En diarios de las provincias patagónicas se toma nota de un artículo en el proyecto de ley que promueve fuertes cambios en los subsidios nacionales otorgados por Zona Fría.

En esa región del sur del país nunca estuvo en duda que los beneficios continuarían, sin embargo ahora han comenzado las preocupaciones porque uno de los puntos de la norma con media sanción deja en manos del presidente definir cuál será el total de la ayuda.

La norma aún vigente fija en un 50% del costo del combustible la rebaja para los hogares de las provincias patagónicas, lo que alivia sensiblemente las facturas de viviendas que requieren colección permanente en más de la mitad del año.

Sin embargo, esa certeza podría perderse en el futuro si la Cámara de Senadores aprueba tal como la de Diputados aprobó con media sanción el texto del proyecto de ley pedido por la Casa Rosada.

Hasta aquí, no había preocupaciones para los usuarios residenciales de provincias donde se repiten las temperaturas mínimas por debajo de cero grados y tampoco reproches a los legisladores nacionales que los representan y votaron favorablemente en la Cámara baja del Congreso.

Es la reforma al artículo tercero lo que ha encendido las alarmas en la opinión pública sureña, pero también en el oficialismo del Senado de la Nación, y aún con las provincias que se siempre se contaron como aliadas, que supuestamente no iban a sufrir recorte.

Los beneficios para las regiones y departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinente”.

Un mes atrás, los diputados nacionales aprobaron la reforma a la Ley de Zona Fría para el gas natural, que deja afuera al sur santafesino, el de Córdoba y buena parte del interior de la Provincia de Buenos Aires, entre otras regiones afectadas por la medida.

Desde entonces, el texto aún no ingresó en la comisión de Energía y ahora hay presión desde la Patagonia para que se reforme ese artículo que deja librada a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo determina el porcentaje de descuento.

Incluso, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa confirmó a la prensa que se comunicó esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que habrá de la Nación una promesa pública de no afectar el 50% de descuento. Pero eso no da garantías en el futuro respecto de otros presidentes…

El problema es que tocar en el Senado la ley en discusión significaría devolverla a Diputados así obligar a los legisladores nacionales oficialistas a pagar, otra vez, un fuerte costo político por encarecer el gas a sus comprovincianos.

En Rosario, por ejemplo, desde otros sectores políticos se hicieron circular los nombres de los legisladores nacionales por Santa Fe que votaron a favor de la suba del gas para los hogares. Y una revisión legislativa implicaría volver a esa dura exposición.

La redacción original del proyecto de ley que se ha aprobado con media sanción establecía que tales beneficios “serán equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas” pero en Diputados se dieron más facultades al Ejecutivo.

El gobierno de Milei ya había intentado modificar el régimen de Zona Fría en dos ocasiones, sin éxito, primero con la sanción de la Ley de Bases y luego con el proyecto de Presupuesto 2026, por lo que no dejará pasar esta oportunidad.

Al igual que a mediados de 2024, el Senado de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción un proyecto de ley para adherir una norma nacional sobre los llamados cuidados paliativos.

El texto que pasó a Diputados adhiere a la Ley Nacional 27.678 que busca “asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias”, según unas disposiciones más estrictas sobre cómo deben proceder los prestadores de salud con los pacientes cuyo diagnóstico parece irremediable.

El tema fue tratado sobre tablas y se aprobó sin demoras porque ya fue parte de los debates de dos años atrás. Solo su autor, Leonardo Diana, habló sobre el tema desde su banca en una intervención breve. El radical del departamento San Jerónimo se refirió a la finitud de la vida, un asunto que como médico conoce pero que siempre ante cada paciente impacta.

Desde el punto de vista estrictamente legislativo, informó que “este proyecto busca formalizar la formación de cuidados paliativos, ofrecer a todos los ciudadanos santafesinos una formalidad de enseñanza en residencias y en distintos tipos de docencia que permitan la proliferación de médicos paliativistas”, indicó.

La ley nacional promueve: estrategias de atención interdisciplinaria centradas en la persona y su familia, sobre las necesidades físicas, psíquicas y sociales del paciente.

Leonardo Diana, senador provincial por el departamento San Jerónimo. Crédito: Luis Cetraro

Pretende garantizar el acceso a las terapias farmacológicas disponibles, basadas en evidencias científicas aprobadas en el país para la atención paliativa.

También pretende que haya una mayor formación profesional específica, de grado y posgrado, y promueve la investigación en el área de la medicina paliativa.

Los cuidados paliativos incluyen acciones médicas como “la prevención, identificación precoz, evaluación integral y control de problemas físicos, incluyendo dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual y necesidades sociales”, define la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos.

Se trata de vivir lo mejor posible poco antes de la muerte, y de “facilitar la comunicación” con sus familias para “determinar los objetivos de la asistencia”.

Durante la sesión de este jueves 11 de junio, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción y giró a Diputados un proyecto de ley de expropiación presentado por el senador Oscar Dolzani (UCR-San Javier) que declara de utilidad pública diversos inmuebles ubicados en la localidad de Alejandra “con el objetivo de avanzar en la regularización de la provisión del servicio de agua potable para la comunidad”.

La Cámara de Senadores completó la sanción de una ley sobre los plazos y otros aspectos del juicio abreviado, que fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y que, tras su paso por Diputados, recibió modificaciones que ahora conforman la norma.

El texto de la Casa Gris llegó a la Legislatura el 12 de marzo pasado y contó con media sanción en unas pocas semanas, el 9 de abril por parte de los diputados. Ahora, por unanimidad, los senadores completaron el trámite legislativo.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Inicialmente la Casa Gris había pedido la modificación de un artículo del Código Procesal Penal pero luego Diputados agregó otro, criterio que fue aceptado por la Cámara alta. Hubo senadores que participaron de las labores previas a esa modificación, que incluyeron consultas a funcionarios de Gobierno.

En el recinto, Rodrigo Borla por la mayoría y Rubén Pirola por el justicialismo explicaron que se busca dotar de “más herramientas” a los fiscales y también hacer más ágil el proceso.

El radical recordó que antes de los alegatos finales de fiscales y defensores, “tanto en los delitos de acción privada como pública”, existe desde hace años la posibilidad de que el acusado admita su culpa y así obtenga algún beneficio por su colaboración con la justicia.

“Lo que hace esta reforma -puntualizó- es cambiar plazos solo en casos de delitos de acción pública”, es decir en aquellos en los que se afecta a la sociedad. Ahora habrá solo tres días tras la notificación.

Y por otra parte, cambia el artículo 401 de la Ley 12.734 - Código Procesal Penal, que también procura acelerar los tiempos. Respecto del trámite judicial se ordena que “abierto el recurso, el Tribunal convocará a una audiencia con un intervalo no menor de tres días ni mayor de quince, según la urgencia o complejidad del caso, en la que se producirá la prueba y se oirá a las partes, las que podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos, salvo los previstos para el recurso de revisión”. Antes, esa audiencia era convocada luego de informar a las partes sobre el caso, lo que demandaba otros diez días. Eran en total hasta 25.

“Desde nuestro bloque acompañamos al votar de manera positiva esta norma: entendemos que son herramientas que brindamos al Poder Judicial para que sea más ágil y más eficiente”, ratificó Pirola.

Diputados y Senadores avalaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

En su último informe a los legisladores, la fiscal general María Cecilia Vranicich mostró datos estadísticos que ratifican que para el Ministerio Público de la Acusación son clave los juicios abreviados.

En su exposición referida a 2025, indicó que “transcurridos casi dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 14.258 -publicada el 15 de abril de 2024- que reformó el artículo 339 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, corresponde efectuar una evaluación integral de su implementación y de los efectos institucionales derivados del control jerárquico de la Fiscalía General en materia de procedimientos abreviados”.

En otras palabras, la titular del órgano acusador llevó a la Legislatura una evaluación que parte de la estadística respecto de los resultados de las últimas modificaciones a la norma, al cabo de dos años de aplicación.

Subrayó “la disminución significativa en el porcentaje de acuerdos abreviados rechazados (por los jueces), que en 2024 representó un 3,3% y en 2025 apenas un 2,27%”. Sostuvo que existe “una adecuada adaptación de los órganos fiscales a las pautas orientadoras dispuestas para la individualización de penas y unificación de condenas”.

Además, para cuando se produjo la ponencia anual del MPA, ya estaba en discusión la nueva reforma. Fue también en abril, cuando Vranicich pidió a los diputados y los senadores que los “plazos sean perentorios” y así evitar que “los operadores judiciales luego tienden a no cumplirlos, interpretando que son plazos meramente ordenatorios”, que se argumente que “exigir su cumplimiento implica un ‘excesivo ritual manifiesto’, como ya lo ha dispuesto un juez de cámara”, lamentó.

Contradicciones de un planeta encandilado. Se discute a nivel mundial, de bloques, y de países, si habrá o no una regulación sobre la inteligencia artificial -o mejor de las inteligencias artificiales- y mientras tanto existe un récord mundial en consumo de carbón.

Es cuanto menos contradictorio que uno de los más antiguos combustibles, seguramente el más representativo del inicio de era industrial y el mercantilismo, el sencillo carbón mineral, nunca fue quemado tanto como en la actualidad. Aunque en las noticias de todos los días la humanidad presuma de sus viajes al espacio, sus automóviles sin volantes y sus algoritmos capaces de enamorar a seres solitarios encerrados por los destellos de sus pantallas, esos consumos energéticos se sostienen en parte con carbón.

El planeta parece haber llegado al futuro pero retiene para su subsistencia, casi sin saberlo, pesados elementos de su pasado (tal como sucede con el trabajo esclavo). La combustión a carbón se resiste a su derogación a manos de alternativas más limpias y modernas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters/Dado Ruvic

El presente es casi tan distópico como lo que había prometido la ciencia ficción y ofrece los riesgos bélicos de siempre, aunque los actores se confundan como en 1984 de Orwell y como en la política exterior. Eso sí, donde sea, se mantiene el orden siempre al gusto de los verdaderamente poderosos. Y en ese juego el carbón mineral aún domina mercados energéticos relevantes.

Entre los especialistas en energías desde hace ya demasiadas décadas se habla del precio del petróleo, de las energías alternativas, de las centrales nucleares y de una ansiada senda de superación por vía del progreso tecnológico y las regulaciones, llamada "transición energética". Ese es el objetivo: que alguna vez sea mejor la relación con el medio ambiente en el sector de la generación de energía en los sistemas de distribución y en el transporte. Pero el persistente carbón de piedra no se rinde.

En el mercado mundial figura como "coal", en inglés, el más contaminante de los modos de producir energía, que alcanzó un nuevo récord histórico de 8.845 millones de toneladas anuales. Se superó otra marca histórica de 8.805 millones de tn.

La lenta marcha de la transición energética no logra prescindir de su poder calórico pese al récord en el desarrollo de las energías limpias porque el consumo siempre supera las expectativas.

Los discursos de las cumbres climáticas quedan expuestos a la realidad que los contradice. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que la demanda física de carbón anotó un incremento de 40 millones de toneladas interanuales. No hay al menos por ahora signos de descarbonización.

"Para dimensionar el verdadero peso del mineral es clave separar la generación eléctrica del consumo de energía primaria, que incluye el transporte pesado, las redes de calefacción urbana y los grandes procesos industriales. El último Statistical Review of World Energy -el documento de referencia global del Energy Institute y las consultoras KPMG y Kearney- revela que el carbón abastece el 27,9% de toda la demanda energética del planeta", indica un artículo del sitio Mejor Energía.

Y agrega que en cambio, el conjunto de las energías renovables modernas (solar y eólica) aportó apenas el 5,6% de la torta primaria global. Sumada la energía hidroeléctrica tradicional, el bloque verde consolidó un 8,3% del total. El carbón "sigue duplicando la participación de todas las fuentes limpias juntas".

Asia concentra el 83,4% del consumo mundial de carbón con China e India como principales demandantes. Se estima que las industrias chinas se apoyan en energías que en un 56% provienen del carbón.

Sobre tablas, por unanimidad y con las firmas de todos los senadores presentes, la Cámara alta de la Legislatura santafesina sancionó la ley que declara a la Provincia de Santa Fe "como territorio libre de discursos de odio". La norma tiene el objetivo además de "establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación".

La norma que viene a dar un testimonio de cómo es la vida política de la provincia a nivel institucional, entre los partidos políticos y sus dirigentes, ciertamente cuida que ese clima derrame sobre los ciudadanos. Es una perfecta contracara de lo que sucede a nivel nacional.

Contiene en su artículo segundo una "definición de discurso" que dice: "A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas".

Con el respaldo unánime del Senado, Santa Fe se posiciona como un ejemplo en la lucha contra la discriminación, fortaleciendo su compromiso democrático. Foto: Gentileza Santa Fe.

Menos de 24 horas pasaron entre la formalización del pedido de esta norma a los legisladores provinciales por parte de la Mesa del Diálogo Santafesino y la consecuente media sanción del Senado. En rigor, desde hace décadas en el cuerpo deliberativo hay tradiciones democráticas que se respetan y cuidan. Prevalece, además de la gobernabilidad, el diálogo y la disposición a negociar.

Otro artículo ordena que el "el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, debe diseñar e implementar campañas de comunicación y sensibilización social dirigidas a la población en general, con énfasis en entornos digitales, orientadas a la prevención de los discursos de odio y a la promoción de una cultura de respeto y convivencia democrática".

Añade además "como artículo 62 bis en el Libro III, 'De las faltas y sus Penas', Título II, 'Contra la tranquilidad y el orden Público', Capítulo I, de la Ley 10.703 y modificatorias del Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe, el siguiente texto: 'Artículo 62 bis.- Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio será reprimido con una multa de sesenta (60) jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos". Tanto la ejecución como el abordaje del curso la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig agradeció a los jefes de los bloques del oficialismo, Rodrigo Borla y de la oposición, Rubén Pirola. Subrayó el valor de la labor de las entidades que constituyen la Mesa de Diálogo Santafesino y lamentó las divisiones nacionales una y otra vez alimentadas desde el poder.

"El discurso de odio constituye uno de los fenómenos más lesivos para la convivencia democrática y el pleno ejercicio de los derechos humanos", dicen los considerandos. Y los describe, como "toda expresión que incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos, representa una amenaza directa a la dignidad humana y la cohesión social".

La provincia de Santa Fe adopta medidas firmes para prevenir discursos de odio, destacando la importancia de la dignidad humana y el respeto mutuo. Foto: Gentileza Santa Fe.

"La violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas, sino también en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática", expresa.

Es valiosa la idea que luego se despliega: "los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social, afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

Advierte que los avances tecnológicos y la masificación de las redes sociales han amplificado exponencialmente la velocidad y el alcance de los discursos de odio. "Estos discursos no solo generan daño psicológico inmediato en las víctimas, sino que contribuyen a climas de violencia, exclusión social y, en casos extremos, a crímenes motivados por el odio", añade.

La nueva legislación santafesina busca prevenir la incitación al odio, promoviendo campañas educativas que incentiven el diálogo y la igualdad en la sociedad. Foto: Gentileza Santa Fe.

Enumera la creciente inmediatez de las comunicaciones, el anonimato de las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial -que amplía la posibilidad de producir expresiones que deshumanizan y agreden- que vuelven "indispensable el abordaje de dicha problemática por parte del Estado".

Toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia у, al mismo tiempo, promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

"Defender la convivencia democrática -concluye- no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el respeto irrestricto por la libertad de pensar del otro".

La obligación de llevar a cabo pruebas toxicológicas para "todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la Provincia de Santa Fe, durante el ejercicio de sus funciones", es el núcleo de un proyecto de ley que desde fines de 2025 impulsa el bloque del Justicialismo en la Cámara de Senadores.

El texto que lleva la firma de Osvaldo Hugo Sosa (Vera) en primer lugar, acompañado por Armando Traferri (San Lorenzo) cuenta con aportes de la bancada que, rápida de reflejos, presentó esa iniciativa a poco de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sometiera personalmente a una prueba médica de este tipo antes de invitar a hacer lo mismo a los más altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, así como de la Policía.

De avanzarse con la norma propuesta, el control sería obligatorio (ya no como ejemplo ante la sociedad), periódico y sometido a normas regulatorias que tendrán en cuenta la confidencialidad de resultados positivos, como establece la legislación vigente.

En el segundo artículo de la norma que tiene un pedido de tratamiento preferencial para la próxima sesión se incluye una lista taxativa de los cargos a comprendidos para el narcotest: "a) Poder Ejecutivo: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, titulares de entes descentralizados o desconcentrados, presidentes y directores de empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, jefe y subjefe de Policía, director y subdirector del Servicio Penitenciario Provincial.

Acompaña el proyecto Armando Traferri (San Lorenzo).

" b) Poder Legislativo: senadores, diputados, secretarios legislativos, prosecretarios, autoridades de comisiones, asesores y funcionarios jerárquicos de ambas Cámaras; "c) Poder Judicial y Ministerio Público: ministros de la Corte Suprema, magistrados, fiscales, defensores públicos, secretarios y demás funcionarios jerárquicos del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; "d) Órganos de Control: miembros del Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo y defensor adjunto".

Los controles serán según la ley propuesta "obligatorios y gratuitos", bajo las siguientes modalidades: "1. Inicial: dentro de los treinta (30) días corridos de la asunción del cargo. 2. Periódica: con una frecuencia mínima anual. 3. Aleatoria: mediante sorteo imparcial y bajo protocolo de transparencia. 4. Por denuncia fundada: en caso de que existan indicios razonables que ameriten su realización. La implementación de los exámenes deberá respetar los principios de legalidad, confidencialidad, dignidad, derecho a defensa y cadena de custodia".

La norma contempla la posibilidad de que los agentes públicos provinciales de forma voluntaria se sometan al examen toxicológico, "como medida de responsabilidad institucional, autocuidado y cultura de prevención. La autoridad de aplicación deberá garantizar las condiciones técnicas, la gratuidad y la confidencialidad de estos exámenes voluntarios, fomentando su incorporación en los distintos organismos públicos".

Se procura que haya convenios con universidades, hospitales y laboratorios, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Dos artículos indican cómo proceder ante un resultado positivo, con un abordaje interdisciplinario que contemple aspectos vinculados a salud, psicología, trabajo social y derecho.

Ese equipo tendrá como funciones las de brindar contención, orientación y asistencia integral, pero también "evaluar la aptitud del funcionario para ejercer su cargo en condiciones plenas, de acuerdo con la Ley Nacional N.º 26.657". Del mismo modo, "sugerir medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas no punitivas". Además, "toda medida deberá respetar el principio de confidencialidad, la no discriminación y el derecho al debido proceso".

El texto que lleva la firma de Osvaldo Hugo Sosa (Vera) en primer lugar.

Quien rechace someterse al examen cometerá una "falta grave" que "podrá dar lugar a la suspensión preventiva del cargo, instrucción sumarial o remoción, conforme a los mecanismos legales vigentes".

Un artículo establece que "los resultados de los exámenes son considerados datos sensibles, conforme a la Ley Nacional N.º 25.326. Su acceso será restringido, y sólo se podrá utilizar para los fines previstos en la presente norma" y otro invita a que lo mismo suceda en las municipalidades.

"En San Luis -dicen los considerandos- se sancionó, en 2024, una ley que obliga a realizar exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado, de forma anual y aleatoria. En Jujuy, rige la Ley N.º 6164/20, que impone la realización de narcotest todos los funcionarios jerárquicos del gobierno provincial, mientras que Mendoza y Entre Ríos también han aprobado regímenes similares, algunos incluso con carácter semestral y bajo apercibimiento de cese inmediato en caso de incumplimiento".

"A nivel internacional, países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han desarrollado políticas de control de sustancias dentro del sector público, especialmente en ámbitos de seguridad, justicia, salud y educación. Estas experiencias demuestran que la iniciativa aquí propuesta no solo es viable desde el punto de vista operativo, sino también necesaria como parte de una estrategia integral de fortalecimiento del Estado, recuperación de la autoridad pública y promoción de un modelo institucional", siguen.

Desde el punto de vista jurídico, "el proyecto se encuentra plenamente enmarcado en los principios consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en particular en lo relativo a la transparencia en la función pública, el principio de legalidad, la protección de los datos personales y el derecho a la salud. Asimismo, respeta las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la dignidad de las personas involucradas, estableciendo mecanismos objetivos, técnicos y con participación de organismos independientes".

Con modificaciones de fondos, el Senado aprobó por unanimidad una nueva versión del proyecto de ley de Ficha Limpia para empresas contratistas venido con media sanción de Diputados. El texto vuelve en revisión a la Cámara baja.

Por unanimidad, los senadores del oficialismo y la oposición produjeron cambios a la iniciativa impulsada por la diputada socialista Lionella Cattalini, en una sesión en la que el único miembro del PS en el recinto de 19 bancas, el senador Julio Francisco Garibaldi, estuvo ausente con aviso.

Según la versión que habían aprobado los diputados se buscaba la sanción de una nueva norma con su propio articulado. Ahora, en cambio,

tras el paso del expediente en el Senado de lo que se trata es de hacer modificaciones sobre sendos artículos de dos leyes ya existentes que son nucleares para la administración del Estado.

En un caso se trata de modificaciones al artículo 141 de la Ley N° 12.510 de la Provincia de Santa Fe que establece el régimen de Administración, Eficiencia y Control del Estado y fue sancionada en 2005. Rige todos los actos, operaciones y finanzas del Sector Público Provincial no Financiero y regula desde cómo se construye el Presupuesto, fija límites y resguarda la competencia en la contratación de bienes y servicios y norma el control Interno y externo del Estado del Estado provincial.

En el otro, son también modificaciones sobre uno de los artículos de otra norma, aún más antigua: la llamada Ley de Obras Públcas que data de 1960 y fue promulgada por el entonces gobernador Carlos Sylvestre Begnis.

Sobre la ley de 21 años atrás se agrega que “en todos los procedimientos de contratación, con carácter previo al acto de adjudicación, deberá corroborarse la inexistencia de las causales previstas en el presente artículo respecto de las personas humanas o jurídicas oferentes, sus representantes legales, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, y de cada una de las personas que integren uniones transitorias, consorcios, agrupaciones de colaboración o cualquier otra forma asociativa admitida para contratar con el Estado. La reglamentación establecerá la forma de acreditación, verificación y actualización de la información exigible”.

Con la de 2005 en cambio se avanza en aplicar las razones para no poder ser contratista a “las personas humanas, representantes legales, integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas, y a cada una de las personas que integren uniones transitorias, consorcios, agrupaciones de colaboración o cualquier forma asociativa admitida para contratar obra pública”.

En noviembre de 2022 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley de Ficha Limpia. Y entre julio y septiembre de 2025 la Convención Reformadora la agregó a la Constitución provincial en su artículo 56: "Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley".

Los avances santafesinos (que aún no han sido posibles a nivel nacional) hablan siempre de uno de los dos extremos habituales en los casos de corrupción: el de los dirigentes políticos y las obligaciones para postularse a cargos electorales provinciales.

Ahora, en el Senado provincial se debate una ley que se enfoca en el otro extremo habitual de esos delitos, el de las empresas proveedoras de bienes y servicios para el Estado. La exigencia que se pretende es similar: si no hay ficha limpia empresaria, no hay contrato. Tal como sucede con los ciudadanos que quieren ser electos.

Un proyecto de ley para la transparencia de antecedentes penales en quienes firman contratos con el Estado tiene en la Legislatura de Santa Fe ya media sanción de Diputados. En agosto del año pasado avanzó con esa norma la Cámara baja, al aprobarse una iniciativa de la diputada socialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini.

El texto plantea hacer a un costado de las competencias licitatorias y compulsas de precios a proveedores a empresas, mutuales o cooperativas que tengan "antecedentes" por delitos de corrupción.

"Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción. Lamentablemente, Argentina tiene una larga tradición de proveedores y funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita en operaciones con el Estado", señaló la legisladora al tratarse el tema en Diputados en agosto del año pasado.

"Es una señal fuerte, clara, para toda la ciudadanía y también para dar garantías de equidad, para competir en plenas condiciones de igualdad, a las empresas que en forma honesta trabajan en la provincia. El Estado deben contar con mecanismos para saber si sus proveedores están bajo investigación por corrupción, por eso hablamos de antecedentes", explicó.

Durante la sesión del 21 de mayo pasado, el Senado acordó un lugar preferencial en su agenda e intentar en la próxima sesión de este jueves 4 darle tratamiento parlamentario en el recinto. Todo indica que en junio habrá novedades, y que es posible alguna modificación que lleve el tema nuevamente a la cámara de origen.

Hasta aquí ninguna otra provincia ha avanzado con normas similares. Un proyecto de ley con elementos en común existe en el Poder Legislativo en el Chaco, pero allí no hubo avances como en Santa Fe.

Para el presidente Javier Milei se trata de un problema de conciencia moral. Ya no existen en la Argentina aportes estatales nacionales para cubrir los pasajes gratuitos a trasplantados, personas con discapacidades y niños bajo tratamientos oncológicos.

Una simple resolución había dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, un régimen de compensaciones económicas, que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de esos pasajes gratuitos.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial esta semana, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector. Y termina con los pagos estatales, pero no con el derecho de quienes necesitan viajar sin pagar por razones de salud.

La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.

Javier Milei . Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Sin embargo, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Las empresas están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer). Todas son muy anteriores a la resolución que seis años atrás otorgó compensaciones a los prestadores.

El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa, sin ayudas públicas. Y el argumento esgrimido por la Nación es que existe libertad tarifaria para que esos costos extra lleguen al común de los pasajeros.

Para la Nación, corresponde que superado el contexto de "fuerte intervención estatal" y tarifas reguladas los privados asuman el costo fijado por leyes anteriores.

Sin embargo, hay complicaciones varias. Y ya se verá más adelante por qué para el gobierno nacional el asunto es parte de su definición de aplicar “la moral como política pública”.

Hoy los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y precios. Con lo que cesa el pago estatal, pero nada se dice de lo que hasta aquí no se ha pagado: la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) afirma que el Estado debe al sector 27.000 millones de pesos. Y que el reclamo ya ha sido judicializado hace más de un año, sin novedades.

Pese a lo dicho por el gobierno y las empresas (que no han cuestionado su obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a ese grupo de personas) existen complicaciones. Quien recorra la terminal y escuche a los pasajeros en las ventanillas comerciales verá que hay pasajes siempre que se los pida con tres semanas de antelación o más. Y pocos pasajeros que los necesitan saben que pueden presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Y sucede lo mismo con los subsidios focalizados a la energía eléctrica y el gas natural, pocos cumplieron con los trámites para registrarse. Con las garrafas de 10 kilos subsidiadas con casi 10 mil pesos lo que cuesta es encontrar los comercios con el QR que habilita esas ayudas nacionales. (El Litoral procuró sin éxito obtener una lista oficial de los puntos pero solo pudo publicar una nómina extraoficial de otro origen.)

La idea de no dar ayudas en los servicios públicos a quienes a todas luces las necesitan es para la administración libertaria un asunto moral. La idea -apoyada en una corriente filosófica libertaria es que nadie debe ser forzado a ser solidario con los demás.

Así, en tanto los recursos del Estado (esa “organización mafiosa”) provienen de impuestos de pago obligatorio, las ayudas que con ellos se otorguen son -desde ese punto de vista de extremo individualismo- inmorales.

Y el razonamiento se completa con otro hecho comprobable: hay libertad para fijar tarifas, horarios y trayectos, y las leyes que regulan el otorgamiento de pasajes gratuitos a casos de emergencias sociales asociadas a la salud existen, ciertamente, desde que cada compañía voluntariamente aceptó esas condiciones.

Va en la dirección señalada el proyecto de ley sobre la propiedad privada, que ya se encuentra en el Congreso, y que el gobierno nacional espera que pueda ser tratado durante el Mundial, con la opinión pública entretenida.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional, que fue hecha por liberales. Sin embargo, ahora un proyecto de ley viene a ampliarlo.

Congreso de la Nación. Foto: Fernando Nicola

Nada curiosamente es escaso el debate público sobre el tema. Apenas unas previsibles duras críticas a la iniciativa oficial por parte de la izquierda clasista y unas pocas menciones del resto de la oposición, en los minutos y espacios que dejan libres los casos de corrupción en el Ejecutivo Nacional que a diario son noticia.

El peronismo y otros partidos han optado por azuzar la veta nacionalista, por la derogación de una norma de sus años que regula la tenencia del suelo según nacionalidad del propietario. Los extranjeros podrán comprar tierras sin límites, se brama desde ese sector. La norma propuesta quita de esa flexibilidad a las áreas de frontera, pero igual habrá, seguramente, discursos folclóricos.

Poco se presta atención, en cambio, a otro asunto más serio y contradictorio con el desarrollo del Estado que ha correspondido, en términos históricos, a los liberales argentinos hace un siglo y medio.

El sueño libertario del Estado mínimo de La Libertad Avanza, idealmente a cargo solo de la seguridad de los ciudadanos y del país, choca con la experiencia liberal que creó por ejemplo las condiciones para el desarrollo de infraestructura básica en trenes, rutas, puentes, puertos, aeropuertos, gasoductos y redes de transporte y distribución de servicios públicos que requirió de expropiaciones.

El proyecto del presidente Milei las encarece. Será más oneroso para el Estado quitarle bienes a los particulares, aún cuando se logre su declaración por ley de “utilidad pública”.

De prosperar esa iniciativa se deberá “identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

Más aún: cambian las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y los daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante, es decir, la ganancia que el particular deja de percibir como consecuencia de la pérdida del bien. La ley de declaración de utilidad pública “fija el valor del bien antes de la intervención del Estado” y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”. Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta su pago íntegro.

Lo dicho: habrá sin dudas críticas de los nacionalistas, pero los realmente enojados deberían ser los liberales.

Un proyecto de ley en la Cámara de Senadores pone el foco en dar más precisiones a un enunciado general sobre valores éticos, a propósito del uso de la inteligencia artificial en el marco del Derecho de Acceso a la Información Pública.

El texto fue promovido por el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, e ingresó a la Cámara en la última sesión ordinaria y pasó- junto con otros asuntos- a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El proyecto en su parte resolutiva tiene solo un artículo y modifica la Ley de Gobernanza en Santa Fe que ha consagrado el derecho antes mencionado, anticipándose a una de las nuevas incorporaciones en la Carta Magna santafesina.

El líder de la bancada del peronismo busca un marco de mayores precisiones al uso de estas tecnologías digitales, como por ejemplo en el caso del espionaje.

Se propone modificar el artículo 12 de la Ley N° 14.256, que define los “Principios éticos aplicables a la IA” con lo siguiente: “Todo desarrollo y uso de IA debe estar basado en principios éticos fundamentales que garanticen el respeto de los derechos humanos, asegurando la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad”.

“La provincia -sigue- adhiere a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de noviembre de 2021”.

En los considerandos, Pirola expresa que “la reforma de la Constitución Provincial en el año 2025 incorporó la temática de los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales en los artículos 27, 28 y 29, consagrando principios generales al respecto, en cuanto al uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana”.

“El desarrollo acelerado de la IA está modificando de manera profunda la vida social, económica, cultural e institucional en todo el mundo. Se trata de tecnologías que, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de aprendizaje automático, permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, observa.

De inmediato advierte que sin embargo “junto a sus potenciales beneficios, la IA también plantea desafíos y riesgos significativos que requieren de un abordaje ético normativo y responsable”.

Entre las comunicaciones oficiales ingresadas al Senado de la Provincia de Santa Fe se destacan dos envíos de la municipalidad de Cañada de Gómez, que hablan del plan de Poder Ejecutivo Provincial de tomar en sus manos las obras para hacer viables los accesos a los puertos, mediante sistemas de peajes como mecanismo de financiación.

La iniciativa diseñada por el gobierno de Santa Fe ya ha sido presentada públicamente y contempla intervenciones en tramos de caminos comunales y municipales, rutas provinciales y sobre todo nacionales que colapsan cuando el movimiento de cargas es mayor.

La posibilidad de que un sistema de peajes pueda en parte financiar las inversiones que llevan décadas de retraso en infraestructura que, en el caso del Estado nacional está en peores condiciones por falta de mantenimiento, es el centro de senadas notas.

Los concejales cañadenses impusieron a los senadores sobre sus dudas respecto de cómo impactará el mecanismo de financiación en su comunidad. Manifiestan que se espera contar con una copia del proyecto y más detalles respecto del fideicomiso previsto. Si se ha previsto cobrar un nuevo impuesto (algo ya desmentido por la Casa Gris) y ante la información de que se necesitan 400 millones de dólares para ese emprendimiento saber qué sucederá con las contribuciones sobre el transporte de cargas y el sector productivo en general.

Por unanimidad y sobre tablas, la Cámara de Senadores aprobó una comunicación presentada por el bloque del Partido Justicialista que rechaza la decisión impulsada por la Casa Rosada para quitar a unos 4 millones de usuarios residenciales el subsidio por Zona Fría, una decisión que -de concretarse- afectará de modo directo a la ciudad de Rosario y otras localidades del sur del territorio provincial.

La posición de los senadores es que se debería “morigerar” el “impacto tarifario en relación a los consumos de qas natural de red para uso residencial, en hogares santafesinos alcanzados por las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nro. 27.637, que pudiesen disminuir o dejar sin efecto los beneficios del régimen especial de Zona Fría”.

Como se sabe, en el mapa de la bota solo el sur cuenta con esos beneficios que se sancionaron en 2021. El área servida con redes de distribución del centro norte, en cambio, no recibe ese subsidio cruzado que se integra con aportes del Estado y de la totalidad de los usuarios del sistema.

El esquema planteado por el gobierno nacional es que solo unas pocas regiones del país tengan gas más barato en invierno en los hogares. La Patagonia y unas pocas áreas cordilleranas: así, pierden el subsidio en esa iniciativa el sur de Santa Fe, esa zona de Córdoba y por ejemplo en la provincia de Mendoza solo Malargüe permanecería con ese beneficio.

Los descuentos por el subsidio por Zona Fría van del 30 al 50% del valor del metro cúbico de gas natural distribuido. Las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo Nacional avanzaron en la Cámara de Diputados de la Nación. Y por Santa Fe votaron favorablemente los diputados de La Libertad Avanza Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Alejandro Bongiovanni, y Valentina Raver. 

El texto aprobado en el Senado fue llevado sobre tablas por la minoría del PJ y se sumaron de inmediato firmas de los senadores de la mayoría radical. Al momento de tratarlo no hubo ninguna expresión por la negativa. Subraya que el “régimen tarifario vigente a la fecha, alcanza a unos 550.000 hogares ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe, lo que implica un estimación proyectada de 1.700.000 personas, que fueron incorporadas en una ampliación de la cobertura original propiciada en el año 2021”.

“El impacto final en el costo incremental del gas domiciliario para consumidores santafesinos desafectados del beneficio, se encontraría entre un 30% y un 40%, por lo que el impacto resultaría sustantivo, afectando la provisión accesible del servicio en vísperas de la temporada invernal”, destaca.

A sabiendas de que “el suministro y distribución de gas natural no es competencia de gestión directa del Gobierno. Provincial, sí lo es la preservación de los derechos y la promoción del acceso a servicios básicos para la calidad de vida elemental de los ciudadanos santafesinos”, interpretan los considerandos.

Y siguen: “Siendo así, en su calidad de gestor institucional del interés ciudadano ante el Gobierno Nacional y ante la afectación de derechos de familias santafesinas, en que resulta pertinente requerir su intervención directa”, frente al gobierno nacional. 

Sin barreras para perros lazarillos

Además, otra vez recibió media sanción de la Cámara alta un proyecto de ley que modifica una norma vigente, que garantiza que personas con discapacidades visuales tengan el derecho a seguir acompañadas por sus perros guías o lazarillos en los establecimientos comerciales o el transporte público.

El texto que presentó nuevamente Armando Taferri (PJ-San Lorenzo) modifica incisos de varios artículos para evitar las excusas de quienes rechazan a los ciegos con sus perros lazarillos. El propósito de la Ley 13.315 vigente desde 2012 es “reconocer y garantizar a toda persona que posea algún tipo de discapacidad visual o de otra índole que requiera la utilización de un perro de asistencia, el derecho a ser acompañada” por ese animal. Tanto para “acceder” como para “deambular y permanecer” en “cualquier lugar, establecimiento o transporte de uso o acceso público, con independencia de su titularidad pública o privada dentro del territorio de la Provincia”.

Básicamente, la media sanción del Senado busca corregir la redacción de la norma en aspectos formales de técnca legislativa respecto de, por ejemplo, que es “a los efectos de la presente ley” que se define a esos canes especialmente adiestrados, y lo mismo algunos incisos vigentes para perfeccionar  la norma.

El punto central es que la ley vigente en Santa Fe no fija las penalidades previstas por una norma nacional anterior contra la discriminación, la Ley 23.592 y sus modificatorias

"Estamos ante una demostración de lo conveniente que es para la provincia de Santa Fe nuestro sistema bicameral en el Poder Legislativo, en el que una Cámara al revisar lo aprobado por la otra, puede mejorar un proyecto de ley", dijo el senador Rodrigo Borla que preside el bloque del radicalismo y la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales. Se refería a las correcciones que los senadores, por unanimidad, habían votado para dar media sanción a un proyecto de ley que regla el proceso contencioso administrativo, según las nuevas definiciones de la Reforma de 2025.

El radical de San Justo recurrió a las bondades del bicameralismo, tan cuestionado por la derecha y la ultraderecha en la Convención Reformadora. Describió el proceso de sanción de las leyes, con un cuerpo que representa a los departamentos y otro a los ciudadanos, como sucede a nivel nacional en el Congreso. Así, explicó, sí es posible que haya normas con más controles y debate previo.

En este caso, fue el Senado el lugar de consultas a los intendentes que observaron un lado flaco en la media sanción que ya había logrado este expediente en la Cámara de Diputados. Muy pronto, sobre todo desde Rosario, se comprendió que si los particulares quedaban en condiciones de iniciar procesos contra el Estado en la cuerda administrativa (anterior al pleito judicial) sin costos económicos podría haber una avalancha de quejas para no pagar multas o posponerlas, entre otras dificultades.

El cuerpo de las 19 bancas modificó dos artículos, el 4to y el 5to, y el texto volvió con modificaciones a la Cámara baja, que antes fueron consensuadas con el peronismo en la alta.

Nuevamente, el oficialismo y la oposición votaron juntos en el Senado una norma que tiene "manda constitucional", es decir, que la nueva Carta Magna de la Provincia dispone, producto de sus reformas progresistas de fondo.

A principios de mayo, el bloque del PJ en minoría pidió tiempo para estudiar la cuestión y en lugar de una votación forzada por la mayoría radical y de otras fuerzas de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo una prudente preferencias "con o sin despacho" que permitió estudiar el tema.

A la influencia de los intendentes en la nueva redacción la expuso con toda claridad, desde el estrado central, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

Habló de los "valiosos aportes" del intendente de Rosario, Pablo Javkin, de su par de Venado Tuerto Leonardo Chiarella y de Nicolás Cuesta de la ciudad de San Justo, que también encabeza el Foro del Intendentes Radicales.

Lo mismo, para las reuniones de trabajo y disponibilidad para el acuerdo del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, su secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni.

Sobre tablas y por unanimidad también se votó con media sanción el Mensaje N° 18/2026, correspondiente a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.944, que fuera aprobada en 2014. Se trata de una norma nacional que establece el "Régimen de Responsabilidad del Estado". Tras la aprobación, el senador Borla destacó la importancia de la iniciativa y sostuvo: "Es un paso fundamental en el fortalecimiento de la seguridad jurídica entendiendo que la responsabilidad del Estado es un principio esencial de todo sistema republicano y democrático".

Pasó a Diputados con media sanción del Senado un proyecto de ley que busca asegurar la mediación en procesos del fuero civil y comercial, para que no quede librada a interpretaciones, sino que sea obligatoria en las disputas entre particulares (personas o empresas), temas patrimoniales, contractuales o del derecho privado.

La iniciativa del senador radical Pablo Verdecchia modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe para evitar debates de interpretación y llevar siempre adelante una instancia de mediación. Añade un apartado al artículo 19 de la Ley N° 5.531 que regla el proceso. En términos del autor de la iniciativa, se apunta a dar "un paso necesario" para la"modernización del sistema de administración de justicia".

Durante la sesión, el Senado aprobó un proyecto de comunicación del senador Julio Garibaldi mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo mantener el ritmo de ejecución de obras estructurales de defensa hídrica y fortalecer la planificación territorial en el departamento La Capital ante los pronósticos vinculados al fenómeno climático "El Niño".

El legislador destacó que actualmente "se están llevando adelante tareas de prevención" y remarcó que "es importante continuar en ese camino para evitar consecuencias de posibles crecidas de los ríos". Sobre esta temática también se pronunciaron el senador Raúl Gramajo y el presidente provisional Felipe Michlig, quien destacó "el trabajo articulado que se está realizando entre los ministros de distintas áreas del gobierno y esta Cámara para anticiparnos a ese fenómeno".

Las tarifas de los usuarios residenciales santafesinos de la Empresa Provincial de la Energía están entre las más costosas del país, de acuerdo con el Reporte de Tarifas y Subsidios de mayo, un estudio elaborado por un instituto conformado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Existen para los hogares en la Argentina dos grandes grupos de usuarios del sistema eléctrico, de acuerdo con el valor de los kilovatios/hora que consumen, según cuenten o no con un subsidio del Gobierno Nacional. Pero en ambos casos, las boletas de la EPE tienen lugares altos.

En las tarifas de usuarios residenciales sin ayudas del Estado nacional, la EPE es la cuarta empresa más cara. La superan solamente Neuquén, Río Negro y Puerto Madryn. En cambio, es la octava en el caso de los beneficiarios de esos subsidios, detrás de Neuquén, Río Negro, Puerto Madryn, Santa Mendoza, Edes de la Provincia de Buenos Aires y Jujuy.

Más allá del total que pagan los clientes, también es interesante conocer la composición de las tarifas. Y en el caso santafesino es relevante el peso de los impuestos.

El reporte brinda la chance de conocer, para cada empresa distribuidora de energía eléctrica analizada, qué porcentaje se lleva el precio de la energía en el mercado mayorista, los gravámenes y el Valor Agregado de Distribución. El VAD es la porción de la factura que paga la remuneración de la EPE, es decir el costo para el funcionamiento y la inversión de los sistemas de la empresa provincial.

En otras palabras, en Santa Fe es del 32% el peso de los impuestos sobre las tarifas finales de hogares sin subsidios nacionales. Sólo Mendoza tiene una proporción tan alta de gravámenes sobre el kw/h. En el promedio nacional, esa parte de la factura implica algo más de un cuarto del total. Aquí, mientras tanto es casi un tercio.

En cuanto a las familias que sí cuentan con una ayuda nacional y pagan kw/h algo más económicos, los impuestos implican en sus boletas un 38%. Se trata del valor más alto del país, sólo Neuquén está cerca con un 37% y bastante más atrás quedan Mendoza y Río Negro con el 32%. Otra vez, el promedio nacional da 26% para ese rubro.

Usuarios con y sin subsidio | Consumo promedio: 265 kWh/mes | Mayo 2026

El nivel promedio del VAD en los casos observados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política la UBA y el Conicet siempre ha sido el asunto que más atención reclamaba en el caso de la EPE. Hoy, la remuneración a la empresa distribuidora estatal no es tan alta en comparación con sus pares.

En los hogares sin subsidio, el Valor Agregado de Distribución de la compañía estatal santafesina representa el 38% del total. Pero el valor promedio en el país no está lejos: 39%. Además, hay extremos del 50% en Neuquén, el 47% en Salta, 45% en Puerto Madryn, 44% en Jujuy o del 42% en Río Negro, Misiones, Corrientes y Edes de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los hogares subsidiados, la EPE tiene un VAD del 43% frente al promedio nacional del 51%. Tienen mejor remuneración otras distribuidoras como Jujuy (59%), lo mismo que Edea de la Provincia de Buenos Aires, Salta 57%, Puerto Madryn 55%, San Luis 54%, o Entre Ríos (52%).

El valor del Kw/h en el nivel mayorista es igual para todas las empresas distribuidoras, en sus dos categorías (con y sin subsidios). Pero obviamente su peso final en las tarifas se modifica en función de los otros dos componentes: impuestos y VAD.

En Santa Fe ese valor es del 29% ante un 36% nacional para hogares sin ayudas estatales nacionales, y de un 19% frente a un 23% en el caso de quienes sí poseen esos beneficios públicos.

Una reciente reunión entre senadores provinciales de Santa Fe y funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos repasó las obras que están en ejecución como parte de las medidas de prevención ante un eventual incremento en el promedio de lluvias en lo que resta del año o de crecientes en los cursos de agua.

En ese contexto, el secretario del área, Nicolás Mijich, llevó a los legisladores una lista de 100 localidades con un breve detalle de los trabajos en obra, que aquí se ofrece. Se habló del estado de avance de distintas intervenciones en ejecución y de proyectos previstos, orientados tanto a la protección de áreas urbanas como al resguardo de zonas productivas.

La reunión fue encabezada por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, y el objetivo fue "analizar problemáticas vinculadas a alteraciones en los cursos de agua y su impacto ambiental y social", según se informó oficialmente. Además, allí se repasaron algunos puntos de los proyectos de ley en estudio en comisiones referidos a esa temática.

Se habló del estado de avance de distintas intervenciones en ejecución y de proyectos previstos.

Participaron del encuentro los senadores Hugo Rasetto (UCR-Iriondo), Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Osvaldo Sosa (PJ-Vera) y Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario), junto a colaboradores de los senadores Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Julio Garibaldi (PS-Unidos-La Capital) y Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo).

Los legisladores expusieron distintas situaciones registradas en sus territorios, vinculadas principalmente a intervenciones que modifican el escurrimiento natural del agua, generando consecuencias negativas tanto en zonas rurales como urbanas. En ese marco, se plantearon casos de obras irregulares y prácticas que, si bien buscan resolver necesidades productivas o de infraestructura, terminan agravando escenarios de inundación y provocando daños ambientales, subraya prensa del Senado.

En particular -sigue la fuente-, se mencionaron situaciones en el departamento Iriondo, relacionadas con una antigua intervención sobre el río Carcarañá, y en el departamento Vera, donde la construcción de defensas hídricas por parte de privados ha generado impactos adversos en localidades cercanas.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, brindó un panorama general de la situación hídrica en la provincia y detalló las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial, en el marco del monitoreo permanente ante las previsiones que indican la posible llegada del fenómeno climático El Niño. En ese sentido, explicó que se realiza un seguimiento continuo de su evolución hasta poder determinar y confirmar el grado de impacto que podría tener en el territorio.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, brindó un panorama general de la situación hídrica.

Al cierre del encuentro, el senador Felipe Michlig valoró la instancia de trabajo conjunto y destacó la importancia de sostener espacios de diálogo entre los distintos niveles del Estado para abordar problemáticas complejas como la gestión hídrica.

A continuación se expone el "relevamiento de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico, con el objetivo de establecer prioridades en materia de planificación y ejecución de obras".

En la ciudad de Santa Fe se lleva a cabo tareas de mantenimiento y reparación del sistema de defensa ante inundaciones, limpieza de canales Colectores 3 y 4, se realizó la firma por obras en el desagüe pluvial en el Dique II del Puerto de Santa Fe y el saneamiento urbano en Barranquitas Sur.

En Santo Tomé, áreas de mantenimiento y reparación del sistema de defensa ante inundaciones, por licitar limpieza de canal troncal Principal Malaquías. Y en Sauce Viejo, desagües (en proyecto) y por licitar la limpieza de canal troncal Principal Malaquías.

San José del Rincón, mantenimiento de defensas, limpieza de canal San Martín y del desagüe Gamboa. Arroyo Leyes, 1mantenimiento de defensas y renovación de bombas.

En Recreo, limpieza de canal principal Aguiar, canal Las Mandarinas, Colectores 3 y 4. Laguna Paiva, desagües (en proyecto) y por licitar limpieza de canal troncal Principal San Ignacio.

Avellaneda, limpieza de canales y proyecto de Plan Director; Calchaquí, limpieza de canales (en proyecto); Cañada Ombú, defensa (en proyecto); Gato Colorado, defensa (en evaluación); Gregoria Pérez de Denis defensa (en evaluación); Las Toscas, Proyecto de defensa en evaluación; Los Amores, se ejecutó la obra de defensa perimetral; Reconquista: evaluación de sistema de defensa.

San Javier, en ejecución de obras de sistema de defensa ante inundaciones; Santa Margarita, se ejecutó el sistema de defensa ante inundaciones y se están realizando limpieza de canales; Tostado, se ejecutó la readecuación de Hidrovía N° 3 y convenio por obras y mantenimiento de defensa; Vera, en ejecución de desagües pluviales en calle Belgrano, Puente Caraguatay sobre Arroyo El Tigre, y obras de emergencia hídrica; Villa Guillermina, en proyecto de defensa.

Villa Minetti, se ejecutó el sistema de defensa ante inundaciones y limpieza de canales; Villa Ocampo, limpieza de canales y convenio para construcción de nuevo puente sobre el canal El Manolo; Barrancas, limpieza de canales; Bauer y Sigel, limpieza de canal perimetral de defensa y canal secundario Bauer y Sigel; Casas, en proyecto de canal Oeste; Cañada Rosquín, ejecución de defensa urbana y obras de protección hídrica; Cayastá, en proyecto de mantenimiento de defensa.

Centeno, limpieza de canal urbano y evaluación de proyecto de defensa; Coronel Fraga, proyecto de Defensa; Colonia Margarita, mantenimiento de canales perimetrales; Coronda; elaboración de Plan Director y convenio para la limpieza de desagües; Crispi, limpieza canal perimetral; Desvío Arijón, Proyecto de canalización: El Trébol, obras de emergencia y proyecto de defensa urbana, y por licitar limpieza de canal troncal Las Bandurrias.

Esperanza, desagüe troncal Hohenfels y limpieza canal Sur; Eusebia y Carolina, obra de defensa; Frontera, en proyecto de Plan Director; Gálvez; limpieza de canal Los Llanos y Principal San Eugenio; Helvecia, limpieza de canal y proyecto de defensa; Las Palmeras, proyecto de defensa, por licitar limpieza de canal troncal Principal N°1 y Canal Secundario N°3; Las Tunas, proyecto de defensa.

Los Cardos, ejecución de desagües; María Susana, ejecución de defensa perimetral y de señalización vial en defensa del casco urbano, por licitar limpieza de canal troncal Las Bandurrias; Pueblo Marini, en proyecto de defensa; Rafaela, canalización Bajo Peretti, Laguna retardadora Amancay y proyecto Bajo Compagnucci; Ramona, canal perimetral de defensa y alcantarillas; Saguier, en ejecución de defensa perimetral; San Carlos Sud, en proyecto de desagüe; San Genaro, limpieza de canal Costamagna, cinco alcantarillas en área urbana en el canal principal de desagüe, limpieza del canal San Genaro y en proyecto de readecuación.

San Jorge, en ejecución de alcantarillas en canal principal de desagüe urbano San Martin; Sastre, se ejecutó la limpieza del canal principal y se trabaja en el proyecto de desagüe urbano calle Zeballos; Sunchales, en proyecto de readecuación de canales, se realizaron limpieza de canales y por licitar limpieza de canal troncal El Retiro y Canal Cañada de Sunchales; Tacural, proyecto de mejora de obras de defensa y recambio de alcantarillas en canal terciarios, por licitar limpieza de canal troncal El Retiro y Canal Cañada de Sunchales; Traill, limpieza canal principal de Sastre; Vila, Defensa perimetral; Villa San José, reacondicionamiento de canal de desagüe principal y alcantarillas en Ruta Provincial N° 67.

Villa Saralegui, limpieza de canales; Aaron Castellanos, nueva Estación de bombeo en laguna La Picasa; Álvarez, proyecto de defensa con reservorio; Arroyo Seco, reacondicionamiento del canal Savoca; Bouquet, evaluación de estado de defensa, por iniciar limpieza de canal Tres Lagunas; Bustinza, desagües de calle Uruguay y limpieza Canal Aliviador N°1; Cañada de Gómez, limpieza del arroyo Cañada de Gomez, instalación de estación de red de sistema de alerta, y proyecto de desagüe urbano; Cañada del Ucle, limpieza del canal Sec. N°3 con máquina del Ministerio de Obras Públicas; Carreras, limpieza de canales de desagües urbanos por iniciar limpieza de canal troncal San Urbano.

Casilda, limpieza del Canal Candelaria; Chabás, ejecución de canal Garello, obras sobre ferrocarril y Ruta Provincial N° 33; Coronel Domínguez, reacondicionamiento Arroyo Frías, limpieza de Canal de Desagüe y alcantarillas sobre rutas provinciales N° 22 y N° 26. 69; Diego de Alvear, limpieza canal de desagüe y nueva EBN en laguna La Picasa, por iniciar limpieza de Canal Alternativa Norte; Empalme Villa Constitución, limpieza de Canal Villa Constitución; Firmat, proyecto canal norte, limpieza de canales con máquinas volantes, por iniciar limpieza de canal troncal San Urbano; Fray Luis Beltrán, ordenamiento administrativo para reservorio; Funes, limpieza de canal Tomas de la Torre y cuenta con proyecto de mantenimiento de la presa; Ibarlucea, limpieza de Canal Urquiza, ejecución de alcantarillas de regulación y construcción de laminadores para protección del casco urbano. Por iniciar la limpieza de canales troncales Arroyo Ludueña, canal Salvat y Canal Ibarlucea.

La Chispa, obras de emergencia hídrica para la limpieza del canal Gödeken–La Chispa: Lazzarino, mantenimiento de canales de desagüe urbano; Luis Palacios, limpieza de Arroyo San Lorenzo y en proyecto para limpieza de canales, limpiar de canal troncal Arooyo San Lorenzo; María Teresa, finalización de obra de desagüe urbano y obras de emergencia hídrica, por iniciar la limpieza de canal Troncal Alternativa Norte; Melincué, obra de defensa sobre RP 90, limpieza de canal de aducción y por iniciar de limpieza de canal troncal San Urbano; Montes de Oca, limpieza del Canal de desagüe, por iniciar limpieza de canales troncales Tres Lagunas y Arroyo Las Estacas; Murphy, proyecto canal Ricordi; Pérez, proyecto canal Soldini–Pérez.

Rosario, obras en Cascada del Saladillo, por por iniciar limpieza de canales troncales Aº Ludueña; Ricardone, limpieza de canal principal, por iniciar limpieza de canales troncales Arroyo Ludueña e Ibarlucea; Roldán. limpieza de canales, por iniciar limpieza de canales troncales Arroyo Ludueña, Ibarlucea y canal Salvat; Rufino, limpieza de canal perimetral Sudeste; Salto Grande, proyecto de reacondicionamiento del canal Salto Grande y obras de defensa; Sancti Spiritu, limpieza de canales de desagües; Sanford, proyecto de ampliación de defensa urbana, por iniciar limpieza de Canal Perimetral Sanford y obras de emergencia hídrica; Santa Isabel, proyecto de traza de Drenaje 3.

Santa Teresa, limpieza canal perimetral, finalización de obras de desagüe urbano y obras de emergencia hídrica; Serodino, limpieza de canal y alcantarillas sobre el Canal Secundario Serodino, proyecto de reacondicionamiento del canal Serodino y evaluación de obras de defensa; Oliveros, estudio integral Carcarañá; Teodelina, obras de defensa urbana y obras de emergencia hídrica; Tortugas, obras complementarias de defensa urbana; Totoras, proyecto de ordenamiento hídrico; Venado Tuerto, limpieza de canal principal y ejecución de alcantarillas en canal de vinculación Laguna Agataura e Interlagunar El Hinojo, a iniciar limpieza de canal troncal Conexión al Canal San Urbano.

Villa Amelia, reacondicionamiento del Arroyo Frías y obras complementarias de defensa urbana; Villa Constitución, proyecto por alcantarillas´; y Villa Gobernador Gálvez, obras de defensa del Saladillo y evaluación de proyecto de defensa.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Energía de la Nación informó que es de $9.593 el valor final que tendrá el "subsidio focalizado" a hogares vulnerables dispuesto para las garrafas de 10 kg. También, se recordó que esos descuentos tendrán un tope de dos compras de 10kg de gas envasado en los meses fríos y una en los restantes.

La misma fuente agrega que en todo el país ya son unos 2.000 los comercios adheridos que cuentan con el código QR necesario para que cada beneficiario reciba allí los fondos nacionales, al realizar su compra: hoy una garrafa de ese tamaño (la única con dicho beneficio) oscila entre los 25 y hasta los 30 mil pesos. En los primeros días de mayo todo el rubro del gas butano envasado sufrió un aumento que superó los 4 mil y hasta los 7 mil pesos por unidad.

El sistema diseñado por el gobierno nacional que reemplaza a la llamada "garrafa social"

El sistema diseñado por el gobierno nacional que reemplaza a la llamada "garrafa social" del ex Programa Hogar, tiene prevista una gestión digital de las ayudas, de manera que cada beneficiario -sin intermediarios- reciba en la cuenta de su billetera esos casi 10 mil pesos por cada compra, pero aún no existe información sobre cuáles son los comercios que se han adherido.

Más aún, el Estado nacional ha dispuesto una amplia difusión en comunicados de prensa y publicidades con instrucciones precisas respecto del trámite de inscripción para las familias vulnerables que se propone ayudar, pero aún no se sabe dónde se podrán comprar esas garrafas.

El esquema incluye hasta dos garrafas por mes en invierno y una en verano.

El mecanismo creado por el gobierno nacional ciertamente "fortalece la transparencia en la asignación de subsidios". También obliga a los usuarios potenciales beneficiarios a poseer conectividad y a contar con medios de pago digitales, algo que no es tan común en sectores de extrema marginalidad.

El reintegro, que reemplaza al Programa Hogar, será por garrafa y se acreditará en el momento de la compra. El esquema incluye hasta dos garrafas por mes en invierno y una en verano.

Desde el 8 de mayo, los usuarios ya pueden acceder al nuevo beneficio para la compra de garrafas a través de las billeteras virtuales BNA+, y MODO incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma de pago. Este nuevo esquema está destinado sólo a los hogares que se inscribieron en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplen con los criterios para ser beneficiarios. Sin embargo, aún no está claro qué comercios en Santa Fe se han adherido.

El Litoral consultó a comerciantes de la zona de la costa que no tenían información al respecto e incluso desconocían -en algún caso- que se había puesto en marcha un nuevo sistema. En cambio, sí estaba claro para todos que se había dado de baja la "garrafa social" porque sus proveedores habituales ya no se las llevaron en 2026.

De acuerdo con lo anunciado, "el Banco Nación promoverá la adhesión de más comercios habilitados para la venta de garrafas, ampliando la red disponible para que los usuarios accedan al beneficio". Lo dicho: una labor a futuro para una necesidad que ya está presente con la llegada del clima frío.

Es importante recordar que los beneficiarios del ex Programa Hogar que deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, deben inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios o en la opción Trámites de la web o de la app Mi Argentina. Cabe señalar también que este registro no tiene una fecha límite para inscribirse.

En medio de un proyecto de ley que contiene otros importantes cambios para el sector de las energías en general, el Gobierno Nacional ha decidido insistir con la quita del subsidio al gas natural por zona fría a casi todas las regiones que hoy gozan de esas ayudas, con excepción de aquellas áreas con los climas más extremos en invierno.

De llevarse a cabo lo que el gobierno se propone (ya fracasó en dos oportunidades con el mismo intento) solo quedarían bajo ese régimen los hogares de la Puna, la zona de Malargüe (en Mendoza) y de toda la Patagonia.

En pocas palabras, se trata de retrotraer esos beneficios al año 2022. Y sin esas ventajas quedarían los usuarios residenciales del sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, así como el norte de las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, en la zona central. Pero además se derrumbaría el precio especial del gas natural para casi toda San Luis y Mendoza (menos Malargüe), y buena parte de San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, con excepción de sus áreas cordilleranas y puneñas.

La ayuda sería entonces solamente para la Patagonia, y otras escasas áreas donde existe el servicio, junto a la Cordillera de los Andes o la región la Puna.

El texto propuesto por el presidente Javier Milei al Congreso ya fue rechazado en 2023 con la fallida ley Ómnibus que por tocar todo tipo de materias y normas fue rechazada por el Congreso, e insistió con un artículo en la Ley de Presupuesto 2026 pero el Congreso otra vez se ocupó de que no se modifique la Ley 27637 (de 2022) que amplió las regiones del país que eran alcanzadas por la Ley 25.565 (de 2002).

Aquella reforma, hoy vigente, partió en dos a la provincia de Santa Fe: Rosario y otras localidades provistas con gas natural gozaron desde entonces del subsidio cruzado, mientras que el centro de la provincia y lo poco del norte provincial que cuenta con esas redes quedaron fuera de esos beneficios.

El Poder Ejecutivo Nacional se propone obtener del Poder Legislativo una norma más amplia, que también toca otros tópicos para una reforma del sistema energético nacional. Y uno de ellos es especialmente relevante para aquellas provincias en las que sus distribuidoras provinciales o de carácter cooperativo ya han hecho del no pago de sus consumos de electricidad en el mercado mayorista una costumbre.

El proyecto reúne tres reformas que habían quedado fuera del Presupuesto 2026 enviado en septiembre. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la estabilidad fiscal para fuentes renovables, un aspecto clave para que por ejemplo los estados subnacionales o los municipios no propongan impuestos a la luz solar o al viento para gravar a los generadores verdes de energía eléctrica.

También, lo dicho para el régimen de subsidios por Zona Fría, y el tercer aspecto bastante más tentador para las provincias se atrasan en el pago de sus facturas a Cammesa.

La norma que recién ingresó al Congreso habilita un mecanismo para que las distribuidoras y transportistas eléctricas federales cancelen deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, contra los ingresos no percibidos durante la emergencia tarifaria.

A esos tres puntos se añade la derogación del Decreto 929/2013, los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 y el Decreto 277/2022 en el capítulo de hidrocarburos. Es evidentemente un mensaje de ley para la negociación ante tantos fracasos por poder bajar el gasto en subsidios para los hogares donde encender las estufas es una cuestión vital.

Dos fuertes novedades sacudieron esta semana al sector del gas en la Argentina. Por una parte, las industrias y las estaciones de gas (GNC) que solo cuentan con contratos de provisión "interrumpibles" sufrieron cortes imprevistos, y por otra, el gobierno nacional desistió -al menos por 2026- de agregar un intermediario en la compra de cargamentos de ese combustible que se importa del mercado mundial, mediante barcos.

Los dos titulares de la prensa especializada en energías están íntimamente vinculados con un factor estacional inmanejable: el frío, pero también con una problema estructural del país en el que poco se hecho durante el actual gobierno y los anteriores: la desinversión en infraestructura básica.

Del primer asunto debe decirse que fue excepcional que haya un corte del servicio para los "interrumpibles" en pleno abril. Son crisis que suelen manifestarse en pleno invierno, no en otoño y ya hubo advertencias al respecto. En su cuenta de X el ex secretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña y presidente del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi", se quejó con prudencia: "Pareciera u poco pronto cortar el gas en otoño con temperaturas muy benignas como las actuales: justamente en el PAIS DEL GAS DE VACA MUERTA. Alguien del gobierno va a tener que dar explicaciones".

Del segundo, que la Nación deje en vía muerta la licitación que tenía en marcha para que una agente comercializador se ocupe de la compra y de la inyección del gas que la Argentina no tiene cuando sube la demanda (por falta de gasoductos), cabe señalar que el gobierno ha preferido finalmente seguir como hasta ahora, con esa labor a cargo del Estado y no arriesgarse a que lo haga un tercero. Más cuando los precios internacionales del crudo, del gas y de todos los sectores vinculados a la energía son tan altos y volátiles por la guerra en Medio Oriente.

El problema es conocido y ya ha sido varias veces comentado en El Litoral. Por ahora, pese a contar con enormes reservas y capacidad de explotación ya instalada no es posible que la totalidad de los consumidores de gas natural puedan aprovechar los recursos de Neuquén, sencillamente porque no hay gasoductos suficientes para trasladar esa riqueza desde el sur patagónico al área central del país donde se encuentra el mayor volumen de consumo.

Lo existente es apropiado para todo el resto del año, pero en invierno la calefacción de los hogares agrega a la demanda un factor estacional que deja el sistema en desequilibrio: el gas natural argentino no alcanza porque la capacidad de transporte es insuficiente.

El problema existe desde hace décadas y aunque se ha avanzado aún se debe recurrir a la importación. En 2021 fue necesario comprar 56 cargamentos de buques gaseros para que no haya cortes a los usuarios residenciales, así como a las industrias y las centrales eléctricas térmicas con contratos ininterrumpibles. El 2025 ese número bajó a 27 compras. En el sector se estima que este año, con pronósticos de menos días de frío extremo, puedan ser aún menos

En pocas palabras: la gestión libertaria que desea que Enarsa desaparezca ha debido confiar en esa empresa estatal para enfrentar los meses fríos en curso, con algo que hace desde hace décadas: comprar y abastecer de gas en barcos al sistema. Suspendió al menos por ahora la licitación que había iniciado a fines del año pasado, ante el panorama mundial tan complejo. Es evidente que es malo el panorama mundial para un cambio de fondo. Y que una crisis en este campo podría hacer tambalear todo el programa de vuelta al mercado que busca el gobierno nacional.

En el sitio Econojournal, con las firmas de Ignacio Ortiz y Nicolás Gandini, se informa que fracasaron dos de las tres subastas que el gobierno nacional ofreció a distintos usuarios de gas natural. En ellas se intentó trasladar al menos en parte el costo real de importar los cargamentos de gas natural licuado a industrias de gran consumo, a las estaciones de servicio de GNC, y a las centrales eléctricas. Esta vez, sin subsidios y con los valores previstos para el gas que vendrá por barcos.

Esta tercera noticia de la semana, bastante menos difundida que las dos anteriores, ofrece otro foco para el análisis. ¿Acaso los cortes hayan operado como una señal desde el gobierno nacional a los empresarios industriales, operadores de centrales termoeléctricas y propietarios de estaciones de servicio con GNC de cómo serán las cosas si no se acepta el precio de mercado del gas a importar?

El artículo explica que hubo operaciones comerciales que no eran esperadas por los potenciales interesados y que fueron "diferenciadas" para "los distintos segmentos de la demanda" ya que "el Ministerio de Economía apunta a que a partir de este año sean las industrias -y no tanto las distribuidoras- quienes cubran fundamentalmente el costo del gas importando para reducir al máximo posible el monto de los subsidios energéticos que paga el Estado".

Subraya que la subasta de mayor volumen no contó con ningún comprador. El gas ofrecido a grandes usuarios industriales costaba "19,76 dólares por millón de BTU para asegurar el suministro de gas durante la segunda quincena de mayo. El objetivo era que las industrias garantizaran su abastecimiento y evitaran cortes en caso de que las bajas temperaturas disparasen el consumo residencial". El medio indica que ese valor "quintuplica" el del gas en las tarifas residenciales, actualmente en torno a los 3,80 dólares por millón de BTU. Para Econojournal en parte el "intento fallido" se debe a "la caída de la actividad".

No funcionó tampoco una segunda subasta para empresas distribuidora de gas, que solo compraron 50.000 metros cúbicos diarios sobre 11 millones ofrecidos En cambio, sí fue aceptada la subasta por las centrales termoeléctricas, que ven allí un buen negocio: comprar gas importado caro para así no quemar el carísimo gasoil que también llega del mercado mundial. "Cammesa, la compañía encargada del despacho del sistema eléctrico, aseguró el suministro de 5,5 millones de metros cúbicos diarios entre el 16 y el 31 de mayo" a US$ 19,76 por millón de BTU. Otra vez la razón es que la guerra ha encarecido más al combustible líquido que el gas licuado.

Las operaciones de subastas en esta altura del año son habituales para esos segmentos de la demanda de gas. Pero esta vez los precios quedaron más cerca de sus costos reales por el retiro de los subsidios del Estado nacional, en un contexto internacional de precios muy altos. Por ahora, reina la incertidumbre.

Mediante una comunicación, la Cámara de Senadores expresó su preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe.

El texto fue presentado por el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi, y también contiene un pedido para el Poder Ejecutivo Provincial para que asista con sus propios fondos a los sistemas de transporte en el departamento mencionado.

La minuta se aprobó por unanimidad y expresa que "la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a la regularización de los subsidios adeudados al sistema de transporte público urbano e interurbano, así como a la implementación de un esquema de financiamiento federal, equitativo y sostenible".

"Asimismo -sigue-, vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial profundice y refuerce las medidas para garantizar la adecuada frecuencia y calidad del servicio, procurando reducir el impacto en el costo del boleto para los usuarios, en la ciudad de Santa Fe y en los corredores interurbanos que la vinculan con las localidades de Monte Vera, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Nelson, Candioti, Emilia y Llambi Campbell".

En los fundamentos se expone el propósito del autor: "el presente proyecto tiene por objeto poner de manifiesto la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en la provincia de Santa Fe, como consecuencia de los sistemáticos incumplimientos en el pago de subsidios por parte del Estado Nacional".

El legislador socialista menciona que la "reducción en la frecuencia de los servicios interurbanos de transporte, que se transformó en un problema cotidiano para cientos de usuarios" y de inmediato divide en "coyunturales e inmediatas, como el aumento del combustible y otros costos operativos del servicio, pero también una causa estructural, dada por la desfinanciación del sistema por parte del Estado nacional", subraya.

Preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros Créditos: Guillermo Di Salvatore

"Esta situación se inscribe en un esquema de distribución de recursos que resulta marcadamente desigual. Desde el año 2024, Santa Fe aportó aproximadamente $706.761 millones en concepto de impuesto a los combustibles y de ese total, solo retornaron $133.000 millones, es decir, el 19%. En el mismo período, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió más de $1,6 billones en subsidios al transporte. Mientras que Santa Fe, no recibió nada. El resultado es evidente y refleja dos sistemas de transporte en un mismo país. Uno en el AMBA, subsidiado, con tarifas accesibles y alta frecuencia; otro en el interior, con costos crecientes y menor regularidad, a costa de los usuarios".

"Un ejemplo ilustra lo dicho. A partir de abril de 2026, un boleto de colectivo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Microcentro/Constitución) a Tigre, distantes a más de 12 km, cuesta aproximadamente entre $900 y $1100 con SUBE registrada. Mientras que el boleto entre Santa Fe y Monte Vera supera los $2.700, es decir casi el triple para trayectos similares", compara.

Como consecuencia de esta situación, "el servicio de transporte que conecta las localidades de Monte Vera y Laguna Paiva con la ciudad de Santa Fe, readecuó los horarios reduciendo su frecuencia. El caso de Monte Vera y Laguna Paiva no es aislado, sino que se enmarca en una problemática más amplia que atraviesa al sistema de transporte en todo el departamento La Capital", subraya.

La situación de la ciudad de Santa Fe "también da cuenta de esta problemática. Los últimos días se estableció por parte de la empresa prestadora del servicio urbano la reducción del 5%, es decir, hay 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial para intentar reducir los costos de combustible. Estas empresas reclaman además $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de los meses de enero, febrero marzo que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no transfirió".

"Las consecuencias de esta asimetría son concretas. Hay aumento del costo del boleto, reducción de la frecuencia y deterioro del servicio. Esto impacta directamente en el derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad, calidad y equidad; agrava las desigualdades territoriales, en la medida en que vivir en el interior termina implicando pagar más, por menos; y genera problemáticas urbanas y ambientales, en tanto empuja a un mayor uso del vehículo particular, incrementando el tráfico, deteriorando la infraestructura vial y aumentando las emisiones contaminantes".

Los fundamentos exponen las razones por las que la comunicación también se dirige al gobierno provincial para "reconocer las medidas implementadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que ha destinado recursos significativos para evitar el colapso del sistema y sostener políticas como el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Rural". Sin embargo, "ninguna provincia puede, por sí sola, reemplazar al Estado Nacional en una competencia que le es propia", advierte.

"Aquí radica el punto central de este proyecto. Lo que está en discusión es el modelo de país que se construye cuando el Estado Nacional decide suspender políticas en áreas estratégicas como el transporte. Cuando el Estado se retira, alguien paga el costo" y a las consecuencias las sufren los usuarios con un cada boleto más caro y reducción de los servicios.

El planteo "no responde a una lógica de confrontación, sino a una exigencia de equidad. No se reclama un privilegio para Santa Fe, sino un trato justo. No puede hablarse de federalismo si las políticas públicas más sensibles se concentran en una sola región. El transporte público es una herramienta de igualdad y de desarrollo".

La minuta sostiene que es urgente que la Nación pague los subsidios adeudados, pero también "que asuma la responsabilidad de garantizar un esquema federal, equitativo y sostenible de financiamiento del transporte público". Al mismo tiempo, "se acompaña y se impulsa al Gobierno Provincial a continuar fortaleciendo las medidas de contención, en la medida de sus posibilidades, para proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio", agrega.

Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Provincia de Santa Fe aprobó una declaración en apoyo a un proyecto de que a nivel nacional busca crear el "Régimen de Promoción y Sostenimiento de Entidades de Interés Social", con el objeto de "garantizar la continuidad, fortalecimiento y expansión de las organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades sociales, sanitarias, educativas y asistenciales, especialmente aquellas vinculadas a la atención de personas con discapacidad en el marco del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, así como de la niñez, personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad".

El texto fue presentado por los senadores provinciales del justicialismo, en adhesión a una iniciativa en el Congreso del diputado nacional por Santa Fe Diego Giuliano y recibió también las firmas de los miembros de la mayoría radical.

La declaración de los legisladores provinciales subraya en sus fundamentos que el gobierno nacional "niega y desconoce los derechos de las personas con discapacidad", tal como expuso desde su banca el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). El presidente de la bancada en minoría agradeció el acompañamiento de sus pares del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Para los autor de la iniciativa a nivel nacional "el sistema argentino de prestaciones se sostiene, en gran medida, sobre una red de instituciones sin fines de lucro que brindan servicios de rehabilitación, educación especial, inclusión social y acompañamiento integral". Y agrega el ex convencional reformador que esas organizaciones "constituyen el soporte real y cotidiano del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, cuya efectividad depende directamente de su capacidad de funcionamiento".

Advierte que "el debilitamiento de estas organizaciones no sólo compromete su sostenibilidad institucional, sino que pone en riesgo la continuidad de tratamientos, procesos de rehabilitación e inclusión, y el ejercicio efectivo de derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. En este sentido, fortalecer a estas entidades no es una opción de política sectorial, sino una condición necesaria para garantizar la vigencia real de los derechos de las personas con discapacidad"

"Desde esta perspectiva -sigue-, el fortalecimiento de las entidades de interés social no puede ser entendido como una política aislada, sino como una decisión estratégica en términos de desarrollo humano, cohesión social y eficiencia del Estado".

"El escenario de crisis por el que están atravesando hoy las instituciones dedicadas a la atención y protección de las personas con discapacidad, producto del ajuste y la reducción del gasto público, sumado a una política pública nacional que niega y desconoce los derechos de las personas con discapacidad, obliga a encontrar respuestas adecuadas para superar la situación en todos los niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal, por lo que resulta imprescindible acompañar las iniciativas у proyectos que manifiesten la intención de defender, proteger, respetar y fortalecer el ejercicio de los derechos", dice Giuliano.

La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas -y luego de una moción de tratamiento inmediato-, el pedido de renuncia presentado por Lisandro Enrico a su banca por General López, obtenida en 2023.

Como se sabe, el ministro de Obras Públicas gozaba de una licencia como senador que la oposición justicialista rechaza desde que fue otorgada por la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe.

En la sesión pasada, desde la presidencia del cuerpo, el titular de la Cámara, Felipe Michlig manifestó sus dudas respecto de aquella licencia e incluso confesó su "arrepentimiento" por haberla aprobado.

El texto de la dimisión ingresado por la senadora Leticia Di Gregorio (UCR-General López), sin aviso previo durante la reunión de labor parlamentaria y en el momento de las manifestaciones. (Lo usual es ingresar notas o asuntos a tratar antes, cuando se presentan los sobre tablas).

La senadora Leticia Di Gregorio llevó a la Cámara la renuncia de Lisandro Enrico a la banca.

La senadora que reemplazó a Enrico acompañó la nota del ministro con una exposición, que provocó una respuesta desde la oposición, que contó con un cuarto intermedio para debatir internamente qué hacer ante la sorpresiva renuncia.

El presidente del bloque PJ, Rubén Pirola, explicó las razones de la abstención que, como en 2023, rechazó la resolución que le otorgó una licencia a Enrico en la Cámara para al mismo tiempo desempeñarse como ministro.

Para el peronismo la licencia que se le había otorgado al ministro de Obras Públicas era inconstitucional.

"La renuncia llega tarde", dijo el senado por Las Colonias al advertir que es la Constitución de Santa Fe tanto la anterior que regía en 2023 como la actual, en los artículos 52 y 87 de sendos textos, los que no permiten la doble condición de senador y ministro.

El discurso de Pirola insistió en la letra constitucional al explicar que quien jura por otro cargo en el orden nacional, provincial o municipal (excepto en la docencia) cesa en ese momento en su condición de legislador provincial. Citó al jurista y ensayista Carlos Nino y habló del mal de la "anomia" que embarga al país respecto del cumplimiento de las leyes. Dijo "nos opusimos porque estaba mal" y hoy "el tiempo nos da la razón".

Subrayó que no hay, ni hubo, "cuestiones personales", en la posición del bloque en 2023 y en la actualidad. Negó algún trato distinto para con la senadora y subrayó que siempre para la opinión del bloque opositor había cesado el mandato de Enrico, porque así lo manda la Constitución. Y consideró incluso una "cuestión abstracta" la renuncia. Interpretó que fue un "manifiesto error de soberbia" de la mayoría haber otorgado aquella licencia.