El cambio climático y los desastres naturales ya no son amenazas lejanas. Como resume Sherri Goodman, una de las principales expertas en clima y seguridad: "El cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas".

Constituyen un desafío directo a la seguridad nacional y a la capacidad de defensa de los Estados, capaz de desbordar instituciones, generar migraciones forzadas y rediseñar prioridades estratégicas en todo el planeta.

Las zonas más expuestas se concentran en las franjas costeras bajas, los deltas fluviales, las regiones de alta montaña y las áreas sísmicamente activas de América Latina, el Sudeste Asiático y el África subsahariana. Pequeñas islas del Pacífico y del Índico, como las Maldivas o partes de Bangladesh, enfrentan la desaparición física por el aumento del nivel del mar.

En América del Sur, la cordillera de los Andes y las cuencas del Paraná-Uruguay concentran riesgos combinados de terremotos, aluviones e inundaciones.

El calentamiento global agrava estos peligros porque eleva la temperatura media del planeta -ya +1 °C en el último siglo, con proyecciones de hasta +4 °C en los próximos cien años-, intensifica el ciclo hidrológico y desestabiliza los casquetes polares. Las causas de que fenómenos naturales se conviertan en catástrofes son múltiples.

Por un lado, según expertos, el aumento de gases de efecto invernadero -el dióxido de carbono alcanzó 370 partes por millón (ppm) a comienzos de siglo y hoy supera las 420 ppm- acelera el derretimiento de glaciares y el incremento de vapor de agua en la atmósfera. Por otro, la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, la minería y la urbanización en zonas de riesgo multiplican la vulnerabilidad.

Sequías prolongadas, inundaciones repentinas, huracanes más violentos y deslizamientos de tierra dejan de ser eventos aislados para convertirse en amenazas sistémicas. A esto se suma la teoría, aún debatida en círculos de seguridad, sobre el uso de modificaciones ambientales como armas.

El Convenio ENMOD de 1977 prohíbe expresamente técnicas hostiles de manipulación del clima o del medio ambiente, y aunque no existe evidencia científica sólida de que instalaciones como HAARP (instalación de investigación científica ubicada en Alaska) puedan manipular el clima, la sola existencia de esta posibilidad obliga a los Estados a monitorear cualquier intento de militarización del clima.

La comunidad internacional ha respondido con instrumentos como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y el Fondo de Adaptación, pero los avances siguen siendo insuficientes.

Las Conferencias de las Partes (las grandes cumbres anuales sobre clima de las Naciones Unidas) revelan la profunda brecha entre países desarrollados y en desarrollo: los primeros poseen recursos para mitigar y adaptarse; los segundos padecen los efectos sin capacidad de respuesta.

Organizaciones como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advierten que cientos de millones de personas podrían verse desplazadas por causas climáticas en las próximas décadas, generando presiones migratorias que afectan la estabilidad regional.

Los datos son contundentes. El deshielo del Ártico y de la península Antártica, el aumento de la frecuencia de eventos extremos y la aparición de enfermedades tropicales en latitudes templadas confirman que el proceso es irreversible en el corto plazo.

Solo la reducción de emisiones y la cooperación pueden frenar su aceleración. En este escenario, las fuerzas armadas adquieren un rol central. Más allá de la defensa tradicional, se convierten en el instrumento más capacitado para la gestión de emergencias.

Esto contempla logística, transporte aéreo y terrestre, ingeniería, sanidad y control de fronteras. Los acontecimientos de las últimas semanas ilustran con crudeza la necesidad de adaptar las capacidades de defensa.

El terremoto de magnitud 7,7 en Panamá, ocurrido el 9 de octubre, dejó cientos de edificaciones dañadas y 27 heridos, aunque sin víctimas fatales gracias a la menor densidad poblacional y a suelos más favorables. Pocos meses antes, sismos de magnitudes similares en Venezuela habían causado miles de muertos por la combinación de suelos blandos y alta concentración urbana.

En Chile, el aluvión que afectó el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, el 8 de octubre, desencadenado por lluvias intensas sobre una cuenca debilitada por incendios forestales previos, destruyó 56 viviendas, dejó 384 damnificados y obligó a nuevas evacuaciones ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

En Brasil, vientos de más de 100 kilómetros por hora provocaron estragos en varias regiones. En Argentina, la crecida del río Uruguay vinculada a El Niño inundó Concordia y otras localidades del Litoral, forzando evacuaciones preventivas.

Y en Nepal, una crecida repentina de río causada por el colapso de una barrera natural de hielo y sedimentos arrasó más de 200 viviendas y dejó cinco desaparecidos, agravando la crisis que ya había dejado miles de muertos en agosto.

Estos hechos no son coincidencias. Son la expresión concreta de un cambio climático que reconfigura el mapa de la seguridad internacional. La defensa nacional ya no puede pensarse únicamente en términos de amenazas estatales o no convencionales clásicas.

Debe incorporar la resiliencia climática, la cooperación regional y la capacidad de respuesta rápida ante desastres. Reflexionar sobre ello no es un ejercicio académico; es una urgencia estratégica para garantizar la supervivencia de sociedades enteras en un planeta que se calienta y se desestabiliza a un ritmo que ya no admite demoras.

El autor es analista internacional especializado en Defensa en Estados Unidos. Director del Posgrado en Seguridad en la UCC, exdirector de investigaciones sobre cambio climático en el Ministerio de Defensa de la Nación, magíster en ciudades inteligentes y sostenibilidad.