El gobierno nacional consiguió en el Senado el aval de los bloques dialoguistas a unos 80 pliegos para cubrir cargos en la Justicia federal de todo el país. Entre ellos, Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para Santa Fe, y Santiago Saux para Rafaela.

Fue luego de la última audiencia para escuchar a los postulantes, en la que la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto escuchó a una veintena de aspirantes a jueces, defensores, camaristas y conjueces, la mayor parte para cargos en las provincias.

La comisión de Acuerdos avaló unos 80 pliegos para cargos judiciales. HCSN

Todos los postulados tuvieron dictamen y quedaron habilitados para ser votados en la próxima sesión que se programe en la Cámara alta. Lo mismo ocurrió con todos los pliegos que se trataron en las tres reuniones públicas previas.

Los bloques dialoguistas decidieron firmar todos los despachos luego que el Gobierno haya enviados unos cincuenta pliegos donde están los cargos para ocupar juzgados del interior del país, como reclamaban el PRO, la UCR y bloques provinciales.

De esta forma, el oficialismo podrá poner en tratamiento en la próxima sesión un buen número de pliegos, entre los que figuran los de la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, y los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Oral de Santa Fe. HCSN

Uno de las postulaciones que mas generaron expectativas fue la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, que tuvo una impugnación en contra que fue rechazada por el oficialismo.

Rosatti arrancó detallando sus comienzos, en 2007, como escribiente auxiliar en Santa Fe, para luego ser prosecretario, y llegar en 2013 a ser secretario electoral. En 2018 llegó al tribunal oral donde ahora es secretario de Cámara.

Ante los legisladores, hizo hincapié en que casi el 70% de las causas que se tramitan en el Tribunal en el que aspira a desempeñarse versan sobre estupefacientes.

“Es de los tribunales que mayor cantidad de sentencias dictaron en el país en los últimos años. Funciona muy bien; la mayor complejidad está en la secretaría de ejecución, que tiene casi 450 detenidos, no se descansa", añadió.

Y precisó que "no hay un juez de ejecución determinado para esta secretaría, por lo cual los jueces del tribunal se turnan año a año para ser jueces de ejecución. Esto creo que es el mayor desafío, pero es un tribunal que funciona muy bien”.

Resaltó que la provincia ha adherido a la Ley de Narcomenudeo, entonces “se pueden suscitar cuestiones de competencia", porque “no es fácil decir: hasta aquí es narcomenudeo, hasta aquí es narcotráfico, y ver qué parte va a la Justicia federal y qué parte va a la provincial”.

Advirtió también sobre las distintas fuerzas de prevención que intervienen en Santa Fe: federales, provinciales, también Prefectura. “Todos pueden actuar en los distintos ámbitos y pisarse en las investigaciones; las investigaciones pueden frustrarse si no hay una organización”, advirtió.

El actual fiscal federal Walter Rodríguez, propuesto para el juzgado federal No. 2.

A su turno, Walter Alberto Rodríguez, quien aspira a convertirse en juez del Juzgado Federal de Garantías Nº 2, señaló que pasó por todos los cargos que componen la estructura del juzgado Federal de San Isidro, que es en el que hizo la carrera. Cumplió también funciones de juez federal subrogante y contó que hace 14 años desempeña el cargo de fiscal.

En base a estadísticas del juzgado, dijo haber tomado noción del “enorme caudal de trabajo” que pesa sobre el mismo.

En primer lugar, hay causas sobre seguridad previsional; en segundo lugar, la tramitación de los reclamos en el ámbito de las deudas líquidas y exigibles de ARCA y Aduana. “Hay una creciente demanda también en lo relativo a amparos, principalmente de salud, y completan este panorama los trámites de naturaleza contencioso administrativo”, comentó.

Santiago Saux, para el juzgado federal de Rafaela. Guillermo Di Salvatore

Finalmente, Santiago Joaquín Saux, propuesto como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, mencionó que se trata de un tribunal “bastante nuevo”, puesto en funcionamiento en 2014.

“Con competencia múltiple”, dijo, apuntando que abarca “una zona muy grande, es el 30% del territorio provincial, muy productiva, que tiene su punto de conflicto”, que ejemplificó en el amplio trazado de la ruta 34, que es competencia del juzgado de Rafaela.

Se refería al narcotráfico que llega desde Bolivia al puerto de Rosario. “Ha habido un trabajo interesante de las fuerzas de seguridad en los últimos meses, detectando una importante cantidad de estupefacientes”.

En tanto, en la sesión de este jueves en el Senado tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.

El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.

Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.

En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa. Entre ellos figura Florentino Malaponte, para la Cámara Federal Rosario, Sala A.

Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.

La diputada nacional santafesina Gisela Scaglia presentó un proyecto de ley que propone un esquema de reducción gradual y lineal a los derechos de exportación del sector agropecuario. El texto define cuatro períodos y la idea central es llegar a una alícuota definitiva del 0% para el año 2029. “Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina”, expresó.

La iniciativa de la presidenta del bloque Provincias Unidas cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales José Núñez, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán, y establece una sistema de reducción anual equivalente al 25% de la alícuota base (actual).

Según la legisladora, esto apunta a devolver competitividad al interior productivo y a eliminar la potestad del Ejecutivo de modificar las alícuotas por decreto.

Por eso propone también la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que es el que habilita al Poder Ejecutivo a tomar esa medida sin intervención del Congreso de la Nación.

En ese punto, Scaglia recordó las seis modificaciones hechas por decreto en materia de exportación de cereales y oleaginosas que, según palabras de la diputada, “generaron incertidumbre en el mercado”. En caso de prosperar este texto, cualquier cambio deberá ser debatido en los recintos.

El proyecto elimina la facultad del Ejecutivo de modificar alícuotas por decreto, y deja esa decisión en manos del Congreso. Archivo El Litoral

En los fundamentos, señaló que “el sector agroexportador cerró el año 2025 con un ingreso que superó la suma de USD 31.000.000.000, consolidándose como la principal fuente de divisas”, y cargó que “de la recaudación total por Derechos de Exportación (DEX) en 2025, el complejo agroexportador explicó más del 90% del monto”.

Pero consideró que “Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador, dependiendo de los precios internacionales. El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”.

Scaglia explicó que la redacción de este proyecto de ley “es resultado de escuchar a productores y técnicos, y no es un privilegio sectorial, sino una corrección estructural”. Y cerró: “La eliminación de retenciones es una inversión en empleo e industrialización. Cuando el campo gana, gana toda la cadena de servicios local”.

"Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina. El productor que gana más no se guarda la plata: compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Esto no es un privilegio sectorial, es una condición para que el país crezca", agregó la ex vicegobernadora santafesina.

El proyecto contempla, además, una cláusula de protección federal: el Ejecutivo no podrá invocar la nueva norma para modificar los regímenes de coparticipación ni los fondos destinados a las provincias.

Scaglia subrayó que la recaudación de retenciones no es coparticipable, por lo que las provincias productoras generan la riqueza pero no reciben retorno proporcional, un esquema que consideró contrario al federalismo constitucional.

Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos.

En un escenario cargado de simbolismo para la economía productiva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó días atrás el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 para trazar una hoja de ruta con fuerte anclaje en la agroindustria.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el mandatario no solo destacó el valor institucional del evento, sino que también reforzó su posicionamiento en torno a tres ejes clave: infraestructura, financiamiento y alivio impositivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro, en el remate del primer lote de soja. Archivo El Litoral.

En ese marco, cuestionó el estado de las rutas nacionales y denunció la falta de inversión en infraestructura estratégica. En esa línea, vinculó el reclamo con el esquema de retenciones agropecuarias: “Son recursos que deberían destinarse a mejorar la infraestructura productiva”, señaló.

En paralelo, el gobernador subrayó la política tributaria de la provincia como un diferencial competitivo. Aseguró que Santa Fe registra actualmente la menor carga impositiva en dos décadas, con exenciones clave para el agro. “El campo no paga Ingresos Brutos”, recordó, y detalló que la industria tributa apenas un 0,7%.

Todo esto en momentos en que el Gobierno nacional confirmó que, a partir del 1 de julio, se restablecerán las retenciones a las exportaciones agropecuarias en niveles similares a los de enero, tras un periodo de reducción temporal.

Concretamente, la soja volverá a tributar una alícuota del 33%, el maíz del 12%, y el girasol del 7%. Trigo, cebada y sorgo también incrementarán su carga: pasarán del 5,5-9,5% actual a los valores previos al recorte.

Las entidades agropecuarias reaccionaron de inmediato. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap manifestaron su oposición y calificaron el incremento como "robo institucionalizado", reclamando que se mantuvieran las retenciones reducidas o que se eliminara el gravamen por completo.

Según un análisis de la Fundación Mediterránea, la suba impactará significativamente en la rentabilidad, con una caída de hasta el 12% entre los productores de la zona núcleo y hasta un 74% en regiones extra pampeanas.

Un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre las retenciones, permitió proyectar que la reducción gradual de las retenciones el área sembrada podría alcanzar a los 41,1 M/ha en 2036 (en la actualidad la superficie implanta con los principales cultivos alcanza a los 37M/ha) y, obtener una producción total de granos que oscilaría entre los 134M/t y los 165 M/t el 2036.

El informe plantea un escenario alternativo: sin retenciones, la producción podría escalar a 183 millones de toneladas, impulsando exportaciones por 126 millones y generando ingresos por unos U$s 50.000 millones.

La histórica cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue declarada en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de constatarse la inviabilidad económica de la empresa y el fracaso anticipado de su proceso concursal.

La resolución judicial, conocida este miércoles y firmada por el juez Marcelo Gelcich, se sustenta entre otros elementos en el propio reconocimiento de la compañía de que no estaba en condiciones de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores ni de sostener su operatoria corriente, lo que derivó en una “quiebra indirecta” por frustración del concurso preventivo.

A lo largo de sus 49 páginas, el fallo describe una situación financiera crítica, con un pasivo concursal de “varios miles de millones de pesos” y más de 86 millones de dólares, al que se suma una pesada carga de deuda generada durante el propio proceso concursal.

Utiliza para ello una síntesis del todo el proceso en términos de “lenguaje claro”, y añade un “mensaje a la sociedad”, en el que sustenta el compromiso judicial de atender debidamente el interés de los acreedores, sin perder de vista el impacto de la medida en la comunidad.

“A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos”, consigna el juez.

Y pone de resalto a continuación “que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca.

“Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja”, añade.

Se dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas.

Pero a la vez, aclara que si, a la inversa, las plantas se quedaran sin el personal, “sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad”.

En la descripción del cuadro presentado, el fallo precisa que solo en concepto de deuda postconcursal, la cooperativa acumulaba al 31 de enero de 2026:

Más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales

$12.788 millones en salarios adeudados

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

A esto se añade un ritmo de generación de nuevo pasivo cercano a los $3.000 millones mensuales, en un contexto en el que los ingresos corrientes ya no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

El deterioro económico estuvo acompañado por una fuerte contracción de la actividad. La empresa operaba con seis plantas industriales —ubicadas en Santa Fe y Córdoba— pero con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad.

El caso más crítico es el de Sunchales, su planta principal, que funcionaba con niveles de ocupación inferiores al 10%, mientras otras instalaciones directamente quedaron paralizadas o en situación de subutilización.

El proceso también implicó un cambio estructural en el modelo productivo: durante 2025, SanCor pasó de procesar leche propia a depender de terceros (fazón), y finalmente terminó operando con volúmenes mínimos de producción propia, reflejo de la pérdida de proveedores y contratos comerciales.

Pese a la declaración de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas, con el objetivo de preservar el valor de la empresa en marcha y evitar un deterioro mayor de los activos.

En paralelo, se ordenó avanzar en un proceso de enajenación de la compañía —total o por unidades productivas— mediante mecanismos de licitación, en línea con lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

La estrategia apunta a maximizar el recupero para los acreedores y eventualmente facilitar el ingreso de nuevos operadores privados interesados en activos industriales, marcas o segmentos del negocio.

El colapso de SanCor tiene un fuerte impacto en el entramado productivo regional. Al momento de la sentencia, la empresa contaba con 914 trabajadores, muchos de ellos con salarios impagos y en condiciones laborales precarias.

El fallo reconoce la gravedad de la situación y pone especial énfasis en la protección de los créditos laborales, aunque en el marco de un proceso falencial donde la prioridad será la liquidación ordenada del patrimonio.

La quiebra marca el desenlace de un proceso de deterioro que se arrastra desde hace años. SanCor, que supo ser uno de los principales actores del sector lácteo argentino, no logró revertir sus problemas estructurales: alta carga de costos, pérdida de competitividad, endeudamiento creciente y dificultades para sostener su red de productores asociados.

El expediente judicial deja en claro que, más allá de los intentos de reestructuración, la empresa ingresó en una fase de “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad permanente para generar recursos suficientes incluso para sostener su operación cotidiana.

Con este fallo, se abre ahora una nueva etapa en la que el destino de la marca y de sus activos quedará sujeto al interés del mercado, en un escenario donde el desafío será preservar lo que aún resulte viable de una de las cooperativas emblemáticas de la economía regional.

Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026.

En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.

Los ministros de la Corte Suprema de la Nación, Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.

El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura.

Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”.

El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial.

Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia.

La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo y Universidad Católica de La Plata.

También firman Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe (a través de su rector Martín De Palma), Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

El Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.

La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales.

El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

El Consejo de la Magistratura inició el debate con posturas encontradas.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción.

Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200.

La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.

A la vez, identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

En un contexto de creciente tensión institucional, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) presentó una nota formal ante el Consejo.

El documento, dirigido a su presidente, Horacio Rosatti, manifiesta una "profunda preocupación" por el nuevo proyecto de reglamento de concursos aprobado por la Corte. La asociación advierte que la nueva normativa omite la obligatoriedad de incluir mujeres en las ternas de candidatos, lo que representa un retroceso frente al régimen de paridad vigente hasta el momento.

De acuerdo con el documento, el régimen vigente —establecido por la Resolución 266/2019— contempla mecanismos concretos para asegurar la participación femenina tanto en etapas previas, como entrevistas, como en la integración final de las ternas. El proyecto actual, en cambio, traslada la cuestión de género al plano general del procedimiento, sin asegurar resultados en términos de representación.

La AMJA sostuvo que este cambio “no puede ser considerado neutro”, ya que elimina una herramienta directa de incidencia en el acceso a cargos judiciales. En su argumentación, advirtió que reemplazar esa garantía por mecanismos indirectos reduce la eficacia de las políticas de igualdad en un momento decisivo del proceso de selección.

Además, la asociación recordó que impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades.

Dicha iniciativa busca establecer una medida de acción positiva que impida la conformación de tribunales colegiados integrados exclusivamente por personas de un mismo género, amparándose en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.

La nota firmada por la presidenta de AMJA, Ercilia Eve Flores Aiuto, y la directora ejecutiva, Nieves Macchiavelli, subraya la subrepresentación femenina en los niveles jerárquicos superiores del Poder Judicial argentino. Este fenómeno, conocido como "techo de cristal", es un dato objetivo de la realidad institucional que, según la organización, no puede ser ignorado al legislar.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.

La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que promete "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes".

Más allá de la controversia que de por sí generan algunas de las disposiciones normativas propuestas, el acontecimiento tendrá una fuerte carga política, por cuanto el ministro es cuestionado por sectores de la oposición como el principal ideólogo del ajuste, y la oposición viene reclamando insistentemente su presencia en el recinto.

El desembarco de Sturzenegger tendrá lugar, además, en momentos en que se encuentran sobre el tapete las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias sobre la injerencia rusa en publicaciones contra La Libertad Avanza en medios argentinos.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

Según detalla el sitio especializado Parlamentario, el proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.

Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmará este martes con autoridades de la Anses el convenio que establecerá las pautas para los futuros desembolsos desde el organismo nacional a la provincia, para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, conforme a lo acordado en virtud de la no transferencia del organismo a la órbita nacional.

Será a razón de $ 10 mil millones por mes, durante un año, y en concepto de “pago a cuenta” de los montos correspondientes. Mientras tanto, se continuará con la negociación para llevar esa cobertura al nivel debido.

A la vez, y por 180 días renovables, se suspenderán los plazos procesales de los reclamos de Santa Fe ante la Corte Suprema Nacional, uno para se normalicen los pagos suspendidos y otro para que se pague la deuda acumulada, que se calcula en 1,2 billones de pesos.

Los términos del convenio fueron adelantados por El Litoral, y confirmados en la mañana de este lunes por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.

Tal como recordó Boasso, el compromiso de Nación de cubrir el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación se produjo durante el gobierno de Carlos Menem.

Por entonces, Santa Fe quedó entre las 13 cajas que decidieron no transferir sus cajas, mientras que otras 11 sí lo hicieron y hoy sus jubilados cobran los montos fijados por Ansés, sensiblemente inferiores a los provinciales.

Ese déficit se vino enjugando de manera incompleta y deficiente, hasta que en 2021, en la gestión de Alberto Fernández, se interrumpieron las partidas; generando una deuda acumulada que se incrementó durante el gobierno de Javier Milei, cuyo monto está calculado por la provincia en 1,2 billones y hoy se reclama por vía judicial.

Coudannes, flamante vocera del gobierno de Santa Fe.

Las partidas cuya remisión retomará Ansés a partir del mes de mayo, y que además son un pago a cuenta, triplican las que venía recibiendo el anterior gobierno provincial antes de que fuesen suspendidas, remarcó Coudannes.

A mayor abundamiento, marcó que equivalen, en cada una de las 12 cuotas, al presupuesto de la reparación de la ruta nacional A012, que tiene previsto solventar la provincia, y también al calculado para la adquisición de más de 300 transformadores eléctricos de la EPE y la mejora del tendido eléctrico.

“Esto forma parte de una serie de decisiones tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro para salvar la Caja de Jubilaciones y no transferirla, porque todos sabemos la diferencia en los ingresos de un jubilado de Ansés y uno de la Provincia de Santa Fe”, remarcó Coudannes.

Añadió que “la Caja se saneó, mejoró su funcionamiento, mantiene un déficit del que la Nación tiene que seguir haciéndose cargo, pero que está mucho mejor de lo que la encontramos en 2023”.

“Esto ha generado incomodidades, pero hay que decirles a los santafesinos que es parte de un proceso, que va a continuar, siempre con el objetivo de preservar el sistema previsional en manos de la provincia”, completó.

La Anses debe compensar en parte el déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

A su turno, Boasso remarcó que si Santa Fe no encaraba la reforma previsional (que consideró “modelo”), el sistema “explotaba y había que transferir las jubilaciones a la Nación”. Pero que con lo hecho, el déficit, que el año pasado fue de 311 mil millones de pesos, se redujo a la mitad.

Adelantó que como parte del proceso de negociaciones se harán “simulaciones” para determinar cuánto costaría a la Nación hacerse cargo de las jubilaciones santafesinas, y así ajustar tanto los montos a remitir mensualmente, como la deuda que se sigue acumulando.

“Con esto el déficit no desaparece, pero hay una reducción importante, mientras se sigue trabajando en un acuerdo por mayor valor. Y si no se llega a ese acuerdo, se seguirá con las dos acciones judiciales”, adelantó Boasso.

En ese sentido, consideró que este convenio no resuelve el problema, pero es “un muy buen paso adelante”.

Partiendo de la base de que “el déficit nunca puede ser cero, porque nosotros pagamos mucho mejores jubilaciones que la Nación. Ansés tiene jubilaciones máximas de 2,5 millones, mientras que la nuestra es de 11. Por eso no entendemos los planteos de sectores privilegiados que buscan bombardear el sistema con recursos de amparo”, completó.

En concreto, el acuerdo establece que Anses transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de diez mil millones pesos cada una a partir de mayo del corriente año y hasta abril de 2027. Ello será en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo que surge de la auditoría realizada sobre el ejercicio en curso.

El convenio dispone, asimismo, que provincia y nación se comprometen a colaborar de manera recíproca a fin de establecer el resultado definitivo tras la simulación como consecuencia de la armonización de los sistemas, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2025. Si alguna de las partes incumpliese lo establecido, se suspenderá de manera inmediata la ejecución del articulado.

La "armonización" citada resultado de analizar ambos sistemas previsionales (el nacional y el provincial) de acuerdo con una serie de criterios, como la edad que se establece para el retiro en cada uno de esos ámbitos.

Del resultado de esa comparativa, se calcula el nivel de asistencia financiera que la Nación le aportará a Santa Fe para enjugar parte del déficit de su Caja de Jubilaciones.

Ambos estamentos acuerdan, en otro orden, que los montos provenientes de los resultados definitivos correspondientes a los ejercicios pendientes (2022 a 2025) podrán ser incorporados en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

En el escenario eventual de que las sumas transferidas a la provincia en concepto de anticipo correspondiente al Ejercicio 2026 superen el Resultado Definitivo de dicho ejercicio, Anses podrá realizar las gestiones para el recupero de esas sumas.

Como adelantara El Litoral, se suspenden también por 180 días (prorrogable por idéntico período) los plazos procesales que se encuentran corriendo en materia de juicios iniciados por la provincia contra Nación en esta materia.

Canceladas las sumas citadas de parte de Nación a través del Régimen de Compensación de Deudas, la provincia deberá desistir de procesos iniciados y vinculados al convenio en cuestión.

Con el gobernador Maximiliano Pullaro ausente por razones climáticas, el acto oficial en memoria del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas se desarrolló en la plaza San Martín de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, base de la III Brigada Aérea y futura sede del primer museo provincial en recordación la gesta.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía y el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, y contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Salud Silvia Ciancio; el senador provincial, Orfilio Marcon, los diputados provinciales Dionisio Scarpin y María del Rosario Mancini y el comodoro Bernardo Ian Odoriz.

También del presidente del Centro de Ex combatientes de Malvinas en General Obligado, Juan Carlos Vidal; el presidente de la Agrupación de Veteranos de Guerra de Malvinas Reconquista, Roque Márquez y la presidenta del Concejo Municipal, Katia Passarino, junto a autoridades políticas y de la sociedad civil, ex combatientes y familiares.

“No hablamos solo de soberanía, sino de valores y entrega”, subrayó Bastía.

El pastor Eduardo Obregón, de la Iglesia Valdense de Reconquista, leyó un texto consensuado por los integrantes del espacio ecuménico local, donde aludió a los ex combatientes, caídos y sobrevivientes, como “luces, que muchas veces hubo quienes quisieron ocultar”, pero que iluminan a la sociedad actual y al compromiso conjunto de “defender la paz por sobre todas las cosas”.

Sin dejar de mencionar a quienes “cayeron por las armas o por la desidia de nuestra sociedad”, el religioso expresó el agradecimiento “por poder verlos y contarlos entre nosotros. Ustedes son nuestro festejo, son quienes nos inspiran para hacer una patria fuerte, soberana y en paz”.

Tras las ofrendas florales de rigor y la significativa entonación de “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, por parte de Tadeo Di Benedetto, se dirigieron a los presentes los veteranos Márquez y Vidal, con reflexiones sobre el significado de la fecha, relatos con la voz quebrada de sus propias experiencias y la expresión de regocijo por la próxima inauguración del Museo de Malvinas.

Durante la mañana se homenajeó a los caídos.

A su turno, el ministro Bastía puso el énfasis en la necesidad de establecer “qué hacemos hoy como sociedad con el legado de Malvinas. Tenemos que ir mucho más allá de esa memoria viviente”.

“Cuando hablamos de estos héroes, de los sobrevivientes y de los caídos, no hablamos solamente de soberanía, sino de valores, de entrega por todos nosotros. Nunca dejaron de creer en lo más grande, que era la Patria”, sostuvo.

Y contrastó esa vocación y esa entrega con un presente en que “el país atraviesa dificultades en las cuales parece que nos cuesta dialogar, ponernos en lugar del otro para resolver los problemas”, que esa actitud de debate constructivo es desplazada por “la discusión, el grito, la agresión”.

“Las salidas nunca son individuales. Ninguna persona es fundacional en sí misma, pero sí actos como la gesta de Malvinas que llevaron ustedes adelante”, advirtió, dirigiéndose a los veteranos.

En esa cuerda recordó el discurso de Pullaro en el acto del año pasado, cuando adelantó que la reivindicación de la lucha por Malvinas estaría en la entonces futura Constitución de la Provincia. Y corroboró que, en el marco de un proceso donde primó el consenso y el amplio apoyo a cada uno de los artículos incorporados, ése fue el primero, con el número 4, y por unanimidad.

“Entonces, que esto nos sirva como ejemplaridad para otros actos que tengan importancia estratégica para el país, más allá de las personas. Honrar a nuestros héroes no es solo recordarlos, sino construir el país al que ellos estuvieron dispuestos, dando todo”, concluyó.

Finalmente, el intendente Vallejos puso el foco en la fuerte impronta malvinense que impregna la vida cotidiana e institucional de Reconquista, desde el propio acceso a la ciudad presidido por el histórico avión Pucará.

“Malvinas es un vecino que vemos cada mañana, es el nombre en nuestras calles, y es el fuego que mantenemos encendido todo el año. Por mandato de su gente, Reconquista es la guardiana de esa historia, de esa memoria, y exhibe sus cicatrices con orgullo”, añadió.

En ese sentido, precisó que el Museo de Malvinas no será “un simple edificio”, sino “una casa de honor, donde nuestros soldados se vuelven eternos y todos pueden venir a encontrarse con la historia. Y en esto trabajamos juntos, héroes, gobiernos y legisladores, unidos por una causa que nos trasciende”, concluyó, antes del cierre formal del acto con la Marcha de Malvinas.

Un fallo judicial dio la razón al Gobierno nacional, y dejó sin efecto una resolución previa que había declarado la nulidad del llamado “Protocolo Antipiquetes”, dictado por el Ministerio de Seguridad para sustentar el accionar de las fuerzas federales en casos de protesta social.

El pronunciamiento se produjo tras una presentación del Poder Ejecutivo por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán.

La novedad fue difundida por el Ministerio de Seguridad, que hoy conduce Alejandra Monteoliva, la cual señaló que el fallo de la Cámara reconoció que "se trata de una herramienta dirigida a las Fuerzas de Seguridad para intervenir frente a situaciones que afectan la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley".

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad enfatizó que las fuerzas federales continuarán interviniendo "cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar garantizar el orden y hacer cumplir la ley".

La primera en hacer eco de la medida fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, principal promotora del protocolo, quien salió a celebrar la decisión de la Justicia.

"Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos. La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos que quieren trabajar y circular", remarcó la ex funcionaria, y sentenció: "ORDEN".

Prácticamente en simultáneo, la ministra Alejandra Monteoliva enfatizó que la Justicia "le dio la razón al Gobierno nuevamente" y remarcó que "el protocolo sirve para terminar con los cortes y defender la libertad de quienes quieren circular, trabajar y vivir en paz".

La causa se originó en una acción de amparo colectivo promovida por organizaciones sociales que cuestionaron la validez de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad (que aprobó el referido protocolo), al entender que implicaba una restricción indebida de derechos constitucionales como la protesta, la libertad de expresión y el derecho de reunión.

En primera instancia, el Juzgado Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 había hecho lugar a la demanda, declarando la nulidad del protocolo.

El juez consideró que la resolución excedía las competencias del Poder Ejecutivo al regular, bajo la apariencia de instrucciones internas, derechos constitucionales como el de reunión y petición, reservados a la ley del Congreso. Asimismo, el fallo de grado había sostenido que la norma modificaba el alcance del artículo 194 del Código Penal y adolecía de vicios en su motivación y razonabilidad.

El Estado Nacional apeló esa sentencia, planteando como agravios centrales la improcedencia de la vía de amparo y la ausencia de ilegitimidad manifiesta en el protocolo.

Argumentó que la resolución 943/23 es un acto administrativo válido, dictado dentro de sus facultades legales, que no restringe derechos sino que busca garantizar la seguridad y la libre circulación, en un contexto de conflictividad social recurrente.

En su dictamen, el fiscal Rodrigo Cuesta opinó que correspondía desestimar el recurso de apelación del Gobierno y dejar firme la sentencia que declaró nulo el protocolo antipiquetes.

Para el funcionario, la resolución del Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al intentar regular derechos fundamentales mediante una normativa administrativa que, en la práctica, anuló garantías constitucionales básicas.

El dictamen reconoció que el derecho a la protesta no es un delito, sino un ejercicio legítimo que debe ser protegido incluso cuando entra en tensión con la libre circulación.

Cuesta remarcó que el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada en cada conflicto de derechos, pero subrayó que la reunión y la expresión social tienen un carácter "preferencial" dentro del sistema legal argentino.

Uno de los puntos más severos del texto apuntó contra la "automaticidad" de la represión. El fiscal advirtió que el protocolo obliga a una intervención policial inmediata ante cualquier afectación de la vía pública, sin analizar las circunstancias ni la legitimidad del reclamo.

Esta mecánica, según el dictamen, resultó “incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución”, transformando a las fuerzas de seguridad en jueces de hecho sobre la vía pública.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara no compartieron los argumentos del fiscal y, conforme a lo solicitado por el Gobierno, decidieron revocar la sentencia de primera instancia. Tal como consigna el sitio especializado Palabras del Derecho, los magistrados fundamentaron su decisión en varios ejes.

En primer lugar, destacaron la presunción de legitimidad que asiste a los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), la cual impone a quien cuestiona la norma la carga de probar sus vicios, extremo que consideraron no acreditado.

Sobre la competencia, señalaron que la resolución se dictó en virtud de las atribuciones conferidas al Ministerio de Seguridad por la ley 22.520 de Ministerios (arts. 4, inc. b, ap. 9 y 22 bis), que lo facultan a impartir instrucciones y coordinar a las fuerzas federales.

En cuanto a la motivación, la Cámara sostuvo que los considerandos de la resolución 943/23 explican con claridad las razones que llevaron a su dictado, haciendo referencia a la "urgencia" de la situación, la recurrencia de los cortes de tránsito y la necesidad de brindar certidumbre a las fuerzas de seguridad.

Respecto al fondo de la regulación, el fallo señaló que el protocolo no regula derechos constitucionales de manera general, sino que establece pautas de actuación ante la comisión de un delito flagrante (art. 194 del Código Penal), orientada a despejar las vías de circulación y con el deber de utilizar la mínima fuerza necesaria.

El tribunal concluyó que, en este marco, la resolución constituye una limitación legítima de derechos, que no son absolutos, en consonancia con el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El tribunal también rechazó el argumento de la parte actora sobre la supuesta invasión de competencias penales, remitiéndose a un fallo previo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había declarado que la resolución no era materia de hábeas corpus y que su análisis correspondía al fuero contencioso administrativo federal.

Emerio Agretti

El gobernador Maximiliano Pullaro consideró, en diálogo con El Litoral, que es momento de trabajar en una alternativa electoral que nuclee “el interior productivo” y que tendría chances en un balotaje presidencial frente a La Libertad Avanza.

Pullaro piensa en una alternativa electoral presidencial para 2027.

- Más allá de alertar sobre los inconvenientes en la economía y de las medidas que se toman como compensación o paliativo, ¿considera que ya es momento de pensar en una instancia superadora desde el punto de vista político, en una alternativa electoral para 2027?

- Lo primero que quiero con mucha claridad es que yo creo que la sociedad no va a volver atrás. No va a volver a mirar al kirchnerismo, al justicialismo, porque ha sido un modelo populista de derroche y muy corrupto que le ha hecho mucho daño a la República Argentina.

Pero mirar para adelante significa apostar a un modelo de desarrollo productivo, de infraestructura, que cuide al campo, que cuide la industria, que cuide el empleo, que cuide a los trabajadores, que cuide al comercio, Y fundamentalmente, que mire mucho lo que le pasa a las familias. A los grandes conglomerados humanos, pero también en este interior y en las pequeñas localidades.

Yo siento que al interior en muchas oportunidades no nos miran como nos tendrían que mirar, que a este interior que tanto le da a la República Argentina y que tanto le aporta, no nos tienen en cuenta. A los gobiernos los terminan hegemonizando siempre los porteños; más allá de que los presidentes sean o no porteños. Bueno, creo que a este interior le tenemos que dar en Argentina una oportunidad, y a esa oportunidad la tenemos que empezar a diseñar.

- ¿Qué escenario electoral imagina?

- El kirchnerismo no va a sacar más de 20 puntos y hay posibilidad de que una alternativa productiva, republicana y democrática llegue a la segunda vuelta y les pueda mostrar a los argentinos ese camino.

El gobernador Maximiliano Pullaro consideró que es momento de trabajar en una alternativa electoral.

- ¿Esa alternativa productivista y del interior podría replicar la estructura del frente Unidos, donde podrían estar el socialismo, el PRO, figuras como Mauricio Macri?.

- Yo estoy convencido de que ese es el camino para la República Argentina. No un frente ideológico: un frente que ponga los problemas arriba de la mesa, que debata los problemas, que trabaje mucho para resolverlos y que le explique a la gente lo que puede y lo que no puede. Yo creo que esa alternativa se va a dar en la República Argentina.

Y la alternativa tiene que venir cuidando lo que hizo bien este gobierno, con equilibrio fiscal, cuidando las variables macroeconómicas, pero fundamentalmente cuidando al sistema productivo. Porque cuidar el sistema productivo es cuidar el trabajo, cuidar el empleo, cuidar la economía. Cuidar el sistema productivo es invertir en infraestructura vial, en energía, en conectividad. Es apostar a la ciencia, a la tecnología que tenemos en los polos de innovación, como en Santa Fe, en Rosario, en Sunchales, en Rafaela. Como en Córdoba y en tantos lugares del país.

Cuidando las cuentas públicas, pero apostar al empleo y al crecimiento económico.

Por Emerio Agretti

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó la conmoción y el dolor que produjo la tragedia de San Cristóbal, y dio cuenta de los dispositivos interministeriales desplegados de inmediato en la ciudad para dar contención a las familias, a la comunidad educativa y a toda la población.

En diálogo con El Litoral, destacó también la puesta en marcha de la finalización de las obras en el Momento a la Bandera, y su fuerte carga simbólica.

- Un caso como el de San Cristóbal es una tragedia que excede cualquier previsión y que, más allá de la conmoción, llevó a un despliegue de distintos dispositivos del Estado

- En cuanto nos enteramos a las 7.20, inmediatamente llamé al senador y le pedí a los miembros del gabinete que dejen todo lo que estaban haciendo, la agenda que tenían para el día lunes, y que se constituyan en la ciudad de San Cristóbal. En principio para dar asistencia y contención a las familias, que indudablemente lo necesitaban, a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

Así lo hicieron, viajaron de inmediato tres ministros y varios secretarios de la gobernación y les pedí que se quedaran en la ciudad hasta que lo amerite, para no dejarlos solos y cuidar mucho a la comunidad educativa, a las familias, a los niños y niñas de la ciudad y, por supuesto, contener a la ciudad en su conjunto.

- El tema de las víctimas de las tragedias y de su dolor estuvo presente también en su discurso en el Monumento a la Bandera, marcando lo hecho en materia de seguridad pública y la posibilidad de ahora potenciar esfuerzos en otros campos.

- Bueno, sí. Nosotros en la provincia, fundamentalmente en Rosario, pero también en la capital provincial, durante 14 años tuvimos índices de violencia muy superiores a la media. Eso nos tomaba la agenda pública y no nos permitía empezar a pensar otro tipo de políticas públicas que fuesen más allá de ella.

Claramente desde el 2024 en la provincia bajaron de manera significativa la violencia, la muerte y el delito en la provincia de Santa Fe. El 2024 y el 2025 fueron los años menos violentos y con menor delito del siglo en la provincia de Santa Fe. Y ayer estábamos anunciando una obra muy importante que es la obra del Monumento a la Bandera.

Es una obra que prometieron tres gobiernos nacionales y que lamentablemente no habían podido terminar. Y nosotros nos sentíamos un poco ofendidos, porque tener así al Monumento a la Bandera, que es un emblema de la provincia de Santa Fe, nos dolía mucho.

Y entonces este lunes comenzamos la finalización de esa obra, con fondos y recursos del gobierno provincial. Cosa que no nos corresponde, pero que tampoco es justo que tengamos el Monumento a la Bandera en las condiciones que lo teníamos, con un obrador armado desde hace más de 10 años, 12 años.

Entonces, entendíamos que iba a ser un comienzo de semana muy lindo porque sentíamos eso, que estábamos tal vez empezando a dar vuelta a una página. Más allá de que decimos que la lucha contra el crimen organizado no está terminada y está muy lejos de que eso sea de esa forma, pero sí que está contenida.

Pero se transformó en uno de los días los días más tristes y horribles de mi gestión con este hecho tan duro y tan emocionante que sucedió en San Cristóbal. Así que bueno, la gestión tiene eso. Hay días que son agridulces, hay días lindos, pero también hay días a los que le tenés que poner el pecho para para salir adelante.

- Otro contraste que marcaba usted ahí, y como acaba de decir, es de la Provincia haciéndose cargo de aquello que la Nación no hace. Como una muestra de desinterés hacia el interior, pero también de un abandono generalizado de lo que que es la obra pública y las prestaciones en general.

- Bueno, cada día se nos pone más difícil y más duro. Tenemos que administrar muy bien los recursos de la provincia de Santa Fe, no gastar un solo centavo de más. Nuestra administración se caracteriza por la honestidad y por la austeridad, fundamentalmente.

Esos ahorros que vamos logrando en cada licitación pública y cada gasto que vamos bajando por parte del gobierno provincial lo llevamos a obra pública y a servicios que tiene que prestar la provincia para que no disminuya la calidad.

En primer lugar, porque yo no entiendo y no concibo ningún país que pretenda desarrollarse si tiene las rutas en el estado en que están las rutas nacionales, el sistema energético como está, y a todo eso tenemos que por lo menos ponerlo en debate.

- ¿Cómo impacta el retaceo de recursos?

- Lamentablemente el gobierno nacional nos recortó partidas de medicamentos, que la Provincia cubrió. Nos recortó partidas de alimentos, de transporte, y nosotros nos hicimos cargo de cada una de esas medidas. No porque estemos contentos, sino simplemente porque entendimos que en este momento tan duro y difícil de la República Argentina, donde a la clase media y media baja, y ni hablar de los sectores pobres y los más populares, les cuesta muchísimo llegar a fin de mes.

En una provincia que tiene mucha actividad económica como Santa Fe, es injusto que a alguien le falte un plato de comida o que a alguien le falte un medicamento. Por eso reclamamos al gobierno nacional de manera respetuosa, pero no dejamos de atender las necesidades de nuestra población.

En el 2024 tuvimos 9 millones de consultas en el sistema público de salud de la provincia de Santa Fe y en el 2025 llegamos casi a 13 millones de consultas, de las cuales casi el 30% de las personas tienen obra social. Es decir que van al sistema público porque además de que te atienden con una calidad muy buena, te proveen los medicamentos, y eso hoy es revolucionario en el país, porque no es así en ninguna provincia.

El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal, con endurecimiento de penas, ampliación de delitos imprescriptibles y la tipificación de nuevas figuras vinculadas al crimen organizado, la violencia urbana y los delitos tecnológicos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien anunció en redes sociales este martes por la noche que acababa de tener una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei “en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anunció el ministro de Justicia.

En rigor, se había previsto que el nuevo Código fuese tratado en el período de sesiones extraordinarias, pero el texto nunca llegó a las cámaras.

El proyecto había sido anunciado a principios de octubre por propio presidente Javier Milei, junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en ocasión de presentar el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen.

Durante el acto, Milei afirmó que se con él se ponía fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basaría en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

Ya entonces se indicó que la reforma propondría que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban.

También se endurecerían las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Según trascendió, en el nuevo Código Penal que el Gobierno se propone mandar al Congreso, no se modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio, ni tampoco se avanzaría con el tema del aborto, cuestión de no generar reacciones adversas en el Congreso que terminen frenando el texto.

La reforma será una de las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso durante la primera etapa de sesiones ordinarias. La decisión fue consensuada por la mesa política del oficialismo para marcar la estrategia legislativa de los próximos meses, en una etapa donde se busca recuperar la iniciativa en cuestiones de interés público.

La agenda incluye, además de las reformas a la ley de Glaciares que ya comenzaron a discutirse en audiencias públicas, cambios en las leyes de expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

También, el nuevo esquema de financiamiento universitario que pueda ser compatibilizado con el equilibrio fiscal y la ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger para suprimir legislación y “liberar” la economía.

En cuanto al Código Penal, Mahiques trabaja en una nueva redacción de la propuesta elaborada por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre la cual ya elevó una consulta a la Corte Suprema y en la que está trabajando la comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky.

Mahiques dispuso una revisión integral del borrador con el criterio de simplificar su estructura, reducir la extensión y otorgarle mayor precisión técnica antes de su tratamiento legislativo.

Por lo demás, el nuevo esquema buscará mantener la esencia del proyecto original, pero con modificaciones sustanciales en su diseño. La intención del Ejecutivo es contar con una normativa más clara y operativa, alineada con los principios del actual gobierno y adaptada a los desafíos contemporáneos en materia penal.

En ese sentido es que los cambios en análisis apuntan al endurecimiento de penas para delitos económicos, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos, así como la incorporación de nuevas figuras vinculadas a problemáticas emergentes. También se prevé una actualización en delitos informáticos, incluyendo hackeos, accesos ilegítimos y ataques a sistemas críticos.

El proyecto contempla además adecuaciones vinculadas a compromisos internacionales, en particular en materia de propiedad intelectual e industrial, y la inclusión de herramientas más estrictas para el combate del crimen organizado. En paralelo, se mantendrían figuras orientadas a sancionar conductas de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria.

Según se supo, la redacción del texto reduciría la cantidad de artículos, de los 912 actuales a medio millar aproximadamente. Además de las nuevas figuras y el criterio de endurecimiento del volumen de las penas, se ampliaría la cantidad de delitos que no prescribirían.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un papel fundamental en la consolidación del sustento jurídico de la recuperación de la memoria y la justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Entre sus fallos más relevantes se destaca el caso “Simón” del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados tras el golpe del 24 de marzo de 1976.

Previamente, en 2004 la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.

Horacio Rosatti subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”, Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

En el fallo “Alespeiti”, el juez Juan Carlos Maqueda dejó sentado en su voto que “en procesos en los que se dilucidan hechos vinculados al inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar -que comprendió, entre otras atrocidades, campos clandestinos de detención y sistemáticas privaciones de libertad, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos calificados y apropiaciones de niños- el respeto al enorme sufrimientos que este provocó y que se encuentra todavía vigente, debe llevar al Poder Judicial, del que la Corte es cabeza, a actuar con la más alta responsabilidad institucional en el ejercicio de su jurisdicción”.

Según registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial, el total de 1.907 fallos se corresponde con el período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.

El recorrido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal, sobre la sucesión de casos particulares en los que debió pronunciarse, permite establecer una serie de preceptos, que pueden sistematizarse, entre otros, en los siguientes puntos:

1) Responsabilidad internacional del Estado. El Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad sin oponer normas internas que lo impidan.

Debe respetar garantías constitucionales y convencionales, garantizando el debido proceso y evitando medidas que disuelvan la responsabilidad, como amnistías o prescripciones.

2) Cumplimiento de tratados internacionales. La jurisprudencia argentina considera los tratados internacionales, como la CADH y el PIDCP, con jerarquía constitucional y control de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una referencia clave para interpretar obligaciones y garantizar derechos en casos de delitos de lesa humanidad.

3) Calificación y tipificación de delitos de lesa humanidad. Requiere que los hechos sean parte de un ataque sistemático contra civiles, con conocimiento del ataque. La pertenencia a una categoría, como civil, no impide la responsabilidad penal y las decisiones deben fundamentarse en el derecho vigente y las constancias de la causa.

4) Jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad. La Corte ha reafirmado la obligación del Estado de investigar y sancionar estos delitos, incluso frente a obstáculos legales o decisiones que los nieguen. La responsabilidad internacional del Estado se mantiene si se niega la calificación o se minimiza la gravedad de los hechos.

5) Procedimientos y garantías procesales. La investigación debe ser exhaustiva y respetar garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa y a recurrir las sentencias. La jurisprudencia destaca la importancia de decisiones motivadas y la necesidad de control de convencionalidad en la aplicación del derecho interno.

6) Impacto de decisiones judiciales. La Corte ha señalado que decisiones arbitrarias o sin fundamentación adecuada vulneran derechos constitucionales y convencionales. La categorización de delitos como de lesa humanidad debe basarse en el contexto histórico y en las constancias probatorias, sin prejuicios dogmáticos.

7) Delitos sexuales y perspectiva de género. La exclusión de coautoría en violencia sexual requiere fundamentación sólida y atención a estándares internacionales y de igualdad de género. La violencia sexual debe investigarse con perspectiva de género y en el marco de crímenes de lesa humanidad, considerando su impacto social y simbólico.

8) Crímenes de lesa humanidad y su impunidad. La imprescriptibilidad de estos delitos se fundamenta en su carácter sistemático y en la estructura de poder que los respalda. La responsabilidad internacional obliga a investigar, sancionar y no aplicar indultos o excarcelaciones que puedan favorecer la impunidad.

9) Prueba de histocompatibilidad y secuestro de efectos. La extracción compulsiva de sangre para estudio genético debe realizarse solo si no existen medios menos lesivos. La medida es constitucional si se pondera el derecho a la verdad y la mínima invasión, garantizando la intervención médica y la proporcionalidad.

10) La ley 24.043 otorga beneficios económicos a quienes sufrieron privación de libertad ilegítima en el contexto del último gobierno de facto. La interpretación debe ser amplia, incluyendo casos de libertad vigilada, exilio y persecución política, siempre que exista vínculo probatorio y contexto de represión.

11) La Corte respalda el derecho indemnizatorio para quienes permanecieron en exilio forzoso, incluyendo a hijos impedidos de nacer en la patria por causas ajenas a ellos.

12) La suspensión preventiva de pensiones honoríficas a condenados por delitos de lesa humanidad es legal y justificada para proteger la finalidad del beneficio. La ley y decretos establecen la incompatibilidad de beneficios para quienes hayan sido condenados por crímenes graves, reforzando el carácter honorífico y reparador.

El año pasado la Corte Suprema homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, que en la llamada “Causa 13” condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

En esa oportunidad, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

Delitos Lesa Humanidad by El Litoral

El discurso de Rafael Gutiérrez en la apertura del año judicial asumió en la última semana un carácter fuertemente significativo, poniendo en escena un punto de inflexión en el marco de un cambio mucho más profundo de lo que permiten apreciar los chisporroteos de la coyuntura, pero que a la vez se asienta en una asentada tradición y enfrenta desafíos inmediatos.

La renovación casi por completo de la Corte Suprema de Justicia de por sí supone un momento de estruendo político e institucional, y decididamente de carácter histórico. Después de casi 20 años sin ningún movimiento en la integración del Alto Tribunal, en una misma gestión se eligieron a seis nuevos ministros, de los siete que ahora son.

El proceso avanzó al amparo de un nuevo texto constitucional, que ahora especifica la edad jubilatoria de los magistrados y que fuera uno de los puntos que jalonó la refriega previa al anuncio del apartamiento de los actuales integrantes, que por momentos escaló la virulencia y amenazó con constituir un verdadero conflicto entre poderes, pero que finalmente se zanjó cuanto menos en términos corteses.

Mientras nuevas discusiones se abrieron en torno a las asunciones pendientes (no vinculadas a la persona de los elegidos, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, pero sí a cuestiones como la temporaneidad de la aprobación de sus pliegos y a cuestiones que también reclama la Constitución, como la paridad de género), la Corte ya inició su transición con los tres primeros ingresos.

Así, tras el alejamiento de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se sumaron al cuerpo el ex fiscal general Jorge Baclini, la académica Margarita Zabalza y el ex fiscal de Estado (y relator de la propia Corte) Rubén Weder, junto a Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler (que dejarán el Tribunal este año) y Daniel Erbetta, el único ministro de la anterior composición que permanecerá.

La reconfiguración es aún más profunda de lo que más presencia tuvo en la vidriera pública y mediática. Y es que, si bien sumó un ministro, la Corte tendrá un integrante menos, que no ostentaba ese carácter: el Procurador General, actualmente Jorge Barraguirre, ya no formará parte del elenco.

En otro plano, el retiro del secretario general Eduardo Bordas implicará más que el relevo de un cargo técnico, y supondrá una nueva organización de atribuciones y responsabilidades. La concentración de ellas que caracterizó la gestión del estratégico funcionario no se repetirá en quien vaya a reemplazarlo, sino que se distribuirá en áreas a cargo de los distintos ministros.

Sin abundar en pormenorizaciones de las modificaciones impuestas por la manda constitucional, otro cambio que asume la condición de hito institucional es la flamante categoría de órgano extrapoder asignada al Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, creados en oportunidad de la puesta en marcha de la reforma procesal penal.

La nueva condición, expresamente reclamada por quienes los encabezan, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, como lo fuera por sus antecesores en el cargo (entre ellos el propio ministro Baclini) tuvo como efecto secundario y colateral una polémica inesperada, vinculada a la ocupación de un espacio en el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe.

Inopinadamente, el debate se remitió también en un punto a una discusión mucho más antigua, que fue la postura discordante que asumieron los entonces ministros de la Corte Suprema al respecto de la propia reforma procesal penal, tanto como a la naturaleza de los órganos que la encarnan y a las cuestiones presupuestarias y administrativas vinculadas a ello. Otro conflicto que zanjó la actual Constitución, pero parece estar lejos de haber quedado en el olvido.

En cuanto al discurso en sí (una práctica que no es novedosa por sí misma, ya que es la décimo cuarta vez que lo pronuncia, pero sí por el contexto), fue una ocasión ineludible para ejercitar el análisis del discurso. Del verbal y del no verbal; porque no solo cada palabra (pronunciada u omitida) estaba cargada de potencialidad polémica, y en esos términos fue medida, sino que el desfile de gestos y actitudes estuvo sujeto al mismo escrutinio.

Quizá por eso primó la mesura táctica. La alocución de Gutiérrez no incursionó en ningún momento en el terreno del conflicto, al menos en el tono. En el contenido, el trípode "austeridad-eficiencia-eficacia" atravesó desde la primera mayúscula al último punto, se desglosó en un prolijo inventario y se apoyó en una sólida base conceptual, conformada por la defensa de la independencia del Poder Judicial, su rol de gobierno y la necesidad del diálogo, que echó en falta como signo de actualidad.

Una respuesta no altisonante, pero que sí buscó ser categórica, al montado por el gobernador Maximiliano Pullaro para sustentar la necesidad de reformar al Poder Judicial, por considerarlo "caro, ineficiente, que no da respuestas".

Números en mano, la produjo frente al propio mandatario, que no esquivó el compromiso institucional, y compartió con los ministros el escenario y no pocos momentos de camaradería. Tampoco incurrió en ninguna gesticulación que pudiera haber contaminado ese ambiente.

En las omisiones del discurso de Gutiérrez se cuenta su propia renuncia (a la que aludió sin tapujos en declaraciones periodísticas posteriores, del mismo modo que al conflicto por el edificio) y el mismo proceso de renovación. Antes bien, campeó una mirada de continuidad, sin fecha de fenecimiento: "Mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige", dejó sentado.

Gutiérrez, que no esquiva la posibilidad de una candidatura política el año que viene, tendrá a su cargo conducir así este último tramo de transición en la conformación de la Corte, dando continuidad a programas y pautas en curso, y a la vez asistiendo a una renovación que va más allá de las personas.

En esa agenda está también no solo la readecuación del funcionamiento del Tribunal, sino también la cobertura de vacantes, largamente postergada pero ya en plena ejecución, la reformulación del mapa judicial, que ya tuvo un capítulo con el rediseño de órganos jurisdiccionales, y el envío a la Legislatura de iniciativas propias. Todo encuadrado en un vínculo que respeta la independencia de poderes, pero confía en la colaboración.

El conflicto, no obstante, sigue estando presente en los desafíos pendientes. Desde la disputa por la jurisdicción en los casos de narcomenudeo, hasta la constitucionalidad de la reforma previsional, que tuvo otra puja por colectora en la recusación del Ejecutivo a cuatro miembros del Tribunal, y que fuera rechazada por el pleno de los miembros.

Todos ellos desafíos que jalonan el último período de la Corte con su actual composición, y que inevitablemente se transmitirán a la próxima, alumbrada por el acuerdo político y la vocación de renovación, aunque también interpelada por la necesidad de reestructurar su funcionamiento y estar a la altura de las altas expectativas depositadas en ella.

Mientras tanto, la Provincia atraviesa un punto de inflexión institucional cuya dimensión no puede quedar opacada por intereses inmediatos, que requerirá un compromiso de toda la estructura de poder y también perspectiva histórica para ser juzgado. Pero que, sin esquivar la contradicción y el debate, se desenvuelve sorteando el trauma y la agresión. Un valor que hace honor a la tradición santafesina, y la recorta con brillo y nitidez en el panorama nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el límite de hasta dos progenitores (padres o madres de una persona) establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional, por lo que revocó la sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil que había admitido la triple filiación (dos padres y una madre) de un niño.

En el caso, tres personas promovieron una acción para que se ordene a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que inscriba la triple filiación de un niño por nacer, que fue concebido mediante técnicas de reproducción humana asistida.

Solicitaron que “se desplace al artículo 558 último párrafo del Código Civil y Comercial”, que establece que “ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación” y, en subsidio, plantearon la inconstitucionalidad de esta norma.

La jueza de primera instancia decretó la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 558, último párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación” y ordenó al Registro Civil que inscribiera la triple filiación del niño.

El edificio central de la Corte.

Tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal apelaron esa decisión por entender que la norma es constitucional y que lo decidido no era acorde al interés superior del niño.

La sentencia fue confirmada por la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que consideró probado que los tres solicitantes habían manifestado su “voluntad concurrente de llevar adelante un proyecto de reproducción humana asistida de alta complejidad en virtud del proyecto de coparentalidad conjunta entre ellos trazado”.

Y entendió que, como ese caso no estaba específicamente regulado en el Código Civil y Comercial, la prohibición de establecer más de dos vínculos filiatorios era inconstitucional. Por lo tanto, ordenó que se inscribiera que un niño tenía dos padres y una madre.

Tanto el fiscal de cámara como la defensora de cámara de menores e incapaces recurrieron esa decisión.

Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti, ministros de la Corte.

En particular destacaron que la sentencia no se basa en el interés superior del niño, sino que “se fundó, por el contrario, en la prioridad que le atribuye a la autonomía individual y deseos de conformar una familia pluriparental (basada en el ‘poliamor’) expresados por los tres adultos presentantes” en contra de lo establecido en la ley, que es constitucional.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con el voto conjunto de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y el voto coincidente de Horacio Rosatti, revocó esa sentencia y reafirmó la constitucionalidad de la norma cuestionada, señalando que es potestad del legislador regular las cuestiones de familia y que el control judicial no debe excederse en sus funciones.

El primer voto recordó que la ley establece de manera clara y precisa que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.

“El Congreso puede regular cómo se generan los vínculos filiatorios teniendo en cuenta los múltiples intereses y objetivos en juego al delinear cómo se constituye una familia, por ejemplo, mediante la prohibición del comercio de niños o su entrega irregular sin control estatal, la tutela de la unidad familiar, la conformación económica de las familias y los derechos y deberes recíprocos entre sus integrantes, mayores y menores de edad”, dijo.

“El único control judicial que corresponde efectuar sobre las decisiones del Congreso en la determinación prudencial de cómo regular el régimen de familia se refiere a los supuestos excepcionales en los que se argumente sólidamente la violación de algún derecho constitucional de los individuos”, explicó.

“La determinación del número de vínculos filiatorios involucra múltiples aspectos que el legislador ha considerado al estructurar el régimen de filiación en el Código Civil y Comercial de la Nación, entre ellos razones sociales, psicológicas y económicas vinculadas con la organización de las relaciones familiares”.

Tales cuestiones “forman parte del diseño normativo adoptado por el Congreso de la Nación y no corresponde que sean redefinidas por los jueces en el marco limitado de un caso individual”.

Asimismo, el voto de Rosenkrantz y Lorenzetti recordó que “la filiación regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación constituye, ante todo, una cuestión principalmente jurídica destinada a determinar el vínculo parental y las consecuencias que de él se derivan”.

Y que ello “no implica desconocer la relevancia de los vínculos afectivos que pueden desarrollarse entre los niños y otras personas de su entorno familiar o social”.

Dicho esto, “los argumentos basados en dicha dimensión afectiva, aun cuando puedan resultar significativos en el plano personal o familiar, no determinan por sí mismos la configuración del vínculo filiatorio en los términos previstos por el ordenamiento jurídico”.

Sin perjuicio de ello, destacó que la ley prevé numerosas posibilidades de conformaciones familiares, además de que otorga derechos y deberes a los progenitores afines (parejas de las madres o padres de un niño).

"No se trata de una norma discriminatoria, sino de una disposición legal cuya oportunidad, mérito o conveniencia no puede ser examinada por el Poder Judicial de la Nación”, dijeron los ministros en su voto.

Y agregaron que “los eventuales desacuerdos con la ley no son suficientes para intentar sortearla recurriendo al Poder Judicial con la genérica e infundada alegación de que aquella contradice la Constitución Nacional”.

El voto destaca que los magistrados inferiores, “apartándose del rol que les corresponde al declarar la inconstitucionalidad de una ley mediante argumentos lábiles y dogmáticos, se han aventurado a poner en riesgo el orden público de familia y el interés superior del niño con la mera invocación del deseo de los adultos".

Y que ello fue "en contradicción con lo decidido por el Congreso de la Nación en el año 2014 por medio de la ley 26.994 y sin prueba alguna de que las consecuencias del actual régimen familiar imponga gravámenes en los niños o en los adultos que la Constitución Nacional no puede tolerar”, finalizaron.

En su voto, Rosatti aportó que “en la actualidad el legislador ha querido ratificar el sistema binario que históricamente fijó en la materia, pese al reconocimiento de la existencia de diversas conformaciones familiares”.

“La disposición impugnada no resulta discriminatoria de las personas en razón de su orientación sexual, ni se opone a la diversidad sexual. Tampoco conculca el derecho de igualdad de los actores, ya que no evidencia un fin persecutorio contra una determinada categoría de personas.

"La garantía de igualdad consagrada en la Constitución Nacional solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias”, señaló Rosatti.

En tal sentido, agregó que “la norma cuestionada no efectúa distinción alguna, solo fija un límite al número de vínculos filiatorios, sin que ello pueda considerarse arbitrario ni responda a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases de personas, ni encierre indebido favor o privilegio, personal o de grupo”.

Rosatti remarcó que “la obligación de dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede llevar al juez a sustituir con su criterio u opinión la voluntad de los poderes representativos”.

Y recordó si bien en nuestro país, “en algunos temas trascendentes de familia (...) primero estuvo el fallo y luego la ley” (“Sejean” y la posterior ley 23.515 y “F.A.L.” y la posterior ley 27.610), esa no puede ser la regla, “so pena de trastocar el principio de división de poderes previsto por el constituyente argentino al consagrar la forma republicana de gobierno”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó el tradicional acto de apertura del año judicial remarcando la “austeridad, eficiencia y eficacia” con que se manejan los tribunales santafesinos, por efecto de la gestión planificada y la valía de sus integrantes, y aún contando con menos presupuesto y personal que las demás provincias.

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, y ante una amplia concurrencia de autoridades y representantes de la sociedad civil, el magistrado defendió firmemente la independencia de poderes, en un marco de colaboración, y con especial énfasis de la tarea judicial como garante de la Constitución y factor “contra mayoritario” en el diseño gubernamental.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió Gutiérrez.

En su discurso, Gutiérrez evitó cualquier confrontación directa, y no hizo referencia ni al proceso de renovación de la Corte impulsado por el gobierno (ni a su anunciada renuncia para este año), y sólo lateralmente a los efectos de la reforma constitucional.

En el inicio de su alocución hizo una expresa referencia al 8 de Marzo, “que nos convoca año tras año a luchar por una mayor igualdad de oportunidades para todas las infancias, mujeres y diversidades.

Tras aludir a las capacitaciones desarrolladas por la Corte en la materia, incluyendo el enfoque judicial con perspectiva de género, informó acerca de la creación de la Oficina de la Mujer, por acordada del pasado 10 de marzo.

Luego de ello, y como contexto general, inscribió sus palabras en un momento en que, por efecto de las nuevas tecnologías y la hiperconexión, el mundo “se ve inmerso en diatribas y tensiones que conmueven los cimientos de certezas sobre las cuales las propias comunidades asentaban sus creencias.

“Los temas de importancia que eran objeto de debate en la sociedad, hoy pasaron a ser rehenes de algoritmos, donde usuarios ignotos y operadores contratados, reducen su consideración a triviales y vacuas frases de impacto, en la búsqueda de lograr mayor exposición y visualización a través del mundo virtual”, añadió.

Y, sobre esa base, estableció que “toda lógica argumentativa, y el enriquecimiento que aporta el análisis contrafáctico de una idea, se sintetiza en un compendio de caracteres desinteresado de cualquier verdad, y orientado a la tan ansiada viralización”.

Un ecosistema que produce “nuevos escenarios y conflictos que, de manera directa o indirecta, erosionan la credibilidad y utilidad de las instituciones” y exigen reivindicar los roles asignados. “Los grandes temas que hoy convocan nuestros esfuerzos y que afectan a la sociedad, nunca encontrarán una resolución que los comprenda si partimos de la base de confrontaciones y disputas”, resumió.

En ese punto, resaltó “la gran función que tiene que tener este Poder del Estado, mantener aquellas normas del funcionamiento social que no son otras que las que están en la Constitución; que en nuestro caso ha sido recientemente reformada, y en cuya materialización seguramente los convencionales han estado animados por los mejores deseos encaminados a fortalecer los referidos principios”.

Y aclaró que “no es una función partidaria. Porque todos los ciudadanos de esta provincia esperan que los jueces protejan sus derechos, y mantengan ese respeto que debe haber por cada uno de ellos, con independencia de cuáles son sus ideas, con independencia del partido al cual pertenecen, con independencia de si viven en la Capital o en el interior, o de la posición social que ocupen”.

“La arquitectura de nuestra Constitución Nacional no concibe la libertad sin un Poder Judicial que actúe como el último baluarte contra la arbitrariedad", dijo.

"La estabilidad de los magistrados y la independencia de los poderes políticos no son privilegios de casta, sino la armadura que protege la imparcialidad del juez: esa equidistancia sagrada que permite fallar sin temor a represalias ni esperanza de favores”, añadió.

Y dejó en claro que “sólo a través de una verdadera autonomía financiera y funcional, el Poder Judicial puede erigirse en un tercero desinteresado, capaz de transformar la letra fría de la ley en una justicia viva. En definitiva, un juez que no es independiente es un juez que no puede ser imparcial, y sin imparcialidad, el Estado de Derecho no es más que una promesa incumplida”.

Con base en el concepto de la división de poderes, aclaró que “ello no obsta a una adecuada relación de coordinación y colaboración en el sistema de tripartición de funciones que establece la Constitución.

"Pero no puede por otro lado debilitar, el riguroso resguardo que debe flanquear una indebida intromisión en potestades ajenas, en tanto se pondría en riesgo el delicado esquema de frenos y contrapesos que hacen de nuestra nación una república”, precisó

“En el estatuto constitucional del poder, nosotros observamos que hay un principio básico que es el gobierno de las mayorías, y las mayorías eligen a sus representantes. Y son esos representantes en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo los que tienen que cumplir con ese mandato que le otorgan las mayorías”, explicó.

Y, a propósito de ello, marcó que “los jueces tienen otra función, son un poder contra mayoritario que debe poner límites a las decisiones de esas mayorías cuando contradicen a la Constitución, cuando afectan los derechos individuales”.

“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió. Lo que tiene correlato en “el diálogo, el debate, la participación de todos en las decisiones”.

A partir de ese punto, Gutiérrez estructuró su discurso tomando como pilares los conceptos de “austeridad, eficiencia y eficacia”, en lo que podría interpretarse como una velada respuesta a las críticas del gobernador Pullaro, cuando habla de un Poder Judicial “caro e ineficiente”.

Al respecto, el presidente de la Corte puso de resalto que “en los últimos diez años el porcentaje de incidencia de este Poder Judicial en el presupuesto de la Provincia de Santa Fe ha sido del 3,33% promedio; habiendo pasado a ser del 2.7% este año, en tanto la reforma constitucional separó al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa de este Poder Judicial”.

Entre la nutrida concurrencia de autoridades políticas, judiciales, académicas y de la sociedad civil, dos ex gobernadores mencionados en el discurso: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. También las titulares del MPA y la Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson. Y un ex ministro de la Corte, Rodolfo Vigo.

“En este camino, podemos señalar que de las 23 provincias que conforman la República Argentina, nuestro Poder Judicial ocupa el número 20 en el orden de asignación de recursos”, acotó.

Tomando otro parámetro, marcó que Santa Fe “es la provincia con menos agentes por cantidad de habitantes en toda la república Argentina” y que la planta del Poder Judicial, de 3409 personas, no se ha modificado en los últimos cinco años, pese al incremento tanto de la población y como de la litigiosidad.

“Por último, y para no abrumar con más datos, cierro esta descripción precisando que anualmente ingresan y son atendidas en esta Casa de Justicia más de 243 mil causas, de las cuales 224 mil corresponden al derecho privado y 18 mil al derecho penal.

Produciéndose como resultado de ello, más de 216 mil Autos y sentencias anualmente en todo el territorio provincial”, apuntó.

Como explicación de esta “eficiencia y eficacia” con recursos menores a los solicitados anualmente, puso de relieve el proceso de modernización iniciado 20 años atrás, que pasó de informatización integral a la digitalización de expedientes, la despapelización y finalmente la incorporación de la Inteligencia Artificial.

“En números concretos, desde la implementación del proceso digital, allá por el año 2020, y hasta a la actualidad, ingresaron más de 650 mil demandas y 15 millones de escritos en dicho formato; los cuales fueron remitidos por profesionales del derecho desde diferentes partes del mundo donde cuentan con conexión a internet”, recordó. Y añadió allí la incorporación de la firma digital.

Gutiérrez también aludió a la modificación de procesos (muchos luego recogidos en reformas legislativas) y la reestructuración de unidades jurisdiccionales, sin incremento de costos ni de personal.

Rescató la puesta en marcha del juicio por jurados, que ya se materializó en cinco oportunidades (uno en San Cristóbal, uno en Reconquista, tres en la ciudad de Santa Fe), con la intervención de más de 140 ciudadanos, de los cuales 56 terminaron siendo efectivamente jurados.

“Para que ello fuera posible, nos encargamos de brindar la asistencia necesaria en pos de que cada uno de los jurados no deba preocuparse más que por cumplir su función”, indicó. Y agregó que, según una encuesta desarrollada posteriormente entre los jurados, esta práctica mejoró su percepción sobre el funcionamiento de la Justicia.

En materia de colaboración entre poderes, repasó el Plan Estratégico diseñado en 2006 en la gobernación de Jorge Obeid, el programa para la Reforma de la Justicia implementado en la gestión de Hermes Binner, el Plan de Infraestructura impulsado por Miguel Lifschitz y el plan “Santa Fe Más Justicia” en el mandato de Omar Perotti.

Gutiérrez dedicó una mención especial al Edificio Anexo de Tribunales, “uno de los desarrollos de infraestructura edilicia más importantes de las últimas décadas para este Poder Judicial”, que “vendrá a resolver definitivamente la crisis edilicia de esta sede, permitiendo la concentración del 90% de los tribunales, y dependencias en un punto concreto”, y que ubicó en “abril o mayo próximo”.

En similar política de gobierno, enmarcó que la próxima inauguración de un moderno eificio en la ciudad de Casilda.

A modo de recapitulación, cifró todo esto en los preceptos de austeridad, eficiencia y eficacia, pero con el concurso insoslayable de “la calidad de nuestros Magistrados, Funcionarios y Agentes. La calidad, capacidad y compromiso que todos demuestran de manera cabal día a día en el desarrollo de sus labores.

“Valores que se vieron reflejados a lo largo de todo el año pasado, donde se vivió un período histórico de 101 vacantes en la Magistratura (casi un 27% del total de jueces en funciones).

En esa ocasión, todos y cada uno de los titulares de sus respectivas unidades jurisdiccionales, no pusieron reparo alguno en hacerse cargo de uno, dos y hasta tres juzgados vacantes, incluso debiendo recorrer largas distancias entre diferentes distritos”, hizo notar.

“Si bien es cierto que a la fecha esta situación ha sido parcialmente atendida, no cabe soslayar que seguimos contando con 66 vacantes definitivas de Magistrados en toda la provincia", dijo.

"Por consiguiente, poder contar a la brevedad con la cobertura de esos cargos, implicará una mejora tangible en la eficiencia del servicio de justicia”, concluyó.

Con el mismo nivel de compromiso, destacó la tarea desarrollada desde el Centro de Capacitación Judicial, que permitió llevar adelante más de 70 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios), diseminadas en todo el territorio de la Provincia, por donde pasaron más de 3.700 personas (entre integrantes del Poder Judicial y profesionales externos).

De la misma manera, destacó el funcionamiento del sistema de mediación judicial gratuito. El cual desde sus inicios, en 1999, y hasta la actualidad ya lleva más de 88.000 mediaciones, con un índice de conciliación de más del 84% en todo el ejido provincial.

Bajo la premisa de “reconocer la realidad para transformarla, sin perder de vista los cimientos que nos sostienen”, Gutiérrez consignó que “mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige.

“Pero la justicia no es una tarea solitaria de este Poder. Por eso, invito a todos los sectores de la sociedad a renovar el valor del diálogo y el respeto por las instituciones. En tiempos de incertidumbre y de verdades fragmentadas por algoritmos, el Poder Judicial debe ser el faro de la certeza”, remató.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.

La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados "caso por caso" y en forma "difusa".

El nuevo texto deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los tres actuales integrantes de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

Y establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.

El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que "el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida.

El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

En realidad, la norma viene a fijar algo que, en alguna medida, ya ocurría en los hechos. La jurisprudencia de la Corte no opera como una imposición para los tribunales inferiores, pero sí como un parámetro orientativo, en la medida en que permite conocer de antemano cuál será la resolución de la causa cuando llegue a la instancia final.

En función de ello, contradecir el criterio ya establecido por el Máximo Tribunal implica arriesgarse a un prácticamente seguro rechazo, siempre y cuando las circunstancias entre un caso y el precedente sean coincidentes o equiparables, y no existan argumentos diferenciados en el abordaje.

Sería una suerte de versión autóctona del Stare decisis (en latín, "mantenerse firme en lo decidido") del derecho anglosajón que obliga a los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos anteriores, especialmente los de tribunales superiores. Esto garantiza la predictibilidad, consistencia y equidad en el sistema legal.

Claro que esto que ahora impulsa el oficialismo no se corresponde con el comportamiento tradicional del propio Estado que, tal como expresara en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sistemáticamente apela todas las sentencias favorables a jubilados de Anses, aún a sabiendas de que se topará con un rechazo, y más como una maniobra dilatoria.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

“El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, sostuvo oportunamente el magistrado. Y añadió: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo. Funciona así”.

En una entrevista con El Litoral, Rosatti recordó en su momento que la obligatoriedad de los criterios de la Corte estaba en la Constitución de 1949. “La Corte unificaba la interpretación en temas constitucionales, y operaba como una especie de casación”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que actualmente “en esto no hay unanimidad. Un sector de la doctrina, e incluso de la judicatura, reivindica la independencia de criterio de los jueces. Eso se advierte como una especie de garantía. Para otros el sistema tiene que funcionar integrado, si es un sistema. De todos modos, en el caso de la Argentina la cuestión está muy dispersa”.

En otra entrevista, al ser consultado sobre la eventual inclusión de una cláusula que establezca que los fallos de la Corte sean de cumplimiento obligatorio, afirmó: “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”.

Y agregó que, si el máximo tribunal avalara esa norma, “ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”.

Otro integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fijó postura en una de sus obras (“Teoría de la decisión judicial”), donde se refiere a la obligación que tienen todos los tribunales de adecuar sus pronunciamientos a situaciones idénticas a las que se hubiesen presentado con anterioridad en la justicia.

En ese sentido, la sitúa como el segundo de los tres controles que debe hacer el juez, luego de considerar la norma ajustable al caso: jerarquía normativa, resoluciones dictadas con anterioridad, consecuencias del pronunciamiento.

Entre quienes se expresaron ahora sobre ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA, para quien la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Archivo El Litoral.

“El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó, en declaraciones publicadas por Infobae.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, también de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales.

La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezará el jueves 12 de marzo el acto de apertura del año judicial 2026.

La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Actos del Alto Tribunal en la ciudad capital y será oportunidad para el tradicional discurso de balance y proyecciones del desenvolvimiento del Poder Judicial de la Provincia, así como también para los planteos a los otros poderes del estado y la toma de posición sobre cuestiones vinculadas.

Pero este año a la habitual expectación se suma la fuerte carga que supone el punto de inflexión política e institucional que atraviesa la propia Corte, incursa en un proceso de renovación prácticamente completa.

Esto fue al cabo de un proceso de pujas y tensiones jalonado de fuertes declaraciones e incluso advertencias de relevos por decreto (basados en la edad de los ministros), pero finalmente encauzado.

Tanto es así que el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el aporte de los ministros salientes, más allá de reiterar la necesidad de actualizar la composición. El mandatario celebró el pase a retiro en redes sociales y habló del inicio de “la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución”.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

En consecuencia, éste no solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente (cargo que ocupa por décimo cuarta vez), sino como integrante de la propia Corte, luego de la renuncia que tiene previsto efectivizar el 1 de noviembre, según anticipó a El Litoral y comunicó al gobernador de la provincia, aunque todavía no formalizó.

Erbetta continuará como ministro, mientras que Spuler, Falistocco y Gutiérrez se retiran este año. Guillermo Di Salvatore

Para entonces, se espera que este mismo jueves haya votado como nuevos integrantes del Tribunal a Jorgelina Genghini, Diego Maciel y Aldo Alurralde, en relevo de Gutiérrez, Roberto Falistocco (que también anunció su retiro a partir de noviembre) y de Eduardo Spuler, que sí presentó la renuncia y se irá el 1 de septiembre.

La composición del cuerpo se completa con Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder (que asumieron en 2025 en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, y en el nuevo cargo creado por ley) y con Daniel Erbetta, el único ministro de la integración anterior que tendrá continuidad.

El año pasado, y en medio de la pulseada con el Ejecutivo, le tocó a Falistocco saludar a los nuevos ministros, en el discurso de apertura del año judicial realizado en Rosario.

Allí también instó al trabajo conjunto entre los poderes del Estado, preservando la independencia, pero también la unidad. Y, sobre todo, el diálogo. Además, repasó el desenvolvimiento del Poder Judicial durante los últimos años, para mostrar su compromiso con la mejora y eficiencia del servicio.

En este caso, Gutiérrez podrá anunciar la terminación para este año de las obras de ampliación de los Tribunales en la ciudad de Santa Fe, que también podrá inaugurar como presidente.

Y además, como es tradicional, repasar los procesos concretados o en marcha, por ejemplo en lo que atañe a la modernización e informatización, como así también los aspectos vinculados a la cobertura de vacantes y a la puesta en marcha del juicio por jurados, entre otros temas.

Apertura del año judicial en Rosario en 2025. Archivo El Litoral.

Como parte del trasfondo opera también otra definición pendiente por parte del Alto Tribunal, como es la constitucionalidad de la emergencia previsional en la provincia; expediente en el que Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder fueron recusados por el gobierno, pero sostenidos por el pleno de los ministros.

Zabalza, Erbetta, Spuler, Falistocco, Gutiérrez, Baclini y Weder, actuales ministros de la Corte santafesina. Guillermo Di Salvatore

Como es habitual, se espera que participe del acto el gobernador de la provincia, junto a autoridades legislativas, judiciales, de la sociedad civil y de distintas jurisdicciones.

Se desarrollará a partir de las 11.30 y será transmitido a través del canal de You Tube del Poder Judicial de Santa Fe.

Los principales referentes del Gobierno nacional festejaron y defendieron la inminente sanción de la reforma laboral, y anticiparon que, a lo largo del año, habrá una batería de nuevas iniciativas a debate en el Congreso. También sostuvieron la idea de la búsqueda de consensos como un recurso necesario para avanzar, pero que a la vez se ve facilitado por la actual composición de las cámaras.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la reforma laboral será aprobada el próximo viernes “con seguridad”. Y aseguró que el proyecto apunta a revertir décadas de retroceso en la generación de empleo genuino y formal.

En declaraciones a radio Rivadavia, el funcionario nfatizó que el texto final alienta a empresarios y emprendedores a generar empleo sin el temor a trabas excesivas al momento de contratar o desvincular personal, una de las principales críticas hacia el modelo anterior.

En el plano parlamentario, el funcionario explicó que la nueva conformación de las Cámaras, tras las elecciones, permitió al oficialismo negociar con aliados y construir mayorías que faciliten el avance de proyectos relevantes.

Adorni destacó que, con este escenario, las discusiones se volvieron más productivas y posibilitaron el abordaje de leyes clave. En este punto, rememoró la rápida decisión de eliminar el artículo 44 del proyecto, tras recomendaciones surgidas en la mesa política.

En tanto, afirmó que cuenta con aproximadamente cincuenta proyectos de ley para presentar en el Congreso de la Nación, “muchos relevantes o de mayor impacto mediático”.

Y sumó: “Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente será quien defina las prioridades y de qué manera eso se va a ir enviando al Congreso para su tratamiento. Este va a ser un año muy intenso en términos legislativos”.

Al referirse a las políticas de alianzas en el Congreso, subrayó la exclusión deliberada de la izquierda y el kirchnerismo en los acuerdos, focalizando la negociación en aquellos bloques con voluntad de consenso.

Por lo demás, rechazó las acusaciones de que el gobierno busque favorecer al empresariado o responda a los intereses de EEUU. En todo caso, enfatizó que la agenda oficial es “promercado”, aclarando que lo que se prioriza es un entorno propicio para la inversión y la creación de empleo de calidad.

Según Adorni, la combinación entre la reforma laboral, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y otras políticas estructurales tendrán impacto positivo en los próximos meses y permitirá validar el rumbo adoptado, con datos concretos del desempeño económico.

En el mismo sentido, Martín Menem formuló una encendida defensa del proyecto de modernización laboral y aseguró que “los que nos critican la reforma son los artífices del fracaso”.

En una extensa entrevista con Infobae, el referente parlamentario de La Libertad Avanza celebró que la iniciativa esté cerca de su sanción definitiva y aseguró que esta reforma será beneficiosa para todos porque, con el tiempo, “habrá más trabajo formal y los sindicatos tendrán más afiliados”.

“Es la primera vez que se hace una reforma de esta índole, de esta magnitud, así que soy muy optimista. Estoy convencido de que el Senado va a aceptar las modificaciones que introdujimos y, seguramente, la semana que viene el Poder Ejecutivo la promulgará”, adelantó.

Consultado sobre el camino legislativo, Menem destacó también la necesidad de consenso y la estrategia adoptada por el oficialismo: “Cuando vimos que no tenía consenso, optamos por la solución más simple para no complicar una gran reforma que ya se había consensuado. El objetivo era votar por capítulo, avanzar con lo que tenemos”.

Para Menem, la oposición peronista y las críticas gremiales remiten a las fallas del modelo previo: “Gobernadores, diputados y representantes de un sector importante del peronismo están viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos. La ley anterior, ¿cuánta gente formalizó? Hace 14 o 15 años que no se formaliza gente, desde 2011, que no crece la economía”.

A propósito de los sindicatos, Menem rechazó que las reformas los perjudiquen y, por el contrario, remarcó sus beneficios: “Estoy absolutamente en contra de cualquier paro y ojalá lo entiendan. El sindicalismo tiene que entender que esto es en beneficio de la gente que trabaja. Con la reforma laboral vamos a tener más trabajo formal y los sindicatos van a tener más afiliados”.

Además, Menem sostuvo que se alcanzó un equilibrio porque todos cedieron: “En esta situación perdieron todos los intermediarios entre empleador y empleado. El Estado también perdió. Cedió aportes, y los sindicatos ahora tienen un tope. Ha sido una modernización hacia un nuevo equilibrio de fuerzas”.

Respecto de la dinámica parlamentaria, Menem explicó: “Siempre hubo un espíritu de diálogo y de tratar de buscar el número para llevar adelante proyectos de ley. El problema es el número. Cuando tenés 95 diputados y te faltan 35, vas trabajando con todos los bloques. Para sacar una ley con más de 100 votos, todos pusieron su parte”.

El presidente de la Cámara detalló que tras la modernización laboral se buscarán avances en otros rubros: “El otro día aprobamos y seguramente el Senado también sancionará el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Viene el acuerdo con Estados Unidos, la reforma política, todo lo que vaya quedando obsoleto. El Gobierno va a intentar bajar impuestos en la medida que las cuentas sigan equilibradas”.

La agenda oficial para después de la reforma laboral abarca además la Ley de Glaciares y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. También la nueva ley de Financiamiento Universitario, que a ojos del oficialismo es superior al texto 27.795 con el que la oposición insistió en el Parlamento.

Hay otros dos temas que nutren la agenda libertaria y que serán ejes de conversación con gobernadores: impulsar una ley electoral que derogue las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, y formular una iniciativa que modifique normas del Banco Central con el objetivo de permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

La reforma previsional, que en su momento el oficialismo presentó como posibilidad concreta, quedará para otro momento, incluso para un eventual segundo mandato.

El bloque Provincias Unidas no contribuirá a facilitar el quórum para la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, en la que se tratará la reforma laboral.

Los integrantes de la bancada que preside la ex vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia manifestaron su disconformidad con el apresuramiento con que se manejó el trámite parlamentario, lo que impidió que se pueda desarrollar un debate a fondo de los temas involucrados, e incluso propiciar modificaciones concretas.

La ex vicegobernadora de Santa Fe está al frente del bloque Provincias Unidas. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Tanto es así que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado ya fueron citadas para este jueves a las 10 de la mañana, para tratar volver a tratar el proyecto de ley de modernización laboral con los cambios que le vaya a hacer la cámara baja.

El tema fue expuesto por el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien advirtió al oficialismo que “esto genera un nuevo marco de impugnación. ¿Cómo van a estar convocando en el Senado cuando todavía no tienen expediente?”.

Germán Martínez, diputado de UxP. Crédito: HCDN.

Mientras tanto, Provincias Unidas definió que sus miembros no se presentarán en el recinto a dar quórum, pero sí lo harán para participar del debate en caso de que se alcance el piso de 129 miembros requerido para sesionar, cosa que se espera suceda.

Pero una vez en el recinto, los miembros del bloque que se referencia en los mandatarios de distintos distritos votarán de manera diferente.

El santafesino Pablo Farías recordó a El Litoral que el Partido Socialista ya definió postura en contra del proyecto de reforma, pero que, a la vez, hay una serie de puntos en particular ante los cuales se advierten diferencias.

Principalmente, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); la derogación de los estatutos profesionales (entre ellos, el de los periodistas) y la quita de financiamiento a la industria audiovisual generan polémica, en un momento especialmente sensible por las noticias de despidos y cierres de empresas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia y Farías, lo integran los también santafesinos Esteban Paulón (del socialismo) y José Núñez (PRO). Y legisladores de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy.

Pablo Farías, diputado socialista. Crédito: Flavio Raina.

La sesión está convocada para las 14 y se dará en el marco del paro general convocado por la CGT. Además, otros gremios, movimientos sociales y partidos de izquierda se movilizarán en el Congreso.

Este miércoles, el oficialismo obtuvo dictamen de minoría en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Ambas, encabezadas por La Libertad Avanza.

A pedido de bloques aliados como la UCR, el PRO y espacios provinciales, el oficialismo retiró el artículo referido a los descuentos salariales y las licencias médicas.

El resto del proyecto es el mismo que aprobó la semana pasada el Senado. Incluye modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones, el banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras cuestiones.

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a las empresas y a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

En una sesión que se prevé extensa y que cuenta con quórum asegurado, el Plan de Labor Parlamentaria otorga un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.

El despacho revela que hay un total de 28 modificaciones, producto de la trabajosa negociación llevada a cabo y tal como la ex ministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta; aunque no se descartan cambios menores de redacción.

La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que la sesión seguirá hasta las 2 de la madrugada.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei van a permanecer movilizadas. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.

- Se elimina la reducción en Ganancias. Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables. Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

- Seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.

- Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.

- Las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales.

- La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.

- Se mantiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

- Se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.

- Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.

- Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.

- Se amplían los servicios esenciales y trascendentales. La CGT no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga por este concepto. Tampoco tuvo éxito con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.