La causa que investiga un presunto direccionamiento de la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe volverá este viernes a los tribunales. Desde las 10 de la mañana, el Colegio de Jueces Penales de segunda instancia celebrará una audiencia oral en la Sala 5 para analizar los recursos interpuestos contra la resolución que definió la etapa preliminar del proceso.

La audiencia estará presidida por la camarista Martha Feijoó y tendrá por objeto revisar distintos aspectos de la decisión dictada el 26 de marzo por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, José Luis García Troiano, quien dispuso la apertura del juicio oral para tres de los imputados y el sobreseimiento del restante.

Todos los imputados fueron citados a la audiencia y permanecen en libertad. Se trata del ex ministro de Seguridad Marcelo Fabián Sain; el ex secretario de Seguridad Pública Esteban Germán Montenegro; el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas; y el ex jefe del Departamento D4 (Logística) de la Policía, Marcelo Leandro Correa.

La audiencia reunirá los recursos de apelación que fueron declarados admisibles mediante una resolución dictada el 28 de mayo de 2026 por la camarista Feijoó, quien habilitó formalmente la revisión de los planteos formulados por las partes contra la decisión de primera instancia.

La defensa de Sain, Montenegro y Novas insistirá con los cuestionamientos rechazados durante la audiencia preliminar. Entre ellos, volverá a plantear la prescripción de la acción penal, supuestos vicios formales de la acusación, la atipicidad de las conductas atribuidas y la inexistencia de perjuicio para el Estado.

También objetará la legalidad de distintas medidas probatorias, como las requisas y secuestros, la cadena de custodia de la evidencia y la incorporación de información extraída de teléfonos celulares, cuya obtención considera lesiva del derecho a la privacidad. Asimismo, insistirá con la incorporación de testigos cuya declaración fue rechazada por el juez de primera instancia.

En sentido contrario, la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación y la querella ejercida por la Fiscalía de Estado apelarán el sobreseimiento de Correa, al considerar que existen elementos suficientes para que también sea juzgado junto al resto de los acusados.

Participarán de la audiencia los fiscales Ezequiel Hernández, Matías Broggi y el fiscal de Cámara Carlos Arietti. Las defensas estarán representadas por los abogados Hernán Martínez, Ulises Bianchi y Diego González; mientras que la querella lo hará a través de Gabriela Waibsnader, Paola Landa y Leandro Mega, en representación del fiscal de Estado, Domingo Rondina.

La audiencia tiene como antecedente la resolución dictada el 26 de marzo de 2026 por el juez García Troiano, mediante la cual concluyó la etapa preliminar de la causa.

En esa decisión, el magistrado admitió la acusación contra Sain, Montenegro y Novas como presuntos coautores de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública.

Para el ex ministro la fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua, mientras que para los otros dos ex funcionarios requiere cuatro años de prisión e igual inhabilitación.

Según la acusación, la maniobra consistió en direccionar el proceso licitatorio iniciado en 2020 mediante un pliego confeccionado con requisitos que favorecían a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante en Argentina de la empresa israelí IWI.

La investigación sostiene que las especificaciones técnicas fueron elaboradas a partir de documentación comercial de esa empresa, que se diseñó una licitación en un único renglón para restringir la competencia y que los valores ofertados superaban ampliamente los precios de referencia del mercado.

El procedimiento contemplaba la compra de 12.000 pistolas Jericho calibre 9 milímetros, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, con un presupuesto superior a los 1.400 millones de pesos. La operación finalmente no se concretó tras las impugnaciones de otras empresas y las observaciones formuladas por la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.

En la misma resolución, García Troiano sobreseyó a Correa al considerar que había actuado bajo órdenes de sus superiores y que no se encontraba acreditado el interés personal exigido por el tipo penal. Ese aspecto, junto con los planteos rechazados a las defensas, será ahora objeto de revisión por la Cámara de Apelaciones antes de que la causa continúe su trámite hacia el juicio oral.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe revocó la medida de “cese de estado antijurídico” que había ordenado a distintas entidades financieras y prestadoras de servicios de pago devolver más de 29 millones de pesos a dos víctimas de una estafa informática investigada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La resolución fue dictada por el camarista penal Fabio Mudry, quien hizo lugar parcialmente a los recursos presentados por las empresas involucradas y dejó sin efecto el cese del estado antijurídico dispuesto en primera instancia.

Como consecuencia, ordenó que los particulares que ya habían percibido los fondos restituyan las sumas depositadas por BIND PSP y Tecnoint, mientras que la eventual responsabilidad patrimonial de las firmas deberá discutirse en otra instancia.

La decisión revisó el fallo del juez Sergio Carraro, quien a fines de marzo había ordenado que Invertir Online, BIND PSP, Mercado Libre y Tecnoint restituyeran de manera conjunta los montos reclamados por dos víctimas, al considerar que las deficiencias en los sistemas de validación de identidad habían facilitado la maniobra delictiva.

Posteriormente, Mercado Libre quedó excluida de la medida al determinarse que no integraba el objeto de la investigación.

Durante la audiencia de apelación, las empresas sostuvieron que la resolución de primera instancia implicaba una condena patrimonial anticipada sin que existiera una atribución penal en su contra.

La representación de BIND PSP afirmó que la medida trasladaba el costo económico del fraude a terceros que también habían resultado perjudicados por la maniobra criminal.

Además, cuestionó la inexistencia del requisito de peligro en la demora, al sostener que todas las firmas involucradas poseen solvencia suficiente para responder ante una eventual sentencia definitiva.

En la misma línea, la defensa de Invertir Online argumentó que la sociedad de bolsa también era víctima de la intrusión informática investigada y que carecía de sentido jurídico imponerle la restitución de fondos cuando la propia fiscalía había reconocido que sus sistemas habían sido vulnerados por terceros.

Los representantes legales también destacaron que se trata de empresas reguladas, sometidas a controles permanentes y sin riesgo de insolvencia, por lo que entendieron que no existía justificación para adelantar los efectos de una eventual responsabilidad civil.

Por su parte, el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, sostuvo la validez de la decisión original y afirmó que las omisiones o negligencias en los controles de seguridad habrían permitido concretar las maniobras investigadas. Esa postura fue acompañada por los abogados de las víctimas.

Al abordar los planteos, Mudry descartó en primer término que la resolución de primera instancia fuera arbitraria por falta de fundamentación. A su criterio, el juez Carraro había expuesto los fundamentos mínimos necesarios para justificar su decisión.

También desarrolló el marco jurídico aplicable a este tipo de medidas, recordando que las cautelares penales poseen carácter instrumental, provisional y excepcional, y que únicamente pueden prosperar cuando concurren todos los requisitos previstos por la ley.

Respecto del cuestionamiento sobre la competencia del fuero penal para intervenir en un conflicto que también podría derivar en responsabilidades civiles, el magistrado sostuvo que, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, existía una apariencia razonable de derecho ("fumus boni iuris") para examinar la conducta de las entidades.

En ese sentido, consideró que las empresas alcanzadas por la medida están sujetas a los deberes de protección de datos e identidad digital incorporados por la Constitución de la provincia de Santa Fe y que, de acuerdo con la evidencia presentada por la fiscalía, existirían indicios de que esos estándares de seguridad no habrían sido adecuadamente observados.

El camarista también entendió que, en esta etapa de la investigación, aparece acreditado de manera preliminar que los hechos responden a una maniobra de phishing y recordó que la pesquisa ya permitió identificar a parte de la organización que habría ejecutado las estafas.

Incluso describió que la hipótesis fiscal atribuye a los autores haber utilizado las plataformas de Invertir Online, BIND PSP y Tecnoint mediante mecanismos que presuntamente carecían de un segundo factor de autenticación u otras herramientas elementales destinadas a prevenir este tipo de fraudes digitales.

Sin embargo, para Mudry el aspecto decisivo del caso estuvo en otro requisito de la medida de cese de estado antijurídico.

El camarista sostuvo que el agravio más sólido planteado por las empresas era la ausencia de peligro en la demora, presupuesto exigido por el artículo 205 del Código Procesal Penal.

Según explicó, ni al momento de dictarse la resolución de primera instancia ni durante la revisión existía elemento alguno que permitiera sospechar que las empresas pudieran ser insolventes o eludir una eventual obligación patrimonial futura.

"Es evidente que las entidades a las que se les exigió la restitución de los montos involucrados no se encuentran en ninguna situación que implique una sospecha o riesgo de insolvencia", afirmó.

Para el magistrado, la acusación tampoco acreditó la existencia de un riesgo concreto que justificara anticipar los efectos de una eventual condena mediante una cautelar de contenido patrimonial.

Esa ausencia de uno de los presupuestos legales indispensables resultó suficiente, a su criterio, para revocar la medida y ordenar la devolución de las sumas que habían sido depositadas en cumplimiento de la resolución ahora dejada sin efecto.

La resolución de la Cámara se circunscribe exclusivamente al cese del estado antijurídico dispuesto respecto de las entidades financieras y no modifica el avance de la investigación penal sobre los presuntos autores de las maniobras.

En esa causa, el fiscal Agustín Nigro imputó a tres personas como integrantes de la organización investigada por las estafas informáticas.

Tras la audiencia de medidas cautelares celebrada a fines de junio, la jueza Cecilia Labanca dictó la prisión preventiva para los dos imputados varones y dispuso la libertad bajo medidas alternativas para la mujer investigada, mientras la pesquisa continúa respecto de otros sospechosos identificados.

Para la fiscalía las tres personas habrían integrado una asociación ilícita dedicada a vulnerar cuentas de inversión mediante maniobras de phishing, abrir cuentas puente y convertir los fondos sustraídos en criptoactivos para dificultar su rastreo.

La investigación atribuye a la organización un perjuicio superior a los 34 millones de pesos en perjuicio de tres víctimas de San José del Rincón, Rosario y San Lorenzo, y sostiene que aún hay otras personas identificadas vinculadas a la maniobra.

En esa misma audiencia, el fiscal reiteró que las plataformas financieras también resultaron afectadas por la maniobra, aunque sostuvo que las deficiencias detectadas en algunos de sus mecanismos de validación habrían facilitado la concreción del fraude y dificultado parte de la pesquisa.