La situación de las pequeñas y medianas empresas gana espacio en la agenda de las dos cámaras del Congreso, con iniciativas que apuntan a atender las dificultades financieras, la caída de las ventas, el incremento de los costos y el deterioro del empleo.

La discusión, que incluye proyectos de emergencia económica y productiva, desendeudamiento y alivio fiscal, sigue adelante después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una serie de medidas para el sector durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En ese marco, Caputo anunció un paquete de medidas de alivio para las PyMEs, que van desde la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, más facilidades para regularizar deudas, compensar saldos a favor y financiar a la industria automotriz.

Además, Caputo anunció que el Gobierno propondrá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos, con un esquema de compensación nacional equivalente a la mitad de la recaudación que resignen las jurisdicciones que adhieran.

Desde el ámbito parlamentario se criticó lo tardío de la respuesta a una problemática acuciante, pusieron los anuncios en el marco de severos cuestionamientos al rumbo económico, e insistieron con medidas más de de fondo y con mayor alcance.

En ese sentido, el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski lamentó "la falta de reacción y la demora del Gobierno Nacional para tomar medidas de alivio para las PyMEs".

Lewandowski recordó que en julio presentó un Proyecto de Ley para suspender embargos a MiPymes por un año, al tiempo que remarcó que lo dicho por Caputo "por ahora es un anuncio; hay que esperar a ver la letra chica en la reglamentación".

Sin embargo, advirtió que es un paliativo si no cambia el rumbo económico: “No hay mercado interno, la gente no tiene plata, no consume. Ajustan, recaudan menos y siguen ajustando”.

Finalmente cuestionó el modelo “extractivista y exportador”, que reduce el espacio para la industria nacional, los empresarios y el empleo. En ese mismo sentido, remarcó que impulsó varios proyectos "para promover inversiones y evitar cierres de PyMEs".

El legislador, junto a sus pares Jorge Capitanich, Alicia Kirchner y Mariano Recalde, encabezó una reunión informativa conjunta en la Cámara Alta donde se presentó el mapa interactivo sobre la situación de morosidad de Pymes y familias argentinas.

La plataforma revela que la mora alcanza al 17 % de las microempresas y a 645.000 monotributistas. El resultado es menos actividad, cierres de empresas, pérdida de empleo y mayores dificultades para afrontar las deudas.

En tanto, tal como diera cuenta El Litoral, el movimiento parlamentario tiene como uno de sus principales ámbitos a la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, que preside el santafesino Pablo Farías.

Allí se vienen desarrollando reuniones con representantes de cámaras empresariales, federaciones provinciales y distintas ramas de la actividad económica, en busca de un diagnóstico común y de propuestas que puedan convertirse en una iniciativa legislativa.

La comisión tiene previsto avanzar el 17 de noviembre con un dictamen que pueda ser llevado al recinto, antes de que concluya el período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre. En paralelo, existe una expectativa de que el Senado pueda producir una media sanción sobre iniciativas que luego sean compatibles con las propuestas que se discuten en Diputados.

Entre las medidas que se impulsan están suspender durante un año los embargos y juicios iniciados por ARCA contra las pymes que mantengan al menos el 90% de su planta de personal.

Además, establecer planes de pago accesibles para regularizar deudas tributarias; garantizar una estabilidad fiscal de 24 meses, sin creación de nuevos impuestos nacionales ni incrementos de alícuotas; reducir los anticipos del impuesto a las Ganancias y asegurar que el Estado pague en término sus obligaciones con las pymes proveedoras de bienes y servicios.

Estas propuestas se suman a un conjunto importante de proyectos presentados durante 2026, con diferentes alcances y enfoques, que tienen como denominador común la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios de asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo la declaración de emergencia del sector.

A ese conjunto se agregan iniciativas para crear una Agencia Federal Pyme, establecer un régimen de promoción económica, facilitar la incorporación de cooperativas al régimen MiPyME y modificar aspectos de la legislación laboral y societaria.

Frente a los anuncios oficiales, que se presentan como un complemento del plan económico en curso, los proyectos parlamentarios se fundan en tratar de contrarrestarlo.

En ese sentido, buscan establecer obligaciones y mecanismos de mayor alcance y duración: suspensiones de ejecuciones fiscales, regímenes especiales de regularización de deudas, beneficios tributarios, asistencia financiera, estabilidad fiscal y compromisos para sostener el empleo.

“Es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en tiempo de crisis. Y cuando haya una reactivación, que la va a haber, vamos a estar preparados para ser la locomotora que empuja el cambio”, dijo Pullaro.

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a dejar sentada la idea de que “cuando una economía no está bien, el Estado tiene que hacer política contracíclica, invertir para generar empleo y producir derrame. Y acá va a seguir habiendo empleo, porque va a seguir habiendo obra pública”, añadió.

El mandatario se expresó en esos términos al encabezar en el acto en que se firmó el contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Fue este lunes en la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 28, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa contratista Luis Losi S.A.

Junto a autoridades provinciales y legislativas, el gobernador firmó el contrato para segunda etapa del tercer tramo de la autopista Santa Fe-Rosario.

La obra sumará 17,5 kilómetros al corredor, desde el acceso a San Lorenzo Centro -donde finalizó el primer tramo, también realizado por la gestión del gobernador Pullaro- hasta el empalme con el Desvío Timbúes. Así, el carril adicional se extenderá hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino.

Minutos antes, el ministro de Obras Pública, Lisandro Enrico, no dudó en definir al actual momento como “el más importante de la actual gestión en materia de obra pública”, en el que se encuentra “en plena ejecución todo lo que se vino trabajando durante tres años”.

En cuanto a la obra en particular, señaló que no se trata solo de construir 17,5 km de pavimento, sino también cambiar alcantarillas, ampliar zonas de puentes, intervenir en toda la autopista. Y destacó el ahorro que supuso contratar la obra por 69 mil millones de pesos, frente a un presupuesto inicial de más de 80 mil; ahorro que “nos permite encarar otras obras”.

“Hoy arranca con una obra de 18 meses parte de la historia de esta autopista”, celebró, al tiempo que dio cuenta de la recuperación de la ruta nacional 012, la remodelación de las dos estaciones de servicio YPF y la construcción de una tercera, y la instalación inminente de “la primera balanza dinámica del país”.

El dispositivo permitirá pesar camiones en movimiento y, en caso de infracciones, confeccionar las multas en tiempo real.

E inscribió todo esto en el desafío que supondrá para la provincia tener sus rutas en condiciones de la demanda del tránsito en pleno corredor productivo, y en momentos en que el gobierno central apuesta a concesionar y someter al cobro de peajes todas las rutas nacionales.

Pullaro, por su parte, desafió: “Nos decían que no íbamos a poder pagar sueldos, que no iba a haber obra pública. Y hoy podemos ver esas hermosas banderas verdes de la UOCR por toda la provincia”.

Pullaro firmó el contrato para la segunda etapa del tercer tramo de la autopista Santa Fe-Rosario.

“Dos años y once meses después podemos mostrar que estamos pagando uno de los mejores salarios del país, y sacamos las máquinas a la calle, y empezamos a reparar cada ruta y hacer rutas nuevas, reparar los edificios públicos para que la cara del Estado pueda ganar jerarquía y relevancia. Y lo hicimos porque pudimos bajar los costos sin dejar de prestar servicios, o mejorándolos”, añadió.

“Somos la provincia más productiva, no podíamos tener las rutas en el estado en que las teníamos. Por aquí sale el 70 % de la producción de la República Argentina. Alguien tenía que hacer y dejar de mirar para los costados”, dijo Pullaro.

Y completó: “Es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en tiempo de crisis. Y cuando haya una reactivación, que la va a haber, vamos a estar preparados para ser la locomotora que empuja el cambio”.

Los 17,5 kilómetros puestos en obras a partir de hoy se suman a la primera etapa, de 16,5 kilómetros, desde la avenida de Circunvalación de Rosario, que fue inaugurada el 23 de febrero. En conjunto, supondrán que una quinta parte de la autopista cuente con tres carriles.

Para esta nueva fase, los trabajos comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. Desde la Dirección Provincial de Vialidad se explicó que la planificación por tramos busca sostener la circulación y reducir las interrupciones en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

La licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas y se abrió el 26 de febrero en Rosario. La adjudicación fue formalizada el 30 de junio. Luis Losi S.A. ejecutará los trabajos por un monto de 69.000 millones de pesos, a valores de enero de 2026. El financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por 150 millones de dólares.

La disputa por la Ley de Tierras continuará en el Juzgado Federal de Bariloche, después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente el artículo del DNU 70/2023 que derogó las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. La medida restableció esos límites, pero todavía no existe una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.

El fallo del 9 de octubre devolvió el expediente al juez federal Leandro Gómez Constenla, quien deberá analizar si las organizaciones y comunidades que presentaron el amparo están habilitadas para sostenerlo y si corresponde mantener la suspensión.

En paralelo, el Congreso conserva la posibilidad de rechazar el decreto o discutir una nueva legislación sobre tierras rurales. Así, el conflicto tiene dos ámbitos de resolución: el judicial, donde se tramita el amparo, y el parlamentario, donde pueden modificarse las normas.

La primera cuestión que deberá resolver el magistrado es la legitimación de los demandantes. Esto implica determinar si la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas y los demás firmantes pueden promover la acción colectiva.

Luego deberá dar intervención al Estado nacional y examinar el pedido de medida cautelar. De esa evaluación dependerá si continúa suspendido el artículo 154 del DNU y, por lo tanto, si se mantienen las restricciones de la ley 26.737 durante el proceso.

La discusión de fondo será si la derogación de la Ley de Tierras mediante el decreto presidencial es constitucional. Ese análisis es diferente de la cautelar, que ofrece una respuesta transitoria mientras se tramita la causa.

Si el juzgado mantiene la suspensión, los límites seguirán operativos en los términos que establezca la resolución. Si rechaza la protección solicitada, podría volver a aplicarse el artículo del decreto que derogó la ley, sin perjuicio de las instancias de revisión judicial.

La ley 26.737, sancionada en 2011, establece un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Entre sus disposiciones figura un máximo del 15% de titularidad extranjera, aplicable a nivel nacional, provincial y departamental. También limita la concentración correspondiente a una misma nacionalidad.

Además, fija un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero, con equivalencias para otras regiones. Estas restricciones volvieron a tener aplicación a partir de la cautelar interina de la Corte.

El 29 de septiembre, el máximo tribunal había resuelto una causa promovida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En ese expediente revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, porque consideró que la entidad no tenía legitimación para presentar el reclamo.

Aquella decisión no determinó que el DNU fuera constitucional. La Corte se pronunció sobre la posibilidad del CECIM de impulsar la acción, fundada en la defensa de la soberanía.

El nuevo expediente contiene argumentos vinculados con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. El tribunal señaló que esos fundamentos no habían sido examinados y debían recibir tratamiento en la Justicia Federal de Bariloche.

Aunque ambas causas habían sido reunidas por su objeto similar, los planteos propios de Árbol de Pie y de las comunidades permanecían sin resolución. Por esa razón, la Corte dispuso devolver las actuaciones y dictó la protección provisoria.

La controversia también mantiene abierta la discusión sobre el futuro del DNU 70/2023 en el Congreso. Una alternativa es avanzar con su rechazo; otra, debatir una nueva Ley de Tierras que establezca un régimen diferente.

Ambos caminos tienen alcances distintos: el rechazo del decreto afecta al conjunto de sus disposiciones, mientras que una nueva ley permitiría definir específicamente las condiciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.

La cautelar no reemplaza esa discusión legislativa ni resuelve definitivamente el conflicto. Su función es mantener suspendida la derogación hasta que el juzgado se pronuncie sobre las cuestiones indicadas por la Corte.

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda planteó que el trámite en Bariloche podría incorporar una audiencia pública y presentaciones de “amicus curiae”, mediante las cuales organizaciones y especialistas aporten argumentos al tribunal.

También consideró necesario mantener vigente la Ley de Tierras durante el desarrollo de la causa. Al referirse a esa participación, propuso admitir aportes de “organizaciones y juristas de toda la Argentina”.

El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la eliminación de subsidios en las tarifas del gas natural, que afectará a unos 500 mil usuarios santafesinos. “Estamos convencidos de que hay que sacarle los subsidios a los ricos en la República Argentina y no tomar un mapa y cortarlo por zona”, justificó.

El mandatario fue consultado por la modificación del llamado Régimen de Zona Fría, que mantiene descuentos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero los elimina para numerosos departamentos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja que habían sido incluidos.

Pullaro sostuvo que el impacto es “muy grande, muy importante”, e hizo notar que “nuestros diputados y nuestros senadores votaron en contra”.

“Estamos convencidos de que hay que sacarle los subsidios a los ricos en la República Argentina y no tomar un mapa y cortarlo por zona; como estuvo mal lo que se hizo en el 2021 y 2020 (cuando se extendieron las zonas alcanzadas por los beneficios, también está mal en este momento”, añadió.

El gobernador remarcó que “no podemos ser siempre los santafesinos ‘el pato de la boda’. Por eso nuestros legisladores votaron en contra, pero es una decisión que se tomó y que se va a llevar adelante. Va a tener un impacto negativo, obviamente”.

En ese sentido, precisó que “hay cerca de 500.000 usuarios que van a dejar de percibir el subsidio, si no tienen determinadas condiciones. Porque para quien no tiene tres salarios mínimos vitales y móviles va a continuar, pero bueno, hay que hacer toda una reinscripción, un reempadronamiento y eso no va a ser sencillo. Ahí va a colaborar la provincia para que la gente lo pueda hacer rápidamente y el impacto sea menor”.

Tal como se informó, la reforma mantiene el beneficio automático para las zonas que integraban el régimen original -Patagonia, Malargüe y Puna-, pero modifica el tratamiento de las regiones que fueron incorporadas en 2021.

En estas últimas, el descuento deja de ser un beneficio general por el solo hecho de vivir en una localidad incluida en Zona Fría. Se transforma en una bonificación adicional vinculada al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y queda destinada a los hogares que cumplan los criterios de vulnerabilidad establecidos para ese sistema.

Según los datos de Enargas, la ampliación ahora eliminada alcanzaba a unos 551.000 usuarios de gas por redes en ocho departamentos de la provincia. Rosario concentraba la mayor cantidad, con aproximadamente 388.919 usuarios, seguida por General López (48.765), San Lorenzo (38.864), Caseros (19.159), Constitución (16.740), Iriondo (14.818), San Martín (12.680) y Belgrano (10.658)

La Corte Suprema de Justicia ordenó a Facebook e Instagram brindar los datos necesarios para identificar a los titulares de una serie de cuentas anónimas que llevaron adelante un “escrache público virtual” contra un estudiante universitario con militancia social al que se acusó de ser un “abusador, manipulador psicológico y machista”.

En el pronunciamiento, que dejó sin efecto un fallo de Cámara en sentido contrario, dejó sentada jurisprudencia sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el honor y el derecho de defensa en juicio y debido proceso, junto al alcance del rol de las personas públicas y las redes sociales.

A lo largo de más de medio centenar de páginas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (cada uno por su voto) resaltaron que aquí se le otorgó erróneamente al estudiante un rol de persona pública solo por tener un papel activo en la comunidad cuando, en rigor, se trataba de un ciudadano común.

La Corte reconoció que la violencia de género es una cuestión de interés público y que el Estado debe prevenirla, investigarla y erradicarla, pero sostuvo que ello no habilita cualquier forma de difusión ni deja sin protección el honor, la intimidad y el derecho de defensa.

La sentencia aclaró que no correspondía definir la verdad o falsedad de las acusaciones, sino analizar la modalidad de publicación, la difusión de detalles de una relación sentimental y sexual y la imposibilidad del estudiante de conocer a sus acusadores para responder o demandarlos.

F.C, un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, fue a la Justicia para reclamar que se suprimieran las URL efectuadas desde la cuenta “Comisión de Género de la FaHCE” en Facebook y en Instagram donde se lo acusaba, con su fotografía, de “abusador, manipulador psicológico y machista”.

En la misma publicación se le atribuía una relación sentimental con una mujer integrante de esa agrupación, que no fue identificada, dando detalles de ese vínculo denunciado.

En su demanda, el joven afirmó ser un estudiante con “desempeño académico destacado y buen trato social” que participaba en “agrupaciones colectivas como militante social” defendiendo reclamos por la lucha del aborto legal, contra la violencia de género y los femicidios.

Y señaló que, a raíz de esa publicación que incluyó la aparición de afiches en la facultad, sufrió “exclusión social, destrato y distanciamiento”, situación que impactó en su práctica docente.

Planteó que, como no era funcionario ni persona pública, esas publicaciones no podían ser consideradas de interés, por lo que debían darse de baja los enlaces y se debía identificar a sus autores. El fallo de la Corte expuso con textualidad el tenor de las acusaciones en su contra.

En primera instancia se había hecho lugar a la demanda, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión: afirmó que la publicación era de interés público, aludió que tanto el denunciante como la comisión de género también lo eran y señaló que el texto era una denuncia política y no una descalificación, por lo que estaban amparados en la libertad de expresión.

Apelada la sentencia, los apoderados de las empresas dijeron que el caso se había tornado inoficioso porque ya no aparecían las publicaciones. Pero -consultado el Procurador General-, la Corte Suprema decidió analizar el reclamo y revocar la sentencia con profusos argumentos.

En su voto, Rosatti subrayó que “las redes sociales, por su alcance masivo y la posibilidad del anonimato, se ofrecen como un escenario ideal para multiplicar exponencialmente el daño potencial que, en su caso, podría derivarse de la sola manifestación de quien la emite” e impiden al apuntado defenderse, máxime si esa acusación no se traduce en una denuncia administrativa o judicial.

“La modalidad utilizada en el texto (de ese escrache), combinada con la gravedad de las conductas que se denuncian, colocan al actor en una inaceptable situación de indefensión de sus derechos”, consideró.

Y se preguntó: “¿Qué entidad tiene la institución denunciante, que no es reconocida por la Universidad a la que dice pertenecer? ¿Quiénes son sus autoridades, o sus integrantes, pues se trataría de estudiantes autoconvocados no identificados en la prueba documental? ¿Ante quienes ejercer el derecho de defensa, negando o aclarando hechos condenables que siguen publicados?”.

Para el magistrado, “la ausencia de datos mínimos verificables que permitan al individuo que se encuentra implicado en la denuncia ejercer su derecho de defensa, vulnera el debido proceso en sentido amplio y expone al acusado a un riesgo cierto de daño irreparable a sus derechos personalísimos (honor e intimidad)”.

Y sostuvo que ello “no puede hallar amparo razonable en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión o en el cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas para la prevención y erradicación de la violencia de género. Por tal motivo, corresponde admitir el reclamo y disponer la eliminación de la publicación”.

Por su parte, Rosenkrantz hizo hincapié en que tampoco había una justificación para enmarcar el texto denunciado en los compromisos asumidos por el Estado Nacional para erradicar la violencia de género. Según planteó, la Cámara “concibió al discurso de género como de interés público y, por ello, suficiente para limitar los derechos personalísimos de quienes pudieran sentirse afectados por él”.

“La importancia que cabe asignar al discurso sobre cuestiones de violencia contra las mujeres -o a cualquier otro discurso que tenga trascendencia social, política o institucional- no es una razón válida para aplicar de un modo diferente las pautas que esta Corte ha establecido invariablemente en numerosos fallos para decidir sobre la referida tensión de derechos constitucionales”, aseguró.

También enfatizó que “la protección constitucional de la intimidad implica que toda persona, por su condición de tal, tiene el derecho de preservar una esfera de reserva en el ámbito de su propia autonomía personal y no es admisible que el interés que la comunidad pudiera tener en ciertas informaciones justifique todo tipo de invasión en dicha esfera”.

A su turno, Lorenzetti apuntó que “la sentencia apelada entiende que el actor es una persona pública porque se presentó como ‘militante social’, y por esa razón no resulta aplicable la protección reforzada propia de un ciudadano común”.

“Este criterio, que, si bien pudo haber sido admisible en otros tiempos, no lo es en el siglo XXI, en el que todas las personas, quieran o no, tienen sus vidas expuestas de modo público en las redes sociales. Las costumbres sociales se han inclinado hacia la publicación de todo lo que se hace día a día en el mundo digital, pero no por esa razón se trata de personas ‘públicas’”, señaló.

“En consecuencia, la circunstancia de que una persona tenga presencia en redes sociales o participe en actividades de interés colectivo no permite concluir que haya renunciado a la protección de su privacidad. Interpretar lo contrario llevaría a considerar que la mayoría de las personas no gozarían de la protección que el derecho concede a la privacidad”, añadió.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró la constitucionalidad del juicio en ausencia en la causa por el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y habilitó que el proceso avance sin la presencia física de los imputados que permanecen prófugos.

El tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial, y declaró la legitimidad de un mecanismo inédito hasta ahora en el país. Con ello, dejó habilitado el camino constitucional, aunque para que el juicio se lleve a cabo antes se deben confirmar los procesamientos dictados por el juez Daniel Rafecas, que fueron apelados.

La AMIA (que también actúa como querellante en la causa) celebró la decisión de Casación y consideró que la confirmación de la validez constitucional del juicio en ausencia abre una vía concreta para avanzar contra los acusados que permanecen fuera del país.

La entidad sostuvo que el pronunciamiento representa un paso relevante después de más de tres décadas sin juzgamiento y remarcó que la permanencia de los imputados en el exterior no puede impedir el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia. También reclamó que el expediente avance con celeridad hacia la instancia de juicio oral y público.

En concreto, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa oficial que cuestionaba la constitucionalidad del régimen sancionado en febrero de 2025, en buena medida con la mira puesta en este caso en particular.

La discusión llegó a Casación a partir de un planteo de la defensa oficial, ejercida por el defensor Enrique Comellas, a partir de lo que podría ocurrir si alguno de los acusados fuera condenado en ausencia y posteriormente se presentara ante la Justicia argentina.

La defensa sostuvo que la legislación no garantizaba adecuadamente el derecho a un nuevo juicio con presencia del imputado y que, en determinadas circunstancias, quien fuera condenado en ausencia podría quedar privado de esa posibilidad.

Su argumento era que la ley reconoce la posibilidad de solicitar un nuevo juicio solamente en determinados supuestos: fundamentalmente, cuando el condenado demuestra que no conocía la existencia del proceso o que, pese a conocerlo, no pudo presentarse debido a un impedimento grave y legítimo.

Según la posición expuesta ante Casación, la intervención de un defensor técnico no necesariamente sustituye el derecho del imputado a participar personalmente en la construcción de su defensa, particularmente cuando se desconoce cuál sería su propia versión de los hechos.

La Cámara rechazó el planteo por considerar que la situación invocada por la defensa todavía no existe.

Uno de los fundamentos centrales del fallo fue precisamente que el planteo resultaba “prematuro y conjetural”. La sentencia explica que todavía no existe una condena dictada en ausencia ni se produjo la posterior presentación de ninguno de los acusados para reclamar un nuevo juicio.

“Ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida. Resolver ahora esa cuestión importaría emitir una declaración acerca de una controversia eventual, cuya configuración depende de hechos futuros e inciertos”, sostiene el pronunciamiento.

Con lo cual el planteo no inhabilita la realización del juicio, pero sí deja abierto el debate a futuro. Esto es porque, finalmente, los jueces no determinaron qué ocurriría si efectivamente un condenado en ausencia aparece después del juicio, y comparece ante la Justicia para impugnarlo.

En cualquier caso, los camaristas subrayaron que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta de carácter excepcional y requiere demostrar una incompatibilidad concreta entre la norma y la Constitución.

El voto de Barroetaveña incorporó otro elemento relevante: la obligación internacional asumida por el Estado argentino de avanzar en la investigación y esclarecimiento del atentado. El camarista vinculó la decisión con los antecedentes internacionales que responsabilizaron al Estado argentino por las falencias de la investigación.

En ese contexto, afirmó: “La categoría aberrante de delitos que se juzga requiere también respuestas excepcionales, que exceden los límites concebidos hasta ahora, y justifica una nueva interpretación de las garantías del proceso penal”.

Para Carlos Mahiques, el fallo también representa la concreción de una posición que ya había expresado públicamente dentro de la propia causa AMIA.

En abril de 2024, cuando integraba la Cámara Federal de Casación Penal que revisó la causa por el encubrimiento del atentado, Mahiques había planteado la necesidad de que el Congreso estableciera un mecanismo que permitiera juzgar en ausencia hechos de esta naturaleza.

En aquella oportunidad sostuvo que frente a delitos terroristas de semejante gravedad el Estado debía adoptar procedimientos capaces de evitar la impunidad.

“A esta altura del análisis, no caben dudas de que el derecho de las víctimas a conocer la verdad no se trata solamente del deber del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales, sino de una cuestión de estricta justicia”, resaltaron los camaristas.

El camino hasta el actual escenario tiene varios hitos.

El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 (en pleno desarrollo de la Convención Reformadora de la Constitución Nacional, en Santa Fe) y dejó 85 muertos y 151 heridos.

La investigación original estuvo marcada por graves irregularidades. En el proceso posterior por el encubrimiento fueron condenados distintos funcionarios y operadores judiciales, mientras que la Justicia estableció responsabilidades por las maniobras destinadas a desviar la investigación.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas por el encubrimiento y produjo además una definición particularmente relevante: consideró al atentado como un crimen de lesa humanidad.

Ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Memoria y Justicia - AMIA”, en la que responsabilizó al Estado argentino por las deficiencias en la investigación y ordenó remover los obstáculos que habían impedido esclarecer plenamente el atentado.

El fallo internacional es uno de los antecedentes considerados por los camaristas para fundamentar la necesidad de que el proceso pueda avanzar. El siguiente paso fue legislativo.

En febrero de 2025 el Congreso sancionó la Ley 27.784, promulgada en marzo, que incorporó al Código Procesal Penal de la Nación el régimen de juicio en ausencia.

La norma establece que el mecanismo puede utilizarse para delitos comprendidos por el Estatuto de Roma -entre ellos genocidio y crímenes de lesa humanidad- y por determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo.

Pero además, el acusado debe haber sido declarado rebelde, conocer la existencia del proceso y no presentarse, y deben haberse realizado intentos razonables para lograr su comparecencia. La ley contempla, entre otros supuestos, que hayan transcurrido cuatro meses desde una orden de captura nacional o internacional sin que el imputado haya podido ser localizado.

La norma también garantiza una defensa técnica: si el acusado no tiene abogado, se le designa un defensor oficial. Además, el juicio debe ser registrado íntegramente en forma audiovisual y las grabaciones y pruebas deben conservarse durante 100 años.

Con ese nuevo marco legal, el juez federal Rafecas dictó este mismo lunes 21 el procesamiento de siete ciudadanos iraníes y uno libanés, a quienes atribuyó distintos niveles de participación en la planificación y ejecución del atentado. La resolución supera las 600 páginas.

Entre los procesados se encuentran ex funcionarios de alto nivel del gobierno iraní y miembros de Hezbollah.

Estos procesamientos todavía deben atravesar la revisión correspondiente. La defensa oficial puede recurrirlos y el fiscal Sebastián Basso también puede impugnar las decisiones de falta de mérito respecto de otros acusados.

Si los procesamientos quedan firmes, Rafecas estará en condiciones de avanzar hacia la elevación de la causa a juicio oral. En tal caso, deberá intervenir un Tribunal Oral Federal, a cuyo cargo estará la tarea de organizar un juicio que, por primera vez en la Argentina, podría desarrollarse sin la presencia física de los principales acusados; cosa que podría darse entre 2027 y 2028.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que no formará parte de la comitiva de mandatarios que acompañará al presidente Javier Milei a París, con motivo de la edición de la Argentina Week, un evento pensado para exhibir el potencial del país y atraer inversiones.

El santafesino dejó en claro que “me invitaron, pero no voy a ir”, y lo justificó en que “viajo cuando siento que es estrictamente necesario”.

En ese sentido, en diálogo con el periodismo tras una recorrida por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en el Parque del Sur, y acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, Pullaro insistió en su preocupación por seguir resolviendo la situación de la seguridad en la provincia, más allá de los logros alcanzados.

Y adelantó que el próximo año, si las circunstancias lo permiten, podría participar en un viaje de esta naturaleza.

Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

En términos generales, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso específico para sustentarlo.

Pero también será una oportunidad para fortalecer vínculos y limar asperezas en el escenario doméstico, en momentos en que está en juego la agenda parlamentaria y también la electoral, empezando por la reforma que impulsa el oficialismo pero, esencialmente, por transitar los caminos que permitan arribar a la reelección del primer mandatario.

Así las cosas, los mandatarios que ya se sabe formarán parte de la comitiva son Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Son los mismos gobernadores aliados que participaron de un evento similar en marzo en Manhattan.

A ellos se sumarán en esta oportunidad Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación.

En tanto, además de Pullaro, declinaron formalmente el convite el cordobés Martín Llaryora y el peronista afín al Gobierno Osvaldo Jaldo.

Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

En términos generales, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso específico para sustentarlo.

Pero también será una oportunidad para fortalecer vínculos y limar asperezas en el escenario doméstico, en momentos en que está en juego la agenda parlamentaria y también la electoral, empezando por la reforma que impulsa el oficialismo pero, esencialmente, por transitar los caminos que permitan arribar a la reelección del primer mandatario.

En la carpeta del Gobierno las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.

Según publica TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, incluye a 15 mandatarios invitados y “todavía no está cerrada”.

Al punto que hay quienes ya declinaron formalmente el convite, como el cordobés Martín Llaryora y el peronista afín al Gobierno Osvaldo Jaldo, y otros que hasta el momento no tienen intención de participar, como Maximiliano Pullaro.

Así las cosas, los mandatarios que ya se sabe formarán parte de la comitiva son Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Son los mismos gobernadores aliados que participaron de un evento similar en marzo en Manhattan.

A ellos se sumarán en esta oportunidad Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación.

La participación de los referentes provinciales apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el Presupuesto y la derogación (o cuanto menos suspensión) de las PASO.

Para los gobernadores, la visita supone una ocasión para tentar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

Pero desde el Gobierno central, el objetivo específico es acercar posiciones para garantizar apoyo en la agenda parlamentaria, y en lo posible cerrar acuerdos electorales, considerando que la estrategia ya no se orientaría tanto a disputar territorios a los gobernadores, como a propiciar la reelección de Javier Milei en 2027, en lo posible en la primera vuelta.

Así, la determinación definitiva del cronograma electoral (sobre todo cuando se sepa si habrá o no primarias obligatorias) será lo que marque los plazos para ensayar esos acuerdos, con la ventaja para muchos de los mandatarios provinciales de que el adelantamiento de los comicios en sus respectivos distritos permitirá avanzar o no al respecto.

Es así como el aseguramiento de sus propias reelecciones o de la continuidad de su línea política, junto con la evolución inmediata de las variables nacionales y la performance electoral de La Libertad Avanza, los pondrá en mejor posición para definir sus respectivas estrategias.

Consideraciones y análisis que, deliberada o inevitablemente, formarán parte de la agenda parisina.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por otros funcionarios, realizó un primer balance del desarrollo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y sostuvo que la repercusión internacional, la respuesta del público y el impacto económico “superó todas las expectativas”.

Desde el Centro de Prensa ubicado en la Nave A del Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, se informó sobre el funcionamiento de la organización, el desarrollo de las competencias, la recepción de las delegaciones y el trabajo desplegado en los escenarios deportivos de la ciudad, así como en las sedes de Santa Fe y Rafaela.

En el curso de la conferencia de prensa, los funcionarios dieron cuenta de que “nunca en la historia de estos juegos hubo tanto público en la ceremonia de apertura”, en alusión a la fiesta inaugural del certamen, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera.

Y, de la misma manera, “no hay antecedente de estadios llenos desde el primer día de principio a fin” de las distintas competencias que ya están en pleno desarrollo en las tres sedes.

Esta masividad se volcó también en la cobertura de plazas hoteleras, centros comerciales y locales gastronómicos, con lo cual el efecto económico multiplicador de la inversión realizada no solamente redundará en el potencial de la infraestructura, sino ya mismo en la circulación de dinero y la generación de puestos de trabajo, mencionó el diputado Joaquín Blanco, del Comité Organizador.

En el mismo sentido, Federico Angelini destacó el nivel de seguridad garantizado y la falta de incidentes, basado en el esfuerzo de patrullaje e incluso de allanamientos, que en Rosario fueron 60 durante el fin de semana.

A su turno, Pullaro dio cuenta del “estado de emoción que nos tocó vivir”, de las “inmensas expectativas” depositadas en los Juegos y del hecho de que “se superan a cada momento”. En ese sentido, registró 250 mil personas asistiendo a la ceremonia inaugural y 500 mil por streaming, sin contar el público televisivo.

“Claramente se superó el millón de personas que vieron esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y y que nos mostró al mundo”. Junto con el inédito nivel de concurrencia a los estadios, lo llevó a decir que los rosarinos y todos los santafesinos “nos merecemos esta caricia, porque mucho tiempo la pasamos mal”.

“La gente no la está pasando bien, porque le cuesta llegar a fin de mes, pero aquí la provincia le abre la puerta para que pueda disfrutar”, insistió, añadiendo al espectáculo deportivo la gran cantidad y el nivel de los números artísticos de los Fan Fest programados.

“Hemos dejado todo para que esto sea así. Y la repercusión es inmensa. Vimos un evento de nivel internacional, que fue tomado en países de todo el mundo. Y el impacto económico es superior a lo que habíamos previsto”, añadió.

El gobernador puso de resalto que la inversión en infraestructura va a poder ser apreciada y aprovechada de inmediato por la población. Pero que, especialmente, la infraestructura deportiva permitirá “que nuestros deportistas puedan practicar en espacios de primer nivel y traernos más y más medallas”.

“Queremos ser la capital del deporte”, insistió, como para no quedarse corto en las expectativas. Pero además, los nuevos estadios permitirán llevar adelante eventos hasta ahora impensables (algunos ya en organización y otros motivo de consultas) y movilizar el turismo.

“Los juegos son el motor para que se dinamice la economía de Santa Fe”, se entusiasmó el mandatario, apoyando esa idea sobre el principio de que “el Estado tiene que invertir para sostener las economías”.

Una nueva pregunta sobre la posibilidad de llevar adelante otros eventos de similar o superior magnitud, incluyendo las Olimpíadas, dio pie para confirmar la firma del acuerdo para desarrollar en Rosario los Juegos Panamericanos Junior 2029, que consolida la elección realizada el pasado 28 de agosto por la Asamblea General de Panam Sports, donde la ciudad santafesina se impuso a la de Guatemala.

Con esto, será la primera vez que el país organice los Juegos Panamericanos Junior, una competencia destinada a las nuevas generaciones de atletas del continente. En la última edición, disputada en Asunción en 2025, participaron más de 4.000 deportistas de los 41 países que integran Panam Sports.

Luego de celebrar la novedad, Pullaro no descartó ir por más: “Yo soy de Hughes y ahí no le tenemos miedo a nada. Así que si vienen los Panamericanos o las Olimpíadas, les abrimos los brazos”, prometió.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de la población y del sector privado, como así también de los Poderes Legislativo y Judicial, y de la Nación, sobre todo en la persona del secretario de Deportes Daniel Scioli, que estuvo en la ceremonia de apertura y “siempre estuvo al lado nuestro, acompañando. Incluso para defendernos cuando había dudas sobre Rosario”.

La afirmación final del gobernador operó como corolario del ánimo que atravesó toda la conferencia: “Estamos preparados para organizar lo que el mundo nos quiera traer”.

El flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Diego Maciel, reivindicó la voluntad ciudadana en la construcción de consensos mayoritarios para la sanción de las leyes, y cifró la tarea judicial en el respeto de esos parámetros, en tanto circulen por el carril constitucional.

Lo hizo en su breve discurso de asunción, al momento de ocupar el sitio que hasta esta semana correspondía a Eduardo Spuler, y ante autoridades de la provincia; entre las cuales destacó especialmente al ex vicegobernador Carlos Fascendini y al actual presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig, a cuyas órdenes se desempeñó en la Legislatura y de quienes “aprendí todo lo que pude”.

Ante un auditorio colmado de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, jueces y representantes del mundo académico y la sociedad civil, Maciel comenzó con una fuerte reinvindicación de su origen como abogado litigante, y también de su compromiso de trabajar “todos los días por una Justicia más rápida, más previsible y más cercana a la gente”.

“Nací y crecí en Esperanza. Estudié en la universidad pública de Santa Fe. Me formé como abogado litigante en el interior de la provincia, y como funcionario en la Legislatura, primero con Carlos Fascendini y luego con Felipe Michlig, de quienes aprendí todo lo que humildemente pude”, comenzó, en una presentación formal que sustentó a la vez una declaración de principios.

En ese sentido, tras agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro su nominación y a la propia Legislatura el acompañamiento, dedicó un párrafo a sus colegas abogados, con quienes compartió “el hermoso ejercicio profesional de litigar. y espero colaborar como magistrado en el enorme trabajo que los abogados realizan para que se haga justicia”.

En cuanto a su paso por la función pública, lo resumió en términos de que “en todos estos años me esforcé en estudiar las normas, para que sean claras y para que se cumplan Pero además, siempre puse un gran empeño en que la construcción jurídica sea una construcción de dialogo y consenso.

“La Corte Suprema de Justicia nacional nos viene guiando hace mucho tiempo con la idea de interpretación constitucional con deferencia hacia el legislador, como regla de oro de la jurisprudencia democrática”, planteó a continuación.

Y, como correlato necesario, que “para construir una sociedad respetuosa de sus acuerdos comunitarios, el Poder Judicial y los operadores del Derecho en general, deben respetar aquellos consensos que la ciudadanía logra a través de sus representantes.

“Las normas que se construyen en la Legislatura, con enorme esfuerzo y un amplio consenso, reflejando las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad santafesina, deben ser tratadas con mucho cuidado siempre por los jueces, ya que la balanza mayoritaria es la medida de nuestra democracia”, añadió.

Maciel puso especial cuidado en dejar sentado que “las normas siempre están para ser cambiadas cuando nuevos consensos de la sociedad lo requieran. Y doy fe de que los legisladores hacen un enorme esfuerzo cotidiano para eso.

“Pero ese enorme esfuerzo de construcción legislativa debe ser cuidado por los jueces, y respetado dentro del esquema constitucional, especialmente ahora, cuando tenemos una Constitución tan reciente y tan adecuada a los tiempos actuales”, sostuvo a continuación.

En tal sentido, subrayó que “mientras que el ejercicio inconstitucional por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo está sujeto al control judicial, el único freno para nosotros es nuestro propio sentido de autorestricción.

“En eso consiste la función judicial. En no combatir los acuerdos de la comunidad, sino en acompañarlos con el necesario respeto, siempre que circulen por el amplio camino constitucional”, precisó.

Por tal motivo, reinvindicó expresamente “esa deferencia judicial hacia la decisiones respaldadas por un fuerte acuerdo democrático. Pero también un firme activismo por los derechos ciudadanos y de las condiciones procedimentales que hacen posible que se tomen decisiones democráticas.

“La deferencia bien entendida no es inacción, sino mirar con cuidado las normas de la democracia, autorestringiéndonos para evitar el gobierno de las corporaciones”, aclaró.

El flamante ministro cerró su discurso con el compromiso de “trabajar todos los días para que la Justicia sea más rápida, más previsible y más cercana a la gente.

“No vengo a ocupar un lugar, vengo a cumplir una función, con la misma convicción y responsabilidad que siempre ejercí todos los cargos que me tocaron, con el respeto absoluto que la Constitución y las leyes de Santa Fe se merecen”, concluyó.

Con la asunción de Maciel en reemplazo de Spuler, avanza el proceso de reconfiguración de la Corte iniciado con el ingreso de Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En el cuerpo permanecerá Daniel Erbetta, en tanto al momento de hacer efectiva su renuncia (aún sin fecha) Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, se incorporarán Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

El procurador general interino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció a favor de hacer lugar al recurso de queja presentado por un joven integrante de la etnia wichi, y solicitó dejar sin efecto la condena a siete años de prisión que le había sido impuesta por abuso sexual con acceso carnal.

En un pronunciamiento de alto impacto jurídico, el funcionario dictaminó que el Superior Tribunal de Justicia de Chaco omitió analizar el principio de culpabilidad, el "error de prohibición" y las severas barreras idiomáticas y culturales. Advirtió que se vulneraron garantías constitucionales al rechazar peritajes antropológicos e inspecciones en el territorio.

Según recoge el sitio especializado Palabras del Derecho, el fallo de origen, dictado por la Cámara Multifueros unipersonal de la VI Circunscripción Judicial de Chaco y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia en abril de 2022, había considerado al acusado culpable de convivir y mantener relaciones sexuales con una niña de 11 años.

Sin embargo, la Procuración General consideró que la sentencia cuestionada adolece de una "fundamentación sólo aparente" y arbitrariedad, al haber soslayado de manera dogmática los planteos centrales de la defensa orientados a determinar si el imputado actuó bajo un error "invencible", condicionado por las pautas socioculturales de su comunidad originaria.

Las actuaciones judiciales se iniciaron tras la denuncia de la médica directora del puesto sanitario de Miraflores. La profesional citó a la niña al tomar conocimiento de la convivencia y, cuando la menor concurrió acompañada por F. (el joven que luego sería acusado), le colocó un implante anticonceptivo subdérmico.

En ese ámbito, el propio joven expresó con absoluta naturalidad que convivían con el pleno consentimiento y conocimiento de las familias de ambos.

Los informes socioambientales y psicológicos incorporados al legajo revelaron un escenario de extrema vulnerabilidad, marginación, analfabetismo y aislamiento social. F. residía en una choza de adobe, palos y paja, dentro de un predio donde cohabitaban varias familias interrelacionadas por parentesco; la madre de la niña convivía en concubinato con el padre del acusado.

Asimismo, los peritajes hicieron hincapié en la profunda barrera idiomática -el acusado no dominaba el idioma español- y en que, al ser entrevistado mediante intérprete, manifestó desconocer la edad de la niña.

Explicó que en la cultura wichi no se inquiere sobre las edades ni aspectos íntimos, sino que las relaciones se entablan por mutuo acuerdo y apreciación visual externa.

Los profesionales de la salud mental advirtieron expresamente que el imputado "no tendría incorporadas las normas jurídicas culturalmente establecidas" y que no comprendía que conductas naturalizadas en su etnia constituyeran delitos penalizados por el Estado nacional.

En su dictamen, Casal remarcó que la defensa solicitó desde la instrucción la eximición de responsabilidad (artículo 34 del Código Penal) fundada en un "error de prohibición invencible", producto de una socialización atípica. Sin embargo, los tribunales chaqueños rechazaron analizar si el procesado tuvo la posibilidad real de conocer la ilicitud del acto o de ajustar su conducta a la ley penal.

Casal aclaró que la defensa no pretendió poner los usos y costumbres indígenas por encima de la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres, sino verificar el principio constitucional de culpabilidad: no se puede sancionar penalmente a quien no tuvo la capacidad o posibilidad efectiva de comprender la criminalidad de su acto.

El procurador criticó duramente que los jueces provinciales rechazaran los planteos alegando meramente que "cualquier persona mínimamente socializada sabe que mantener relaciones sexuales con un menor está prohibido" o deduciendo conocimientos por el hecho de ser hermanastros.

Para el jefe de los fiscales, el tribunal resolvió con base en la experiencia de su propio contexto social urbano, sin precisar los parámetros del pretendido "grado de socialización" ni relacionarlo con la realidad del imputado.

Un aspecto central del dictamen radica en la severa restricción probatoria sufrida por el imputado. Durante el proceso, la defensa requirió un peritaje antropológico-sociológico para comprender el grado de penetración de las pautas culturales y una inspección ocular del tribunal en el territorio para constatar el aislamiento extremo del paraje.

Ambas medidas fueron denegadas: la primera, argumentando insólitamente que el Poder Judicial chaqueño no contaba con peritos antropólogos en su plantilla; la segunda, por considerarla "impertinente".

Casal tildó de inaceptables estas excusas. Indicó que el tribunal debió convocar a especialistas de universidades u otras jurisdicciones, recordando que en Chaco casi el 5% de la población se reconoce indígena u originaria y que la etnia wichi es una de las más numerosas del país según el Censo 2022.

Asimismo, remarcó que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigen expresamente el uso de peritajes antropológicos y visitas in situ para garantizar la igualdad material ante la ley.

Finalmente, el dictamen censuró la determinación de la pena de 7 años de prisión. La justicia provincial se había limitado a calificar al acusado como "un hombre joven, jornalero y con estudios primarios incompletos", omitiendo todo análisis sobre el impacto del desarraigo y la privación de la libertad en una persona indígena.

Casal recordó la doctrina internacional que impone a los Estados la obligación de garantizar la excepcionalidad de la prisión preventiva y de la pena privativa de la libertad para integrantes de comunidades originarias, priorizando medidas alternativas para evitar un sufrimiento desproporcionado y un impacto cultural regresivo.

Por todo ello, el Procurador General concluyó que el Superior Tribunal de Chaco incumplió el estándar de "revisión amplia e integral de la condena" (doctrina del fallo Casal de la CSJN y art. 8.2.h de la CADH), recomendando a la Corte Suprema declarar procedente la queja, anular la sentencia y ordenar la redacción de un nuevo fallo ajustado a derecho.

Fallo de la Corte by El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso para intentar ordenar uno de los aspectos más sensibles de la ejecución penal: cuándo una enfermedad, una discapacidad o las condiciones de alojamiento justifican que una persona privada de su libertad cumpla la detención en su domicilio.

A través de la Acordada 21/2026, del 21 de agosto, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional la elaboración, en un plazo de 30 días, de un protocolo médico destinado a sistematizar los elementos que deberán ser considerados cuando un juez deba resolver un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud.

La propia Corte informó que la iniciativa busca "sistematizar los criterios" y "organizar y uniformar" la constatación de los aspectos médicos y penitenciarios que exige la ley, de aplicación orientativa y no obligatoria para los magistrados, y tendiente a evitar decisiones automáticas o contradictorias.

En la acordada, los ministros recuerdan que el tribunal viene señalando desde hace años la necesidad de evitar un "encarnizamiento en las condiciones de detención", en resguardo de "la dignidad humana".

En ese sentido, el documento se asegura de dejar en claro que la prisión domiciliaria no es un beneficio discrecional o una suerte de premio para determinados detenidos. La Corte la define como una “alternativa para situaciones especiales” dentro de la ejecución penal, destinada a garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad y la salud.

Pero existe un límite: la detención domiciliaria tampoco supone dejar sin efecto los fines del encarcelamiento. Por eso el tribunal advierte que se trata de una medida coercitiva de menor intensidad, pero que debe preservar, dentro de lo posible, los objetivos sustanciales y procesales de la detención.

En los casos previstos por el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660 -entre ellos, determinados supuestos de enfermedad, enfermedad terminal y discapacidad- el juez debe analizar cuestiones que exceden el conocimiento jurídico.

Por eso la legislación exige informes médicos, psicológicos y sociales. La Corte explica que el magistrado necesita recurrir a especialistas para determinar, por ejemplo, si una persona puede recuperarse o recibir un tratamiento adecuado dentro de una cárcel, si necesita internación hospitalaria o si las condiciones de encierro resultan incompatibles con su situación de discapacidad.

La acordada coloca allí el principal problema: no alcanza con conocer el diagnóstico de una persona detenida, también hay que determinar si el establecimiento en el que se encuentra alojada tiene efectivamente los medios para atenderla.

Por eso la Corte especifica que deberán relevarse las características del establecimiento, los servicios disponibles, la accesibilidad y las prestaciones que puede brindar la unidad penitenciaria.

La necesidad de ordenar estos criterios no es meramente teórica. En los últimos años hubo decisiones diferentes frente a situaciones en las que se discutía si una persona podía recibir tratamiento dentro de una cárcel.

Un ejemplo es el caso de Lázaro Báez. En 2017, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de prisión domiciliaria basado en problemas de salud. La mayoría consideró, a partir de los informes del Cuerpo Médico Forense, que las patologías podían ser tratadas adecuadamente en el establecimiento penitenciario.

Otro antecedente muestra una conclusión diferente. En un caso de una persona detenida con una discapacidad severa, que necesitaba asistencia de terceros para realizar actividades básicas, la Sala IV de Casación resolvió de manera dividida.

Mientras uno de los jueces sostuvo que el estado de salud podía ser tratado dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, la mayoría terminó concediendo la prisión domiciliaria.

El caso de Julio De Vido también es un ejemplo reciente y paradigmático. La defensa del ex ministro de Planificación Federal pidió la prisión domiciliaria argumentando razones vinculadas con su edad y estado de salud.

La Justicia rechazó inicialmente el planteo y luego, en mayo de 2026, obtuvo el beneficio. El caso generó cuestionamientos políticos y periodísticos sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria y la igualdad de trato respecto de otros detenidos.

El de la dirigente social jujeña Milagro Sala es otro caso muy relevante. Sala cumple su condena bajo prisión domiciliaria y durante 2026 hubo nuevos cuestionamientos sobre su estado de salud.

En julio se difundieron informes médicos que alertaban sobre un deterioro físico y psicológico, mientras que en febrero el Gobierno había reclamado que volviera a una cárcel común y cuestionado las condiciones de su arresto domiciliario.

También hubo controversias en causas por delitos de lesa humanidad. En 2018, la Cámara Federal de Casación Penal revocó una prisión domiciliaria concedida a Miguel Etchecolatz al considerar que su estado de salud podía ser atendido adecuadamente en prisión. Meses después, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa contra esa decisión y dejó firme el resultado.

El tribunal remarcó entonces la importancia de contar con informes del Cuerpo Médico Forense y de que sus conclusiones pudieran ser controladas por las partes.

Más recientemente, en junio de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal volvió a analizar el problema al revisar la situación de un condenado de 77 años con diversas patologías. La mayoría rechazó el arresto domiciliario porque entendió que su estado de salud podía ser atendido en prisión y recordó que la edad no determina automáticamente la concesión del beneficio.

Pero el fallo también dejó una definición que encaja con el espíritu de la nueva acordada: la decisión no puede surgir de una aplicación "ciega, acrítica o automática" de criterios generales, sino de un análisis de las particularidades de cada caso.

Y en enero de este año, Casación concedió la prisión domiciliaria a otro condenado cuyo cuadro de diabetes se había agravado durante su permanencia en Ezeiza.

El tribunal consideró determinante que, pese a que inicialmente se había entendido que el establecimiento podía atenderlo, en la práctica no estaban garantizados los controles periódicos, el seguimiento especializado ni la dieta requerida, y su estado había empeorado.

La acordada introduce otro elemento relevante: no solamente deberán mejorar los informes médicos. También se deberá establecer qué información tienen que proporcionar las autoridades penitenciarias.

La Corte ordena que el protocolo contemple los datos necesarios para comparar las condiciones concretas de detención con las necesidades de recuperación o tratamiento establecidas por los profesionales.

Esto puede modificar sustancialmente el modo en que se analizan estos pedidos. Una cosa es afirmar que una cárcel dispone de atención médica; otra, mucho más precisa, es demostrar que cuenta con el especialista requerido, los controles necesarios, los medicamentos, la alimentación indicada, la posibilidad de realizar estudios y la capacidad para trasladar rápidamente al detenido ante una emergencia.

En un expediente judicial, esa diferencia puede ser decisiva.

El diputado nacional por Santa Fe Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, sostuvo que la postura del oficialismo sigue siendo la de eliminar definitivamente las PASO.

En diálogo con El Litoral, consideró que no son más que “una encuesta cara”, que obligan al electorado a concurrir reiteradamente a las urnas y no cumplen los objetivos con que fueron creadas.

- La Libertad Avanza está impulsando de manera decidida la eliminación de las PASO, pero con fuerte resistencia en el resto del arco político. ¿Cuál es el objetivo de esa medida?

- Nosotros sostenemos la eliminación porque creemos que es una encuesta cara. Que la pagan los contribuyentes. Porque en definitiva funciona como eso. Es, simplemente, ver en qué situación está cada candidato, y no resolver internas. Porque muchos partidos las tienen que resolver de antemano.

Es más, eliminar las PASO favorece las internas, porque facilita las posibilidades. En vez de buscar acuerdos, los partidos vuelcan sus problemas internos a la sociedad. Y la gente, por lo que uno puede ver en la opinión pública, está cansada de votar cuatro o cinco veces en el año.

El año que viene con PASO seguramente tendríamos que votar cinco veces. Entonces, vas a tener dos provinciales, dos nacionales y un posible balotaje. Cinco elecciones. La verdad es que la política no ayuda a que la gente se comprometa y se involucre con los temas.

Va a ser un año que va a arrancar electoralmente en Santa Fe, donde el Gobierno va a adelantar la elección, y desde febrero vamos a estar con listas, y con elecciones en abril y en junio, seguramente.

Después elecciones en octubre, otra vez si hay balotaje. Hay que prestar atención a ese fastidio, ese cansancio que tiene la gente, no es bueno. Entonces, creo que eliminar las PASO va a ser un ahorro, y una solución a un tema que viene planteando la gente. Y es decirle a la política, arreglen sus problemas internamente y no le pasen el costo a la gente.

- ¿Y cómo se resolvería la cuestión de las candidaturas de los partidos, en caso de que no haya acuerdos? ¿Volver a las internas cerradas con voto de los afiliados, internas abiertas pero no obligatorias?.

- Hay varias modalidades. Una es que cada partido político decida de qué manera hacerlas. Si quiere hacerlas abiertas o si quiere hacerlas cerradas solamente con sus afiliados, es decir, los de su padrón. Y si quiere hacerlas abiertas, con qué modalidad.

Algunos partidos están dispuestos a aceptar eso, pero piden algún apoyo logístico del Estado; por las dificultades de llamar a una interna en todo el país sin una apoyatura. Hay partidos que dicen: "No tenemos infraestructura para hacerlas”. Entonces, están pidiendo que no siendo obligatorias, haya algún tipo de control y apoyo estatal, para que la gente se anime y quiera ir a participar.

- ¿Esto es algo que ya se está discutiendo como posibilidad concreta, dentro de los negociaciones para que se vote la reforma?

- No, no. Son pedidos de algunos partidos que empiezan a ablandar posiciones duras. Porque están los que no quieren saber nada con esto, y otros que lo empiezan a analizar de otra manera. Nosotros seguimos con la misma tesitura, que es la eliminación de las PASO. En eso no ha habido cambios.

- En el caso de quienes no aceptan la eliminación de las PASO es porque las ven como la mejor manera de resolver la cuestión de las distintas posturas internas, por lo menos de una manera ordenada y que evite confrontaciones más duras.

- Sí, puede ser. Pensemos en el principal partido opositor. El problema que tienen es que, aparentemente, no pueden resolver su interna de otra manera. Yo creo que lo van a terminar resolviendo. Porque las PASO en su momento fueron un invento de Néstor Kirchner para solucionar un problema coyuntural.

Después de eso, si uno lee el sentido de las PASO que está en los fundamentos de la ley, encuentra que los objetivos que tenía eran muy buenos, pero lo que se consiguió fue todo lo contrario.

- ¿Por qué lo dice?

- Porque las PASO decían: "Vamos a tener que darle mayor protagonismo a la ciudadanía, mayor vida a los partidos políticos; todas esas cosas que no se dieron en absoluto. Estamos lejos de haber logrado eso. Entonces, creo que eliminar las PASO lo que va a hacer es que los partidos pongan en valor sus estructuras, las usen, y presenten sus candidatos como corresponde.

- En Santa Fe, no obstante, hay consenso político para sostener las PASO a nivel provincial.

- Bueno, porque es lo que quiere el Gobierno y en la Legislatura no hay discusión política. Hay una mayoría de Unidos, y Unión por la Patria que no existe hoy por hoy, y acompaña todo. No hay oposición de parte de ellos.

Y se aprueban cuestiones como que los precandidatos a gobernador se postulen con tres vices diferentes. La verdad es que eso es lamentable, y hasta inconstitucional, porque un candidato no puede serlo en simultáneo en distintas listas. Y lo que estamos eligiendo son fórmulas.

- Y a nivel nacional, ¿qué tantas chances ve de que la iniciativa tenga acompañamiento? ¿Cuándo se podría llegar a tratar?

- Todavía no está en discusión formalmente. Las conversaciones están, pero como algo preliminar. Y me parece que vamos a lograr un acuerdo. Y si no, siempre está la posibilidad de suspenderlas por la próxima elección. Siempre hay alternativas, entonces creo que se van a lograr los objetivos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el criterio restrictivo que rige el control judicial de las decisiones adoptadas en los procedimientos políticos de remoción de magistrados.

Sostuvo la necesidad de equilibrar la garantía de debido proceso y defensa en juicio con la división de poderes, y que eso se hace impugnando sólo actos con vicios graves, y que pudieran haber alterado el resultado.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el Alto Tribunal se remitió a su propia jurisprudencia, al momento de rechazar el recurso de queja presentado por Sebastián Andrés Villegas, ex juez de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y Minería de Rincón de los Sauces, Neuquén.

Villegas había sido destituido el 15 de mayo de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Neuquén, que consideró configurada la causal de mal desempeño prevista en el artículo 267 de la Constitución provincial.

Según recoge el sitio especializado Palabras del Derecho, el procedimiento se había iniciado a partir de la denuncia formulada por una funcionaria del juzgado, quien manifestó haber sido víctima de acoso sexual, hostigamiento laboral y violencia psicológica por parte del magistrado.

El Jurado tuvo por acreditadas distintas conductas vinculadas con comentarios inapropiados sobre la apariencia de la denunciante, intentos de seducción, desacreditaciones frente a otros integrantes del tribunal, presiones relacionadas con su desempeño y la generación de un ambiente laboral hostil.

Sobre esa base, concluyó que Villegas había demostrado falta de idoneidad ética y dificultades para la adecuada gestión del personal a su cargo.

Contra la destitución, el magistrado acudió al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Entre otros argumentos, cuestionó la imparcialidad de tres integrantes del Jurado por haber intervenido previamente en actuaciones administrativas, denunció una valoración arbitraria de la prueba y sostuvo que los cargos habían sido acreditados principalmente a partir de la declaración de la denunciante.

El tribunal provincial rechazó la impugnación al considerar que no se habían demostrado graves afectaciones al debido proceso con entidad suficiente para modificar el resultado del juicio político.

Al llegar el caso a la Corte Suprema, uno de los principales planteos estuvo dirigido contra el alcance limitado de la revisión judicial.

Villegas sostuvo que el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le garantizaba una revisión amplia de los aspectos fácticos, probatorios y valorativos de la decisión, y pretendió trasladar al juicio político el estándar desarrollado por la Corte en “Casal” para la revisión de condenas penales.

La Corte rechazó esa interpretación y recordó su jurisprudencia iniciada en los precedentes “Graffigna Latino” y “Nicosia”, según la cual el procedimiento de remoción de un magistrado posee una naturaleza esencialmente política.

Esto significa que su finalidad no consiste principalmente en imponer una sanción, sino en determinar si el funcionario conserva las condiciones constitucionales y legales necesarias para continuar ejerciendo el cargo. Esa particularidad impide equiparar el juicio político a un proceso judicial ordinario y justifica un control posterior que tome en cuenta ese carácter.

En su voto, Rosatti recordó que quien pretenda la revisión judicial de una decisión adoptada en un procedimiento político de este tipo debe demostrar “en forma nítida, inequívoca y concluyente” un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio, con entidad suficiente para alterar el resultado de la causa..

El fallo también señala que el control puede comprender supuestos de arbitrariedad, aunque bajo los rigurosos parámetros con los que tradicionalmente se configura ese vicio, y sin que los jueces puedan sustituir al órgano político en la valoración acerca de si el magistrado mantiene la aptitud para ejercer su función.

Para la Corte, este criterio procura conciliar dos principios constitucionales: por una parte, el derecho del magistrado sometido a enjuiciamiento a ejercer su defensa y obtener una revisión ante un tribunal independiente; por otra, la división de poderes, que impide al Poder Judicial inmiscuirse en atribuciones que la Constitución colocó en cabeza de otros órganos estatales.

Esto porque, precisamente, son mecanismos que “están diseñados para que otros poderes gubernamentales controlen al Poder Judicial y, por ese motivo, están en manos de órganos políticos, a quienes se les reconoce la potestad exclusiva y excluyente de valorar y decidir si el magistrado acusado mantiene la aptitud para continuar en el ejercicio del cargo”

En ese sentido, aclara que no deben considerarse de manera excluyente las garantías para el juez afectado, sino también el principio de separación de poderes, “que es inherente a la forma republicana de gobierno y debe ser respetado por los jueces de cualquier esfera, ya sea federal o provincial”, añade.

Al examinar los restantes agravios, la Corte concluyó que el tribunal provincial sí había analizado cuestiones fácticas y probatorias, aunque únicamente para determinar si existía arbitrariedad. Destacó que la declaración de la denunciante no había sido considerada de manera aislada, sino que fue confrontada con otros elementos y testimonios producidos durante el procedimiento.

También descartó que la falta de consideración de determinados testimonios pudiera alterar el resultado de la destitución.

Según explicó, aún cuando esas declaraciones permitieran poner en duda alguno de los episodios denunciados, subsistían otras conductas acreditadas —entre ellas, comentarios sobre la funcionaria, desacreditaciones públicas y cuestionamientos frente al personal— que sustentaban de manera autónoma la conclusión sobre el mal desempeño.

Finalmente, tampoco consideró acreditada una afectación a la garantía de imparcialidad por la intervención previa de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia.

La Corte señaló que su participación en las actuaciones administrativas había culminado con la remisión del caso al Jurado de Enjuiciamiento sin una decisión sobre el fondo, y recordó que el solo hecho de disponer la instrucción de un sumario o enviar antecedentes al órgano competente no configura prejuzgamiento.

En consecuencia, el máximo tribunal entendió que el ex magistrado había conocido los cargos formulados, podido ejercer su defensa y obtenido posteriormente una decisión judicial fundada sobre sus cuestionamientos. Al no advertir violaciones patentes al debido proceso o a la defensa en juicio, desestimó la queja.

Corte Suprema de Justicia de la Nación by El Litoral

Más de 30 proyectos, propiciados por distintos bloques políticos, fueron presentados en las cámaras del Congreso para abordar la problemática de los altos niveles de endeudamiento que se registran un buena parte de los hogares argentinos, y el incremento en los índices de morosidad.

En términos generales, los impulsores de estas iniciativas apuntan que, por efecto del deterioro de los ingresos y el incremento en el costo de vida el universo de los créditos al consumo asumió un cariz diferente y alarmante.

Argumentan que las tarjetas de crédito y los microcréditos otorgados por proveedores no financieros o billeteras digitales dejaron de ser un instrumento de consumo extraordinario para convertirse en un paliativo recurrente destinado a cubrir gastos de primera necesidad: compras de alimentos en el supermercado, pago de medicamentos en farmacias y facturas de servicios públicos.

Más de 30 proyectos esperan tratamiento en el Congreso de la Nación. Fernando Nicola

En tal sentido, se basan en que los informes oficializados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un incremento paulatino pero persistente en el incumplimiento de pago de las deudas familiares. La mora en préstamos al consumo alcanza niveles que encendieron las alertas tanto en el sector público como en el sistema bancario privado.

A su vez, relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas —como el reciente informe de la Fundación Pensar— advierten que “el peso de la deuda sobre los presupuestos de los hogares alcanzó niveles máximos en dos décadas”.

Según un reciente informe de Management & Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. En ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como el informal.

Al mismo tiempo, más de la mitad de esos préstamos no tiene como objeto satisfacer algún consumo o emprendimiento sino que está destinado al gasto corriente.

La combinación de elevadas tasas de interés, refinanciaciones sucesivas y la proliferación de costos administrativos no transparentes provocó una espiralización de pasivos en familias cuyos ingresos brutos no logran equiparar el costo de la Canasta Básica Total.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso (ya ex legislador) y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense.

También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

“El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”, afirmó el diputado entrerriano Guillermo Michel, autor de un proyecto para generar una estrategia de créditos blandos desde Ansés.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Archivo El Litoral

Por su parte, Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el "régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito". Y argumentó que "la morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente".

Aunque las propuestas provienen de espacios políticos con visiones económicas heterogéneas (Unión por la Patria, la Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, y sectores del radicalismo), existen pilares conceptuales donde convergen la mayoría de las iniciativas:

- Prohibición del anatocismo e intereses punitorios desmedidos: La eliminación o limitación estricta de la capitalización de intereses y recargos desproporcionados que multiplican el saldo adeudado original.

- Mecanismos de reestructuración y mediación: Creación de instancias administrativas o judiciales de mediación obligatoria entre el deudor de buena fe y las entidades financieras.

- Inembargabilidad de fondos mínimos de subsistencia: Garantía de inembargabilidad para las cuentas sueldo y billeteras de pago asociadas a ingresos familiares de subsistencia.

- Cese de conductas abusivas de cobro: Prohibición explícita a las agencias de cobranza de incurrir en hostigamiento, intimidación o contacto con terceros ajenos a la relación crediticia.

-Evaluación de solvencia previa (Crédito Responsable): Obligación legal para los prestadores de verificar la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de crédito a sectores vulnerables.

A pesar de las coincidencias en la necesidad de intervención, las propuestas se diferencian sustancialmente en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación, y van desde propuestas de condonación para los hogares con menores ingresos y tasas subsidiadas, hasta la educación financiera en el nivel secundario y patrocinio legal gratuito.

Mientras las comisiones de Defensa del Consumidor de la Cámara baja analizan la unificación de proyectos, el tratamiento parlamentario enfrenta importantes resistencias políticas y operativas.

Desde el Poder Ejecutivo y los sectores alineados con La Libertad Avanza se argumenta que la fijación de topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos crediticios incrementará la tasa de riesgo, restringirá aún más la oferta bancaria e impulsará a las familias vulnerables hacia el mercado informal de préstamos.

Por su parte, las cámaras del sistema financiero privado señalan que una regulación compulsiva puede minar la sostenibilidad del crédito privado y generar incertidumbre jurídica.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

El empresario afirmó que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.

Sin embargo, desde la oposición replican que la mora masiva trasciende el ámbito de las relaciones contractuales privadas y configura una problemática económica sistémica que paraliza la demanda agregada y afecta el consumo básico. La discusión, que aún no logra dictamen de comisión en el recinto, promete mantenerse en el centro de la agenda legislativa durante el período ordinario.

La organización de la visita de León XIV a la Argentina, que se materializará entre el 8 y el 11 de noviembre, entró en fase definitoria. La Iglesia Católica ya conformó equipos específicos de trabajo y el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva misión técnica para ajustar el itinerario y los aspectos operativos.

La agenda se centrará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde se proyectan tres celebraciones multitudinarias que concentrarán la mayor parte de las actividades públicas del pontífice. Pero también están en consideración otras actividades, en un marco en que cada encuentro, cada palabra y cada fotografía tendrán inevitables lecturas políticas.

Entre las primeras definiciones logísticas figura la construcción de dos papamóviles, que serán utilizados durante la visita. Los vehículos serán fabricados y donados por Toyota bajo especificaciones técnicas establecidas por la Santa Sede.

Según detalla Infobae, serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.

El pontífice se movilizará en dos papamóviles abiertos. Archivo El Litoral.

La principal misa en Buenos Aires se proyecta en el Monumento de los Españoles, en Palermo. En tanto, las otras celebraciones centrales se realizarían en el santuario de Luján y en un predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La elección de estos espacios responde a criterios de capacidad, accesibilidad y seguridad para albergar a miles de fieles.

Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.

Una de ellas es un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.

Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad.

Esta agenda remite inevitablemente a cuestiones que atraviesan el debate nacional, como la reforma laboral y las políticas públicas en materia de discapacidad. Y todo esto en un contexto en que los obispos han sostenido posturas abiertamente críticas sobre la situación económica y social en general, y sobre algunas medidas en particular, como la fallida reforma a la Ley de Tierras.

Pero a pesar del carácter eminentemente pastoral que se busca otorgar a la visita, el factor político inevitablemente repercutirá en ella, no sólo en el discurso y el simbolismo de las actividades que conformen la agenda, sino en las propias cuestiones operativas.

Por caso, la llegada del jefe de Estado del Vaticano requerirá una articulación entre distintos niveles de gobierno, a cargo de signos políticos distintos y enfrentados. La organización involucra a la administración nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

La seguridad del pontífice quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional, mientras que las jurisdicciones locales tendrán participación en aspectos vinculados con la logística, la circulación, los servicios y la recepción de peregrinos en las actividades a desarrollar en sus propios territorios.

sí, al flanco abierto para el gobierno libertario (que gestionó y busca capitalizar la visita, pero que no puede ignorar el choque de puntos de vista), se suma el hecho de que deberá compatibilizar acciones con Jorge Macri (PRO); Axel Kicillof (PJ) y Martín Llaryora, del peronismo cordobés, ni oficialista ni alineado con la conducción partidaria.

Mientras esto ocurre, a fines de este mes arribará al país una delegación encabezada por monseñor José Salas Castañeda, responsable de la organización de los viajes internacionales del Papa. La misión recorrerá nuevamente los escenarios previstos para las actividades, evaluará condiciones de seguridad y avanzará en la definición del programa definitivo.

El cardenal mexicano José Salas Castañeda es el coordinador de los viajes papales. Vatican News.

También participarán representantes de la Secretaría de Estado del Vaticano, responsables de comunicación y especialistas en seguridad vinculados a los desplazamientos papales. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Según se informó, el coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.

La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.

Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.

A la vez, la Conferencia Episcopal Argentina anunció la realización de una colecta nacional durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto para colaborar con los gastos de organización.

Los recursos estarán destinados a infraestructura, logística, comunicación y otros aspectos operativos vinculados al viaje, que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”.

La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”.

En ese marco, la Iglesia lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país. De acuerdo con las bases y condiciones publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, la convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años.

Las canciones deberán ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. Deberán estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias. La inscripción estará abierta desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.

El jurado estará integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música. La canción ganadora, que podrá ser presentada por una persona o por un grupo, se conocerá el 24 de septiembre y se convertirá en la obra oficial de la visita del Papa.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), reivindicaron la integración, la institucionalidad como articulación de las políticas públicas y el modelo de desarrollo productivo para el crecimiento del país.

En ese contexto, formularon un fuerte rechazo a las retenciones agropecuarias, y reclamaron al gobierno nacional asumir la responsabilidad de sostener la infraestructura vial, y una activa participación en la mesa de decisiones de la hidrovía.

En el curso de la ceremonia en la que Frigerio asumió la presidencia pro témpore en relevo de Llaryora, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los gobernadores de sostener la política de integración regional, con la coordinación de políticas públicas.

Un proceso que el organismo acompaña en la institucionalización, capacitación de cuadros de gestión y apoyo financiero.

Tras la firma de la constitución de la Casa de la Región Centro, que funcionará precisamente en la ciudad de San Francisco, los mandatarios resaltaron el valor de la integración, con un expreso reconocimiento a los fundadores, Jorge Obeid (Santa Fe), Jorge Busti (Entre Ríos) y Ramón Mestre (Córdoba).

Pullaro: “La Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”.

“La Región Centro para nosotros es fundamental -dijo Pullaro. No venimos a demandarle al gobierno nacional, sino a demostrar lo que somos, lo que representan estas tres provincias cuando trabajan juntas. Somos capaces de llevar adelante cambios y transformaciones, somos el motor productivo de la Argentina, pero ademas creemos fervientemente en la institucionalidad”, advirtió.

Pullaro reconoció que “la Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”.

“Defender esta Región es defender la república y una manera distinta de hacer las cosas”, resumió Pullaro, luego de repasar el nivel de los aportes que la Región hace al país y lo poco que recibe en contrapartida.

A su turno, Frigerio resaltó los valores de “la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito” y “la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias, para ser el faro de hacia donde tiene que ir el país”.

Frigerio: “A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones".

Y en el marco de sostener “políticas públicas que traigan soluciones a la gente”, repudió “las malditas retenciones en nuestro país” y exigió “un cronograma concreto de reducciones sistemáticas, hasta su desaparición”.

“A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones. Si no las van a arreglar, pásennoslas a nosotros para que lo hagamos. No porque tengamos plata, sino porque no tenemos otra opción”, exhortó en otro punto.

También reclamó “un lugar en la mesa de decisiones” de la hidrovía y la necesidad de un trabajo conjunto ante el cambio climático y la amenaza del fenómeno El Niño.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, pero el gobierno nacional necesita que también a las provincias les vaya bien. Porque en las provincias es donde se determina la calidad de vida de la gente, y eso está cada vez más en nuestras manos, y por eso es importante que estemos juntos”, completó.

Llaryora también cargó contra las retenciones, “que todos los años nos cercenan posibilidades de llevar bienestar a nuestra población. Piensen lo que se podría hacer con ese dinero en manos de nuestros productores, de nuestros industriales, de nuestros pueblos. Porque ellos no están en la timba financiera, la ponen en la producción, en el trabajo”.

Identificó como uno de los principales problemas del país la imposibilidad de llegar a acuerdos, de llevar adelante políticas que trasciendan a las gestiones y a los partidos políticos.

Tras detenerse en los distintos aspectos del trabajo conjunto entre las tres provincias, volcadas en “políticas claras”, cuestionó el ingreso irrestricto de mercaderías del exterior sin control sanitario, y reivindicó el compromiso de la Región de sostener esos controles que el gobierno central dejó de lado. Y culminó con vivas al federalismo y a la integración.

Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro.

Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro, ocasión en la cual el mandatario entrerriano asumió la presidencia pro témpore, en relevo del cordobés.

La fecha elegida coincide con el vigésimo segundo aniversario del relanzamiento de la Región, órgano potenciado en la actual etapa por los tres mandatarios que mantienen a rajatabla los encuentros semestrales y son permanentes las reuniones entre los tres funcionarios designados por cada uno de ellos para hacer la coordinación.

En este encuentro en San Francisco se ratificaron una serie de acuerdos alcanzados entre las provincias y que tuvieron como impulsores a la santafesina Claudia Giaccone, al cordobés Juan Carlos Mazzei y al entrerriano Atilio Benedetti, quien se hizo cargo tras el fallecimiento de su comprovinciano Jorge Chemes.

Al encuentro los gobernadores llegan en medio de negociaciones con el gobierno nacional especialmente en temas electorales como la posible suspensión o eliminación de las PASO a nivel nacional.

La reunión central tuvo como por escenario el Superdomo de San Francisco, en la misma jornada elegida para inaugurar formalmente la sede institucional administrativa del bloque regional en el edificio del ex-Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de San Francisco.

Más allá del traspaso de la presidencia a Entre Ríos, los gobernadores plasmaron con su firma una serie de acuerdos tejidos entre las tres provincias como el corredor de biomovilidad que vienen trabajando las secretarías de Energías y las empresas eléctricas de las tres provincias. Allí además hay un reclamo conjunto al gobierno nacional para que finalice algunas obras energéticas como gasoductos que permitirán traer el combustible a las tres provincias.

También las tres provincias avanzaron en unificación de normas para que trabajadores de aplicación de implementos fitosanitarios y de drones tengan los mismos requisitos en toda la Región; además la complementación en Registros de Personas Jurídicas donde el reconocimiento en un estado subnacional sea válido en los tres mientras avanzan en unificar requisitos para las contrataciones estatales.

En los últimos años, localidades de las tres provincias avanzan en hermanamientos, validados en el plenario de mandatarios de la Región Centro. Están los casos como Las Tunas/Libertador San Martín; Los Molinos/Los Molinos; María Susana/Capilla del Monte; Laborde/Labordeboy, con la presencia de los respectivos jefes comunales.

En San Francisco, además, se firmó el acuerdo de hermanamiento entre esa municipalidad con Esperanza y Nogoyá, tres zonas emblemáticas en materia lechera.

No resultó ajena a la reunión de gobernadores la entrada en vigencia del acuerdo Unión Europea/Mercosur y la implicancia para las empresas de las tres provincias.

El fenómeno El Niño también motivó que en San Francisco se defina el encuentro de las áreas de Protección Civil de las tres provincias para eventual colaboración e intercambio de información de los observatorios hidrometeorológicos de las integrantes de la zona.

Tras la reunión de San Francisco, la Región Centro tiene en agenda una serie de reuniones anuales dentro del congreso del maíz y los concursos de mantecas y quesos, ya tradicionales.

La seguridad tampoco estuvo ausente en el encuentro, especialmente cuando las tres provincias trabajan sobre mecanismos de articulación en controles fronterizos e intercambio de inteligencia criminal.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron en reclamar al estado nacional una baja sostenida de retenciones a la producción agrícola, motor de las tres economías. Santa Fe y Entre Ríos tendrán el apoyo de Córdoba a la hora de insistir ante Nación en la participación de las provincias ribereñas en el órgano de control de la concesión de la hidrovía.

Las metáforas futboleras son un lugar común en las crónicas políticas, un recurso que sirve para graficar procesos complejos, o volver fácilmente comprensibles (al menos en su lineamientos básicos) e incluso atractivos debates o situaciones que corren el riesgo de eludir la atención del público mayoritario.

Es así como “marcar la cancha” (o embarrarla), parar la pelota (o dejarla en el campo del adversario), quedar en off-side o definir en tiempo de descuento, entre otras muchas más o menos afortunadas, salpican los análisis periodísticos y los discursos de campaña, y se introducen con malicia o naturalidad en los intercambios verbales.

Los presidentes no se abstrajeron de esta dinámica. “Somos un equipo que sale a la cancha a jugar por la gente, y el que no tira el centro para que el otro haga el gol, no entendió cómo se juega a esto”, supo acuñar el ex presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, artífice de “el mejor equipo de los últimos 50 años” y embarcado en un “segundo tiempo”.

"Nosotros no miramos la política desde la tribuna, nosotros bajamos a la cancha a jugar, a embarrarnos, a defender los trapos de la Patria junto al pueblo”, estableció oportunamente Cristina Fernández de Kirchner, acreedora de un vastísimo repertorio de cánticos futboleros, tanto a favor como en contra.

"Cuando uno está en la tribuna, es bastante más fácil que cuando está en el campo de juego. Ustedes ponen el balón en el centro de la cancha y por más que griten desde las gradas, el balón no se mueve. El que hace los goles es Messi", elaboró en junio de este año el ex arquero Javier Milei, defendiendo su plan económico.

De hecho, el discurso libertario (en la voz del presidente y en la fútil verborragia de las redes sociales) abunda en imprecaciones hacia quienes exhiben discrepancias con un surtido no tan amplio pero sí profuso de agresivas métaforas fóbicas y zoofílicas (casi siempre referidas al sometimiento sexual o sus consecuencias), que remiten a la escala de valores de las barras bravas.

Tampoco es una novedad el uso político de los eventos deportivos, desde la época del Coliseo romano a la fecha, especialmente cuando tienen trascendencia internacional o capacidad de convocatoria masiva.

Pero en esta oportunidad, al calor de la expectativa por el bicampeonato mundial para la Selección Argentina, y especialmente la disputa de la semifinal (y su resultado) con Inglaterra, se produjo una intersección de agendas que excede el sentido figurativo, y que abre una serie de interrogantes concretos en el futuro inmediato.

Los jugadores de la Selección recogieron y enarbolaron el reclamo por Malvinas. Reuters

La prohibición del uso de la bandera de Malvinas, o de cualquier referencia verbal o alegórica a la reivindicación de la soberanía argentina sobre ellas, no tardó en desatar el efecto contrario.

El acto de posicionamiento asumido por los jugadores de la Selección desacomodó al Gobierno y generó una retahíla de incómodas reacciones, y repercutió en el escenario internacional remedando un conflicto con Gran Bretaña.

También, a la vez que Milei retuiteaba mensajes que descalificaban la acción (e, impopularmente, a quienes la llevaron a cabo) y la confrontaban con una hipotética estrategia diplomática dotada de también hipotética sabiduría, produjo inesperadas reverberaciones en favor de la causa, como pronunciamientos de referentes políticos e incluso un difundido editorial de The Guardian.

Pero los efectos también se sintieron a nivel interno, con incluso con incidencia concreta sobre el desenvolvimiento parlamentario.

La presidenta del bloque del Senado de la Libertad Avanza consideró propicia la oportunidad para dar impulso definitivo a iniciativas del oficialismo, como la ley de Inviolabilidad Privada, que incluye reformas en la ley de Tierras y amplía las posibilidades de que sean adquiridas por extranjeros.

Esto motivó un cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que comenzó desenvolviéndose por carriles formales y de oportunidad (si hacer o no la sesión después del partido con Inglaterra) y desembocó en una confrontación directa, en la que por primera vez la ex compañera de fórmula de Milei contradijo y atacó un proyecto del gobierno.

Esa exhibición, ya no de distanciamiento o de reticencia institucional a las prácticas parlamentarias del oficialismo, sino lisa y llanamente de oposición, dio pie a una nueva “invitación” de Bullrich a que abandone su cargo.

La respuesta de Villarruel fue contundente y no eludió la chicana: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos”.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Archivo El Litoral

Luego decantó en un intercambio de ofensas de creciente intensidad, pero es en ese punto en que planteó un debate institucional que excede el rango de las contendientes, acerca de cuál es el camino que corresponde ante una disidencia de este tenor, que va mucho más allá de las recurrentes enemistades en las cúpulas de gobierno.

El diseño y ejecución de un plan de gobierno corresponde al presidente. El vice no tiene funciones ejecutivas, sino que preside el Senado. Pero a la vez, es a quien corresponde asumir el cargo en caso de ausencia o incapacidad del primer mandatario. E indudablemente desde el punto de vista jurídico cuenta con el voto popular, aunque políticamente sean (o no) “prestados”. Apuntes para el debate.

En otras instancias de este Mundial, se especuló con que determinadas decisiones de gobierno de corte potencialmente polémico, puedan haberse producido “aprovechando” la distracción popular por efecto de un partido.

En este caso, queda flotando el interrogante sobre si el fervor patriótico disparado por la Scaloneta y el episodio de la bandera de Malvinas no pudo haber condicionado el clima político para avanzar en iniciativas que, como remarca el discurso opositor, están reñidas con esos parámetros de argentinidad “al palo”.

Con todo eso, el Senado logró sesionar (como quería Bullrich), pero solamente para aprobar pliegos judiciales y diplomáticos y algún otro tema del orden del día. Pero no (como no quería Villarruel) para votar los cambios a la ley de Tierras.

El tema quedó postergado para agosto, dejando un paréntesis de tiempo para que, quizás en otro clima y con otras estrategias o modificaciones, el oficialismo obtenga los consensos que necesita. O la oposición logre expandir su rechazo entre más bancas.

Mientras tanto, al igual que tras las masivas exequias del Indio Solari, no faltaron las voces que vieron la movilización popular generada por el fútbol como un laboratorio para otras coincidencias activas, explotando las discrepancias que florecieron en el actual escenario de emociones a flor de piel y nervios por encima de lo racional, y fantaseando con otras manifestaciones.

En ese punto confluye también la (des) consideración del Presidente de la Nación hacia los jugadores que portaron la bandera de Malvinas.

"Eso muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente, digamos, esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes y que nadie le da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes", imputó.

Desde el otro lado de la mecha (acaso), el capitán de la Selección, Lionel Messi, rompió los límites del discurso asignado y tradicionalmente asumido, para llevarlo a un terreno en absoluto partidario, pero sí indiscutiblemente político.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente, sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando", sostuvo.

Al final, no era solamente un partido de fútbol.

La Unión Cívica Radical (UCR) expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras propuesta por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento quedó postergado este jueves en el Senado, en el marco del debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un comunicado oficial, emitido en la misma jornada en que se postergaba la consideración de la norma, el partido consideró que con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

El Comité Nacional está presidido por el actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuyas posturas, como sucedía en la anterior gestión de Martín Lousteau, no siempre reflejan los posicionamientos de los senadores ni de los gobernadores radicales.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Archivo El Litoral

El radicalismo cuenta con 10 integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos son claves para definir el futuro de la "ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en uno de sus capítulos la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras para extranjeros.

Pero hasta el momento, solamente tres (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama) han manifestado abiertamente su rechazo. Los otros siete, algunos de los cuales responden a gobernadores radicales afines al Gobierno, podrían acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque también expresaron dudas.

Este jueves se cayó del temario de la sesión el tratamiento del proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por falta de votos y de acuerdos previos.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar el tratamiento de este proyecto hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

En el comunicado partidario, la UCR afirma que "el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos".

Recuerdan asimismo que la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación, que establece "un máximo de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un 30% máximo de ese cupo para una misma nacionalidad".

Además, dicha normativa estipula que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo".

"También establece la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos o ríos o en zonas fronterizas", se indica.

Sin embargo, el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que "cada provincia defina sus propios criterios", lo que podría conducir a una desregulación preocupante.

"Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros. El radicalismo promovió en su momento el debate por la Ley de Tierras", recuerdan sobre la iniciativa que había impulsado inicialmente el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010.

En Argentina, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han excedido el límite legal permitido.

“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente”, enfatizan desde la UCR.

A esto se suma la preocupación por las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que también fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

La Casa Rosada busca eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo por períodos de hasta 60 años tras incendios.

Desde la UCR señalaron que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por extranjeros.

En este sentido, abogan por la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país mediante regulaciones razonables.

“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyen en su comunicado.

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Por falta de acuerdos, el Senado postergó el tratamiento de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. HCSN

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 18 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió en que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda y se habían sumado otras cuatros modificaciones al despacho.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Este jueves y por cuarta vez, el proyecto de Federico Sturzenegger volvió a truncarse en el recinto y su debate quedó postergado para el jueves 6 de agosto, al regreso del receso invernal.

Una delegación importante de los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza viajará a San Miguel de Tucumán para estar presente en el acto por el 9 de julio que encabezará el presidente Javier Milei.

La foto en Tucumán, que también incluirá a todo el Gabinete, busca expresar el relanzamiento de la gestión en esta nueva etapa que ya no tiene a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien protagonizó un escándalo político que tuvo en vilo y hundió la imagen del Gobierno durante meses.

En ese sentido, Milei buscará una "foto institucional" con el mayor número posible de gobernadores, pero aún no estaba completamente definido quienes asistirán a la vigilia prevista para las 0 horas del jueves.

"Invitamos a todos los gobernadores", dicen en la provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo. De todos modos, el propio jefe de gabinete, Diego Santilli, sondeó a algunos mandatarios para incitarlos a que concurriesen y ampliasen el elenco para la foto oficial.

Según pudo saber El Litoral, Maximiliano Pullaro no tiene previsto asistir, y permanecerá en territorio santafesino para encabezar la ceremonia patria desde Rafaela.

El convite tucumano incluye a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con lo cual se repetirá el esquema establecido para el acto del Día de la Bandera en Rosario, oportunidad en la que los ex integrantes de la fórmula presidencial coincidieron geográficamente, pero ni siquiera intercambiaron saludos.

La vice compartió asiento con referentes provinciales, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y luego participó de la promesa a la Bandera de los alumnos asistentes, junto a Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Al momento de terminar el acto institucional, calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla y cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de estar atravesado por investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

En cuanto al festejo del próximo jueves, de la Cámara baja están confirmados el presidente del cuerpo, Martín Menem, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Mariano Campero, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Bárbara Andreussi y Adrián Brizuela.

Del Senado, aparte de Villarruel, irán la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. También asistirían los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y el formoseño Francisco Paoltroni.

El evento por los 210 años de la Independencia argentina remite al que dos años atrás sirvió de marco para la firma del “Pacto de Mayo” y, como entonces, es organizado por la gobernación tucumana. En aquella oportunidad fueron 18 los mandatarios asistentes, pero el año pasado sólo estuvo el propio Jaldo, y los demás cumplieron actividades en sus propias provincias.

La celebración comenzará en la víspera con una "vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial, aunque las actividades comenzarán en la noche del 8 de julio cerca de las 20, con shows artísticos y propuestas culturales en las inmediaciones de la Casa de Tucumán.

El Ministerio de Seguridad tucumano desplegará un operativo de prevención con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano, para resguardar al Presidente y a toda su comitiva oficial. A medianoche y por Cadena Nacional, se emitirá un mensaje oficial, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

Antes de la excursión a la capital tucumana, habrá "mesa política" en Casa Rosada. Finalmente la reunión se realizará este miércoles, a las 17, en las oficinas oficina que Santilli tiene en el ex ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

Será el primer encuentro de este tipo bajo la coordinación del flamante funcionario. En comparación con el último, registrado el 11 de junio, no estará el "renunciado'" Manuel Adorni pero si se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.