una década más.

Durante el jueves 2 de julio previo a las vacaciones la atención periodística se centró en el ingreso de proyectos de ley de reforma electoral, en formato de códigos, que tanto se presentaron en la Cámara alta como en Diputados.

Ese asunto tienen hoy en mente como prioridad los dirigentes políticos de Santa Fe y sobre todo los legisladores, porque esa ley define las reglas del juego electoral próximo.

En ese contexto informativo quedó eclipsada la decisión de los senadores de dejar para más adelante la chance de crear una comisión para que Santa Fe tenga su norma educativa.

Se dispuso una preferencia para dentro de dos sesiones sobre el expediente con media sanción de Diputados.

Fueron diputados radicales los que aceleran el tratamiento de la propuesta de convocar a la sociedad, para que se superen las diferencias que hasta ahora los legisladores no pudieron salvar.

El espacio de trabajo estaría constituido por el Poder Ejecutivo y las comisiones de Educación de las dos cámaras. En Diputados, la presidenta es Gisel Mahmud del bloque socialista al igual que sus compañeros Fabián Cejas y Sofía Masutti. El radical González, autor de la norma, así como sus correligionarios Germán Scavuzzoy Ximena García, forman parte de esa instancia de trabajo legislativo.

Por peronismo, es vicepresidente el ex senador provincial Miguel Rabbia del bloque Construyendo Futuro y Verónica Porcelli Baró Graf del Frente Renovador 100% Santafesino. Otros de origen celeste, contrarios al derecho al aborto, de bloques unipersonales, Juan Domingo Argañaraz de Inspirar y Natalia Armas Belavi de Vida y Familia.

Finalmente, Claudia Balagué del bloque Frente Amplio por la Soberanía, que fue ministra de Educación de Santa Fe durante gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social, entre 2012 y 2019.

En el Senado, a la comisión de Educación la preside Germán Giacomino de la Unión Cívica Radical (Constitución) y el vicepresidente es el justicialista Osvaldo Hugo Sosa (Vera). Son vocales Leonardo Diana (UCR- San Jerónimo), Julio Francisco Garibald (PS-La Capital), Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y Ciro Seisas (Creo-Rosario

El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia.

La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.

El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

La clave del proyecto es que el plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución de esa comisión, con el Ministerio de Educación como encargado de hacerla funcionar.

"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.

Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo"

El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean •efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.

El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.

Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".

En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".

En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".

En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional, mediante megabaterías, con beneficios que implican apenas el 5,14% para la provincia de Santa Fe, respecto del total previsto para el interior del país.

En la licitación nacional Alma Sadi (Sistema Argentino de Interconexión) se contemplaron inicialmente 16 nodos ubicados en territorio santafesino, de los que luego quedaron 3 sin oferentes por problemas en sus propuestas técnicas.

Así, al momento de la adjudicación había en carrera 13 puntos en el mapa de la bota santafesina pero finalmente hay solo un beneficiario: Cañada de Gómez.

A esa ciudad del departamento Iriondo llegarán inversiones en equipos que, en lugar de generar más energía en ese lugar o de llevarla con mayores líneas de transporte de alta tensión, la almacenarán durante los valles de la demanda, es decir, cuando menos se utiliza ese servicio. Obviamente, esos MW guardados servirán para cubrir los momentos en que surgen picos en el consumo.

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional. Crédito: ACCIONA

Con 36 megavatios, la localidad santafesina participa de algo más del 5% del total adjudicado que llega a 700,5 MW. La firma que actuará en el nodo del sistema nacional ubicado en Cañada de Gómez es Genneia, que obtuvo siete puntos en total.

Quedaron en el camino las ofertas para los nodos de Villa Ocampo, Pérez, Roldán, Firmat, Ceres, Rosario Sur, Arufó y Brigadier López (en el parque industrial ubicado en Sauce Viejo).

El dato es relevante porque sin dudas Santa Fe posee el segundo mercado eléctrico más importante del interior del país, luego del interior de la provincia de Buenos Aires, cuando no se tiene en cuenta al más concentrado y rentable formado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense.

En otras palabras, a nivel nacional las empresas de distribución de energía eléctrica más grandes por el número de megavatios distribuidos son Edesur y Edenor (en el Área Metropolitana de Buenos Aires que incluye el conurbano bonaerense) y luego se encuentra la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

En términos más técnicos, el último informe mensual de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) muestra a la EpeSF tercera en el máximo de potencia registrado. Y la Provincia de Santa Fe es el tercer mercado nacional, con el 9,26%.

Ocupa ese lugar luego del AMBA de porteños y bonaerenses del conurbano (con 40,68% del total del país) y del resto de la Provincia de Buenos Aires (12,2%, con varias empresas distribuidoras).

Córdoba, por ejemplo, está en el cuarto puesto con el 7,80% del mercado eléctrico argentino. Y ahora, para esta adjudicación, no recibirá inversiones.

La Nación parece haber seguido con atención más el mapa de las urgencias y los apagones que afectan a los usuarios residenciales de ciertas zonas desfavorecidas que el de la realidad productiva y económica. Esta vez, sin dudas, perdieron las provincias del área central más pobladas, salvo la de Buenos Aires.

Si se observan las adjudicaciones de los “Acuerdos de Almacenamiento por el servicio de potencia y reservas operativas y de corto plazo para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” de la Resolución” 155/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación se verá en su anexo que hay tres regiones que concentran los beneficios. Y que al resto le ha llegado poco o muy poco.

La Provincia de Buenos Aires (sin el AMBA) recibió la mayor asignación, con 185 megavatios. El Noreste Argentino (NEA) con proyectos para Chaco y Formosa suman una porción casi igual, con 161,5 MW y también el Noroeste Argentino (NOA), con 150 MW.

Más atrás, la Región Pampa obtuvo 68 MW, las provincias mesopotámicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos se llevaron 50 MW cada una, y lo dicho: Santa Fe completó el mapa con 36 MW.

La licitación para el interior del país se llevó a cabo luego del éxito que logró otra anterior que incorporó unos 713 megavatios almacenados exclusivamente en el Amba.

Primero se licitó y adjudicó Alma GBA, para porteños y bonaerenses y ahora Alma Sadi, para “las provincias” según esa generalización tantas veces oída en los medios de comunicación porteños. El interés empresario para el interior, sin embargo, fue más de diez veces mayor a la convocatoria de la Casa Rosada.

Mientras que la Nación llamó a licitación para sumar parches con megabaterías por hasta 700 MW, las ofertas privadas para atender esas realidades sumaron 8.338 MW.

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional. Crédito: ACCIONA

Con semejante interés ya hay provincias que han anunciado sus respectivas licitaciones propias. Buenos Aires fue la primera (y acaso por eso recibió una buena tajada) y planes similares se han divulgado en Córdoba (que no logró ninguna inversión).

En total, son 20 proyectos de cinco empresas nacionales por 700,5 MW y unos 700 millones de dólares de inversión privada para un negocio que consistirá en comprar (y estoquear) kilovatios para luego venderlos más caros.

Más que ese margen, la Nación ha mirado esta vez las situaciones eléctricas más complejas que indudablemente se registran en las áreas del NOA y NEA. Esta última carece además de gasoductos para el gas natural por redes.

Como si se tratara de un parche, la provisión de energía eléctrica almacenada presenta una solución moderna pero provisoria y cara. Permite superar urgencias sin hacer las megainversiones estructurales de fondo, que hasta poco tiempo atrás parecían insustituibles.

La aparición de la tecnología de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías BESS (sigla en inglés para Battery Energy Storage Systems) cambió el panorama eléctrico.

No había otra forma de contar con energía eléctrica que generarla en el lugar donde se produce la demanda o en otro con mejores condiciones económicas para su producción (como las centrales hidroeléctricas, nucleares, térmicas o renovables) y luego transportarla al punto deseado.

Hoy se puede almacenar los megavatios que otros generan cuando cae la demanda y se los vende (a un precio mayor) cuando son necesarios. Ese precio fue pactado en la licitación señalada y es parte de los costos (o sobrecostos) que asume el Estado Nacional por los enormes atrasos en inversiones en el transporte de energía en todo el país.

Las privatizaciones de los ‘90 no las previeron bajo la idea de que las necesidades del propio mercado eléctrico las impulsaría naturalmente.

El ministerio de Economía de la Nación se atrasó un mes en el pago de cuotas por distintos acuerdos con las provincias, por deudas previsionales. En junio la Casa Rosada no pagó la cuota prevista en convenios parciales surgidos tras los juicios tramitados, en distintos momentos y oportunidades, por Santa Fe, Córdoba y La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pago postergado coincide nada casualmente con la obligación salarial del pago del medio aguinaldo de junio. Y con los montos en cuestión, desde el Palacio de Hacienda se cumple ahora en julio con la cuota correspondiente a ese mes.

En pocas palabras, la administración central del país se ha financiado (al menos en parte) para sus pagos corrientes de junio con los pagos que debía efectuar en tiempo y forma según lo convenido.

Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín

El asunto no tendría más repercusiones que las propias de una anécdota, si no fuera porque a las provincias en cuestión les cae entonces el costo de la financiación. Sobre todo en aquellas que para sus desembolsos constantes y presupuestados requieren de alguna ayuda extra.

El tema del atraso no causó desvelos en la Casa Gris santafesina, y aparentemente tampoco en la sede gubernamental de Córdoba, pero sí fue hecho público -con impacto- en La Pampa.

Este 8 de julio, Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda pampeano, informó que el gobierno nacional no transfirió la cuota correspondiente al acuerdo firmado ante la Corte Suprema de Justicia.

La cuota es parte del convenio firmado a fines de 2025.

En Pampa Diario se reproducen declaraciones del funcionario, que forma parte del gabinete del gobernador justicialista Sergio Ziliotto, quien destacó que se hizo "por nota un reclamo formal" la semana pasada y también advirtió que "sigue cayendo la recaudación".

La cuota es parte del convenio firmado a fines de 2025 en el marco del reclamo judicial por la deuda previsional que la ANSES mantiene con la provincia. (La misma situación en que se encuentran las provincias de Santa Fe y Córdoba).

Lo firmado entre funcionarios pampeanos y nacionales "establece un pago inicial de $2.500 millones y luego 12 cuotas mensuales de $5.000 millones, a partir de enero de 2026, para comenzar a cancelar la deuda previsional que la ANSES mantiene con la provincia. El acuerdo fue posteriormente ratificado por la Cámara de Diputados de La Pampa", añade la información.

Bisterfeld habló de "números que realmente son muy preocupantes" y describió: “La coparticipación cayó un 8,5% y el IVA disminuyó por noveno mes consecutivo, lo que es un fiel reflejo de la caída de la actividad económica”

"Si comparamos con el año pasado, la caída de recursos durante el primer semestre es de casi 30.000 millones de pesos. Pero si la comparación es con 2023, que fue el último año normal —recordemos que cuando asumió Milei hubo una devaluación del 114%, lo que impactó fuertemente en la actividad económica—, la caída alcanza casi los 100.000 millones de pesos en el semestre", mensuró.

En el mismo tren de comparaciones entre lo que sucede en esa provincia y la situación santafesina vale la pena observar otra diferencia: "esto ha impactado en la construcción de obra pública", admitió el ministro de economía pampeano.

Reconoció que "hoy el nivel de obra pública que tiene el Gobierno de La Pampa no es el histórico ni el deseable, pero lamentablemente es el que financieramente se puede afrontar con recursos propios". Más adelante subrayó que no se paralizaron las obras ya iniciadas.

El funcionario pampeano además comentó que ha debido echar mano al fondo anticíclico que, "prácticamente ha desaparecido debido a la enorme deuda que la Nación mantiene con La Pampa, que ronda los 400.000 millones de pesos".

La enorme mayoría de quienes accedían a garrafas de 10 kg a un precio subsidiado ya no cuenta con esa ayuda del Estado Nacional. De los 3 millones que había calculado el gobierno nacional que se inscribirían, apenas lo hicieron unas 250 mil personas, es decir, menos del 10% de lo previsto.

La cifra es aún peor si se la compara con el uso, la difusión y los efectos sociales que lograba el Programa Hogar que fuera creado en marzo de 2015, para superar las distorsiones del mercado que había causado el plan Garrafas para Todos de 2008. En la última década unas 3,9 millones de personas contaban con el gas envasado a un precio sensiblemente menor al del mercado.

En diciembre de 2025, dentro de una norma de alcance mucho mayor, las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación del Ministerio de Economía dispusieron el fin del Plan Hogar que había funcionado durante más de diez años y fue creado en el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvieron sin cambios quienes la sucedieron: Mauricio Macri y Alberto Fernánez.

El decreto 943 terminó con la división en tres categorías de los usuarios residenciales según sus ingresos (N1, N2 y N3) y redujo los subsidios focalizados solo para los hogares más vulnerables, es decir, sin más recursos nacionales para las capas medias.

La normativa contemplaba un plazo de inscripción de seis meses para poder comprar con subsidios las garrafas de gas licuado de petróleo de 10kg, pero recientemente el gobierno nacional eliminó ese límite ante la evidencia de que muy pocos potenciales beneficiarios se habían anotado.

A nivel nacional, la Cámara de Consumidores y Usuarios de la Argentina afirmó en un comunicado de prensa que no hubo ninguna difusión masiva del cambio y de la posibilidad de que los hogares con mayores necesidades se inscriban. Incluso recomendó que organismos con llegada territorial, como el Anses, tomaran esa tarea para reinscribir de oficio en lugar de exigir un trámite nuevo, en el soporte digital, dado el carácter vulnerable del universo objetivo. Para contar con el subsidio es necesario usar billeteras virtuales y, lógicamente, contar con celulares y conectividad, además de una educación digital adecuada.

El sitio EconoJournal precisó que la cifra de apenas 250 mil inscriptos equivale a menos del 10% de los 3 millones de beneficiarios que el organismo espera alcanzar, y queda muy por debajo de los 3,9 millones de hogares con garrafa que llegó a tener el ex Programa Hogar, cuyos pagos están discontinuados desde el año pasado, subraya.

Además de no haber difundido el cambio lo suficiente, se registran demoras de más de 30 días para autorizar la inscripción ante las solicitudes, lo que también demora el pago de los subsidios nacionales a los beneficiarios del programa.

La Disposición 1/2026 fijó el nuevo monto del subsidio en $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, valor que se actualizará periódicamente según los costos de fraccionamiento, cuando la Secretaría lo disponga. El cálculo toma como referencia el precio mayorista del butano, la materia prima principal de la garrafa, al que se le suman costos operativos del sector.

En los hechos, ese monto no sigue el precio de mercado, dado que hoy una garrafa de YPF Gas cuesta $30.000 en el modelo de acero y $33.000 en el nuevo modelo de plástico en el Gran Buenos Aires, por lo que el subsidio cubre apenas un 31,9% del valor, según reportó el portal mencionado.

Los 250 mil que pudieron anotarse están bajo cupos según el clima: de abril a septiembre el subsidio reconoce hasta dos garrafas mensuales por hogar, y en el período estival —de octubre a marzo— el cupo baja a una sola unidad. Obviamente, se trata de una escasa cobertura.

La asistencia quedó reservada estrictamente a hogares sin conexión a la red de gas natural cuyos ingresos del grupo familiar iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales y no posean autos con menos de tres años de antigüedad, tres o más inmuebles, aeronaves ni embarcaciones de lujo. La compra de la garrafa deberá ser obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo a todos los bancos adheridos a esta plataforma de pagos. De esta manera, el subsidio opera como reintegro directo en el momento de la operación, de forma transparente para el usuario.

El trámite puede gestionarse de forma remota, ingresando al portal oficial de subsidios del Gobierno nacional o utilizando el perfil verificado en la aplicación móvil Mi Argentina.

Tras la apertura del último sobre con las ofertas económicas, se anunció que terminará en los primeros días del mes próximo la Licitación Alma Sadi del gobierno nacional.

Se trata de contratos para la provisión en frío de 700 megavatios en todo el país, que corresponden a 232 proyectos para el Sistema Interconectado Nacional (el sector del transporte de la energía eléctrica) que fueron presentados por 37 empresas interesadas en participar del negocio.

Básicamente, el sector privado con inversiones en mega baterías, podrá almacenar los kilovatios que luego le comprará Cammesa cuando sean necesarios, a un precio mayor. Cargará sus plantas de stock con los Kw/h que tienen los valores más bajos del mercado y los inyectará según una cotización que ahora ha entregado, en el sobre con la oferta económica.

Es por ese número que compiten los oferentes de la exitosa convocatoria: hubo muchos más megavatios ofrecidos que los que había solicitado la Secretaría de Energía.

El sistema es fruto de las debilidades y de la falta de inversión durante décadas en el sistema eléctrico en la Argentina. No fueron obligatorias gracias a la privatización de los ’90, con que se traspasaron las líneas de alta tensión de 500kV y sus estaciones transformadoras (de 500kV a 132 kV), que luego toman las empresas distribuidoras como en el caso de la Epe en Santa Fe.

Es interesante advertir que el gobierno peronista de Carlos Menem como hoy la gestión libertaria, confían en que las empresas concesionarias por su propia decisión invertirán en infraestructura para negocios de largo plazo.

Básicamente, el sector privado con inversiones en mega baterías, podrá almacenar los kilovatios que luego le comprará Cammesa cuando sean necesarios, a un precio mayor.

Los proyectos se concentran en el mercado de la provincia de Buenos Aires (sin su conurbano) y también en el NEA y en el NOA. Los oferentes ven buenos negocios para venderle energía mayorista a Cammesa en el noreste argentino (1.790 MW, 62 proyectos), Buenos Aires (1.960 MW, 42 proyectos) y en el noroeste (1.435 MW, 37 proyectos), además de presentaciones para instalaciones en Litoral, Centro, Cuyo y Pampa.

Para Santa Fe siguen en carrera 13 proyectos: la escasa distancia entre valles y picos de las curvas estadísticas de la demanda dejó fuera a buena parte de los nodos muy críticos que el SADI muestra en el territorio santafesino. En otras palabras, allí no basta con mega baterías.

Alma Sadi es la continuidad de otro plan que de urgencia lanzaron las autoridades energéticas nacionales ante los apagones en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense. Allí por primera vez en la Argentina comenzó a hablarse del almacenamiento de energía durante los valles de consumo, cuando baja el consumo residencial, para liberar más tarde esos kilovatios cuando más se necesitan durante los picos.

Son una suerte de parches, que sumarán sin embargo inversiones por hasta 8.200 millones de dólares. El auxilio está especialmente dirigido a lugares donde en ciertos horarios baja el consumo y en otros aumenta tanto que causa cortes de energía, programados o no. La solución puede ser útil siempre que mientras tanto haya por fin inversión en transporte y generación.

El gobierno nacional destacó que “el almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio”.

“Esta licitación es una medida más en el marco del plan que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten cada vez con un mejor servicio, luego de dos décadas en las que no se realizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y modernizar la infraestructura”, concluyó la Secretaría de Energía.

En lo que va de 2026, hasta junio, el gobierno nacional gastó 3,7 billones de pesos en subsidios al transporte y la energía, con un incremento real del 12% en términos anuales. Y medidos de manera nominal (sin tener en cuenta los efectos de la inflación) la suba es del 48%, según el Observatorio de tarifas y subsidios de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

En su Reporte de Tarifas y Subsidios se indica que para esta misma altura del calendario, en 2025 esa erogación llegaba a 3,3 billones de pesos. En cambio, en 2024 se necesitaban 7,9 billones de pesos, es decir, más del doble. El último año del gobierno nacional de Alberto Fernández terminó con un gasto en subsidios a la energía y el transporte de 14,3 billones de pesos. La reducción de esa a la actual gestión es de más de diez billones de pesos.

Otro dato relevante aportado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet es que casi 8 de 10 pesos que la Nación gasta en subsidios corresponden a ayudas para bajar el precio mayorista de la energía eléctrica y el de boca de pozo del gas natural. En efecto, “los subsidios a la Energía representaron el 77% de los subsidios acumulados”. Prácticamente se duplicaron en términos nominales respecto del año pasado.

El gobierno nacional eligió gastar más en evitar subas aún mayores en la energía eléctrica y el gas natural y menos en el transporte. Y esa decisión es relevante para el interior del país ya que las ayudas de la Casa Rosada en trenes y ómnibus solo cubren a servicios del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe indica que tanto en mayo como en junio no hubo devengamientos sobre el Fondo Fiduciario del Transporte que gira recursos a esos servicios para porteños y bonaerenses del Conurbano. “Los subsidios al transporte caen 39% en términos reales”.

Dentro de las energías, las mayores transferencias fueron a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) que de junio de 2025 al mes actual “crecieron 127% nominal y 71% real, reflejando el mayor costo de la energía despachada”.

Enarsa “registró un aumento del 5% nominal y una caída del 12% real” porque en esos números todavía “no se reflejan aún las compras estacionales de gas natural licuado (GNL importado en buques) para el invierno a la vez que pueden existir demoras en los devengamientos derivadas del nuevo marco normativo de importaciones”.

En la misma dirección, “el Fondo Fiduciario para el consumo de gas aumentó 328% nominal y 225% real, consolidando una expansión generalizada del gasto en el segmento energético. En sentido contrario, las transferencias al Plan Gas.Ar —que incluyen compensaciones por bonificación en el precio del gas natural— cayeron 22% nominal y 40% real a junio, atenuando parcialmente el incremento global del sector”, agrega el reporte.

La energía eléctrica se lleva la porción mayoritaria de subsidios.

El mismo estudio permite observar que hoy los usuarios residenciales sin subsidios cubren la totalidad de los costos (y las ganancias) de las empresas proveedoras del servicio eléctrico. En cambio, los hogares que cuentan con subsidios focalizados (lo que requiere de su registro además de ciertas condiciones de vulnerabilidad) pagan solo el 40% de sus consumos.

En cambio, el usuario residencial promedio del sistema de gas natural por redes “abona el 59% del costo de abastecimiento mientras que el 41% lo aporta el Estado”. El reporte explica que “la Resolución 23/26 establece los nuevos Precios Anuales Uniformes por distribuidora” y que, a su vez, según el Decreto 934/25 “se comienzan a aplicar las bonificaciones en el precio del gas en el mes de mayo y hasta el mes de septiembre con la bonificación extra del 25% establecida en la Resolución 111/26 y 121/26 de la Secretaria de Energía”.

Los subsidios a la energía y el transporte representaron el 5,9% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados al mes de mayo de 2026. Esto es algo más de 1 punto porcentual al observado en igual periodo de 2025.

Por otra parte, tanto en el acumulado a mayo de 2025 como de 2026 los subsidios se aplicaron en un contexto de superávit fiscal primario donde el ahorro por baja de subsidios explica gran parte de su dinámica. La reducción de subsidios en el período fue de $ 1,1 billón mientras que el superávit aumentó $3,3 billones.

Las tarifas para usuarios residenciales de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe ocupan el tercer lugar entre las más caras del país. Solo las de las provincias de Neuquén y Río Negro, en ese orden, tienen boletas más costosas para el servicio eléctrico.

Como se ha señalado en otras oportunidades, en buena medida esos valores se explican por el peso de los impuestos para los consumidores finales en hogares, de acuerdo con los gráficos que ofrece el Reporte de Tarifas y Subsidios de junio, elaborado por un instituto conformado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política compara las facturas eléctricas de todas las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires y ofrece también un promedio nacional, del que Santa Fe se aleja en un 27% más alto. Los neuquinos sufren tarifas 80% más caras que ese número medio y los rionegrinos 41% más.

Las provincias socias de Santa Fe en la Región Centro tienen también tarifas más altas que el promedio nacional. Córdoba supera ese límite en un 14% y Entre Ríos en solo 4%. En el otro extremo de la tabla de comparaciones, las empresas Edenor y Edesur, en el AMBA están un 37 y 38% más bajas que la media del país.

Factura final eléctrica a usuarios residenciales por componentes - junio 2026. Crédito: UBA - Conicet.

El gobierno nacional eliminó en enero de este año las tres categorías en que eran divididos los hogares a la hora de otorgarles subsidios. Sólo existen hoy dos tipos de usuarios residenciales: con y sin subsidios. Las ayudas solo llegan a hogares vulnerables que además han cumplido con su registro.

En el caso de la provincia de Santa Fe las diferencias entre uno y otro grupo de hogares es marcada aunque en ambos casos, en la comparación nacional, se ocupa el tercer lugar del lamentable podio de tarifas más caras del país.

Para los usuarios residenciales santafesinos que no reciben ayuda del Estado Nacional la porción con que se queda la EPE de sus tarifas es idéntica al promedio nacional. Un 40% del total abonado paga en Santa Fe el llamado Valor Agregado de Distribución (VAD). Es interesante observar que en casi todas las demás provincias con tarifas altas ese es el principal componente tarifario, el de mayor porcentaje.

Lo dicho: en las boletas santafesinas el segmento que corresponde a los impuestos, con el 33% del total, supera al resto de las jurisdicciones.

Por otra parte, para los usuarios santafesinos que gozan de kilovatios subsidiados por la Nación (en el valor del precio mayorista) un 50% corresponde al VAD. En 21 de las 29 jurisdicciones ese porcentaje es mayor, y llega a representar hasta el 58% del total. Y en el mismo grupo, solo Santa Fe y Neuquén tienen una proporción del 36%. El promedio nacional tiene 10 puntos menos.

El peso de los impuestos.

El informe aclara que "al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de Edenor y Edesur, provinciales y municipales en el caso de cooperativas".

"La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía. A su vez, responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones", agrega acertadamente el Reporte de Tarifas.

En ese sentido, es relevante recordar que en la provincia de Santa Fe la distribución de la infraestructura eléctrica tiene una extensión inusual en otras jurisdicciones. Y que por su peso en la demanda total nacional la EPE es la tercera compañía eléctrica, luego de las dos que actúan en la región metropolitana de Buenos Aries.

Otra particularidad provincial es que se ha adoptado para el pago del consumo eléctrico de la iluminación de las calles en pueblos y ciudades una Cuota de Alumbrado Público (CAP) que incrementa el rubro impuestos.

En diarios de las provincias patagónicas se toma nota de un artículo en el proyecto de ley que promueve fuertes cambios en los subsidios nacionales otorgados por Zona Fría.

En esa región del sur del país nunca estuvo en duda que los beneficios continuarían, sin embargo ahora han comenzado las preocupaciones porque uno de los puntos de la norma con media sanción deja en manos del presidente definir cuál será el total de la ayuda.

La norma aún vigente fija en un 50% del costo del combustible la rebaja para los hogares de las provincias patagónicas, lo que alivia sensiblemente las facturas de viviendas que requieren colección permanente en más de la mitad del año.

Sin embargo, esa certeza podría perderse en el futuro si la Cámara de Senadores aprueba tal como la de Diputados aprobó con media sanción el texto del proyecto de ley pedido por la Casa Rosada.

Hasta aquí, no había preocupaciones para los usuarios residenciales de provincias donde se repiten las temperaturas mínimas por debajo de cero grados y tampoco reproches a los legisladores nacionales que los representan y votaron favorablemente en la Cámara baja del Congreso.

Es la reforma al artículo tercero lo que ha encendido las alarmas en la opinión pública sureña, pero también en el oficialismo del Senado de la Nación, y aún con las provincias que se siempre se contaron como aliadas, que supuestamente no iban a sufrir recorte.

Los beneficios para las regiones y departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinente”.

Un mes atrás, los diputados nacionales aprobaron la reforma a la Ley de Zona Fría para el gas natural, que deja afuera al sur santafesino, el de Córdoba y buena parte del interior de la Provincia de Buenos Aires, entre otras regiones afectadas por la medida.

Desde entonces, el texto aún no ingresó en la comisión de Energía y ahora hay presión desde la Patagonia para que se reforme ese artículo que deja librada a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo determina el porcentaje de descuento.

Incluso, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa confirmó a la prensa que se comunicó esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que habrá de la Nación una promesa pública de no afectar el 50% de descuento. Pero eso no da garantías en el futuro respecto de otros presidentes…

El problema es que tocar en el Senado la ley en discusión significaría devolverla a Diputados así obligar a los legisladores nacionales oficialistas a pagar, otra vez, un fuerte costo político por encarecer el gas a sus comprovincianos.

En Rosario, por ejemplo, desde otros sectores políticos se hicieron circular los nombres de los legisladores nacionales por Santa Fe que votaron a favor de la suba del gas para los hogares. Y una revisión legislativa implicaría volver a esa dura exposición.

La redacción original del proyecto de ley que se ha aprobado con media sanción establecía que tales beneficios “serán equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas” pero en Diputados se dieron más facultades al Ejecutivo.

El gobierno de Milei ya había intentado modificar el régimen de Zona Fría en dos ocasiones, sin éxito, primero con la sanción de la Ley de Bases y luego con el proyecto de Presupuesto 2026, por lo que no dejará pasar esta oportunidad.

Al igual que a mediados de 2024, el Senado de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción un proyecto de ley para adherir una norma nacional sobre los llamados cuidados paliativos.

El texto que pasó a Diputados adhiere a la Ley Nacional 27.678 que busca “asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias”, según unas disposiciones más estrictas sobre cómo deben proceder los prestadores de salud con los pacientes cuyo diagnóstico parece irremediable.

El tema fue tratado sobre tablas y se aprobó sin demoras porque ya fue parte de los debates de dos años atrás. Solo su autor, Leonardo Diana, habló sobre el tema desde su banca en una intervención breve. El radical del departamento San Jerónimo se refirió a la finitud de la vida, un asunto que como médico conoce pero que siempre ante cada paciente impacta.

Desde el punto de vista estrictamente legislativo, informó que “este proyecto busca formalizar la formación de cuidados paliativos, ofrecer a todos los ciudadanos santafesinos una formalidad de enseñanza en residencias y en distintos tipos de docencia que permitan la proliferación de médicos paliativistas”, indicó.

La ley nacional promueve: estrategias de atención interdisciplinaria centradas en la persona y su familia, sobre las necesidades físicas, psíquicas y sociales del paciente.

Leonardo Diana, senador provincial por el departamento San Jerónimo. Crédito: Luis Cetraro

Pretende garantizar el acceso a las terapias farmacológicas disponibles, basadas en evidencias científicas aprobadas en el país para la atención paliativa.

También pretende que haya una mayor formación profesional específica, de grado y posgrado, y promueve la investigación en el área de la medicina paliativa.

Los cuidados paliativos incluyen acciones médicas como “la prevención, identificación precoz, evaluación integral y control de problemas físicos, incluyendo dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual y necesidades sociales”, define la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos.

Se trata de vivir lo mejor posible poco antes de la muerte, y de “facilitar la comunicación” con sus familias para “determinar los objetivos de la asistencia”.

Durante la sesión de este jueves 11 de junio, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción y giró a Diputados un proyecto de ley de expropiación presentado por el senador Oscar Dolzani (UCR-San Javier) que declara de utilidad pública diversos inmuebles ubicados en la localidad de Alejandra “con el objetivo de avanzar en la regularización de la provisión del servicio de agua potable para la comunidad”.

La Cámara de Senadores completó la sanción de una ley sobre los plazos y otros aspectos del juicio abreviado, que fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y que, tras su paso por Diputados, recibió modificaciones que ahora conforman la norma.

El texto de la Casa Gris llegó a la Legislatura el 12 de marzo pasado y contó con media sanción en unas pocas semanas, el 9 de abril por parte de los diputados. Ahora, por unanimidad, los senadores completaron el trámite legislativo.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Inicialmente la Casa Gris había pedido la modificación de un artículo del Código Procesal Penal pero luego Diputados agregó otro, criterio que fue aceptado por la Cámara alta. Hubo senadores que participaron de las labores previas a esa modificación, que incluyeron consultas a funcionarios de Gobierno.

En el recinto, Rodrigo Borla por la mayoría y Rubén Pirola por el justicialismo explicaron que se busca dotar de “más herramientas” a los fiscales y también hacer más ágil el proceso.

El radical recordó que antes de los alegatos finales de fiscales y defensores, “tanto en los delitos de acción privada como pública”, existe desde hace años la posibilidad de que el acusado admita su culpa y así obtenga algún beneficio por su colaboración con la justicia.

“Lo que hace esta reforma -puntualizó- es cambiar plazos solo en casos de delitos de acción pública”, es decir en aquellos en los que se afecta a la sociedad. Ahora habrá solo tres días tras la notificación.

Y por otra parte, cambia el artículo 401 de la Ley 12.734 - Código Procesal Penal, que también procura acelerar los tiempos. Respecto del trámite judicial se ordena que “abierto el recurso, el Tribunal convocará a una audiencia con un intervalo no menor de tres días ni mayor de quince, según la urgencia o complejidad del caso, en la que se producirá la prueba y se oirá a las partes, las que podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos, salvo los previstos para el recurso de revisión”. Antes, esa audiencia era convocada luego de informar a las partes sobre el caso, lo que demandaba otros diez días. Eran en total hasta 25.

“Desde nuestro bloque acompañamos al votar de manera positiva esta norma: entendemos que son herramientas que brindamos al Poder Judicial para que sea más ágil y más eficiente”, ratificó Pirola.

Diputados y Senadores avalaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

En su último informe a los legisladores, la fiscal general María Cecilia Vranicich mostró datos estadísticos que ratifican que para el Ministerio Público de la Acusación son clave los juicios abreviados.

En su exposición referida a 2025, indicó que “transcurridos casi dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 14.258 -publicada el 15 de abril de 2024- que reformó el artículo 339 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, corresponde efectuar una evaluación integral de su implementación y de los efectos institucionales derivados del control jerárquico de la Fiscalía General en materia de procedimientos abreviados”.

En otras palabras, la titular del órgano acusador llevó a la Legislatura una evaluación que parte de la estadística respecto de los resultados de las últimas modificaciones a la norma, al cabo de dos años de aplicación.

Subrayó “la disminución significativa en el porcentaje de acuerdos abreviados rechazados (por los jueces), que en 2024 representó un 3,3% y en 2025 apenas un 2,27%”. Sostuvo que existe “una adecuada adaptación de los órganos fiscales a las pautas orientadoras dispuestas para la individualización de penas y unificación de condenas”.

Además, para cuando se produjo la ponencia anual del MPA, ya estaba en discusión la nueva reforma. Fue también en abril, cuando Vranicich pidió a los diputados y los senadores que los “plazos sean perentorios” y así evitar que “los operadores judiciales luego tienden a no cumplirlos, interpretando que son plazos meramente ordenatorios”, que se argumente que “exigir su cumplimiento implica un ‘excesivo ritual manifiesto’, como ya lo ha dispuesto un juez de cámara”, lamentó.

Contradicciones de un planeta encandilado. Se discute a nivel mundial, de bloques, y de países, si habrá o no una regulación sobre la inteligencia artificial -o mejor de las inteligencias artificiales- y mientras tanto existe un récord mundial en consumo de carbón.

Es cuanto menos contradictorio que uno de los más antiguos combustibles, seguramente el más representativo del inicio de era industrial y el mercantilismo, el sencillo carbón mineral, nunca fue quemado tanto como en la actualidad. Aunque en las noticias de todos los días la humanidad presuma de sus viajes al espacio, sus automóviles sin volantes y sus algoritmos capaces de enamorar a seres solitarios encerrados por los destellos de sus pantallas, esos consumos energéticos se sostienen en parte con carbón.

El planeta parece haber llegado al futuro pero retiene para su subsistencia, casi sin saberlo, pesados elementos de su pasado (tal como sucede con el trabajo esclavo). La combustión a carbón se resiste a su derogación a manos de alternativas más limpias y modernas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters/Dado Ruvic

El presente es casi tan distópico como lo que había prometido la ciencia ficción y ofrece los riesgos bélicos de siempre, aunque los actores se confundan como en 1984 de Orwell y como en la política exterior. Eso sí, donde sea, se mantiene el orden siempre al gusto de los verdaderamente poderosos. Y en ese juego el carbón mineral aún domina mercados energéticos relevantes.

Entre los especialistas en energías desde hace ya demasiadas décadas se habla del precio del petróleo, de las energías alternativas, de las centrales nucleares y de una ansiada senda de superación por vía del progreso tecnológico y las regulaciones, llamada "transición energética". Ese es el objetivo: que alguna vez sea mejor la relación con el medio ambiente en el sector de la generación de energía en los sistemas de distribución y en el transporte. Pero el persistente carbón de piedra no se rinde.

En el mercado mundial figura como "coal", en inglés, el más contaminante de los modos de producir energía, que alcanzó un nuevo récord histórico de 8.845 millones de toneladas anuales. Se superó otra marca histórica de 8.805 millones de tn.

La lenta marcha de la transición energética no logra prescindir de su poder calórico pese al récord en el desarrollo de las energías limpias porque el consumo siempre supera las expectativas.

Los discursos de las cumbres climáticas quedan expuestos a la realidad que los contradice. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que la demanda física de carbón anotó un incremento de 40 millones de toneladas interanuales. No hay al menos por ahora signos de descarbonización.

"Para dimensionar el verdadero peso del mineral es clave separar la generación eléctrica del consumo de energía primaria, que incluye el transporte pesado, las redes de calefacción urbana y los grandes procesos industriales. El último Statistical Review of World Energy -el documento de referencia global del Energy Institute y las consultoras KPMG y Kearney- revela que el carbón abastece el 27,9% de toda la demanda energética del planeta", indica un artículo del sitio Mejor Energía.

Y agrega que en cambio, el conjunto de las energías renovables modernas (solar y eólica) aportó apenas el 5,6% de la torta primaria global. Sumada la energía hidroeléctrica tradicional, el bloque verde consolidó un 8,3% del total. El carbón "sigue duplicando la participación de todas las fuentes limpias juntas".

Asia concentra el 83,4% del consumo mundial de carbón con China e India como principales demandantes. Se estima que las industrias chinas se apoyan en energías que en un 56% provienen del carbón.

Sobre tablas, por unanimidad y con las firmas de todos los senadores presentes, la Cámara alta de la Legislatura santafesina sancionó la ley que declara a la Provincia de Santa Fe "como territorio libre de discursos de odio". La norma tiene el objetivo además de "establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación".

La norma que viene a dar un testimonio de cómo es la vida política de la provincia a nivel institucional, entre los partidos políticos y sus dirigentes, ciertamente cuida que ese clima derrame sobre los ciudadanos. Es una perfecta contracara de lo que sucede a nivel nacional.

Contiene en su artículo segundo una "definición de discurso" que dice: "A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas".

Con el respaldo unánime del Senado, Santa Fe se posiciona como un ejemplo en la lucha contra la discriminación, fortaleciendo su compromiso democrático. Foto: Gentileza Santa Fe.

Menos de 24 horas pasaron entre la formalización del pedido de esta norma a los legisladores provinciales por parte de la Mesa del Diálogo Santafesino y la consecuente media sanción del Senado. En rigor, desde hace décadas en el cuerpo deliberativo hay tradiciones democráticas que se respetan y cuidan. Prevalece, además de la gobernabilidad, el diálogo y la disposición a negociar.

Otro artículo ordena que el "el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, debe diseñar e implementar campañas de comunicación y sensibilización social dirigidas a la población en general, con énfasis en entornos digitales, orientadas a la prevención de los discursos de odio y a la promoción de una cultura de respeto y convivencia democrática".

Añade además "como artículo 62 bis en el Libro III, 'De las faltas y sus Penas', Título II, 'Contra la tranquilidad y el orden Público', Capítulo I, de la Ley 10.703 y modificatorias del Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe, el siguiente texto: 'Artículo 62 bis.- Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio será reprimido con una multa de sesenta (60) jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos". Tanto la ejecución como el abordaje del curso la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig agradeció a los jefes de los bloques del oficialismo, Rodrigo Borla y de la oposición, Rubén Pirola. Subrayó el valor de la labor de las entidades que constituyen la Mesa de Diálogo Santafesino y lamentó las divisiones nacionales una y otra vez alimentadas desde el poder.

"El discurso de odio constituye uno de los fenómenos más lesivos para la convivencia democrática y el pleno ejercicio de los derechos humanos", dicen los considerandos. Y los describe, como "toda expresión que incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos, representa una amenaza directa a la dignidad humana y la cohesión social".

La provincia de Santa Fe adopta medidas firmes para prevenir discursos de odio, destacando la importancia de la dignidad humana y el respeto mutuo. Foto: Gentileza Santa Fe.

"La violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas, sino también en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática", expresa.

Es valiosa la idea que luego se despliega: "los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social, afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

Advierte que los avances tecnológicos y la masificación de las redes sociales han amplificado exponencialmente la velocidad y el alcance de los discursos de odio. "Estos discursos no solo generan daño psicológico inmediato en las víctimas, sino que contribuyen a climas de violencia, exclusión social y, en casos extremos, a crímenes motivados por el odio", añade.

La nueva legislación santafesina busca prevenir la incitación al odio, promoviendo campañas educativas que incentiven el diálogo y la igualdad en la sociedad. Foto: Gentileza Santa Fe.

Enumera la creciente inmediatez de las comunicaciones, el anonimato de las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial -que amplía la posibilidad de producir expresiones que deshumanizan y agreden- que vuelven "indispensable el abordaje de dicha problemática por parte del Estado".

Toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia у, al mismo tiempo, promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

"Defender la convivencia democrática -concluye- no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el respeto irrestricto por la libertad de pensar del otro".

La obligación de llevar a cabo pruebas toxicológicas para "todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la Provincia de Santa Fe, durante el ejercicio de sus funciones", es el núcleo de un proyecto de ley que desde fines de 2025 impulsa el bloque del Justicialismo en la Cámara de Senadores.

El texto que lleva la firma de Osvaldo Hugo Sosa (Vera) en primer lugar, acompañado por Armando Traferri (San Lorenzo) cuenta con aportes de la bancada que, rápida de reflejos, presentó esa iniciativa a poco de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sometiera personalmente a una prueba médica de este tipo antes de invitar a hacer lo mismo a los más altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, así como de la Policía.

De avanzarse con la norma propuesta, el control sería obligatorio (ya no como ejemplo ante la sociedad), periódico y sometido a normas regulatorias que tendrán en cuenta la confidencialidad de resultados positivos, como establece la legislación vigente.

En el segundo artículo de la norma que tiene un pedido de tratamiento preferencial para la próxima sesión se incluye una lista taxativa de los cargos a comprendidos para el narcotest: "a) Poder Ejecutivo: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, titulares de entes descentralizados o desconcentrados, presidentes y directores de empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, jefe y subjefe de Policía, director y subdirector del Servicio Penitenciario Provincial.

Acompaña el proyecto Armando Traferri (San Lorenzo).

" b) Poder Legislativo: senadores, diputados, secretarios legislativos, prosecretarios, autoridades de comisiones, asesores y funcionarios jerárquicos de ambas Cámaras; "c) Poder Judicial y Ministerio Público: ministros de la Corte Suprema, magistrados, fiscales, defensores públicos, secretarios y demás funcionarios jerárquicos del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; "d) Órganos de Control: miembros del Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo y defensor adjunto".

Los controles serán según la ley propuesta "obligatorios y gratuitos", bajo las siguientes modalidades: "1. Inicial: dentro de los treinta (30) días corridos de la asunción del cargo. 2. Periódica: con una frecuencia mínima anual. 3. Aleatoria: mediante sorteo imparcial y bajo protocolo de transparencia. 4. Por denuncia fundada: en caso de que existan indicios razonables que ameriten su realización. La implementación de los exámenes deberá respetar los principios de legalidad, confidencialidad, dignidad, derecho a defensa y cadena de custodia".

La norma contempla la posibilidad de que los agentes públicos provinciales de forma voluntaria se sometan al examen toxicológico, "como medida de responsabilidad institucional, autocuidado y cultura de prevención. La autoridad de aplicación deberá garantizar las condiciones técnicas, la gratuidad y la confidencialidad de estos exámenes voluntarios, fomentando su incorporación en los distintos organismos públicos".

Se procura que haya convenios con universidades, hospitales y laboratorios, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Dos artículos indican cómo proceder ante un resultado positivo, con un abordaje interdisciplinario que contemple aspectos vinculados a salud, psicología, trabajo social y derecho.

Ese equipo tendrá como funciones las de brindar contención, orientación y asistencia integral, pero también "evaluar la aptitud del funcionario para ejercer su cargo en condiciones plenas, de acuerdo con la Ley Nacional N.º 26.657". Del mismo modo, "sugerir medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas no punitivas". Además, "toda medida deberá respetar el principio de confidencialidad, la no discriminación y el derecho al debido proceso".

El texto que lleva la firma de Osvaldo Hugo Sosa (Vera) en primer lugar.

Quien rechace someterse al examen cometerá una "falta grave" que "podrá dar lugar a la suspensión preventiva del cargo, instrucción sumarial o remoción, conforme a los mecanismos legales vigentes".

Un artículo establece que "los resultados de los exámenes son considerados datos sensibles, conforme a la Ley Nacional N.º 25.326. Su acceso será restringido, y sólo se podrá utilizar para los fines previstos en la presente norma" y otro invita a que lo mismo suceda en las municipalidades.

"En San Luis -dicen los considerandos- se sancionó, en 2024, una ley que obliga a realizar exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado, de forma anual y aleatoria. En Jujuy, rige la Ley N.º 6164/20, que impone la realización de narcotest todos los funcionarios jerárquicos del gobierno provincial, mientras que Mendoza y Entre Ríos también han aprobado regímenes similares, algunos incluso con carácter semestral y bajo apercibimiento de cese inmediato en caso de incumplimiento".

"A nivel internacional, países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han desarrollado políticas de control de sustancias dentro del sector público, especialmente en ámbitos de seguridad, justicia, salud y educación. Estas experiencias demuestran que la iniciativa aquí propuesta no solo es viable desde el punto de vista operativo, sino también necesaria como parte de una estrategia integral de fortalecimiento del Estado, recuperación de la autoridad pública y promoción de un modelo institucional", siguen.

Desde el punto de vista jurídico, "el proyecto se encuentra plenamente enmarcado en los principios consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en particular en lo relativo a la transparencia en la función pública, el principio de legalidad, la protección de los datos personales y el derecho a la salud. Asimismo, respeta las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la dignidad de las personas involucradas, estableciendo mecanismos objetivos, técnicos y con participación de organismos independientes".

Con modificaciones de fondos, el Senado aprobó por unanimidad una nueva versión del proyecto de ley de Ficha Limpia para empresas contratistas venido con media sanción de Diputados. El texto vuelve en revisión a la Cámara baja.

Por unanimidad, los senadores del oficialismo y la oposición produjeron cambios a la iniciativa impulsada por la diputada socialista Lionella Cattalini, en una sesión en la que el único miembro del PS en el recinto de 19 bancas, el senador Julio Francisco Garibaldi, estuvo ausente con aviso.

Según la versión que habían aprobado los diputados se buscaba la sanción de una nueva norma con su propio articulado. Ahora, en cambio,

tras el paso del expediente en el Senado de lo que se trata es de hacer modificaciones sobre sendos artículos de dos leyes ya existentes que son nucleares para la administración del Estado.

En un caso se trata de modificaciones al artículo 141 de la Ley N° 12.510 de la Provincia de Santa Fe que establece el régimen de Administración, Eficiencia y Control del Estado y fue sancionada en 2005. Rige todos los actos, operaciones y finanzas del Sector Público Provincial no Financiero y regula desde cómo se construye el Presupuesto, fija límites y resguarda la competencia en la contratación de bienes y servicios y norma el control Interno y externo del Estado del Estado provincial.

En el otro, son también modificaciones sobre uno de los artículos de otra norma, aún más antigua: la llamada Ley de Obras Públcas que data de 1960 y fue promulgada por el entonces gobernador Carlos Sylvestre Begnis.

Sobre la ley de 21 años atrás se agrega que “en todos los procedimientos de contratación, con carácter previo al acto de adjudicación, deberá corroborarse la inexistencia de las causales previstas en el presente artículo respecto de las personas humanas o jurídicas oferentes, sus representantes legales, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, y de cada una de las personas que integren uniones transitorias, consorcios, agrupaciones de colaboración o cualquier otra forma asociativa admitida para contratar con el Estado. La reglamentación establecerá la forma de acreditación, verificación y actualización de la información exigible”.

Con la de 2005 en cambio se avanza en aplicar las razones para no poder ser contratista a “las personas humanas, representantes legales, integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas, y a cada una de las personas que integren uniones transitorias, consorcios, agrupaciones de colaboración o cualquier forma asociativa admitida para contratar obra pública”.