Los precios desaceleraron y eso mejoró la estadística. Pero los ingresos a los bolsillos bajaron y eso la empeoró, sin que eso altere lo que está cristalizado en la Argentina: un tercio de la población sigue en la pobreza estructural.

Después de tres semestres consecutivos de caídas que habían permitido perforar los índices más críticos, la tasa de pobreza en la Argentina volvió a subir en la primera mitad de 2026 y alcanzó al 32,3% de la población, equivalente a unos 15 millones de personas.

Tal como lo reveló el Indec, en el mismo período, la indigencia trepó al 7,5%, afectando a cerca de 3,5 millones de habitantes que no logran cubrir la canasta básica alimentaria.

Este retroceso se tradujo en que alrededor de 1,9 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza y unas 538 mil pasaron a ser indigentes respecto del semestre anterior, borrando la mejora conseguida durante el último año aunque manteniéndose por debajo del pico máximo de 52,9% alcanzado a comienzos de 2024.

"La pobreza entró por otra puerta", señala el infoerme elaborado por los economistas Laura Caullo y Federico Belich para la publicación Novedades Económicas del IERAL (Fundación Mediterránea).Exponen que la dinámica del fenómeno atraviesa un cambio de raíz.

El estudio sostiene que "el problema ya no son los precios, sino los ingresos", señalando que mientras la desaceleración inflacionaria otorgó un alivio inicial, el principal cuello de botella se desplazó hacia el mercado de trabajo.

En esa línea, los autores destacan que "el empleo asalariado privado formal pierde terreno frente al trabajo informal y por cuenta propia", lo que debilita de forma directa la estructura de ingresos de las familias.

El panorama territorial refleja marcados contrastes sociodemográficos en los distintos aglomerados urbanos del país: la ciudad de Concordia registró la tasa de pobreza más elevada con un 56,2%, seguida por el Gran Resistencia (48,6%), Posadas (42,2%) y Corrientes (41,0%), mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó la menor incidencia con un 11,1%.

Asimismo, mientras en algunos aglomerados la pobreza se incrementó de forma importante, otras regiones mostraron caídas significativas en la comparación interanual, destacándose Mar del Plata (-7,1 puntos porcentuales), Neuquén–Plottier (-6,4 p.p.) y el Gran Rosario (-5,0 p.p.).

Por su parte, el Gran Córdoba registró una suba de 1,6 puntos porcentuales, ubicándose en un 31,1%. El Gran Santa Fe quedó entre los peores registros del país.

La divergencia entre la evolución de las canastas básicas y los salarios fundamenta esta tendencia: durante el primer trimestre del año, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 10,9% y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) un 13,3%, mientras que los sueldos nominales de los asalariados registrados avanzaron solo un 4,1% y los de los independientes un 5,6%.

Los analistas del Ieral apuntan que a esto se sumó que el sector formal perdió 101 mil empleos asalariados (-1,6%), los cuales fueron compensados cuantitativamente por la creación de 177 mil puestos por cuenta propia (+3,4%) y 168 mil empleos informales (+3,1%).

Tal como subraya la investigación, "se crearon puestos, pero de menor calidad", habida cuenta de que los trabajadores no registrados y los cuentapropistas perciben remuneraciones sustancialmente inferiores a las del empleo formal (47% y 26% menos, respectivamente).

Este cambio de composición impactó con mayor severidad en la población en edad activa y en las familias de ingresos medios: casi la mitad de los nuevos pobres (919 mil personas) tiene entre 30 y 64 años, a los que se suman 481 mil jóvenes de entre 15 y 29 años, representando en conjunto el 70% del incremento semestral.

Los cálculos de Caullo y Bellich señalan que los sectores medios sufrieron una pérdida relativa de poder adquisitivo al registrar subas salariales (entre 27,4% y 30,5%) por debajo del aumento de las canastas.

El reporte resume este proceso al diagnosticar que "es el retrato de una clase media que depende más del ingreso laboral y menos de las transferencias", lo que deja a los hogares próximos al umbral de pobreza expuestos a cruzar la línea ante mínimos retrocesos en sus remuneraciones reales.

En una mirada de mediano plazo, el análisis enfatiza que la Argentina acumula casi una década sin poder perforar de manera sostenida el nivel del 30% de pobreza, habiendo sido el 25,7% de fines de 2017 el punto más bajo desde que se restableció la medición del INDEC.

Ante este escenario, el estudio concluye que ni la estabilidad de precios ni las transferencias asistenciales bastan por sí solas para revertir el piso estructural, advirtiendo que "para que la pobreza no solo vuelva a bajar, sino que logre romper ese piso que Argentina arrastra desde hace años, será necesario recuperar la capacidad del trabajo de generar ingresos suficientes y sostenibles".

La actividad industrial argentina volvió a mostrar señales de debilidad en agosto. El Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL cayó un 4,2% interanual en el mes, registrando el retroceso más pronunciado desde febrero pasado.

Con este resultado, el balance de los primeros ocho meses de 2026 arroja una disminución acumulada del 1,2% frente al mismo período de 2025. Al analizar la dinámica de corto plazo ajustada por estacionalidad, la producción fabril retrocedió un 0,9% respecto de julio, encadenando su tercer mes consecutivo en terreno negativo.

Por su parte, la medición mensual con estacionalidad anotó una leve mejora del 0,9%, un dato que no alcanza a mejorar las expectativas para lo que viene.

El informe de FIEL -que dirige el economista Juan Luis Bour- destaca una profundización en la divergencia de ritmos de actividad entre las distintas ramas industriales. Mientras un reducido grupo de sectores logra sostener cifras positivas, las ramas vinculadas al consumo durable, la construcción y la inversión registran severas contracciones.

Refinación de petróleo (+9,1% acumulado): Encabeza el ranking de crecimiento industrial en el año. En agosto rozó niveles récord no vistos en casi dos décadas, igualando el volumen procesado en el mismo período de 2008 y ubicándose muy cerca de las marcas de 2007.

Industrias metálicas básicas (+5,6% acumulado): Mantiene una evolución positiva en los primeros ocho meses de 2026.

Alimentos y bebidas (+2,8% acumulado): Alcanzó en agosto el volumen de producción más elevado históricamente para dicho mes. El dinamismo respondió a incrementos en la elaboración de leche, aceites y faena porcina, que compensaron la retracción observada en la faena vacuna debido al ciclo de recomposición de rodeos.

Industria automotriz (-17,4% acumulado): Representa el mayor aporte negativo a la contracción del indicador general. En agosto acumuló catorce meses ininterrumpidos de caída interanual. El sector enfrenta un contexto desafiante de menores ventas internas y exportaciones, condicionado además por cambios estructurales como la irrupción de marcas extrazona y el avance de vehículos electrificados.

Minerales no metálicos (-6,1% acumulado): Ocupó el tercer lugar entre las mayores caídas de agosto. La actividad se ve golpeada por el menor despacho de insumos para la construcción y un persistente pesimismo de los empresarios del sector respecto al horizonte cercano.

Metalmecánica (-3,3% acumulado): lideró las caídas interanuales durante agosto, arrastrada por la menor fabricación de maquinaria agrícola, autopartes y electrodomésticos durables.

Despachos de cigarrillos (-5,2% acumulado): mantienen un sesgo negativo en lo que va del año.

En un terreno intermedio, con bajas inferiores al promedio general, se posicionan los insumos químicos y plásticos (-0,7%), papel y celulosa (-0,8%) e insumos textiles (-0,9%).

El análisis según la tipología de bienes producidos evidencia que, en los primeros ocho meses de 2026, la totalidad de las categorías sufrió un deterioro en comparación con la dinámica observada hasta julio:

Bienes de consumo no durable (+1,8%): Continúan liderando la clasificación en terreno positivo y sostienen un nivel récord para el período enero-agosto, aunque recortaron su ritmo de expansión.

Bienes de uso intermedio (+0,5%): redujeron su contribución acumulada a un modesto avance.

Bienes de capital (-6,9%): Reflejan la retracción en la inversión en maquinaria y equipos.

Bienes de consumo durable (-9,4%): Registran la caída más acentuada por tipo de bien, en sintonía con la menor demanda de bienes para el hogar y vehículos.

El diagnóstico coyuntural de FIEL concluye con un tono de cautela y advertencia sobre los próximos meses. Las métricas del instituto indican que la fase de recuperación iniciada en noviembre de 2025 se habría interrumpido hacia abril de 2026.

Desde entonces, la producción fabril ha venido descendiendo a un ritmo que supera al registrado en la mitad de las fases recesivas de la industria observadas desde 1980.

Ante el claro debilitamiento de los indicadores de sostenibilidad registrado en agosto, FIEL advierte que la industria argentina estaría transitando formalmente hacia una nueva etapa de contracción cíclica.

La evolución de las ventas en la provincia de Santa Fe mostró un comportamiento marcadamente desigual a lo largo de los primeros seis meses del año. Por un lado, la demanda de insumos, equipamiento para el hogar al por mayor y el dinamismo en el mercado de las motocicletas lograron sostener el indicador general en terreno positivo.

Por el contrario, las ventas en el mostrador minorista continuaron resistiéndose, afectadas por la pérdida de dinamismo en rubros esenciales como alimentos, bebidas e indumentaria.

Al analizar la dinámica del período más reciente, la actividad comercial mostró signos de enfriamiento hacia el término de la primera mitad del año, registrando en el segundo trimestre de 2026 una baja interanual del 0,4%.

Esta contracción trimestral obedeció de manera determinante a la contribución negativa del comercio minorista, que restó 1,0 punto porcentual a la variación general del índice, mientras que la rama mayorista apenas aportó 0,5 puntos porcentuales de contención.

Pese a este tropiezo en el segundo trimestre, la medición acumulada entre enero y junio logró mantener un saldo positivo del 0,9%. Los datos corresponden al más reciente reporte del Monitor de la Actividad Comercial, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe.

La publicación emplea la herramienta del "semáforo del comercio", diseñada para "visualizar de manera sencilla a través de un color, la evolución coyuntural de la actividad económica de la provincia de Santa Fe" sobre la base del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE).

De acuerdo con el diagnóstico del organismo oficial, "entre enero y junio de 2026, el semáforo del comercio marcó verde para dos de las tres ramas: el Comercio mayorista, en primer lugar, y la Venta de combustibles, automóviles y motos y su mantenimiento, en segundo término. El Comercio minorista, por el contrario, marcó rojo".

Comercio al por mayor: el canal mayorista representa la rama de mayor peso relativo dentro de la estructura comercial provincial, concentrando el 41,3% de la ponderación total. Durante el primer semestre, este sector experimentó un crecimiento acumulado del 3,7% e incidió de forma positiva en 1,3 puntos porcentuales sobre el nivel general.

Destacaron los incrementos en Productos metálicos (+14,7%), Sustancias y productos químicos (+10,8%), Equipamiento y hogar (+7,5%) y Alimentos y bebidas al por mayor (+6,2%, con un aporte individual de 1,8 p.p.). También mostraron señales verdes los productos ganaderos (+19,3%) y los combustibles refinados (+4,6%).

La excepción fue la caída acumulada del 11,9% en Productos agrícolas, rubro que restó 1,7 puntos porcentuales a la rama.

La tracción a dos ruedas es un signo de los tiempos en la movilidad urbana y se destaca dentro del capítulo de venta de vehículos. Esta rama -que abarca la comercialización, mantenimiento y reparación de automotores y motos más el expendio de combustibles- representa el 21,1% de la actividad e integró el semáforo verde al registrar una suba acumulada del 2,0% (+0,4 p.p. de incidencia).

El gran dinamizador fue el segmento de inscripciones iniciales de motos, con un aumento interanual del 37,5% y una contribución de 2,1 p.p. al subsector. El parque activo de motos creció un 5,7% y el de autos un 2,5%.

Pero los autos 0km aportaron un subconjunto en rojo. El patentamiento de automóviles 0km continuó en terreno negativo, con una caída acumulada del 7,8% en las inscripciones iniciales de autos, restando 1,8 p.p. al resultado.

El consumo diario no remonta en el semestre. Con una participación del 37,5% en la estructura comercial, el canal minorista evidenció el escenario más complejo de la medición. En este segmento, "el semáforo mostró un predominio de señales en rojo durante el primer semestre de 2026, siendo en su conjunto que el sector mostró una variación negativa del 2,0%".

La caída en alimentos y bebidas es el dato saliente. El rubro de mayor trascendencia en la canasta familiar -que pondera un 40,6% del comercio minorista- anotó una baja del 2,7% interanual y restó 0,8 p.p. al desempeño general.

Entre el resto de los sectores de ventas al consumo final, presentaron bajas indumentaria (-2,4%), equipamiento y hogar (-0,5%) y el resto de los comercios minoristas (-7,1%).

Solo registraron variaciones positivas los rubros de vivienda y servicios básicos (+5,3%) y esparcimiento (+1,8%), aunque sus bajos pesos relativos no lograron revertir la tendencia desfavorable del canal.

El IPEC aclara que la asignación de colores en el semáforo responde a los niveles de incidencia acumulada sobre el IMAE: las luces verdes identifican variaciones positivas superiores a 0,01 p.p., las amarillas representan valores neutros (entre -0,01 y 0,01 p.p.) y las rojas corresponden a valores negativos inferiores a -0,01 p.p.

La fotografía del primer semestre expone que, aunque la tracción mayorista sostiene los números agregados de la provincia, el consumo de proximidad en los hogares santafesinos sigue mostrando claras señales de retracción.

"Acá la reforma impositiva no es solo qué nivel de impuestos tenés, sino también que paguen todos. La informalidad es muy alta. En Argentina más del 7%, 8%, 9% del PBI son impuestos distorsivos. Hay que eliminarlos; no digo bajar todos los impuestos y desfinanciar al gobierno. Digo: cambiémoslo por impuestos que no sean distorsivos".

Santiago Mignone -presidente de IDEA- sintetizó así a El Litoral el planteo empresario ante un gobierno que en boca de Javier Milei se define en similar sentido. ¿Pero prevé hacerlo en pleno año electoral, con reclamos cruzados de industria y comercio frente a demandas del FMI?

El debate impositivo en la Argentina vuelve a situarse en el centro de la escena económica. La llegada de una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Joyce Wong -la tercera revisión define un desembolso de US$ 867 millones- pone a prueba el compromiso nacional con el superávit primario, fijado en 1,4% del PBI para 2026.

En sus recomendaciones técnicas para consolidar la meta fiscal y ampliar la recaudación, el FMI ha vuelto a sugerir reformas estructurales sobre los impuestos de mayor masa impositiva: 

Impuesto a las Ganancias: Ampliar la base de contribuyentes de la cuarta categoría mediante la reducción del piso a partir del cual tributan los empleados en relación de dependencia.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Extender la base imponible del tributo hacia bienes y servicios que actualmente se encuentran exentos.

Monotributo: Reformar el régimen simplificado para incrementar los topes y valores de las categorías.

Desde la perspectiva oficial, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ratifica la regla del déficit cero, estimando un resultado financiero superavitario de $246.741 millones, sobre la hipótesis de un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%.

Un informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el proyecto presupuestario advierte que la presión tributaria efectiva nacional aumentará del 21,1% del PBI en 2026 al 21,7% en 2027 (+0,64 p.p. del PBI), a contramano del discurso que sostiene el Ministerio de Economía como propósito de gestión.

De acuerdo con las proyecciones del IARAF, la mayor carga tributaria en 2027 estará explicada por subas en

Ganancias: +0,24 p.p. del PBI (alcanzando un 4,89% del PBI).

IVA Neto: +0,23 p.p. del PBI (subiendo al 6,95% del PBI).

Impuesto a los Combustibles: +0,19 p.p. del PBI (hasta 0,86% del PBI).

Derechos de Exportación (retenciones): +0,10 p.p. del PBI (alcanzando el 0,85% del PBI).

Derechos de Importación y Tasa Estadística: +0,08 p.p. del PBI.

Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (Impuesto al Cheque): +0,03 p.p. del PBI

En contraposición, las únicas bajas proyectadas por el IARAF corresponden a la Seguridad Social (-0,19 p.p. del PBI, ubicándose en 5,07%) y a Bienes Personales (-0,03 p.p. del PBI).

Si bien la presión de 2027 (21,7%) continúa 4,4 p.p. por debajo del pico histórico registrado en 2015 (26,1%) y es inferior a los niveles de 2023 (22,6%) y 2024 (23,0%), el IARAF evidencia que el Gobierno proyecta una mayor recolección fiscal basada en tributos vinculados al consumo, los ingresos y el comercio exterior.

Para el campo y la agroindustria de la región pampeana, los datos del Presupuesto confirman que la presión efectiva de los Derechos de Exportación aumentará del 0,75% al 0,85% del PBI en 2027. Pero el sector pone sus mejores expectativas en el mediano plazo.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras remarca que el sector registra un flujo constante y previsible de liquidaciones de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones mensuales, apoyado en una cosecha proyectada en torno a los 150 millones de toneladas.

En relación con el esquema de retenciones -el más relevante para el sector- contempla una reducción gradual del 0,5% mensual a partir de enero de 2027, lo que llevará la alícuota de la soja (hoy en 24% para el grano y 22,5% para subproductos) al 14% a fines de 2028.

Además, el acuerdo UE-Mercosur establece la eliminación total de retenciones tres años después de su entrada en vigor (mayo de 2029), excepto para la soja.

A corto plazo, a pesar de los reclamos del sector productor por una aceleración de las bajas, las autoridades gubernamentales y las cerealeras coinciden en que el Gobierno no tiene margen fiscal para encarar una baja inmediata o anticipada de retenciones. Por ende, el agro deberá convivir con los niveles actuales durante el próximo ciclo productivo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su profunda preocupación ante una caída de la producción industrial del -4,9% interanual (afectando a 12 de los 16 rubros medidos por INDEC).

La entidad remarcó que la industria argentina enfrenta una presión fiscal formal del 56% (récord a nivel internacional), sumada a tarifas energéticas industriales (GUDI) con incrementos de entre 90% y 100% y un nivel de crédito bancario al sector privado de apenas el 12% del PBI (frente al 60% en la región).

Ante este cuadro, la central fabril presentó a la Subsecretaría PyME un paquete técnico con propuestas de alivio impositivo coyuntural que incluye la suspensión de embargos bancarios por 180 días y facilidades para la migración entre planes de pago, además de la reducción de tasas de financiación de ARCA para micro, pequeñas y medianas empresas.

El planteo requiere el diferimiento del pago de IVA a 180 días para actividades de carácter estacional y la anualización de cargas sociales y postergación de contribuciones patronales para las economías regionales. También la agilización en la devolución de saldos a favor acumulados por impuestos nacionales.

Las entidades representativas del comercio y los servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), fijaron tiempo atrás una postura crítica frente a las exigencias del organismo internacional.

La CAC tachó de "inapropiada" la pretensión del FMI de ampliar la base de Ganancias sobre los salarios o aplicar subas de magnitud al Monotributo.

Por su parte, CAME argumentó que reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante incrementos en Ganancias o IVA solo logra contraer la demanda interna y el consumo, sin resolver los verdaderos problemas de competitividad.

De todas maneras -no es novedad- para CAME, el verdadero "nudo fiscal más dañino" está en la presión subnacional:

Ingresos Brutos (IIBB): Es un impuesto en cascada que representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una Pyme, cobrándose sin importar si existe utilidad o pérdida.

Tasas Municipales: Tasas como la de Seguridad e Higiene representan entre un 0,3% y un 1,2% adicional sobre las ventas brutas, muchas veces sin contraprestación efectiva de servicios.

Retenciones provinciales y saldos a favor: Los regímenes de pago anticipado provincial generan saldos a favor cuya devolución demora entre 12 y 36 meses, provocando pérdidas de entre el 60% y el 80% de su valor real por inflación.

Como solución estructural, CAME plantea la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal que elimine Ingresos Brutos en las etapas productivas intermedias (fijándolo únicamente en la venta final al consumidor, como el IVA) y dote a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de facultades para fiscalizar la devolución obligatoria de los saldos a favor en todo el país.

Para el 329 a. C., el rey persa Darío III y los sátrapas de Bactria ya habían muerto, cuando Alejandro Magno reinaba sin resistencias aparentes en Asia Central. Excepto por sogdianos refugiados en un “nido de águila”, en las montañas Hisar, en el extremo Este de lo que hoy es Tayikistán/Uzbekistán. Es una delicia escuchar las conferencias de la historiadora Eva Tobalina repasando los hechos.

Al implacable macedonio no lo conmovieron el cruel invierno ni las alturas nevadas. Muchos de los 300 hombres que envió a escalar por encima de su enemigo para sorprenderlo, murieron en el intento. Pero logró su cometido: sometió lo que parecía el inexpugnable reducto de Oxiartes e incluso se casó con su hija Roxana, apodada “la pequeña estrella” y considerada “la mujer más hermosa de Asia”.

Sátrapas hubo que se avasallaron ante Alejandro, no por propia convicción sino ante la evidencia del poder. Poco a poco en la Argentina, se acallan (ocultan) las voces que piden la devaluación. Lo hicieron Roberto Frenkel y Miguel Ángel Broda a principios de agosto, y Gita Gopinath (exsubdirectora del FMI) a finales del mes pasado.

Carlos Melconian calculó en una reciente entrevista con Marcelo Longobardi, que el tipo de cambio de Néstor Kirchner equivaldría hoy a “menos de 3 mil pesos”. Pero también advirtió que deben evaluarse temas como los subsidios a competidores externos que traen sus productos al país, o los impuestos a fabricantes argentinos que otras economías del mundo no tienen.

“Hay un tipo de cambio que no te arregla el problema del queso (hecho en el país), pero que te da un poco más de relax para la transición”, sugirió el economista y candidato eventual a presidente según él mismo reconoció.

Algo similar a lo que plantea por estas horas el presidente de la UIA; el centro empresario más afectado por la marcha implacable de Luis Caputo ya no pide devaluar. No porque no lo quieran, pero saben en la entidad fabril que el ministro no va a modificar el rumbo hacia un 2027 con comicios presidenciales.

Incluso Domingo Cavallo fue algo más cauto de lo habitual sobre el tipo de cambio en la Argentina. Claro que el exministro pide “liberar el cepo” y eso supondría una flotación por encima de los $1.438 del dólar mayorista para la venta. Sería de hecho una devaluación.

“Devaluar es bajarle el salario a la gente”, viene advirtiendo Caputo, con evidencia histórica que lo avala: la inflación también es cruel, en especial con los más débiles. Para el ministro, “es cierto que hay precios caros en dólares, pero la solución no es devaluar, la solución es que los precios bajen. Y bajan con menos impuestos y más competencia”, asegura.

Ahora el dilema es que, con devaluación vuelve la inflación, pero sin baja de impuestos -como la que promueve Caputo y reclama la UIA- no hay reactivación por productividad que pague mejores salarios, dinamice el consumo y recupere la recaudación que permita… bajar impuestos.

Antes de conquistar la cordillera del Hissar, Alejandro Magno llegó a enfrentarse con "Clito el negro” (los bienpensantes no adjetivaban por entonces).

Era un veterano lugarteniente que había servido en las filas de Filipo el Grande (padre de Alejandro) e incluso salvó la vida del joven líder macedonio en la batalla del Gránico (334 a. C.). Tras un banquete en Samarcanda, cuando Clito reclamó por las inclementes estrategias a su jefe, Alejandro lo asestó con una lanza que le atravesó el pecho.

No es que haya magnitudes comparables entre aquellos hechos y el presente económico argentino. Pero acaso la historia sirva para reflexionar si la línea de la perseverante virtud no ha sido cruzada hacia el territorio del imprudente empecinamiento.

Es un ejercicio contrafáctico, de meditación razonada, de argumento debatido. Al menos para ponderar cuáles son los costos eventuales de cambiar o seguir adelante, para llevar la empresa (la campaña) a mejor destino, o al menos con mejores modos.

Descartada Cristina Fernández por cumplir una condena efectiva -por corrupción probada-, Axel Kicillof es en los hechos el principal referente de una oposición que podría alcanzar el poder por el voto en el país.

El bonaerense le cuestiona a Milei las 30 empresas que cierran por día, acusa al gobierno de apuntar a un modelo de “primarización productiva” y “precarización laboral”, y reclama fondos que “le robaron a las provincias”.

¿Hay espacio para una oposición moderada y electoralmente competitiva en la Argentina? Maximiliano Pullaro no confronta con Milei por su prudencia fiscal, pero sostiene el discurso “productivista” y advierte contra el kirchnerismo que se llevaba recursos fiscales santafesinos para hundirlos en el conurbano bonaerense, sin más trascendencia que la subsistencia y la conveniencia electoral.

Es solo un ejemplo; el santafesino hoy no expresa una aspiración presidencial… al menos no en público.

De Milei a Kicillof, nadie expone una propuesta de inclusión socioproductiva para el conurbano bonaerense. No hay evidencia de que la minería o Vaca Muerta ayuden a solucionar ese problema; tampoco hay fundamento para descalificar esas iniciativas que se suman a la agroindustria para generar divisas en un país que las necesita, solo porque son (falsamente) catalogadas como “extractivistas”.

Si en la Argentina existe hoy un consenso, o al menos una tendencia a algo parecido, es que la apertura es necesaria para exportar, que las Pymes son indispensables para dar trabajo y que la productividad necesita inversión privada, pero también baja de impuestos y rutas. Pero los actores de la conversación pública están demasiado ocupados en descalificar y contratar encuestas.

Alejandro Magno ya había cruzado el Indo cuando en el 326 a. C. ganó la Batalla del Hidaspes al rey Poros, soberano del reino de Paurava, en el actual Pakistán. Para entonces, el más grande estratega de la historia perdió a su caballo Bucéfalo y descubrió que Aristóteles no estaba en lo cierto cuando le enseñaba que el fin del mundo estaba por esas latitudes.

La India, y aún China, se extendían en magnitudes imposibles antes de llegar a una nueva orilla oceánica en el naciente.

El gran macedonio se convenció allí, junto a los suyos, de volver sobre sus pasos; murió en el intento, a los 33 años en Babilonia. Sus generales dividieron los territorios ganados, la herencia cosmopolita apenas resiste hoy los nacionalismos. El imperio no subsistió a falta de líder, creencia, cultura, idioma o tolerancia en favor de un propósito en común.

Puede Milei conquistar el “nido de águila” de la inflación; incluso con costos cruentos parece ser eso necesario. Pero más allá de la reforma impositiva pendiente, de los inexistentes créditos razonables a producción y consumo, hay un escenario por gobernar antes de que se recompongan el empleo y la recaudación, indispensables incluso para pagar universidades y discapacidad.

La inflación derroca al gobernante, pero gobernar no es derrotar la inflación. La inteligencia artificial y la robótica desafían los modos de producción; un mundo en guerra tensiona la energía y las monedas; los algoritmos secuestran conciencias adultas y condicionan el aprendizaje de los más chicos.

Son magnitudes que interpelan al más poderoso, o a quien se proponga en el poder. Incluso si alcanza a cruzar el Indo.

La meta central del 62° Coloquio de Idea, que reúne a grandes empresarios del país, propone trascender la coyuntura inmediata y apunta a debatir y definir las condiciones necesarias para garantizar un proceso de crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.

Eso en un país donde los primeros 50 mil millones de dólares de inversiones del Rigi llegarán en 2027 -para no perder la ventaja impositiva- pero que posterga otras decisiones por el clima electoral del próximo año.

El empresariado argentino se prepara para debatir en Mar del Plata del 30 de septiembre al 2 de octubre con un cambio de enfoque estratégico. En el telón de fondo, la inversión total (formación bruta de capital fijo – FBCF, del INDEC), que mide la inversión real en construcciones, maquinaria, equipos, etc. (pública + privada) acumula 5 trimestres consecutivos de contracción.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en un mundo en transformación.

“La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida”, señaló Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia.

El Coloquio estará organizado en torno a cuatro grandes ejes que recorren los principales desafíos: megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era; los pilares necesarios para consolidar una Argentina estable; las condiciones para mejorar la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

La transformación simultánea de la geopolítica, las plataformas tecnológicas, la demografía, los recursos y la energía, junto con las nuevas condiciones de acceso al capital, está modificando las reglas con las que países y empresas compiten, producen e invierten. El primer eje buscará comprender qué oportunidades abre este nuevo escenario para la Argentina.

Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University, abordará el nuevo mapa global de la geopolítica; y Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, analizará el escenario financiero que viene.

También participarán Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends, para abordar los cambios demográficos; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University, quien analizará la inteligencia artificial, la innovación y la aceleración tecnológica.

Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, hablará sobre los recursos estratégicos; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.

En ese marco, IDEA plantea los siguientes puntos:

Argentina tiene una oportunidad estratégica en esta nueva era. Capturarla requiere una agenda de largo plazo que fortalezca la competitividad y acelere su integración al mundo.

El empresariado argentino debe asegurar su competitividad y pensar estratégicamente el nuevo contexto global, capturando oportunidades con inversión y transformación.

El segundo eje pondrá el foco en las condiciones para consolidar la estabilidad macroeconómica, necesarias para recuperar condiciones para la inversión y la planificación de largo plazo. Esto requiere también instituciones sólidas, reglas claras, seguridad jurídica y políticas capaces de trascender los ciclos políticos.

La agenda abordará estos desafíos desde distintas perspectivas. Pablo Goldberg, Managing Director y Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock, analizará las condiciones para invertir en Argentina; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI, analizará la estabilidad institucional.

El debate sobre la Justicia contará con Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, y Diego Luciani, fiscal general, mientras que Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, aportará su experiencia sobre las condiciones que permiten construir estabilidad y sostenerla en el tiempo.

En este eje, IDEA propone:

Consolidar la estabilidad macroeconómica mediante la institucionalización de reglas fiscales y monetarias; la resolución estructural de los desequilibrios previsionales y distorsiones tributarias; la estabilidad de la moneda y la independencia del Banco Central; y la sostenibilidad externa.

Construir grandes acuerdos de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno y sostengan políticas de Estado.

El tercer eje analizará cómo transformar las capacidades de la Argentina en mayor inversión, productividad y competitividad.

En este eje, Ryan McInerney, CEO de Visa, abordará el desafío de competir y la innovación desde los mercados globales, mientras que la mirada empresarial tendrá un lugar central con el panel “Empresas en primera persona”.

La mesa reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

La conversación abarcará los desafíos concretos que enfrentan las empresas para crecer y competir, y las condiciones que necesita el país para reducir costos, mejorar infraestructura, avanzar en materia tributaria, transformación productiva e inserción internacional.

En este contexto, IDEA planteará que:

Argentina debe continuar avanzando en mejorar la competitividad, con especial foco en infraestructura e impuestos.

A nivel de matriz productiva, potenciar el desarrollo competitivo de la Argentina, acompañando los procesos de transformación productiva.

Desarrollar una mentalidad competitiva al interior de las empresas, acorde al nuevo paradigma.

El cuarto eje pondrá en el centro una condición indispensable para sostener un proceso de crecimiento durante las próximas décadas: las capacidades de las personas.

Una economía que aspire a crecer de manera sostenida necesitará transformar los años de escolarización en aprendizajes efectivos, desarrollar el capital humano que demanda una economía cada vez más compleja y generar oportunidades de empleo formal y de calidad.

La agenda educativa reunirá a Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; y Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía.

El bloque incluirá además la participación de Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, quien presentará la educación como una agenda prioritaria. El eje continuará con los cambios en el mundo del trabajo.

Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, junto con Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture, abordarán cómo las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas están modificando las formas de trabajar y los desafíos que esto plantea para empresas, trabajadores y políticas públicas.

La visión de IDEA en este eje es:

Argentina necesita avanzar en políticas de mediano plazo que permitan recuperar los niveles educativos básicos y, al mismo tiempo, abordar los desafíos estructurales para impulsar transformaciones que nos permitan acercarnos a estándares educativos globales.

Las formas de trabajo han cambiado significativamente, por lo que resulta clave revertir la expansión de la informalidad y avanzar en las reformas pendientes para modernizar el sistema laboral.

La discusión se ampliará con el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, que pondrá el foco en las nuevas formas de liderazgo, representación y construcción de influencia. Participarán Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.

"Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema de más mercado porque levanta los cortes y a un esquema más competitivo donde sean el mercado y la competitividad la que fije los precios. Una transición cuidando las capacidades constructivas y productivas ya desarrolladas en nuestro país".

La senadora salteña Flavia Royón fue secretaria de Energía de Sergio Massa y también funcionaria con Milei; en la noche del jueves fue la encargada de explicar el nuevo régimen regulatorio integral para la industria de los biocombustibles en la Argentina. La iniciativa -contempla una vigencia de 15 años- fue acordada por LLA con provincias preoductoras y aliados; tuvo oposición kirchnerista.

El proyecto sustituye de manera integral a la actual Ley 27.640 que impulsara Máximo Kirchner con beneficio para empresas bonaerenses en el mercado interno. El texto amplía la definición tecnológica para incorporar productos como el biogás, biometano, diésel renovable y combustible sostenible de aviación (SAF), permitiendo incluso la inyección de biometano en la red de gasoductos.

Uno de los pilares del dictamen aprobado fue el incremento gradual de las mezclas obligatorias de biocombustibles en los surtidores del país, que se concretará a los 12 meses de promulgada la ley.

Biodiésel: El corte mínimo obligatorio sube del 7,5% al 10%.

Bioetanol: La mezcla obligatoria se eleva del 12% al 15%.

Para el caso del bioetanol, la norma garantiza durante toda su vigencia un cupo reservado del 6% para el volumen proveniente de la caña de azúcar y un 6% para el elaborado a base de maíz. El 3% incremental restante para alcanzar el 15% total quedará abierto a la competencia entre distintas materias primas, como la biomasa forestal o insumos lignocelulósicos de segunda generación.

Asimismo, se fija una cláusula de desconcentración por la cual ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del volumen anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio.

Siempre de acuerdo a la exposición de Rayón, el texto establece que los cortes definidos a nivel nacional operan como pisos mínimos. En este aspecto, el proyecto otorga un rol central al federalismo al facultar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer regímenes propios dentro de sus jurisdicciones para promover mezclas superiores a las nacionales.

A la par de esta autonomía provincial, la ley autoriza la circulación de vehículos con tecnología flex fuel (como la que se usa en Brasil) y habilita la instalación de surtidores adicionales en las estaciones de servicio para el expendio de estas mezclas incrementales.

La propuesta marca un cambio de paradigma estructural: pasa de un esquema altamente intervenido -donde el Estado fija cuotas, asignaciones y precios- a un modelo progresivo de libre mercado y competitividad.

Para transparentar las operaciones del corte obligatorio, se creará un mercado electrónico único por subastas, administrado por un organismo independiente. De forma paralela, se habilitará la celebración de contratos a término libremente negociados en precio y plazo entre elaboradores y mezcladores.

Como resguardo de competencia, el organismo independiente calculará y publicará un precio de referencia basado en la paridad de importación.

El texto propone un esquema de transición para empresas integradas (multinacionales) y no integradas (Pymes). Para evitar aperturas abruptas que perjudiquen el entramado productivo del interior, el dictamen prevé un régimen de adaptación gradual con horizonte al año 2036 para el sector del biodiésel, de especial trascendencia en Santa Fe.

Empresas no integradas: Conservarán inicialmente un segmento reservado del mercado interno para proteger las pymes y capacidades locales, compitiendo entre sí dentro de su propio cupo.

Empresas integradas: competirán de manera independiente en su respectivo segmento.

Con el avance del período de transición, la porción reservada a las firmas no integradas se irá reduciendo progresivamente para dar paso a una competencia abierta e integral entre todos los actores del mercado.

En materia impositiva, los biocombustibles destinados al corte obligatorio no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos ni por el Impuesto al Dióxido de Carbono, recayendo el gravamen únicamente sobre la fracción fósil de la mezcla.

En cuanto al comercio exterior, los biocombustibles para el corte obligatorio deberán ser de elaboración nacional a partir de materias primas locales. Solo se autorizarán importaciones para el corte en situaciones de escasez comprobada o cuando la paridad de importación resulte inferior al precio ofertado en el mercado local. Por fuera del corte obligatorio, la importación será totalmente libre.

“Estimación de ingresos y autorización de gastos”. El presupuesto es “ley de leyes” pero no obliga (no puede hacerlo) a recaudar lo previsto. Es un marco de acción para un país con reglas, o que pretende serlo. La hoja de ruta 2027 tiene por base repetida el ancla fiscal en la pelea por la inflación, y por desafío la actividad económica y la recaudación, que serán claves en un año electoral.

Las autoridades proyectan alcanzar el cuarto año consecutivo de superávit fiscal primario. Entre las principales variables macroeconómicas estimadas por el equipo de Luis Caputo destacan el crecimiento del PBI del 3% (un punto menos en el promedio privado); la inflación al 18% anual y el tipo de cambio (dólar comercial promedio de $1.728) a una cotización de $1.847 para fines de 2027.

Esta pauta contempla un avance del tipo de cambio oficial cercano al 15% anual, determinado por la brecha entre la inflación doméstica estimada (18%) y la inflación internacional proyectada en torno al 3%.

La pauta oficial anticipa un crecimiento de la inversión del 9,2%, un incremento de las exportaciones del 8,5% (impulsado por el agro y el sector energético) y un leve aumento del gasto público al 15,5% del PBI por la actualización de partidas sociales indexadas.

Gisela Scaglia -que consulta cada paso con el gobernador- ha anticipado que votará por la suspensión de las Paso y dejó en claro que no avala una reedición de Cambiemos como propone Ernesto Sanz. Maximiliano Pullaro se reunió con gobernadores cercanos y marca diferencias con Kicillof; también mantiene el discurso de provincia productivista y negociaciones con el jefe de Gabinete de la Nación.

En la Casa Gris hoy no acusan recibo de que Diego Santilli esté promoviendo trasladar las políticas de discapacidad a las provincias, como se especuló en las últimas horas por el recorte presupuestario a un área sensible para la política parlamentaria nacional.

La desindexación de la AUH es otro de los tópicos que sumó ruido incluso dentro de las filas de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich se quejó por el entorpecimiento de gestiones para lograr objetivos como la nueva carta orgánica del BCRA, además del propio presupuesto. Todo es parte de una negociación que tiene dimensiones que no se ven a la luz del día.

Por ahora desde el ministerio de Economía de Santa Fe lo que observan es que las partidas de coparticipación tienen pautas por encima de la inflación. No es menor en un presupuesto que tiene 70% de su gasto primario sin alternativas discrecionales, entre ellas la distribución primaria de fondos a las provincias o las jubilaciones y -al menos hasta aquí- la AUH.

El texto remitido al Congreso contempla además $ 27.454 millones para la continuidad de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, que lleva adelante la provincia pero con fondos nacionales.

También se incluyen partidas para conservación de la Ruta Nacional N° 11, tramo Rosario (empalme RN A008) - Santa Fe (empalme RN A012); conservación RN 33, tramo empalme R.N A008 con avenida de Circunvalación de Rosario; reciclado y bacheo RN 178 desde empalme RN 33 por unos 21 km y RN 11, tramo: Las Garzas - Las Toscas, incluyendo conservación mejorativa del puente sobre arroyo El Ceibalito.

La “tradicional planilla de la felicidad” (promesas tradicionales de la política, de las que solo el tiempo revela su integridad) se completa con la construcción de terceros carriles cercanías de Rosario por la autopista a Buenos Aires, desde la circunvalación hasta la A012. En total, por obras viales hay 156,6 mil millones prometidos a Santa Fe en 2027, para obras “plurianuales”.

Desde el ministerio de Economía, a cargo de Pablo Olivares, lo que siguen con atención es la partida de Anses por 503 mil millones para pagar a provincias que no transfirieron sus cajas. La cifra no alcanza, pero es parte de lo que la administración Pullaro ya negoció con la Nación. “De acá a diciembre hay un proceso de diálogo”, confiaron altas fuentes a El Litoral.

En Economía siguen de cerca la evolución de ese diálogo. Pablo Olivares detalló días atrás que Anses le pagó a Santa Fe $ 10 mil de los $120 mil millones comprometidos por Nación por la provisoria compensación previsional 2026, pero que los otros $110.000 millones restantes serían compensados como devolución de un anticipo de coparticipación recibido por la Casa Gris.

Para Santa Fe es relevante además que en el texto del proyecto de ley nacional están incorporados los avales para préstamos inminentes, entre ellos el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, que aprobó un préstamo de US$ 65 millones para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial entre Santa Fe y Córdoba.

Un pilar de la estrategia oficial para movilizar la economía sin recurrir a la emisión monetaria reside en la flexibilización del crédito en moneda extranjera para personas jurídicas. Según el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, la masa de depósitos en dólares en el sistema bancario creció de forma significativa, pasando de la zona de US$ 23.000 millones a US$ 40.000 millones.

Pero hay tres veces esa cifra “bajo los colchones”. Y esa es la premura de Inocencia Fiscal II que por estas horas abordó el Senado. De todas maneras las entidades financieras prestan actualmente solo el 60% de esos depósitos en dólares.

La flexibilización impulsada por el Gobierno permite elevar la capacidad prestable de los bancos hasta un 75% de sus depósitos en divisas, manteniendo las exigencias macroprudenciales de liquidez, solvencia y exposición al sector público.

Este esquema busca liberar un potencial de hasta US$ 6.000 millones en créditos destinados exclusivamente a empresas (personas jurídicas), con especial foco en la construcción y los desarrollos inmobiliarios, de alto impacto exponencial en el mercado interno.

La canalización de financiamiento a los desarrolladores apunta a dinamizar la oferta de la construcción, generar mano de obra con alto impacto en el empleo y mejorar los rendimientos de los ahorristas que colocan sus divisas en los bancos.

Siempre en la concepción oficial, esta medida se inserta en el esquema de competencia de monedas y dolarización endógena promoviendo el circuito del dólar mientras la cantidad de pesos se mantiene acotada para bajar la inflación.

Para acompañar la demanda habitacional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prevé licitar plazos fijos de largo plazo (1 a 3 años) a los bancos, proveyendo el fondeo necesario para financiar la oferta de créditos hipotecarios.

Aunque tenga fortaleza argumental técnica, para muchos argentinos que padecen la agonía del fin de mes, es contrafáctico el argumento oficial de que las prudencias macro evitaron un impacto mayor de la suba de tasas en Estados Unidos o la suba del petróleo por la guerra en Ormuz.

Frente a presupuestos previos que proyectaban desvíos marcados respecto a las consultoras privadas, las proyecciones de inflación (18% oficial vs. 20% según el mercado, según el relevamiento del BCRA) y el tipo de cambio ($1.847 a fin de año) muestran un alineamiento más estrecho con la visión de los analistas.

Pero el escepticismo viene por el lado de la inversión. Aunque el proyecto de ley estimó un crecimiento de la inversión del 9,2%, economistas como Santiago Bulat señalan que los economistas observan esta cifra con cautela.

El 2027 será un año electoral, un factor que históricamente genera volatilidad e incentiva la dolarización de carteras en detrimento de la inversión productiva. A esto se suma que cerca del 90% de los incentivos del RIGI se concentran en minería y energía, restando impacto directo al resto del entramado industrial.

Las municiones argumentales de la pelea por el poder se recargan en los próximos días. El miércoles el INDEC publicará el Índice de Precios Mayoristas, que puede alentar las buenas noticias que busca el gobierno. También se difundirá el Costo de la Construcción (ICC) de agosto, que augura lo contrario.

El jueves se difundirán el anticipo del PBI del segundo trimestre y el Índice de Confianza del consumidor de la UTDT, que en julio cayó 4,8% y en agosto 1,1%. Por otra parte el viernes cierran la balanza comercial y el resultado fiscal que alienta argumentos oficiales, a pesar de una recaudación que volvió a perder contra la inflación.

Son marcadores de un país en el que predomina la negación a una conversación política de calidad y prevalecen los extremos en la descalificación. La arquitectura maniquea de la escena política es la estructura discursiva, electoral y mediática diseñada para reducir la vida pública a una confrontación binaria entre dos polos que se perciben dueños del bien absoluto contra el mal absoluto.

Milei pidió este lunes a sus ministros “no dejarse sicopatear” y cuidar la “reputación económica” reconstruida en los últimos años. Planteó evitar que las presiones políticas alteren el rumbo del programa. Y condensó el mensaje repitiendo una frase: “Al populismo no se le gana con populismo”.

Eso mientras la economía exhibe que el beneficio de la baja de inflación persiste pero no alcanzaría por sí solo para traccionar la baja de la pobreza. El 24 de este mes se dará a conocer el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares; 1,7 millones de argentinos habría vuelto a la “pobreza estadística” (carece de ingresos suficientes para la subsistencia).

Un reciente informe elaborado por la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros advierte que los buenos datos en los precios al consumidor quedaron opacados por indicadores de actividad sumamente débiles, sin los cuales no habrá salarios y consumo en recuperación.

“Los datos de actividad publicados en la última semana volvieron a poner en el centro los riesgos de que Argentina ingrese a una recesión técnica -dos trimestres consecutivos de caída del PBI- ante el fuerte retroceso que mostraron en julio la actividad industrial, la construcción y hasta la actividad minera que venía siendo el principal motor de la actividad”.

Cabe recordar que el Índice de Producción Industrial sufrió un desplome del 5,0% mensual y del 4,9% interanual, marcando su peor desempeño desde marzo del año pasado y retrocediendo a niveles de junio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la industria arrastra un deterioro del 2,6% i.a.

La construcción se contrajo un 4,6% mensual y un 4,5% interanual, aunque preserva un leve saldo positivo del 1,7% en lo que va del año. Pero incluso la minería -uno de los “nuevos motores” que demora sus evidencias porque las inversiones maduran a plazo- experimentó un retroceso mensual del 0,9%, aun cuando mantiene un crecimiento acumulado del 7,7% en el año.

Cohen destaca que la nota favorable de la semana la aportó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que anotó un alza del 1,7% mensual (frente al 2,1% de julio), registrando el incremento más bajo de los últimos 14 meses.

Esta desaceleración estuvo promovida por la caída de los precios estacionales (-0,9% m/m), mientras que la inflación núcleo (Core) se ubicó en 1,8% m/m y los precios regulados subieron un 2,2% mes contra mes. Así, la inflación acumulada en el año se sitúa en 21,3%, con un registro interanual del 34%.

Sin embargo, esta calma relativa en los precios convive con una creciente tirantez en el mercado cambiario. A pesar de un ritmo fluido de liquidación de divisas por parte del sector agropecuario (a razón de US$ 130 millones diarios) y de buenos valores para las exportaciones petroleras, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas logró comprar un promedio de US$ 10 millones por día.

La mayor demanda neta por otros conceptos redujo las reservas internacionales brutas en US$ 290 millones, cerrando en US$ 50.469 millones. Por su parte, el tipo de cambio oficial se sostuvo sin variantes en $1.510, en un contexto de tasas holgadas donde la TAMAR se ubicó en 23,8% TNA y la tasa de pases en 20,2%, destaca Cohen.

Este marco permitió al Tesoro concretar una renovación de vencimientos de corto plazo (rollover del 103,5%), evitando convalidar costos elevados en los tramos largos de la curva. Paralelamente, los títulos de deuda en dólares mostraron comportamientos dispares y el riesgo país se posicionó en los 485 puntos básicos.

Al proyectar el horizonte cercano, el informe de Cohen plantea un escenario donde los márgenes de maniobra se estrechan y la atención se focaliza en dos variables críticas: la capacidad de compra del BCRA y la sostenibilidad de las tasas bajas.

La posibilidad de evitar una fase recesiva extendida dependerá de si los meses de agosto y septiembre logran revertir el sesgo contractivo del PBI. Una persistencia en la caída de la producción industrial y la construcción no solo minaría la recaudación fiscal, sino que postergaría aún más la recuperación del consumo interno.

El mercado financiero descuenta una inflación implícita promedio del 1,8% mensual para septiembre y octubre, proyectando un escalón inferior hacia el 1,6% mensual a partir de noviembre.

Cohen advierte que lo que aparece en el horizonte de lo posible es un equilibrio frágil. La estabilidad del dólar y la contención de los precios otorgan un marco de previsibilidad financiera a corto plazo, pero la economía real requiere señales de reactivación que por ahora la desinflación pura no ha podido generar por sí sola.

La actividad económica provincial volvió a ingresar en una senda de estancamiento durante la primera mitad del año. Tras un inicio de 2026 que insinuaba un leve punto de giro positivo, el segundo trimestre volvió a mostrar guarismos desfavorables en la mayoría de los sectores, confirmando un balance semestral en terreno negativo.

El comportamiento intertrimestral expuso con claridad el freno en la dinámica productiva y comercial. La pérdida de dinamismo observada entre abril y junio neutralizó las mejoras acotadas de comienzos de año, reflejando las «dificultades intrínsecas de una reactivación sostenida» en la provincia.

Así lo revela el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF) en su informe semestral del Índice Coincidente de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (ICA-SFE).De acuerdo al reporte, luego de avanzar un acotado 0,3% en el primer trimestre, la actividad cayó un 0,9% en el segundo trimestre.

Con este resultado, el índice acumuló una contracción del 0,7% entre enero y junio de 2026. La profundidad del deterioro se advierte al analizar el Índice de Difusión (ID-SFE), que al término de junio finalizó por debajo del 40,0%. Esto implica que menos de la mitad de las series analizadas contribuyeron de manera positiva al ciclo provincial en los últimos seis meses.

En el promedio del semestre, cuatro de los ocho indicadores clave registraron tasas acumuladas negativas: la demanda laboral, los salarios reales, los recursos tributarios y el patentamiento de vehículos.

El mercado de trabajo formal no logró escapar al enfriamiento general de la economía. Los puestos de trabajo registrados experimentaron un desempeño dispar: mostraron un avance del 0,4% en el primer trimestre y una contracción del 0,3% en el segundo trimestre (con una baja del -0,4% puntual al cierre del período), dejando un balance acumulado casi neutro del +0,1% en el semestre.

En términos absolutos, respecto de diciembre de 2025, el territorio santafesino contabilizó alrededor de 5.500 empleos formales menos en el sector privado y cerca de 1.800 puestos menos en el sector público nacional con sede en la provincia.

Paralelamente, las expectativas empresarias registraron un deterioro pronunciado. La demanda laboral cayó un 11,6% en el primer trimestre y un 7,5% en el segundo, acumula una contracción del 18,3% en el semestre.

Tanto en el Gran Santa Fe como en el Gran Rosario se evidenció una profunda «cautela» que impidió revertir la tendencia bajista de contratación.

En cuanto al poder adquisitivo, las remuneraciones al factor trabajo en el sector registrado cayeron 1,6% entre enero y marzo y 1,1% entre abril y junio, cerrando el semestre con una pérdida acumulada real del 2,8%, pese a los acuerdos paritarios que intentaron mitigar la inflación.

El consumo masivo y la compra de bienes durables sintieron el impacto directo del menor poder de compra. Las ventas en supermercados de grandes superficies mostraron un crecimiento del 1,9% en el primer trimestre, pero se retrajeron un 0,7% en el segundo trimestre, dejando un saldo semestral del +1,2%.

Hacia el interior del sector, 8 de los 11 rubros relevados cerraron en rojo, sufriendo las mayores caídas en «Indumentaria, calzado y textiles para el hogar», «Panadería» y «Bebidas».

En la construcción, el consumo de cemento pórtland frenó el impulso del comienzo de año: pasó de crecer un 5,3% en el primer trimestre a caer un 3,6% en el segundo, con un acumulado semestral de +1,5%.

El segmento más golpeado fue el automotor. Los patentamientos de vehículos revirtieron de forma drástica su conducta: tras dispararse un 6,8% en el primer trimestre, sufrieron un desplome del 11,3% en el segundo trimestre, registrando un saldo semestral negativo de -5,3%.

Este comportamiento se dio en un contexto marcado por la «cautela en las decisiones de compra» y la reconversión del mercado. Por su parte, los recursos tributarios reales cayeron 1,8% en el primer trimestre y repuntaron apenas 0,1% en el segundo, cerrando el semestre con una baja del 1,7% como consecuencia de la menor recaudación provincial.

El sector industrial se erigió como el único sostén en terreno positivo, aunque mostró un claro «desempeño heterogéneo». El índice de producción fabril registró un leve avance del 0,5% en el primer trimestre y del 0,1% en el segundo, acumulando una mejora del 0,6% a junio de 2026.

El motor de este repunte parcial estuvo en el complejo agroexportador:

Molienda de oleaginosas (soja y girasol): Cerró el semestre con un crecimiento acumulado del 2,4%, apalancado en el procesamiento de la cosecha 2025/26 y volúmenes récord en girasol.

Producción láctea: La leche cruda creció un 1,7% interanual gracias a mejoras de productividad y adopción tecnológica, en un escenario donde el sector busca «recomponer el stock vacuno y garantizar su subsistencia».

Maquinaria agrícola: Tras un buen arranque impulsado por la muestra Agroactiva y líneas crediticias, cerró el semestre con una leve baja acumulada del 0,9%.

Actividad frigorífica: La faena total disminuyó un 1,1% en el semestre (bovinos -1,4% y porcinos -2,7%), reflejando una transición hacia la «recomposición del rodeo».

Como señal de alerta para la infraestructura fabril, los indicadores de consumo energético mostraron retrocesos en la primera mitad del año: el gas industrial cayó 3,8%, la energía eléctrica en industrias disminuyó 1,4% y el uso de hidrocarburos líquidos bajó 6,2% acumulado a junio.

En agosto del año en curso la recaudación tributaria nacional se mantuvo estable interanualmente (0,0%). Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año se registra un retroceso del 3,8% real, lo que equivale a una merma aproximada de 6,5 billones de pesos en moneda de agosto para el sector público.

La estabilidad de agosto contempla una inflación mensual del 1,6%. Entre los ingresos que más cayeron destacan los derechos de importación, con una baja real interanual del 19,3%, y los impuestos internos, que retrocedieron un 18,7%.

El IVA neto de devoluciones y reintegros representa 32,5% de la recaudación total mensual, de acuerdo al reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El principal tributo del sistema experimentó una contracción real del 6,1% en comparación con agosto de 2025.

Cabe destacar que la recaudación del IVA Impositivo (asociado a la compraventa de bienes y servicios dentro del país) registró una baja del 2,9% real interanual en agosto y una caída acumulada del 1,6% real en los primeros ocho meses del año.

Al igual que la retracción de importaciones (el IVA aduanero cayó 13,5% en el mes), es un marcador relevante de la caída relativa del consumo y la actividad en sectores masivos, a pesar del crecimiento de la economía impulsado por la agroindustria, la energía y la minería.

Para sostener el balance fiscal (el resultado se conocerá el 18) ante la caída acumulada, el gobierno intensificó la contención del gasto. Según Iaraf, en agosto, el gasto primario devengado de la Administración Nacional bajó un 9,96% real interanual. El gasto efectivamente pagado (base caja) disminuyó un 7,95% real, profundizando el recorte de meses previos.

La reducción del gasto no afectó a todos los rubros por igual. Las transferencias devengadas a provincias y municipios lideraron los recortes con una caída real del 81,87% interanual. Le siguieron las ayudas sociales y asignaciones familiares -con un descenso del 19,34%-, los servicios no personales con una baja del 17,20% y las jubilaciones, que cayeron un 10,01%.

En sentido contrario, las transferencias al sector privado destinadas a subsidios económicos subieron un 11,75% real interanual. El gasto devengado en bienes de uso también se incrementó un 106,2% real, mientras que las partidas destinadas a universidades nacionales se contrajeron un 1,17%.

Para mantener el balance fiscal, el gobierno central usa -entre otros- el recurso de realizar gastos y postergar sus pagos, algo que se incrementó en el mes. Sin embargo, el stock de deuda flotante acumulado a agosto de 2026 resulta un 20% menor en términos reales que el registrado en el mismo mes de 2025.

La deuda flotante se explica a partir de la brecha temporal entre el gasto devengado (el compromiso de pago legal que asume el sector público) y el gasto efectivamente pagado (los fondos reales desembolsados por el Tesoro).

Cuando el Estado devenga más gastos de los que efectivamente paga en un periodo determinado, se genera este tipo de pasivo que no forma parte de la deuda pública tradicional por títulos o letras.

En agosto de 2026, esta dinámica se comportó de la siguiente manera:

-Brecha mensual: El gasto primario devengado de la Administración Nacional fue de $11.256.118 millones, mientras que el gasto efectivamente pagado (base caja) se ubicó en $11.229.437 millones.

-Aumento del stock: Debido a que el gasto pagado fue inferior al devengado en $26.680,79 millones, el stock acumulado de deuda flotante experimentó un leve incremento durante el mes de agosto.

-Nivel acumulado: Con esta variación mensual, la deuda flotante acumulada entre enero y agosto de 2026 alcanzó un stock de $2.104.294,94 millones. Esto representa el 2,37% del gasto primario devengado para el periodo de ocho meses.

-Perspectiva interanual: A pesar del ligero incremento mensual de agosto, la gestión de este pasivo muestra una reducción en comparación con el año anterior. A fines de agosto de 2025, el stock acumulado era de $1.984.724,68 millones (que representaba el 2,85% del gasto devengado de ese periodo).

El desarrollo masivo de Vaca Muerta está abriendo un nuevo e histórico capítulo para la balanza comercial de la Argentina. Más allá del petróleo y el gas natural por gasoducto, los líquidos del gas natural -principalmente el propano y el butano- emergen como una oportunidad clave para diversificar la canasta energética nacional y captar divisas.

Según un reciente informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el país tiene el potencial de multiplicar sus ventas externas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hasta superar los US$2.000 millones anuales a partir de 2030.

El estudio detalla que durante 2025 la producción nacional de GLP y líquidos de gas natural (NGL) comercial alcanzó los 3 millones de toneladas anuales, de las cuales se exportaron cerca de 1,63 millones (sumando GLP, propano licuado y butano licuado).

No obstante, el verdadero salto de escala ocurrirá en los próximos años. En un escenario base, la producción de la Argentina escalará a rangos de entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas para 2030, y se ubicará entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales en 2035.

Bajo un esquema de máxima ejecución y coordinación entre proyectos, el techo productivo podría rozar un volumen de entre 8 y 9 millones de toneladas, señalan los analistas de la UA, en cuya oferta académica incluye una Maestría en Gestión de la Energía.

Los analistas explican que este crecimiento se traducirá de forma directa en capacidad exportadora. De las actuales 1,6 millones de toneladas de GLP despachadas al exterior, el país proyecta saltar a un potencial de 3 a 3,4 millones de toneladas anuales hacia 2030 -sin contabilizar el proyecto asociado al GNL de Río Negro- y sobrepasar las 5 millones de toneladas anuales para el año 2035.

Para materializar estas proyecciones, la industria petrolera delinea tres desarrollos estratégicos que redefinirán la capacidad de procesamiento de la cuenca:

Ampliación de Compañía Mega: Prevé incrementar su capacidad de procesamiento diario de 4.800 a 7.200 toneladas (un alza cercana al 50%). La primera etapa demandaría un desembolso de entre US$250 y US$260 millones, en el marco de un plan de inversión global presupuestado en unos US$650 millones.

Megaproyecto de Líquidos de TGS: Vinculado al estratégico eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca, esta obra prevé una inversión superior a los US$3.000 millones. Su capacidad nominal alcanzará entre 2,7 y 2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+ (mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen tres o más átomos de carbono).

Asumiendo que el propano y el butano representen el 85% de ese caudal, este solo proyecto inyectará unas 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial al mercado cuando opere a plena capacidad.

Polo de GNL en Río Negro: El acondicionamiento previo del gas destinado a la licuefacción para su exportación como Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías generará un polo de separación complementario con el complejo de Bahía Blanca. Esto permitirá producir propano, butano y gasolina natural adicionales directamente en la terminal portuaria de Río Negro.

El informe detalla que en la actualidad, los destinos consolidados del GLP argentino son los mercados limítrofes y regionales. Brasil se erige como el comprador más relevante debido a su proximidad geográfica, la escala de su mercado y su marcado déficit estructural.

Por su parte, Chile ofrece un canal logístico y geográfico sumamente complementario, al tiempo que Paraguay, Uruguay y Perú completan el mapa de exportación de cercanía.

Sin embargo, el drástico incremento en la producción obligará a la Argentina a competir en las grandes ligas globales, con la mira puesta en Asia. Países como China, Japón y Corea del Sur demandan enormes volúmenes de propano y GLP.

Destaca especialmente el caso de la India, que comenzó a emerger entre 2025 y 2026 como un destino estratégico para cargamentos puntuales de GLP argentino. El gran desafío comercial de los próximos años será convertir esos envíos esporádicos en relaciones de suministro sólidas y a gran escala.

El informe del Instituto de Energía advierte con firmeza que la principal limitación para concretar este salto exportador no es la disponibilidad del recurso en el subsuelo, sino la infraestructura superficial.

La transformación del potencial geológico de Vaca Muerta en divisas exigirá una fuerte expansión en áreas críticas: capacidad de separación en origen, tendido de nuevos poliductos, capacidad de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria (Bahía Blanca, General Cerri y Puerto Galván cumplirán roles estratégicos) y una estrecha coordinación entre los distintos proyectos.

El panorama completo, las proyecciones detalladas y la inserción argentina en los mercados globales serán el eje central del debate que mantendrán las principales autoridades, productores, traders y compradores mundiales el próximo 10 de septiembre en el Seminario Internacional de GLP, organizado por la Universidad Austral.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) -compuesto principalmente por una mezcla de propano y butano- es uno de los combustibles más versátiles debido a que se licúa a presiones moderadas, permitiendo transportarlo fácilmente en garrafas, cilindros o tanques fijos (zepelines) a zonas donde no llegan las redes de gasoductos. Su uso es variado.

El empleo asalariado registrado privado en Argentina cayó un 4,4% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que equivale a unos 280.000 puestos formales menos según los cálculos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

Paralelamente, el salario real en ese sector se contrajo un 3,6% en el mismo lapso, reflejando un estancamiento productivo generalizado que tiene su impacto en el mercado del consumo interno y en la percepción sobre un modelo económico de crecimiento con alta heterogeneidad, que destruye empleo con más velocidad de lo que regenera.

“La caída del empleo y las remuneraciones es producto, en parte, de empresas con producción estancada o en declive. Pero también tiene origen en el proceso de reconversión que transita la mayoría de las empresas, incluso las que expanden su actividad, a los fines de adaptarse a un entorno de estabilidad y mayor integración al mundo”, sostiene el reporte.

“El fenómeno no se refleja en aumentos en el desempleo porque crece el trabajo informal, fundamentalmente, el empleo por cuenta propia no registrado o sea ni siquiera inscripto en el Monotributo”.

La intención de fijar un sueldo mínimo de convenio de $1.070.000 choca con una realidad fragmentada. El salario promedio de los trabajadores registrados asciende a $2.121.000. Sin embargo, los no registrados perciben un promedio de $821.000, una cifra sustancialmente menor que evidencia la enorme brecha existente.

El informe del centro de estudios señala que el 78% de los informales trabaja en firmas de hasta 10 empleados. En este segmento, el ingreso promedio cae a $702.000.

Para los autores del reporte, imponer un mínimo de un millón resulta inalcanzable para estas unidades, incrementando los incentivos para operar en la total informalidad laboral.

Para gestionar estas tensiones, Idesa plantea profundizar la descentralización de la reforma laboral a favor de acuerdos por empresa. Esto permitiría a las pymes desvincularse de los convenios colectivos sectoriales rígidos, cuyos estándares de salarios elevados terminan siendo inaplicables para las firmas más pequeñas.

Asimismo, se sugiere eximir de los convenios sectoriales a los microemprendimientos de hasta 10 empleados y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esta reducción de cargas sociales permitiría disminuir costos de manera enfocada en los sectores que concentran la informalidad laboral.

Desde la Secretaría de Trabajo liderada por Julio Cordero, bajo el Ministerio de Capital Humano, se impulsó la pasada semana un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos mensuales (alrededor de $860.000 de bolsillo) para las categorías más bajas de los convenios colectivos de trabajo.

No se trataba de subir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -que en agosto de 2026 estaba en unos $376.600), que es el piso legal para trabajadores sin convenio y se discute en el Consejo del Salario.

La idea oficial fue que sindicatos y cámaras empresarias negocien e incluyan ese piso en las paritarias/convenios colectivos (nuevos o renegociados tras la reforma laboral), y que luego la Secretaría de Trabajo los homologue, sin exceder una pauta del 2%, funcional a los planes de desinflación oficial.

La estrategia apuntaba sobre todo a sectores con sueldos iniciales más bajos (maestranza, trabajadores rurales) sin contemplar a los trabajadores de casas particulares.

En el Consejo del Salario no hubo acuerdo. La CGT y las CTA se retiraron porque cuestionan la propuesta oficial de aumentos muy bajos para el SMVM (hacia $382.768 en septiembre y unos $430.000 para abril 2027).

Pero la sugerencia del piso de $1.070.000 en convenios sigue siendo una iniciativa oficial y se está comunicando a los gremios en negociaciones. La CGT la consideró insuficiente (reclama pisos cercanos a la canasta básica, entonces en torno a $1,56 millones) y las empresas respondieron preocupadas por los costos.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó en julio una variación mensual del -0,6% e interanual del -1,2%. Así lo expone el nuevo informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico.

“La mejora del ICA-ARG en el inicio de 2026”, traccionada por agro, energía y minería, “provino de un repunte de la industria y la construcción. Sin embargo, el deterioro reciente de estos, claves en la generación de empleo, afectaron a diversas variables, lo que se refleja en una nueva caída de la actividad agregada”.

Salarios privados, construcción, patentamientos e industria marcaron la baja del período, apenas atenuado por la recaudación nacional y el sector agroindustrial.

Dos de los diez indicadores presentaron tasas mensuales positivas, mientras que las restantes tuvieron desempeño negativo. La serie del sector agrícola marcó un incremento mensual en julio del 0,4% y un significativo 18,6% por encima de igual mes del año pasado.

El índice de producción industrial muestra una caída del -0,6% mensual en julio y se ubica un 0,5% por debajo de la medición de julio de 2025. Al interior de las ramas la heterogeneidad sectorial se acentúa.

Algunas ramas fabriles se ubican en torno a máximos históricos (alimentos y bebidas, refinación de petróleo, productos químicos) o se recuperan lentamente desde niveles deprimidos (metálicas básicas, automotores, muebles y colchones). Otras no logran un repunte (maquinarias y equipos, textiles, prendas de vestir, caucho y plásticos, productos metálicos y envases).

Por el lado de las obras, los números ni son mejores. La actividad de la construcción, “en julio presenta una merma del 2,3% respecto a junio, mientras la variación interanual se ubicó en un -2,9%. En las últimas mediciones se observa un contraste importante con relación al desempeño que tuvo el indicador a comienzos de año”.

Las importaciones totales de bienes se encuentran en baja desde comienzos de 2025, que se acentuó en la última medición, con una merma del 1,4%. La comparación contra julio del año pasado da cuenta de una contracción del 3,3% en los últimos doce meses.

Las ventas minoristas interrumpieron el repunte observado en meses previos; los analistas estiman una caída del 0,7% mensual en julio y una merma del 2,7% interanual.

Los patentamientos de vehículos nuevos presentan un deterioro de 3,6% en el séptimo mes del año y del 20,5% en la comparación contra julio del 2025. Así, el indicador mantiene un escenario de caída desde mayo del año pasado.

La recaudación total del gobierno nacional evidenció una suba mensual del 0,6% en la última medición y configura una silueta de recuperación leve desde finales de 2025.

Durante julio los factores determinantes provienen de un buen desempeño de la recaudación por impuestos al comercio exterior (DGA) y por impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, la variación interanual continúa negativa, con una caída del 2,0% en los últimos doce meses.

“El número de asalariados privados registrados permanece en contracción, acumulando quince meses consecutivos de variaciones mensuales negativas. Durante julio se estima una caída mensual del 0,1% y una contracción interanual del 1,9%”.

Además, el informe reporta una nueva caída mensual de la remuneración bruta total de los empleados privados registrados, del 2,1% en julio. Así, en relación con igual mes del año pasado, el indicador se ubica un 6,4% por debajo.

Sólo dos de los diez sectores de la economía en base a los cuales se elabora el Índice Compuesto de la Actividad Económica Argentina, mostraron un desempeño positivo en julio. El Índice de Difusión de Series Coincidentes se ubica en un 33,9% y da cuenta de las dificultades que encuentran los diversos sectores para consolidar una recuperación sostenida.

“El desempeño del agro, junto a los indicios provenientes de una recuperación incipiente en la recaudación nacional dejan abierta las posibilidades de observar mejoras en los próximos meses”, señala el reporte de los analistas de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.

A mediano plazo, se espera también que el desarrollo de las actividades de energía, petróleo y minería, continúen con un aporte positivo.

La alternativa de un "súper IVA", inspirada en la profunda reforma que lleva adelante Brasil, surge como la llave para destrabar el desarrollo productivo y el empleo sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Es lo que el cordobés Osvaldo Giordano sugiere tras haber analizado el tema.

En el debate económico argentino contemporáneo se han consolidado dos convencimientos muy marcados. El primero de ellos, considerado plenamente correcto por el presidente del Ieral, sostiene de forma tajante que "con este sistema de impuestos no es posible el desarrollo".

El segundo postulado, sin embargo, resulta sumamente discutible: la creencia generalizada de que la sola austeridad fiscal resolverá el problema de raíz.

Según expone en un nuevo informe del Ieral/Fundación Mediterránea, la estrategia de supeditar la reforma impositiva al recorte del gasto público adolece de un grave problema de tiempos frente a una necesidad de competitividad que resulta asfixiante.

“Brasil en el espejo fiscal” fue el nombre del congreso realizado en Buenos Aires para debatir la reforma tributaria del vecino país y su impacto como modelo de análisis para la economía de Argentina. El encuentro fue organizado por GAM, la Red de Empresarios Argentina y la Red de Acción Política (RAP).

El diagnóstico del sistema tributario argentino genera pocas controversias: reduce severamente la competitividad y provoca daños que se intensifican a medida que se suman eslabones productivos en el país. De hecho es parte del reciente reclamo de la UIA al ministro de Economía, Luis Caputo.

El vigente esquema de impuestos encarece costos, desalienta inversiones y atenta contra la generación de empleo genuino. Giordano señala que el impacto de estas distorsiones se vuelve aún más crítico en un escenario de estabilidad y mayor integración global, donde las empresas locales se ven obligadas a competir soportando “cargas financieras y administrativas exageradamente altas".

La estrategia de esperar que el gasto público crezca por debajo de la inflación y que el crecimiento de la economía genere excedentes fiscales para ir reduciendo paulatinamente los gravámenes más nocivos choca contra una realidad aritmética abrumadora, según el analista cordobés.

De acuerdo con el reporte del Ieral, el conjunto de impuestos distorsivos compuesto por las retenciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales genera recursos equivalentes a "casi 8% del PBI".

Esto implica que más de una cuarta parte de todo el gasto público se financia mediante estas herramientas rudimentarias, las cuales resultan vitales para sostener las finanzas de la Nación, las provincias y los municipios.

Dentro de este grupo, Ingresos Brutos y las tasas municipales explican más de la mitad de la recaudación de los impuestos más distorsivos, dañando severamente las cadenas de valor más largas que son, justamente, las que generan mayor empleo.

Aunque el fuerte ajuste del gasto público aplicado en 2024 permitió equilibrar las cuentas públicas, Giordano advierte que las erogaciones estatales posteriormente tendieron a estabilizarse a nivel nacional y a registrar incrementos en provincias y municipios, lo que enciende luces de alerta sobre la viabilidad de abordar nuevas reducciones de erogaciones.

Con condicionantes estructurales de enorme peso -el gasto previsional representa cerca del 40% del presupuesto nacional y el 20% del provincial-, resulta poco realista suponer que una combinación de alto crecimiento y recortes liberará ese 8% del PBI en el corto plazo.

El informe concluye que, bajo este esquema pasivo, "el proceso llevará décadas, mientras que la necesidad de mejorar la competitividad es urgente".

Más allá de los entredichos entre Lula y Milei, o de la geopolítica de ambos países, lo cierto es que el país vecino demuestra la existencia de un camino superador para el escenario tributario: "sustituir los impuestos más dañinos por tributos más eficientes", sostiene Giordano.

Expone que la estrategia brasileña consiste en no limitar el debate a cuánto se recauda, sino a cómo se recauda. Concentrando esfuerzos en mejorar la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Brasil busca contar con los recursos que le permitan eliminar los impuestos sobre las ventas más nocivos.

El principio detrás de este enfoque es de una lógica fiscal irreprochable: "Si el Estado necesita determinados recursos para mantener el equilibrio fiscal, es preferible obtenerlos mediante impuestos que alteran menos las decisiones de inversión, producción y empleo".

En el caso argentino, la propuesta del analista se centra en la aplicación de un "súper IVA" como la herramienta ideal para absorber y eliminar rápidamente Ingresos Brutos y las tasas municipales, removiendo de cuajo las principales fuentes de distorsión del sistema.

Giordano refuta a quienes sostienen que la complejidad de la organización federal argentina impide una reforma de esta naturaleza; es un argumento que en Santa Fe se suele escuchar.

Brasil -dice- posee una estructura institucional y política sustancialmente más compleja que la local, compuesta por 26 estados, un Distrito Federal con perfiles socio-productivos sumamente heterogéneos y más de 5.500 municipios.

Sin embargo, el vecino país ha logrado articular los consensos necesarios para avanzar en su reforma tributaria.

El economista del Ieral reconoce que avanzar hacia un "súper IVA" obliga a definir cómo se distribuirán los recursos recaudados entre las diversas jurisdicciones nacionales.

La alternativa más simple y neutral consistiría en distribuir los fondos del nuevo IVA absorbiendo Ingresos Brutos y tasas municipales, reduciendo las distorsiones que actualmente exhibe el régimen de coparticipación federal.

Giordano plantea que, de mediar "una dosis suficiente de audacia política", esta reforma representa la oportunidad histórica para cumplir con el mandato constitucional pendiente y revisar de manera integral el perverso sistema de coparticipación.

En definitiva, si bien la austeridad y la calidad en las erogaciones del Estado continúan siendo pilares indispensables, el informe del Ieral es tajante en su conclusión: "Esperar una reducción del gasto equivalente a casi 8% del PBI significa resignarse a convivir durante décadas con un sistema que castiga la producción y el empleo".

La experiencia del principal socio del Mercosur deja una interpelación abierta para la dirigencia local: es hora de dejar de debatir la viabilidad teórica de la reforma y empezar a preguntar, concretamente, "Brasil, decime cómo se hace".

Si bien hubo una breve estabilización a mediados de 2025, aquella reactivación se estancó; desde entonces la industria junto a la construcción explican el grueso de la pérdida de puestos de empleo privado registrado en la Argentina.

El mercado de trabajo formal -sin contabilizar el sector público- continúa mostrando signos de debilidad estructural. De acuerdo con el reporte de Novedades Económicas -Ieral, Fundación Mediterránea- el empleo asalariado privado registrado acumula doce meses consecutivos de retroceso, lo que representa “la secuencia más extensa observada en la serie disponible desde 2009”.

Desde el inicio de esta fase contractiva en noviembre de 2023, el sistema ha destruido un total de 241.000 puestos de trabajo, según contabiliza la autora del informe, Laura Caullo.

Al analizar la evolución temporal, la dinámica reciente expone una dificultad que excede al shock recesivo original. En palabras del informe, “la trayectoria muestra que el problema no fue sólo la magnitud del ajuste inicial, sino la dificultad posterior para consolidar una recuperación del empleo”.

En efecto, tras experimentar una fuerte contracción entre finales de 2023 y la primera mitad de 2024, el número de asalariados privados registrados logró estabilizarse e incluso recuperar terreno de manera parcial hasta alcanzar los 6,27 millones de trabajadores en mayo de 2025.

Sin embargo, ese proceso expansivo se detuvo y, a partir de ese momento, el indicador volvió a caer mes a mes, ubicándose en 6,13 millones en mayo de 2026.

Esto significa una pérdida neta de 135.000 puestos respecto al nivel registrado exactamente un año atrás.

La industria y la construcción están en el ojo de la tormenta. Si bien la contracción promedio del empleo asalariado privado registrado desde noviembre de 2023 se ubicó en el 3,8%, el comportamiento interno exhibe una enorme dispersión según la actividad.

En términos porcentuales, la construcción encabeza la caída con un desplome del 14,2% de sus puestos de trabajo; el sector espera -en criterio de Luis Caputo- una reactivación desde octubre, en especial por trabajos de mantenimiento en las rutas tras las concesiones a manos privadas, aunque sólo sea para bacheo y mantenimiento.

Le siguen sectores de contracción intermedia como la minería y energía (-8,4%), segmentos que acusan recibo a pesar de contar con las mayores inversiones relativas gracias al RIGI.

La industria manufacturera (-7,2%), sigue en la escala, de manera más previsible. Según el INDEC, en junio de 2026 (dato oficial más reciente disponible) la utilización de la capacidad instalada fue del 59,1%. Por lo tanto, la capacidad industrial ociosa se ubicó en torno al 40,9%.

Los servicios financieros (-5,7%) acusan recibo de la baja del empleo a pesar de ser uno de los segmentos que crecen en la economía. El transporte también perdió puestos formales (-4,8%) acusando recibo de un esquema oficial que achica subsidios.

Con caídas por debajo del promedio general aparecen hotelería y restaurantes (-3,8%), el sector inmobiliario (-2,7%), el comercio (-1,1%) y los servicios de electricidad, gas y agua (-0,8%).

Caullo destaca en el extremo opuesto al agro, que se consolidó como la principal excepción al registrar un incremento del 4,3% en sus puestos formales durante el período.

No obstante, la gravedad de la crisis se dimensiona con mayor claridad al analizar los valores nominales directos, donde se observa el verdadero peso de cada sector en la pérdida global de puestos de trabajo.

La industria manufacturera encabeza la pérdida nominal con una reducción de aproximadamente 85.600 empleos, seguida muy de cerca por la construcción, que resignó otros 62.700 puestos. En conjunto, ambos sectores explican la destrucción de 148.300 empleos registrados, lo que representa más del 61% de la pérdida total desde noviembre de 2023.

El resto de la caída nominal se distribuye de la siguiente manera entre los demás rubros:

Como contrapartida de este panorama contractivo, el sector agrícola funcionó como el único amortiguador neto al incorporar alrededor de 13.400 trabajadores formales en el mismo lapso.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reportó que en los primeros siete meses del año (enero-julio), el valor total exportado por las cadenas del sector sumó US$ 31.952 millones, consolidando un crecimiento acumulado del 14,9% (+US$ 4.137 millones) respecto a igual período de 2025.

En julio, los despachos al exterior totalizaron US$ 4.926 millones, superando en un 2,2% a las cifras registradas en julio del año anterior (+US$ 106 millones). Luis Caputo celebró en redes el “récord histórico” que -calificó- representan estos números.

El ministro de Economía destacó que “las exportaciones agroindustriales en los primeros 7 meses del año ascendieron a 74,3 millones de toneladas, registrando un crecimiento de 13% en relación con igual período de 2025 y alcanzando un récord histórico para el período”.

La soja continúa siendo el principal aporte a la balanza comercial; ese complejo agroindustrial acumuló el 33,0% de participación total, totalizando US$ 10.548,6 millones (+0,5% acumulado).

El maíz representa el 16,5% de las exportaciones con US$ 5.269,4 millones (+12,0% acumulado), impulsado por un salto del 42,0% en julio.

Según el reporte de la CAA, la mayor contribución absoluta a la suba en julio fue del girasol: alcanzó los US$ 2.419,4 millones acumulados (+100% interanual), tras un alza mensual del 14%.

Carne y Cuero Vacuno -siempre de acuerdo al informe del CAA- sumaron US$ 2.999,1 millones acumulados (+40% interanual) con una sólida expansión del 29% respecto a julio de 2025.

A su vez, el trigo acumuló US$ 2.603,8 millones (+37% interanual), aunque mostró un leve ajuste interanual de -2% en el mes de julio.

El sector Porcinos lideró el crecimiento porcentual con una suba interanual del 188% en el mes y del 111% en el acumulado. Para los algodoneros el repunte fue del 188% en julio y 101% en el acumulado anual.

Apícola y Legumbres fueron segmentos destacados con incrementos acumulados del 65% y 77%, respectivamente.

Entre los pesqueros, las exportaciones aportaron US$ 1.416,3 millones (+18,0% acumulado y +38,0% en julio), abarcando el 4,4% de las divisas del sector.

El segmento Bovino-Lácteo alcanzó US$ 811,9 millones (+14,0% acumulado). La Cebada registró US$ 813,8 millones (+11,0% acumulado).

Los complejos Avícola (-43% acumulado), Arrocero (-17% acumulado) y Manisero (-5% acumulado) presentaron las principales caídas que desaceleraron el crecimiento general del sector.

El informe señala que el tipo de cambio vendedor/comprador del Banco Nación promedió en julio de 2026 los $ 1.476,98 por US$, con un incremento del 2,4% mensual y un 17,1% interanual. Una forma velada de señalar la pérdida de competitividad.

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) elaborado por el Banco Central (BCRA) registró una mejora del 1% respecto a junio; sin embargo, se ubica 2% por debajo del promedio registrado en 2025 y 6% por debajo del nivel de hace un año, manteniéndose como un indicador central de seguimiento para los márgenes de competitividad de las economías regionales y cadenas agroalimentarias.

El Índice de Confianza en el Gobierno nacional (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró en agosto de 2026 un valor de 2,06 puntos. Esto representa una mejora del 6,4% respecto de julio para Javier Milei, siendo la segunda suba del año tras el incremento de junio.

Sin embargo, el indicador muestra una caída del 16,5% si se lo compara con el cierre del año pasado. Agosto registró el segundo aumento mensual del ICG en lo que va de 2026, siendo el primero el del mes de junio.

Las tasas de variación mensual del ICG durante este año fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%), julio (-6,5%) y agosto (+6,4%).

Al comparar el mes 32 de gestión, Milei (2,06) se ubica por encima de Mauricio Macri (1,94; +5,9%), Cristina Kirchner II (1,82; +13,1%) y Alberto Fernández (1,18; +74,1%). Solo es superado por el registro de Néstor Kirchner (2,63; -21,8%).

En promedios históricos totales, la era Milei (2,36) supera el promedio de las gestiones completas de Cristina Kirchner I (1,71), Cristina Kirchner II (1,83) y Alberto Fernández (1,69).

No obstante, este registro global del libertario se posiciona por debajo de la marca histórica de Néstor Kirchner (2,49) y apenas por encima de la de Mauricio Macri (2,27).

El repunte mensual del ICG estuvo apuntalado por la mejora en cuatro de sus cinco dimensiones: el componente de Eficiencia subió a 2,02 puntos (+12,6%), el de Preocupación por el interés general a 1,71 (+12,8%), la Evaluación general de la gestión llegó a 1,76 (+7,6%) y la Honestidad a 2,52 (+2,7%). El factor de Capacidad se mantuvo estable en 2,29 (+0,3%).

La confianza expone marcadas diferencias demográficas. La brecha de género aumentó levemente: el ICG en hombres subió a 2,26 (+7,2%), frente a 1,78 en mujeres (+2,1%).

En tanto, el segmento de 18 a 29 años registró el nivel de confianza más alto y la mayor suba del mes con 2,80 puntos (+66,3%), una oscilación que podría estar influida por el tamaño de la muestra.

En el plano geográfico, el interior lidera la confianza con 2,25 puntos (+7,7%), mientras que en el AMBA la CABA registra 1,92 (+0,1%) y el GBA un 1,72 (+5,2%).

Por nivel educativo, el mayor respaldo se ubica en el sector terciario y universitario con 2,27 (+11,6%), seguido por el secundario con 1,75 (-8,2%) y el primario que subió fuerte a 1,53 (+19,5%).

La victimización por delitos y las expectativas económicas también definen la confianza. Quienes no sufrieron delitos puntúan con 2,15 frente al 1,70 de las víctimas.

En tanto, la confianza se dispara a 4,13 entre quienes creen que la economía mejorará en un año, cae a 2,58 si creen que seguirá igual y se desploma a 0,34 si consideran que empeorará.

Este estudio de opinión pública nacional es confeccionado desde noviembre de 2001 por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El trabajo de campo, realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y 13 de agosto de 2026, incluyó una muestra telefónica de 1000 casos en 39 localidades del país, con un error estándar de ±0,07 y un intervalo de confianza del 95%.

Un informe de ejecución presupuestaria del Instituto Argentino de Análisis Fiscal detalla que, en el marco de una baja general del gasto público, subieron las partidas para universidades, Asignación Universal y otros gastos corrientes, mientras que descendieron las transferencias a provincias y los subsidios a la energía y al transporte.

Parecía que no había margen para más motosierra, pero los números oficiales de julio confirman que la gestión Milei no está dispuesta a modificar el rumbo. El gasto primario nacional registró una variación negativa en términos reales durante el séptimo mes del año.

"El gasto primario nacional tuvo una caída real interanual del 7,0%, con 5 gastos creciendo y 11 gastos bajando", destacó un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

A pesar de la tendencia generalizada a la baja en el gasto público primario, cinco de los dieciséis componentes registraron aumentos interanuales en términos reales (descontado el efecto inflacionario) durante julio.

El rubro de Otros gastos corrientes (regalías, juicios, devolución de impuestos) lideró los incrementos con una suba del 36,3%. Le siguieron las Transferencias a Universidades, que experimentaron un crecimiento real del 8,3%, y el Gasto de capital Nación (obras y maquinaria), con un aumento del 8,0%.

Asimismo, la partida destinada a la Asignación Universal para Protección Social (AUH) registró una suba del 3,8% real interanual en el mes bajo análisis.

A mediados de julio (DNU/decreto 594/2026) se modificó el Presupuesto 2026 y se incorporaron $1,33 billones adicionales al programa de Desarrollo de la Educación Superior (casi todo para transferencias a universidades nacionales y una parte a becas).

Fue un paso para cumplir con las exigencias legales (judiciales y parlamentarias), aunque el desembolso efectivo se distribuyó en el tiempo y la queja de las casas de altos estudios sigue vigente para el cumplimiento total de la ley de financiamiento.

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia (con firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) rechazó un recurso extraordinario del Gobierno nacional y dejó firme la cautelar dictada en instancias inferiores (Juzgado Contencioso Administrativo Federal y Cámara), que obliga al Estado a aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley 27795.

Eso incluye actualización de salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales según la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 y la recomposición de partidas para programas estudiantiles, becas y bienestar.

Pero la Corte no se pronunció sobre el fondo (constitucionalidad de la ley ni del Decreto 759/2025 con el que el Ejecutivo intentó subordinar/suspender su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento). Ese debate principal sigue abierto en la Justicia Federal.

El expediente volvió a primera instancia. El juez Martín Cormick (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11) citó a una audiencia para el viernes 21 de agosto de 2026, a la que deben concurrir el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que agrupa a los rectores) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El objetivo es intentar destrabar el conflicto y, en el caso de la UBA, ampliar reclamos a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y ciencia/técnica (ítems que quedaron fuera de la cautelar original).

Universidades y gremios sostienen que el Gobierno cumple solo de forma parcial el acuerdo paritario de junio 2026.

Sin embargo, hubo descenso en los fondos para provincias y subsidios a los servicios públicos, que inclinaron la balanza a la baja. El informe del IARAF señala disminuciones en las partidas dirigidas a las administraciones provinciales y en los subsidios económicos.

Las Transferencias corrientes a Provincias registraron una baja real interanual del 38,6% en julio, constituyendo uno de los rubros con mayor caída. El Gasto de capital a provincias también disminuyó, reflejando una variación interanual negativa del 8,1%.

En cuanto a los subsidios a los servicios públicos, la partida de Energía registró una caída real interanual del 20% durante julio. Por su parte, el gasto destinado al Transporte experimentó una reducción del 11,7% real interanual en el mismo periodo.

Entre otros componentes de peso, el gasto en Jubilaciones y pensiones -que representa el 38,4% del presupuesto total analizado- tuvo una disminución real del 4,8%. Sin embargo, según describe el documento del Iaraf, esta variación "obedece, básicamente, a que en julio de 2025 se había terminado de pagar el medio aguinaldo".

Por su parte, el gasto salarial de la administración nacional, equivalente al 14,9% del gasto primario total, registró una baja interanual del 3,9%.

Al ampliar el período de análisis a los primeros siete meses de 2026, el gasto primario nacional acumuló una baja real interanual del 2,8% respecto al mismo lapso de 2025.

En este acumulado de siete meses, cuatro gastos se mantuvieron al alza y doce a la baja. Entre los rubros que registraron incrementos acumulados reales se encuentran los subsidios a la energía (39,3%), las transferencias a universidades (9,9%), la asignación universal para protección social (3,8%) y las jubilaciones y pensiones contributivas (1,9%).

Por el contrario, los descensos más pronunciados en el acumulado de los primeros siete meses correspondieron a otras funciones (-90,9%), transferencias corrientes a provincias (-37,6%), otros programas sociales (-26,4%) y gastos de capital a provincias (-11,8%).

El análisis del Iaraf clasifica el comportamiento del gasto primario dividiéndolo entre componentes indexados por inflación (como jubilaciones y asignaciones) y no indexados (como salarios y subsidios).

Durante el año 2025, "la participación del gasto indexado fue del 60% y la del gasto no indexado del 40%".

En julio de 2026, el gasto indexado registró una disminución real interanual del 3,8%, mientras que el gasto no indexado experimentó una baja del 10,0%.

A nivel de tendencia de mediano plazo, el informe detalla que el gasto primario nacional evoluciona "como resultado de un gasto indexado que crece al 3% anual y un gasto no indexado que cae a razón del 10% anual", registrando el gasto primario total acumulado de los últimos doce meses una disminución del 3,2% al cierre de julio.

El debate sobre los motores productivos en Argentina ocupó el escenario de "Experiencia Idea Rosario". Con la premisa de que "Argentina tiene muchos recursos naturales, pero que el recurso en sí mismo no es nada" sin una estrategia activa que lo transforme en valor local, los referentes de tres sectores estratégicos delinearon la realidad de sus industrias.

Ignacio Celorrio, executive Vice President en Lithium Argentina; Fernando Cozzi, presidente de Cargill en Argentina y Managing Director del Negocio Agrícola en Sudamérica y Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, abordaron las claves operativas y de inversión que marcarán el rumbo económico del país.

Para Ricardo Ferreiro, Vaca Muerta es un recurso conocido desde hace un siglo, pero requería de tecnología y de condiciones económicas específicas para ser viable.

Tras un salto histórico gatillado en 2017 por la Resolución 46, el sector no convencional pasó de representar apenas el 5% de la producción de gas y petróleo del país -en un contexto nacional de 500.000 barriles diarios y entre 100 y 110 millones de metros cúbicos diarios de gas- a constituir casi el 70% de la producción actual.

Ferreiro dijo que hoy, la producción nacional se encamina a un millón de barriles diarios, alcanzando registros de gas de entre 120 y 130 millones de metros cúbicos en verano y hasta 180 millones en invierno.

La eficiencia operativa ha sido la clave de esta revolución: Tecpetrol redujo los tiempos de perforación de pozos de 34 días en 2017 a solo 14 o 15 días en la actualidad.

Su yacimiento insignia, Fortín de Piedra, demandó una inversión de 1.800 millones de dólares en 18 meses para pasar de cero a 15 millones de metros cúbicos de producción, y hoy provee el 16% de todo el gas que consume el país.

Sin embargo, el transporte y la infraestructura representan los nuevos cuellos de botella, con proyectos monumentales en marcha como el gasoducto de 3.000 millones de dólares y el desarrollo petrolero "Los Toldos II", que demandará 2.400 millones de dólares iniciales en 24 meses para producir 70.000 barriles diarios.

Ferreiro advirtió con contundencia que el núcleo temático del sector hoy pasa por el financiamiento externo: "La velocidad del crecimiento va a ser el acceso al capital, porque ahora vienen niveles masivos de inversión".

Actualmente -reseñó- Vaca Muerta absorbe entre 9.000 y 10.000 millones de dólares anuales. No obstante, para alcanzar la meta proyectada hacia 2030-2031 -de 1,5 millones de barriles diarios, plantas de gas licuado y obras complementarias- se requerirá un salto exponencial a entre 22.000 y 25.000 millones de dólares de inversión anual.

Generar credibilidad y asegurar el acceso al mercado energético global serán los factores determinantes para acelerar o frenar este motor, según el directivo del grupo Techint.

Fernando Cozzi expuso las tensiones de un sector agroindustrial históricamente castigado por la sobrecarga impositiva o "sobre sobre taxation". Si bien valoró el reconocimiento gubernamental del rol dinamizador del agro, remarcó que cualquier reforma impositiva debe ser duradera para incentivar la inversión genuina.

El ejecutivo subrayó el núcleo de la problemática inversora:

"La baja en los impuestos de exportación tiene que ser sostenible... porque justamente uno de los problemas que creo que tenemos históricamente... es la discrecionalidad en el cambio de las reglas de juego".

Cozzi ilustró cómo el Estado históricamente aumentaba la presión fiscal en momentos de necesidad bajo la lógica de "no me alcanza, quiero más, subo los impuestos de exportación", una práctica que destruyó la confianza empresarial.

Esta falta de previsibilidad fiscal ha cobrado un precio altísimo al compararse con la región: en 2010, Argentina tuvo una cosecha de soja de magnitud similar a la registrada este año, mientras que la de Brasil se ubicaba en torno a las 65 millones de toneladas.

Desde entonces, mientras Brasil logró triplicar su producción, la cosecha argentina permaneció estancada en la misma meseta debido a las reglas de juego inestables.

Para destrabar inversiones que generen valor, “la estabilidad fiscal es de vida o muerte”. Cozzi ejemplificó que una planta modelo construida bajo expectativas de crecimiento y baja de impuestos -la más grande del mundo, en Timbúes- sufrió un intento de estatización cuatro años más tarde.

Frente a este escenario, detalló que actualmente existen anuncios para dos grandes plantas de competidores y que Cargill planifica inversiones logísticas de más de 1.000 millones de dólares. Estas apuestas están sostenidas enteramente sobre la expectativa de que se reduzcan las retenciones y se recupere la rentabilidad de la cadena; de lo contrario, advirtió, "va a ser un desastre".

Ignacio Celorrio aportó una perspectiva histórica sobre la minería metalífera, una industria que estructuralmente nació en los años 90 amparada por la Ley de Inversiones Mineras. Antes de esa década, la mayor producción minera del país se limitaba a canteras no metalíferas en la provincia de Buenos Aires.

Advirtió sobre la ilusión de poseer reservas bajo el suelo si no existen condiciones para extraerlas: "Tener recursos no desarrollados es lo mismo que tener un jardín. No cambia nada, no mueve nada".

La historia de la minería local demuestra los costos de la inestabilidad regulatoria. Tras un inicio prometedor con proyectos como Alumbrera en Catamarca o Cerro Vanguardia en Santa Cruz, y a pesar de ciertos resguardos cambiarios post-crisis de 2002, Argentina comenzó a quebrar sistemáticamente las reglas a partir de 2004, justo en el umbral del superciclo de commodities que culminó en 2014.

Como consecuencia, el país se perdió ese superciclo entero, capturando menos del 5% de la inversión potencial que podría haber recibido. En 2014, el sistema se terminó de destruir al eliminarse los beneficios de financiamiento de proyectos (project finance) y aplicarse retenciones a emprendimientos ya estabilizados.

El ejemplo de Veladero ilustra este potencial herido: un proyecto de oro que inició con la onza a 450 dólares y hoy ve cotizaciones de 4.000 dólares, pero que sufrió fuertemente la falta de exploración posterior por la pérdida de confianza de los inversores extranjeros.

El litio, que ingresó de forma fortuita en este complejo panorama hacia 2014, experimentó su propio ciclo de exuberancia y posterior realismo. El precio por tonelada, históricamente en 5.000 dólares, se disparó por la electromovilidad a niveles de entre 60.000 y 80.000 dólares, para luego desplomarse drásticamente a 8.000 dólares en menos de un año.

No obstante -aclaró el directivo empresario- gracias a inversiones de Capex previamente ejecutadas, Argentina logró expandir su capacidad productiva de 35.000 toneladas a unas 170.000 toneladas anuales, proyectando alcanzar una producción real de 100.000 toneladas este año.

Con precios consolidados en una banda de estabilidad de entre 15.000 y 25.000 dólares, empresas como Lithium ya planifican expansiones aprobadas por 45.000 toneladas adicionales sobre su base instalada actual de 40.000 toneladas, consolidando al país como un jugador competitivo frente a gigantes globales como Australia, Canadá y África.