Dos fuertes novedades sacudieron esta semana al sector del gas en la Argentina. Por una parte, las industrias y las estaciones de gas (GNC) que solo cuentan con contratos de provisión "interrumpibles" sufrieron cortes imprevistos, y por otra, el gobierno nacional desistió -al menos por 2026- de agregar un intermediario en la compra de cargamentos de ese combustible que se importa del mercado mundial, mediante barcos.

Los dos titulares de la prensa especializada en energías están íntimamente vinculados con un factor estacional inmanejable: el frío, pero también con una problema estructural del país en el que poco se hecho durante el actual gobierno y los anteriores: la desinversión en infraestructura básica.

Del primer asunto debe decirse que fue excepcional que haya un corte del servicio para los "interrumpibles" en pleno abril. Son crisis que suelen manifestarse en pleno invierno, no en otoño y ya hubo advertencias al respecto. En su cuenta de X el ex secretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña y presidente del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi", se quejó con prudencia: "Pareciera u poco pronto cortar el gas en otoño con temperaturas muy benignas como las actuales: justamente en el PAIS DEL GAS DE VACA MUERTA. Alguien del gobierno va a tener que dar explicaciones".

Del segundo, que la Nación deje en vía muerta la licitación que tenía en marcha para que una agente comercializador se ocupe de la compra y de la inyección del gas que la Argentina no tiene cuando sube la demanda (por falta de gasoductos), cabe señalar que el gobierno ha preferido finalmente seguir como hasta ahora, con esa labor a cargo del Estado y no arriesgarse a que lo haga un tercero. Más cuando los precios internacionales del crudo, del gas y de todos los sectores vinculados a la energía son tan altos y volátiles por la guerra en Medio Oriente.

El problema es conocido y ya ha sido varias veces comentado en El Litoral. Por ahora, pese a contar con enormes reservas y capacidad de explotación ya instalada no es posible que la totalidad de los consumidores de gas natural puedan aprovechar los recursos de Neuquén, sencillamente porque no hay gasoductos suficientes para trasladar esa riqueza desde el sur patagónico al área central del país donde se encuentra el mayor volumen de consumo.

Lo existente es apropiado para todo el resto del año, pero en invierno la calefacción de los hogares agrega a la demanda un factor estacional que deja el sistema en desequilibrio: el gas natural argentino no alcanza porque la capacidad de transporte es insuficiente.

El problema existe desde hace décadas y aunque se ha avanzado aún se debe recurrir a la importación. En 2021 fue necesario comprar 56 cargamentos de buques gaseros para que no haya cortes a los usuarios residenciales, así como a las industrias y las centrales eléctricas térmicas con contratos ininterrumpibles. El 2025 ese número bajó a 27 compras. En el sector se estima que este año, con pronósticos de menos días de frío extremo, puedan ser aún menos

En pocas palabras: la gestión libertaria que desea que Enarsa desaparezca ha debido confiar en esa empresa estatal para enfrentar los meses fríos en curso, con algo que hace desde hace décadas: comprar y abastecer de gas en barcos al sistema. Suspendió al menos por ahora la licitación que había iniciado a fines del año pasado, ante el panorama mundial tan complejo. Es evidente que es malo el panorama mundial para un cambio de fondo. Y que una crisis en este campo podría hacer tambalear todo el programa de vuelta al mercado que busca el gobierno nacional.

En el sitio Econojournal, con las firmas de Ignacio Ortiz y Nicolás Gandini, se informa que fracasaron dos de las tres subastas que el gobierno nacional ofreció a distintos usuarios de gas natural. En ellas se intentó trasladar al menos en parte el costo real de importar los cargamentos de gas natural licuado a industrias de gran consumo, a las estaciones de servicio de GNC, y a las centrales eléctricas. Esta vez, sin subsidios y con los valores previstos para el gas que vendrá por barcos.

Esta tercera noticia de la semana, bastante menos difundida que las dos anteriores, ofrece otro foco para el análisis. ¿Acaso los cortes hayan operado como una señal desde el gobierno nacional a los empresarios industriales, operadores de centrales termoeléctricas y propietarios de estaciones de servicio con GNC de cómo serán las cosas si no se acepta el precio de mercado del gas a importar?

El artículo explica que hubo operaciones comerciales que no eran esperadas por los potenciales interesados y que fueron "diferenciadas" para "los distintos segmentos de la demanda" ya que "el Ministerio de Economía apunta a que a partir de este año sean las industrias -y no tanto las distribuidoras- quienes cubran fundamentalmente el costo del gas importando para reducir al máximo posible el monto de los subsidios energéticos que paga el Estado".

Subraya que la subasta de mayor volumen no contó con ningún comprador. El gas ofrecido a grandes usuarios industriales costaba "19,76 dólares por millón de BTU para asegurar el suministro de gas durante la segunda quincena de mayo. El objetivo era que las industrias garantizaran su abastecimiento y evitaran cortes en caso de que las bajas temperaturas disparasen el consumo residencial". El medio indica que ese valor "quintuplica" el del gas en las tarifas residenciales, actualmente en torno a los 3,80 dólares por millón de BTU. Para Econojournal en parte el "intento fallido" se debe a "la caída de la actividad".

No funcionó tampoco una segunda subasta para empresas distribuidora de gas, que solo compraron 50.000 metros cúbicos diarios sobre 11 millones ofrecidos En cambio, sí fue aceptada la subasta por las centrales termoeléctricas, que ven allí un buen negocio: comprar gas importado caro para así no quemar el carísimo gasoil que también llega del mercado mundial. "Cammesa, la compañía encargada del despacho del sistema eléctrico, aseguró el suministro de 5,5 millones de metros cúbicos diarios entre el 16 y el 31 de mayo" a US$ 19,76 por millón de BTU. Otra vez la razón es que la guerra ha encarecido más al combustible líquido que el gas licuado.

Las operaciones de subastas en esta altura del año son habituales para esos segmentos de la demanda de gas. Pero esta vez los precios quedaron más cerca de sus costos reales por el retiro de los subsidios del Estado nacional, en un contexto internacional de precios muy altos. Por ahora, reina la incertidumbre.

Mediante una comunicación, la Cámara de Senadores expresó su preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe.

El texto fue presentado por el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi, y también contiene un pedido para el Poder Ejecutivo Provincial para que asista con sus propios fondos a los sistemas de transporte en el departamento mencionado.

La minuta se aprobó por unanimidad y expresa que "la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a la regularización de los subsidios adeudados al sistema de transporte público urbano e interurbano, así como a la implementación de un esquema de financiamiento federal, equitativo y sostenible".

"Asimismo -sigue-, vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial profundice y refuerce las medidas para garantizar la adecuada frecuencia y calidad del servicio, procurando reducir el impacto en el costo del boleto para los usuarios, en la ciudad de Santa Fe y en los corredores interurbanos que la vinculan con las localidades de Monte Vera, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Nelson, Candioti, Emilia y Llambi Campbell".

En los fundamentos se expone el propósito del autor: "el presente proyecto tiene por objeto poner de manifiesto la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en la provincia de Santa Fe, como consecuencia de los sistemáticos incumplimientos en el pago de subsidios por parte del Estado Nacional".

El legislador socialista menciona que la "reducción en la frecuencia de los servicios interurbanos de transporte, que se transformó en un problema cotidiano para cientos de usuarios" y de inmediato divide en "coyunturales e inmediatas, como el aumento del combustible y otros costos operativos del servicio, pero también una causa estructural, dada por la desfinanciación del sistema por parte del Estado nacional", subraya.

Preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros Créditos: Guillermo Di Salvatore

"Esta situación se inscribe en un esquema de distribución de recursos que resulta marcadamente desigual. Desde el año 2024, Santa Fe aportó aproximadamente $706.761 millones en concepto de impuesto a los combustibles y de ese total, solo retornaron $133.000 millones, es decir, el 19%. En el mismo período, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió más de $1,6 billones en subsidios al transporte. Mientras que Santa Fe, no recibió nada. El resultado es evidente y refleja dos sistemas de transporte en un mismo país. Uno en el AMBA, subsidiado, con tarifas accesibles y alta frecuencia; otro en el interior, con costos crecientes y menor regularidad, a costa de los usuarios".

"Un ejemplo ilustra lo dicho. A partir de abril de 2026, un boleto de colectivo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Microcentro/Constitución) a Tigre, distantes a más de 12 km, cuesta aproximadamente entre $900 y $1100 con SUBE registrada. Mientras que el boleto entre Santa Fe y Monte Vera supera los $2.700, es decir casi el triple para trayectos similares", compara.

Como consecuencia de esta situación, "el servicio de transporte que conecta las localidades de Monte Vera y Laguna Paiva con la ciudad de Santa Fe, readecuó los horarios reduciendo su frecuencia. El caso de Monte Vera y Laguna Paiva no es aislado, sino que se enmarca en una problemática más amplia que atraviesa al sistema de transporte en todo el departamento La Capital", subraya.

La situación de la ciudad de Santa Fe "también da cuenta de esta problemática. Los últimos días se estableció por parte de la empresa prestadora del servicio urbano la reducción del 5%, es decir, hay 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial para intentar reducir los costos de combustible. Estas empresas reclaman además $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de los meses de enero, febrero marzo que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no transfirió".

"Las consecuencias de esta asimetría son concretas. Hay aumento del costo del boleto, reducción de la frecuencia y deterioro del servicio. Esto impacta directamente en el derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad, calidad y equidad; agrava las desigualdades territoriales, en la medida en que vivir en el interior termina implicando pagar más, por menos; y genera problemáticas urbanas y ambientales, en tanto empuja a un mayor uso del vehículo particular, incrementando el tráfico, deteriorando la infraestructura vial y aumentando las emisiones contaminantes".

Los fundamentos exponen las razones por las que la comunicación también se dirige al gobierno provincial para "reconocer las medidas implementadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que ha destinado recursos significativos para evitar el colapso del sistema y sostener políticas como el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Rural". Sin embargo, "ninguna provincia puede, por sí sola, reemplazar al Estado Nacional en una competencia que le es propia", advierte.

"Aquí radica el punto central de este proyecto. Lo que está en discusión es el modelo de país que se construye cuando el Estado Nacional decide suspender políticas en áreas estratégicas como el transporte. Cuando el Estado se retira, alguien paga el costo" y a las consecuencias las sufren los usuarios con un cada boleto más caro y reducción de los servicios.

El planteo "no responde a una lógica de confrontación, sino a una exigencia de equidad. No se reclama un privilegio para Santa Fe, sino un trato justo. No puede hablarse de federalismo si las políticas públicas más sensibles se concentran en una sola región. El transporte público es una herramienta de igualdad y de desarrollo".

La minuta sostiene que es urgente que la Nación pague los subsidios adeudados, pero también "que asuma la responsabilidad de garantizar un esquema federal, equitativo y sostenible de financiamiento del transporte público". Al mismo tiempo, "se acompaña y se impulsa al Gobierno Provincial a continuar fortaleciendo las medidas de contención, en la medida de sus posibilidades, para proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio", agrega.

Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Provincia de Santa Fe aprobó una declaración en apoyo a un proyecto de que a nivel nacional busca crear el "Régimen de Promoción y Sostenimiento de Entidades de Interés Social", con el objeto de "garantizar la continuidad, fortalecimiento y expansión de las organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades sociales, sanitarias, educativas y asistenciales, especialmente aquellas vinculadas a la atención de personas con discapacidad en el marco del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, así como de la niñez, personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad".

El texto fue presentado por los senadores provinciales del justicialismo, en adhesión a una iniciativa en el Congreso del diputado nacional por Santa Fe Diego Giuliano y recibió también las firmas de los miembros de la mayoría radical.

La declaración de los legisladores provinciales subraya en sus fundamentos que el gobierno nacional "niega y desconoce los derechos de las personas con discapacidad", tal como expuso desde su banca el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). El presidente de la bancada en minoría agradeció el acompañamiento de sus pares del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Para los autor de la iniciativa a nivel nacional "el sistema argentino de prestaciones se sostiene, en gran medida, sobre una red de instituciones sin fines de lucro que brindan servicios de rehabilitación, educación especial, inclusión social y acompañamiento integral". Y agrega el ex convencional reformador que esas organizaciones "constituyen el soporte real y cotidiano del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, cuya efectividad depende directamente de su capacidad de funcionamiento".

Advierte que "el debilitamiento de estas organizaciones no sólo compromete su sostenibilidad institucional, sino que pone en riesgo la continuidad de tratamientos, procesos de rehabilitación e inclusión, y el ejercicio efectivo de derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. En este sentido, fortalecer a estas entidades no es una opción de política sectorial, sino una condición necesaria para garantizar la vigencia real de los derechos de las personas con discapacidad"

"Desde esta perspectiva -sigue-, el fortalecimiento de las entidades de interés social no puede ser entendido como una política aislada, sino como una decisión estratégica en términos de desarrollo humano, cohesión social y eficiencia del Estado".

"El escenario de crisis por el que están atravesando hoy las instituciones dedicadas a la atención y protección de las personas con discapacidad, producto del ajuste y la reducción del gasto público, sumado a una política pública nacional que niega y desconoce los derechos de las personas con discapacidad, obliga a encontrar respuestas adecuadas para superar la situación en todos los niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal, por lo que resulta imprescindible acompañar las iniciativas у proyectos que manifiesten la intención de defender, proteger, respetar y fortalecer el ejercicio de los derechos", dice Giuliano.

La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas -y luego de una moción de tratamiento inmediato-, el pedido de renuncia presentado por Lisandro Enrico a su banca por General López, obtenida en 2023.

Como se sabe, el ministro de Obras Públicas gozaba de una licencia como senador que la oposición justicialista rechaza desde que fue otorgada por la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe.

En la sesión pasada, desde la presidencia del cuerpo, el titular de la Cámara, Felipe Michlig manifestó sus dudas respecto de aquella licencia e incluso confesó su "arrepentimiento" por haberla aprobado.

El texto de la dimisión ingresado por la senadora Leticia Di Gregorio (UCR-General López), sin aviso previo durante la reunión de labor parlamentaria y en el momento de las manifestaciones. (Lo usual es ingresar notas o asuntos a tratar antes, cuando se presentan los sobre tablas).

La senadora Leticia Di Gregorio llevó a la Cámara la renuncia de Lisandro Enrico a la banca.

La senadora que reemplazó a Enrico acompañó la nota del ministro con una exposición, que provocó una respuesta desde la oposición, que contó con un cuarto intermedio para debatir internamente qué hacer ante la sorpresiva renuncia.

El presidente del bloque PJ, Rubén Pirola, explicó las razones de la abstención que, como en 2023, rechazó la resolución que le otorgó una licencia a Enrico en la Cámara para al mismo tiempo desempeñarse como ministro.

Para el peronismo la licencia que se le había otorgado al ministro de Obras Públicas era inconstitucional.

"La renuncia llega tarde", dijo el senado por Las Colonias al advertir que es la Constitución de Santa Fe tanto la anterior que regía en 2023 como la actual, en los artículos 52 y 87 de sendos textos, los que no permiten la doble condición de senador y ministro.

El discurso de Pirola insistió en la letra constitucional al explicar que quien jura por otro cargo en el orden nacional, provincial o municipal (excepto en la docencia) cesa en ese momento en su condición de legislador provincial. Citó al jurista y ensayista Carlos Nino y habló del mal de la "anomia" que embarga al país respecto del cumplimiento de las leyes. Dijo "nos opusimos porque estaba mal" y hoy "el tiempo nos da la razón".

Subrayó que no hay, ni hubo, "cuestiones personales", en la posición del bloque en 2023 y en la actualidad. Negó algún trato distinto para con la senadora y subrayó que siempre para la opinión del bloque opositor había cesado el mandato de Enrico, porque así lo manda la Constitución. Y consideró incluso una "cuestión abstracta" la renuncia. Interpretó que fue un "manifiesto error de soberbia" de la mayoría haber otorgado aquella licencia.

Por la publicación de un decreto del gobierno nacional referido a rutas de esa jurisdicción, El Litoral consultó puntualmente por este tema al ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico. Su reacción fue cauta y al mismo tiempo mostró interés en buscar acortar pasos para que se llegue por fin a soluciones en la práctica.

Enrico dijo que el decreto "no avanza mucho en los pedidos concretos que hicimos", desde 2024, en una serie de gestiones que se repitieron durante estos dos años y fracción de sendos gobiernos. Agregó que es "solamente un decreto que establece un nuevo marco normativo con (algunas) provincias, para que se puedan concesionar en el futuro tramos desde los estados provinciales".

Aclaró de inmediato que se establecen, además otros pasos que enumeró para mostrar que la meta reclamada por Santa Fe desde hace más de dos años, es todavía lejana: "se podrán hacer concesiones, en función de cumplir "un montón" de trámites anteriores, de alcanzar "ciertos requisitos, de firmar convenios, etcétera, etcétera".

"En concreto -concluyó- no hay nada por ahora, en cuanto a la transferencia a la provincia de Santa Fe de alguna ruta o algún tramo para poder concesionarlo", respondió el ministro.

Mayo de 2024. Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y de la Producción, Gustavo Puccini, en una de las gestiones de Santa Fe ante las autoridades nacionales para que se transfieran a la provincia las rutas que la Nación no repara.

Más allá de las definiciones del ministro, ahora las provincias involucradas llevan adelante una lectura técnica a fondo del decreto 253, para fijar posición. Mientras tanto, a continuación se exponen desde el análisis periodístico algunas pautas básicas para entrar en las densidades textuales del Boletín Oficial de la Nación.

Con solo recorrer el decisorio llaman la atención dos elementos: lo breve de sus fundamentos, que nunca aclaran por qué unas provincias sí son parte de la decisión y todas las demás no. Y también, que no cuente un anexo que implique un avance mayor, del tipo de los que reclama Enrico en sus declaraciones. Los artículos dicen qué se quiere hacer. Sin un anexo procedimental no se sabe cómo. Y mucho menos cuándo.

Lo dicho: Santa Fe como Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz quedan ahora habilitadas a la chance de iniciar ante las autoridades nacionales procesos administrativos para llegar a una concesión de tramos de rutas nacionales en sus territorios, siempre bajo la autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad (1).

Es probable que los considerandos eviten exponer las razones para esa lista, por la sencilla razón de que se trata de provincias que desde hace años realizan gestiones para poder avanzar con concesiones en rutas nacionales o tomar directamente en sus manos ciertos tramos. Dar explicaciones hubiera implicado admitir el tiempo perdido (más de la mitad del plazo de la presente gestión).

Se trata de un cambio normativo general, de tipo marco, reclamado por Santa Fe desde hace años, ante el notorio abandono del mantenimiento de las rutas nacionales por parte del Estado nacional que ciertamente por primera vez plantea una solución fuera de su competencia pero que podría llegar a ser una salida.

La gestión de Javier Milei tomó como bandera el recorte presupuestario en mantenimiento vial al sostener su política de "obra pública cero" como una premisa de gobierno (y antes una promesa electoral).

Ruta 83 que une la Ruta Nacional 11 con la comunidad de La Gallareta. 

Debe además decirse que desde que se iniciaron las actuales gestiones en el orden nacional y provincial, Santa Fe lideró el reclamo que también otras provincias también llevaron adelante y que en ciertas situaciones consiguieron como moneda de cambio. Acaso fue solamente una chicana, pero en medio del juicio por la deuda previsional del Estado Nacional con la provincia, las autoridades de Balcarce 50 plantearon pagar con rutas deterioradas lo adeudado, en lugar de recursos constantes y sonantes, lo que fue obviamente rechazado.

Frente al problema vial nacional la Casa Gris apuntó a lo urgente: los trabajos que estaban en ejecución y se detuvieron por falta de pago (en la 34 por ejemplo), los tramos más deteriorados por décadas de desinversión (en la 11 al norte) y sobre todo el circuito más destrozado que rodea a los puertos del sur de la Provincia (donde además hay vías alternativas comunales y municipales que hacen más compleja una intervención). Para atender todas esas situaciones puntuales falta mucho.

Hubo numerosas reuniones que no produjeron más que partes de prensa oficiales y fotos de funcionarios sonrientes. Se sucedieron contactos entre la Nación y Santa Fe, sin éxito. Por la provincia siempre acudió el ministro mencionado, por la administración central en cambio los interlocutores cambiaron frecuentemente, lo que significó un elemento extra para no avanzar. El propio Enrico comenzó a llevar la cuenta de sus frustrantes viajes a Buenos Aires. Para enero de este año ya llevaba una docena.

(1) En 2025 la gestión del presidente Javier Milei dispuso la disolver a la Dirección Nacional de Vialidad, hasta que hasta que un recurso de amparo primero evitó avances inmediatos en la Justicia. Más tarde el Congreso nacional rechazó los decretos que ordenaban liquidar la DNV y sus bienes.

Una extensa reunión, por momentos dramática, de senadores provinciales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, trabajadores de Lácteos Verónica y sus representantes gremiales, así como de intendentes y presidentes comunales de las localidades involucradas, tuvo lugar en el recinto de la Cámara alta santafesina con el objetivo central de que no se pierda esa empresa y se reactive su producción.

Hubo damnificados de las tres plantas paralizadas por la empresa en la provincia (Suardi, Classon-Totoras y Lehman) y el encuentro fue coordinado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, tal como había sido acordado pro una resolución votada por los miembros del cuerpo.

Integrantes del oficialismo y de la posición, así como altos funcionarios de la Casa Gris y de los gobiernos locales en problemas por el cierre, acudieron al encuentro en el que se expusieron posibles "acciones" para lograr que los propietarios de la firma se hagan cargo de la situación. Lo más urgente es que desde hace 90 días se adeudan los salarios y que la elaboración de esos productos alimenticios se ha detenido.

Los trabajadores transmitieron la angustia de su situación y las secuelas que viven esas comunidades, que van más allá de las familias directamente afectadas por el incumplimiento de la leyes laborales.

Participaron y expusieron sus posiciones representantes de seis departamentos: el radical de San Cristóbal ya mencionado, el justicialista Alcides Calvo (Castellanos) y los miembros del bloque de la UCR Hugo Rasetto (Iriondo), Leonardo Diana (San Jerónimo), Germán Giacomino (Constitución) y Esteban Motta (San Martín).

Por parte del gobierno provincial hablaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, su par de Trabajo, Roald Báscolo, además de funcionarios de distintas áreas vinculadas a la producción y el desarrollo territorial, y colaboradores del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en representación de la ministra Victoria Tejeda.

Por la parte sindical aducieron los dirigentes del gremio ATILRA, Alejandro Cabrera y Domingo Posetto. En representación de los trabajadores de la localidad de Lehmann, se contó con el acompañamiento del presidente comunal Marcelo Bett.

Los trabajadores manifestaron la difícil situación que atraviesan tanto a nivel personal como junto a sus familias, y confesaron incluso el profundo desgaste psicológico que les causa "el abandono de la parte patronal" respecto de sus responsabilidades más elementales, como el pago de los sueldos.

Expusieron la crítica situación económica que enfrentan, sin salarios desde hace más de tres meses y subrayaron que es "urgente" una salida. "No podemos estar sujetos a los tiempos judiciales ni los políticos, ni tampoco a los plazos que demanden eventuales procesos de venta o negociación por parte de los propietarios", destacaron.

Remarcaron que "de no mediar una solución responsable por parte de la familia Espiñeira, podrían derivarse consecuencias judiciales de gravedad". En este marco, el senador Alcides Calvo sugirió indagar, tanto a nivel provincial como nacional, cuáles son las causas judiciales vinculadas a la firma, con el objetivo de analizar en qué situación se encuentran y permitir que todos los sectores afectados puedan acoplarse a estas instancias. Se acordó avanzar en una estrategia integral que privilegie el diálogo pero no descarte las acciones judiciales si los propietarios no se hacen cargo de sus obligaciones.

Hubo coincidencias en cuanto a que la situación de la empresa no solo impacta en los trabajadores, sino también en distintos actores de la cadena productiva, lo que refuerza la importancia de arribar a un acuerdo, "en un contexto que se ve dificultado por la ausencia de los propietarios de la firma en las instancias de diálogo", subraya el servicio de prensa de la Cámara de Senadores.

Habrá una "convocatoria formal a los responsables de la empresa para que puedan exponer su posición y participar de una mesa de trabajo conjunta", agregó esa fuente.

La paralización de Lácteos Verónica genera pérdidas superiores a los 60 millones de dólares para los productores lecheros, más de 14.000 millones de pesos para proveedores, y afecta directamente a más de 700 familias de trabajadores, que desde hace más de 90 días no cobran sus salarios.

En las localidades directamente involucradas cae la actividad económica, producto de la crisis que atraviesa la empresa. Bajan el consumo y las posibilidades de otros desarrollos económicos por los ingresos perdidos.

La fiscal general María Cecilia Vranicich comenzó su exposición ante la Legislatura con una enumeración que fue más allá de lo sucedido en San Cristóbal, que tuvieron amplia difusión y sin embargo no son puestos como una unidad en la agenda del debate público. Fue una lista de “horrores” que ella comparó con los de su primer informe en el cargo, en mayo de 2024, a propósito de la violencia de entonces asociada al narcotráfico y otros delitos.

La titular del MPA mencionó las torturas por dos años y el asesinato grabado sufrido por Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor; habló del rostro desfigurado con una navaja a Delfina, también en San Cristóbal; mencionó un parricidio de un adolescente sobre su madre “de un tiro en la nuca”; de un femicidio y su presunto autor; y del caso del menor apodado “Pirañita” que estaba inmerso en un grupo de delincuentes.

Más allá de las particularidades de cada caso invitó a reflexionar sobre los problemas que hoy cruzan a los adolescentes y los jóvenes. Recordó que aún no está vigente la última reforma a la ley penal que baja la edad de imputación, y que en el asesinato de Ian, el sancristobalence de apenas 13 años, no habrá posibilidades punitivas para el asesino. No obstante, dijo que fue una decisión del MPA que el joven de 15 años que disparó este “presente físicamente” en el proceso. Consideró que ese paso es imprescindible en ese caso, “que vea a la cara a quienes hoy sufren tanto dolor”, comentó en diálogo con los periodistas al terminar su exposición como antes lo había hecho ante los legisladores.

Exposición de la fiscal general en la Legislatura. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

De los casos en los que siempre cuesta entender los porqué pasó a una observación de lo que sucede en el primer mundo, donde dos tendencias se imponen ante el problema de los niños y los adolescentes expuestos a las redes sociales. Habló de las prohibiciones que están lideradas por Australia y algunos países del este europeo y de las regulaciones que procura la Europa central con Francia, España y Portugal para restringir las pantallas ante los rostros angelicales que bien pueden ser demoníacos y aún tienen acné.

Luego de los aplausos a la fiscal, se diría que por labor y por la claridad de su informe anual, y antes del turno de las preguntas, habló el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. Dijo que en el departamento que representa, San Cristóbal, “no volveremos a ser los mismos”. Como la jefa de los fiscales marcó una línea en un antes y un después del 30 de marzo.

Vranicich dio más detalles sobre la investigación en curso, sobre los aportes que el Ministerio Público Fiscal dio de inmediato ante el crimen en la escuela y brindó unas explicaciones claras respecto de cómo se ha trabajado “en equipo” para la reciente detención de otro joven y la identificación de una verdadera cultura de la muerte que exalta a quienes arremeten armados contra sus compañeros en las escuelas. Otra vez, los motivos fuera de la razón hasta ahora conocida.

Vranicich pidió a los legisladores poner en agenda el tema y aunque obviamente las potenciales restricciones o regulaciones a redes o contenidos de riesgo deberán partir del Congreso de la Nación solicitó que Santa Fe tenga posiciones para que quienes promocionan el odio y la violencia no puedan expandir sus mensajes tan fácilmente.

Por primera vez, el MPA publicó el número de suicidios en la Provincia de Santa Fe en su informe anual a la Legislatura. Vranicich explicó que se da a conocer la cifra luego de una profunda revisión de lo que era hasta ahora la conducta elegida: no mostrar su peso en el número total de muertes violentas por temor a que su difusión cause algún tipo de imitación.

Gráfico muertes violentas en Santa Fe.

La fiscal general dijo que en su informe anterior, el diputado Carlos del Frade le reclamó sin éxito saber esa cifra y tras explicar que hoy la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan su difusión, puso los casos de quienes terminan con sus vidas en una misma gráfica que quienes la pierden también violentamente en crímenes o en homicidios.

El legislador opositor que como los demás felicitó al MPA pidió más precisiones respecto de las edades y advirtió que la presencia de tantos suicidios de personas con menos de 25 años completa el cuadro de situación planteado antes.

En síntesis, si para los años anteriores los crímenes vinculados al narcotráfico y la situación de Rosario ocupaban el lugar central de las preocupaciones en la persecución penal, hoy es la violencia inexplicable en jóvenes y adolescentes (contra terceros o contra sus vidas) lo que llama la atención.

Cada año el país debe prepararse para un aumento en la demanda de gas natural por redes por parte de los usuarios residenciales -y en menor medida comerciales- con motivo del invierno. Sin embargo, este año puede que se cumpla el "Pronóstico de Temperatura de abril-mayo-junio de 2026" para todo el país que elabora el Servicio Meteorológico Nacional (1).

De confirmarse esos estudios, que hablan de temperaturas "superiores a la normal" para todas las provincias y regiones de la Argentina, puede haber un aliado inesperado para enfrentar los precios en alza que se observan en todas las energías y derivados del petróleo ante la guerra en Medio Oriente.

Por ahora, más allá de las buenas nuevas por el alto el fuego de las últimas horas del martes 7 de abril, sigue bajo un contexto complicado el precio del crudo y del Gas Natural Licuado (GNL) que la Argentina, cada año necesita comprar en barcos que se descargan en puertos de la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración de consumidores e industrias.

En 2026, el termómetro puede ser un aliado, al menos para este trimestre.

Este año son varias las novedades para la importación de GNL. En 2025 se necesitaron los cargamentos de solo 27 buques, frente a los más de 100 que fueron imprescindibles en 2014 con cortes programados a las actividades fabriles para proveer a los usuarios ante una verdadera ola de frío y las décadas de desinversión en infraestructura. Por otra parte, para el escenario actual con la quita de subsidios (ahora solo "focalizados" en familias de muy bajos ingresos) es fácil prever que en las capas medias de la sociedad las familias cuidarán mucho más cuándo encender estufas y calefactores de gas, aunque las subas tarifarias lleguen más adelante con los consumos de la primavera de este año y el verano de 2027, por el acierto de las autoridades de la Secretaría de Energía de diferir esos impactos para que se note menos en los bolsillos.

En términos sencillos, que el SMN haya previsto que en "un 40 ó 45%" de posibilidades haya temperaturas superiores a las habituales en el trimestre y que esa probabilidad crezca al "45 ó 50%" en la zona central del país, donde se encuentra concentrada la demanda del gas natural por redes (y de electricidad y combustibles líquidos) es un dato positivo. El termómetro, en efecto, puede ser un aliado.

Esta semana subió a 17 dólares el MBTU (una unidad de medida del poder calórico del combustible), muy por encima de los 13 previstos antes del conflicto (en 2025 su costo fue sensiblemente inferior). Y lo peor es que hay proyecciones de hasta 25 dólares de mantenerse las tensiones por las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel sobre la dictadura iraní, que propagó el conflicto a más países de la región aliados a los atacantes.

Por último, la otra novedad que presenta la provisión de GNL a la Argentina con barcos que llegan con cargamentos muy caros es que ahora el país estará en manos de un nuevo único intermediario, ya no será un trabajo a cargo del propio estado por parte de Enargas y la Casa Rosada. Mediante una licitación que esta semana contó con los sobre de oferta técnica de solo dos interesados se definirá quién hará la tarea técnica (y la negociación comercial) para que los barcos gaseros o metaneros lleguen a los puertos argentinos a descargar su preciado gas.

Se sabe: pese a que Vaca Muerta es capaz de abastecer a la Argentina y también de convertir al país en un gran exportador, no se han completado los gasoductos previstos. El costo de esa desinversión de décadas (casi nada se ha hecho tampoco en los últimos dos años y medio) es que aún los argentinos necesitan afectar a sus industrias y comprar GNL a un costo mucho más alto que los … dólares que cuesta en boca de pozo.

Vaca Muerta es capaz de abastecer a la Argentina. Crédito: Reuters.

Si el gobierno nacional sostiene su decisión de privatizar la compra monopólica de gas natural licuado para todo el país el nuevo intermediario actuará como agente comercializador-agregador, que asumirá la responsabilidad integral de importar GNL y comercializarlo como gas regasificado (2) en el mercado local, a través de la terminal de Escobar, durante el período invernal. La apertura de sobres económicos está prevista para e 13 de abril, momento en el cual se conocerán los precios ofertados. La adjudicación se realizará el 21 de abril, entre aquellas empresas que hayan superado la evaluación técnica.

(1) Por estos días el SMN cumple medidas de fuerza ante el despido un plan de despidos masivos del gobierno nacional que podría excluir al 30% de su personal, unos 240 expertos y trabajadores administrativos. Se teme que la Casa Rosada eche a 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.

(2) La "regasificación" es el proceso de convertir el Gas Natural Licuado (GNL) en su estado gaseoso para su distribución a través de redes de gas natural. Devuelve al GNL a su estado original, listo para ser transportado y consumido. En la Argentina, la planta de regasificación de GNL de Bahía Blanca es una de las más importantes del país, sirve para importar ese combustible y poder cubrir la demanda energética nacional.

Entre otros expedientes con tratamiento preferencial, para este jueves 9 de abril se encuentra en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que crea un programa cuyo eje son los alumnos de las escuelas secundarias y sus emociones. Nada más actual.

La iniciativa se apoya en la experiencia de una medida dispuesta en 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, y procura crear un "Espacio de Escucha y Acompañamiento emocional para estudiantes de las escuelas secundarias y técnicas, de gestión oficial y de gestión privada de la Provincia de Santa Fe.

El texto no es una mera declamación de buenas intenciones. Propone sumar y poner en el escalafón del Ministerio de Educación a "psicólogos, psicopedagogos, counselors (1), licenciados en trabajo social y aquellos profesionales y docentes que tengan títulos profesionales y capacitación pedagógica, de conformidad a la competencia que otorgue la Unidad de Incumbencias y Competencia de Títulos".

La propuesta que coincide con la próxima sesión de los senadores ingresó en noviembre de 2025 y su tratamiento se ha postergado en varias oportunidades desde entonces. El día 19 de marzo se le brindó una nueva promesa de tratamiento con preferencia, casi dos semanas antes de los trágicos sucesos de la ciudad de San Cristóbal.

Su autor es un senador que, además, es médico. En sus fundamentos, el representante por San Jerónimo, Leonardo Diana, subraya el impacto que la pandemia (con sus angustias y restricciones) seguramente dejó en los chicos que hoy son alumnos de ese nivel educativo. El objetivo es mejorar la convivencia en esas instituciones, con la ayuda de profesionales, de manera sistemática.

La norma en discusión sostiene que se debe avanzar en "la formación de facilitadores de convivencias", de acuerdo con lo dispuesto por una resolución de Educación de 2009, que ya ponía el tema sobre el tapete.Años después, el decreto 0174 de 2017, creaba como espacio curricular las "Ruedas de Convivencia" para todos los establecimientos de educación secundaria y de educación técnica, de gestión oficial y de gestión privada. Como ahora la ley en discusión planteaba afectar el presupuesto y darle un lugar en el escalafón de Educación a expertos en salud emocional.

Además, una vez dictado ese decreto hubo más intentos de replicarlo pero por ley en el Senado. En junio de 2025 el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presentó una iniciativa en igual sentido, que procuraba la capacitación de los docentes en materia de convivencia. El representante del peronismo tomó en aquel caso una iniciativa de estudiantes del 6to año de la Escuela de Educación Técnica N.º 495 "Malvinas Argentinas" de Rafaela, en el marco del programa Ciudadanos en el Senado en el año 2024.

El programa que propone Diana "tendrá el carácter de actividad grupal como así también individual en las situaciones que el alumno así lo solicite" y obviamente faculta a las autoridades educativas a "resolver cuestiones no previstas en la presente" y a "dictar las normas que resulten necesarias para la implementación del presente programa".

"Este tipo de proyectos, apunta a correrse de viejos paradigmas, educativos y de salud, fomentando espacios donde los jóvenes puedan abrirse y construir junto a su consejero un vínculo adecuado, donde la información, escucha y contención, le permitan pensarse y construirse como sujeto y ciudadano, reflexionando sobre sí mismos", dice en los considerandos el proyecto del senador radical.

"Estoy convencido que desde la educación formamos académicamente, pero también debemos apuntar a construir una sociedad con seres individuales, que puedan armas su proyecto de vida, y que puedan sumar todo su potencial al desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país. Este programa tiene como antecedente el historial de experiencias favorables y beneficiosas para los jóvenes de nuestra provincia del Programa de Ruedas de Convivencia impulsado por el gobierno del Ing. Miguel Lifschitz; en tanto que nuestra propuesta retoma las virtudes de dicho programa y tiene por objetivo fortalecerlo, expandirlo y aggionarlo a la coyuntura post pandémica que presentan los adolescentes", agrega.

El principal aporte de la ley en comisiones del Senado es que "establece que los profesionales a cargo de brindar dicho espacio, sean profesionales idóneos en la temática, como así también, se propone expandir el servicio a todos los niveles secundarios y habilitar un espacio de atención y escucha individual cuando el joven así lo requiera".

Un counselor o consultor psicológico es un profesional de la salud, formado en un enfoque humanista, que brinda orientación y apoyo en crisis vitales, duelos, conflictos familiares o desarrollo personal. A diferencia de un psicólogo, no trata psicopatologías ni medica; se enfoca en personas sanas que buscan superar estancamientos, promoviendo el autoconocimiento y la toma de decisiones.

Argentina deberá importar al menos catorce buques de gas natural licuado (GNL) durante el próximo invierno, a pesar del significativo desarrollo de Vaca Muerta, debido a persistentes limitaciones en la infraestructura de transporte por gasoductos. Esta necesidad eleva los costos energéticos del país, ya que el combustible se adquiere en un mercado internacional altamente volátil y encarecido por el actual conflicto bélico. La situación subraya un desafío estructural para el abastecimiento energético nacional.

La irrupción del conflicto bélico en Medio Oriente ha alterado las previsiones anuales para el sector energético en Argentina, generando un escenario de precios internacionales inestables y al alza. Si bien la posición del país ha mejorado en cuanto a la cobertura de sus necesidades energéticas, con proyecciones de convertirse en un exportador significativo en el futuro, la coyuntura para los próximos meses se presenta compleja.

Paradójicamente, las mayores dificultades surgen en el ámbito de su principal fortaleza: el gas natural. La novedad más relevante es el drástico aumento del precio global del GNL (Gas Natural Licuado), un recurso que Argentina aún debe importar durante el invierno, aunque en volúmenes considerablemente menores que en años anteriores.

Este incremento del GNL, esencial para el mercado global, ha elevado el valor a 17 dólares el MBTU (unidad de medida del poder calórico del combustible), superando con creces los 13 dólares pronosticados antes del conflicto. Las proyecciones más pesimistas indican que este precio podría escalar hasta los 25 dólares.

Argentina ha logrado una notable reducción en sus necesidades de importación de GNL, pasando de requerir la carga de más de 100 buques en 2014 a lo largo del año a tan solo 27 en 2025, concentradas en el período invernal. Este progreso es atribuible a dos factores clave: la exploración y explotación de Vaca Muerta (impulsada significativamente por la expropiación de YPF) y las mejoras en la infraestructura de la red de gasoductos.

Sin embargo, a pesar de la capacidad de producción y exportación, la importación de GNL sigue siendo necesaria debido a un significativo rezago del sistema de transporte de gas en relación con la capacidad productiva. Los gasoductos deben conectar los yacimientos de Neuquén con los centros de consumo industrial y urbano, así como con el puerto del Golfo San Matías, en Río Negro, para la licuefacción y posterior embarque de GNL. Este proyecto, con la participación de YPF en sociedad con empresas privadas como Southern Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar, prevé licuar 26 millones de metros cúbicos diarios y exportar hasta 6 millones de toneladas de GNL al año.

La política energética argentina, orientada a que el precio del gas natural refleje sus costos y que se reconozca a las petroleras el valor internacional, convierte los recientes aumentos en el mercado global en un factor de preocupación.

En este contexto, el Gobierno argentino ha tomado la decisión de incorporar un intermediario privado en las compras de gas que el país realiza desde hace décadas para satisfacer sus necesidades de gas natural mediante cargamentos de GNL. Esta medida, en línea con la filosofía de retirar al Estado de regulaciones y funciones que pueden ser cubiertas por empresas privadas, se extiende ahora a la importación anual de GNL para cubrir los requerimientos internos, especialmente durante el invierno.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Nación lanzó una licitación internacional. El lunes 6 de abril se presentaron dos oferentes con sus sobres de precisiones técnicas. La Secretaría de Energía dispondrá de una semana para analizar estas presentaciones de precalificación. Se estima que el 13 de abril se presentarán las ofertas económicas y que la adjudicación se concretará 24 horas después.

La determinación de incorporar una compañía privada a este proceso de compra, lo que implica un costo adicional hasta ahora inexistente, fue tomada en febrero de este año, es decir, un mes antes del inicio de las hostilidades en Medio Oriente.

La base jurídica de esta decisión se sustenta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 55 de 2023. Los pliegos de la licitación contemplan el riesgo de que una única empresa contrate el gas a importar en nombre del país. Por esta razón, se establecen precios máximos vinculados al precio mundial del gas, a los que se suman los costos y ganancias del operador-comercializador. Este tope aplicará para el abastecimiento durante los próximos dos períodos invernales, este año y 2027, con el objetivo de «evitar las consecuencias negativas que podrían derivar de tal situación monopólica», según se especifica en la convocatoria.

La baja actividad industrial causó, en el último cuatrimestre del año pasado, una retracción de -8,1% en la distribución de gas natural por redes. El dato provisto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos es parte de su indicador sintético de energía (ISE), que difundió este 30 de marzo ese organismo.

En un apartado dedicado al sector del gas, y con la expresa aclaración de que la baja no tiene en cuenta el gas quemado por las centrales que general energía eléctrica, se menciona la fuerte baja producto de la menor producción fabril.

A fines de 2024 el país demandaba para sus industrias 4.788,3 millones de metros cúbicos pero para esa misma altura de 2025 esa cifra ya había caído a 4.401,7 millones de m.

Por otra parte, el informe subraya a renglón seguido que tampoco había algún signo de optimismo mayoritario en la producción de gas para las industrias al terminar el año pasado. El texto destaca que 75% de las firmas consultadas "prevé que la demanda interna no variará y 25% considera que aumentará". En tanto, "con respecto a las exportaciones, 16,7% de las firmas considera que las ventas externas no variarán, 8,3% considera que aumentarán y 75,0% no prevé exportar en el mencionado trimestre".

La caída de -8,1% en el uso de gas natural con fines industriales es todavía más significativa cuando se la compara con otros componentes de la matriz energética. La generación neta de electricidad aumentó 4,2% y los derivados del petróleo crecieron 2,5% en términos interanuales.

El indicador del Indec, en términos generales, muestra que la producción de energía en la Argentina cerró 2025 a la baja. El -0,4% con respecto al mismo período de 2024, y el -1,2% sobre el tercer cuatrimestre de 2025.

La capacidad instalada utilizada por la industria argentina cerró diciembre de 2025 en 53,8%, su valor mensual más bajo desde marzo de 2024, cuando se había ubicado en 53,2%. El dato reflejó el nivel de ociosidad con el que operó el sector, en un contexto de caída del consumo en el mercado local, presión de las importaciones y aumento de costos para las empresas.

El trabajo se ocupa tanto de medir lo sucedido con cada sector productor de energía como de conocer sus expectativas empresariales. En el caso del petróleo, siempre con el último cuatrimestre de 2025 como escenario, las estimaciones no tenían en cuenta la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo.

"Los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE, medidos en toneladas equivalentes de petróleo (TEP), registran en su conjunto una suba de 2,5% en el cuarto trimestre de 2025 respecto a igual período del año anterior. Analizando los derivados del petróleo que se utilizan en el cálculo del ISE, si se compara el cuarto trimestre de 2025 respecto a igual período de 2024, la principal incidencia positiva se verifica en gasoil neto de centrales eléctricas", indica la información del Indec.

En tanto, "consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2026, en comparación con igual período del año pasado, 53,8% de las firmas estima que la demanda local de sus productos no variará, 30,8% considera que disminuirá y 15,4% prevé que aumentará. Con respecto a las exportaciones, 38,4% estima que sus envíos al exterior no variarán, 23,1% considera que disminuirán y 38,5% de las empresas pertenecientes al sector prevé no exportar".

El senador radical por Garay, Germán Baumgartner, presentó un proyecto de ley que se enfoca en uno de los temas sobre los que el gobierno nacional ha decidido desentenderse: la formación profesional de los médicos en sus residencias.

El legislador es médico y tiene frente al tema una visión que involucra al Estado provincial pero entiende que es también una oportunidad de asociación con las provincias que conforman la Región Centro: Entre Ríos y Córdoba.

El texto normativo tiene diez artículos y un puñado de disposiciones transitorias en los que puede encontrarse una verdadero plan de trabajo para que haya una federalización de las residencias, con objetivos más cercanos al perfil profesional deseado, con especial foco en el ámbito de la salud pública.

Los considerandos indican que desde el punto de vista constitucional “la salud es una competencia jurisdiccional” y que son las provincias las que tienen la responsabilidad “de garantizar políticas sanitarias acordes a las necesidades de su población”.

Luego pasa a describir una situación impensada años atrás: “En agosto de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que a partir de 2026, las provincias deberán asumir la organización y el financiamiento de los exámenes de ingreso a residencias médicas, así como la gestión de los programas de formación de especialistas”.

El recorte del gobierno de Javier Milei puso fin “al sistema de financiamiento nacional y al examen único”. Se presenta entonces “tanto un desafío como una oportunidad para la Provincia de Santa Fe”, considera el senador.

Tras advertir que la descentralización de la Casa Rosada implica más gastos para las provincias, subraya que también se presenta la chance de “diseñar un sistema de residencias que responda a las necesidades epidemiológicas, geográficas y demográficas específicas de la provincia y de la Región Centro, en colaboración con Córdoba y Entre Ríos”.

El senador por Garay, Germán Baumgartner. Crédito: Luis Cetraro

“La región enfrenta desafíos comunes, como la alta incidencia de fiebre hemorrágica argentina en la zona pampeana, lo que requiere una formación de especialistas orientada a las prioridades locales. Santa Fe cuenta con una sólida tradición en la formación de profesionales de la salud, con instituciones de prestigio como la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y una red de efectores públicos y privados que incluye hospitales de alta complejidad”, subraya.

Agrega que sin embargo, “la falta de consenso en la decisión nacional y las irregularidades reportadas en los exámenes de ingreso de 2025 subrayan la necesidad de un sistema propio que garantice transparencia, equidad y calidad normativa”.

El proyecto propone “un Sistema Interjuridiccional de Residencias Médicas que federalice la especialización, promueva la retención de profesionales en la provincia y la región, y que incorpore un mecanismo innovador de financiamiento basado en una contraprestación futura al sistema de salud público”.

Se busca “no solo cubrir los costos de formación, sino también garantizar que los especialistas formados permanezcan en el sistema público, atendiendo las necesidades de la población de Santa Fe y la Región Centro”.

En los artículos del expediente que ingresó a comisiones se plantea abarcar las disciplinas de medicina, enfermería, bioquímica, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y otras áreas del equipo de salud, según lo determine el Ministerio de Salud de la Provincia “en función de las necesidades epidemiológicas y demográficas”.

El Senado debate un proyecto que busca federalizar la formación de residentes médicos.

Define a ese ministerio como autoridad de aplicación, y enumera sus facultades, donde aparecen pautas claras de un plan de trabajo: “a) Diseñar y administrar los exámenes de ingreso a las residencias. b) Coordinar con las provincias de Córdoba y Entre Ríos la planificación de programas regionales. c) Establecer los criterios de selección y evaluación de los residentes. d) Gestionar el financiamiento del sistema y supervisar el cumplimiento de las contraprestaciones”.

Otros artículos hablan de cómo planteará eventualmente Santa Fe a las provincias vecinas la federalización y regionalización de las residencias y también dentro del territorio del mapa de la bota.

Se piensa en las cinco regiones en la provincia, con sus nodos de Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto; en un Consejo Regional de Residencias Médicas, integrado por representantes de los Ministerios de Salud de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de: “Identificar necesidades compartidas de especialidades, como pediatría, infectología y salud mental, en función de las características epidemiológicas de la Región Centro”.

Lo mismo que para coordinar programas de formación conjuntos, incluyendo rotaciones en efectores de las tres provincias, establecer acuerdos para el reconocimiento mutuo de residencias, y facilitar la movilidad de profesionales dentro de la región.

Un tema clave es definir necesidades de especialidades. “El Ministerio de Salud, en consulta con universidades, colegios profesionales y gremios, elaborará anualmente un informe de necesidades de especialidades, basado en: prevalencia de enfermedades endémicas, como la fiebre hemorrágica argentina en la región pampeana; déficit de especialistas en áreas críticas, como pediatría y salud mental; y las demandas demográficas y geográficas de las regiones de salud.

Bajo esas pautas “las vacantes de residencias se asignarán priorizando las especialidades identificadas en el informe, con un mínimo del 60% de los cupos destinados a disciplinas críticas”.

Además de los recursos de origen público provincial se establece “un Programa de Contraprestación Futura, mediante el cual los residentes se comprometen a prestar servicios en el sistema público de salud de Santa Fe por un período equivalente a la duración de su residencia (mínimo de 3 años) tras finalizar su formación. Este compromiso será obligatorio para acceder a la beca provincial. Los residentes que no cumplan con la contraprestación deberán reintegrar el 50% del monto de la beca recibida, ajustado por inflación, en un plazo no mayor a 5 años”.

Un proceso de selección que defina un concurso transparente y hasta las obligaciones y derechos de los residentes (entre ellos becas) y la mención para concertar programas de intercambio regional con Córdoba y Entre Ríos completan la norma en estudio. Y en una serie de disposiciones transitorias se diseña el traspaso a la provincia de la responsabilidad que la Nación ha desechado.

Corría 2023 cuando en el país las estadísticas indicaban que se habían radicado 7.000 denuncias por estafas con tarjetas de crédito y débito "clonadas", cuando en Santa Fe se iniciaba un debate que no prosperó.

Mucho antes que una resolución de la Secretaría de Comercio se ocupe en parte del tema, en la Cámara de Senadores se aprobó un proyecto de ley simple, que básicamente consiste en prohibir tocar una tarjeta ajena. Ahora ha vuelto a tener media sanción y habrá que ver si mejora su suerte en Diputados.

El texto impulsado por el senador por Castellanos, Alcides Calvo, logró otra vez la unanimidad este jueves 19 de marzo, tras su paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales. El criterio de la cámara alta es que, en lugar de repetir todo su paso por varias comisiones, vayan solo a esa aquellos expedientes que ya fueron aprobados por los representantes de los 19 departamentos, lo que abrevia el tiempo para su tratamiento.

7.000 denuncias por estafas con tarjetas de crédito y débito "clonadas".

En el proyecto de ley se busca que, en adelante ni los clientes podrán entregar sus tarjetas de crédito o débito a los empleados de un comercio al momento de pagar, ni mucho menos estos solicitarlas para llevarlas a otro ámbito.

Es más, deberá ser el propio usuario de ese sistema de pago quien, sin soltar su tarjeta, sea quien la pase por el equipo lector de bandas magnéticas o chips. Va a regir un liso y llano "se mira y no se toca" y nadie podrá hacerse el ofendido.

En los fundamentos de la iniciativa, el senador del bloque del PJ dice que "el mundo ha cambiado la forma de las relaciones comerciales incluyendo sistemas de facilidad de pago" y que "las legislaciones de los países se han ido adaptando a estas nuevas acciones, con el objetivo de facilitar el flujo de dinero tanto en las operaciones de compraventa como en el sistema del pago de servicios", y que las regulaciones deben evitar las "acciones delictivas y fraudulentas" y "proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios.".

En el orden nacional, rige una disposición de la Secretaría de Comercio de la Nación que regula este aspecto desde marzo de 2024, pero abundan las situaciones en las que la Resolución 87/24 no se cumple. La norma regulatoria del actual gobierno nacional indica que debe haber un sistema lector móvil para que, por ejemplo en comercios y servicios gastronómicos, se quede aunque sea por solo unos instantes un empleado con el dinero plástico.

"El posnet o dispositivo de cobro debe estar ubicado en un lugar visible".

El objeto del proyecto de Calvo es "regular la manipulación en el uso de tarjetas de crédito y débito en la Provincia de Santa Fe". El segundo artículo describe cómo deben llevarse el cobro de un bien o servicio: "las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares a cuyo nombre se han emitido, para que puedan visualizar la operación comercial desde el inicio de la misma, con el pase de la tarjeta de crédito o débito, hasta la emisión del ticket de pago".

A los fines del cumplimiento de la norma, "el posnet o dispositivo de cobro debe estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización de parte del titular de la tarjeta", no del empleado del comercio.

El tercer artículo indica que para la "constatación de datos" los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito "deben requerirle al titular que las exhiba de modo que puedan verlas adecuadamente para constatar que los datos y la firma contenidos en ellas coincidan con los del documento nacional de identidad de quien las porta", no que las entregue.

Indica que "a los efectos de cumplir con la presente ley, el proveedor o comercio adherido al sistema de tarjetas de débito o crédito debe acondicionar, en el plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia de esta ley, sus dispositivos de cobro electrónico". El texto no fija sanciones pero deja establecido que la autoridad de aplicación deberá establecerlas "en forma gradual".

En los fundamentos, Calvo explica que "la iniciativa presentada tiene por objeto evitar lo que en el mundo se llama 'skimming', bancario, que es un delito que consiste en extraer los datos de la tarjeta de crédito o débito en el punto de venta, y usar esos datos para fabricar tarjetas de crédito falsas o comprar artículos utilizando los datos y garantizar la transparencia en las transacciones. Ello con la finalidad de mejorar el sistema de relaciones de pago electrónico y seguir afianzando los derechos que le competen al consumidor o usuario y las obligaciones del proveedor propendiendo al bien común comercial con la consecuente búsqueda de reducción de denuncias por cobros indebidos por el uso del sistema".

Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense disfrutan de un sistema de trenes y colectivos con un boleto subsidiado en un 32%, la situación en el interior del país es diametralmente opuesta. Allí, las tarifas del transporte público se posicionan hoy entre las más caras del Cono Sur, revelando una profunda inequidad.

Esta marcada diferencia es señalada por un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política del Conicet y la UBA. Su Reporte Mensual de Tarifas y Servicios no solo releva el gasto público nacional en subsidios y sus costos asociados, sino que también pone la lupa sobre el impacto de estas tarifas en los salarios, comparando los valores vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con los del resto de la Argentina.

Aunque las disparidades en el transporte público siempre han sido significativas, estas se acentuaron drásticamente desde febrero de 2024. Fue entonces cuando el gobierno de Javier Milei eliminó las ayudas a los servicios en todo el país, manteniendo las excepciones solo para los usuarios porteños y bonaerenses del Conurbano. Desde esa fecha, la brecha en el precio promedio del boleto ha crecido mes a mes.

Bajo el título Relevamiento Federal de Tarifas de Transporte Público, el informe detalla que la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior provocó «un abrupto salto en el nivel de tarifas de transporte» en esas jurisdicciones. Este aumento ha llevado el promedio de los boletos por encima de los valores registrados en el año 2019.

El estudio, elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Buenos Aires, destaca que el boleto mínimo de colectivo para los servicios que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires es inferior al que cada una de esas jurisdicciones ha establecido para distancias similares dentro de sus propios límites.

Al comparar con otras ciudades de la región, el transporte del AMBA ya representa una carga considerable sobre el salario mínimo, superando a metrópolis como Bogotá o Montevideo. Sin embargo, la situación es más crítica para el mismo servicio en el resto del país, donde «se encuentra en máximos históricos y regionales». En contraste, Santiago de Chile y Asunción del Paraguay se ubican como las ciudades con la menor relación tarifa/salario dentro de la muestra analizada.

Adicionalmente, el Estado Nacional mantiene beneficios tarifarios específicos para los usuarios de la capital y el Conurbano bonaerense a través del «Sistema de Boleto Integrado». Creado en 2018, este sistema otorga un descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercero, para quienes necesitan utilizar más de un servicio diario, siempre que sea dentro de un lapso de dos horas desde el abordaje del primer transporte.

Esta semana, la tarifa de los ómnibus en el AMBA aumentó a $ 700, un precio que se considera sumamente bajo en comparación con las tarifas del resto del país. Las tarifas de los trenes metropolitanos, por su parte, se mantienen en los valores de septiembre de 2024, con un costo de apenas $ 280 para quienes tienen su tarjeta SUBE registrada.

El reporte de tarifas concluye que la discriminación hacia el interior es elevada. Esto ocurre a pesar de que, desde 2023, «se observa una reducción real de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y Subte, en el orden de -34%». Para los demás servicios en «las provincias», esos subsidios del Estado Nacional han disminuido a cero pesos.

La Casa Rosada planea repetir para "las provincias" un plan de provisión de energía mediante súper baterías, tal como ya lo tiene -mucho más adelantado- en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ya está en proceso de adjudicación para porteños y bonaerenses "AlmaGBA", mientras que recién ahora se ha publicado el llamado a licitación para darle un trato similar al conjunto del interior del país. En ambos casos se pretender sumar unos 700 megavatios de energía guardada en baterías de litio, toda una novedad en los sistemas eléctricos argentinos.

El gobierno nacional recurre a una suerte de parche frente a la desinversión de varias décadas en el Sistema Argentino de Interconexión por lo que el llamado a los oferentes de mega baterías se denomina "AlmaSADI".

La resolución de la Secretaría de Energía de la Nación no habla de una distribución por provincias, sino por regiones. Y a Santa Fe se le han asignado apenas 220 megavatios y a compartir con Entre Ríos, en la Región Litoral. La valoración parte de un dato objetivo: la Epe es la tercera empresa distribuidora del país por su tamaño, luego de las privadas Edenor y Edesur.

Plan de provisión de energía mediante súper baterías. Foto: Manuel Fabatía.

Para la Empresa Provincial de la Energía la licitación ya ha generado efectos puertas adentro y, de acuerdo con la información que pudo obtener El Litoral, se han creado nuevas labores para varias áreas de la compañía estatal para responder a una pregunta básica: ¿Dónde deberían instalarse las súper baterías si la decisión (que es nacional) dependiera de la Epe? O lo que es lo mismo: ¿Dónde recomendaría su instalación?

Desde el ámbito de los potenciales oferentes para la licitación del plan AlmaSADI ya existen consultas con la Epe. Y no es casualidad que lleguen a Santa Fe esos requerimientos de quienes piensan invertir en una actividad que, como se verá, parece ofrecer muy bajo riesgo.

En el mapa de la participación de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de todo el país, la Provincia de Santa Fe pesa todos los meses entre el 9 y hasta el 10,5% de la torta nacional. Como se dijo, ocupa el tercer lugar luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que suman 38,27% y tienen su propio plan de almacenamiento de megavatios, mucho más avanzado.

En concreto: la Epe es la más importante empresa de distribución de energía en la licitación que ha convocado ahora la Secretaría de Energía de la Nación. Hasta donde ha podido averiguar El Litoral por ahora no hubo comunicaciones sobre el tema entre las autoridades en materia de energía a nivel nacional con las santafesinas.

Obviamente, entre la Casa Rosada y la Casa Gris son abismales las asimetrías de información de base sobre el mapa eléctrico nacional. En el plano de los funcionarios técnicos es difícil decir desde Santa Fe si se le ha dado el lugar que merece. En cambio, desde el punto de vista político puede pensarse que es insuficiente por mera comparación con otras compañías bastante más chicas y su asignación en AlmaSADI.

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Los posibles participantes de la licitación nacional ya han pedido datos concretos sobre los llamados "nodos más críticos" para la Epe, es decir, dónde se podrían instalar las mega baterías a importar. Está claro que se deberían ubicar cerca de dónde hacen falta, pero además se requieren muchos otros datos más precisos.

La experiencia demuestra que en los extremos de las redes están siempre las dificultades mayores. Ciertos barrios de la ciudad de Santa Fe lo vivieron en carne propia en el famoso apagón de 1994 que mantuvo con cortes rotativos a una parte de la capital provincial porque no contaba con un anillo de distribución de la energía.

Todo indica que las necesidades y las condiciones para la instalación de baterías tiene en el caso de la Epe a la zona del norte provincial como principal lugar recomendado. Una vez más: la provincia puede informar, sugerir, gestionar, pero no va a decidir. Se trata de una licitación nacional sobre un problema de esa jurisdicción, el SADI carece de la estructura necesaria, no se ha actualizado. No se hicieron más líneas de 500 kv.

La Epe ha ofrecido una respuesta a las consultas de los privados (los nombres de las empresas no han trascendido) que además deberá considerar los "valles" y "picos" de demanda según su geolocalización, lo que para sus técnicos ha significado un trabajo multidisciplinar de distintas áreas internas que se especializan lo comercial, la distribución y el monitoreo de la calidad del servicio.

A Santa Fe se le han asignado apenas 220 megavatios y a compartir con Entre Ríos. Foto: Fernando Nicola.

El uso de súper baterías para almacenar energía eléctrica y luego usarla cuando es necesario es novedoso en la Argentina. Buenos Aires y su Conrubano van camino de contar con esa provisión en poco tiempo, que responde a la desinversión nacional en el Sistema Interconectado Nacional (SADI), que son las torres gigantes que es posible ver en las rutas de todo el país (en 500 KV).

La lógica del funcionamiento de este tipo de tecnología (que proviene de los avances en materiales como el litio) puede comprenderse con una mala comparación: en un sistema de agua potable cada vivienda cuenta con un tanque de agua que puede ser muy útil cuando el servicio se corta. Esa reserva se puede aprovechar para cubrir los picos de consumo, cuando de la red no llega una gota de agua. Pero también hay barrios enteros o localidades pequeñas que cuentan con un tanque de reserva para que no haya cortes.

En el caso de las baterías para los sistemas eléctricos el principio es el mismo, se deben cargar y descargar los "tanques". No se guardan metros cúbicos de agua sino megavatios en baterías que ahora sí tienen la capacidad de guardar porciones relevantes de energía y con la calidad necesaria para su uso en grandes sistemas eléctricos. No son como una pila de linterna grande, brinda otras garantías.

En términos algo más técnicos, el futuro sistema AlmaSADI solo sirve si en el lugar donde se instala hay dos fenómenos eléctricos en las curvas de demanda geolocalizada, los valles y picos de consumo, según se trata de muy bajos o muy altos valores .

Con las mega baterías se guardan megavatios mientras es baja la demanda (en la depresión del valle de la curva) y se los utiliza cuando es más alta (ante el vértigo, la posibilidad de apagones y las alturas de los picos en las gráficas).

De lo único de lo que son capaces las baterías es de colaborar ante los escenarios de colapso. Y la licitación es solo para un escenario nacional definido como "de transición", ante la evidencia de que no habrá inversiones grandes que el país necesita en el sector. AlmaSADI apenas podrá evitar o morigerar los apagones típicos de un sistema nacional de transporte de la energía que ha quedado obsoleto. No será capaz de promover el desarrollo, de brindar confiabilidad en términos de planificar un aumento de la demanda porque se instalen nuevas industrias o emprendimientos comerciales electro intensivos. Es apenas un remedio paliativo para ganar tiempo, no la cura a una enfermedad llamada desinversión.

El mal que aqueja al desarrollo de la energía en la Argentina es endémico y proviene de malas decisiones políticas acumuladas durante décadas. El país no ha logrado las inversiones necesarias, desde el fracaso de las privatizaciones de los '90 hasta el descalabro de los subsidios y las excepciones regulatorias del Estado pagadas con un déficit que llegó a valores irracionales.

Hoy el gobierno nacional ha hecho lo necesario para que los kilovatios se paguen a su verdadero valor o al menos a uno más parecido al de la suma de sus costos. Y ese esfuerzo cayó sobre los usuarios residenciales.

Hay todavía hay subsidios a sectores medios y otros más vulnerables que caerán duramente durante 2026, solo para los primeros. Poner reglas de juego, o si se prefiere recrear condiciones de mercado no significa que las compañías inviertan. Es más, los pliegos de las licitaciones de los años '90 no contemplaron esa obligación para el sistema de transporte de energía, tampoco para la generación, donde las cosas no salieron tan mal.

En el ámbito de los servicios públicos en general, y mucho más en materia de energía, las decisiones se toman en términos de décadas. Y por ahora no hay cómo imaginar que el capital privado arriesgue lo necesario para contar con un mejor sistema de alta tensión.

Por eso se licita una suerte de parche que le garantiza a los oferentes una rentabilidad asegurada al comprar energía a un precio, guardarla para luego venderla cuando haga falta. No hay riesgo porque la existencia de la demanda que crece según el clima se repite año tras año. Obviamente, al sobrecosto por megavatios lo pagará el conjunto de los usuarios.

Para los futuros proveedores de energía almacenada, la única competencia se les presenta ahora, en el momento de formular sus ofertas en la licitación pública del gobierno nacional. Calificarán mejor quienes ofrezcan un valor de mercado menor por sus megavatios guardados en los valles para venderlos en los picos. Y justamente ahí se pone una conveniente barrera regulatoria, nada libertaria: se aceptan cotizaciones por hasta 10 dólares por mega.

Pero además, hay unas especificaciones técnicas que explican por qué el ejemplo del tanque de agua no es bueno o al menos incapaz de explicar lo complejo de los sistemas eléctricos. La provisión de energía eléctrica por un generador (o una batería) se lleva a cabo según su tensión nominal (en 220 kw, 380 para las industrias, o en 13,2 Kv o 132 Kv en baja y media tensión para las redes de las empresas de distribución como la Epe, y hasta en 500 Kv como en el caso del SADI nacional). Otras normas regulatorias, por otra parte, especifican condiciones de frecuencias en hertz, que podrían describirse burdamente como ciertos parámetros de calidad del servicio.

En otras palabras, el sistema eléctrico "de mercado" pretende que los generadores compitan según el valor del megavatio producido. Pero ahora, con estos sistemas, habrá baterías que venderán la energía que han comprado y guardado a un precio de reventa mayor. Y a sabiendas de que esa demandará estará.

La unanimidad de la Cámara de Senadores, tanto en la votación en general como en particular, para una norma de 111 artículos, es el dato político saliente de la negociación entre el oficialismo y la oposición que este jueves logró dar media sanción a un proyecto de ley orgánica de municipios.

Se trata de una norma que cambiará la vida política de todos los gobiernos de pueblos y ciudades de Santa Fe, que deja abierta la puerta a los concejos municipales a declarar en su propia carga orgánica su autonomía y también a crear nuevas entidades regionales formadas por asociaciones entre esos gobiernos. Es en síntesis, una nueva arquitectura del primer nivel del estado: el de las municipalidades (ya no habrá más comunas, ni elecciones cada dos años).

Unos aplausos de los propios senadores en sus bancas, iniciados por el presidente de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), cerraron el tratamiento de la norma luego de que el secretario parlamentario leyera el último artículo "de forma".

Quienes conocen los pormenores de la negociación entre ese bloque mayoritario y el del peronismo, liderado por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), pudieron entender que no se trató de un gesto desmedido más que a su propia actuación se aplaudió la construcción del consenso, la prioridad del diálogo y por supuesto las coincidencias.

La nueva ley orgánica de municipios, aprobada por unanimidad en el Senado, promete transformar la política local, eliminando las comunas y reduciendo elecciones.

Está claro que ambas bancadas, en una correlación de fuerzas que no es pareja, debieron ceder y así pudieron acordar. "No vamos a ir de atropellada" había dicho un vocero del radicalismo. Y eso dio sus frutos: se suponía que podía haber alguna votación en particular de algún artículo que partiera aguas, pero no fue así. Y seguramente por las mismas razones se pasó de un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, llegado en diciembre del año pasado, que tenía algo más de 60 artículos a otro que finalmente cuanta con 30 más. Y que además acepta el ordenamiento temático que planteó la oposición para una lectura más sencilla de la norma.

Fueron en definitiva tres meses en los que primero los senadores recibieron opiniones de especialistas y de las actuales autoridades municipales de distintos partidos políticos, y que luego discutieron puertas adentro y finalmente entre bloques. El resultado prueba que siempre lo hicieron bajo la orientación de lo que se había acordado en la Convención y de hacer compatibles dos proyectos de ley que tenían mucho por revisar para encontrar coincidencias y redactar uno solo.

El proyecto de ley fue girado a Diputados donde se aprobó una preferencia para dentro de dos sesiones. La Constitución reformada en 2025 da un año de plazo para la sanción de una nueva ley que implica un nuevo diseño para las próximas décadas. Para comprender la profundidad del cambio debe recordarse lo obvio: la media sanción del Senado contiene un artículo que deroga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 que sirvió por más de 60 años: no se trata de una modificación a una norma sino de su reemplazo.

Para el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) la aprobación sin votos negativos y "por 18 votos", ya que se ausentó sin aviso Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario), "hemos logrado avanzar en un proceso que se inicia con la reforma de la Constitución y sigue con esta norma haciendo lo que se nos ha reclamado: bajar los costos de la política". El titular de la Cámara alta sacó cuentas: en más del 92% de las localidades santafesinas se cambia de elecciones cada dos años a otras cada cuatro. Y en el caso de las ciudades con más de 10.000 habitantes y menos de 20.000 de concejos muncipales con 6 integrantes se baja a 5. Para Michlig es relevante que la provincia haya impuesto en la reforma "no más reelecciones indefinidas", en 2025 cuando se aprobó esa posibilidad por una vez para el gobernador.

Antes, los dos jefes de bloques hablaron extensamente sobre aspectos técnicos y políticos de la ley. Borla aseguró que el nuevo texto que debatirá Diputados contiene los llamados "derechos de cuarta generación" propios de la Constitución progresista que Santa Fe ha consagrado, para ejercer la participación ciudadana con más instrumentos.

Los senadores provinciales Rodrigo Borla del oficialismo y Rubén Pirola de la oposición presiden las bancadas de la mayoría y la minoría. Fueron los principales oradores de un debate que se inició hace tres meses y retomó el espíritu reformista de 2025. Foto: Manuel Fabatía.

Consciente de lo que le espera, el sanjustino recordó que hay tres normas que este año la Legislatura debe sancionar para obedecer las disposiciones transitorias de la reforma. La norma ya votada por el Senado y, del mismo modo, nuevas normas para la distribución de la coparticipación de la provincia a los gobiernos de pueblos y ciudades, y una ley electoral. Todo indica que habrá más dificultades para la unanimidad en ambas, según dejó entrever en su discurso Pirola. El justicialista como antes el radical habló de la voluntad de acordar y ceder con un fin superior pero mostró que en esas otras materias las diferencias son mayores.

Los dos bregaron porque se mantenga el clima actual. El abogado del oficialismo no ahorró elogios a la disposición del peronismo para el intercambio de proyectos, y el contador del PJ reconoció: "hemos sido escuchados".

Esteban Motta (UCR-San Martín) reflexionó sobre la votación sin disidencias y lo que eso significa en política para dar una señal a todos los santafesinos, en un contexto nacional de divisiones y grieta, y Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) apeló a lo emocional al confesar su "amor", acaso debió decir primer amor, por la localidad de Salto Grande de la que fue su presidente comunal. Expresó su "orgullo" por poder ser parte de una ley que crea "un nuevo andamiaje institucional más moderno".

Con el norte de poder darle media sanción este jueves 12 de marzo, la mayoría en la Cámara de Senadores ha intensificado los contactos con sus pares en minoría para modificar la Ley Orgánica de Municipios, bajo los mandatos de la nueva Constitución de Santa Fe.

La propia reforma de 2025 y el espíritu que primó en su Convención obligan a ambos actores políticos a extremar las conversaciones para crear el mayor consenso posible sobre una norma que cambia la vida política en los gobiernos de cada una de las poblaciones santafesinas.

En pocas palabras, el bloque del PJ que lidera el senador por Las Colonias, Rubén Pirola tiene en sus manos el texto que finalmente acordaron antes los partidos políticos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. El proyecto del peronismo, en tanto, no recibió modificaciones desde su presentación.

Rubén Pirola lidera el bloque del PJ en el debate por la Ley de Municipios. Foto: Flavio Raina

En la bancada que preside el senador Rodrigo Borla (UCR-San Justo) se ha trabajado hasta unas pocas horas el acuerdo interno con otros sectores políticos del partido de gobierno, y se ha logrado un texto que tiene también el visto bueno del socialismo y otras fuerzas del oficialismo con representación parlamentaria.

Ahora es el turno de cotejar ambos textos y, si es posible, llegar a una redacción en común. Se trata de una tarea compleja que tanto exige discusiones técnicas como definiciones políticas. Y precisamente para que no haya sorpresas sobre hasta qué punto ceder en aras de tener más apoyos, en la tarde de este miércoles 11 habrá más reuniones de legisladores comprometidos con la gestión de Maximiliano Pullaro con funcionarios del gobierno, en la Casa Gris.

La reforma constitucional de 2025 impulsa el nuevo régimen municipal.. Foto: Carolina Niklison

De ambas bancadas hay señales en favor de obtener un texto común, pero también se coincide en las dificultades para llegar a esa síntesis, al menos para la votación en general. El tema de la figura del vice intendente como un nuevo cargo electivo tiene detractores y defensores, pero también hay quienes imaginan soluciones alternativas para que esa responsabilidad recaiga sobre uno de los concejales del oficialismo.

Los dos espacios políticos han participado de reuniones con intendentes y presidentes comunales de diferentes partidos desde fines del año pasado, para escuchar sus posiciones sobre las reformas a llevar a cabo. La novedad más relevante dispuesta por la nueva Carta Magna es que se habilita el régimen municipal autónomo y que en el futuro no habrá más comunas. Serán todos municipios de diferentes categorías, según su número de habitantes. La coparticipación de los impuestos y los mecanismos para la autonomía municipal también forman parte de la discusión.

"AlmaSADI" es el nombre con que la Secretaría de Energía de la Nación ha iniciado un proyecto para dotar de energía almacenada al sistema eléctrico de transporte y generación en todas las provincias. Se trata de una licitación convocada por las autoridades nacionales para que, al igual que se hiciera en febrero de 2025 con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense, haya reservas de energía eléctrica en "súper baterías" de litio para disponer de unos 700 megavatios en todo el interior del país.

La medida luce para muchos analistas como un "parche" ante las crisis eléctricas propias de un país que ha invertido muy poco en las últimas décadas en esa materia. La desinversión en la Argentina afecta sobre todo al sistema de transporte de la energía, en líneas de alta tensión. Aunque también sea insuficiente, la generación instalada puede ser auxiliada con las importaciones.

Un primer dato: lo que ahora ha decidido contratar el gobierno de Javier Milei para el interior del país es algo menos que los 713 MWh con que contará pronto el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en términos eléctricos, el Amba representa el 38,27% de toda la demanda del país. En pocas palabras, para el "restante" 61,73% de la demanda energética se contratarán, 700 MWh. Acaso por las mismas razones, la expresión "AlmaSADI" no debe prestarse a confusiones: refiere solo a "Almacenamiento".

La Resolución 50/2026 del Ministerio de Economía-Secretaría de Energía de la Nación habla de "regiones" sin detallar a qué provincias se refiere cada una. Sin embargo, está claro que de los 700 MWh de reserva almacenada en baterías para el interior, a Santa Fe le corresponderán 220 MWh y a compartir con Entre Ríos, ante una emergencia. Una comparación puede dar una idea mejor. Hoy la Central Brigadier López en el Parque Industrial de Sauce Viejo es capaz de producir más energía (250MWh).

El decisorio con la firma de María del Cármen Tettamanti no indica dónde se instalarían los bornes de las súper baterías, no figura ninguna provincia. Solo habla de nodos y "regiones eléctricas". También dispone los procedimientos con que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista podrá contar con ese auxilio cuando no sean suficientes la generación o el transporte. Cammesa es quien pone a funcionar las máquinas que generan los megavatios según sus costos, en un sistema online y permanente que no debe fallar.

En sus informes anuales y presentación estadística a la Provincia de Santa Fe y su vecina Entre Ríos les corresponde la Región Litoral (en verano suman más del 12% de la demanda nacional). En cambio, para la gigante Buenos Aires (aún sin su Conurbano) se asignarán 150 MWh. Y lo mismo para Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan).

Habrá 100 MWh para la Región Centro (presumiblemente Córdoba y Santiago del Estero) y 50 para La Pampa (que seguramente suma otras provincias al sur).

En el caso del NOA (noroeste argentino) son 120 MWh y para el NEA (noreste del país) bastante más: 250 MWh. En el primer caso se trata de provincias cuyas ciudades más pobladas (Tucumán y Salta entre otras) tienen gas natural para la calefacción del invierno. No es lo que les sucede a las de la segunda sigla. Además, en el verano la amplitud térmica entre día y noche es mayor en las primeras y muy menor en las segundas.

En la torta de la participación de la demanda, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe es la tercera en todo el país, luego de Edenor y Edesur del Amba. ¿Serán suficientes 220 megavatios para santafesinos y entrerrianos ante una crisis en el SADI?

Los considerandos de la resolución explican que el desarrollo de las baterías de litio permite el almacenamiento de la energía, para asistir de manera puntual "los nodos o regiones" donde la situación sea crítica ante picos de demanda. Obviamente la resolución no habla de poner un parche, pero reconoce que se trata de una salida hasta tanto haya inversiones de fondo para el sistema, que como se verá siguen lejanas.

Dice por un lado que "la integración progresiva de sistemas de almacenamiento de energía resulta necesaria para alcanzar el objetivo de una matriz de energía eléctrica más limpia y eficiente" y que "las condiciones de abastecimiento en ciertos nodos críticos y regiones eléctricas requieren la incorporación de oferta que mejore las condiciones de operación de esas áreas del SADI (Sistema Argentino De Interconexión) incorporando oferta confiable, flexible y de módulos adecuados para la red en tanto se desarrollen las ampliaciones de transporte en Alta Tensión". El subrayado de estas últimas palabras no corresponde al original.

Agrega más adelante que los "sistemas de almacenamiento de energía permitirían cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de rápida respuesta" para "evitar Energía No Suministrada (ENS) ante ciertos cortes por fallas en la red de transporte que alimenta la zona (ejemplo, falla e indisponibilidad en una línea)".

Se espera que AlmaSADI permita "no solo el diferimiento en el tiempo de obras de ampliación del sistema de transporte para evitar saturaciones por superar límites de carga, sino que además, la tecnología permite, por sus características, una escalabilidad en el tiempo de su capacidad y por lo tanto una incidencia directa en las inversiones para acompañar el crecimiento real de la demanda eléctrica y las solicitaciones asociadas al equipamiento de transporte preexistente".

El gobierno que confiaba en el desarrollo de redes de alta tensión en la iniciativa privada en sus discursos, debe por último conformarse con subsidiar con recursos de todos los usuarios una energía que, ante las emergencias, estará disponible en poco tiempo pero será mucho más cara: costará 20 dólares extra por MWh.

Habrá baterías para unas cuatro horas consecutivas, con un máximo de adjudicación de su energía almacenada por hasta 12.500 dólares por mes. Recién en 2037 para cuando se haya amortizado la inversión los proveedores de energía almacenada tendrá el mismo precio por megavatio que los del mercado mayorista (bastante más bajo).

La Cámara de Senadores primero y la de Diputados después aprobaron un mensaje de ley que había ingresado apenas unas horas antes. No fue sorpresa y cambiar la norma con la que se actualizan las jubilaciones en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, tal como lo había anunciado el gobernador Maximiliano Pullaro el 15 de este mes.

La norma fue tratada sobre tablas en ambos casos, y modifica la Ley de Emergencia Previsional y así cumplir lo que había anunciado el titular del Poder Ejecutivo Provincial, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que tuvo lugar por primera vez en pleno verano tras la reforma de la Constitución de Santa Fe (ya no el 1ro de mayo).

En lugar de los 60 días actuales, las actualizaciones de los haberes de los pasivos se harán en 30, lo que requiere cambiar el artículo 10 de la Ley N° 14.283.

Pullaro lo anunció el 15 de febrero y se aprobó en trámite exprés.

El otro beneficio a los pasivos provinciales de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe está, en cambio, en manos de la Casa Gris. Como se sabe, Pullaro aseguró diez días atrás que no usará las facultades que le da esa norma para ampliar por un año más los “aportes solidarios” que afectan a los jubilados mejor remunerados. Y así, será en septiembre cuando se terminen esos descuentos.

Ambos compromisos fueron parte de las definiciones de Pullaro para 2026, a partir de mostrar que están mejor los números de la entidad previsional estatal.

Rodrigo Borla: el déficit bajó del 28% en 2024 al 14%.

En la Cámara de Senadores, el presidente de la banca radical, Rodrigo Borla expuso en números cómo es que el preocupante rojo de la Caja se ha puesto menos estridente: bajó en 14 puntos su desequilibrio entre ingresos y egresos. Del déficit de 28% en 2024, lo que aporta el tesoro santafesino se redujo al 14%.

Obviamente, el radical explicó que Santa Fe insiste ante la justicia nacional para el pago de la deuda que la Nación tiene en materia previsional con Santa Fe “que hoy llega a dos billones de pesos”.

Pirola apoyó y pidió revisar los ajustes a los jubilados mejor pagos.

La norma recibió el apoyo del peronismo en la Cámara alta pero antes, Rubén Pirola pasó su factura por lo que consideró una norma demasiado dura en sus ajustes. Como es habitual en el líder de la bancada justicialista sus críticas fueron “por la positiva”. Celebró en definitiva que el gobierno haya dado “marcha atrás” o que hubiera podido “tomar la curva” acaso “demasiado fuerte” con los descuentos obligatorios a los jubilados.

Tras la media sanción del Senado el expediente pasó a Diputados que también con la mayoría oficialista logró su aprobación.

Pasado el mediodía de este jueves 26, senadores y diputados provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial para analizar el proyecto en cuestión.

En el recinto de la Cámara de Senadores se llevó adelante una reunión de trabajo con legisladores de distintos bloques políticos, “con el objetivo de analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar el plazo de actualización de los haberes del sector pasivo provincial”, indica un parte de prensa oficial.

“El encuentro -sigue- fue encabezado por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. También participaron el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso; Directora provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Alicia Berzero; y Julia Tonero, integrante de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública”.

Durante la reunión “se abordaron los alcances del proyecto que establece la reducción de 60 a 30 días del plazo para el traslado de los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos hacia los haberes jubilatorios y pensionarios provinciales. La iniciativa tiene como objetivo acortar los tiempos de actualización de los ingresos del sector pasivo, manteniendo el funcionamiento financiero del sistema previsional”.

Los legisladores presentes “intercambiaron opiniones junto a las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Caja de Jubilaciones, analizando aspectos técnicos y administrativos vinculados a la implementación de la medida, en un marco de diálogo institucional orientado a avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa”.

Por muy amplia mayoría de votos afirmativos que superaron los 50 apoyos en los tres casos y apenas un puñado de expresiones en contra (siempre fueron más las abstenciones que los rechazos), la Asamblea Legislativa aceptó los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Luis Maciel.

Sin sorpresas, los tres propuestos consiguieron los apoyos del oficialismo que domina las dos cámaras y, según el caso, también cosecharon respaldos de bloque opositores del Justicialismo y hasta de las bancadas celestes, más allá de que fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo consideraciones generales adversas sobre el proceso y las formas para el tratamiento de los pliegos.

Cabe subrayar que no hubo, en el debate legislativo de este jueves 26, ninguna objeción sobre las calidades democráticas e idoneidad de los propuestos y que, en cambio, se discutió y mucho si era o no el momento de que llegaran tres pliegos y por qué dos de ellos correspondieron a candidatos a ministros y no a ministras de la Corte para posibilitar la paridad entre los y las integrantes de la Corte.

Jorgelina Mabel Genghini. Foto: Gentileza

Fue en pocas palabras, un debate sobre género y número, como en los accidentes gramaticales de los sustantivos y artículos en el castellano. Sobre todo las diputadas opositoras se anotaron para lamentar la oportunidad perdida de darle a la cabeza del Poder Judicial al menos una ministra más, mientras que en la cuestión del número se discutió si correspondía o no votar a tres nuevos miembros

Entre los cuestionamientos a la ausencia de paridad y las renuncias a medias, se habló de ministras en minoría ante ministros de la Corte aún tras su renovación. Se repasaron edades y fechas para las dimisiones y se expusieron antecedentes recientes y lo que indica la doctrina. Esos condimentos marcaron las polémicas. En la mayoría de los casos casi sin referencias a las personas que jurarán a fin de año en la Corte y ya han sido designadas.

En definitiva, son miembros de la Corte aún sin asumir la abogada rosarina Genghini, que es radical e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y vocal del Consejo de la Magistratura; el juez del fuero federal Alurralde, que se ha destacado por su labor en casos sobre narcotráfico, en el norte de la provincia; y el actual secretario administrativo del Senado provincial, Maciel, un esperancino cercano al sector del ex vicegobernador Carlos Fascendini. La mayoría radical en esa cámara perderá a uno de sus hombres de mayor confianza en la gestión de la Cámara, pero ganará otro correligionario en el máximo tribunal. Es una fuerte señal del partido al que pertenecen los dos tercios de las 19 bancas.

Como se puede ver, se ha buscado llevar nombres del sur, el norte y el centro del mapa de la bota, con perfiles asociados al ámbito de los colegios profesionales, a la propia justicia y al partidario. En ese orden.

Aldo Alurralde. Foto: Gentileza

Cabe recordar que durante el proceso de impugnaciones abierto a la ciudadanía ninguno de los pliegos tuvo objeciones y que en medio de la Audiencia Pública del jueves 25 solo un ciudadano se expresó sobre su desagrado respecto de la actuación del juez federal Aldurralde por haber desestimado una denuncia sobre ocupaciones ilegales de un predio que pertenece al Estado nacional, en la ciudad de Santa Fe. En nombre de la Comisión de Padres Pro Edificio Escolar 211, Roberto Antonio Campos lamentó que se haya desechado la presentación de esa institución. Y también que el magistrado no haya aceptado dialogar con quienes rechazan a los ocupantes ilegales de terrenos donde alguna vez la Dirección Nacional de Vialidad iba a construir la fallida Circunvalación Norte.

Esa solo crítica hubo sobre las personas de los propuestos, en una jornada marcada por dos polémicas: cuando se renueve la Corte tendrá solo dos ministras y cinco ministros por lo que no habrá paridad de género; y lo mismo sobre si es procedente o no cubrir vacantes para cargos cuyas renuncias aún se han formalizado.

Las exposiciones más interesantes en ese sentido provinieron de Alejo Molina, presidente del Colegio de Abogados de Rosario y de dos ex convencionales reformadores de La Libertad Avanza: Froilán Ravena y Marcos Peyrano que consideran que no es procedente lo sucedido, que nunca el Poder Ejecutivo Provincial debió enviar tres pliegos, sino solo uno. Y así lo dejaron planteado en su recurso judicial.

Su punto de vista se apoya en que solo uno de los actuales ministros de la Corte ha firmado su dimisión (con la aceptación del Ejecutivo) y otros dos integrantes solo lo manifestado públicamente. En el caso del Dr. Eduardo Spuler, está documentada su salida para el 1ro de septiembre. Pero solo han hecho declaraciones periodísticas al respecto, los doctores Rafaél Gutiérrez y Roberto Falistocco. Ambos dijeron que renunciarán a fin de año.

En cambio, y aquí entran a tallar los números, para el gobierno provincial y el oficialismo en la Legislatura está claro que procede aprobar a sus sucesores porque los tres nombrados tienen más de 75 años.

Diego Maciel. Foto: Gentileza

El Artículo 124 de la Constitución de Santa Fe dice textualmente: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general, los jueces y los demás procuradores son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado”.

Durante unos pocos minutos, pasadas las 13 la sesión de la Asamblea Legislativa obtuvo el quórum reglamentario para comenzar formalmente la reunión de ambas cámaras, con escaso margen.

Al recinto se demoraron en entrar una parte de los diputados y senadores del peronismo, en un juego con el número de los presentes, para ver qué sucedía con los 36 que como mínimo necesitaba Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cuando esa cantidad se superó sin dificultades, se produjo un ingreso masivo de los diputados del justicialismo que luego optaron por la abstención. Quienes desde el peronismo votaron a favor de los pliegos ya habían ocupado sus lugares

Sobre 69 votos posibles de 50 diputados y 19 senadores, todos los propuestos cosecharon más de medio centenar de respaldos.

El pliego de Diego Maciel como ministro de la Corte recibió 52 votos a favor, 5 en contra del bloque de Amalia Granata y otras bancadas celestes unipersonales. Se produjeron 9 abstenciones de una parte del peronismo en Diputados y de la izquierda de esa cámara representada por el de Frente para la Soberanía. Este último sector optó por pedir la autorización para no pronunciarse en los tres casos.

Todos los senadores de cada una de las tres bancadas respaldaron la nominación de su secretario administrativo, al igual que en los otros dos casos.

La nominación de Jorgelina Genghini contó con 51 votos afirmativos, 5 votos negativos ya señalados y 10 abstenciones.

En cambio, el juez federal Aldo Aldurralde sumó 56 respaldos (también logró respaldos celestes) además de las bancadas radical, socialista y del Pro de Unidos, y de buena parte del justicialismo. Hubo solo un voto en contra de Natalia Armas Belavi, del bloque unipersonal Vida y Famila, y nueve abstenciones.