Las exportaciones de productos con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 15.944,9 millones durante los primeros nueve meses del año, U$S 4.008,8 millones más que en el mismo período del año anterior. Este incremento del 33,6% se debió a un aumento del 26,5% en los volúmenes exportados, medidos en toneladas más de 7 millones que en el mismo período del año anterior, y del 5,6% en los precios.

De acuerdo con los datos informados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) el monto de las exportaciones de Productos primarios en el período analizado fue de U$S 1.910,6 millones, 3,9% más que en el mismo período de 2025 ; mientras que las ventas externas de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 12.696,2 millones, y registraron una suba de 42,7% en relación al mismo período del año anterior.

Por su parte se registraron exportaciones de Manufacturas de origen industrial por un monto de U$S 1.195,8 millones, 9,8% más que en igual período del año 2025 mientras que el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S 142,3 millones, reflejando una variación interanual positiva de 32,6%.

Dos productos sumados explican más del 69% de las ventas argentinas al exterior: Grasas y aceites vendió al exterior por U$S 5.480,8 millones y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia los hizo por U$S 5.262,4 millones. Después siguieron los rubros Carnes con U$S 1.131,5 millones; Cereales por U$S 1.325,4 millones; Productos químicos y conexos U$S 559,4 millones; Semillas y frutos oleaginosos U$S 500,6 millones; Metales comunes y sus manufacturas U$S 467,4 millones; Material de transporte terrestre U$S 190,4; Carburantes 170,3 y Productos lácteos U$S 86,8 millones.

Una vez más, la Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue el principal producto exportado en la provincia e India el principal destino (U$S 2.905,1 millones), seguido de Brasil (U$S 960 millones), China (U$S 920,3 millones), Vietnam (U$S 847 millones), Indonesia (U$S 615,3 millones), Perú, Chile, Turquía, Países Bajos, y Ecuador.

Los envíos a India estuvieron compuestos principalmente de aceite de soja, cueros y pieles curtidos de bovino, lecitinas y otros fosfoaminolípidos (Productos químicos y conexos), mientras que las principales exportaciones a Brasil fueron de mozzarella, vehículos para transporte de personas y trigo y a China de carne bovina congelada, porotos de soja y sorgo.

Sin aludir a la recesión de la economía argentina en un contexto de exportaciones récord, mejores términos de intercambio del último siglo y apoyo inédito de los organismos financieros y EEUU, el ministro de Economía Luis Caputo enumeró todas las medidas económicas que tomó la gestión del gobierno nacional desde que asumió para “reorganizar la economía argentina” que pasó de ser “regulada con bolsones de corrupción a otra de competitividad”, destacó con énfasis en varios momentos de su discurso que no van a poner “plata en la calle”, que el problema más importante que tiene hoy la economía argentina es el costo del financiamiento porque los bancos están condicionados por la “incertidumbre política”.

También anunció una serie de medidas de alivio para las pymes endeudadas, “para que puedan ordenar sus cuentas” como la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027; la extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA que ahora incluirá las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio) y que las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. También para la industria automotriz a través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de 3 a 5 años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros. “No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó Caputo.

El ministro anunció, por otro lado, que el Gobierno les propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y, a cambio, el Estado nacional les abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación.

“Tenemos que recordar de donde venimos y adonde no queremos volver” arrancó el ministro Caputo su exposición en la 32° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, donde, con filminas y gráficos, explicó la situación en la que recibieron el país -déficit fiscal, aumento de la deuda, inflación, exceso de regulaciones economía cerrada al comercio internacional y ausencia de crédito – y las medidas tomadas entre las que incluyó la estabilidad macro, una baja del costo argentino sin devaluación y el RIGI.

“El problema más importante que teníamos era el descrédito del país por no cumplir con los contratos, lo que hicieron tanto ministros de Economía de izquierda como de derecha”, dijo el ministro donde amagó con nombrar a uno de derecha que fue el peor de todos, pero siguió asegurando que el país lleva 4 años de equilibrio fiscal financiero y anunció el fin de la restricción externa, una situación que tiene más de 80 años, que ha sido el problema más importante de la economía argentina y que, según Caputo, los dólares de la energía y la minería han terminado, aún en un contexto donde los argentinos ya compraron en lo que va del año más de U$S 23 mil millones para atesorar.

“Hoy el país tiene estabilidad y previsibilidad, redujimos impuestos por el equivalente a un 3% del PBI desde 2024, derogamos 2.937 normas y 18.001 artículos y el Riesgo país disminuyó de 2.540 puntos a 655 en octubre (en dos días de noviembre ya superó los 800 puntos)”, al tiempo que admitió que el problema principal de la pymes es el costo del financiamiento por temor al regreso del pasado traducida en “incertidumbre política”, dijo sin hacer ninguna referencia ni alusión a la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, el crecimiento de la pobreza y el aumento de la desocupación. “Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Entre las medidas para mejorar la competitividad de las empresas, además de las enumeradas en los párrafos anteriores, incluyó el programa de concesiones viales - que ya entregó 9 mil kilómetros y pronto entregará el resto - porque anunció que en dos años mostrará significativas mejoras, al tiempo que anunció que quienes construyan nuevos tramos de rutas estarán exentos de pagar impuestos, como una manera de promover la inversión en infraestructura.

Una de los gráficos que utilizó el ministro de Economía llama la atención porque quien lo confeccionó o no sabía que Caputo también había sido ministro y presidente del Banco Central entre 2015 y 2019 o porque apostaron a la desmemoria colectiva ya que enumeraba 13 variables económicas y las comparaba en las últimas cuatro gestiones con resultados previsibles: la gestión de Milei era mejor en todos los índices que en todas que las anteriores, incluso en la que él había sido ministro y se tuvo que ir a pedido de la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Caputo hablando mal de Caputo ante tibios aplausos que aparecieron al final, cuando anunció las medidas de alivio.

Con el sector de la maquinaria agrícola en caída libre, lleva diez meses consecutivos de retracciones de dos dígitos, y el persistente deterioro del consumo privado producto de la caída del poder adquisitivo de los salarios, la producción manufacturera santafesina tuvo en agosto su quinta caída interanual consecutiva, de acuerdo con el informe difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

“La actividad fabril continúa siendo afectada por el menor el consumo privado (-2,4% en el segundo trimestre), el extendido comercio desleal, las menores inversiones, la persistencia de elevadas importaciones asociadas al consumo final, el estancamiento en niveles bajos desde 2024 del sector de la construcción y el deterioro de los precios relativos y la competitividad por presión de costos” resume la entidad que expresa una vez más su preocupación “por los nuevos cierres de plantas y la pérdida de puestos de trabajo”.

Los datos difundidos por la gremial empresaria revelan que en agosto la producción industrial santafesina cayó el 1 ,9% en agosto y acumula una retracción del 3,3 % en los primeros 8 meses del año, ubicándose un 0,3% por encima del registro de agosto de 2023, pero un 9,9% por debajo respecto de agosto de 2022. Al igual que en el mes de julio, dos terceras partes del total de ramas industriales registró una disminución interanual de su nivel de producción.

En el caso de la maquinaria agrícola, la producción en las 533 empresas de maquinaria agrícola radicadas en la provincia de Santa Fe – representan el 44% del total nacional y trabajan unas 12.000 personas -cayó en agosto de 2026 el 37% en términos internauales -en julio la caída había sido del 46,5%, en junio del 28% y en mayo del 29,6%. El único peor sector es el de prendas de vestir que se retrajo los últimos 12 meses.

En agosto, las ramas de actividad que crecieron respecto de julio fueron Productos lácteos (+10,2%), Molienda de oleaginosas (+9,8%), Edición e impresión (+4,0%), Papel y productos papel (+2,7%) y Fiambres y embutidos (+1,5%); en tanto tuvieron caídas Maquinaria de uso general (-2,4%), Molienda de cereales (-2,8%), Manufacturas de plástico (-2,8%), Autopartes (-4,8%), Muebles y colchones (-5,3%), Industria siderúrgica (-7,8%), Carne vacuna (-7,9%), Productos metálicos para uso estructural (-9,0%), Maquinaria de uso especial (-9,7%), Carrocerías-remolques (-9,9%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-11,6%), Prendas de vestir (-12,3%) y Maquinaria agropecuaria (-37,9%).

La caída de la actividad manufacturera santafesina se refleja en la caída del empleo registrado del sector que perdió desde comienzos de año unos 6.000 trabajadores y en el menor consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe que mostró en agosto de 2026 una baja de de 5,6% interanual y acumula una caída del 0,9% en relación al mismo periodo del año pasado, siendo además un 18,4% inferior al registro de 2023.

La actividad metalúrgica tuvo en el mes de septiembre un leve repunte del 2,5% respecto de agosto de 2026 pero sigue sin poder revertir caídas interanuales que la ponen al borde una crisis histórica ya que respecto de setiembre de 2025 el retroceso fue de 3,3% y acumula los primeros 9 meses del año una baja del 5,3%, de acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El repunte mensual no compensa la caída histórica del sector. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,2%, 4,3 puntos porcentuales por debajo del mismo período del año anterior y en su nivel más bajo para un septiembre desde el inicio de la serie, en 2016. El contexto se vio reflejado en los niveles de empleo que cayeron el 1,9% en términos interanuales y las empresas no esperan cambios para los próximos tres meses.

La producción metalúrgica cayó en todas las cadenas de destino, registrándose los mayores retrocesos en las de Consumo final (-6,2%) y Alimentos y bebidas (-5,2%). Sus proveedores atribuyeron estos resultados al bajo nivel de compras de los hogares y a la menor demanda de equipos para ampliar o renovar instalaciones industriales. También se contrajeron Construcción (-4,5%), Automotriz (-3,9%) y Agroindustria (-3,1%).

La contracción también alcanzó a los proveedores de Petróleo y gas (-3,3%) y Energía eléctrica (-3,0%), mientras que Minería registró la menor caída (-1,9%). En petróleo y gas, las empresas volvieron a señalar la falta de contratos y proyectos, junto con la compra de equipos y componentes en el exterior.

El panorama sectorial sigue siendo contractivo. Fundición y Carrocerías y remolques registraron las mayores caídas interanuales de septiembre, con retrocesos del 8,8% y el 7,6%, respectivamente. Las empresas de ambos rubros atribuyeron estos resultados a la menor demanda, las dificultades de financiamiento y la competencia importada.

Por su parte Bienes de capital cayó un 4,4% interanual y acumuló una baja promedio del 7,3% en los últimos seis meses. Sus fabricantes señalaron escasez de pedidos y contratos, en algunos casos por inversiones postergadas por sus clientes. También registraron retrocesos interanuales Equipamiento Médico (-3,3%), Maquinaria agrícola (-2,5%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,3%), Autopartes (1,9%) y Otros Productos de Metal (-1,3%).

La contracción alcanzó a las cinco principales provincias metalúrgicas. Entre Ríos registró la mayor caída interanual promedio (-5,5%), asociada a una menor actividad y ventas. Le siguieron Córdoba (-4,6%), donde los pedidos externos impulsaron a algunas firmas de maquinaria agrícola y autopartes, mientras otras retrocedieron; Buenos Aires (-3,7%), afectada por la falta de proyectos y contratos, la demanda insuficiente y la competencia importada; Santa Fe (-2,3%), con dificultades en bienes de capital y proveedores agroindustriales, pese a mejoras puntuales en maquinaria agrícola, autopartes y servicios industriales; y Mendoza (-1,1%), con resultados dispares en bienes de capital y otros productos de metal.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”.

En ese sentido, agregó: “Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo. Tenemos empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas de valor. El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país”.

La economía santafesina consolidó una tendencia de crecimiento en su comercio exterior durante el presente año. Según el informe oficial difundido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), las exportaciones de bienes con origen en la provincia alcanzaron un valor total de 13.746 millones de dólares entre enero y agosto de 2026. Esta cifra representa un incremento interanual del 33,8%, consolidando a la región como uno de los motores productivos más dinámicos del país en términos de ventas internacionales.

El análisis técnico del organismo provincial detalla que este salto positivo en la facturación se explica por dos factores fundamentales. En primer lugar, se registró un aumento del 27% en los volúmenes físicos exportados, lo que equivale a 5,6 millones de toneladas adicionales enviadas a los mercados globales. En segundo lugar, los precios internacionales de los productos santafesinos experimentaron una mejora del 5,3%. En términos monetarios, este desempeño significó el ingreso de 3.469,1 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo período del año anterior.

Al desglosar los resultados por grandes rubros, se observa que las manufacturas de origen agropecuario lideran ampliamente la estructura exportadora, totalizando 10.980,3 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 42,9%. Por su parte, los productos primarios alcanzaron los 1.648,3 millones de dólares, con una suba del 5,4%. Las manufacturas de origen industrial aportaron 1.002,8 millones de dólares, marcando un alza del 6,5%, mientras que el sector de combustibles y energía registró 114,6 millones de dólares, con una variación positiva del 28,2%.

La concentración de la oferta exportable santafesina sigue centrada en el complejo oleaginoso. Dos categorías de productos representan el 67,5% del total de las ventas externas: las grasas y aceites, que sumaron 4.757,2 millones de dólares, y los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, que alcanzaron los 4.509,9 millones de dólares. El producto estrella de la provincia continúa siendo la harina y los pellets derivados de la extracción del aceite de soja, un insumo clave que mantiene una demanda sostenida en los mercados internacionales más exigentes.

El listado de productos exportados se completa con los cereales, que sumaron 1.181,5 millones de dólares, seguidos por las carnes con 990,1 millones, los productos químicos con 453,8 millones y los lácteos con 401,9 millones de dólares. Otros rubros destacados incluyen las semillas y frutos oleaginosos, las máquinas y aparatos eléctricos, y los productos de molinería. En cuanto a la geografía del comercio, la provincia logró diversificar sus destinos, siendo India, Brasil y Vietnam los principales compradores, seguidos por China, Indonesia, Perú, Turquía, Chile, Ecuador y Países Bajos.

A julio de 2026, la industria argentina registró el cuarto peor desempeño entre 84 países; solo Palestina, Qatar y Bulgaria obtuvieron resultados inferiores, según la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y está 11,2% por debajo de 2023; mientras que en el mismo período de tiempo la media de los 84 países creció 5,9%: Brasil +2,7%, EE.UU. +2,1%, China +19,7%.

La particularidad del caso argentino es que la actividad industrial cayó sin guerras, bloqueos ni sanciones. El retroceso responde a una decisión política: otorgar ventajas excepcionales a unos pocos sectores primarios, como la energía y la minería, mientras se desprotege al resto en un contexto de apertura importadora y dólar barato.

Los países a los que peor les fue son Palestina ya que la industria de Gaza está paralizada desde octubre de 2023; Qatar porque Irán bombardeó sus complejos industriales en marzo y sus exportaciones de gas cayeron 96%; y Bulgaria como consecuencia de la crisis automotriz europea y sanciones a la dueña de su única refinería.

De acuerdo con el último relevamiento del Indec, la industria manufacturera argentina cayó 4,9% interanual, donde 12 de las 16 divisiones industriales registraron bajas frente a un año atrás, mientras que el uso de la capacidad instalada utilizada se retrajo hasta el 58,2%, casi un punto menos que en junio.

La situación tampoco habría mejorado en agosto: según el relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la actividad industrial cayó un 0,3% respecto de julio y un 5,7% interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja del 3% frente al mismo período de 2025 y quedó un 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Entre las ramas más afectadas por la política del Gobierno nacional se encuentra la industria textil, de indumentaria, cuero y calzado. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en junio el sector perdió 16.536 empleos formales respecto del mismo mes de 2025, equivalentes al 31% de la destrucción total del empleo industrial. En ese período también cerraron 517 empresas, un promedio de 43 por mes.

La actividad metalúrgica también resultó afectada: en agosto registró una caída interanual del 6,1% y del 3,9% respecto de julio, y acumuló una contracción del 5,6% en los primeros ocho meses del año. El deterioro alcanzó al empleo y a las expectativas empresariales: la ocupación cayó un 2,5% interanual y un 0,3% mensual. Además, el 68,1% de las empresas no prevé aumentar la producción: el 46,8% espera mantenerla sin cambios y el 21,3% anticipa nuevas caídas. En este contexto, el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones financieras.

Según el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 39,6%, 5,2 puntos porcentuales menos que un año antes y en niveles comparables con los peores meses de la pandemia.

La distribución de los recursos entre el Estado nacional y las provincias es, probablemente, uno de los temas más determinantes de la historia argentina: atraviesa la vida del país desde antes de su conformación como Nación y ha incidido decisivamente en casi todos los conflictos de los tiempos de la organización nacional.

De manera recurrente surgen propuestas que, ante la aparente imposibilidad de sancionar una nueva ley de coparticipación —como dispone la Constitución nacional reformada en 1994—, buscan al menos crear mecanismos para compensar a las provincias agroproductoras que pagan retenciones.

La propuesta fue impulsada inicialmente por Carlos Reutemann cuando era senador nacional, como alternativa a la política de retenciones del Gobierno nacional, entonces enfrentado con el sector agroexportador. Aunque se opuso a la iniciativa del santafesino, el Gobierno fue el único que creó un mecanismo de compensación mediante el Fondo Soja. Reutemann sostenía, con cierta lógica, que la producción agropecuaria desgastaba el suelo.

"La reforma constitucional de 1994 modificó el mapa fiscal al reconocer a las provincias la propiedad de sus recursos naturales. Esto favoreció especialmente a jurisdicciones como Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz, cuyo esfuerzo fiscal no es comparable con el de Santa Fe. A junio, por ejemplo, Neuquén había percibido 903 millones en regalías petroleras, mientras Santa Fe recaudó 1.400 millones de pesos por Ingresos Brutos, un impuesto que exige un esfuerzo tanto del fisco como de los contribuyentes. Así, mientras la Región Centro y Buenos Aires dependen de tributos como Ingresos Brutos e Inmobiliario, otras provincias reciben ingresos extraordinarios por Vaca Muerta y yacimientos similares de gas y minería. Será necesario revisar este desequilibrio para avanzar hacia un esquema más equitativo; de lo contrario, las provincias del sur concentrarán un mayor desarrollo", afirma Jorge Simón, economista y ex secretario de Finanzas de la provincia.

La idea es sencilla. Así como tienen las provincias mineras, petroleras, tienen riquezas en el subsuelo, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, tienen la riqueza en el suelo y no pueden cobrar regalías porque no se las pueden cobrar a sus productores agropecuarios y a la producción que se exporta no pueden cobrarle impuestos provinciales. ¿De dónde saldrían los fondos para pagar estas compensaciones? Del diferencial que Nación recaudaría de Ganancias a partir de la baja o eliminación de las retenciones que irían a constituir un fondo específico por afuera de la masa coparticipable y que se distribuiría entre las provincias productoras.

Consultado para esta nota, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, reiteró la postura de la actual gestión: "Es público que nosotros pedimos que se saquen las retenciones al agro no solo porque las cobra el Estado Nacional sino porque entendemos que no se le debe quitar al productor, es decir que son recursos que deben quedar en la actividad económica y no captarlo el Estado".

"La idea de regalías por el uso del suelo en el fondo es una discusión por quien le saca al productor ese recurso y nosotros creemos que no hay que sacarle al productor recursos. La disyuntiva retención vs regalías parte del supuesto de que alguien le saca eso al productor y la discusión es por quien se la saca. Si el Estado Nacional o las Provincias. A las regalías alguien las paga. Y es el mismo productor o el dueño de la tierra quien se la traslada al productor si quien produce no es el dueño. El mejor destino es en el giro de la actividad de la producción", expresó el ministro.

Las instituciones vinculadas con el campo y la agroindustria sostienen que eliminar las retenciones aumentaría la recaudación. Según un informe de la Bolsa de Comercio, la Nación compensaría la pérdida de ingresos por Derechos de Exportación por dos vías: la mayor rentabilidad de los productores ampliaría la base imponible de los impuestos a las Ganancias y a los Débitos y Créditos; y el crecimiento de la producción y la inversión tendría un efecto multiplicador sobre la economía. El estudio estima que, desde el cuarto año, la eliminación de las retenciones generaría para el Estado nacional un resultado neto positivo de US$ 296 millones frente al escenario en que se mantuvieran sin cambios.

¿Es viable el proyecto? Para Jorge Simón, sí, aunque no en un período electoral. Recuerda que, antes de 2000, la Nación no compensaba el déficit de las cajas jubilatorias provinciales. Entonces, Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota reclamaron que las provincias que no habían transferido sus cajas recibieran una compensación, ya que también financiaban mediante impuestos el sistema nacional.

Ese reclamo quedó plasmado en los acuerdos federales. Para Simón, el antecedente demuestra que una compensación es posible, aunque debería plantearse fuera del calendario electoral, quizá en 2028. Advierte que, de no hacerlo, el mapa fiscal será cada vez más desigual: algunas provincias contarán con ingresos comparables a los generados por Vaca Muerta o economías petroleras, mientras otras quedarán rezagadas en un contexto que beneficia principalmente al agro, la energía y la minería.

La producción industrial nacional retrocedió en agosto el 5,7% respecto al mismo mes del año pasado y 0,3% en la comparación intermensual, acumulando los primeros 8 meses del año una caída del 3%, de acuerdo con las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), que indicó además que la actividad manufacturera está 11 puntos por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Conocidos los primeros datos de actividad del mes de agosto, el comportamiento de la actividad manufacturera indica que de los últimos 14 meses, la industria nacional solo creció en febrero y mayo de 2026 mientras que en el resto de los meses, desde junio de 2025, tuvo retrocesos importantes, sobretodo en los dos últimos donde las caídas fueron del 4,9% y del 5,7%.

El segmento que lidera las caídas del mes de agosto respecto de julio es el de los vinculados a alimentos y bebidas que, en algunos casos como el de bebidas fue del 8,5%, seguido de faena vacuna 1,9%, porcina 0,4% y producción láctea 0,2%. La caída hubiera sido aún más importante sino hubiera sido amortiguada por el buen desempeño del rubro molienda de oleaginosas que continúa con un buen desempeño productivo y creció 9%.

Con estos datos, dice el informe del CEU-UIA , el sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto a 2025, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (molienda, producción láctea y faena porcina), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).

Otro de los sectores que tuvo importantes caídas intermensuales fue el vinculado a la construcción que en el caso de los despachos de cemento cayó 5% mientras que el Índice Construya (mide la venta de insumos para la construcción) cayó el 3%. En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -4% y -1,3% respectivamente frente a 2025, y se encuentran 26% y 31% por debajo de los niveles de 2022.

El sector de metales básicos mostró un comportamiento dispar, con caída en la producción de acero (-7%), mientras que aluminio primario se mantuvo estable (0,4%). En el acumulado del año ambos sectores mantienen un desempeño positivo respecto de 2025, mientras que la producción de acero no logra recuperar los niveles de 2022 (-12%). En tanto, la industria metalmecánica cayó -4% respecto de julio y en lo que va del año se encuentra 6% por debajo de 2025 , y 18% por debajo de 2022.

También mostró un comportamiento dispar la producción de autos que mostró en agosto una mejora mensual de 6% respecto de julio luego de dos meses consecutivos de caída. En el acumulado del año registra una caída de 17% frente a 2025 y 19% por debajo de los niveles de 2022.

Finalmente, dice el informe, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales se mantuvo estable respecto de julio ya que apenas mostró una retracción del 0,3% y acumula en los primeros 8 meses del año un crecimiento de 5% respecto al bajo nivel registrado en 2025; mientras que las exportaciones hacia Brasil registraron una caída mensual de 3%, aunque en el acumulado de los primeros ocho meses del año se mantienen 4,2% por encima de 2025 y 2% por encima de los niveles de 2022.

El Índice de Confianza en el Gobierno Nacional que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella sufrió en setiembre una baja de 5,9% respecto del mes de agosto y se ubicó en una escala de 1 a 5 en 1,94 puntos, el índice más bajo junto con el del mes de julio de todo 2026, que tuvo el mismo índice, y setiembre de 2025.

El índice, que es tomado por los agentes como uno de los indicadores claves en la relación entre el presidente y los argentinos, analiza cinco áreas clave sobre la opinión pública del gobierno nacional: la evaluación general del gobierno, la preocupación por el bien general o sectorial, la eficiencia en el gasto público, la honestidad de sus miembros y la capacidad para resolver problemas.

Aún con la caída del mes de setiembre, el nivel de confianza en el presidente Javier Milei sigue siendo para el mes 33 de gestión 10,7% mayor que el de la presidencia de Mauricio Macri, y 57,4% mayor que el de la de Alberto Fernández. Solo es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión.

“Desde el fin del año pasado -indica el reporte de la Universidad Di Tella- el Índice de Confianza en el Gobierno disminuyó 21,4%. Este descenso se concentró en los primeros cinco meses del año. Desde entonces el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2,0, con ascensos y caídas de magnitud modesta”.

En septiembre, los cinco componentes del ICG registraron descensos: Honestidad se ubicó en 2,45 puntos (-2,9%), Capacidad para resolver problemas en 2,20 puntos (- 4,0%), Eficiencia en 1,94 puntos (-3,5%) y la Evaluación general del gobierno en 1,60 puntos (-9,3%). Preocupación por el interés general presentó el mayor declive entre los componentes (-12,3%), cayendo a 1,50 puntos.

El promedio del Índice de Confianza de Gobierno durante la gestión Milei desciende a 2,34 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.

Entre febrero y agosto de 2026 se registraron en la provincia de Santa Fe 1.755 quiebras y 234 acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) y concursos preventivos. Estas cifras representan aumentos interanuales del 74,3% y del 169%, respectivamente, frente a las 1.007 quiebras y los 87 APE y concursos del mismo período de 2025. Los datos surgen de un relevamiento estadístico del Poder Judicial obtenidos por El Litoral, elaborado con información de los juzgados civiles y comerciales de las cinco circunscripciones.

El fuerte aumento de las quiebras, los acuerdos y los concursos es otra consecuencia de políticas económicas que contrajeron la actividad. Entre los factores señalados se encuentran la caída del consumo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el alza de las tarifas de los servicios públicos, la falta de inversión y financiamiento productivo, y la apertura de importaciones, que deja desprotegidos y en desigualdad de condiciones a los empresarios locales frente a potencias industriales que subsidian los precios.

El dato más llamativo del informe es la elevada proporción de quiebras en la Primera Circunscripción, con cabecera en la ciudad de Santa Fe: 1.403 de las 1.755 registradas en toda la provincia, casi el 80% del total. De esos 1.403 casos, 1.305 se decretaron en los tribunales de la capital provincial, 20 en Esperanza, 40 en San Javier, 5 en San Jorge y 33 en San Justo.

Según las fuentes consultadas, la desproporcionada cantidad de quiebras en esta circunscripción se explica porque muchos deudores morosos, imposibilitados de afrontar obligaciones contraídas mediante códigos de descuento o préstamos personales y sin acceso a nuevas fuentes de financiamiento, solicitan su propia quiebra para reorganizar su situación.

En la circunscripción con cabecera en Rosario se registraron 195 quiebras y 82 concursos y acuerdos preventivos. La distribución fue la siguiente: en la ciudad de Rosario, 176 quiebras y 73 concursos y acuerdos; en Cañada de Gómez, 1 quiebra; en Casilda, 2 acuerdos preventivos; en San Lorenzo, 18 quiebras y 6 acuerdos; y en Villa Constitución, 1 acuerdo.

En tercer lugar, se ubicó la circunscripción con sede en Reconquista, donde se registraron 119 quiebras y 38 concursos y acuerdos extrajudiciales. La mayoría de los casos correspondió a los tribunales de la ciudad de Reconquista, con 85 quiebras y 37 acuerdos y concursos. En Villa Ocampo hubo 32 quiebras y 1 concurso, mientras que en Vera se contabilizaron 2 concursos y acuerdos.

Por último, en la circunscripción de Venado Tuerto se registraron 21 quiebras y 14 acuerdos y concursos: 13 y 4, respectivamente, en la ciudad de Venado Tuerto; 1 y 4 en Firmat; 5 y 5 en Melincué; y 2 y 1 en Rufino. En la de Rafaela hubo 17 quiebras y 5 concursos y acuerdos preventivos extrajudiciales: 14 y 3 en Rafaela, 3 y 1 en Tostado, y 1 acuerdo en Ceres.

La caída de los ingresos dejó de ser un problema coyuntural derivado de las medidas de ajuste aplicadas para estabilizar la economía. Lejos de dar paso al crecimiento y a una recuperación del poder adquisitivo, se convirtió en un problema estructural que generó un desequilibrio macroeconómico al que el Gobierno insiste en restar importancia como es el sobreendeudamiento de las familias argentinas.

Así, el 76% de las personas endeudadas recurrió al crédito para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios. Cerca de la mitad de los argentinos se queda sin recursos antes del día 15 y uno de cada cuatro, antes del día 10. Además, el 60,2% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses; el 37,6% califica su situación económica como mala o muy mala, y el 59,4% evalúa de la misma manera la economía del país.

Estas son algunas de las conclusiones del relevamiento que Zentrix Consultora realizó en agosto y publica mensualmente en su Monitor de Opinión Pública (MOP). El estudio también muestra que la mayoría de los argentinos está lejos de percibir la estabilización de precios que sostiene el Gobierno: el 65,8% afirma que la inflación informada por el Indec no refleja adecuadamente los aumentos que enfrenta en su vida cotidiana, y el 81,2% señala que sus salarios no le ganan a la inflación.

Según el relevamiento de Zentrix, el 65% de los argentinos se queda sin plata antes del día 20; el 44,4%, antes del día 15, y el 12,2% ni siquiera llega al día 5. La brecha social es marcada: en la clase baja, el 87,6% se queda sin ingresos antes del día 20, frente a solo el 7,3% en la clase alta. La diferencia por edad es menor, aunque también significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no llega al día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60.

La medición de Zentrix revela un cambio relevante en el orden de las principales preocupaciones. Por primera vez en varios meses, la corrupción deja de ocupar el primer lugar (pasa al cuarto) y es desplazada por los ingresos y salarios (50,1%), la incertidumbre económica (49,8%) y el desempleo (40,9%). En cambio, la inflación queda última entre las diez opciones relevadas (12,7%). Este panorama también se refleja en las expectativas para los próximos doce meses, dominadas por la incertidumbre y la angustia.

Los datos de la consultora se reflejan también en el aumento de la morosidad, uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad argentina. Este fenómeno responde a la caída de los ingresos desde diciembre de 2023 y al encarecimiento de los servicios públicos, cuyos aumentos superaron ampliamente los índices de inflación difundidos por el Gobierno, que gran parte de la población considera alejados de su experiencia cotidiana.

Según un informe de Patria Grande, el 26,9% de las personas endeudadas está en mora. Esto equivale a 5,6 millones de los 20,6 millones de deudores, quienes registran al menos una línea de crédito con pagos atrasados. A su vez, el 16,8% —unos 3,4 millones de personas— acumula demoras de un año o más y está clasificado como “irrecuperable”.

El informe de Patria Grande señala que, en julio de 2026, había 1,7 millones más de deudores morosos que un año antes. Las mayores dificultades de pago se concentran entre quienes adeudan montos menores: la mitad de las personas clasificadas como “irrecuperables” debe $77.900 o menos.

Desde noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei y hasta junio en 2026 se perdeiron 31.342 empresas – el 6,1% del total – convirtiéndose en la peor caída en los primeros 31 meses de un gobierno, que en el caso del actual se define como pro empresa y amigo de sus dueños a quienes les cumplió alguno de sus pedidos como la reforma laboral pero les negó otros como la baja de impuestos.

De acuerdo con el Monitor de Empresas que elabora mensualmente Fundar en base a los datos que proporciona la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en junio de este año (último dato disponible) cerraron 709 empresas, una reducción de 0,15% con respecto a mayo, sumando 17 meses consecutivos de caídas y 16.386 empresas en los últimos 12 meses, una baja de 3,3%, acumulando 28 caídas interanuales consecutivas.

En la provincia de Santa Fe los datos son al menos para preocuparse y se aceleraron en el primer mitad del año: desde la asunción de Milei se perdieron en la provincia 3.110 empresas, 1.414 en los últimos 12 meses, 818 en el primer semestre de 2023 y 111 en el último mes.

El análisis por rubros muestra que la mitad de los sectores relevados – 9 sobre 18 – mostraron una caída respecto de mayo de 2026 siendo los más afectados Alojamiento y gastronomía: -0,7% (168 empresas); Transporte y almacenamiento: -0,6% (182 empresas) e Industria manufacturera: -0,3% (138 empresas).

Tomados por períodos de tiempo más prolongados a la mayoría de los sectores les fue mal desde la asunción de Milei: 14 de los 18 sectores mostraron en junio una caída interanual y también 14 de los 18 sectores cayeron desde que asumió el actual gobierno en diciembre de 2023.

Por provincias, 17 de las 24 provincias mostraron en junio una caída intermensual, siendo las provincias más afectadas Santa Cruz: -2,2% (80 empresas), La Rioja: -1,0% (22 empresas) y Formosa: -1,0% (22 empresas). Casi todas las provincias (23 de 24) muestran una caída interanual y desde la asunción del actual gobierno. En el último mes, Misiones fue la provincia que más creció y desde la asunción del gobierno actual, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego fueron las provincias más afectadas.

La producción manufacturera de la provincia de Santa Fe cayó en junio un 1 % interanual y un 1,6 % frente a mayo, y acumuló en el primer semestre una retracción del 3,7 %. El retroceso se dio en un contexto de “persistencia de condiciones desventajosas” frente a la producción fabril extranjera, agravado por la caída de la demanda interna. En la comparación histórica, el índice de producción industrial de FISFE de junio de 2026 se ubicó un 5,3 % por debajo del nivel de junio de 2023 y un 15,2 % por debajo del de junio de 2022.

El informe de actividad industrial publicado por la Federación Industrial de Santa Fe advierte que, a factores como la falta de financiamiento, la presión impositiva, el deterioro de la infraestructura y la pérdida de precios relativos por un tipo de cambio retrasado, se suma el aumento de las tarifas de energía.

En cuanto al desempeño por ramas, en junio el 40 % de la industria registró caídas interanuales en su nivel de producción. El sector de maquinaria agrícola volvió a destacarse por su retroceso, con una baja del 28 % interanual y ocho meses consecutivos de descensos de dos dígitos. También disminuyeron su producción Prendas de vestir (-6,7 %), Industria siderúrgica (-2,5 %), Maquinaria de uso general (-1,9 %) y Carne vacuna (-1,5 %).

En contraste, registraron mejoras interanuales Molienda de cereales (+11,7 %), Muebles y colchones (+9,4 %), Fiambres y embutidos (+9,1 %), Edición e impresión (+6,6 %), Papel y productos de papel (+5,8 %), Maquinaria de uso especial (+5,4 %), Productos metálicos para uso estructural (+5,2 %), Autopartes (+4,4 %), Productos lácteos (+3,5 %), Manufacturas de plástico (+2,8 %), Carrocerías y remolques (+2,8 %), Molienda de oleaginosas (+1,3 %) y Productos de metal y servicios de trabajo de metales (+0,9 %).

El desempeño industrial de Santa Fe se da en un contexto de pérdida de empleos y cierre de empresas que se profundiza mes a mes. Según el informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde diciembre de 2023 la industria provincial perdió 9.686 puestos de trabajo (-7,0 %) y, hasta mayo de este año, cerraron 3.120 empresas, de las cuales 484 eran firmas industriales.

Más de la mitad de los empresarios industriales (52,9%) señaló la insuficiente demanda interna como la principal limitante para aumentar la producción. Este factor supera ampliamente a la competencia de productos importados (10,2%) y a la incertidumbre económica (7,4%), según la encuesta de Tendencia de Negocios que publica mensualmente el Indec.

El dato refleja la situación que atraviesa el sector y ayuda a explicar la caída de la inversión en la economía productiva nacional, pese a las condiciones favorables que la legislación impulsada por el Gobierno nacional, como el RIGI, ofrece a algunos sectores. En el primer trimestre de 2026, la inversión cayó por cuarto período consecutivo, con una baja interanual del 11%, y representó apenas el 14,3% del PBI, un “mínimo histórico” y “muy lejos del 25% necesario” para que la economía crezca, según datos de Fundar.

En la semana también se conoció un informe de la consultora Orlando Ferreres, que registró una caída de la inversión del 7,6% en el primer semestre. Aunque algunos sectores mostraron cierta reacción en junio, como la construcción, con una mejora interanual del 0,5%, persistieron fuertes retrocesos: 11,2% en maquinaria y equipos, 12,7% en bienes importados y 9,5% en equipos nacionales.

De todos modos, Ferreres advirtió en su informe que “no se ven aún señales claras que inviten a pensar en una recuperación” y que “el factor que puede cambiar esta lenta evolución es el de las inversiones anunciadas bajo el paraguas del RIGI, pero los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad”. Ese contexto económico también aparece reflejado en el relevamiento del Indec: la gran mayoría de los consultados cree que la situación seguirá igual, al menos hasta octubre.

Respecto de la situación de su empresa en julio, el 49,7% de los industriales la consideró por debajo de lo normal y el 47% normal. A su vez, el 57,3% afirmó que el nivel de exportaciones era normal, mientras que apenas el 5,6% lo ubicó por encima de lo normal. En cuanto a la situación empresarial actual, el 65,3% la calificó como normal y el 28,1% como mala; sobre la situación financiera, el 66,6% la consideró normal y el 23,6% mala. Además, el 62,6% dijo que el acceso al crédito era normal y el 31,4% lo calificó como difícil.

Para el trimestre julio-octubre, el 70,9% de los empresarios consultados prevé que su producción no tendrá cambios y el 16,1% estima que disminuirá. En cuanto a la demanda, el 61% espera que se mantenga y el 22% cree que caerá. También predomina la estabilidad en las horas trabajadas por el personal afectado a los procesos productivos (79%), mientras que solo el 5% anticipa un aumento. Además, el 78,8% prevé mantener la dotación de personal y el 17% planea reducirla.

El relevamiento del Indec coincide en gran medida con las conclusiones del “Informe de coyuntura pyme industrial” de la Fundación Observatorio Pyme, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Según ese informe, la producción cayó 11% interanual y el empleo, 4,5%. Además, la debilidad de la demanda aparece como la principal preocupación de las pymes industriales y alcanza al 81% de las empresas. En segundo lugar, y por primera vez, surge la tensión en la cadena de pagos: el 62% de las firmas sufrió una extensión en los plazos de cobro a sus clientes y el 24% se atrasó en sus propios vencimientos, una cifra que se duplicó en un año, especialmente en el pago de impuestos y proveedores.

El empleo registrado volvió a caer en mayo y acumuló 13 meses seguidos de retrocesos, una de las peores rachas de la historia argentina contemporánea, comparable solo con grandes crisis como la de los años 90 y el colapso del programa de Martínez de Hoz al final de la dictadura militar, entre 1981 y 1982.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo el empleo asalariado perdió 6.971 puestos. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada asciende a 337.365 empleos, con la industria y el comercio entre los sectores más afectados, con bajas del 4,5% y 3,1%, respectivamente.

Por sector, en mayo el empleo privado registrado cayó en 9.056 puestos. Esa baja fue parcialmente compensada por la incorporación de 736 trabajadores públicos, 1.356 en casas particulares y 2.676 monotributistas.

Desde noviembre de 2023, todos los sectores registran pérdidas: el privado formal redujo 241.176 puestos (-3,8%); el sector público, 79.865 (-2,3%); y casas particulares, 16.324 (-3,4%). En total, se perdieron 337.363 empleos (-3,3%).

Los datos son aún peores si se toma como fuente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación (SRT) que informó para el mismo período del año 411.613 puestos de trabajo registrados perdidos (-70.217 en mayo), lo que representa una destrucción equivalente al 4,2% del total de puestos de trabajo registrados (de 9.857.173 a 9.445.560).

Esta catástrofe laboral fue parcialmente amortiguada por la creación de 160.575 monotributistas, lo que profundiza la precarización y la pérdida de ingresos. Ese proceso coincide con uno de los objetivos del gobierno nacional, que impulsa una reforma laboral que, como ocurrió en los años 90, no genera empleo, sino que recorta derechos y deteriora las condiciones de trabajo.

Un informe de la consultora Audemus, dirigida por el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, advirtió esta semana que, por primera vez en la serie, menos de la mitad de los puestos de trabajo son asalariados formales: 48,1%, frente al 50% de 2023 y al 53,8% de 2016. El informe define este dato como “un punto de inflexión a atender”, porque marca una aceleración de la precarización laboral en el país.

La caída del empleo, como señaló en su cuenta de X Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, se ubica en niveles similares a los del período abril de 2018-enero de 2020, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se perdieron 293.460 puestos de trabajo.

Por provincias, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el empleo solo creció en Neuquén (7,6%), Río Negro (3,4%) y San Juan (0,4%). Las jurisdicciones más golpeadas por las políticas nacionales fueron Santa Cruz (-17%) y Tierra del Fuego (-16,8%), seguidas por provincias del norte como Formosa (-12%), Catamarca (-11,7%), Santiago del Estero (-11,3%), Chaco (-10,7%) y La Rioja (-10,7%).

En Santa Fe, desde noviembre de 2023 se perdieron unos 18.000 empleos registrados: de 523.700 se pasó a 505.700. La caída se aceleró en los primeros cinco meses de 2026, con 6.100 puestos menos, pese al anuncio del gobierno provincial sobre la creación de 8.694 empleos en el primer semestre como resultado de los incentivos fiscales aplicados este año.

Los industriales santafesinos expresaron su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusaron de dirigirse en forma despectiva a quienes manifiestan preocupación por la situación de la industria nacional. Además, advirtieron que descalificar esas voces no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas para recuperar el crecimiento. “La industria no necesita agravios, necesita políticas que promuevan el desarrollo y un diálogo serio entre el sector público y el sector privado”, señalaron.

Caputo habló de “los tarados que hablan de la industria” y sostuvo que omiten mencionar que, durante años, los argentinos pagaron precios muy superiores por productos como indumentaria, calzado, tecnología y automóviles. Lo hizo durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa.

“Parece que viniéramos de un boom de la industria entre 2011 y 2023, que tuviésemos la industria más competitiva del mundo y que crecía fenomenal. Era exactamente lo contrario… En esos años la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos, porque pagábamos las cosas dos, tres o diez veces más de lo que valían”, afirmó el ministro.

Desde Fisfe respondieron mediante un comunicado que “la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo”. También señalaron que las industrias argentinas enfrentan una realidad compleja, marcada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener el empleo.

Los industriales de la provincia sostuvieron que, como representantes del sector, tienen la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y proponer soluciones. Reafirmaron, además, que la industria es un pilar del desarrollo nacional porque genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por eso, afirmaron, merece ser escuchada con respeto, más allá de las diferencias existentes.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

En el comunicado, los industriales remarcaron que las diferencias de ideas, programas de gobierno o modelos económicos son propias de una democracia plural. Sin embargo, advirtieron que el agravio, la descalificación personal y el insulto no pueden convertirse en un método de construcción política ni en una forma de ejercer el gobierno. “Quienes ocupan las más altas responsabilidades institucionales tienen el deber de contribuir al fortalecimiento de una convivencia democrática basada en el respeto, la prudencia y la responsabilidad”, señalaron.

“La inversión, la producción, el empleo y el desarrollo requieren reglas claras, diálogo permanente y vínculos institucionales sólidos, tanto en el plano interno como en el internacional”, afirmaron. Las entidades empresarias, agregaron, tienen la responsabilidad de promover un clima de previsibilidad, confianza y respeto. “Desde Fisfe reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, la libertad de expresión, el diálogo democrático y el respeto como pilares indispensables para construir una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos”, concluyeron.

Javier Martín, presidente de la Fisfe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Es la segunda vez en los últimos diez días que los industriales santafesinos responden a declaraciones de autoridades nacionales: primero, del presidente, y ahora, del ministro de Economía. A fines de julio, habían manifestado su profunda preocupación por las “reiteradas descalificaciones personales y agravios” del presidente hacia dirigentes políticos, empresarios y mandatarios extranjeros, entre ellos el ex secretario de Industria y ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese contexto, las expresiones dirigidas a Lula —a quien llamó “ladrón”, “corrupto” y “basura socialista” durante un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, y luego ratificó en una entrevista televisiva— derivaron en uno de los incidentes diplomáticos más graves en décadas entre ambos países. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, expulsó al embajador argentino y redujo el nivel de las relaciones diplomáticas al de encargados de negocios.