La organización de la visita de León XIV a la Argentina, que se materializará entre el 8 y el 11 de noviembre, entró en fase definitoria. La Iglesia Católica ya conformó equipos específicos de trabajo y el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva misión técnica para ajustar el itinerario y los aspectos operativos.

La agenda se centrará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde se proyectan tres celebraciones multitudinarias que concentrarán la mayor parte de las actividades públicas del pontífice. Pero también están en consideración otras actividades, en un marco en que cada encuentro, cada palabra y cada fotografía tendrán inevitables lecturas políticas.

Entre las primeras definiciones logísticas figura la construcción de dos papamóviles, que serán utilizados durante la visita. Los vehículos serán fabricados y donados por Toyota bajo especificaciones técnicas establecidas por la Santa Sede.

Según detalla Infobae, serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.

El pontífice se movilizará en dos papamóviles abiertos. Archivo El Litoral.

La principal misa en Buenos Aires se proyecta en el Monumento de los Españoles, en Palermo. En tanto, las otras celebraciones centrales se realizarían en el santuario de Luján y en un predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La elección de estos espacios responde a criterios de capacidad, accesibilidad y seguridad para albergar a miles de fieles.

Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.

Una de ellas es un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.

Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad.

Esta agenda remite inevitablemente a cuestiones que atraviesan el debate nacional, como la reforma laboral y las políticas públicas en materia de discapacidad. Y todo esto en un contexto en que los obispos han sostenido posturas abiertamente críticas sobre la situación económica y social en general, y sobre algunas medidas en particular, como la fallida reforma a la Ley de Tierras.

Pero a pesar del carácter eminentemente pastoral que se busca otorgar a la visita, el factor político inevitablemente repercutirá en ella, no sólo en el discurso y el simbolismo de las actividades que conformen la agenda, sino en las propias cuestiones operativas.

Por caso, la llegada del jefe de Estado del Vaticano requerirá una articulación entre distintos niveles de gobierno, a cargo de signos políticos distintos y enfrentados. La organización involucra a la administración nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

La seguridad del pontífice quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional, mientras que las jurisdicciones locales tendrán participación en aspectos vinculados con la logística, la circulación, los servicios y la recepción de peregrinos en las actividades a desarrollar en sus propios territorios.

sí, al flanco abierto para el gobierno libertario (que gestionó y busca capitalizar la visita, pero que no puede ignorar el choque de puntos de vista), se suma el hecho de que deberá compatibilizar acciones con Jorge Macri (PRO); Axel Kicillof (PJ) y Martín Llaryora, del peronismo cordobés, ni oficialista ni alineado con la conducción partidaria.

Mientras esto ocurre, a fines de este mes arribará al país una delegación encabezada por monseñor José Salas Castañeda, responsable de la organización de los viajes internacionales del Papa. La misión recorrerá nuevamente los escenarios previstos para las actividades, evaluará condiciones de seguridad y avanzará en la definición del programa definitivo.

El cardenal mexicano José Salas Castañeda es el coordinador de los viajes papales. Vatican News.

También participarán representantes de la Secretaría de Estado del Vaticano, responsables de comunicación y especialistas en seguridad vinculados a los desplazamientos papales. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Según se informó, el coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.

La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.

Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.

A la vez, la Conferencia Episcopal Argentina anunció la realización de una colecta nacional durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto para colaborar con los gastos de organización.

Los recursos estarán destinados a infraestructura, logística, comunicación y otros aspectos operativos vinculados al viaje, que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”.

La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”.

En ese marco, la Iglesia lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país. De acuerdo con las bases y condiciones publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, la convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años.

Las canciones deberán ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. Deberán estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias. La inscripción estará abierta desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.

El jurado estará integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música. La canción ganadora, que podrá ser presentada por una persona o por un grupo, se conocerá el 24 de septiembre y se convertirá en la obra oficial de la visita del Papa.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), reivindicaron la integración, la institucionalidad como articulación de las políticas públicas y el modelo de desarrollo productivo para el crecimiento del país.

En ese contexto, formularon un fuerte rechazo a las retenciones agropecuarias, y reclamaron al gobierno nacional asumir la responsabilidad de sostener la infraestructura vial, y una activa participación en la mesa de decisiones de la hidrovía.

En el curso de la ceremonia en la que Frigerio asumió la presidencia pro témpore en relevo de Llaryora, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los gobernadores de sostener la política de integración regional, con la coordinación de políticas públicas.

Un proceso que el organismo acompaña en la institucionalización, capacitación de cuadros de gestión y apoyo financiero.

Tras la firma de la constitución de la Casa de la Región Centro, que funcionará precisamente en la ciudad de San Francisco, los mandatarios resaltaron el valor de la integración, con un expreso reconocimiento a los fundadores, Jorge Obeid (Santa Fe), Jorge Busti (Entre Ríos) y Ramón Mestre (Córdoba).

Pullaro: “La Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”.

“La Región Centro para nosotros es fundamental -dijo Pullaro. No venimos a demandarle al gobierno nacional, sino a demostrar lo que somos, lo que representan estas tres provincias cuando trabajan juntas. Somos capaces de llevar adelante cambios y transformaciones, somos el motor productivo de la Argentina, pero ademas creemos fervientemente en la institucionalidad”, advirtió.

Pullaro reconoció que “la Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”.

“Defender esta Región es defender la república y una manera distinta de hacer las cosas”, resumió Pullaro, luego de repasar el nivel de los aportes que la Región hace al país y lo poco que recibe en contrapartida.

A su turno, Frigerio resaltó los valores de “la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito” y “la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias, para ser el faro de hacia donde tiene que ir el país”.

Frigerio: “A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones".

Y en el marco de sostener “políticas públicas que traigan soluciones a la gente”, repudió “las malditas retenciones en nuestro país” y exigió “un cronograma concreto de reducciones sistemáticas, hasta su desaparición”.

“A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones. Si no las van a arreglar, pásennoslas a nosotros para que lo hagamos. No porque tengamos plata, sino porque no tenemos otra opción”, exhortó en otro punto.

También reclamó “un lugar en la mesa de decisiones” de la hidrovía y la necesidad de un trabajo conjunto ante el cambio climático y la amenaza del fenómeno El Niño.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, pero el gobierno nacional necesita que también a las provincias les vaya bien. Porque en las provincias es donde se determina la calidad de vida de la gente, y eso está cada vez más en nuestras manos, y por eso es importante que estemos juntos”, completó.

Llaryora también cargó contra las retenciones, “que todos los años nos cercenan posibilidades de llevar bienestar a nuestra población. Piensen lo que se podría hacer con ese dinero en manos de nuestros productores, de nuestros industriales, de nuestros pueblos. Porque ellos no están en la timba financiera, la ponen en la producción, en el trabajo”.

Identificó como uno de los principales problemas del país la imposibilidad de llegar a acuerdos, de llevar adelante políticas que trasciendan a las gestiones y a los partidos políticos.

Tras detenerse en los distintos aspectos del trabajo conjunto entre las tres provincias, volcadas en “políticas claras”, cuestionó el ingreso irrestricto de mercaderías del exterior sin control sanitario, y reivindicó el compromiso de la Región de sostener esos controles que el gobierno central dejó de lado. Y culminó con vivas al federalismo y a la integración.

Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro.

Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro, ocasión en la cual el mandatario entrerriano asumió la presidencia pro témpore, en relevo del cordobés.

La fecha elegida coincide con el vigésimo segundo aniversario del relanzamiento de la Región, órgano potenciado en la actual etapa por los tres mandatarios que mantienen a rajatabla los encuentros semestrales y son permanentes las reuniones entre los tres funcionarios designados por cada uno de ellos para hacer la coordinación.

En este encuentro en San Francisco se ratificaron una serie de acuerdos alcanzados entre las provincias y que tuvieron como impulsores a la santafesina Claudia Giaccone, al cordobés Juan Carlos Mazzei y al entrerriano Atilio Benedetti, quien se hizo cargo tras el fallecimiento de su comprovinciano Jorge Chemes.

Al encuentro los gobernadores llegan en medio de negociaciones con el gobierno nacional especialmente en temas electorales como la posible suspensión o eliminación de las PASO a nivel nacional.

La reunión central tuvo como por escenario el Superdomo de San Francisco, en la misma jornada elegida para inaugurar formalmente la sede institucional administrativa del bloque regional en el edificio del ex-Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de San Francisco.

Más allá del traspaso de la presidencia a Entre Ríos, los gobernadores plasmaron con su firma una serie de acuerdos tejidos entre las tres provincias como el corredor de biomovilidad que vienen trabajando las secretarías de Energías y las empresas eléctricas de las tres provincias. Allí además hay un reclamo conjunto al gobierno nacional para que finalice algunas obras energéticas como gasoductos que permitirán traer el combustible a las tres provincias.

También las tres provincias avanzaron en unificación de normas para que trabajadores de aplicación de implementos fitosanitarios y de drones tengan los mismos requisitos en toda la Región; además la complementación en Registros de Personas Jurídicas donde el reconocimiento en un estado subnacional sea válido en los tres mientras avanzan en unificar requisitos para las contrataciones estatales.

En los últimos años, localidades de las tres provincias avanzan en hermanamientos, validados en el plenario de mandatarios de la Región Centro. Están los casos como Las Tunas/Libertador San Martín; Los Molinos/Los Molinos; María Susana/Capilla del Monte; Laborde/Labordeboy, con la presencia de los respectivos jefes comunales.

En San Francisco, además, se firmó el acuerdo de hermanamiento entre esa municipalidad con Esperanza y Nogoyá, tres zonas emblemáticas en materia lechera.

No resultó ajena a la reunión de gobernadores la entrada en vigencia del acuerdo Unión Europea/Mercosur y la implicancia para las empresas de las tres provincias.

El fenómeno El Niño también motivó que en San Francisco se defina el encuentro de las áreas de Protección Civil de las tres provincias para eventual colaboración e intercambio de información de los observatorios hidrometeorológicos de las integrantes de la zona.

Tras la reunión de San Francisco, la Región Centro tiene en agenda una serie de reuniones anuales dentro del congreso del maíz y los concursos de mantecas y quesos, ya tradicionales.

La seguridad tampoco estuvo ausente en el encuentro, especialmente cuando las tres provincias trabajan sobre mecanismos de articulación en controles fronterizos e intercambio de inteligencia criminal.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron en reclamar al estado nacional una baja sostenida de retenciones a la producción agrícola, motor de las tres economías. Santa Fe y Entre Ríos tendrán el apoyo de Córdoba a la hora de insistir ante Nación en la participación de las provincias ribereñas en el órgano de control de la concesión de la hidrovía.

Las metáforas futboleras son un lugar común en las crónicas políticas, un recurso que sirve para graficar procesos complejos, o volver fácilmente comprensibles (al menos en su lineamientos básicos) e incluso atractivos debates o situaciones que corren el riesgo de eludir la atención del público mayoritario.

Es así como “marcar la cancha” (o embarrarla), parar la pelota (o dejarla en el campo del adversario), quedar en off-side o definir en tiempo de descuento, entre otras muchas más o menos afortunadas, salpican los análisis periodísticos y los discursos de campaña, y se introducen con malicia o naturalidad en los intercambios verbales.

Los presidentes no se abstrajeron de esta dinámica. “Somos un equipo que sale a la cancha a jugar por la gente, y el que no tira el centro para que el otro haga el gol, no entendió cómo se juega a esto”, supo acuñar el ex presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, artífice de “el mejor equipo de los últimos 50 años” y embarcado en un “segundo tiempo”.

"Nosotros no miramos la política desde la tribuna, nosotros bajamos a la cancha a jugar, a embarrarnos, a defender los trapos de la Patria junto al pueblo”, estableció oportunamente Cristina Fernández de Kirchner, acreedora de un vastísimo repertorio de cánticos futboleros, tanto a favor como en contra.

"Cuando uno está en la tribuna, es bastante más fácil que cuando está en el campo de juego. Ustedes ponen el balón en el centro de la cancha y por más que griten desde las gradas, el balón no se mueve. El que hace los goles es Messi", elaboró en junio de este año el ex arquero Javier Milei, defendiendo su plan económico.

De hecho, el discurso libertario (en la voz del presidente y en la fútil verborragia de las redes sociales) abunda en imprecaciones hacia quienes exhiben discrepancias con un surtido no tan amplio pero sí profuso de agresivas métaforas fóbicas y zoofílicas (casi siempre referidas al sometimiento sexual o sus consecuencias), que remiten a la escala de valores de las barras bravas.

Tampoco es una novedad el uso político de los eventos deportivos, desde la época del Coliseo romano a la fecha, especialmente cuando tienen trascendencia internacional o capacidad de convocatoria masiva.

Pero en esta oportunidad, al calor de la expectativa por el bicampeonato mundial para la Selección Argentina, y especialmente la disputa de la semifinal (y su resultado) con Inglaterra, se produjo una intersección de agendas que excede el sentido figurativo, y que abre una serie de interrogantes concretos en el futuro inmediato.

Los jugadores de la Selección recogieron y enarbolaron el reclamo por Malvinas. Reuters

La prohibición del uso de la bandera de Malvinas, o de cualquier referencia verbal o alegórica a la reivindicación de la soberanía argentina sobre ellas, no tardó en desatar el efecto contrario.

El acto de posicionamiento asumido por los jugadores de la Selección desacomodó al Gobierno y generó una retahíla de incómodas reacciones, y repercutió en el escenario internacional remedando un conflicto con Gran Bretaña.

También, a la vez que Milei retuiteaba mensajes que descalificaban la acción (e, impopularmente, a quienes la llevaron a cabo) y la confrontaban con una hipotética estrategia diplomática dotada de también hipotética sabiduría, produjo inesperadas reverberaciones en favor de la causa, como pronunciamientos de referentes políticos e incluso un difundido editorial de The Guardian.

Pero los efectos también se sintieron a nivel interno, con incluso con incidencia concreta sobre el desenvolvimiento parlamentario.

La presidenta del bloque del Senado de la Libertad Avanza consideró propicia la oportunidad para dar impulso definitivo a iniciativas del oficialismo, como la ley de Inviolabilidad Privada, que incluye reformas en la ley de Tierras y amplía las posibilidades de que sean adquiridas por extranjeros.

Esto motivó un cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que comenzó desenvolviéndose por carriles formales y de oportunidad (si hacer o no la sesión después del partido con Inglaterra) y desembocó en una confrontación directa, en la que por primera vez la ex compañera de fórmula de Milei contradijo y atacó un proyecto del gobierno.

Esa exhibición, ya no de distanciamiento o de reticencia institucional a las prácticas parlamentarias del oficialismo, sino lisa y llanamente de oposición, dio pie a una nueva “invitación” de Bullrich a que abandone su cargo.

La respuesta de Villarruel fue contundente y no eludió la chicana: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos”.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Archivo El Litoral

Luego decantó en un intercambio de ofensas de creciente intensidad, pero es en ese punto en que planteó un debate institucional que excede el rango de las contendientes, acerca de cuál es el camino que corresponde ante una disidencia de este tenor, que va mucho más allá de las recurrentes enemistades en las cúpulas de gobierno.

El diseño y ejecución de un plan de gobierno corresponde al presidente. El vice no tiene funciones ejecutivas, sino que preside el Senado. Pero a la vez, es a quien corresponde asumir el cargo en caso de ausencia o incapacidad del primer mandatario. E indudablemente desde el punto de vista jurídico cuenta con el voto popular, aunque políticamente sean (o no) “prestados”. Apuntes para el debate.

En otras instancias de este Mundial, se especuló con que determinadas decisiones de gobierno de corte potencialmente polémico, puedan haberse producido “aprovechando” la distracción popular por efecto de un partido.

En este caso, queda flotando el interrogante sobre si el fervor patriótico disparado por la Scaloneta y el episodio de la bandera de Malvinas no pudo haber condicionado el clima político para avanzar en iniciativas que, como remarca el discurso opositor, están reñidas con esos parámetros de argentinidad “al palo”.

Con todo eso, el Senado logró sesionar (como quería Bullrich), pero solamente para aprobar pliegos judiciales y diplomáticos y algún otro tema del orden del día. Pero no (como no quería Villarruel) para votar los cambios a la ley de Tierras.

El tema quedó postergado para agosto, dejando un paréntesis de tiempo para que, quizás en otro clima y con otras estrategias o modificaciones, el oficialismo obtenga los consensos que necesita. O la oposición logre expandir su rechazo entre más bancas.

Mientras tanto, al igual que tras las masivas exequias del Indio Solari, no faltaron las voces que vieron la movilización popular generada por el fútbol como un laboratorio para otras coincidencias activas, explotando las discrepancias que florecieron en el actual escenario de emociones a flor de piel y nervios por encima de lo racional, y fantaseando con otras manifestaciones.

En ese punto confluye también la (des) consideración del Presidente de la Nación hacia los jugadores que portaron la bandera de Malvinas.

"Eso muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente, digamos, esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes y que nadie le da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes", imputó.

Desde el otro lado de la mecha (acaso), el capitán de la Selección, Lionel Messi, rompió los límites del discurso asignado y tradicionalmente asumido, para llevarlo a un terreno en absoluto partidario, pero sí indiscutiblemente político.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente, sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando", sostuvo.

Al final, no era solamente un partido de fútbol.

La Unión Cívica Radical (UCR) expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras propuesta por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento quedó postergado este jueves en el Senado, en el marco del debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un comunicado oficial, emitido en la misma jornada en que se postergaba la consideración de la norma, el partido consideró que con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

El Comité Nacional está presidido por el actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuyas posturas, como sucedía en la anterior gestión de Martín Lousteau, no siempre reflejan los posicionamientos de los senadores ni de los gobernadores radicales.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Archivo El Litoral

El radicalismo cuenta con 10 integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos son claves para definir el futuro de la "ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en uno de sus capítulos la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras para extranjeros.

Pero hasta el momento, solamente tres (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama) han manifestado abiertamente su rechazo. Los otros siete, algunos de los cuales responden a gobernadores radicales afines al Gobierno, podrían acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque también expresaron dudas.

Este jueves se cayó del temario de la sesión el tratamiento del proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por falta de votos y de acuerdos previos.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar el tratamiento de este proyecto hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

En el comunicado partidario, la UCR afirma que "el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos".

Recuerdan asimismo que la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación, que establece "un máximo de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un 30% máximo de ese cupo para una misma nacionalidad".

Además, dicha normativa estipula que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo".

"También establece la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos o ríos o en zonas fronterizas", se indica.

Sin embargo, el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que "cada provincia defina sus propios criterios", lo que podría conducir a una desregulación preocupante.

"Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros. El radicalismo promovió en su momento el debate por la Ley de Tierras", recuerdan sobre la iniciativa que había impulsado inicialmente el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010.

En Argentina, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han excedido el límite legal permitido.

“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente”, enfatizan desde la UCR.

A esto se suma la preocupación por las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que también fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

La Casa Rosada busca eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo por períodos de hasta 60 años tras incendios.

Desde la UCR señalaron que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por extranjeros.

En este sentido, abogan por la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país mediante regulaciones razonables.

“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyen en su comunicado.

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Por falta de acuerdos, el Senado postergó el tratamiento de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. HCSN

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 18 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió en que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda y se habían sumado otras cuatros modificaciones al despacho.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Este jueves y por cuarta vez, el proyecto de Federico Sturzenegger volvió a truncarse en el recinto y su debate quedó postergado para el jueves 6 de agosto, al regreso del receso invernal.

Una delegación importante de los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza viajará a San Miguel de Tucumán para estar presente en el acto por el 9 de julio que encabezará el presidente Javier Milei.

La foto en Tucumán, que también incluirá a todo el Gabinete, busca expresar el relanzamiento de la gestión en esta nueva etapa que ya no tiene a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien protagonizó un escándalo político que tuvo en vilo y hundió la imagen del Gobierno durante meses.

En ese sentido, Milei buscará una "foto institucional" con el mayor número posible de gobernadores, pero aún no estaba completamente definido quienes asistirán a la vigilia prevista para las 0 horas del jueves.

"Invitamos a todos los gobernadores", dicen en la provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo. De todos modos, el propio jefe de gabinete, Diego Santilli, sondeó a algunos mandatarios para incitarlos a que concurriesen y ampliasen el elenco para la foto oficial.

Según pudo saber El Litoral, Maximiliano Pullaro no tiene previsto asistir, y permanecerá en territorio santafesino para encabezar la ceremonia patria desde Rafaela.

El convite tucumano incluye a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con lo cual se repetirá el esquema establecido para el acto del Día de la Bandera en Rosario, oportunidad en la que los ex integrantes de la fórmula presidencial coincidieron geográficamente, pero ni siquiera intercambiaron saludos.

La vice compartió asiento con referentes provinciales, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y luego participó de la promesa a la Bandera de los alumnos asistentes, junto a Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Al momento de terminar el acto institucional, calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla y cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de estar atravesado por investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

En cuanto al festejo del próximo jueves, de la Cámara baja están confirmados el presidente del cuerpo, Martín Menem, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Mariano Campero, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Bárbara Andreussi y Adrián Brizuela.

Del Senado, aparte de Villarruel, irán la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. También asistirían los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y el formoseño Francisco Paoltroni.

El evento por los 210 años de la Independencia argentina remite al que dos años atrás sirvió de marco para la firma del “Pacto de Mayo” y, como entonces, es organizado por la gobernación tucumana. En aquella oportunidad fueron 18 los mandatarios asistentes, pero el año pasado sólo estuvo el propio Jaldo, y los demás cumplieron actividades en sus propias provincias.

La celebración comenzará en la víspera con una "vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial, aunque las actividades comenzarán en la noche del 8 de julio cerca de las 20, con shows artísticos y propuestas culturales en las inmediaciones de la Casa de Tucumán.

El Ministerio de Seguridad tucumano desplegará un operativo de prevención con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano, para resguardar al Presidente y a toda su comitiva oficial. A medianoche y por Cadena Nacional, se emitirá un mensaje oficial, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

Antes de la excursión a la capital tucumana, habrá "mesa política" en Casa Rosada. Finalmente la reunión se realizará este miércoles, a las 17, en las oficinas oficina que Santilli tiene en el ex ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

Será el primer encuentro de este tipo bajo la coordinación del flamante funcionario. En comparación con el último, registrado el 11 de junio, no estará el "renunciado'" Manuel Adorni pero si se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que suspende los efectos de artículos centrales del decreto del Poder Ejecutivo que modificó el régimen de financiamiento universitario, en el marco de la controversia judicial iniciada por universidades nacionales.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantuvo vigente la protección cautelar dispuesta por instancias inferiores y garantizó, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la continuidad de los mecanismos presupuestarios y de actualización de recursos reclamados por las casas de estudio, en una causa de alto impacto para el sistema universitario público argentino.

En concreto, y mientras se desarrolla la causa de fondo sobre la validez o no del decreto que condiciona la aplicación de la ley, la Corte dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir los dos artículos relacionados con aumentos salariales de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.

El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario, y el tema pasó a la Justicia.

En un fallo unánime, los tres jueces de la Corte propinaron un doble revés al Gobierno nacional: desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender una medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick, que obliga al Gobierno a cumplir “de manera inmediata” con los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El artículo 5º de la Ley establece que los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deberán actualizarse, desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el INDEC. Además, obliga al Ejecutivo a convocar a negociaciones paritarias cada 3 meses y ofrecer aumentos salariales que no podrán ser inferiores al IPC.

En tanto, el artículo 6º determina la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles (Progresar, Manuel Belgrano, y de Enfermería, entre otras).

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes: el acuerdo establecía que las subas se harían en 2 cuotas: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre).

Sin embargo, si se cumpliera con la actualización por inflación que dispone la Ley de Financiamiento, los sueldos deberían aumentar en junio un 56% respecto de los haberes de mayo.

En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley.

La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.

Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó.

En el fallo de segunda instancia, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron configurados los requisitos para mantener la tutela anticipada que había dictado el juez Cormick.

Respecto de la verosimilitud del derecho, señalaron que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley, sin que pueda suspender sus efectos invocando una norma anterior de igual jerarquía. Además, destacaron que una ley posterior puede válidamente desplazar a otra previa, incluso en materia presupuestaria.

El tribunal también tuvo por acreditado el peligro en la demora, al ponderar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el carácter alimentario de las becas estudiantiles.

Asimismo, entendió que el interés público no se veía afectado por la medida, sino que, por el contrario, se encontraba comprometido en la protección del derecho a enseñar y aprender, relativizando además el impacto fiscal invocado por el Estado.

Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. Sin embargo, la Corte Suprema recordó que las resoluciones que conceden, rechazan o modifican medidas cautelares, por regla, no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tales a los efectos de habilitar esa vía recursiva.

En consecuencia, desestimó el recurso extraordinario y también rechazó el pedido de excusación formulado por la demandada, remitiéndose a un precedente dictado por el propio Tribunal el 4 de junio de este año.

Con esta decisión, la medida cautelar que ordena la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y de las becas estudiantiles permanece vigente mientras continúa la tramitación de la causa principal.

Para el Gobierno, el revés judicial es muy costoso y lo calculan en 1.3 billones de pesos. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, ya avisó que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero, frente a la exhortación judicial, comenzó a recalcular números.

Fuentes libertarias aportan que el Ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Incluso intentaron poner como prenda de cambio el desistimiento de la acción judicial, cosa que los rectores no aceptaron.

No obstante, en distintos sectores del oficialismo contaban con que la Corte le iba a entregar “un gesto” a la administración Javier Milei para darle “aire”. Pero, con el fallo entre manos, esa expectativa se reveló carente de sustento.

Con un agravante, tal como agregan en La Libertad Avanza: esta determinación de la Corte se produjo a pesar de que el oficialismo había avanzado hace pocos días en un acuerdo con las Universidades para cumplir parcialmente la ley de Financiamiento Universitario.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva.

De esta manera, mientras habilita el cumplimiento de los dos artículos consignados a través de una medida procesal, la Corte aún debe pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir el cargo de secretario de Gobierno del organismo, que dejó vacante Eduardo Bordas después de más de 30 años y sobre el cual pivoteaban la mayor parte de las decisiones institucionales y administrativas del Tribunal.

El reemplazo del histórico funcionario viene de la mano también de una reestructuración de la organización interna y la redistribución de funciones, que en buena medida completa el esquema en formación como parte de la renovación casi por completo de la Corte santafesina, todavía en curso.

Según se comunicó de manera oficial a través de la Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial, se trata de la apertura del período de inscripción para cubrir “el cargo de Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Vocal de Cámara de Apelación), y toda otra tarea que el Alto Cuerpo le encomiende”.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Archivo El Litoral

El carácter del concurso es abierto y de antecedentes. Los requisitos para participar en el mismo son: a) ciudadanía argentina; b) mayor de edad de 30 años; c) título de abogado debidamente certificado; d) dos años de residencia inmediata en la provincia, si no hubieren nacido el ella.

Además, diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado; buenos antecedentes de conducta acreditados con el certificado respectivo otorgado por la Policía de la Provincia y certificación de la Oficina Judicial correspondiente de no hallarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El período de inscripción se extiende hasta el 2 de julio del corriente año, y los interesados deberán presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría de Gobierno del Cuerpo en Santa Fe. Asimismo la Corte Suprema, dispuso que oportunamente se designará la fecha para la recepción de entrevistas personales para los inscriptos que reúnan las exigencias legales y reglamentarias.

El secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Bordas, se retiró del Poder Judicial el último día hábil del mes de abril, acogiéndose a la jubilación. Acompañó su salida con una emotiva y descontracturada nota que distribuyó en distintas oficinas de los tribunales.

Eduardo Bordas, ex secretario de Gobierno de la Corte Suprema. Archivo El Litoral

“Hoy como todas las mañanas saludé al señor que vende los bizcochos y, subiendo la escalera de nuestro edificio -como dicen los chicos- me cayó la ficha de que estaba finalizando una maravillosa e importante etapa de mi vida. Seguramente por eso, no me sorprendió sentir que me estaba yendo de mi casa, un lugar que fue, es y seguirá siendo mi familia desde el día que ingresé como empleado”, decía.

Transitoriamente, la función de Bordas quedó repartida entre dos funcionarios con distinto anclaje territorial. Pablo Gómez sobre las tres circunscripciones del centro norte: Santa Fe, Rafaela y Reconquista; y Carlos Crespo, quien cumplía funciones como secretario letrado de la Corte, para Rosario y Venado Tuerto.

Pero durante su extenso período de desempeño en el cargo, por decisión de los ministros de la Corte, Bordas concentró la responsabilidad de una gran cantidad de tareas, que ahora serán reasignadas en un formato de distribución por áreas, cada una de ellas a cargo de alguno de los integrantes del Alto Tribunal.

Así, la administración económica (presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos), el manejo del personal, el área informática y el plano edilicio, dejarán de estar centralizadas como hasta ahora y los ministros tendrán asignada competencia en alguna de ellas, con un rol más operativo.

A la vez, la reformulación se inscribe en un momento en que la conformación de la Corte se halla inscripta en un proceso de transición, que (si todo se desarrolla conforme a lo previsto y anunciado) culminaría en el mes de noviembre del presente año, y no está exento de algunas tensiones y “tironeos”, como veladamente admiten los propios ministros.

La renovación de la Corte, que el gobernador Maximiliano Pullaro marcó como objetivo de su gestión al mismo momento de asumir, comenzó en febrero de 2025 cuando, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.

Baclini, Weder y Zabalza vinieron a reemplazar a Mario Netri -quien había dejado su puesto en diciembre anterior- y a María Angélica Gastaldi -que lo hizo a comienzos de abril- y a ocupar el séptimo asiento añadido por la reforma judicial sancionada a fines de 2024.

Luego de eso, la Legislatura aprobó el 26 de febrero de 2026 los pliegos de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel como nuevos ministros de la Corte Suprema provincial.

Los futuros ministros vendrán a reemplazar a los ministros que superan los 75 años de edad: Eduardo Spuler (que se irá el 1 de septiembre) y Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que adelantaron su intención de retirarse en noviembre, aún sin fecha ni renuncia presentada.

Por otra parte, la Corte llamó también a convocatoria pública y abierta de antecedentes, destinada a cubrir los perfiles técnicos, de gestión e informáticos para la réplica e implementación del Nuevo Modelo de Gestión Judicial Penal en Santa Fe denominado “Plataforma Alberdi”.

En este caso, se trata de cuatro gerentes / subcoordinadores de Área; dos analistas de procesos (Lean / Kaizen); dos analistas de Datos (PowerBI SQL); cuatro implementadores y dos programadores fullstack.

Los futuros agentes operarán con directivas de la delegación Rosario, y bajo la figura de contratos de servicios. La inscripción se extiende hasta el 20 de julio.

La “plataforma Alberdi” es un sistema de gestión penal impulsado por el ministro de la Corte Daniel Erbetta, basado en una herramienta digital desarrollada en Tucumán. El sistema promete agilizar trámites, generar datos en tiempo real y ampliar la transparencia, en un modelo que tomó a los tribunales de San Lorenzo como prueba piloto, para luego ser aplicado en toda la provincia.

Alberto Biglieri, reconocido académico y especialista en Derecho Administrativo, resaltó la utilidad de las herramientas de inteligencia artificial en la práctica jurídica y judicial, pero advirtió sobre los riesgos que supone la aparición de "sesgos". La inutilidad de intentar frenar su desarrollo, la necesidad de establecer regulaciones aplicables, y el imperativo de preservar el control humano, en diálogo con El Litoral.

Biglieri participó en Rosario de la 62ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), que se desarrolló bajo el lema "Universalidad del Derecho en la era de las nuevas tecnologías".

Allí disertó sobre "El impacto de la Inteligencia Artificial en las Fuentes del Derecho Administrativo" y fue distinguido por su destacada trayectoria profesional, académica y colegial, así como a sus aportes al estudio, la enseñanza y el fortalecimiento de las instituciones jurídicas.

En la entrevista con este medio, se refirió al acontecimiento y abordó la cuestión que fue la problemática de fondo abordada en el encuentro por profesionales y juristas de distintos países americanos.

Biglieri participó en Rosario de la 62ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados (FIA).

- ¿En qué consiste el trabajo de la FIA y la actividad que se desarrolló en Rosario?

- La Federación es una una rama americana de la "barra" americana, la International Bar Association. Ya tiene 86 años de vida, y el que se acaba de hacer en Rosario es el 62° Congreso Interamericano. Y se tomó como lema el impacto de la inteligencia artificial, su impacto en el derecho y el enfoque a un derecho global.

- También en este caso usted fue distinguido por la entidad.

- En cada Congreso la organización elige a un abogado destacado del país local, lo invita a una conferencia y lo distinguen con la medalla "William Roy Vallance", en recuerdo del fundador de la FIA. Esta vez yo tuve ese honor. Y había muchos paneles, con temas y expositores sumamente interesantes. Participan abogados y jueces también, lo cual lo hace más atractivo, porque permite un intercambio de distinto nivel y con distinta sintonía.

También creo que hay que destacar la participación de asociaciones, como la América Caribeña. El día que yo expuse había disertantes de Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Dominicana, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos. Hay una representatividad de países que a veces uno no ve en este tipo de encuentros.

Esto se extiende a la percepción de los factores que influyen cotidianamente en el ejercicio del derecho. Por caso, una colega boliviana no podía sacar el auto del estudio por los problemas en La Paz. Así que tener esa aproximación a la vida profesional, por fuera de lo estrictamente jurídico, es muy valioso.

Y también lo es el temario del Congreso, el impacto de inteligencia artificial en el Derecho. Mi especialidad es el administrativo, así que me enfoqué en las modificaciones que está produciendo la IA. Que, aunque alguien la quisiera negar, está.

- ¿Y cómo ve usted a la IA?

- Yo creo que es una herramienta fenomenal. Pero hay que tener cuidado, porque lo que no hay que hacer nunca es resignar la decisión humana final, ¿no? Especialmente cuando se dispone sobre fondos públicos o cuando se toma un beneficio judicial.

La vida privada es otra cosa. Si yo quiero que a mi casa la limpie un robot, es asunto mío. Pero lo público es tema de todos. Y la Unión Europea ya está haciendo muchas regulaciones que tienen que ver con eso, con el alto riesgo de la inteligencia artificial, por lo menos de seguridad, la cuestión de la privacidad, la libertad, el patrimonio….Son alertas que pone la Unión Europea, y dice: "Ojo, no se puede usar inteligencia artificial para hacer un fallo". Y yo creo que que ese es el camino.

- Claro, porque además recientemente no sólo hay demandas hechas con IA, que a veces remiten a fuentes inexistentes, e incluso fallos que citan jurisprudencia inventada.

- Es así. Pero cuando se trabaja a conciencia, esa fantasía, esa fábula que inventa la IA no me preocupa, porque si en la demanda se cita jurisprudencia o doctrina falsas, y el que está del otro lado trabaja a conciencia y lo contrasta, eso salta; y si no lo hace es porque es un vago.

Entonces, el juez o el decisor administrativo en el ámbito público tiene que controlar. Por eso tiene vigencia una vieja máxima del Derecho, que dice que la mejor forma de manejar la información que se da al otro es no hablar. Porque si mentís, el otro controla y se da cuenta. Y eso se puede detectar con tecnología.

Lo que estamos percibiendo con la IA es más complejo, porque se están produciendo sesgos en función del big data. O sea, tiene tantos datos de derecho privado, que deforma la idea de derecho público. Por otra parte, los grandes volúmenes de datos con que se construye la IA son de Estados Unidos, Europa, China, y un poquito de Argentina. Entonces, cuando te querés informar terminás accediendo a una IA que está alimentada con una gran cantidad de datos que no tienen nada que ver con nuestra cultura.

Yo suelo decir en mis clases que el mejor gol que ví en mi vida fue en un partido de Huracán contra San Lorenzo. Pero si yo pregunto al grupo, obviamente el más votado va a ser algún gol de Riquelme en Boca o de Passarella en River. Y ese es el fenómeno del Big Data. Si tengo que elegir el mejor gol, termino inducido por la mayoría datos. Cuando yo podría atestiguar y defender a muerte que no, que para mí el mejor gol es el que ví en el partido Huracán-San Lorenzo.

Y eso es lo que estamos viendo. O sea, más allá de que la IA pueda inventar un gol que no existió, el problema es que te da los datos que existen, pero con un sesgo producido por la cantidad.

El especialista alentó el uso de las nuevas herramientas, como la IA. Crédito: Reuters.

- Pero también podemos hablar de los beneficios…

- Por supuesto. Yo soy un defensor. Para mí es un hiperprocesador de texto maravilloso y tiene la ventaja, sobre todo en versiones pagas, en que uno le puede cargar 50 documentos, y alimentarla con datos que son realmente los que uno necesita analizar. Entonces, la IA se nutre con eso. Y si uno plantea una cuestión de tránsito, por ejemplo, no te va a tirar que alguien cometió una infracción porque circulaba por la derecha, como diría si solo carga datos de Inglaterra, donde se circula por mano izquierda.

Yo defiendo la IA, porque si uno la entiende como una herramienta, es maravillosa. Ahora, el problema es cuando es generativa. Cuando es generativa y no tiene control humano, puede terminar en cualquier cosa. Porque cuando produce una cantidad de datos en función de lo que vos le cargaste antes, al input lo manejás vos. Pero no tenemos volumen para darle tanta información. Y entonces la captura de los 7.000 millones de seres humanos del mundo. Y en ese contexto, 50 millones somos menos que una hormiga.

- Entonces, ¿la clave sigue siendo el conocimiento humano? Para alimentar primero, para formular las indicaciones correctas para los requerimientos a través de los prompt, y para el control final.

- Claro. La inteligencia artificial hace lo que por volumen no puede hacer el humano, pero el humano es el que controla. Y obtiene resultados a una velocidad magnífica con un texto muy claro. Si uno le da buenas indicaciones da buenos resultados, pero a la vez agregamos cosas. Por un lado, un mismo prompt en dos máquinas diferentes, una al lado de la otra, puede arrojar respuestas distintas. Y después, de un día para otro, las respuestas suelen ser distintas, porque la IA incorporó nuevos conocimientos.

El otro tema muy importante es que quien controla la IA tiene que saber. O sea, yo no voy a ser Van Gogh, ni Rubens, ni Picasso. Pero puedo ser un buen curador de una obra de arte. Puedo establecer que la obra pertenece al período azul, puedo explicar el impresionismo. Yo creo que los abogados vamos a tener esa labor de "curador". No voy a ser el gran artista plástico, pero sí el que puede ordenar eso a partir de saber.

- Usted habló también de las regulaciones en otros países. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo se está en condiciones de aplicar una regulación en esta materia?

- Creo que ahí está la respuesta: para mí es en qué ámbito se puede aplicar. Creer que por un decreto o por una ley se puede limitar el desarrollo del sistema de inteligencia artificial es como creer que vamos a tapar el sol con la mano. Lo que sí podemos decir es cuándo hay que tomar sol o con cuánto factor dérmico. Me parece que en la Unión Europea hacen autocrítica, porque dicen: "Tanto regulamos que al final desarrollan más los chinos y los yanquis que nosotros".

Yo no digo eso. El desarrollo tecnológico no va a parar por una norma. Lo que sí tiene que regularse es la lógica de cómo la dejo tomar decisiones. Si vos querés armar tu valija para viajar y se lo preguntás a la IA, me parece bien. Pero no la podés usar para decidir si una persona va presa o queda libre, o sobre el patrimonio de una persona.

Sí puede ser, y ocultarlo es una pavada, que todos los funcionarios que la usan se nutran y acepten algunas recomendaciones. Pero después a la decisión final la tiene que tomar el ser humano, eso es indubitable. Estamos hablando en el ámbito de justicia y administración pública. En el ámbito privado, como la plata es tuya, hace lo que quieras. Si llueve sopa y te aconseja comprar tenedores, y vos le hacés caso, es un problema tuyo.

Por eso yo creo que está bien que la Unión Europea legisle para determinados ámbitos. Y te dice: "Usarla para contestar un mail: bajo riesgo. Para la foto multa: riesgo mediano. Para tomar decisiones sobre libertad, impuestos o patrimonio: riesgo alto, inaceptable". Entonces, no podés usarla para que tome la decisión. Ahí no se puede prescindir del control humano.

Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Esa resolución implicó el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, convertido en un punto de confluencia de simpatizantes y manifestaciones de apoyo a la ex mandataria.

De hecho, para conmemorar este primer aniversario, diversas agrupaciones políticas como La Cámpora y el Partido Justicialista han organizado una serie de actividades, debates y movilizaciones con epicentro en su domicilio en el barrio de Constitución (Ciudad de Buenos Aires)

A su vez, los representantes de la oposición peronista en el Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe este martes. Sostuvieron que las medidas aplicadas a la ex presidenta difieren de las utilizadas en otros casos de condenados por delitos federales y apuntaron especialmente al uso de la tobillera electrónica y a las restricciones de visitas.

Los abogados de Cristina pidieron en reiteradas oportunidades y distintas instancias que le saquen el dispositivo, con el argumento de que cuenta con custodia las 24 horas. El último intento fracasó la semana pasada cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.

Otras de las discusiones que se repitieron en los últimos 12 meses estuvieron relacionadas con el uso del balcón, la organización de las visitas y los pedidos de los abogados para exponerse al aire libre. La justicia consideró que Cristina Fernández no violó las directivas judiciales al asomarse o dar mensajes.

En una aclaratoria los jueces le indicaron que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.

Pero frente a algunas situaciones resonantes, se remarcó la obligatoriedad de seguir requiriendo autorización individual, con el detalle del motivo, fecha y hora programada. Los encuentros solo quedaron permitidos dos veces por semana, hasta tres personas simultáneas, con un plazo máximo de 2 horas.

En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el TOF 2 ordenó que solo se puede acceder dos horas diarias, entre las 06:00 y las 20:00.

En la última resolución al respecto, el tribunal ratificó las condiciones porque consideró que Cristina Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

Mientras tanto, los efectos de causa Vialidad vuelven al Máximo Tribunal tras la confirmación de la condena un año atrás. En este caso, es para que resuelva la queja de la ex mandataria en relación a los bienes incluidos en el decomiso que ordenó el TOF 2 para recuperar el dinero derivado de las acciones que formaron parte del entramado de corrupción establecido.

Después de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimó el recurso extraordinario contra la ejecución de bienes, que incluye los activos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, la defensa intentará cambiar el rumbo a través del planteo ante la Corte, con el argumento de que lesiona el derecho de propiedad de sus herederos.

En tal sentido, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Corte Suprema para que, a través de la dependencia correspondiente, defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

Hasta ahora el TOF 2 habilitó para el decomiso un listado de 111 bienes de Lázaro Báez, de Cristina Kirchner, y 19 propiedades que figuran a nombre de sus hijos. Se trata de 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Esa nómina surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

A su vez, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de resolución. Allí aparecen locaciones relacionadas con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.

En tanto, entre testigos que se desdicen y otros que sorpresivamente aportan nuevos elementos, sigue adelante el juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas, con la participación de actores relevantes.

La semana pasada, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Ante la Justicia, confirmó que en 2005 detectó sobreprecios del 20% en el área de Vialidad Nacional y que elevó esta advertencia al entonces presidente Néstor Kirchner.

Este martes, el financista Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner. También habló de cartelización de la obra pública: “La Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién quién ganaba una obra y quién no; quién tenía la próxima y quién no; y quién entraba y quién no. Lázaro, por ejemplo, era un marginado de eso”.

El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe rechazó la acción de amparo colectivo presentada por organizaciones ambientalistas y referentes sociales que pretendían suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta que el Estado nacional realizara una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del río Paraná.

La sentencia, firmada el 5 de junio por el juez federal Gastón Salmain, concluyó que no se acreditó una "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" por parte del Estado nacional y rechazó tanto la suspensión del Decreto 709/2024 como el pedido de inconstitucionalidad del DNU 699/2024, que declaró servicio público las actividades de dragado, redragado, señalización, balizamiento y control hidrológico.

Santa Fe pidió acelerar la adjudicación de la Hidrovía para reducir costos logísticos y ganar competitividad. Foto: Fernando Nicola

La resolución representa un respaldo judicial para la continuidad del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

"La arbitrariedad o ilegalidad exigida por el artículo 43 de la Constitución Nacional debe ser manifiesta. No basta la invocación de un desacuerdo técnico, una crítica política, una divergencia científica o la postulación de estándares ambientales más rigurosos que los implementados por la Administración", sostuvo el magistrado.

Los demandantes habían solicitado que la Justicia ordenara una evaluación ambiental estratégica sobre toda la cuenca del Paraná, suspendiera el proceso licitatorio y declarara inconstitucional el régimen normativo que regula actualmente la concesión de la Vía Navegable Troncal.

Salmain consideró que el planteo excedía los límites propios de la acción de amparo. "La protección ambiental no exige que el juez administre. Exige que controle", afirmó en uno de los párrafos centrales de la sentencia.

También sostuvo que "la Constitución Nacional no consagra una cláusula de inmovilidad ecológica, sino un modelo de desarrollo sostenible", y remarcó que el desafío consiste en compatibilizar producción, infraestructura, comercio exterior y protección ambiental.

Según el fallo, la Hidrovía constituye una infraestructura estratégica para el país y cualquier decisión judicial que paralizara integralmente el proceso debía analizarse con especial prudencia institucional.

"La relevancia económica del corredor no excluye el control ambiental, pero sí impone ponderar cuidadosamente las consecuencias institucionales de una sentencia que pudiera paralizar o condicionar de modo absoluto la gestión de una infraestructura estratégica", señaló.

La sentencia llega en un momento crucial para el futuro de la Hidrovía. Tras superar la etapa de evaluación técnica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió en mayo las ofertas económicas de los dos consorcios que llegaron a la instancia final: la belga Jan De Nul, asociada con Servimagnus, y su competidora DEME.

Draga Albuquerque de Jan De Nul, que opera en el río Paraná. Foto: Gentileza DJN

Ambas presentaron propuestas económicas prácticamente idénticas, con tarifas ubicadas en los valores mínimos previstos por los pliegos.

Finalmente, el mismo día en que Salmain firmó la sentencia, el Gobierno nacional difundió el dictamen de preadjudicación que recomienda otorgar la concesión a Jan De Nul–Servimagnus, abriendo ahora un período para eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva. La decisión se basó en el sistema de puntajes aplicado durante las etapas técnica y económica del procedimiento.

El proceso sigue rodeado de controversias. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había advertido semanas atrás sobre presuntas irregularidades en los pliegos y observaciones vinculadas a la transparencia del procedimiento, cuestionamientos que también fueron invocados por los actores en la causa judicial.

Sin embargo, Salmain sostuvo que las observaciones formuladas por la PIA "poseen relevancia institucional", pero que no constituyen por sí mismas una demostración de ilegalidad manifiesta que justifique la suspensión judicial del proceso.

El fallo también adquiere especial relevancia por el contexto institucional que atraviesa su autor. El juez Gastón Salmain compareció el 20 de mayo ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de expedientes disciplinarios acumulados abiertos en su contra. Durante esa audiencia respondió preguntas de los consejeros y ejerció su defensa.

El juez federal de Rosario Gastón Salmaín compareció ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Archivo El Litoral

Ocho días después, la Comisión aprobó por unanimidad un dictamen que propone al plenario del Consejo la apertura formal del procedimiento de remoción por presunto mal desempeño y su suspensión en el ejercicio del cargo. La recomendación todavía debe ser considerada por el plenario del organismo, que resolverá si formula la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe está vacante desde fines de 2024 tras la jubilación de Reinaldo Rodríguez, cubierto con subrogancias rotativas y actualmente con concurso en trámite para su cobertura en el Consejo de la Magistratura.

En tanto, la decisión de Salmain no clausura la discusión ambiental sobre la Hidrovía.

El propio magistrado aclaró que el rechazo del amparo "no importa una autorización judicial anticipada e irrestricta para cualquier obra futura" y recordó que el Estado mantiene la obligación de realizar las evaluaciones ambientales que correspondan respecto de proyectos concretos de ampliación, profundización o modificación del sistema navegable.

Por ahora, sin embargo, el fallo elimina uno de los principales obstáculos judiciales que enfrentaba el proceso licitatorio y despeja el camino para que el Gobierno avance hacia la adjudicación definitiva de una concesión estratégica por donde circula alrededor del 80 por ciento del comercio exterior argentino.

El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para intentar destrabar su proyecto de reforma electoral, aunque por estas horas reconoce que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los principales objetivos políticos de la administración de Javier Milei.

Esta posibilidad había sido advertida oportunamente por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que últimamente está marcando diferencias con el Poder Ejecutivo en cuestiones como la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o el retiro del pliego judicial de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

No obstante, en primera instancia el gobierno insistió con la versión original de la iniciativa, particularmente en lo que respecta a la eliminación de las PASO.

Karina Milei y Adorni encabezaron la reunión de Mesa Política para avanzar con nuevas reformas legislativas.

La discusión se reactivó en el marco del diseño de la estrategia parlamentaria de la mesa política del oficialismo, para fijar la hoja de ruta legislativa de cara a junio y activar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que empiece el Mundial de Fútbol, período en que la actividad legislativa suele decaer de manera significativa.

De esos encuentros participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; Adorni, los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En aquellas oportunidades, la hermana del mandatario nacional remarcó la importancia de que se eliminen definitivamente las PASO, al argumentar que son un gasto innecesario por parte del Estado y no tienen buena imagen en la sociedad.

El Poder Ejecutivo ya dio esta discusión a finales del 2024, pero con una minoría mucho más marcada en el recinto, durante las sesiones extraordinarias del año pasado solamente pudo conseguir que se suspendieran por única vez. Ahora, la cúpula libertaria estaba decidida a ir a fondo para derogarlas, hasta que constató que no cuentan con los votos necesarios.

Más allá de eso, el proyecto contempla cambios en el financiamiento de los partidos políticos, la implementación de la Boleta Única de Papel, mayores exigencias para conservar la personería partidaria y la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional; otra inclusión resistida por la oposición dialoguista, que prefiere sea tratada por separado.

Justamente, las resistencias registradas entre sectores del PRO, la UCR y representantes provinciales, obligaron al oficialismo a revisar su estrategia. Y comenzaron a barajarse alternativas como las de mantener las primarias, pero quitar la obligatoriedad para los electores, o bien incluso resucitar una suerte de ley de lemas, pero solamente para cargos legislativos.

En todos los casos, el objetivo es garantizar que nadie de los aliados dispute la candidatura presidencial a Javier Milei. Y que, finalmente, con listas legislativas propias, confluyan en apoyarla.

La ley de lemas, bien conocida y derogada en nuestra provincia, permite que cada frente presente varias listas. La que obtenga mayor cantidad de votos, suma la de todos los votantes de esa fuerza. En el caso de las nóminas parlamentarias, los puestos se distribuyen de manera proporcional por el sistema D’Hont. Este mecanismo aún se utiliza en Santa Cruz, Formosa y Misiones.

La otra variante, contra la de forzar a los partidos a dirimir sus candidatos por internas cerradas, es la de permitir que puedan seguir utilizando las primarias, pero con participación ciudadana voluntaria.

Desde la Casa Rosada sostienen que las PASO representan un gasto elevado para el Estado y consideran que, con el paso de los años, terminaron funcionando más como una gran encuesta nacional que como un mecanismo efectivo para seleccionar candidatos. También argumentan que fomentan disputas internas dentro de las coaliciones políticas.

Por eso es que hay sectores del oficialismo que continúan criticando la alternativa de que sean optativas, al entender que no soluciona el problema del gasto que conlleva el proceso, sino que solamente lo reduciría, en el mejor de los casos.

Patricia Bullrich, presidente del bloque LLA en el Senado.

Por lo pronto, Bullrich se concentra en la sesión que tendrá esta semana, en la que buscará la media sanción para el pago de la deuda a los holdouts y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, así como también -posiblemente- tratar los pliegos judiciales.

En este último punto, el inesperado punto de fricción política se produjo a partir de la repentina instrucción presidencial de retirar el pliego a jueza de Michelli, luego de haberlo enviado y de que obtuviese dictamen aprobatorio en comisión, junto con la profunda tanda de postulaciones remitida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Luego de que Bullrich anticipara que no se plegará a la pretensión del Ejecutivo, haciendo uso de la “objeción de conciencia” y de que el bloque PRO adelantara el mismo temperamento, la senadora santafesina Carolina Losada salió a confirmar que votará “en contra” de retirar el pliego y que el bloque radical, de 10 miembros, votará igual.

Carolina Losada, senadora radical por Santa Fe, junto a Eduardo Galaretto.

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada. Y advirtió que “hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, para mi es una candidata super válida, muy formada, que dio una entrevista brillante ante la Comisión de Acuerdos”.

“Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien, ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, resaltó Losada.

El gobierno de Santa Fe volvió a plantear que la provincia “tiene capacidad para producir más biodiésel y generar empleo. Por eso proponemos un corte del 15 % y una división del mercado que permita convivir a todos los actores”.

La definición, en boca del ministro de la Producción, Gustavo Puccini, se produjo en momentos en que senadores del oficialismo impulsan en el Congreso un nuevo proyecto de ley de biocombustibles y a los efectos de reclamar una serie de modificaciones.

La iniciativa parlamentaria propone una transformación del esquema energético argentino, con foco en la desregulación del mercado, el aumento de las mezclas obligatorias y la incorporación de nuevos combustibles vinculados a la transición energética global.

El proyecto pertenece a Patricia Bullrich y plantea sustituir el actual régimen por un sistema “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, habilitando una mayor participación del sector privado y promoviendo nuevas inversiones en bioetanol, biodiésel, biometano y combustibles sostenibles de aviación (SAF).

En medio de ese debate, el Gobierno de Santa Fe sugirió varios cambios para fortalecer la producción y ampliar inversiones en el sector. Entre ellas, elevar el corte de biodiésel en surtidores a un 15 %, contra el 7,5 % actual y por encima del 10 % que prevé la iniciativa.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que el escenario internacional potencia el nivel de competitividad de los combustibles renovables frente a los fósiles y genera “una oportunidad inédita”.

Puccini remarcó que “las energías renovables hoy son competitivas y Argentina puede posicionarse como líder en vectores energéticos sustentables. Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada; no podemos resignarnos a tener plantas cerradas”.

Precisamente, al respaldar el proyecto presentado a nivel nacional, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, alertó sobre la situación crítica que atraviesa el sector del biodiésel en Santa Fe y aseguró que “el 90% de las fábricas están apagadas”.

En declaraciones a Cadena 3, el empresario explicó que la actual ley de biocombustibles “es obsoleta” y no permite que las grandes plantas del Gran Rosario puedan abastecer el mercado interno con precios más bajos que el gasoil importado.

Para la Provincia, el biodiésel representa además una herramienta económica estratégica: reduce importaciones de gasoil, genera ahorro de divisas, sostiene empleo industrial y fortalece economías regionales. Como referencia, recordaron que Brasil avanzará este año con un corte obligatorio del 15 % (B15) y proyecta llegar al 20 % en 2030.

En sintonía con esto, Pablo Farías, diputado santafesino perteneciente al bloque Provincias Unidas y presidente de la comisión de Pymes, afirmó que “Argentina debería estar produciendo todo lo que pueda en biocombustibles y combustibles alternativos, y exportando petróleo. Hoy nos convendría eso y no estar importando cantidades todavía tremendamente grandes de combustibles fósiles”.

Fue luego de la reunión de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación con el sector de biocombustibles y otras cadenas energéticas argentinas. Farías recordó que actualmente el corte obligatorio “por decreto está establecido en 7,5%” y aseguró que durante el encuentro legislativo hubo coincidencias en avanzar hacia un 15%.

El legislador santafesino explicó que actualmente existen dos iniciativas en discusión: un proyecto presentado recientemente en el Senado por los senadores Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, y otro impulsado en Diputados por Gutiérrez, junto a legisladores de distintos bloques.

“Son esquemas claramente diferentes. El proyecto del Senado propone reemplazar la actual Ley 27.640 con un nuevo marco regulatorio y establece porcentajes de corte inferiores al 10%, mientras que el proyecto de Diputados plantea elevar progresivamente los cortes obligatorios hasta alcanzar el 15% para biodiésel y bioetanol”, detalló.

Precisamente, el principal cuestionamiento santafesino apunta al tratamiento desigual entre bioetanol y biodiésel dentro del proyecto nacional. Mientras se propone una mezcla del 15 % para bioetanol en naftas (E15), se mantiene un tope del 10 % para biodiésel en gasoil (B10).

“Existe una asimetría regulatoria sin sustento técnico. Mantener el corte en 10 % es un retroceso porque no absorbe la capacidad instalada ni incentiva nuevas inversiones. Para atraer capitales y modernizar la industria es indispensable fijar un piso obligatorio del 15 %; la normativa técnica ya permite mezclas de hasta el 20 %”, afirmó Puccini.

En ese sentido, las cinco modificaciones que propone Santa Fe son las siguientes:

1. Subir el corte al 15% y avanzar hacia B20: la Provincia propone elevar inmediatamente el corte mínimo obligatorio al 15% (B15) y habilitar un esquema gradual hasta el 20 % cuando el biodiésel local resulte más competitivo que el gasoil importado.

2. Reservar participación para productores independientes: Santa Fe plantea destinar un 40 % del mercado a empresas no integradas, mediante licitaciones transparentes y límites de participación económica, para evitar concentración y garantizar competencia. El restante 60 % quedaría para industrias integradas y refinadoras.

3. Limitar la discrecionalidad estatal: la propuesta establece que la Secretaría de Energía solo pueda reducir temporalmente los porcentajes obligatorios ante emergencias de abastecimiento y por un máximo de 90 días, con el objetivo de brindar previsibilidad a las inversiones.

4. Incentivar combustibles de nueva generación: se pide incorporar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a proyectos vinculados con Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).

5. Garantizar competencia en materias primas: el planteo busca evitar posiciones dominantes sobre insumos estratégicos, como aceite de soja y metanol, asegurando abastecimiento y reglas de precio transparentes para productores independientes.

Luego de una buena semana para el oficialismo en el Congreso de la Nación con la media sanción de la modificación del régimen de Zonas Frías y la Ley Hojarasca, el Gobierno irá por la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021.

La norma vigente tiene con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos, por lo que obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías.

Este sábado ingresó al Senado un mensaje del Poder Ejecutivo, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones. Se suma al presentado una semana atrás por los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza)

Los diputados plantearon que a más de cuatro años de su implementación la ley no cumplió sus objetivos.

El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su eliminación total.

Entre los argumentos, los diputados plantearon que a más de cuatro años de su implementación "la Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos y ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria"

Y señalaron: "Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión".

Además, remarcaron que "el sistema de advertencias confunde al consumidor en lugar de orientarlo" porque el perfil nutricional adoptado utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que "no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes —como gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto—, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento".

Al respecto, plantearon: "A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley. La consecuencia es la distorsión de la información".

La Comisión de Alimentos está trabajando en la armonización del etiquetado frontal en el Mercosur.

La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal. En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que la norma "constituye un obstáculo al comercio y a la inversión".

Los diputados remarcaron que, aunque cada país del Mercosur tiene actualmente su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. Según argumentan, esto evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar, con mayores costos operativos que finalmente impactan en el precio para el consumidor.

"La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores", resaltaron.

Y agregaron: "Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza".

Al respecto, el oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos para el etiquetado frontal, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor porque se basa en valores concretos y no en su relación con las calorías totales.

En cambio, argumentan que el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría tanto la capacidad de las empresas para reformular productos más saludables como la posibilidad de los consumidores de elegir mejores opciones.

Cabe recordar que el Gobierno en el año 2024 ya había introducido una serie de modificaciones a la Ley 27.642. en la que estableció la prohibición de "publicitar, promocionar y/o patrocinar alimentos y bebidas analcohólicas envasados dirigidos especialmente a niños y adolescentes". En ese punto, aclaró que consideran niños a los menores de 13 años, y adolescentes a quienes tienen entre 13 y 16.

También planearon que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un sello de advertencia "deberán propender al consumo adecuado del producto, presentando sus propiedades objetivamente sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara e incluir la denominación de venta y el nombre comercial del producto".

Asimismo, la disposición exigía que toda publicidad destinada al público general incluya información clara y veraz sobre los sellos de advertencia, edulcorantes o cafeína que puedan contener los productos. También se establece que las promociones deben propender al consumo responsable, y evitar engaños o ambigüedades en la presentación de los alimentos

Según un informe del sitio Chequeado, desde 2025, el Mercosur está trabajando en la unificación del etiquetado frontal de alimentos en los países miembros. Se trata de un órgano técnico dependiente del Grupo Mercado Común (GMC), que tiene el objetivo de eliminar barreras técnicas al comercio entre los estados partes. Participan delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina.

El debate se da en medio de un aumento de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, contexto en el que el etiquetado de alimentos puede ser un instrumento eficaz para ayudar a los consumidores a elegir alimentos saludables, afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado en marzo destaca que Argentina es el país con la normativa de etiquetado de alimentos más alineada con las mejores prácticas recomendadas por la agencia sanitaria.

Existen 158 tipos de etiquetas de alimentos, según la FAO. Por ejemplo, en Paraguay los envases incluyen una lupa con la leyenda "Alto en" y, aunque el perfil de nutrientes se basa en recomendaciones de la OPS, el país fija sus propios límites.

Brasil utiliza el mismo sistema gráfico, pero con umbrales definidos a nivel nacional. Uruguay, en cambio, aplica octógonos negros como Argentina, aunque también con límites propios para los nutrientes.

De acuerdo con un informe de la FAGRAN(Federación Argentina de Graduados en Nutrición), el proceso de unificación representa un riesgo inminente de nivelar para abajo, modificando aspectos de la ley argentina, tales como criterios de calidad en compras públicas del Estado, restricciones de publicidad, promoción y patrocinio, y protección de entornos escolares.

Actualmente, la Comisión de Alimentos está trabajando en la armonización del etiquetado frontal en el Mercosur en sus reuniones ordinarias. De llegar al consenso total necesario para la aprobación, deberá someterse a la instancia de consulta pública, una revisión que cada Estado parte debe realizar durante al menos 60 días.

Para Argentina, como implicaría modificaciones a una ley emanada por el Congreso nacional, se requerirá una nueva intervención de este poder para incorporar los cambios..

Qué establece la ley

La norma, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados cuando superan límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños.

La ley también impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases. Tampoco pueden ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares.

El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que “no se puede retroceder ni ser blandos con quienes matan o están armados en la calle preparados para hacer daño”.

A través de sus redes sociales, el mandatario se refirió a la nueva detención del menor de 17 años acusado de participar en los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, y del playero Bruno Bussanich, en marzo de 2024 en Rosario.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo.

El adolescente fue detenido nuevamente en la zona norte de Rosario luego de un operativo policial motivado por denuncias de disturbios y presuntos disparos. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el joven estaba junto a otros dos menores y tenía un arma cargada al momento de la aprehensión.

En sintonía con ello, Pullaro marcó que “fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección”.

“En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad”, añadió.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos", dijo Pullaro.

Los dichos del gobernador se producen en momentos en que la Legislatura santafesina comienza a discutir una nueva serie de reformas en materia de seguridad pública, en un debate que se anticipa intenso a nivel político e institucional.

Tal como informó El Litoral, el mensaje ingresado a la Cámara de Diputados prevé once modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas, el Código de Procedimiento Penal.

Entre las disposiciones, se restituye la figura de la declaración informativa ante la Policía y sin la obligación de que esté presente un abogado defensor; se habilita allanamientos sin orden judicial en determinados casos y se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia.

Por otra parte, se avanza sobre la Ley Penitenciaria (con medidas de aislamiento y control de los contactos del interno), procedimientos contravencionales por decreto o medidas coercitivas en manos de fiscales, y ampliación de la política de recompensas.

Al respecto, y en sintonía con los conceptos vertidos por el gobernador, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni consignó que “no es momento de aflojar, es momento de profundizar las reformas”.

Cococcioni defendió la iniciativa oficial de modificar leyes. Foto: Flavio Raina.

En declaraciones periodísticas formuladas en Rosario, el funcionario defendió el nuevo paquete de medidas de endurecimiento con el argumento de que “hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, sino algunos prejuicios o preconceptos”, explicó.

En palabras de Pullaro, “todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.

El gobierno nacional consiguió en el Senado el aval de los bloques dialoguistas a unos 80 pliegos para cubrir cargos en la Justicia federal de todo el país. Entre ellos, Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para Santa Fe, y Santiago Saux para Rafaela.

Fue luego de la última audiencia para escuchar a los postulantes, en la que la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto escuchó a una veintena de aspirantes a jueces, defensores, camaristas y conjueces, la mayor parte para cargos en las provincias.

La comisión de Acuerdos avaló unos 80 pliegos para cargos judiciales. HCSN

Todos los postulados tuvieron dictamen y quedaron habilitados para ser votados en la próxima sesión que se programe en la Cámara alta. Lo mismo ocurrió con todos los pliegos que se trataron en las tres reuniones públicas previas.

Los bloques dialoguistas decidieron firmar todos los despachos luego que el Gobierno haya enviados unos cincuenta pliegos donde están los cargos para ocupar juzgados del interior del país, como reclamaban el PRO, la UCR y bloques provinciales.

De esta forma, el oficialismo podrá poner en tratamiento en la próxima sesión un buen número de pliegos, entre los que figuran los de la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, y los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Oral de Santa Fe. HCSN

Uno de las postulaciones que mas generaron expectativas fue la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, que tuvo una impugnación en contra que fue rechazada por el oficialismo.

Rosatti arrancó detallando sus comienzos, en 2007, como escribiente auxiliar en Santa Fe, para luego ser prosecretario, y llegar en 2013 a ser secretario electoral. En 2018 llegó al tribunal oral donde ahora es secretario de Cámara.

Ante los legisladores, hizo hincapié en que casi el 70% de las causas que se tramitan en el Tribunal en el que aspira a desempeñarse versan sobre estupefacientes.

“Es de los tribunales que mayor cantidad de sentencias dictaron en el país en los últimos años. Funciona muy bien; la mayor complejidad está en la secretaría de ejecución, que tiene casi 450 detenidos, no se descansa", añadió.

Y precisó que "no hay un juez de ejecución determinado para esta secretaría, por lo cual los jueces del tribunal se turnan año a año para ser jueces de ejecución. Esto creo que es el mayor desafío, pero es un tribunal que funciona muy bien”.

Resaltó que la provincia ha adherido a la Ley de Narcomenudeo, entonces “se pueden suscitar cuestiones de competencia", porque “no es fácil decir: hasta aquí es narcomenudeo, hasta aquí es narcotráfico, y ver qué parte va a la Justicia federal y qué parte va a la provincial”.

Advirtió también sobre las distintas fuerzas de prevención que intervienen en Santa Fe: federales, provinciales, también Prefectura. “Todos pueden actuar en los distintos ámbitos y pisarse en las investigaciones; las investigaciones pueden frustrarse si no hay una organización”, advirtió.

El actual fiscal federal Walter Rodríguez, propuesto para el juzgado federal No. 2.

A su turno, Walter Alberto Rodríguez, quien aspira a convertirse en juez del Juzgado Federal de Garantías Nº 2, señaló que pasó por todos los cargos que componen la estructura del juzgado Federal de San Isidro, que es en el que hizo la carrera. Cumplió también funciones de juez federal subrogante y contó que hace 14 años desempeña el cargo de fiscal.

En base a estadísticas del juzgado, dijo haber tomado noción del “enorme caudal de trabajo” que pesa sobre el mismo.

En primer lugar, hay causas sobre seguridad previsional; en segundo lugar, la tramitación de los reclamos en el ámbito de las deudas líquidas y exigibles de ARCA y Aduana. “Hay una creciente demanda también en lo relativo a amparos, principalmente de salud, y completan este panorama los trámites de naturaleza contencioso administrativo”, comentó.

Santiago Saux, para el juzgado federal de Rafaela. Guillermo Di Salvatore

Finalmente, Santiago Joaquín Saux, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, mencionó que se trata de un tribunal “bastante nuevo”, puesto en funcionamiento en 2014.

“Con competencia múltiple”, dijo, apuntando que abarca “una zona muy grande, es el 30% del territorio provincial, muy productiva, que tiene su punto de conflicto”, que ejemplificó en el amplio trazado de la ruta 34, que es competencia del juzgado de Rafaela.

Se refería al narcotráfico que llega desde Bolivia al puerto de Rosario. “Ha habido un trabajo interesante de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, detectando una importante cantidad de estupefacientes”.

En tanto, en la sesión de este jueves en el Senado tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.

El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.

Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.

En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa. Entre ellos figura Florentino Malaponte, para la Cámara Federal Rosario, Sala A.

Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.

La diputada nacional santafesina Gisela Scaglia presentó un proyecto de ley que propone un esquema de reducción gradual y lineal a los derechos de exportación del sector agropecuario. El texto define cuatro períodos y la idea central es llegar a una alícuota definitiva del 0% para el año 2029. “Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina”, expresó.

La iniciativa de la presidenta del bloque Provincias Unidas cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales José Núñez, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán, y establece una sistema de reducción anual equivalente al 25% de la alícuota base (actual).

Según la legisladora, esto apunta a devolver competitividad al interior productivo y a eliminar la potestad del Ejecutivo de modificar las alícuotas por decreto.

Por eso propone también la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que es el que habilita al Poder Ejecutivo a tomar esa medida sin intervención del Congreso de la Nación.

En ese punto, Scaglia recordó las seis modificaciones hechas por decreto en materia de exportación de cereales y oleaginosas que, según palabras de la diputada, “generaron incertidumbre en el mercado”. En caso de prosperar este texto, cualquier cambio deberá ser debatido en los recintos.

El proyecto elimina la facultad del Ejecutivo de modificar alícuotas por decreto, y deja esa decisión en manos del Congreso. Archivo El Litoral

En los fundamentos, señaló que “el sector agroexportador cerró el año 2025 con un ingreso que superó la suma de USD 31.000.000.000, consolidándose como la principal fuente de divisas”, y cargó que “de la recaudación total por Derechos de Exportación (DEX) en 2025, el complejo agroexportador explicó más del 90% del monto”.

Pero consideró que “Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador, dependiendo de los precios internacionales. El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”.

Scaglia explicó que la redacción de este proyecto de ley “es resultado de escuchar a productores y técnicos, y no es un privilegio sectorial, sino una corrección estructural”. Y cerró: “La eliminación de retenciones es una inversión en empleo e industrialización. Cuando el campo gana, gana toda la cadena de servicios local”.

"Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina. El productor que gana más no se guarda la plata: compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Esto no es un privilegio sectorial, es una condición para que el país crezca", agregó la ex vicegobernadora santafesina.

El proyecto contempla, además, una cláusula de protección federal: el Ejecutivo no podrá invocar la nueva norma para modificar los regímenes de coparticipación ni los fondos destinados a las provincias.

Scaglia subrayó que la recaudación de retenciones no es coparticipable, por lo que las provincias productoras generan la riqueza pero no reciben retorno proporcional, un esquema que consideró contrario al federalismo constitucional.

Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos.

En un escenario cargado de simbolismo para la economía productiva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó días atrás el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 para trazar una hoja de ruta con fuerte anclaje en la agroindustria.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el mandatario no solo destacó el valor institucional del evento, sino que también reforzó su posicionamiento en torno a tres ejes clave: infraestructura, financiamiento y alivio impositivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro, en el remate del primer lote de soja. Archivo El Litoral.

En ese marco, cuestionó el estado de las rutas nacionales y denunció la falta de inversión en infraestructura estratégica. En esa línea, vinculó el reclamo con el esquema de retenciones agropecuarias: “Son recursos que deberían destinarse a mejorar la infraestructura productiva”, señaló.

En paralelo, el gobernador subrayó la política tributaria de la provincia como un diferencial competitivo. Aseguró que Santa Fe registra actualmente la menor carga impositiva en dos décadas, con exenciones clave para el agro. “El campo no paga Ingresos Brutos”, recordó, y detalló que la industria tributa apenas un 0,7%.

Todo esto en momentos en que el Gobierno nacional confirmó que, a partir del 1 de julio, se restablecerán las retenciones a las exportaciones agropecuarias en niveles similares a los de enero, tras un periodo de reducción temporal.

Concretamente, la soja volverá a tributar una alícuota del 33%, el maíz del 12%, y el girasol del 7%. Trigo, cebada y sorgo también incrementarán su carga: pasarán del 5,5-9,5% actual a los valores previos al recorte.

Las entidades agropecuarias reaccionaron de inmediato. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap manifestaron su oposición y calificaron el incremento como "robo institucionalizado", reclamando que se mantuvieran las retenciones reducidas o que se eliminara el gravamen por completo.

Según un análisis de la Fundación Mediterránea, la suba impactará significativamente en la rentabilidad, con una caída de hasta el 12% entre los productores de la zona núcleo y hasta un 74% en regiones extra pampeanas.

Un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre las retenciones, permitió proyectar que la reducción gradual de las retenciones el área sembrada podría alcanzar a los 41,1 M/ha en 2036 (en la actualidad la superficie implanta con los principales cultivos alcanza a los 37M/ha) y, obtener una producción total de granos que oscilaría entre los 134M/t y los 165 M/t el 2036.

El informe plantea un escenario alternativo: sin retenciones, la producción podría escalar a 183 millones de toneladas, impulsando exportaciones por 126 millones y generando ingresos por unos U$s 50.000 millones.

La histórica cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue declarada en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de constatarse la inviabilidad económica de la empresa y el fracaso anticipado de su proceso concursal.

La resolución judicial, conocida este miércoles y firmada por el juez Marcelo Gelcich, se sustenta entre otros elementos en el propio reconocimiento de la compañía de que no estaba en condiciones de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores ni de sostener su operatoria corriente, lo que derivó en una “quiebra indirecta” por frustración del concurso preventivo.

A lo largo de sus 49 páginas, el fallo describe una situación financiera crítica, con un pasivo concursal de “varios miles de millones de pesos” y más de 86 millones de dólares, al que se suma una pesada carga de deuda generada durante el propio proceso concursal.

Utiliza para ello una síntesis del todo el proceso en términos de “lenguaje claro”, y añade un “mensaje a la sociedad”, en el que sustenta el compromiso judicial de atender debidamente el interés de los acreedores, sin perder de vista el impacto de la medida en la comunidad.

“A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos”, consigna el juez.

Y pone de resalto a continuación “que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca.

“Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja”, añade.

Se dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas.

Pero a la vez, aclara que si, a la inversa, las plantas se quedaran sin el personal, “sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad”.

En la descripción del cuadro presentado, el fallo precisa que solo en concepto de deuda postconcursal, la cooperativa acumulaba al 31 de enero de 2026:

Más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales

$12.788 millones en salarios adeudados

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

A esto se añade un ritmo de generación de nuevo pasivo cercano a los $3.000 millones mensuales, en un contexto en el que los ingresos corrientes ya no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

El deterioro económico estuvo acompañado por una fuerte contracción de la actividad. La empresa operaba con seis plantas industriales —ubicadas en Santa Fe y Córdoba— pero con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad.

El caso más crítico es el de Sunchales, su planta principal, que funcionaba con niveles de ocupación inferiores al 10%, mientras otras instalaciones directamente quedaron paralizadas o en situación de subutilización.

El proceso también implicó un cambio estructural en el modelo productivo: durante 2025, SanCor pasó de procesar leche propia a depender de terceros (fazón), y finalmente terminó operando con volúmenes mínimos de producción propia, reflejo de la pérdida de proveedores y contratos comerciales.

Pese a la declaración de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas, con el objetivo de preservar el valor de la empresa en marcha y evitar un deterioro mayor de los activos.

En paralelo, se ordenó avanzar en un proceso de enajenación de la compañía —total o por unidades productivas— mediante mecanismos de licitación, en línea con lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

La estrategia apunta a maximizar el recupero para los acreedores y eventualmente facilitar el ingreso de nuevos operadores privados interesados en activos industriales, marcas o segmentos del negocio.

El colapso de SanCor tiene un fuerte impacto en el entramado productivo regional. Al momento de la sentencia, la empresa contaba con 914 trabajadores, muchos de ellos con salarios impagos y en condiciones laborales precarias.

El fallo reconoce la gravedad de la situación y pone especial énfasis en la protección de los créditos laborales, aunque en el marco de un proceso falencial donde la prioridad será la liquidación ordenada del patrimonio.

La quiebra marca el desenlace de un proceso de deterioro que se arrastra desde hace años. SanCor, que supo ser uno de los principales actores del sector lácteo argentino, no logró revertir sus problemas estructurales: alta carga de costos, pérdida de competitividad, endeudamiento creciente y dificultades para sostener su red de productores asociados.

El expediente judicial deja en claro que, más allá de los intentos de reestructuración, la empresa ingresó en una fase de “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad permanente para generar recursos suficientes incluso para sostener su operación cotidiana.

Con este fallo, se abre ahora una nueva etapa en la que el destino de la marca y de sus activos quedará sujeto al interés del mercado, en un escenario donde el desafío será preservar lo que aún resulte viable de una de las cooperativas emblemáticas de la economía regional.

Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026.

En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.

Los ministros de la Corte Suprema de la Nación, Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.

El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura.

Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”.

El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial.

Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia.

La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo y Universidad Católica de La Plata.

También firman Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe (a través de su rector Martín De Palma), Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

El Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.

La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales.

El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

El Consejo de la Magistratura inició el debate con posturas encontradas.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción.

Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200.

La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.

A la vez, identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

En un contexto de creciente tensión institucional, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) presentó una nota formal ante el Consejo.

El documento, dirigido a su presidente, Horacio Rosatti, manifiesta una "profunda preocupación" por el nuevo proyecto de reglamento de concursos aprobado por la Corte. La asociación advierte que la nueva normativa omite la obligatoriedad de incluir mujeres en las ternas de candidatos, lo que representa un retroceso frente al régimen de paridad vigente hasta el momento.

De acuerdo con el documento, el régimen vigente —establecido por la Resolución 266/2019— contempla mecanismos concretos para asegurar la participación femenina tanto en etapas previas, como entrevistas, como en la integración final de las ternas. El proyecto actual, en cambio, traslada la cuestión de género al plano general del procedimiento, sin asegurar resultados en términos de representación.

La AMJA sostuvo que este cambio “no puede ser considerado neutro”, ya que elimina una herramienta directa de incidencia en el acceso a cargos judiciales. En su argumentación, advirtió que reemplazar esa garantía por mecanismos indirectos reduce la eficacia de las políticas de igualdad en un momento decisivo del proceso de selección.

Además, la asociación recordó que impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades.

Dicha iniciativa busca establecer una medida de acción positiva que impida la conformación de tribunales colegiados integrados exclusivamente por personas de un mismo género, amparándose en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.

La nota firmada por la presidenta de AMJA, Ercilia Eve Flores Aiuto, y la directora ejecutiva, Nieves Macchiavelli, subraya la subrepresentación femenina en los niveles jerárquicos superiores del Poder Judicial argentino. Este fenómeno, conocido como "techo de cristal", es un dato objetivo de la realidad institucional que, según la organización, no puede ser ignorado al legislar.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.

La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que promete "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes".

Más allá de la controversia que de por sí generan algunas de las disposiciones normativas propuestas, el acontecimiento tendrá una fuerte carga política, por cuanto el ministro es cuestionado por sectores de la oposición como el principal ideólogo del ajuste, y la oposición viene reclamando insistentemente su presencia en el recinto.

El desembarco de Sturzenegger tendrá lugar, además, en momentos en que se encuentran sobre el tapete las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias sobre la injerencia rusa en publicaciones contra La Libertad Avanza en medios argentinos.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

Según detalla el sitio especializado Parlamentario, el proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.

Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmará este martes con autoridades de la Anses el convenio que establecerá las pautas para los futuros desembolsos desde el organismo nacional a la provincia, para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, conforme a lo acordado en virtud de la no transferencia del organismo a la órbita nacional.

Será a razón de $ 10 mil millones por mes, durante un año, y en concepto de “pago a cuenta” de los montos correspondientes. Mientras tanto, se continuará con la negociación para llevar esa cobertura al nivel debido.

A la vez, y por 180 días renovables, se suspenderán los plazos procesales de los reclamos de Santa Fe ante la Corte Suprema Nacional, uno para se normalicen los pagos suspendidos y otro para que se pague la deuda acumulada, que se calcula en 1,2 billones de pesos.

Los términos del convenio fueron adelantados por El Litoral, y confirmados en la mañana de este lunes por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.

Tal como recordó Boasso, el compromiso de Nación de cubrir el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación se produjo durante el gobierno de Carlos Menem.

Por entonces, Santa Fe quedó entre las 13 cajas que decidieron no transferir sus cajas, mientras que otras 11 sí lo hicieron y hoy sus jubilados cobran los montos fijados por Ansés, sensiblemente inferiores a los provinciales.

Ese déficit se vino enjugando de manera incompleta y deficiente, hasta que en 2021, en la gestión de Alberto Fernández, se interrumpieron las partidas; generando una deuda acumulada que se incrementó durante el gobierno de Javier Milei, cuyo monto está calculado por la provincia en 1,2 billones y hoy se reclama por vía judicial.

Coudannes, flamante vocera del gobierno de Santa Fe.

Las partidas cuya remisión retomará Ansés a partir del mes de mayo, y que además son un pago a cuenta, triplican las que venía recibiendo el anterior gobierno provincial antes de que fuesen suspendidas, remarcó Coudannes.

A mayor abundamiento, marcó que equivalen, en cada una de las 12 cuotas, al presupuesto de la reparación de la ruta nacional A012, que tiene previsto solventar la provincia, y también al calculado para la adquisición de más de 300 transformadores eléctricos de la EPE y la mejora del tendido eléctrico.

“Esto forma parte de una serie de decisiones tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro para salvar la Caja de Jubilaciones y no transferirla, porque todos sabemos la diferencia en los ingresos de un jubilado de Ansés y uno de la Provincia de Santa Fe”, remarcó Coudannes.

Añadió que “la Caja se saneó, mejoró su funcionamiento, mantiene un déficit del que la Nación tiene que seguir haciéndose cargo, pero que está mucho mejor de lo que la encontramos en 2023”.

“Esto ha generado incomodidades, pero hay que decirles a los santafesinos que es parte de un proceso, que va a continuar, siempre con el objetivo de preservar el sistema previsional en manos de la provincia”, completó.

La Anses debe compensar en parte el déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

A su turno, Boasso remarcó que si Santa Fe no encaraba la reforma previsional (que consideró “modelo”), el sistema “explotaba y había que transferir las jubilaciones a la Nación”. Pero que con lo hecho, el déficit, que el año pasado fue de 311 mil millones de pesos, se redujo a la mitad.

Adelantó que como parte del proceso de negociaciones se harán “simulaciones” para determinar cuánto costaría a la Nación hacerse cargo de las jubilaciones santafesinas, y así ajustar tanto los montos a remitir mensualmente, como la deuda que se sigue acumulando.

“Con esto el déficit no desaparece, pero hay una reducción importante, mientras se sigue trabajando en un acuerdo por mayor valor. Y si no se llega a ese acuerdo, se seguirá con las dos acciones judiciales”, adelantó Boasso.

En ese sentido, consideró que este convenio no resuelve el problema, pero es “un muy buen paso adelante”.

Partiendo de la base de que “el déficit nunca puede ser cero, porque nosotros pagamos mucho mejores jubilaciones que la Nación. Ansés tiene jubilaciones máximas de 2,5 millones, mientras que la nuestra es de 11. Por eso no entendemos los planteos de sectores privilegiados que buscan bombardear el sistema con recursos de amparo”, completó.

En concreto, el acuerdo establece que Anses transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de diez mil millones pesos cada una a partir de mayo del corriente año y hasta abril de 2027. Ello será en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo que surge de la auditoría realizada sobre el ejercicio en curso.

El convenio dispone, asimismo, que provincia y nación se comprometen a colaborar de manera recíproca a fin de establecer el resultado definitivo tras la simulación como consecuencia de la armonización de los sistemas, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025. Si alguna de las partes incumpliese lo establecido, se suspenderá de manera inmediata la ejecución del articulado.

La "armonización" citada resultado de analizar ambos sistemas previsionales (el nacional y el provincial) de acuerdo con una serie de criterios, como la edad que se establece para el retiro en cada uno de esos ámbitos.

Del resultado de esa comparativa, se calcula el nivel de asistencia financiera que la Nación le aportará a Santa Fe para enjugar parte del déficit de su Caja de Jubilaciones.

Ambos estamentos acuerdan, en otro orden, que los montos provenientes de los resultados definitivos correspondientes a los ejercicios pendientes (2022 a 2025) podrán ser incorporados en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

En el escenario eventual de que las sumas transferidas a la provincia en concepto de anticipo correspondiente al Ejercicio 2026 superen el Resultado Definitivo de dicho ejercicio, Anses podrá realizar las gestiones para el recupero de esas sumas.

Como adelantara El Litoral, se suspenden también por 180 días (prorrogable por idéntico período) los plazos procesales que se encuentran corriendo en materia de juicios iniciados por la provincia contra Nación en esta materia.

Canceladas las sumas citadas de parte de Nación a través del Régimen de Compensación de Deudas, la provincia deberá desistir de procesos iniciados y vinculados al convenio en cuestión.