“Mientras que se duplicó el peso del impuesto nacional a los combustibles que pagamos todos los usuarios del país cada vez que vamos a las estaciones de servicio, el gobierno nacional redujo a la mitad los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales”, sintetizó el senador por Rosario Ciro Seisas, al comentar un reciente fallo de la Justicia Federal.

En la sesión del 22 de octubre, el legislador informó a sus pares de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe que un pedido de amparo suyo había tenido el eco esperado.

Explicó que la jueza federal Natalia Martínez resolvió hacer lugar a su solicitud, presentada como ciudadano hace ya más de un año y medio, para que mejoren las condiciones “elementales” de la Ruta Nacional A008, que incluye a la Circunvalación de Rosario.

“Es mucho más que una avenida”, explicó el senador de Unidos para Cambiar Santa Fe que recordó que por esa vía circula la enorme mayoría de las cargas de productos primarios e industriales que salen por los puertos del sur.

“La Nación quitó programas de salud reproductiva, de discapacidad y también ha dañado la obra vial, lo que pone en riesgo vidas”, expresó.

Narró que “pedimos lo básico, algo que no debería ocupar ni un minuto de las autoridades municipales y provinciales, ni de los legisladores, es lo tiene la obligación de hacer la Dirección Nacional de Vialidad”.

“Hemos ganado el juicio en nombre de todos los vecinos de Rosario: la circunvalación tiene que ser segura”, destacó.

Detalló que “en un plazo máximo de 20 días”, la DNV tiene que entregarle a la Justicia “un diagnóstico detallado de cómo está hoy la ruta, una lista exacta de los lugares que se necesitan arreglar y el plan de trabajo a desarrollar, con fechas, con cronogramas, con presupuesto, y con nombre y apellido de los responsables”, apuntó.

Y deslizó: “tantas veces se usan los nombres y los apellidos para hacer campañas políticas con los cargos, pero no para dar la cara…”.

Relató que presentó en su demanda “un peritaje técnico que recorrió toda la traza que de 30 km con los problemas que se denuncian desde 2024”.

Recordó que antes de llegar a Tribunales “agotamos todas las vías del diálogo, el pedido y el reclamo formal, tal como han hecho los demás senadores”, dijo y destacó la decisión inicial en ese sentido por parte de la senadora Leticia Di Gregorio.

“El gobierno nacional no respondió, ni siquiera consideró transferirnos las rutas a la provincia, ni una cosa, ni la otra… como si estuviéramos en otro país en la Provincia de Santa Fe”, consideró.

“Frente a la desidia que pone en riesgo las vidas de los usuarios -insistió- fuimos a la Justicia, que nos ha dado la razón”.

“No nos queremos quedar con la mera sensación de un triunfo judicial, este es un acto de justicia para los ciudadanos y ciudadanas de Rosario y de toda la provincia”, valoró.

El fallo de 49 páginas firmado por la jueza federal subrogante Natalia Martínez dispone de siete ítems en su parte resolutiva, y contiene órdenes directas a la Dirección Nacional de Vialidad.

Debe adoptar “medidas pertinentes y necesarias para la ejecución y mantenimiento de las tareas de conservación integral de la Ruta Nacional N° A008”.

Y las detalla: “desmalezamiento: reemplazo de cartelería indicativa en mal estado, averiada ilegible; iluminación en toda su extensión; señalización en calzadas: bacheos en sectores en mal estado: limpieza general de la arteria: y reparación definitiva de los sectores en que se acumule agua".

Todo, "con el objeto de garantizar la adecuada transitabilidad de las personas y vehículos en condiciones de seguridad y fluidez”.

“Así también, con el objeto de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales a circular libremente y por vías seguras, la protección de la vida, la salud, la integridad física y la propiedad de los usuarios”.

Debe presentar en 20 días “un informe técnico actualizado respecto del estado de la ruta, el cual deberá contener una descripción detallada del estado de conservación y mantenimiento de los pastizales y malezas, luminarias, cartelería, calzada y limpieza general”.

También “deberá identificar de manera precisa” los elementos que requieren tareas de mantenimiento y reparación y “acompañar en idéntico plazo un detalle de las acciones previstas para la ejecución las tareas referidas, Incluyendo cronograma, recursos asignados y responsables de su implementación”.

Un ítem exige que la DNV “informe la identificación de los agentes, funcionarios y áreas competentes, encargadas de llevar adelante labor en la presente resolución, quienes deberán constituirse como Interlocutores válidos y debidamente facultados a tales fines”.

Obliga a dar “estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 24.449, adoptando todas las medidas tendientes advertir los usuarios respecto de los riesgos existentes en el tramo de ruta en cuestión, mediante la colocación de señalización adecuada” y “campañas informativas” en medios.

De manera bimestral deberá presentar ante el juzgado “informes detallados que den cuenta de las acciones realizadas en cumplimiento del plan de tareas”.

(1) El gobierno nacional aumentó los impuestos dentro del precio final de las naftas del 8,9% en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026.

A la Cámara de Senadores de Santa Fe ingresó un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que aspira a producir "un cambio de modelo" en las respuestas de la administración y del Poder Judicial frente a la violencia de género. Entre otros aspectos, impide que los jueces puedan declararse incompetentes frente a denuncias al respecto, y los obliga a actuar de modo urgente.

La iniciativa que comienza a tener estado parlamentario este jueves 15 de octubre, tiene un carácter integral y contiene 89 artículos que buscan dar vuelta un mecanismo que se describe como "reactivo" ante las denuncias por otro "dinámico" y de prevención.

En los fundamentos del texto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, se explica que hoy el modelo es "predominantemente reactivo" y que debe mutar "hacia un sistema integral y dinámico de gestión del riesgo".

Se busca que se apoye en los principios de "tutela judicial efectiva, prevención, actuación oportuna, debida diligencia reforzada, proporcionalidad, no revictimización, mínima afectación de la persona protegida y especial protección de niñas, niños y adolescentes".

Otra característica de la norma en debate es que en todo el mensaje no figura la palabra "derógase", tan común a las reformas. Aquí en cambio se trata de agregar "más herramientas".

Los considerandos y el artículo 82 expresan que "el control del cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como una responsabilidad estatal y no se traslada a quien requiere protección" y "cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias correspondientes a sus competencias".

Respecto de los magistrados, el 26 crea la "Actuación Urgente" como obligación para los magistrados. Establece que "para cuando resulte necesaria la adopción inmediata de medidas de protección" será "competente para disponerlas cualquier juez que tome conocimiento del caso aun cuando resulte incompetente para continuar interviniendo".

La intervención prevista en este artículo "tiene carácter excepcional y no importa la prórroga de la competencia". Y sigue: "Adoptadas las medidas, el juez remite sin demora las actuaciones al órgano judicial competente, manteniéndose aquellas vigentes hasta su ratificación, modificación, sustitución o cese".

El mensaje fue presentado el mes pasado por el ministro Cococcioni y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Andrea Travaini, quien explicó en una entrevista con El Litoral que "se excluye expresamente la mediación y la conciliación" como formas de resolver los casos.

Para "evitar la fragmentación de la atención estatal, se crea un Registro digital único, que va a estar en el ámbito del Poder Ejecutivo y es interoperable", es decir, que el organismo que reciba a una persona víctima de violencia de género "pueda ingresar y ver qué actuaciones hay sobre ella o sobre el agresor", indicó.

El proyecto, añaden los fundamentos, "incorpora asimismo el principio de mínima carga procesal, de modo que la intervención estatal no reproduzca sobre la persona protegida cargas, reiteraciones o exigencias innecesarias".

“La ausencia de patrocinio letrado -sigue- no impide el acceso al sistema ni la adopción de medidas urgentes; la incompetencia territorial o material tampoco obsta a que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente adopte las medidas indispensables para neutralizar el riesgo”.

La iniciativa "incorpora además una dimensión material de la protección mediante la creación de un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a solventar necesidades inmediatas directamente vinculadas con la seguridad".

"Traslados, alojamiento transitorio, medidas de seguridad domiciliaria o comunicaciones" se cubrirían con esos recursos de disponibilidad inmediata.

"El proyecto procura, en definitiva, consolidar una política pública que permita anticipar el riesgo en lugar de limitarse a reaccionar frente al daño consumado, integrar las capacidades estatales actualmente distribuidas, individualizar las respuestas, controlar efectivamente las medidas dispuestas y adaptar su intensidad a la evolución concreta de cada situación", dice el mensaje.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti dijo que frente al histórico "cuello de botella" del sistema de transporte en el país se acudió a la tecnología que puede dar una respuesta más rápida: las mega baterías.

Al mismo tiempo, destacó que los actores privados cuentan ahora con lo que durante años se reclamaba: tarifas que estimulan la inversión, lo que debería comenzar a dar resultados cuando suba el termómetro.

La funcionaria que se desempeña en la órbita del ministerio de Economía de la Nación destacó el rumbo -y los resultados- de las políticas energéticas nacionales.

Entrevistada en un ciclo organizado por el diario Ámbito Financiero se refirió a la situación del sistema eléctrico de la Argentina ante el verano que se avecina.

Como se sabe, los meses cálidos pasados de 2025 y 2026 se caracterizaron por los apagones masivos, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias del noreste y, en menor medida, del noroeste.

Entrevistada por el periodista Sebastián D. Penelli, Tettamanti aceptó el término "mitigar" a la hora de describir el papel que tendrán las baterías gigantes que se han instalado para mejorar la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su conurbano en dicha provincia, donde se encuentra la mayor concentración urbana y de la demanda de energía.

El mismo término vale para el resto del país, para el que también se licitó un sistema de provisión de energía en frío (en espera) ante crisis en el sistema de transporte, denominado Alma Sadi.

Tettamanti reconoció que se debe insistir, en todo el país, en la "gestión de la demanda" sobre los denominados grandes usuarios para que sea más eficiente su consumo de energía. Sobre el tema abundó: "Hay que seguirlo trabajando, el mundo lo hace".

Ante una pregunta puntual, negó que se piense ya en poner otra vez en práctica un esquema de emergencia con apagones programados, que en el período cálido anterior recibió el nombre de "Plan Verano", ante la la grave crisis energética que pasó el país.

La funcionaria dijo que ya se habían tomado las medidas en las que el gobierno nacional confía para equilibrar la demanda de energía y la oferta en generación y transporte.

En medio del ciclo que convoca a especialistas, expresó que con los generadores ya se logró "reforzar con remuneración" el estímulo para "que inviertan", cuando el periodista le habló del pasado plan de emergencia.

Una vez más dijo que las resoluciones y políticas nacionales han dado las señales del caso a las empresas generadoras.

En cuanto a la infraestructura para su transporte, que requiere de inversiones de largo plazo, recordó que se optó por los parques de almacenamiento de energía con baterías por sus efectos inmediatos.

Tettamanti valoró que los proyectos Alma SADI, para todo el país y Alma GBA para el Amba. "Fueron el camino más rápido para poder tener más potencia" en el Sistema Argentino de Interconexión y precisó: "A lo largo de todo este verano, se van a incorporar 500 MW de los 700 de Alma GBA y otros 200 que se van a incorporar en mayo de 2027, junto con los otros 700 MW de Alma SADI".

"Eso te da una mayor confiabilidad a través de un sistema de baterías, que era algo que había que hacer con inmediatez. Ahora, lo que importa a futuro es que haya más inversiones en generación y transmisión", expresó.

Sobre el funcionamiento de las baterías, profundizó: "Hay momentos en que la posibilidad de generar supera la demanda y, si no tenés demanda, la perdés. En cambio, teniendo las baterías, la podés almacenar en horas de bajo consumo y ponerla a disposición de la demanda cuando lo requiera".

Ante la llegada del verano, la funcionaria indicó que la estrategia pasará por la gestión de la demanda, que implica "invertir en infraestructura y asegurarte de que sea óptima y al menos costo posible, lo cual se logra con un consumo eficiente".

Tettamanti también habló sobre la obra de transporte de energía eléctrica en alta tensión AMBA 1, que es la de mayor prioridad para las autoridades nacionales.

Reforzará el servicio para porteños y bonaerenses, pero además de transportar energía a esos consumidores también posibilitará "la incorporación de generación renovable que va a beneficiar el costo total de generación promedio".

En tal sentido, subrayó que los efectos directos e indirectos de esa obra creará beneficios "para todo el país, no solo para Buenos Aires", remató.

Por unanimidad y con despacho de comisiones se aprobó en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia al Reglamento Técnico MERCOSUR para el Transporte de Sustancias Infecciosas y Muestras Biológicas.

Al explicar la iniciativa, su autor Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), señaló que surgió a partir de una inquietud planteada por transportistas y que busca establecer en la provincia la aplicabilidad de una normativa que actualmente no cuenta con legislación específica a nivel local.

El texto cuenta con cinco artículos en los que Santa Fe se adhiere a la Resolución N° 1884/2010 del Ministerio de Salud de la Nación, mediante la cual se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC MERCOSUR N° 50/2008", un Reglamento Técnico que rige "entre los Estados Partes", en cuanto resulte "aplicable al transporte terrestre intraprovincial de muestras biológicas humanas".

El segundo establece que el transporte de sustancias infecciosas y muestras biológicas dentro del territorio de la provincia de Santa Fe "se realiza conforme a las condiciones técnicas, sanitarias y de bioseguridad previstas" en esa reglamentación.

También incluye "las instrucciones de embalaje P620 y P650 y las guías vigentes de la Organización Mundial de la Salud, las cuales constituyen estándares técnicos mínimos, sin perjuicio de las condiciones adicionales establecidas por esta ley y su reglamentación".

El tercero establece que será la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo en tanto que en el artículo cuarto se indica que el Ministerio de Desarrollo Productivo actúa en forma coordinada y complementaria.

La norma comprende a ambas carteras ministeriales "a fin de garantizar el cumplimiento integral de las disposiciones establecidas en el reglamento técnico adoptado y para dictar las normas complementarias y reglamentarias necesarias" para que se implemente la ley.

El texto propuesto por el presidente de la bancada del Justicialismo pasó a la Cámara de Diputados.

La sesión fue conducida por el presidente provisional, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y mostró que hubo diálogo fluido con la otra Cámara.

El Senado aceptó modificaciones que los diputados hicieron sobre proyectos nacidos en el Senado, sobre varios asuntos de fuerte importancia en localidades del interior santafesino.

El jefe de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (San Justo), pidió alterar el orden de la sesión para que primero se apruebe un mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual se propone aprobar un convenio de cooperación suscripto entre el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina.

Más tarde, recién votadas por Diputados, lograron la sanción definitiva varias normas, como una iniciativa del senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) que dispone la donación a la Comuna de Galisteo de inmuebles de la Provincia para espacios públicos, instalaciones comunales y otros destinos.

Lograron sanción definitiva dos iniciativas impulsadas por el senador Germán Baumgartner (UCR-Garay) referidas a las comunas de Cayastá y de Helvecia. La primera exime a Cayastá de la prohibición prevista en el artículo 15 de la Ley 2439, Orgánica de Comunas, con el objetivo de brindar una contención normativa a los poseedores de 12 viviendas sociales destinadas a personas de escasos recursos.

La reforma de fondo que produjo el Congreso de la Nación sobre las energías en la Argentina tuvo como tema de debate más difundido la eliminación de dos tercios de las áreas y la población consideradas bajo los beneficios de la Zona Fría.

El efecto inmediato de la ley que votaron en contra los tres senadores nacionales por Santa Fe tiene claros perjuicios para la zona sur del mapa de la bota donde medio millón de personas pierden las ayudas para el servicio de distribución de gas natural. En total, en todo el país, la quita alcanza unos 4 millones.

En adelante y tal como sucedía hasta 2021 las ayudas serán solo para los climas más extremos: una pequeña porción de la población mendocina (en Malargüe), del Noroeste del país (en la Puna) y en toda la Patagonia.

Pero la vuelta a esa situación de subsidios acotados por bajas temperaturas a menos de medio millón de argentinos hoy tiene otros ingredientes. Cuando se creó esta ayuda, en 2002, las tarifas del gas natural estaban seriamente atrasadas, algo que hoy no sucede.

La salida de la convertibilidad o mejor su estallido fueron el contexto cambiario de aquella decisión. Para altos consumos, ni la pesificación de las tarifas de aquellos años fue suficiente para que los usuarios residenciales con gas natural en la Patagonia pudieran afrontar las boletas.

Más adelante, en las dos décadas y algo más que siguieron (y con algún paréntesis) las tarifas en todos los niveles y servicios fueron fuertemente subsidiadas por el Estado nacional. Desde diciembre de 2023 sucede lo contrario.

En la actualidad, todas las medidas asumidas por el gobierno nacional buscan que los usuarios residenciales (al igual que los comerciales e industriales) paguen tarifas sin ayudas y que haya solo subsidios "focalizados" para los hogares más vulnerables, en los que la suma de sus ingresos no supere tres canastas básicas.

¿Por qué es importante comparar las tarifas subsidiadas del kirchnerismo con los valores de hoy cuando se habla de gas y Zona Fría? Porque pese a la fuerte reducción del número de beneficiarios, no se tocó el impuesto que sostiene esas ayudas.

La ley aprobada mantiene una alícuota de hasta el 7,5% del valor del combustible, de cada una de las boletas de todos los usuarios del país, para sostener un número mucho menor de hogares con ayudas para pasar el invierno. La síntesis es que no se tocaría la fuente de ingresos (e impuestos) pese a que ha bajado sustancialmente la cantidad de metros cúbicos a subsidiar.

A ese novedoso desequilibrio (iguales impuestos para una asignación menor) se lo podrá corregir de dos modos: con un retiro del Estado nacional en sus aportes para sostener el valor del gas natural con este fin o con una baja de la alícuota.

La norma dispone que se cobre "hasta el 7,5%", pero la política energética nacional actual busca lo primero: que el Estado se retire todo lo posible del plano de los subsidios (y de las regulaciones) con dolarización de las tarifas.

Se busca en todo el nuevo esquema normativo que haya un traspaso directo del costo real de la energía a las facturas finales. Ese es uno de los puntos calientes que ha dejado la quita de subsidios al gas para la zona fría.

Transparencia algorítmica, gobernar los sistemas de datos, saber que la inteligencia artificial “no crece en el vacío”, y que el Estado “no puede simplemente publicar un disclaimer o disculpa”.

Las definiciones que da cada tanto en la charla Mauro Solano sobre el sector público y sus bases de información hablan de la suerte o la desgracia que vivirán los ciudadanos mañana, según las decisiones a tomar hoy.

Didáctico y paciente, recibe las preguntas y acepta interrupciones sin reparos y, seguramente, porque sabe que será leído por gente de la época del papel, que no teme a enfrentar miles de caracteres impresos o en cualquier soporte, se toma el tiempo para dar explicaciones más profundas.

Siempre remata sus reflexiones con palabras que dan para otro título. Acaso sea por su formación. Solano es un politólogo, especializado en la transformación digital del Estado y la inteligencia artificial que trabaja activamente para los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires.

Forma parte de FederAI, Foro de Estados para el Desarrollo de Estrategias y Reformas hacia Administraciones Inteligentes, “un espacio de cooperación” entre las jurisdicciones subnacionales más importantes del país. La integran casi todas las provincias con mayor desarrollo, entre ellas Santa Fe.

“Buscamos traducir la tecnología en soluciones concretas, crear una federación de ecosistemas digitales”, explica.

“Los Estados son de las organizaciones sociales que mayor cantidad de información y datos recopilan. Y su capacidad de cómputo también es inigualable”, señala para indicar que se debe usar esa ventaja para “anticiparse a fenómenos y pasar de Estados reactivos a Estados proactivos, que incluso pueden detectar cuáles pueden ser las necesidades o problemáticas de un ciudadano y acercarle activamente una solución”.

Piensa que es este el momento para las provincias y que la IA da “la oportunidad de cambiar el país macro cefálico desde las provincias” y que esa opción, que alguna vez podrá tener una dimensión política, “está en marcha”.

- ¿Para unificar bases de datos como lo que se logró con los deudores alimentarios, federalismo y municipalismo son un problema?

- Las provincias son preexistentes a la nación y conservan un nivel de autonomía que está establecido en la Constitución Nacional. Administran lo que yo llamo los tres grandes sistemas de gestión pública que le cambian el metro cuadrado de la vida de las personas: salud, educación y seguridad.

El sistema federal permite contemplar las heterogeneidades, las particularidades que tiene cada territorio, cada población con puntos de partida diferentes, con intereses también distintos. Las provincias conocen a la perfección cuáles son las demandas de la ciudadanía. Eso debería permitirles gestionarlas de una manera bastante más eficiente, ¿no?

- Cada provincia seguramente tiene sus objetivos, aquí por ejemplo lo urgente fue gestionar datos sobre seguridad, y se hizo de manera centralizada.

- Ustedes en Santa Fe tienen el Sistema Lince que es un caso interesante. Ya han comenzado a aplicar inteligencia artificial en el monitoreo que ya existía. Puede analizar en tiempo real una enormísima cantidad de datos que con trabajo humano llevarían muchísimo tiempo.

Colabora con identificación de vehículos, personas, imágenes que aportan información sobre seguridad. Lince ha reportado que unos 700 casos fueron resueltos con su ayuda.

Hay un saldo, un resultado concreto, en materia de seguridad. Y por supuesto, no es solo incorporar tecnología. Siempre en estos temas es muy importante gobernar el proceso, tener control y cuidado en su utilización, hay que administrar datos personales, por ejemplo.

- ¿Regular el uso de los sistemas de monitoreo?

- Siempre hay que tener, en todos los sistemas, una gobernanza de esos datos. Estar por encima de la gestión de esos sistemas. Son tecnologías con muchísimo potencial que requieren sumo cuidado y resguardo.

En muchas provincias han avanzado en esquemas de gobernanza de datos, de protocolo de uso de datos, de estandarización y uso de inteligencia artificial hacia dentro de la administración pública y todo eso contribuye a tener un esquema más o menos fuerte al momento de incorporar esta tecnología en ámbitos tan delicados.

- Hay otros sistemas como Lince en Buenos Aires, ¿podrían integrarse?

- Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene sistemas parecidos y hay municipios del Gran Buenos Aires que también los han desarrollado. Han pasado de unos sistemas con cámaras y sensores a su lectura con IA, procesarlos en tiempo real.

La información es el insumo que mejora de la seguridad. La videovigilancia en muchos casos todavía depende solo de agentes que tienen que estar permanentemente mirando, muy concentrados

- Pero que son falibles.

-Sí, porque baja la productividad a medida que pasan las horas. Aparecen el cansancio, los errores, por eso poder tener una asistencia inteligente en esos rubros es muy importante.

Hay provincias que usan IA como asistencia para las líneas telefónicas de emergencia, en casos de violencia o inseguridad.

Un asistente inteligente puede determinar rápidamente con una en una conversación qué se requiere. Si es necesaria una intervención especial, por ejemplo.

- ¿Mejor que una persona especializada?

-Un especialista va a lograr mayor profundidad, pero la Provincia de Buenos Aires usa en una experiencia piloto IA para el primer instante de la llamada. Y así seleccionarlas.

- ¿Fuera del tema seguridad, qué otras experiencias te han llamado la atención?

-Varias provincias cuentan con sistemas de alerta temprana, en función de los datos disponibles, para cuidar a niños y niñas ante el riesgo de abandono escolar.

- Qué notable.

- Sí, se va evaluando el rendimiento académico, más la inasistencia y otros datos que crean una alerta temprana. Y eso ¿qué permite? Que la institución educativa pueda hacer un seguimiento más personalizado del caso, un acompañamiento y en la mayoría de las situaciones evitar que los chicos dejen la escuela.

- ¿Y a nivel micro en educación?

- Hay escuelas que mejoraron sus grillas horarias, algo que se hacía manualmente y es bastante complejo. Se cargan horarios de los docentes, sus necesidades y las de la institución para resolverlo con IA.

- En Santa Fe es muy útil para los planes de vacunación. Uno va a ponerse la antigripal y te avisan que te toca la antitetánica. ¿Hay disposición para compartir incluso esos datos? Que sepan en San Luis que no me he puesto una vacuna antes de operarme de urgencia.

- Tenemos sentadas a todas las provincias y a la región de Buenos Aires en un esquema federal, discutiendo una agenda de transformación digital muy amplia que va desde inteligencia artificial, seguridad, identidad digital, e interoperabilidad.

-¿Qué es interoperabilidad?

- Compartir esa información, frente a lo que decís en Salud o ante delincuentes que cambian de jurisdicciones para eludir sistemas de monitoreo. Ya lo vemos en las provincias que alcanzaron ecosistemas de integrabilidad de datos. Ya son ocho, ya se conectaron.

La disposición existe, la tecnología está y avanzamos. Este es el primer caso de uso en común de información por distintas provincias, pero vamos a poder en simultáneo trabajar otros temas en salud, cobranzas, etc.

- ¿Cuál es el primer paso para esa integración?

- Tener buenos datos, de calidad. Sin datos gobernados, todo esto queda en un mero discurso. No habrá buenas aplicaciones de inteligencia artificial si no tenemos buenos datos.

Eso nos lleva a pensar que hay pendiente en algunos casos todo un trabajo silencioso, poco visible, que a veces no da réditos inmediatos de tipo comunicacionales o políticos, pero que es sustantivo y es necesario hacer.

No solo ocuparnos de tener los datos, sino también de cuidarlos, de todo el proceso de gobernanza que es tener transparencia digital. En qué utilizamos esos datos, con qué finalidad, cómo se lo resguarda, quiénes son los responsables.

- Santa Fe tiene una ley de gobernanza.

- Muchas provincias ya avanzaron con su legislación y Santa Fe cuenta con regulaciones, es parte de FederAI pero todavía no tiene un ecosistema determinado para su integración.

Tuvimos una reunión en las oficinas de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el mes de mayo, que vinieron de manera presencial 15 provincias. Bueno, Santa Fe es una de las estuvo presentes y ahora en el congreso del 7 y 8 y 9 octubre en La Plata también tendremos la presencia de Santa Fe. Trabaja y participa activamente.

- ¿Qué más sucede en integración nacional de sistemas?

- Se están dando los primeros pasos en el ámbito de la justicia, existe lo que se llama el CoFeJus, que es el Consejo Federal de Justicia, donde se juntan todos los ministros de justicia de las provincias con el Ministerio de Justicia de la Nación y entonces ahí es donde se en esos ámbitos donde se coordinan y donde se piensan estrategias articuladas. Allí se hacen este tipo de acuerdos.

Trazamos una agenda, es importante. Y fue definida por las provincias y las ciudades, desde FederAI lo que hacemos es justamente propiciar que suceda esa coordinación, que efectivamente pase. Tenemos mesas de trabajo que se reúnen con frecuencia quincenal de manera virtual, tres encuentros presenciales de mesas estratégicas en el año con avances bien concretos.

- Usaste dos conceptos importantes: gobernar el proceso y tener absoluto control de la gobernanza del sistema. Explicalo para los que venimos de la era del papel.

- Es una transformación tan profunda que no podemos simplemente describirla con el paso del papel a la digitalización. Reemplazar una colección de biblioratos por unos archivos digitales no cambia nada.

Lo que se propone es revolucionario en términos del trabajo y de la lógica del funcionamiento de las administraciones públicas. Significa repensar todos los procesos. Esto es dejar de usar al ciudadano como a un cadete. Ya no pretender que el ciudadano vaya llevando de oficina en oficina su información, que probablemente ya esté en poder del Estado, que además es el mismo que le ha producido.

Y mucho menos, obligarlo a ser un especialista en organización estatal para entender a qué ventanilla se tiene que dirigir. Es el estado quien debe anticiparse, adelantarse a las necesidades de la ciudadanía.

En 2008 la provincia de Santa Fe adoptó por ley la creación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en todos los ámbitos laborales del territorio provincial y fue la primera en sancionar una norma que favorece la creación de esos espacios definidos como mixtos en términos laborales (no de género).

Tanto tienen representantes los empleados, como los empleadores; los trabajadores y los empresarios.

Hoy, tras la ley que aprobó el jueves 17 la Cámara de Senadores, la provincia será también la primera en ocuparse de la salud mental en el trabajo. Se sancionó una norma nacida en Diputados, cuya autora es la radical Silvana Di Stéfano, que fue unificada con otra de su par Ariel Bermúdez.

Plantea incorporar de manera explícita la prevención de riesgos psicosociales y consumos problemáticos en la Ley 12.913 de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El proyecto propone ampliar el alcance de los comités para que no solo atiendan los riesgos físicos tradicionales, sino también los factores emocionales, sociales y hasta conductuales que afectan a los trabajadores.

La presidenta del bloque de la UCR entiende que "es en el trabajo donde las personas desarrollan gran parte de su vida" y que "cuidar la salud mental y prevenir el estrés, la violencia y los consumos problemáticos no solo mejora la calidad de vida, sino también la productividad y el clima laboral".

Entre las modificaciones centrales, el texto establece la obligación de que los Comités de Salud y Seguridad elaboren protocolos de promoción de la salud mental, así como de prevención, intervención y vigilancia de consumos problemáticos, todo con la participación de equipos interdisciplinarios.

La actualización también amplía el funcionamiento de los comités a empresas y organismos públicos con más de 50 trabajadores, incorporando herramientas para detectar, controlar y comunicar riesgos.

Se busca dar "un paso más en la protección integral de los trabajadores. La salud mental debe estar en el centro de las políticas laborales si queremos entornos más humanos, empáticos y sostenibles", agregó Di Stefano.

Como en otros campos que ya abordan los comités mixtos creados por la Ley 12.913, para su funcionamiento es vital que haya trabajadores con la necesaria organización interna para elegir delegados con ese fin. La norma establece que aún donde no existan delegados gremiales podrán ser electos otros empleados como representantes para cuidar la salud y la seguridad.

En su fundamentación, el proyecto remarca la necesidad de fomentar un clima de cooperación entre empleadores y trabajadores, prevenir riesgos laborales emergentes y promover condiciones ambientales saludables, en línea con los nuevos desafíos del mundo laboral.

Un artículo se encarga de la obligatoriedad de la conformación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad tanto en organizaciones privadas como públicas.

La modificación aprobada clarifica y ajusta las excepciones (como los umbrales de cantidad de trabajadores en relación de dependencia o el personal voluntario), asegurando que las pautas de bienestar psicológico y físico cubran de forma efectiva a los diferentes sectores laborales radicados en la provincia.

Se agregan nuevas competencias a los comités mixtos, orientadas de manera explícita a la salud mental, en la identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial en los entornos de trabajo, diseño y promoción de políticas internas de prevención frente al acoso, el estrés laboral y el desgaste profesional (burnout).

También, para el abordaje y asistencia integral ante situaciones vinculadas a consumos problemáticos que repercutan o tengan impacto directo en el ámbito laboral.

Y del mismo modo, "se modifica la redacción para precisar los mecanismos de denuncia y acción", es decir que "permite que cualquiera de los representantes del Comité recurra directamente ante la autoridad de aplicación (el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe) si las medidas o medios dispuestos por el empleador resultan insuficientes para garantizar un ambiente saludable".

Asimismo, faculta a la autoridad a ordenar la paralización inmediata de tareas si se constata un riesgo grave e inminente para la salud integral (física o psíquica) de los trabajadores.

Durante la sesión de este jueves 17 de septiembre, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción a dos mensajes de ley del gobernador Maximiliano Pullaro, vinculados a la seguridad y la defensa penal.

Obtuvieron media sanción los Mensajes N° 24/2026 y N° 25/2026 del Poder Ejecutivo. El primero establece el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, mientras que el segundo incorpora el artículo 21 bis a la Ley N° 13.014, correspondiente al Servicio Público de Defensa Penal, referido a las Unidades Especiales de la Defensa Pública.

En el primer caso, se trata de mecanismos de control y registro del comercio de teléfonos celulares, para desalentar el robo de esos y otros dispositivos tecnológicos al bloquearse en todo lo posible su compra-venta ilegal.

En el segundo, se crean cargos y añaden funciones, mediante Unidades Especiales, al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que forma parte del ministerio público. Un artículo en particular del proyecto de ley que ahora pasó a Diputados habla de la defensa de los uniformados en la provincia, tanto la policía como los integrantes del Servicio Penitenciario.

Con las limitadas herramientas que otorga la jurisdicción provincial, se apunta por un lado a ponerle obstáculos al comercio ilegal, así como a perseguirlo con más precisión, gracias a registros y políticas que vigilen la trazabilidad dentro del territorio santafesino.

Por otra, se va directamente contra los actores de ese mercado en negro, incluidos los clientes que no pregunten por el origen de los aparatos ofrecidos.

Por primera vez, si la norma avanza en la Legislatura, el Código Procesal Penal dará a la autoridad policial la potestad de revisar que los celulares tengan todo en orden. No se trata de la apertura de contenidos de carácter privado, sino de que los uniformados puedan requerir a cualquier ciudadano los aparatos y verificar si no fueron alterados.

IMEI mediante, cualquier comprador de teléfonos experimentado sabe si el celular que se le ofrece es o no robado. Ahora, los policías podrán hacer lo mismo con cualquier ciudadano y revisar ese aspecto, con la misma práctica con que piden documentos.

Si en la base oficial (imei.enacom.gob.ar) se encuentra alguna irregularidad, "el personal policial procederá a efectuar requisa personal y secuestro del dispositivo, con inmediata comunicación al Ministerio Público de la Acusación".

Se crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos "destinado a dotar a la Provincia de Santa Fe de un marco normativo integral para prevenir, detectar, investigar y desarticular uno de los mercados que mayor incidencia tiene en la criminalidad urbana".

En cuanto a la ley en debate sobre la Defensa Pública, que va a Diputados, se asignación más recursos humanos y objetivos: ocho cargos de defensores y entre las nuevas disposiciones legales incorpora "la defensa de miembros de fuerzas de seguridad, en casos en los que se alegara violencia institucional".

Más allá de la repercusión de esta innovación -que bien puede ser interpretada como una señal a los uniformados- hay en el proyecto de ley un alcance mayor que estará atado a lo que resuelva la conducción de los defensores públicos.

La Ley 13.014 a reformar es parte de la reforma de la Justicia Penal en Santa Fe y la creación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (como su mellizo institucional el Ministerio Público de la Acusación) tiene dos etapas marcadas por la Constitución.

Además, la Cámara alta aprobó un proyecto de ley de autoría de Oscar Dolzani, que modifica los límites jurisdiccionales de los distritos San Javier y Colonia Teresa, en el departamento San Javier.

También,del senador Esteban Motta, una modificación sobre la Ley N° 13.169, Código de Faltas de Tránsito de la Provincia. La iniciativa sustituye el artículo 117 e incorpora los artículos 117 bis y 117 ter, referidos a competencias, desafíos o pruebas no autorizadas con vehículos motorizados en la vía pública, y los artículos 130 bis y 133 bis, vinculados con las actas de infracción.

En pocas palabras, espera poder controlar el fenómeno extendido de las picadas de autos y motos en el espacio público.

Por ley se dispuso la creación de una "Red Provincial de Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del Accidente Cerebrovascular", al que se lo define en la norma como "un déficit neurológico de inicio súbito, ocasionado por la disminución del flujo sanguíneo cerebral (isquemia) o por la extravasación de sangre por ruptura de los vasos sanguíneos (hemorragia)". 

El proyecto fue impulsado por el senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, y recibió correcciones y aportes en Diputados, que el jueves 3 fueron aceptados por los senadores. El autor de la norma destacó su acuerdo con los cambios que impulsó en la otra cámara la diputada Lionella Cattalini y destacó la unanimidad que acompañó a la iniciativa en cada votación, en ambos cuerpos.

La ley deja obviamente deja en manos del Ministerio de Salud el rol de autoridad de aplicación y promueve la organización en formato de red "en función de unidades y equipos de atención del accidente cerebrovascular en el ámbito de los efectores de salud".

También, de acuerdo con las "estrategias de organización y gestión" que Salud disponga "según criterios de territorialidad, densidad poblacional, distancias y posibilidades de acceso y traslado a establecimientos sanitarios, que contemple tanto a instituciones del ámbito público como a empresas del privado.

El programa busca imitar lo que ya han hecho -al menos en sus legislaciones- otras provincias: contar con programas dedicados a la prevención y la intervención médica inmediata ante los ACV.

Propone que un "Código ACV" sea parte del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y en los servicios telefónicos de emergencia como el 911 y 107, así como la capacitación de su personal para la primera llamada que pide auxilio y el posterior traslado de los pacientes.

En el país, estos eventos terminan con la muerte de entre 39.000 y 60.000 personas, producto de entre 130.000 y 190.000 casos.

En la sesión, aportó su visión médica el senador Leonardo Diana, que explicó que lo más importante es que a tiempo se considere la posibilidad de que una persona transita un ACV para su urgente atención. Y explicó entonces que muchas veces los síntomas pueden ser confundidos con otro cuadro.

De inmediato, Rodrigo Borla pidió la palabra y dejó una historia reciente de su ciudad, San Justo. Mencionó el accidente en el que una camioneta de Protección Civil del Gobierno de la provincia de Santa Fe fue inevitablemente embestida por un tren.

El senador narró cómo, demasiado pronto, se tejieron conjeturas sobre la extrañísima maniobra que realizó el conductor del rodado oficial. Y lamentó que se haya dicho en redes y en las calles casi cualquier cosa.

Entonces explicó que quien conducía, de 54 años, que afortunadamente salvó su vida, había sufrido un ACV. "Ni alcohol, ni drogas, ni imprudencia, puede suceder en cualquier momento", explicó.

Por una vez, los empleados públicos provinciales sufrieron lo que tantas veces les ha pasado a trabajadores de empresas privadas: la tarjeta de crédito venció a los agentes del Estado santafesino antes de cobrar sus salarios, y todo sucedió en el mismo banco. El tema fue parte de los debates que, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, mostraron posiciones de los distintos bloques frente a asuntos que tiene al gobierno nacional como principal protagonista.

El cuerpo de 50 bancas aprobó con una sólida mayoría pronunciamientos sobre el problema del endeudamiento de las familias argentinas para cubrir gastos domésticos que hoy se han vuelto de morosidad estructural, de las política de género que se extinguieron con el inicio de la gestión libertaria y de otros ajustes nacionales que muestran como se dividen las aguas en Santa Fe.

En Unidos, cada uno de estos temas mostró a socialistas y radicales de un lado (unos con discursos más duros que otros) y a los miembros del Pro del otro. Al momento de votar resoluciones y declaraciones sobre tópicos en los que la Casa Rosada es responsable, el macrismo santafesino quedó del mismo lado que otras expresiones más a la derecha, como es el caso de los diputados de origen celeste.

En es contexto, lo que sucedió con las cuentas de los empleados públicos provinciales, que primero debieron afrontar sus gastos realizados con la tarjeta de crédito y pudieron cobrar recién unos días después, brindó a unos y otros la oportunidad de tomar posiciones frente a la morosidad de los hogares y al comportamiento de las entidades crediticias.

La socialista Gisel Mahmud propuso que la Cámara organice una jornada de debate sobre los el problema del endeudamiento, así como de las plataformas digitales y las entidades bancarias que ofrecen créditos sumamente accesibles, en apariencia. Su resolución se aprobó con votos en contra del Pro y los diputados que accedieron a su banca en 2023 (o antes) junto a Amalia Granata.

La diputada aprovechó para reprocharles a sus pares que recién en ahora habían votado su proyecto de ley (que ciertamente perdió estado parlamentario tres veces) para promover la educación financiera, pero pretendió que con esta última se podría haber evitado el drama que vive el 13% de los usuarios formales del sistema financiero en Santa Fe.

Esa ida fue rechazada por radicales, socialistas y peronistas. Lucila De Ponti del justicialismo, con lógica impecable, argumentó: hace diez años, o veinte, no se hablaba de educación financiera y no existía este fenómeno de la morosidad familiar. Rechazó "el prejuicio de que se endeudan porque son ignorantes".

Desde el bloque del Frente Amplio por la Soberanía se aportaron datos duros: Santa Fe es el tercer distrito con más deudores en mora y el 70% de ellos es menor a 54 años. Nada menos que 264 mil santafesinos son considerados deudores "irrecuperables".

En igual dirección, Marcos Corach reivindicó el rol activo del Estado provincial y aseguró que "se puede hacer más". Puso como ejemplo la billetera Santa Fe durante la pandemia que "había paralizado toda la actividad económica".

El motivo, explicó, "es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios" y adelantó su voto positivo para el proyecto. Luego, Alicia Azanza, con argumentos iguales se abstuvo. Pero antes les espetó a los oficialistas: "¡¿Los sueldos de los policías endeudados, de los maestros, de dónde son?!".

Silvia Malfesi, celeste y libertaria, dijo que los legisladores "no tienen que convocar a jornadas de educación financiera, ni de debate, sino legislar" e invitó a actuar sobre "el 40% de impuestos provinciales y municipales que gravan los créditos", aseguró.

A la ronda la cerró Joaquín Blanco, desde el socialismo. Recordó las desventuras y el procesamiento por lavado de dinero que siguieron a la privatización del ex Banco Provincial, y elogió a la comisión investigadora que revisó aquella venta de la década del '90.

Reivindicó las gestiones hechas esta misma semana por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, ante la entidad bancaria oficial, y luego desde la izquierda se dijo algo que nadie negó: "no hay nada en el contrato de vinculación con el Estado provincial que obligue a que cada empleado público sea cliente". Una norma de se tipo, se recordó, ya había sido presentada por Malfesi.

La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de los once postulantes al Ministerio Público de la Acusación del Ministerio Público Fiscal, así como un pliego para juez penal en un juzgado de segunda instancia de la ciudad de Venado Tuerto.

El cuerpo confirmó todos los propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial y en el caso del órgano acusador se trata de designaciones para fiscales adjuntos subrogantes, varios de ellos para la ciudad de Reconquista. En tanto, el nuevo magistrado para la zona sur de la provincia es Leandro Maximiliano Martín.

La sesión fue conducida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, que en el estrado estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y se inició pasadas las 14, luego de que se celebrara una sesión conjunta.

Como es habitual en las sesiones de asamblea, los tres integrantes del bloque del Frente Amplio por la Soberanía pidieron la abstención pero, en esa oportunidad, dejaron además constancia de su preocupación por “la situación de los empleados del MPA”. Sostuvieron que a partir de no ser ya parte del Poder Judicial y quedar “sin su carrera judicial” existe un “tembladeral” en el último año por, por ejemplo, la indefinición respecto de su convenio de trabajo.

Para la Regional I del MPA, con sede en la capital provincial, se aprobó el pliego de Luciana Violeta Chiavarini quien hoy ejerce ese cargo en Reconquista.

Para la Regional III, de Venado Tuerto, los nombres son Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaria.

Para la Regional IV, Reconquista, se aprobaron las nominaciones de Juan Pablo Malberti; Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arragay Eduardo Sequeira Alegre.

En tanto, para la Regional V, de Rafaela, Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.

El acuerdo entre el oficialismo y la enorme mayoría de la oposición con representación parlamentaria que había logrado Diputados siete días atrás, se repitió este jueves 27 de agosto en el Senado de la Provincia de Santa Fe para sancionar un nuevo Código Electoral, que contiene 297 artículos.

La Cámara alta alteró el orden de la sesión y adelantó el tratamiento del expediente venido de Diputados, donde fue votado por 43 legisladores frente a solo 4 que se opusieron. Como en el cuerpo de 19 bancas ninguna pertenece a los bloques que se expresaron por la negativa (el Frente Amplio para la Soberanía y el unipersonal “Inspirar”) se produjo sin sorpresas el apoyo de todos los senadores en el tratamiento en general.

El presidente del bloque de senadores de la UCR, Rodrigo Borla, propuso el tratamiento sobre tablas y con la Cámara en Comisión para poco después de iniciada la sesión.

Pasadas las 16.40 se dio sanción definitiva a la norma que había votado la otra Cámara el jueves pasado.

El debate fue posterior a la votación electrónica y curiosamente comenzó con la argumentación de la oposición respecto del ínfimo porcentaje de artículos que no lograron la unanimidad. En la votación en particular, los cinco senadores del PJ rechazaron el artículo 44 y el presidente de ese bloque opositor, Rubén Pirola, explicó que se establece literalmente "como excepción" a las incompatibilidades el tema de las o los hasta tres vicegobernadores para un mismo aspirante a la Casa Gris.

Tal como sucedió en Diputados, en el Senado los legisladores del PJ criticaron la presencia de ese artículo que contradice según expresaron al resto de la norma. Se sostiene que está hecho a la medida del oficialismo.

Según un recuento hecho por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, de los 279 artículos del nuevo Código solo 17 recibieron votos en contra. En 16 de ellos el resultado fue 18 a 1, porque Rubén Pirola los rechazó pese a la posición de los demás miembros de su bancada, y el artículo 44 contó con los 5 votos opositores del PJ.

La norma establece que “Ninguna persona puede ser inscripta como precandidata en más de una lista o categoría electoral durante el mismo proceso electoral”. Pero en las PASO “una misma persona puede ser inscripta como precandidata a Gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma agrupación política, siempre que cada fórmula sea acompañada por una persona distinta como precandidata a Vicegobernador, con paridad de género. En este caso, cada fórmula constituye una opción electoral autónoma y compite individualmente con las demás fórmulas de la misma agrupación política”.

El esquema tiene sentido solo si ese precandidato a gobernador no tiene competidor dentro de su partido o frente, ya que “los votos obtenidos por las distintas fórmulas internas no se acumulan entre sí, aun cuando se encuentren encabezadas por una misma persona precandidata a Gobernador”.

Además, “la excepción prevista en el presente artículo no habilita la postulación de una misma persona como precandidata a Vicegobernador en más de una fórmula, ni la participación simultánea de una persona en fórmulas”.

Tras la sanción definitiva de la norma que termina con algunos "decretos ley que eran de la época de la dictadura", según destacó Michlig, el senador Rodrigo Borla (San Justo) expresó su satisfacción por el consenso alcanzado y destacó que de esta manera "estamos cumpliendo uno de los mandatos que dejó la reforma constitucional del 25".

El presidente de la bancada de Unidos y titular de la UCR en el Senado destacó la unanimidad y el valor del respaldo a la norma fija las reglas del juego electoral en el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

Por su parte, el senador Esteban Motta (UCR-San Martín), uno de los negociadores permanentes con los diputados, agregó que "este Código viene a modernizar el sistema y a coincidir con el espíritu de la Constitución provincial". En ese sentido, explicó que la nueva normativa busca "compatibilizar el fin de las mayorías automáticas establecido por la reforma constitucional" con "la necesidad de garantizar la gobernabilidad" al dejar en claro qué legisladores respaldan a qué candidatos al Ejecutivo.

Motta también destacó la importancia de que en la nueva boleta única de papel pueda identificarse a los diputados provinciales que están con cada candidato a gobernador y lo mismo con los aspirantes a concejales e intendentes. Valoró el "proceso de construcción de consensos" alcanzado durante el tratamiento. "Con esta aprobación estamos dando un mensaje al país de que se puede construir desde el respeto, aún cuando hay cuestiones particulares en las que no se están de acuerdo", afirmó.

Pirola explicó que se opuso en más de una docena de artículos y señaló que hubiera preferido poder "contar con mayor tiempo para debatir el proyecto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados" hace apenas una semana.

El senador recordó además que había presentado iniciativas diferenciadas sobre código electoral y partidos políticos, al considerar que "debían ser abordados por separado". También expresó sus diferencias respecto de algunos aspectos vinculados a la "profesionalización" de cuestiones electorales y a la continuidad del sistema de boleta única papel.

Michlig destacó el alcance institucional de la sanción y sostuvo que "estamos dando un paso importante para mejorar la institucionalidad, para generar procesos más participativos y transparentes".

El titular de la Cámara también valoró el modo en que se desarrolló el debate legislativo y remarcó que "acá se da el ejemplo de que las discusiones políticas no se hacen a los gritos, sino desde el diálogo y el respeto, aún cuando se proviene desde frentes políticos diferentes". "Estamos fijando de acá para mucho tiempo el nuevo código electoral y en Santa Fe damos el ejemplo de que desde el respeto construimos para tener más y mejor democracia", concluyó.

Menos gastos en subsidios del Estado Nacional, atraso de las inversiones en infraestructura y suba estacional en la importación de gas natural licuado con precios afectados por el conflicto en Medio Oriente, son los principales elementos que explican la fuerte suba del megavatio mayorista en la Argentina dentro de las actuales políticas energéticas de la Casa Rosada.

Pero además, existe un cambio en las regulaciones que nuevamente ató al mercado mundial el valor de los costos en los niveles de la generación y el transporte del gas natural y de los megavatios.

Desde hace más de dos años y medio, el Estado nacional le reconoce a las empresas privadas esas variables internacionales de acuerdo con la legislación original de las concesiones (que data de la década del 90) y al mismo tiempo, retira de a poco los subsidios a los usuarios.

El resultado es que los usuarios industriales y comerciales tienen tarifas que cubren esos costos (y esas ganancias) . Y que los hogares (usuarios residenciales) pagan una parte cada vez más sustancial de los llamados costos reales de generación.

El informe mensual que elabora la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima muestra entre sus datos más relevantes que el valor promedio del megavatio, que compran empresas distribuidoras -como la Epe- alcanzó en julio los 168,6 dólares frente a los 96,8 de igual mes del año anterior, lo que representa una variación de +74%.

Cammesa informó que la demanda total del mes pasado resultó 1.3% mayor a la del mismo mes del año 2025. Que se incrementó considerablemente la energía aportada por las centrales hidroeléctricas que tienen menores costos, pero que no lograron compensar los altos precios de los combustibles importados para la generación con gas natural comprimido importado, fueloil y gasoil.

Además, indica que fue 2% más alto el "despacho térmico" de julio de 2026 que el de ese mes del año pasado, lo que quiere decir que las máquinas para generar electricidad alimentadas con derivados del petróleo tuvieron más actividad.

El consumo medio de combustibles de esos despachos terminó arriba del año pasado:"+3.8% en conjunto si comparamos con julio 2025", y en un 82% fue "de gas natural nacional", agrega el informe.

No se quemó gas natural del país para producir un 18% de la generación térmica y esa porción en buena medida se cubrió con importaciones, mediante 28 barcos cargados con gas natural licuado (GLP), que tiene altísimos costos por la guerra Medio Oriente.

En el invierno de 2025 fueron necesarios solo 27 y en 2024, 30, pero sus valores fueron muy inferiores. Hoy, el 52% de la generación requiere quemar combustibles derivados del petróleo.

Con una infraestructura en gasoductos que solo es suficiente para cubrir el pico de la demanda del invierno de los usuarios residenciales, el país debió usar gas importado y combustibles líquidos caros.

Habitualmente, durante el resto del año los usuarios de la energía eléctrica cuentan con la ventaja de que el gas natural nacional alcance tanto para su consumo doméstico como para alimentar las usinas térmicas que generan electricidad.

En los días más fríos del invierno, cuando solo la capacidad instalada de los gasoductos y de todo el sistema de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta cubre una parte de los requerimientos se debe recurrir al gas natural licuado importado mediante buques.

El precio del megavatio es solo uno de los tres componentes de las facturas que la Epe cobra a los usuarios. Una parte corresponde al VAD, Valor Agregado de Distribución que debe cubrir el funcionamiento y las utilidades de la distribución, otra los impuestos, y finalmente el costo de la energía mayorista.

Las ayudas "focalizadas" del Estado Nacional cubren en promedio al 65% del consumo en la totalidad de los hogares del país. Y aunque esos aportes son menores año tras año, para julio hubo un suba de 11 puntos que buscó morigerar los efectos de las políticas regulatorias y los efectos del mercado mundial.

En lo que va del 2026, la brecha de subsidios de los usuarios residenciales (con y sin subsidio) se había achicado del 44% al 31% entre enero y abril. Pero a partir de mayo la tendencia se revirtió y hoy un 65% de la totalidad de los kw/h en el nivel mayorista los cubre el Estado Nacional.

Pero las diferencias son amplias entre los clientes según cuenten o no con ayudas nacionales en la energía eléctrica mayorista. Quienes tienen subsidios solo pagan un 20% del total y aquellos que no, un 54%.

Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que modifica a otra, vigente desde mayo de 2024, que a la luz de los postulados de la reforma de la Constitución del año pasado, ahora incorpora otras precisiones.

El texto fue impulsado por el presidente del Bloque Justicialista, Rubén Pirola, y se apoya en las recomendaciones que sobre la Inteligencia Artificial ha llevado a cabo la Unesco. Y procura cuidar "lo humano" por sobre los sistemas informáticos capaces de razonamientos, afirmó el senador por Las Colonias cuando presentó su iniciativa, tres meses atrás.

"La dignidad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad tienen que formar parte de las decisiones vinculadas con estas nuevas herramientas y acompañar las enormes oportunidades que abre la Inteligencia Artificial", indicó.

Se trata de una modificación al artículo 12 de la Ley N° 14.256, que define los "Principios éticos aplicables a la IA" con lo siguiente: "Todo desarrollo y uso de IA debe estar basado en principios éticos fundamentales que garanticen el respeto de los derechos humanos, asegurando la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad".

"La provincia -sigue- adhiere a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de noviembre de 2021".

"La reforma de la Constitución Provincial en el año 2025 incorporó la temática de los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales en los artículos 27, 28 y 29, consagrando principios generales al respecto, en cuanto al uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana", expone en los fundamentos.

"El desarrollo acelerado de la IA -sigue- está modificando de manera profunda la vida social, económica, cultural e institucional en todo el mundo", advierte el senador.

Y sigue: "Se trata de tecnologías que, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de aprendizaje automático, permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo".

De inmediato advierte que sin embargo "junto a sus potenciales beneficios, la IA también plantea desafíos y riesgos significativos que requieren de un abordaje ético normativo y responsable".

El proyecto que obtuvo media sanción avanza en consonancia con ese nuevo marco constitucional y suma los estándares internacionales establecidos por Unesco como referencia específica para el desarrollo y utilización de sistemas de Inteligencia Artificial en Santa Fe.

"Los nuevos artículos de nuestra Constitución marcan un camino para Santa Fe en materia de derechos digitales y tecnologías. Este proyecto permite avanzar sobre esos principios y construir herramientas concretas para acompañar la innovación con responsabilidad, seguridad y respeto por la dignidad de las personas", señala el senador.

En la comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Senadores de Provincia de Santa Fe espera su turno para ser considerado un proyecto de ley que podría hacer que para los empleados públicos provinciales, los docentes de todos los niveles educativos de todos los niveles y los agentes municipales cuenten con un feriado más en 2027.

Se trata de una iniciativa del senador Leonardo Diana que desde hace más de un año busca destacar con distintas iniciativas los 500 años de la fundación del Fuerte Sancti Spiritu, ocurrida en 1527 en la actual localidad de Puerto Gaboto.

En este caso, según confesó el médico y legislador, la idea no le pertenece: nació de las actividades de extensión de las Cámaras en las que participan ciudadanos y especialmente alumnos de los colegios secundarios. Fueron estudiantes del departamento San Jerónimo quienes llevaron a la Legislatura esa iniciativa.

El propósito no es agregar otra fecha en rojo al almanaque laboral santafesino sino que solo el año próximo, para celebrar ese hecho histórico no haya actividades oficiales ni se dicten clases.

El mismo proyecto establece que antes el Ministerio de Educación incluya en la currícula educativa "de los niveles inicial, primario, secundario y terciario de los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia de Santa Fe, el estudio de los hechos históricos referidos a la construcción del Fuerte Sancti Spiritu".

El asunto fue ingresado en la última sesión y si logra el despacho de la comisión de Educación deberá luego pasar por la de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Obviamente, de prosperar en el Senado para ser ley también deberá ser aprobado por Diputados. Queda menos de diez meses para que todo eso suceda, pero con voluntad política el tema puede resolverse en cuestión de horas.

El senador indicó que "esta propuesta nace de los alumnos de 5to año de Economía de la EESOPi N°2049 Padre Dehón, de la localidad de Puerto Gaboto, quienes han trabajado desde el compromiso, el sentido de identidad y patrimonio de nuestro pueblo, considerando este hecho como un hito histórico no solo para nuestra provincia, si no también para todo el territorio de América del Sur".

En ese sentido, "la llegada de Sebastian Gaboto marcó el inicio de la exploración y colonización española en la región. La relevancia de la construcción de este Fuerte radica en que ha sido un punto de partida para las posteriores expediciones hacia el interior del continente , representando así el llamado 'encuentro de culturas indígenas y europeas'. Es decir que la Fundación del Fuerte Sancti Spiritu radica en que es considerado como el primer intento de establecer una base española en la cuenca del Río de la Plata".

"Consideramos que declarar esta fecha como feriado provincial por única vez es relevante por varias razones: Rescata la memoria colectiva, y pone en valor un hecho fundacional que muchas veces permanece poco conocido para la sociedad", añade.

Fortalece "la identidad regional y nacional, ya que el enclave, establecido en 1527 por Sebastián Gaboto, fue el primer asentamiento español en el territorio que hoy ocupa la Argentina".

Del mismo modo, la fecha "promueve una mirada crítica e integral de la historia, incorporando n solo la perspectiva de la expedición europea, sino también el papel fundamental de los pueblos originarios y las complejas relaciones que se establecieron entre ambos".

La iniciativa busca "impulsar la investigación, la educación y la difusión del patrimonio histórico, y generar oportunidades para que escuelas, universidades, museos y comunidades reflexionen sobre los procesos que dieron origen a nuestra sociedad", añaden los fundamentos.

"El quinto centenario del primer intento por establecer una base española en la cuenca del Río de la Plata no debe entenderse únicamente como una efeméride", reflexiona Diana en los considerandos.

Y propone: "es una oportunidad para renovar el compromiso con la memoria histórica, promover el diálogo entre el pasado y el presente y reafirmar el valor del patrimonio como un bien colectivo que fortalece la identidad de las comunidades y proyecta su legado hacia las futuras generaciones".

Por otra parte, también con la intención de despertar el interés público, Diana plantea que en la llamada "membretería oficial" cada documento de la Provincia en 2027 cuente con la leyenda "AÑO 2027 - Quinto Centenario de la fundación del Fuerte Sancti Spiritu, primer asentamiento español en el actual territorio argentino".

El proyecto de ley que tiene por delante el mismo periplo antes señalado (pero seguramente menos cuestionamientos) comprende a los tres Poderes de la Provincia, sus sociedades, entes autárquicos, ministerios y "todo organismo y/o repartición dependiente del Estado provincial".

Mientras que para los sectores vulnerables (que lograron registrarse) el costo de la energía eléctrica gozó de un fuerte subsidio estatal nacional, no sucedió lo mismo con los hogares que no cuenta con esa asistencia.

En la Argentina existen 16.472.523 millones de usuarios residenciales. Y de ellos 8.731.765 hogares (el 53%) tiene subsidios focalizados por sus escasos ingresos o condiciones de vulnerabilidad. Los 7.740758 hogares sin subsidios a la energía eléctrica (47%) no se inscribieron para gozar de esas ayudas estatales porque no las necesitan, porque no reúnen las condiciones que exige la Secretaría de Energía de la Nación o sencillamente desconoce cómo hacerlo.

La política de subsidios focalizados, que alcanzan solo a las familias que solicitaron la ayuda nacional al inscribirse mediante una declaración jurada por internet y que deben probar que sufren ciertas condiciones de vulnerabilidad, cubrió en cambio el 75% de su consumo mayorista de kilovatios.

El esquema es casi inversamente proporcional: en agosto, los usuarios residenciales que no tienen subsidios se hicieron cargo de un 74% de sus necesidades de energía eléctrica, en tanto que los usuarios residenciales subsidiados aportaron solo el 25% del “costo del mercado eléctrico mayorista”, una definición que corresponde a la suma de la generación y del transporte de la energía.

Los datos corresponden al Observatorio de tarifas y subsidios de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (UBA-CONICET), en su reporte de agosto, elaborado con datos de hasta el 17 de ese mes.

El informe dice que se duplicaron los subsidios del Estado Nacional para hacerse cargo de una parte de los costos y de las ganancias de las empresas que producen energía eléctrica (las usinas térmicas que queman gas o combustibles líquidos mucho más caros, que utilizan las turbinas hidráulicas, eólicas o nucleares y los paneles solares, entre otras tecnologías) y de las compañías que la transportan hasta las distribuidoras ubicadas en todo el país, como la EPE.

Una lectura atenta de los cuadros y análisis estadísticos que ofrece el reporte permite comprender que el alcance de esos aportes de la Casa Rosada para bajar el precio mayorista de los kilovatios tienen muy diferentes efectos en los distintos usuarios, según tengan o no el “subsidio focalizado”.

En primer lugar debe decirse que las industrias y los comercios pagan el 100% del precio de referencia (utilizado por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista) y de los costos antes señalados.

Pero cuando se observa lo que ocurre en los hogares rige el esquema de subsidios focalizados que se inició en enero de este año y ahora muestra una dispersión mucho mayor entre quienes tienen o no esas ayudas.

El aumento de los combustibles derivados del petróleo, producto de la suba del crudo a nivel mundial por el conflicto bélico en Medio Oriente, pega mucho más entre quienes hasta 2025 eran considerados hogares con ingresos “altos” y “medios”, bajo las ya extintas categorías “N1” y “N3”.

Ahora solo los ex “N2”, de ingresos bajos, gozan de un fuerte componente subsidiado en sus tarifas formales. No debe olvidarse que una parte de las viviendas con más necesidades básicas insatisfechas sencillamente se enganchan a las líneas eléctricas. Y que en esos casos, sus consumos son soportados por las distribuidoras de manera directa (e indirectamente por el conjunto de los usuarios por vía de sus impuestos, sus tarifas, o ambas, según cada caso).

En la Argentina, tanto el precio del megavatio generado como transportado, se paga en dólares desde que llegó el actual gobierno nacional. Y además, se busca que ese mercado sea “transparente” respecto de los costos internos y de los insumos importados.

Tal como se ha visto en los surtidores de naftas y diésel la guerra tiene otros efectos mucho más allá del disputado estrecho de Ormuz, aunque el petróleo usado provenga del subsuelo argentino.

Frente al precio elevado de las energías que se sostiene desde principios de marzo, el gobierno nacional aumentó en agosto “en términos reales” un 6% los subsidios en general (al transporte público de porteños y bonaerenses del Conurbano, la energía eléctrica y gas natural por redes de todo el país).

De todos los servicios, la Nación privilegió la ayuda a la energía eléctrica “casi se duplicaron en términos nominales durante el período analizado, con un incremento del 93% mientras que descontando la inflación, el aumento real fue del 46%”, dice el reporte.

También aclara que “el transporte no presenta devengamientos durante el mes”, es decir que hubo cero pesos para los trenes y colectivos del Amba. En otra sección, la UBA y el Conicet describen: “En el año 2026 se observa una contribución a aumentar deuda flotante5 del Estado Nacional en $ 110.157 millones explicado principalmente por devengamientos por encima de los pagos de SOF y FFSIT”, es decir, subsidios al transporte público automotor y de trenes para porteños y bonaerenses del conurbano de la ciudad de Buenos Aires .

Más claro aún: “los subsidios a la energía representaron el 77% de los subsidios acumulados” y las “transferencias a CAMMESA (…) crecieron 93% nominal y 46% real, reflejando el mayor costo de la energía despachada en el periodo estacional de invierno”.

“Durante el año 2026 los subsidios nominales sumaron $5,7 billones (…) que en moneda constante de agosto suman $6,2 billones”, agrega.

“En el acumulado de los últimos doce meses corridos (de agosto de 2025 a ese mes de 2026), se observa que los subsidios son 59% menores a los observados en diciembre de 2023 y 73% inferiores respecto del pico de 12 meses acumulados observado en el mes de junio de 2022 (acumulados entre mayo de 2021 y junio de 2022”.

“A su vez, la evolución de los subsidios acumulados en 12 meses corridos muestra un estancamiento alrededor de su promedio ($10,6 billones de pesos anuales). Los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,6% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados al mes de julio de 2026 (devengado). Esto es 1 punto porcentual mayor al observado en igual periodo de 2025”.

“Por otra parte –sigue el informe-, tanto en el acumulado a julio de 2025 como de 2026 los subsidios se aplicaron en un contexto de superávit fiscal primario donde el ahorro por baja de subsidios explica gran parte de su dinámica. La reducción de subsidios en el periodo fue de $ 1,7 billón mientras que el superávit aumentó $3,8 billones”.

Alguna vez se podrá construir un indicador sobre la situación económica de las municipalidades y las comunas santafesinas según el destino final de los recursos creados por la Ley 12.385, conocida como de Obras Menores.

Aquí se ofrecen datos para una aventura estadística de esa naturaleza, y un dato:otra vez, en la Cámara de Senadores la Provincia de Santa Fe se debate en comisiones un proyecto para que -por vía de una excepción- se pueda utilizar (en este caso hasta el 50%) del dinero que a cada municipalidad de segunda categoría y cada comuna le corresponde.

La norma que nació en 2004 constituye, en cada Ley de Presupuesto Provincial un fondo equivalente al 1% del el ejercicio económico del año. Pero solamente se ha aplicado íntegramente en seis ocasiones.

Apenas en sus primeros cuatro años de vigencia (2005, 2006, 2007 y 2008) el Fondo no cambió de propósito. Y la primera excepción, que luego sería regla, se produjo en 2009. En aquel año Santa Fe sufrió una grave sequía y se sintieron además los efectos de una crisis económica nacional vinculad al plano internacional.

Debieron pasar dos décadas hasta que el fondo vuelva a usarse solo para lo previsto inicialmente (en lugar de pagar sueldos, por ejemplo). En 2024 y 2025 no se le dio ese destino. A fines de 2023 se permitió que con los saldos pendientes de liquidación se asuman otros gastos, es decir, para cuando el cambio de destino de los fondos ya era un hecho.

En el conjunto de las administraciones de pueblos y ciudades de Santa Fe (todas, menos la capital provincial y Rosario) hay recursos por 130.000 millones de pesos que, de aprobarse la iniciativa comentada, podrían ser solo para obras, equipamiento y rodados apenas el 50%. La otra mitad, para cubrir los pagos mensuales habituales.

El Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe no se ha ejecutado según su asignación específica en 15 oportunidades.

Ahora, en comisiones y con una preferencia para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria, se encuentra el expediente 52.782 del justicialismo, que pide otra vez la excepción.

El texto propuesto por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) dice "facúltase a los municipios de la Provincia, en forma excepcional para el año 2026, a afectar hasta el cincuenta por ciento del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados (Ley 12385), para ser aplicado a gastos corrientes".

En los dos años anteriores, iniciativas similares no prosperaron, pero ahora hay signos evidentes de un deterioro serio en la recaudación del Estado que afecta especialmente a los gobiernos locales.

La media sanción de una ley para declarar la Emergencia Hídrica de manera preventiva ante el fenómeno de El Niño, que vaticina la posibilidad de que haya lluvias y crecientes en los ríos de graves consecuencias, merece algunas reflexiones más allá de la pronta respuesta de la Cámara de Senadores al mensaje llegado de la Casa Gris.

Tal como se informó, en menos de una semana de debate en comisiones, se ha aprobado una norma que busca “como nunca antes” según describieron los senadores del oficialismo, poder aprovechar el tiempo que queda para el inicio de ese ciclo marcadamente húmedo.

Pero importa señalar que hubo modificaciones al texto original y que además se han hecho incorporaciones fuertes. Y la más importante es conceder a la oposición del Senado una instancia de control y seguimiento, en manos del Poder Legislativo.

Se agregó al proyecto nacido en el gabinete provincial el artículo 18 que crea “la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Hídrica, integrada por tres (3) diputados y tres (3) senadores designados por sus respectivas Cámaras, respetando la representación proporcional de los bloques legislativos”.

Y aclara el nuevo texto: “La Comisión tiene por objeto efectuar el seguimiento de la implementación de la presente ley, de la utilización del Fondo de Emergencia Hídrica, de las obras y contrataciones realizadas y de los recursos extraordinarios asignados a los municipios. A tales fines, puede requerir informes a los organismos provinciales competentes y emitir recomendaciones”.

De ese aporte y de la media sanción hablaron en el recinto del Senado, tanto el miembro expositor por la mayoría, Julio Francisco “Paco” Garibaldi, como Rubén Pirola como presidente del bloque del justicialismo, así como el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El socialista subrayó que no siempre el Estado se ha preparado para enfrentar estos fenómenos y se extendió sobre obras necesarias y en marcha para la capital provincial y otras localidades cercanas; el de Las Colonias que lidera a la oposición subrayó el espíritu de colaboración de todos los sectores que componen el cuerpo deliberativo y el titular de la Cámara mencionó que primó el acuerdo entre legisladores de distintos partidos y con los funcionarios de la Casa Gris.

Joaquín Gramajo mostró su preocupación por lo que viene y también por el marcado temor con que los santafesinos se expresan frente al fenómeno. Habló de una psicosis que es lógica pero insalubre, que se enfrenta con información y acciones de gobierno.

Cuando Diputados complete la sanción de la ley habrá emergencia hídrica en la totalidad del territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, y con posibilidad de prorrogar su vigencia por seis meses más en caso de persistir las condiciones que motivan la medida.

Garibaldi mencionó que el proyecto "se trabajó con responsabilidad y celeridad" y destacó que "la mejor política en estos casos fue, es y será la prevención", frente a los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático El Niño.

Por su parte, el senador Rubén Pirola señaló que el bloque justicialista acompañó la iniciativa realizando aportes para fortalecer el texto, al considerar que "el Estado debe estar preparado para este tipo de eventos meteorológicos", mientras que Raúl Gramajo destacó la importancia de transmitir tranquilidad a la ciudadanía demostrando que las instituciones trabajan de manera anticipada para reducir los riesgos.

En un tramo de su discurso, Garibalidi expresó que “se puede mirar al costado y dejar que la suerte nos acompañe que es lo que alguna vez ocurrió en la Provincia o podemos hacernos cargo. Eso es lo que hoy sucede. El Estado tiene la obligación de anticiparse, de prever”.

Dijo que “la ley de emergencia no reemplaza la planificación, busca dar respuestas con menos tiempos ociosos”.

Habló de la capital provincial y su entorno que tantas veces ha sufrido inundaciones por el aumento del caudal de los ríos y por lluvias.

Mencionó obras prioritarias como la finalización del terraplén Garello para los barrios costeros de la ciudad y para las defensas de San José del Rincón y Arroyo Leyes. “Restan unos 30 metros de consolidación y ya hay un 75% de avance”, informó.

Destacó la prevención sobre 300 obras de desagües y los 4.000 canales intervenidos, así como la actividad de las juntas locales de protección civil.

Pirola indicó que hoy las nuevas tecnologías y los estudios brindan “como nunca antes” información con mayor anticipación y hay que “aprovechar” el tiempo que nos queda para que se precipiten los problemas hídricos.

“Estamos como siempre de manera constructiva y con aportes para poder colaborar, y ser desde el Senado como puentes entre comunas, municipios y la provincia”, expresó respecto de la asistencia a esos niveles de gobierno. Destacó que el texto está “enriquecido” con ese aspecto y expresó: “ojalá no necesitemos esas herramientas”, propias de enfrentar a la naturaleza.

Lamentó que los pronósticos lleguen a extender el fenómeno “hasta el otoño de 2027” y consideró imprescindible haber incorporado la comisión de seguimiento.

Michlig dejó constancia que horas antes de la media sanción, el ministro de Gobierno Fabián Bastia estuvo con senadores de todos los bloques para terminar de acordar los cambios que se trabajaron en la Comisión de Asuntos Hídricos que produjo su dictamen.

Sin medias tintas dijo que los seis legisladores de ambas cámaras que formen esa comisión deberán ser “celosos custodios de que el fondo de 10 mil millones se use correctamente y controle” su destino.

El senador por San Cristóbal remarcó que el Senado dio tratamiento a la iniciativa "en tiempo récord", destacando que la representación territorial permitió actuar con rapidez para dotar al Estado de herramientas que otorguen flexibilidad en la respuesta ante eventuales lluvias extraordinarias.

Expresó que la unanimidad constituye "un mensaje contundente a la ciudadanía" sobre la capacidad de las distintas fuerzas políticas de priorizar el interés general frente a situaciones que requieren previsión y coordinación institucional.

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, la Casa Gris remitió a la Legislatura los pliegos de 11 candidatos a fiscales generales del Ministerio Público de la Acusación y propuso para cubrir el cargo de juez de segunda instancia de Venado Tuerto a Leandro Maximiliano Martín.

Los postulantes serán considerados por la Asamblea Legislativa e inicialmente fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura, mediante las Resoluciones Nº 018/25, Nº 20/25; N°11/26 y N.º 17/26.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene en su poder el mensaje y los legajos. Como es habitual, antes de producir su dictamen para recomendar la aprobación o el rechazo de los aspirantes a integrar el Ministerio Público y el Poder Judicial se producirá una instancia de revisión que incluye una entrevista personal.

Para la Circunscripción Judicial N° 1, con cabecera en Santa Fe se propone a Chiavarini, Luciana Violeta. Para la N° 3, Venado Tuerto, a Pisani, Adolfo Germán; y Santamaría, Antonela.

Para la N° 4, Reconquista, a Malberti, Juan Pablo; LLamas, Rita María de los Ángeles; Alesso, Valentina María; Arraga, Leandro Leonel; y Sequeira Alegre, Eduardo Cesar

En la N° 5, Rafaela, Kettler, Ricardo Milton; Andrione, Natalia Viviana; y Pradolini, Paola Sofía.

Por otra parte, la presidencia del Senado, comunicó que la sesión conjunta prevista para el jueves 6 de agosto se postergó para el jueves 3 de septiembre, a las 13, con el objeto de expedirse sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal Dra. María Verónica Roxana Ballari contra la Resolución 37/26 de la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras, que dispuso en su contra una medida disciplinaria.

El 4 de junio senadores y diputados provinciales, en sendas votaciones, dispusieron una suspensión por 90 días sobre la mencionada integrante del MPA.

Las dos Cámaras entendieron que no debían aplicarse los 180 días planteados inicialmente ante las demoras e irregularidades que encontraron en distintas investigaciones a su cargo.

En especial se analizó la falta grave en su contra en un caso vinculado a la investigación por violencia de género contra Jonathan Omill, quien posteriormente quedó acusado por el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, asesinada en febrero de 2025 en barrio Belgrano de Rosario.

Se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que amplia al uso ferroviario, naval y aeronáutico a los biocombustibles, una producción en la que la Provincia de Santa Fe es líder a nivel nacional.

Se trata de un proyecto de ley con media sanción del Senado que se aprobó por unanimidad en la la sesión del 30 de agosto, cuyo autor es el representante por Castellanos, Alcides Calvo. El expediente modifica el artículo 1ro de la la Ley 14.010 con que se creó, en noviembre de 2020, el "Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles".

La norma que ahora está en discusión viene proponer cambios a nivel provincial sobre un programa de desarrollo que también nació en la Legislatura. Seis años atrás, la Legislatura aprobó esa norma impulsada por el senador Armando Traferri, que recibió aportes de la Cámara de Diputados de otro expediente, durante el gobierno de Omar Perotti.

Ahora, en medio de una discusión de fondo para el sector en el Congreso de la Nación, el tema vuelve oportunamente a la agenda provincial, al advertir que además del corte obligatorio en el diésel, existen otros posibles usos para el transporte por aire, agua o vías férreas.

Sobre el proyecto de ley que el oficialismo pretende aprobar a nivel nacional, los productores medianos y pequeños de la Provincia de Santa Fe tienen objeciones que ya ha sido expuestas por este diario.

Calvo subraya que en el mundo los biocombustibles tienen un papel cada vez más relevante en la transición hacia un modelo energético de menores emisiones de carbono y por eso plantea la habilitación de más usos en la Provincia de Santa Fe, en el marco del programa santafesino que surgió en 2020.

La iniciativa actual tiene como objetivo "avanzar hacia una utilización cada vez más extendida de biodiésel, bioetanol y otros combustibles renovables, en estado puro o con el mayor nivel posible de mezcla con combustibles fósiles, incorporando nuevos sectores y actividades dentro de la política provincial, en este caso trata de ampliar el uso a sectores como el aéreo, fluvial y ferroviario, sumados a la actividad agrícola y ganadera, el transporte de cargas y pasajeros, las flotas de transporte al gobierno provincial y municipal, empresas de logística, obras y servicios públicos, la posibilidad de generación eléctrica".

La propuesta "también pone en valor el rol estratégico que tiene Santa Fe en la producción de biocombustibles, una actividad que generó importantes inversiones, crecimiento regional, agregado de valor, exportaciones y miles de puestos de trabajo".

Se espera profundizar el desarrollo de "una industria vinculada directamente con la producción agroindustrial santafesina, promoviendo nuevas oportunidades para la generación de empleo y el desarrollo tecnológico", subrayó el autor del proyecto.

Calvo agregó que "con esta modificación estamos ampliando las posibilidades de un sector en crecimiento, sabemos que el Gobierno provincial está trabajando intensamente en el incremento de los cortes de biocombustibles porque, como muchas veces decimos, mientras que en el sur del país la riqueza se encuentra en la extracción, aquí nosotros la tenemos en la generación y la producción".

Santa Fe "tiene un rol central en la producción de biocombustibles junto al sector privado en el polo industrial del Gran Rosario, por ello el Estado debe acompañar las encuentros y generar valor agregado a la producción primaria y debemos aprovechar esa fortaleza para avanzar hacia una transición energética que también genere producción y trabajo".