La Cámara Federal de Casación Penal declaró la constitucionalidad del juicio en ausencia en la causa por el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y habilitó que el proceso avance sin la presencia física de los imputados que permanecen prófugos.

El tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial, y declaró la legitimidad de un mecanismo inédito hasta ahora en el país. Con ello, dejó habilitado el camino constitucional, aunque para que el juicio se lleve a cabo antes se deben confirmar los procesamientos dictados por el juez Daniel Rafecas, que fueron apelados.

La AMIA (que también actúa como querellante en la causa) celebró la decisión de Casación y consideró que la confirmación de la validez constitucional del juicio en ausencia abre una vía concreta para avanzar contra los acusados que permanecen fuera del país.

La entidad sostuvo que el pronunciamiento representa un paso relevante después de más de tres décadas sin juzgamiento y remarcó que la permanencia de los imputados en el exterior no puede impedir el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia. También reclamó que el expediente avance con celeridad hacia la instancia de juicio oral y público.

En concreto, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa oficial que cuestionaba la constitucionalidad del régimen sancionado en febrero de 2025, en buena medida con la mira puesta en este caso en particular.

La discusión llegó a Casación a partir de un planteo de la defensa oficial, ejercida por el defensor Enrique Comellas, a partir de lo que podría ocurrir si alguno de los acusados fuera condenado en ausencia y posteriormente se presentara ante la Justicia argentina.

La defensa sostuvo que la legislación no garantizaba adecuadamente el derecho a un nuevo juicio con presencia del imputado y que, en determinadas circunstancias, quien fuera condenado en ausencia podría quedar privado de esa posibilidad.

Su argumento era que la ley reconoce la posibilidad de solicitar un nuevo juicio solamente en determinados supuestos: fundamentalmente, cuando el condenado demuestra que no conocía la existencia del proceso o que, pese a conocerlo, no pudo presentarse debido a un impedimento grave y legítimo.

Según la posición expuesta ante Casación, la intervención de un defensor técnico no necesariamente sustituye el derecho del imputado a participar personalmente en la construcción de su defensa, particularmente cuando se desconoce cuál sería su propia versión de los hechos.

La Cámara rechazó el planteo por considerar que la situación invocada por la defensa todavía no existe.

Uno de los fundamentos centrales del fallo fue precisamente que el planteo resultaba “prematuro y conjetural”. La sentencia explica que todavía no existe una condena dictada en ausencia ni se produjo la posterior presentación de ninguno de los acusados para reclamar un nuevo juicio.

“Ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida. Resolver ahora esa cuestión importaría emitir una declaración acerca de una controversia eventual, cuya configuración depende de hechos futuros e inciertos”, sostiene el pronunciamiento.

Con lo cual el planteo no inhabilita la realización del juicio, pero sí deja abierto el debate a futuro. Esto es porque, finalmente, los jueces no determinaron qué ocurriría si efectivamente un condenado en ausencia aparece después del juicio, y comparece ante la Justicia para impugnarlo.

En cualquier caso, los camaristas subrayaron que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta de carácter excepcional y requiere demostrar una incompatibilidad concreta entre la norma y la Constitución.

El voto de Barroetaveña incorporó otro elemento relevante: la obligación internacional asumida por el Estado argentino de avanzar en la investigación y esclarecimiento del atentado. El camarista vinculó la decisión con los antecedentes internacionales que responsabilizaron al Estado argentino por las falencias de la investigación.

En ese contexto, afirmó: “La categoría aberrante de delitos que se juzga requiere también respuestas excepcionales, que exceden los límites concebidos hasta ahora, y justifica una nueva interpretación de las garantías del proceso penal”.

Para Carlos Mahiques, el fallo también representa la concreción de una posición que ya había expresado públicamente dentro de la propia causa AMIA.

En abril de 2024, cuando integraba la Cámara Federal de Casación Penal que revisó la causa por el encubrimiento del atentado, Mahiques había planteado la necesidad de que el Congreso estableciera un mecanismo que permitiera juzgar en ausencia hechos de esta naturaleza.

En aquella oportunidad sostuvo que frente a delitos terroristas de semejante gravedad el Estado debía adoptar procedimientos capaces de evitar la impunidad.

“A esta altura del análisis, no caben dudas de que el derecho de las víctimas a conocer la verdad no se trata solamente del deber del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales, sino de una cuestión de estricta justicia”, resaltaron los camaristas.

El camino hasta el actual escenario tiene varios hitos.

El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 (en pleno desarrollo de la Convención Reformadora de la Constitución Nacional, en Santa Fe) y dejó 85 muertos y 151 heridos.

La investigación original estuvo marcada por graves irregularidades. En el proceso posterior por el encubrimiento fueron condenados distintos funcionarios y operadores judiciales, mientras que la Justicia estableció responsabilidades por las maniobras destinadas a desviar la investigación.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas por el encubrimiento y produjo además una definición particularmente relevante: consideró al atentado como un crimen de lesa humanidad.

Ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso “Memoria y Justicia - AMIA”, en la que responsabilizó al Estado argentino por las deficiencias en la investigación y ordenó remover los obstáculos que habían impedido esclarecer plenamente el atentado.

El fallo internacional es uno de los antecedentes considerados por los camaristas para fundamentar la necesidad de que el proceso pueda avanzar. El siguiente paso fue legislativo.

En febrero de 2025 el Congreso sancionó la Ley 27.784, promulgada en marzo, que incorporó al Código Procesal Penal de la Nación el régimen de juicio en ausencia.

La norma establece que el mecanismo puede utilizarse para delitos comprendidos por el Estatuto de Roma -entre ellos genocidio y crímenes de lesa humanidad- y por determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo.

Pero además, el acusado debe haber sido declarado rebelde, conocer la existencia del proceso y no presentarse, y deben haberse realizado intentos razonables para lograr su comparecencia. La ley contempla, entre otros supuestos, que hayan transcurrido cuatro meses desde una orden de captura nacional o internacional sin que el imputado haya podido ser localizado.

La norma también garantiza una defensa técnica: si el acusado no tiene abogado, se le designa un defensor oficial. Además, el juicio debe ser registrado íntegramente en forma audiovisual y las grabaciones y pruebas deben conservarse durante 100 años.

Con ese nuevo marco legal, el juez federal Rafecas dictó este mismo lunes 21 el procesamiento de siete ciudadanos iraníes y uno libanés, a quienes atribuyó distintos niveles de participación en la planificación y ejecución del atentado. La resolución supera las 600 páginas.

Entre los procesados se encuentran ex funcionarios de alto nivel del gobierno iraní y miembros de Hezbollah.

Estos procesamientos todavía deben atravesar la revisión correspondiente. La defensa oficial puede recurrirlos y el fiscal Sebastián Basso también puede impugnar las decisiones de falta de mérito respecto de otros acusados.

Si los procesamientos quedan firmes, Rafecas estará en condiciones de avanzar hacia la elevación de la causa a juicio oral. En tal caso, deberá intervenir un Tribunal Oral Federal, a cuyo cargo estará la tarea de organizar un juicio que, por primera vez en la Argentina, podría desarrollarse sin la presencia física de los principales acusados; cosa que podría darse entre 2027 y 2028.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que no formará parte de la comitiva de mandatarios que acompañará al presidente Javier Milei a París, con motivo de la edición de la Argentina Week, un evento pensado para exhibir el potencial del país y atraer inversiones.

El santafesino dejó en claro que “me invitaron, pero no voy a ir”, y lo justificó en que “viajo cuando siento que es estrictamente necesario”.

En ese sentido, en diálogo con el periodismo tras una recorrida por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en el Parque del Sur, y acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, Pullaro insistió en su preocupación por seguir resolviendo la situación de la seguridad en la provincia, más allá de los logros alcanzados.

Y adelantó que el próximo año, si las circunstancias lo permiten, podría participar en un viaje de esta naturaleza.

Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

En términos generales, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso específico para sustentarlo.

Pero también será una oportunidad para fortalecer vínculos y limar asperezas en el escenario doméstico, en momentos en que está en juego la agenda parlamentaria y también la electoral, empezando por la reforma que impulsa el oficialismo pero, esencialmente, por transitar los caminos que permitan arribar a la reelección del primer mandatario.

Así las cosas, los mandatarios que ya se sabe formarán parte de la comitiva son Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Son los mismos gobernadores aliados que participaron de un evento similar en marzo en Manhattan.

A ellos se sumarán en esta oportunidad Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación.

En tanto, además de Pullaro, declinaron formalmente el convite el cordobés Martín Llaryora y el peronista afín al Gobierno Osvaldo Jaldo.

Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

En términos generales, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso específico para sustentarlo.

Pero también será una oportunidad para fortalecer vínculos y limar asperezas en el escenario doméstico, en momentos en que está en juego la agenda parlamentaria y también la electoral, empezando por la reforma que impulsa el oficialismo pero, esencialmente, por transitar los caminos que permitan arribar a la reelección del primer mandatario.

En la carpeta del Gobierno las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.

Según publica TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, incluye a 15 mandatarios invitados y “todavía no está cerrada”.

Al punto que hay quienes ya declinaron formalmente el convite, como el cordobés Martín Llaryora y el peronista afín al Gobierno Osvaldo Jaldo, y otros que hasta el momento no tienen intención de participar, como Maximiliano Pullaro.

Así las cosas, los mandatarios que ya se sabe formarán parte de la comitiva son Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Son los mismos gobernadores aliados que participaron de un evento similar en marzo en Manhattan.

A ellos se sumarán en esta oportunidad Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación.

La participación de los referentes provinciales apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el Presupuesto y la derogación (o cuanto menos suspensión) de las PASO.

Para los gobernadores, la visita supone una ocasión para tentar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

Pero desde el Gobierno central, el objetivo específico es acercar posiciones para garantizar apoyo en la agenda parlamentaria, y en lo posible cerrar acuerdos electorales, considerando que la estrategia ya no se orientaría tanto a disputar territorios a los gobernadores, como a propiciar la reelección de Javier Milei en 2027, en lo posible en la primera vuelta.

Así, la determinación definitiva del cronograma electoral (sobre todo cuando se sepa si habrá o no primarias obligatorias) será lo que marque los plazos para ensayar esos acuerdos, con la ventaja para muchos de los mandatarios provinciales de que el adelantamiento de los comicios en sus respectivos distritos permitirá avanzar o no al respecto.

Es así como el aseguramiento de sus propias reelecciones o de la continuidad de su línea política, junto con la evolución inmediata de las variables nacionales y la performance electoral de La Libertad Avanza, los pondrá en mejor posición para definir sus respectivas estrategias.

Consideraciones y análisis que, deliberada o inevitablemente, formarán parte de la agenda parisina.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por otros funcionarios, realizó un primer balance del desarrollo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y sostuvo que la repercusión internacional, la respuesta del público y el impacto económico “superó todas las expectativas”.

Desde el Centro de Prensa ubicado en la Nave A del Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, se informó sobre el funcionamiento de la organización, el desarrollo de las competencias, la recepción de las delegaciones y el trabajo desplegado en los escenarios deportivos de la ciudad, así como en las sedes de Santa Fe y Rafaela.

En el curso de la conferencia de prensa, los funcionarios dieron cuenta de que “nunca en la historia de estos juegos hubo tanto público en la ceremonia de apertura”, en alusión a la fiesta inaugural del certamen, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera.

Y, de la misma manera, “no hay antecedente de estadios llenos desde el primer día de principio a fin” de las distintas competencias que ya están en pleno desarrollo en las tres sedes.

Esta masividad se volcó también en la cobertura de plazas hoteleras, centros comerciales y locales gastronómicos, con lo cual el efecto económico multiplicador de la inversión realizada no solamente redundará en el potencial de la infraestructura, sino ya mismo en la circulación de dinero y la generación de puestos de trabajo, mencionó el diputado Joaquín Blanco, del Comité Organizador.

En el mismo sentido, Federico Angelini destacó el nivel de seguridad garantizado y la falta de incidentes, basado en el esfuerzo de patrullaje e incluso de allanamientos, que en Rosario fueron 60 durante el fin de semana.

A su turno, Pullaro dio cuenta del “estado de emoción que nos tocó vivir”, de las “inmensas expectativas” depositadas en los Juegos y del hecho de que “se superan a cada momento”. En ese sentido, registró 250 mil personas asistiendo a la ceremonia inaugural y 500 mil por streaming, sin contar el público televisivo.

“Claramente se superó el millón de personas que vieron esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y y que nos mostró al mundo”. Junto con el inédito nivel de concurrencia a los estadios, lo llevó a decir que los rosarinos y todos los santafesinos “nos merecemos esta caricia, porque mucho tiempo la pasamos mal”.

“La gente no la está pasando bien, porque le cuesta llegar a fin de mes, pero aquí la provincia le abre la puerta para que pueda disfrutar”, insistió, añadiendo al espectáculo deportivo la gran cantidad y el nivel de los números artísticos de los Fan Fest programados.

“Hemos dejado todo para que esto sea así. Y la repercusión es inmensa. Vimos un evento de nivel internacional, que fue tomado en países de todo el mundo. Y el impacto económico es superior a lo que habíamos previsto”, añadió.

El gobernador puso de resalto que la inversión en infraestructura va a poder ser apreciada y aprovechada de inmediato por la población. Pero que, especialmente, la infraestructura deportiva permitirá “que nuestros deportistas puedan practicar en espacios de primer nivel y traernos más y más medallas”.

“Queremos ser la capital del deporte”, insistió, como para no quedarse corto en las expectativas. Pero además, los nuevos estadios permitirán llevar adelante eventos hasta ahora impensables (algunos ya en organización y otros motivo de consultas) y movilizar el turismo.

“Los juegos son el motor para que se dinamice la economía de Santa Fe”, se entusiasmó el mandatario, apoyando esa idea sobre el principio de que “el Estado tiene que invertir para sostener las economías”.

Una nueva pregunta sobre la posibilidad de llevar adelante otros eventos de similar o superior magnitud, incluyendo las Olimpíadas, dio pie para confirmar la firma del acuerdo para desarrollar en Rosario los Juegos Panamericanos Junior 2029, que consolida la elección realizada el pasado 28 de agosto por la Asamblea General de Panam Sports, donde la ciudad santafesina se impuso a la de Guatemala.

Con esto, será la primera vez que el país organice los Juegos Panamericanos Junior, una competencia destinada a las nuevas generaciones de atletas del continente. En la última edición, disputada en Asunción en 2025, participaron más de 4.000 deportistas de los 41 países que integran Panam Sports.

Luego de celebrar la novedad, Pullaro no descartó ir por más: “Yo soy de Hughes y ahí no le tenemos miedo a nada. Así que si vienen los Panamericanos o las Olimpíadas, les abrimos los brazos”, prometió.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de la población y del sector privado, como así también de los Poderes Legislativo y Judicial, y de la Nación, sobre todo en la persona del secretario de Deportes Daniel Scioli, que estuvo en la ceremonia de apertura y “siempre estuvo al lado nuestro, acompañando. Incluso para defendernos cuando había dudas sobre Rosario”.

La afirmación final del gobernador operó como corolario del ánimo que atravesó toda la conferencia: “Estamos preparados para organizar lo que el mundo nos quiera traer”.

El flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Diego Maciel, reivindicó la voluntad ciudadana en la construcción de consensos mayoritarios para la sanción de las leyes, y cifró la tarea judicial en el respeto de esos parámetros, en tanto circulen por el carril constitucional.

Lo hizo en su breve discurso de asunción, al momento de ocupar el sitio que hasta esta semana correspondía a Eduardo Spuler, y ante autoridades de la provincia; entre las cuales destacó especialmente al ex vicegobernador Carlos Fascendini y al actual presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig, a cuyas órdenes se desempeñó en la Legislatura y de quienes “aprendí todo lo que pude”.

Ante un auditorio colmado de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, jueces y representantes del mundo académico y la sociedad civil, Maciel comenzó con una fuerte reinvindicación de su origen como abogado litigante, y también de su compromiso de trabajar “todos los días por una Justicia más rápida, más previsible y más cercana a la gente”.

“Nací y crecí en Esperanza. Estudié en la universidad pública de Santa Fe. Me formé como abogado litigante en el interior de la provincia, y como funcionario en la Legislatura, primero con Carlos Fascendini y luego con Felipe Michlig, de quienes aprendí todo lo que humildemente pude”, comenzó, en una presentación formal que sustentó a la vez una declaración de principios.

En ese sentido, tras agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro su nominación y a la propia Legislatura el acompañamiento, dedicó un párrafo a sus colegas abogados, con quienes compartió “el hermoso ejercicio profesional de litigar. y espero colaborar como magistrado en el enorme trabajo que los abogados realizan para que se haga justicia”.

En cuanto a su paso por la función pública, lo resumió en términos de que “en todos estos años me esforcé en estudiar las normas, para que sean claras y para que se cumplan Pero además, siempre puse un gran empeño en que la construcción jurídica sea una construcción de dialogo y consenso.

“La Corte Suprema de Justicia nacional nos viene guiando hace mucho tiempo con la idea de interpretación constitucional con deferencia hacia el legislador, como regla de oro de la jurisprudencia democrática”, planteó a continuación.

Y, como correlato necesario, que “para construir una sociedad respetuosa de sus acuerdos comunitarios, el Poder Judicial y los operadores del Derecho en general, deben respetar aquellos consensos que la ciudadanía logra a través de sus representantes.

“Las normas que se construyen en la Legislatura, con enorme esfuerzo y un amplio consenso, reflejando las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad santafesina, deben ser tratadas con mucho cuidado siempre por los jueces, ya que la balanza mayoritaria es la medida de nuestra democracia”, añadió.

Maciel puso especial cuidado en dejar sentado que “las normas siempre están para ser cambiadas cuando nuevos consensos de la sociedad lo requieran. Y doy fe de que los legisladores hacen un enorme esfuerzo cotidiano para eso.

“Pero ese enorme esfuerzo de construcción legislativa debe ser cuidado por los jueces, y respetado dentro del esquema constitucional, especialmente ahora, cuando tenemos una Constitución tan reciente y tan adecuada a los tiempos actuales”, sostuvo a continuación.

En tal sentido, subrayó que “mientras que el ejercicio inconstitucional por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo está sujeto al control judicial, el único freno para nosotros es nuestro propio sentido de autorestricción.

“En eso consiste la función judicial. En no combatir los acuerdos de la comunidad, sino en acompañarlos con el necesario respeto, siempre que circulen por el amplio camino constitucional”, precisó.

Por tal motivo, reinvindicó expresamente “esa deferencia judicial hacia la decisiones respaldadas por un fuerte acuerdo democrático. Pero también un firme activismo por los derechos ciudadanos y de las condiciones procedimentales que hacen posible que se tomen decisiones democráticas.

“La deferencia bien entendida no es inacción, sino mirar con cuidado las normas de la democracia, autorestringiéndonos para evitar el gobierno de las corporaciones”, aclaró.

El flamante ministro cerró su discurso con el compromiso de “trabajar todos los días para que la Justicia sea más rápida, más previsible y más cercana a la gente.

“No vengo a ocupar un lugar, vengo a cumplir una función, con la misma convicción y responsabilidad que siempre ejercí todos los cargos que me tocaron, con el respeto absoluto que la Constitución y las leyes de Santa Fe se merecen”, concluyó.

Con la asunción de Maciel en reemplazo de Spuler, avanza el proceso de reconfiguración de la Corte iniciado con el ingreso de Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En el cuerpo permanecerá Daniel Erbetta, en tanto al momento de hacer efectiva su renuncia (aún sin fecha) Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, se incorporarán Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

El procurador general interino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció a favor de hacer lugar al recurso de queja presentado por un joven integrante de la etnia wichi, y solicitó dejar sin efecto la condena a siete años de prisión que le había sido impuesta por abuso sexual con acceso carnal.

En un pronunciamiento de alto impacto jurídico, el funcionario dictaminó que el Superior Tribunal de Justicia de Chaco omitió analizar el principio de culpabilidad, el "error de prohibición" y las severas barreras idiomáticas y culturales. Advirtió que se vulneraron garantías constitucionales al rechazar peritajes antropológicos e inspecciones en el territorio.

Según recoge el sitio especializado Palabras del Derecho, el fallo de origen, dictado por la Cámara Multifueros unipersonal de la VI Circunscripción Judicial de Chaco y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia en abril de 2022, había considerado al acusado culpable de convivir y mantener relaciones sexuales con una niña de 11 años.

Sin embargo, la Procuración General consideró que la sentencia cuestionada adolece de una "fundamentación sólo aparente" y arbitrariedad, al haber soslayado de manera dogmática los planteos centrales de la defensa orientados a determinar si el imputado actuó bajo un error "invencible", condicionado por las pautas socioculturales de su comunidad originaria.

Las actuaciones judiciales se iniciaron tras la denuncia de la médica directora del puesto sanitario de Miraflores. La profesional citó a la niña al tomar conocimiento de la convivencia y, cuando la menor concurrió acompañada por F. (el joven que luego sería acusado), le colocó un implante anticonceptivo subdérmico.

En ese ámbito, el propio joven expresó con absoluta naturalidad que convivían con el pleno consentimiento y conocimiento de las familias de ambos.

Los informes socioambientales y psicológicos incorporados al legajo revelaron un escenario de extrema vulnerabilidad, marginación, analfabetismo y aislamiento social. F. residía en una choza de adobe, palos y paja, dentro de un predio donde cohabitaban varias familias interrelacionadas por parentesco; la madre de la niña convivía en concubinato con el padre del acusado.

Asimismo, los peritajes hicieron hincapié en la profunda barrera idiomática -el acusado no dominaba el idioma español- y en que, al ser entrevistado mediante intérprete, manifestó desconocer la edad de la niña.

Explicó que en la cultura wichi no se inquiere sobre las edades ni aspectos íntimos, sino que las relaciones se entablan por mutuo acuerdo y apreciación visual externa.

Los profesionales de la salud mental advirtieron expresamente que el imputado "no tendría incorporadas las normas jurídicas culturalmente establecidas" y que no comprendía que conductas naturalizadas en su etnia constituyeran delitos penalizados por el Estado nacional.

En su dictamen, Casal remarcó que la defensa solicitó desde la instrucción la eximición de responsabilidad (artículo 34 del Código Penal) fundada en un "error de prohibición invencible", producto de una socialización atípica. Sin embargo, los tribunales chaqueños rechazaron analizar si el procesado tuvo la posibilidad real de conocer la ilicitud del acto o de ajustar su conducta a la ley penal.

Casal aclaró que la defensa no pretendió poner los usos y costumbres indígenas por encima de la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres, sino verificar el principio constitucional de culpabilidad: no se puede sancionar penalmente a quien no tuvo la capacidad o posibilidad efectiva de comprender la criminalidad de su acto.

El procurador criticó duramente que los jueces provinciales rechazaran los planteos alegando meramente que "cualquier persona mínimamente socializada sabe que mantener relaciones sexuales con un menor está prohibido" o deduciendo conocimientos por el hecho de ser hermanastros.

Para el jefe de los fiscales, el tribunal resolvió con base en la experiencia de su propio contexto social urbano, sin precisar los parámetros del pretendido "grado de socialización" ni relacionarlo con la realidad del imputado.

Un aspecto central del dictamen radica en la severa restricción probatoria sufrida por el imputado. Durante el proceso, la defensa requirió un peritaje antropológico-sociológico para comprender el grado de penetración de las pautas culturales y una inspección ocular del tribunal en el territorio para constatar el aislamiento extremo del paraje.

Ambas medidas fueron denegadas: la primera, argumentando insólitamente que el Poder Judicial chaqueño no contaba con peritos antropólogos en su plantilla; la segunda, por considerarla "impertinente".

Casal tildó de inaceptables estas excusas. Indicó que el tribunal debió convocar a especialistas de universidades u otras jurisdicciones, recordando que en Chaco casi el 5% de la población se reconoce indígena u originaria y que la etnia wichi es una de las más numerosas del país según el Censo 2022.

Asimismo, remarcó que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigen expresamente el uso de peritajes antropológicos y visitas in situ para garantizar la igualdad material ante la ley.

Finalmente, el dictamen censuró la determinación de la pena de 7 años de prisión. La justicia provincial se había limitado a calificar al acusado como "un hombre joven, jornalero y con estudios primarios incompletos", omitiendo todo análisis sobre el impacto del desarraigo y la privación de la libertad en una persona indígena.

Casal recordó la doctrina internacional que impone a los Estados la obligación de garantizar la excepcionalidad de la prisión preventiva y de la pena privativa de la libertad para integrantes de comunidades originarias, priorizando medidas alternativas para evitar un sufrimiento desproporcionado y un impacto cultural regresivo.

Por todo ello, el Procurador General concluyó que el Superior Tribunal de Chaco incumplió el estándar de "revisión amplia e integral de la condena" (doctrina del fallo Casal de la CSJN y art. 8.2.h de la CADH), recomendando a la Corte Suprema declarar procedente la queja, anular la sentencia y ordenar la redacción de un nuevo fallo ajustado a derecho.

Fallo de la Corte by El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso para intentar ordenar uno de los aspectos más sensibles de la ejecución penal: cuándo una enfermedad, una discapacidad o las condiciones de alojamiento justifican que una persona privada de su libertad cumpla la detención en su domicilio.

A través de la Acordada 21/2026, del 21 de agosto, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional la elaboración, en un plazo de 30 días, de un protocolo médico destinado a sistematizar los elementos que deberán ser considerados cuando un juez deba resolver un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud.

La propia Corte informó que la iniciativa busca "sistematizar los criterios" y "organizar y uniformar" la constatación de los aspectos médicos y penitenciarios que exige la ley, de aplicación orientativa y no obligatoria para los magistrados, y tendiente a evitar decisiones automáticas o contradictorias.

En la acordada, los ministros recuerdan que el tribunal viene señalando desde hace años la necesidad de evitar un "encarnizamiento en las condiciones de detención", en resguardo de "la dignidad humana".

En ese sentido, el documento se asegura de dejar en claro que la prisión domiciliaria no es un beneficio discrecional o una suerte de premio para determinados detenidos. La Corte la define como una “alternativa para situaciones especiales” dentro de la ejecución penal, destinada a garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad y la salud.

Pero existe un límite: la detención domiciliaria tampoco supone dejar sin efecto los fines del encarcelamiento. Por eso el tribunal advierte que se trata de una medida coercitiva de menor intensidad, pero que debe preservar, dentro de lo posible, los objetivos sustanciales y procesales de la detención.

En los casos previstos por el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660 -entre ellos, determinados supuestos de enfermedad, enfermedad terminal y discapacidad- el juez debe analizar cuestiones que exceden el conocimiento jurídico.

Por eso la legislación exige informes médicos, psicológicos y sociales. La Corte explica que el magistrado necesita recurrir a especialistas para determinar, por ejemplo, si una persona puede recuperarse o recibir un tratamiento adecuado dentro de una cárcel, si necesita internación hospitalaria o si las condiciones de encierro resultan incompatibles con su situación de discapacidad.

La acordada coloca allí el principal problema: no alcanza con conocer el diagnóstico de una persona detenida, también hay que determinar si el establecimiento en el que se encuentra alojada tiene efectivamente los medios para atenderla.

Por eso la Corte especifica que deberán relevarse las características del establecimiento, los servicios disponibles, la accesibilidad y las prestaciones que puede brindar la unidad penitenciaria.

La necesidad de ordenar estos criterios no es meramente teórica. En los últimos años hubo decisiones diferentes frente a situaciones en las que se discutía si una persona podía recibir tratamiento dentro de una cárcel.

Un ejemplo es el caso de Lázaro Báez. En 2017, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de prisión domiciliaria basado en problemas de salud. La mayoría consideró, a partir de los informes del Cuerpo Médico Forense, que las patologías podían ser tratadas adecuadamente en el establecimiento penitenciario.

Otro antecedente muestra una conclusión diferente. En un caso de una persona detenida con una discapacidad severa, que necesitaba asistencia de terceros para realizar actividades básicas, la Sala IV de Casación resolvió de manera dividida.

Mientras uno de los jueces sostuvo que el estado de salud podía ser tratado dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, la mayoría terminó concediendo la prisión domiciliaria.

El caso de Julio De Vido también es un ejemplo reciente y paradigmático. La defensa del ex ministro de Planificación Federal pidió la prisión domiciliaria argumentando razones vinculadas con su edad y estado de salud.

La Justicia rechazó inicialmente el planteo y luego, en mayo de 2026, obtuvo el beneficio. El caso generó cuestionamientos políticos y periodísticos sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria y la igualdad de trato respecto de otros detenidos.

El de la dirigente social jujeña Milagro Sala es otro caso muy relevante. Sala cumple su condena bajo prisión domiciliaria y durante 2026 hubo nuevos cuestionamientos sobre su estado de salud.

En julio se difundieron informes médicos que alertaban sobre un deterioro físico y psicológico, mientras que en febrero el Gobierno había reclamado que volviera a una cárcel común y cuestionado las condiciones de su arresto domiciliario.

También hubo controversias en causas por delitos de lesa humanidad. En 2018, la Cámara Federal de Casación Penal revocó una prisión domiciliaria concedida a Miguel Etchecolatz al considerar que su estado de salud podía ser atendido adecuadamente en prisión. Meses después, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa contra esa decisión y dejó firme el resultado.

El tribunal remarcó entonces la importancia de contar con informes del Cuerpo Médico Forense y de que sus conclusiones pudieran ser controladas por las partes.

Más recientemente, en junio de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal volvió a analizar el problema al revisar la situación de un condenado de 77 años con diversas patologías. La mayoría rechazó el arresto domiciliario porque entendió que su estado de salud podía ser atendido en prisión y recordó que la edad no determina automáticamente la concesión del beneficio.

Pero el fallo también dejó una definición que encaja con el espíritu de la nueva acordada: la decisión no puede surgir de una aplicación "ciega, acrítica o automática" de criterios generales, sino de un análisis de las particularidades de cada caso.

Y en enero de este año, Casación concedió la prisión domiciliaria a otro condenado cuyo cuadro de diabetes se había agravado durante su permanencia en Ezeiza.

El tribunal consideró determinante que, pese a que inicialmente se había entendido que el establecimiento podía atenderlo, en la práctica no estaban garantizados los controles periódicos, el seguimiento especializado ni la dieta requerida, y su estado había empeorado.

La acordada introduce otro elemento relevante: no solamente deberán mejorar los informes médicos. También se deberá establecer qué información tienen que proporcionar las autoridades penitenciarias.

La Corte ordena que el protocolo contemple los datos necesarios para comparar las condiciones concretas de detención con las necesidades de recuperación o tratamiento establecidas por los profesionales.

Esto puede modificar sustancialmente el modo en que se analizan estos pedidos. Una cosa es afirmar que una cárcel dispone de atención médica; otra, mucho más precisa, es demostrar que cuenta con el especialista requerido, los controles necesarios, los medicamentos, la alimentación indicada, la posibilidad de realizar estudios y la capacidad para trasladar rápidamente al detenido ante una emergencia.

En un expediente judicial, esa diferencia puede ser decisiva.

El diputado nacional por Santa Fe Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, sostuvo que la postura del oficialismo sigue siendo la de eliminar definitivamente las PASO.

En diálogo con El Litoral, consideró que no son más que “una encuesta cara”, que obligan al electorado a concurrir reiteradamente a las urnas y no cumplen los objetivos con que fueron creadas.

- La Libertad Avanza está impulsando de manera decidida la eliminación de las PASO, pero con fuerte resistencia en el resto del arco político. ¿Cuál es el objetivo de esa medida?

- Nosotros sostenemos la eliminación porque creemos que es una encuesta cara. Que la pagan los contribuyentes. Porque en definitiva funciona como eso. Es, simplemente, ver en qué situación está cada candidato, y no resolver internas. Porque muchos partidos las tienen que resolver de antemano.

Es más, eliminar las PASO favorece las internas, porque facilita las posibilidades. En vez de buscar acuerdos, los partidos vuelcan sus problemas internos a la sociedad. Y la gente, por lo que uno puede ver en la opinión pública, está cansada de votar cuatro o cinco veces en el año.

El año que viene con PASO seguramente tendríamos que votar cinco veces. Entonces, vas a tener dos provinciales, dos nacionales y un posible balotaje. Cinco elecciones. La verdad es que la política no ayuda a que la gente se comprometa y se involucre con los temas.

Va a ser un año que va a arrancar electoralmente en Santa Fe, donde el Gobierno va a adelantar la elección, y desde febrero vamos a estar con listas, y con elecciones en abril y en junio, seguramente.

Después elecciones en octubre, otra vez si hay balotaje. Hay que prestar atención a ese fastidio, ese cansancio que tiene la gente, no es bueno. Entonces, creo que eliminar las PASO va a ser un ahorro, y una solución a un tema que viene planteando la gente. Y es decirle a la política, arreglen sus problemas internamente y no le pasen el costo a la gente.

- ¿Y cómo se resolvería la cuestión de las candidaturas de los partidos, en caso de que no haya acuerdos? ¿Volver a las internas cerradas con voto de los afiliados, internas abiertas pero no obligatorias?.

- Hay varias modalidades. Una es que cada partido político decida de qué manera hacerlas. Si quiere hacerlas abiertas o si quiere hacerlas cerradas solamente con sus afiliados, es decir, los de su padrón. Y si quiere hacerlas abiertas, con qué modalidad.

Algunos partidos están dispuestos a aceptar eso, pero piden algún apoyo logístico del Estado; por las dificultades de llamar a una interna en todo el país sin una apoyatura. Hay partidos que dicen: "No tenemos infraestructura para hacerlas”. Entonces, están pidiendo que no siendo obligatorias, haya algún tipo de control y apoyo estatal, para que la gente se anime y quiera ir a participar.

- ¿Esto es algo que ya se está discutiendo como posibilidad concreta, dentro de los negociaciones para que se vote la reforma?

- No, no. Son pedidos de algunos partidos que empiezan a ablandar posiciones duras. Porque están los que no quieren saber nada con esto, y otros que lo empiezan a analizar de otra manera. Nosotros seguimos con la misma tesitura, que es la eliminación de las PASO. En eso no ha habido cambios.

- En el caso de quienes no aceptan la eliminación de las PASO es porque las ven como la mejor manera de resolver la cuestión de las distintas posturas internas, por lo menos de una manera ordenada y que evite confrontaciones más duras.

- Sí, puede ser. Pensemos en el principal partido opositor. El problema que tienen es que, aparentemente, no pueden resolver su interna de otra manera. Yo creo que lo van a terminar resolviendo. Porque las PASO en su momento fueron un invento de Néstor Kirchner para solucionar un problema coyuntural.

Después de eso, si uno lee el sentido de las PASO que está en los fundamentos de la ley, encuentra que los objetivos que tenía eran muy buenos, pero lo que se consiguió fue todo lo contrario.

- ¿Por qué lo dice?

- Porque las PASO decían: "Vamos a tener que darle mayor protagonismo a la ciudadanía, mayor vida a los partidos políticos; todas esas cosas que no se dieron en absoluto. Estamos lejos de haber logrado eso. Entonces, creo que eliminar las PASO lo que va a hacer es que los partidos pongan en valor sus estructuras, las usen, y presenten sus candidatos como corresponde.

- En Santa Fe, no obstante, hay consenso político para sostener las PASO a nivel provincial.

- Bueno, porque es lo que quiere el Gobierno y en la Legislatura no hay discusión política. Hay una mayoría de Unidos, y Unión por la Patria que no existe hoy por hoy, y acompaña todo. No hay oposición de parte de ellos.

Y se aprueban cuestiones como que los precandidatos a gobernador se postulen con tres vices diferentes. La verdad es que eso es lamentable, y hasta inconstitucional, porque un candidato no puede serlo en simultáneo en distintas listas. Y lo que estamos eligiendo son fórmulas.

- Y a nivel nacional, ¿qué tantas chances ve de que la iniciativa tenga acompañamiento? ¿Cuándo se podría llegar a tratar?

- Todavía no está en discusión formalmente. Las conversaciones están, pero como algo preliminar. Y me parece que vamos a lograr un acuerdo. Y si no, siempre está la posibilidad de suspenderlas por la próxima elección. Siempre hay alternativas, entonces creo que se van a lograr los objetivos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el criterio restrictivo que rige el control judicial de las decisiones adoptadas en los procedimientos políticos de remoción de magistrados.

Sostuvo la necesidad de equilibrar la garantía de debido proceso y defensa en juicio con la división de poderes, y que eso se hace impugnando sólo actos con vicios graves, y que pudieran haber alterado el resultado.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el Alto Tribunal se remitió a su propia jurisprudencia, al momento de rechazar el recurso de queja presentado por Sebastián Andrés Villegas, ex juez de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y Minería de Rincón de los Sauces, Neuquén.

Villegas había sido destituido el 15 de mayo de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Neuquén, que consideró configurada la causal de mal desempeño prevista en el artículo 267 de la Constitución provincial.

Según recoge el sitio especializado Palabras del Derecho, el procedimiento se había iniciado a partir de la denuncia formulada por una funcionaria del juzgado, quien manifestó haber sido víctima de acoso sexual, hostigamiento laboral y violencia psicológica por parte del magistrado.

El Jurado tuvo por acreditadas distintas conductas vinculadas con comentarios inapropiados sobre la apariencia de la denunciante, intentos de seducción, desacreditaciones frente a otros integrantes del tribunal, presiones relacionadas con su desempeño y la generación de un ambiente laboral hostil.

Sobre esa base, concluyó que Villegas había demostrado falta de idoneidad ética y dificultades para la adecuada gestión del personal a su cargo.

Contra la destitución, el magistrado acudió al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Entre otros argumentos, cuestionó la imparcialidad de tres integrantes del Jurado por haber intervenido previamente en actuaciones administrativas, denunció una valoración arbitraria de la prueba y sostuvo que los cargos habían sido acreditados principalmente a partir de la declaración de la denunciante.

El tribunal provincial rechazó la impugnación al considerar que no se habían demostrado graves afectaciones al debido proceso con entidad suficiente para modificar el resultado del juicio político.

Al llegar el caso a la Corte Suprema, uno de los principales planteos estuvo dirigido contra el alcance limitado de la revisión judicial.

Villegas sostuvo que el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le garantizaba una revisión amplia de los aspectos fácticos, probatorios y valorativos de la decisión, y pretendió trasladar al juicio político el estándar desarrollado por la Corte en “Casal” para la revisión de condenas penales.

La Corte rechazó esa interpretación y recordó su jurisprudencia iniciada en los precedentes “Graffigna Latino” y “Nicosia”, según la cual el procedimiento de remoción de un magistrado posee una naturaleza esencialmente política.

Esto significa que su finalidad no consiste principalmente en imponer una sanción, sino en determinar si el funcionario conserva las condiciones constitucionales y legales necesarias para continuar ejerciendo el cargo. Esa particularidad impide equiparar el juicio político a un proceso judicial ordinario y justifica un control posterior que tome en cuenta ese carácter.

En su voto, Rosatti recordó que quien pretenda la revisión judicial de una decisión adoptada en un procedimiento político de este tipo debe demostrar “en forma nítida, inequívoca y concluyente” un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio, con entidad suficiente para alterar el resultado de la causa..

El fallo también señala que el control puede comprender supuestos de arbitrariedad, aunque bajo los rigurosos parámetros con los que tradicionalmente se configura ese vicio, y sin que los jueces puedan sustituir al órgano político en la valoración acerca de si el magistrado mantiene la aptitud para ejercer su función.

Para la Corte, este criterio procura conciliar dos principios constitucionales: por una parte, el derecho del magistrado sometido a enjuiciamiento a ejercer su defensa y obtener una revisión ante un tribunal independiente; por otra, la división de poderes, que impide al Poder Judicial inmiscuirse en atribuciones que la Constitución colocó en cabeza de otros órganos estatales.

Esto porque, precisamente, son mecanismos que “están diseñados para que otros poderes gubernamentales controlen al Poder Judicial y, por ese motivo, están en manos de órganos políticos, a quienes se les reconoce la potestad exclusiva y excluyente de valorar y decidir si el magistrado acusado mantiene la aptitud para continuar en el ejercicio del cargo”

En ese sentido, aclara que no deben considerarse de manera excluyente las garantías para el juez afectado, sino también el principio de separación de poderes, “que es inherente a la forma republicana de gobierno y debe ser respetado por los jueces de cualquier esfera, ya sea federal o provincial”, añade.

Al examinar los restantes agravios, la Corte concluyó que el tribunal provincial sí había analizado cuestiones fácticas y probatorias, aunque únicamente para determinar si existía arbitrariedad. Destacó que la declaración de la denunciante no había sido considerada de manera aislada, sino que fue confrontada con otros elementos y testimonios producidos durante el procedimiento.

También descartó que la falta de consideración de determinados testimonios pudiera alterar el resultado de la destitución.

Según explicó, aún cuando esas declaraciones permitieran poner en duda alguno de los episodios denunciados, subsistían otras conductas acreditadas —entre ellas, comentarios sobre la funcionaria, desacreditaciones públicas y cuestionamientos frente al personal— que sustentaban de manera autónoma la conclusión sobre el mal desempeño.

Finalmente, tampoco consideró acreditada una afectación a la garantía de imparcialidad por la intervención previa de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia.

La Corte señaló que su participación en las actuaciones administrativas había culminado con la remisión del caso al Jurado de Enjuiciamiento sin una decisión sobre el fondo, y recordó que el solo hecho de disponer la instrucción de un sumario o enviar antecedentes al órgano competente no configura prejuzgamiento.

En consecuencia, el máximo tribunal entendió que el ex magistrado había conocido los cargos formulados, podido ejercer su defensa y obtenido posteriormente una decisión judicial fundada sobre sus cuestionamientos. Al no advertir violaciones patentes al debido proceso o a la defensa en juicio, desestimó la queja.

Corte Suprema de Justicia de la Nación by El Litoral

Más de 30 proyectos, propiciados por distintos bloques políticos, fueron presentados en las cámaras del Congreso para abordar la problemática de los altos niveles de endeudamiento que se registran un buena parte de los hogares argentinos, y el incremento en los índices de morosidad.

En términos generales, los impulsores de estas iniciativas apuntan que, por efecto del deterioro de los ingresos y el incremento en el costo de vida el universo de los créditos al consumo asumió un cariz diferente y alarmante.

Argumentan que las tarjetas de crédito y los microcréditos otorgados por proveedores no financieros o billeteras digitales dejaron de ser un instrumento de consumo extraordinario para convertirse en un paliativo recurrente destinado a cubrir gastos de primera necesidad: compras de alimentos en el supermercado, pago de medicamentos en farmacias y facturas de servicios públicos.

Más de 30 proyectos esperan tratamiento en el Congreso de la Nación. Fernando Nicola

En tal sentido, se basan en que los informes oficializados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un incremento paulatino pero persistente en el incumplimiento de pago de las deudas familiares. La mora en préstamos al consumo alcanza niveles que encendieron las alertas tanto en el sector público como en el sistema bancario privado.

A su vez, relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas —como el reciente informe de la Fundación Pensar— advierten que “el peso de la deuda sobre los presupuestos de los hogares alcanzó niveles máximos en dos décadas”.

Según un reciente informe de Management & Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. En ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como el informal.

Al mismo tiempo, más de la mitad de esos préstamos no tiene como objeto satisfacer algún consumo o emprendimiento sino que está destinado al gasto corriente.

La combinación de elevadas tasas de interés, refinanciaciones sucesivas y la proliferación de costos administrativos no transparentes provocó una espiralización de pasivos en familias cuyos ingresos brutos no logran equiparar el costo de la Canasta Básica Total.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso (ya ex legislador) y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense.

También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

“El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”, afirmó el diputado entrerriano Guillermo Michel, autor de un proyecto para generar una estrategia de créditos blandos desde Ansés.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Archivo El Litoral

Por su parte, Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el "régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito". Y argumentó que "la morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente".

Aunque las propuestas provienen de espacios políticos con visiones económicas heterogéneas (Unión por la Patria, la Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, y sectores del radicalismo), existen pilares conceptuales donde convergen la mayoría de las iniciativas:

- Prohibición del anatocismo e intereses punitorios desmedidos: La eliminación o limitación estricta de la capitalización de intereses y recargos desproporcionados que multiplican el saldo adeudado original.

- Mecanismos de reestructuración y mediación: Creación de instancias administrativas o judiciales de mediación obligatoria entre el deudor de buena fe y las entidades financieras.

- Inembargabilidad de fondos mínimos de subsistencia: Garantía de inembargabilidad para las cuentas sueldo y billeteras de pago asociadas a ingresos familiares de subsistencia.

- Cese de conductas abusivas de cobro: Prohibición explícita a las agencias de cobranza de incurrir en hostigamiento, intimidación o contacto con terceros ajenos a la relación crediticia.

-Evaluación de solvencia previa (Crédito Responsable): Obligación legal para los prestadores de verificar la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de crédito a sectores vulnerables.

A pesar de las coincidencias en la necesidad de intervención, las propuestas se diferencian sustancialmente en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación, y van desde propuestas de condonación para los hogares con menores ingresos y tasas subsidiadas, hasta la educación financiera en el nivel secundario y patrocinio legal gratuito.

Mientras las comisiones de Defensa del Consumidor de la Cámara baja analizan la unificación de proyectos, el tratamiento parlamentario enfrenta importantes resistencias políticas y operativas.

Desde el Poder Ejecutivo y los sectores alineados con La Libertad Avanza se argumenta que la fijación de topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos crediticios incrementará la tasa de riesgo, restringirá aún más la oferta bancaria e impulsará a las familias vulnerables hacia el mercado informal de préstamos.

Por su parte, las cámaras del sistema financiero privado señalan que una regulación compulsiva puede minar la sostenibilidad del crédito privado y generar incertidumbre jurídica.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

El empresario afirmó que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.

Sin embargo, desde la oposición replican que la mora masiva trasciende el ámbito de las relaciones contractuales privadas y configura una problemática económica sistémica que paraliza la demanda agregada y afecta el consumo básico. La discusión, que aún no logra dictamen de comisión en el recinto, promete mantenerse en el centro de la agenda legislativa durante el período ordinario.

La organización de la visita de León XIV a la Argentina, que se materializará entre el 8 y el 11 de noviembre, entró en fase definitoria. La Iglesia Católica ya conformó equipos específicos de trabajo y el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva misión técnica para ajustar el itinerario y los aspectos operativos.

La agenda se centrará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde se proyectan tres celebraciones multitudinarias que concentrarán la mayor parte de las actividades públicas del pontífice. Pero también están en consideración otras actividades, en un marco en que cada encuentro, cada palabra y cada fotografía tendrán inevitables lecturas políticas.

Entre las primeras definiciones logísticas figura la construcción de dos papamóviles, que serán utilizados durante la visita. Los vehículos serán fabricados y donados por Toyota bajo especificaciones técnicas establecidas por la Santa Sede.

Según detalla Infobae, serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.

El pontífice se movilizará en dos papamóviles abiertos. Archivo El Litoral.

La principal misa en Buenos Aires se proyecta en el Monumento de los Españoles, en Palermo. En tanto, las otras celebraciones centrales se realizarían en el santuario de Luján y en un predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La elección de estos espacios responde a criterios de capacidad, accesibilidad y seguridad para albergar a miles de fieles.

Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.

Una de ellas es un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.

Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad.

Esta agenda remite inevitablemente a cuestiones que atraviesan el debate nacional, como la reforma laboral y las políticas públicas en materia de discapacidad. Y todo esto en un contexto en que los obispos han sostenido posturas abiertamente críticas sobre la situación económica y social en general, y sobre algunas medidas en particular, como la fallida reforma a la Ley de Tierras.

Pero a pesar del carácter eminentemente pastoral que se busca otorgar a la visita, el factor político inevitablemente repercutirá en ella, no sólo en el discurso y el simbolismo de las actividades que conformen la agenda, sino en las propias cuestiones operativas.

Por caso, la llegada del jefe de Estado del Vaticano requerirá una articulación entre distintos niveles de gobierno, a cargo de signos políticos distintos y enfrentados. La organización involucra a la administración nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

La seguridad del pontífice quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional, mientras que las jurisdicciones locales tendrán participación en aspectos vinculados con la logística, la circulación, los servicios y la recepción de peregrinos en las actividades a desarrollar en sus propios territorios.

sí, al flanco abierto para el gobierno libertario (que gestionó y busca capitalizar la visita, pero que no puede ignorar el choque de puntos de vista), se suma el hecho de que deberá compatibilizar acciones con Jorge Macri (PRO); Axel Kicillof (PJ) y Martín Llaryora, del peronismo cordobés, ni oficialista ni alineado con la conducción partidaria.

Mientras esto ocurre, a fines de este mes arribará al país una delegación encabezada por monseñor José Salas Castañeda, responsable de la organización de los viajes internacionales del Papa. La misión recorrerá nuevamente los escenarios previstos para las actividades, evaluará condiciones de seguridad y avanzará en la definición del programa definitivo.

El cardenal mexicano José Salas Castañeda es el coordinador de los viajes papales. Vatican News.

También participarán representantes de la Secretaría de Estado del Vaticano, responsables de comunicación y especialistas en seguridad vinculados a los desplazamientos papales. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Según se informó, el coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.

La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.

Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.

A la vez, la Conferencia Episcopal Argentina anunció la realización de una colecta nacional durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto para colaborar con los gastos de organización.

Los recursos estarán destinados a infraestructura, logística, comunicación y otros aspectos operativos vinculados al viaje, que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”.

La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”.

En ese marco, la Iglesia lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país. De acuerdo con las bases y condiciones publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, la convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años.

Las canciones deberán ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. Deberán estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias. La inscripción estará abierta desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.

El jurado estará integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música. La canción ganadora, que podrá ser presentada por una persona o por un grupo, se conocerá el 24 de septiembre y se convertirá en la obra oficial de la visita del Papa.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), reivindicaron la integración, la institucionalidad como articulación de las políticas públicas y el modelo de desarrollo productivo para el crecimiento del país.

En ese contexto, formularon un fuerte rechazo a las retenciones agropecuarias, y reclamaron al gobierno nacional asumir la responsabilidad de sostener la infraestructura vial, y una activa participación en la mesa de decisiones de la hidrovía.

En el curso de la ceremonia en la que Frigerio asumió la presidencia pro témpore en relevo de Llaryora, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los gobernadores de sostener la política de integración regional, con la coordinación de políticas públicas.

Un proceso que el organismo acompaña en la institucionalización, capacitación de cuadros de gestión y apoyo financiero.

Tras la firma de la constitución de la Casa de la Región Centro, que funcionará precisamente en la ciudad de San Francisco, los mandatarios resaltaron el valor de la integración, con un expreso reconocimiento a los fundadores, Jorge Obeid (Santa Fe), Jorge Busti (Entre Ríos) y Ramón Mestre (Córdoba).

Pullaro: “La Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”.

“La Región Centro para nosotros es fundamental -dijo Pullaro. No venimos a demandarle al gobierno nacional, sino a demostrar lo que somos, lo que representan estas tres provincias cuando trabajan juntas. Somos capaces de llevar adelante cambios y transformaciones, somos el motor productivo de la Argentina, pero ademas creemos fervientemente en la institucionalidad”, advirtió.

Pullaro reconoció que “la Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”.

“Defender esta Región es defender la república y una manera distinta de hacer las cosas”, resumió Pullaro, luego de repasar el nivel de los aportes que la Región hace al país y lo poco que recibe en contrapartida.

A su turno, Frigerio resaltó los valores de “la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito” y “la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias, para ser el faro de hacia donde tiene que ir el país”.

Frigerio: “A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones".

Y en el marco de sostener “políticas públicas que traigan soluciones a la gente”, repudió “las malditas retenciones en nuestro país” y exigió “un cronograma concreto de reducciones sistemáticas, hasta su desaparición”.

“A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones. Si no las van a arreglar, pásennoslas a nosotros para que lo hagamos. No porque tengamos plata, sino porque no tenemos otra opción”, exhortó en otro punto.

También reclamó “un lugar en la mesa de decisiones” de la hidrovía y la necesidad de un trabajo conjunto ante el cambio climático y la amenaza del fenómeno El Niño.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, pero el gobierno nacional necesita que también a las provincias les vaya bien. Porque en las provincias es donde se determina la calidad de vida de la gente, y eso está cada vez más en nuestras manos, y por eso es importante que estemos juntos”, completó.

Llaryora también cargó contra las retenciones, “que todos los años nos cercenan posibilidades de llevar bienestar a nuestra población. Piensen lo que se podría hacer con ese dinero en manos de nuestros productores, de nuestros industriales, de nuestros pueblos. Porque ellos no están en la timba financiera, la ponen en la producción, en el trabajo”.

Identificó como uno de los principales problemas del país la imposibilidad de llegar a acuerdos, de llevar adelante políticas que trasciendan a las gestiones y a los partidos políticos.

Tras detenerse en los distintos aspectos del trabajo conjunto entre las tres provincias, volcadas en “políticas claras”, cuestionó el ingreso irrestricto de mercaderías del exterior sin control sanitario, y reivindicó el compromiso de la Región de sostener esos controles que el gobierno central dejó de lado. Y culminó con vivas al federalismo y a la integración.

Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro.

Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro, ocasión en la cual el mandatario entrerriano asumió la presidencia pro témpore, en relevo del cordobés.

La fecha elegida coincide con el vigésimo segundo aniversario del relanzamiento de la Región, órgano potenciado en la actual etapa por los tres mandatarios que mantienen a rajatabla los encuentros semestrales y son permanentes las reuniones entre los tres funcionarios designados por cada uno de ellos para hacer la coordinación.

En este encuentro en San Francisco se ratificaron una serie de acuerdos alcanzados entre las provincias y que tuvieron como impulsores a la santafesina Claudia Giaccone, al cordobés Juan Carlos Mazzei y al entrerriano Atilio Benedetti, quien se hizo cargo tras el fallecimiento de su comprovinciano Jorge Chemes.

Al encuentro los gobernadores llegan en medio de negociaciones con el gobierno nacional especialmente en temas electorales como la posible suspensión o eliminación de las PASO a nivel nacional.

La reunión central tuvo como por escenario el Superdomo de San Francisco, en la misma jornada elegida para inaugurar formalmente la sede institucional administrativa del bloque regional en el edificio del ex-Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de San Francisco.

Más allá del traspaso de la presidencia a Entre Ríos, los gobernadores plasmaron con su firma una serie de acuerdos tejidos entre las tres provincias como el corredor de biomovilidad que vienen trabajando las secretarías de Energías y las empresas eléctricas de las tres provincias. Allí además hay un reclamo conjunto al gobierno nacional para que finalice algunas obras energéticas como gasoductos que permitirán traer el combustible a las tres provincias.

También las tres provincias avanzaron en unificación de normas para que trabajadores de aplicación de implementos fitosanitarios y de drones tengan los mismos requisitos en toda la Región; además la complementación en Registros de Personas Jurídicas donde el reconocimiento en un estado subnacional sea válido en los tres mientras avanzan en unificar requisitos para las contrataciones estatales.

En los últimos años, localidades de las tres provincias avanzan en hermanamientos, validados en el plenario de mandatarios de la Región Centro. Están los casos como Las Tunas/Libertador San Martín; Los Molinos/Los Molinos; María Susana/Capilla del Monte; Laborde/Labordeboy, con la presencia de los respectivos jefes comunales.

En San Francisco, además, se firmó el acuerdo de hermanamiento entre esa municipalidad con Esperanza y Nogoyá, tres zonas emblemáticas en materia lechera.

No resultó ajena a la reunión de gobernadores la entrada en vigencia del acuerdo Unión Europea/Mercosur y la implicancia para las empresas de las tres provincias.

El fenómeno El Niño también motivó que en San Francisco se defina el encuentro de las áreas de Protección Civil de las tres provincias para eventual colaboración e intercambio de información de los observatorios hidrometeorológicos de las integrantes de la zona.

Tras la reunión de San Francisco, la Región Centro tiene en agenda una serie de reuniones anuales dentro del congreso del maíz y los concursos de mantecas y quesos, ya tradicionales.

La seguridad tampoco estuvo ausente en el encuentro, especialmente cuando las tres provincias trabajan sobre mecanismos de articulación en controles fronterizos e intercambio de inteligencia criminal.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron en reclamar al estado nacional una baja sostenida de retenciones a la producción agrícola, motor de las tres economías. Santa Fe y Entre Ríos tendrán el apoyo de Córdoba a la hora de insistir ante Nación en la participación de las provincias ribereñas en el órgano de control de la concesión de la hidrovía.

Las metáforas futboleras son un lugar común en las crónicas políticas, un recurso que sirve para graficar procesos complejos, o volver fácilmente comprensibles (al menos en su lineamientos básicos) e incluso atractivos debates o situaciones que corren el riesgo de eludir la atención del público mayoritario.

Es así como “marcar la cancha” (o embarrarla), parar la pelota (o dejarla en el campo del adversario), quedar en off-side o definir en tiempo de descuento, entre otras muchas más o menos afortunadas, salpican los análisis periodísticos y los discursos de campaña, y se introducen con malicia o naturalidad en los intercambios verbales.

Los presidentes no se abstrajeron de esta dinámica. “Somos un equipo que sale a la cancha a jugar por la gente, y el que no tira el centro para que el otro haga el gol, no entendió cómo se juega a esto”, supo acuñar el ex presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, artífice de “el mejor equipo de los últimos 50 años” y embarcado en un “segundo tiempo”.

"Nosotros no miramos la política desde la tribuna, nosotros bajamos a la cancha a jugar, a embarrarnos, a defender los trapos de la Patria junto al pueblo”, estableció oportunamente Cristina Fernández de Kirchner, acreedora de un vastísimo repertorio de cánticos futboleros, tanto a favor como en contra.

"Cuando uno está en la tribuna, es bastante más fácil que cuando está en el campo de juego. Ustedes ponen el balón en el centro de la cancha y por más que griten desde las gradas, el balón no se mueve. El que hace los goles es Messi", elaboró en junio de este año el ex arquero Javier Milei, defendiendo su plan económico.

De hecho, el discurso libertario (en la voz del presidente y en la fútil verborragia de las redes sociales) abunda en imprecaciones hacia quienes exhiben discrepancias con un surtido no tan amplio pero sí profuso de agresivas métaforas fóbicas y zoofílicas (casi siempre referidas al sometimiento sexual o sus consecuencias), que remiten a la escala de valores de las barras bravas.

Tampoco es una novedad el uso político de los eventos deportivos, desde la época del Coliseo romano a la fecha, especialmente cuando tienen trascendencia internacional o capacidad de convocatoria masiva.

Pero en esta oportunidad, al calor de la expectativa por el bicampeonato mundial para la Selección Argentina, y especialmente la disputa de la semifinal (y su resultado) con Inglaterra, se produjo una intersección de agendas que excede el sentido figurativo, y que abre una serie de interrogantes concretos en el futuro inmediato.

Los jugadores de la Selección recogieron y enarbolaron el reclamo por Malvinas. Reuters

La prohibición del uso de la bandera de Malvinas, o de cualquier referencia verbal o alegórica a la reivindicación de la soberanía argentina sobre ellas, no tardó en desatar el efecto contrario.

El acto de posicionamiento asumido por los jugadores de la Selección desacomodó al Gobierno y generó una retahíla de incómodas reacciones, y repercutió en el escenario internacional remedando un conflicto con Gran Bretaña.

También, a la vez que Milei retuiteaba mensajes que descalificaban la acción (e, impopularmente, a quienes la llevaron a cabo) y la confrontaban con una hipotética estrategia diplomática dotada de también hipotética sabiduría, produjo inesperadas reverberaciones en favor de la causa, como pronunciamientos de referentes políticos e incluso un difundido editorial de The Guardian.

Pero los efectos también se sintieron a nivel interno, con incluso con incidencia concreta sobre el desenvolvimiento parlamentario.

La presidenta del bloque del Senado de la Libertad Avanza consideró propicia la oportunidad para dar impulso definitivo a iniciativas del oficialismo, como la ley de Inviolabilidad Privada, que incluye reformas en la ley de Tierras y amplía las posibilidades de que sean adquiridas por extranjeros.

Esto motivó un cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que comenzó desenvolviéndose por carriles formales y de oportunidad (si hacer o no la sesión después del partido con Inglaterra) y desembocó en una confrontación directa, en la que por primera vez la ex compañera de fórmula de Milei contradijo y atacó un proyecto del gobierno.

Esa exhibición, ya no de distanciamiento o de reticencia institucional a las prácticas parlamentarias del oficialismo, sino lisa y llanamente de oposición, dio pie a una nueva “invitación” de Bullrich a que abandone su cargo.

La respuesta de Villarruel fue contundente y no eludió la chicana: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos”.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Archivo El Litoral

Luego decantó en un intercambio de ofensas de creciente intensidad, pero es en ese punto en que planteó un debate institucional que excede el rango de las contendientes, acerca de cuál es el camino que corresponde ante una disidencia de este tenor, que va mucho más allá de las recurrentes enemistades en las cúpulas de gobierno.

El diseño y ejecución de un plan de gobierno corresponde al presidente. El vice no tiene funciones ejecutivas, sino que preside el Senado. Pero a la vez, es a quien corresponde asumir el cargo en caso de ausencia o incapacidad del primer mandatario. E indudablemente desde el punto de vista jurídico cuenta con el voto popular, aunque políticamente sean (o no) “prestados”. Apuntes para el debate.

En otras instancias de este Mundial, se especuló con que determinadas decisiones de gobierno de corte potencialmente polémico, puedan haberse producido “aprovechando” la distracción popular por efecto de un partido.

En este caso, queda flotando el interrogante sobre si el fervor patriótico disparado por la Scaloneta y el episodio de la bandera de Malvinas no pudo haber condicionado el clima político para avanzar en iniciativas que, como remarca el discurso opositor, están reñidas con esos parámetros de argentinidad “al palo”.

Con todo eso, el Senado logró sesionar (como quería Bullrich), pero solamente para aprobar pliegos judiciales y diplomáticos y algún otro tema del orden del día. Pero no (como no quería Villarruel) para votar los cambios a la ley de Tierras.

El tema quedó postergado para agosto, dejando un paréntesis de tiempo para que, quizás en otro clima y con otras estrategias o modificaciones, el oficialismo obtenga los consensos que necesita. O la oposición logre expandir su rechazo entre más bancas.

Mientras tanto, al igual que tras las masivas exequias del Indio Solari, no faltaron las voces que vieron la movilización popular generada por el fútbol como un laboratorio para otras coincidencias activas, explotando las discrepancias que florecieron en el actual escenario de emociones a flor de piel y nervios por encima de lo racional, y fantaseando con otras manifestaciones.

En ese punto confluye también la (des) consideración del Presidente de la Nación hacia los jugadores que portaron la bandera de Malvinas.

"Eso muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente, digamos, esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes y que nadie le da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes", imputó.

Desde el otro lado de la mecha (acaso), el capitán de la Selección, Lionel Messi, rompió los límites del discurso asignado y tradicionalmente asumido, para llevarlo a un terreno en absoluto partidario, pero sí indiscutiblemente político.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente, sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando", sostuvo.

Al final, no era solamente un partido de fútbol.

La Unión Cívica Radical (UCR) expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras propuesta por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento quedó postergado este jueves en el Senado, en el marco del debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un comunicado oficial, emitido en la misma jornada en que se postergaba la consideración de la norma, el partido consideró que con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

El Comité Nacional está presidido por el actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuyas posturas, como sucedía en la anterior gestión de Martín Lousteau, no siempre reflejan los posicionamientos de los senadores ni de los gobernadores radicales.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Archivo El Litoral

El radicalismo cuenta con 10 integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos son claves para definir el futuro de la "ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en uno de sus capítulos la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras para extranjeros.

Pero hasta el momento, solamente tres (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama) han manifestado abiertamente su rechazo. Los otros siete, algunos de los cuales responden a gobernadores radicales afines al Gobierno, podrían acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque también expresaron dudas.

Este jueves se cayó del temario de la sesión el tratamiento del proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por falta de votos y de acuerdos previos.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar el tratamiento de este proyecto hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

En el comunicado partidario, la UCR afirma que "el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos".

Recuerdan asimismo que la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación, que establece "un máximo de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un 30% máximo de ese cupo para una misma nacionalidad".

Además, dicha normativa estipula que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo".

"También establece la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos o ríos o en zonas fronterizas", se indica.

Sin embargo, el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que "cada provincia defina sus propios criterios", lo que podría conducir a una desregulación preocupante.

"Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros. El radicalismo promovió en su momento el debate por la Ley de Tierras", recuerdan sobre la iniciativa que había impulsado inicialmente el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010.

En Argentina, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han excedido el límite legal permitido.

“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente”, enfatizan desde la UCR.

A esto se suma la preocupación por las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que también fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

La Casa Rosada busca eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo por períodos de hasta 60 años tras incendios.

Desde la UCR señalaron que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por extranjeros.

En este sentido, abogan por la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país mediante regulaciones razonables.

“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyen en su comunicado.

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Por falta de acuerdos, el Senado postergó el tratamiento de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. HCSN

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 18 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió en que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda y se habían sumado otras cuatros modificaciones al despacho.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Este jueves y por cuarta vez, el proyecto de Federico Sturzenegger volvió a truncarse en el recinto y su debate quedó postergado para el jueves 6 de agosto, al regreso del receso invernal.

Una delegación importante de los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza viajará a San Miguel de Tucumán para estar presente en el acto por el 9 de julio que encabezará el presidente Javier Milei.

La foto en Tucumán, que también incluirá a todo el Gabinete, busca expresar el relanzamiento de la gestión en esta nueva etapa que ya no tiene a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien protagonizó un escándalo político que tuvo en vilo y hundió la imagen del Gobierno durante meses.

En ese sentido, Milei buscará una "foto institucional" con el mayor número posible de gobernadores, pero aún no estaba completamente definido quienes asistirán a la vigilia prevista para las 0 horas del jueves.

"Invitamos a todos los gobernadores", dicen en la provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo. De todos modos, el propio jefe de gabinete, Diego Santilli, sondeó a algunos mandatarios para incitarlos a que concurriesen y ampliasen el elenco para la foto oficial.

Según pudo saber El Litoral, Maximiliano Pullaro no tiene previsto asistir, y permanecerá en territorio santafesino para encabezar la ceremonia patria desde Rafaela.

El convite tucumano incluye a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con lo cual se repetirá el esquema establecido para el acto del Día de la Bandera en Rosario, oportunidad en la que los ex integrantes de la fórmula presidencial coincidieron geográficamente, pero ni siquiera intercambiaron saludos.

La vice compartió asiento con referentes provinciales, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y luego participó de la promesa a la Bandera de los alumnos asistentes, junto a Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Al momento de terminar el acto institucional, calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla y cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de estar atravesado por investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

En cuanto al festejo del próximo jueves, de la Cámara baja están confirmados el presidente del cuerpo, Martín Menem, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Mariano Campero, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Bárbara Andreussi y Adrián Brizuela.

Del Senado, aparte de Villarruel, irán la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. También asistirían los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y el formoseño Francisco Paoltroni.

El evento por los 210 años de la Independencia argentina remite al que dos años atrás sirvió de marco para la firma del “Pacto de Mayo” y, como entonces, es organizado por la gobernación tucumana. En aquella oportunidad fueron 18 los mandatarios asistentes, pero el año pasado sólo estuvo el propio Jaldo, y los demás cumplieron actividades en sus propias provincias.

La celebración comenzará en la víspera con una "vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial, aunque las actividades comenzarán en la noche del 8 de julio cerca de las 20, con shows artísticos y propuestas culturales en las inmediaciones de la Casa de Tucumán.

El Ministerio de Seguridad tucumano desplegará un operativo de prevención con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano, para resguardar al Presidente y a toda su comitiva oficial. A medianoche y por Cadena Nacional, se emitirá un mensaje oficial, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

Antes de la excursión a la capital tucumana, habrá "mesa política" en Casa Rosada. Finalmente la reunión se realizará este miércoles, a las 17, en las oficinas oficina que Santilli tiene en el ex ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

Será el primer encuentro de este tipo bajo la coordinación del flamante funcionario. En comparación con el último, registrado el 11 de junio, no estará el "renunciado'" Manuel Adorni pero si se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que suspende los efectos de artículos centrales del decreto del Poder Ejecutivo que modificó el régimen de financiamiento universitario, en el marco de la controversia judicial iniciada por universidades nacionales.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantuvo vigente la protección cautelar dispuesta por instancias inferiores y garantizó, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la continuidad de los mecanismos presupuestarios y de actualización de recursos reclamados por las casas de estudio, en una causa de alto impacto para el sistema universitario público argentino.

En concreto, y mientras se desarrolla la causa de fondo sobre la validez o no del decreto que condiciona la aplicación de la ley, la Corte dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir los dos artículos relacionados con aumentos salariales de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.

El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario, y el tema pasó a la Justicia.

En un fallo unánime, los tres jueces de la Corte propinaron un doble revés al Gobierno nacional: desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender una medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick, que obliga al Gobierno a cumplir “de manera inmediata” con los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El artículo 5º de la Ley establece que los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deberán actualizarse, desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el INDEC. Además, obliga al Ejecutivo a convocar a negociaciones paritarias cada 3 meses y ofrecer aumentos salariales que no podrán ser inferiores al IPC.

En tanto, el artículo 6º determina la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles (Progresar, Manuel Belgrano, y de Enfermería, entre otras).

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes: el acuerdo establecía que las subas se harían en 2 cuotas: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre).

Sin embargo, si se cumpliera con la actualización por inflación que dispone la Ley de Financiamiento, los sueldos deberían aumentar en junio un 56% respecto de los haberes de mayo.

En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley.

La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.

Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó.

En el fallo de segunda instancia, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron configurados los requisitos para mantener la tutela anticipada que había dictado el juez Cormick.

Respecto de la verosimilitud del derecho, señalaron que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley, sin que pueda suspender sus efectos invocando una norma anterior de igual jerarquía. Además, destacaron que una ley posterior puede válidamente desplazar a otra previa, incluso en materia presupuestaria.

El tribunal también tuvo por acreditado el peligro en la demora, al ponderar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el carácter alimentario de las becas estudiantiles.

Asimismo, entendió que el interés público no se veía afectado por la medida, sino que, por el contrario, se encontraba comprometido en la protección del derecho a enseñar y aprender, relativizando además el impacto fiscal invocado por el Estado.

Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. Sin embargo, la Corte Suprema recordó que las resoluciones que conceden, rechazan o modifican medidas cautelares, por regla, no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tales a los efectos de habilitar esa vía recursiva.

En consecuencia, desestimó el recurso extraordinario y también rechazó el pedido de excusación formulado por la demandada, remitiéndose a un precedente dictado por el propio Tribunal el 4 de junio de este año.

Con esta decisión, la medida cautelar que ordena la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y de las becas estudiantiles permanece vigente mientras continúa la tramitación de la causa principal.

Para el Gobierno, el revés judicial es muy costoso y lo calculan en 1.3 billones de pesos. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, ya avisó que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero, frente a la exhortación judicial, comenzó a recalcular números.

Fuentes libertarias aportan que el Ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Incluso intentaron poner como prenda de cambio el desistimiento de la acción judicial, cosa que los rectores no aceptaron.

No obstante, en distintos sectores del oficialismo contaban con que la Corte le iba a entregar “un gesto” a la administración Javier Milei para darle “aire”. Pero, con el fallo entre manos, esa expectativa se reveló carente de sustento.

Con un agravante, tal como agregan en La Libertad Avanza: esta determinación de la Corte se produjo a pesar de que el oficialismo había avanzado hace pocos días en un acuerdo con las Universidades para cumplir parcialmente la ley de Financiamiento Universitario.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva.

De esta manera, mientras habilita el cumplimiento de los dos artículos consignados a través de una medida procesal, la Corte aún debe pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir el cargo de secretario de Gobierno del organismo, que dejó vacante Eduardo Bordas después de más de 30 años y sobre el cual pivoteaban la mayor parte de las decisiones institucionales y administrativas del Tribunal.

El reemplazo del histórico funcionario viene de la mano también de una reestructuración de la organización interna y la redistribución de funciones, que en buena medida completa el esquema en formación como parte de la renovación casi por completo de la Corte santafesina, todavía en curso.

Según se comunicó de manera oficial a través de la Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial, se trata de la apertura del período de inscripción para cubrir “el cargo de Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Vocal de Cámara de Apelación), y toda otra tarea que el Alto Cuerpo le encomiende”.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Archivo El Litoral

El carácter del concurso es abierto y de antecedentes. Los requisitos para participar en el mismo son: a) ciudadanía argentina; b) mayor de edad de 30 años; c) título de abogado debidamente certificado; d) dos años de residencia inmediata en la provincia, si no hubieren nacido el ella.

Además, diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado; buenos antecedentes de conducta acreditados con el certificado respectivo otorgado por la Policía de la Provincia y certificación de la Oficina Judicial correspondiente de no hallarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El período de inscripción se extiende hasta el 2 de julio del corriente año, y los interesados deberán presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría de Gobierno del Cuerpo en Santa Fe. Asimismo la Corte Suprema, dispuso que oportunamente se designará la fecha para la recepción de entrevistas personales para los inscriptos que reúnan las exigencias legales y reglamentarias.

El secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Bordas, se retiró del Poder Judicial el último día hábil del mes de abril, acogiéndose a la jubilación. Acompañó su salida con una emotiva y descontracturada nota que distribuyó en distintas oficinas de los tribunales.

Eduardo Bordas, ex secretario de Gobierno de la Corte Suprema. Archivo El Litoral

“Hoy como todas las mañanas saludé al señor que vende los bizcochos y, subiendo la escalera de nuestro edificio -como dicen los chicos- me cayó la ficha de que estaba finalizando una maravillosa e importante etapa de mi vida. Seguramente por eso, no me sorprendió sentir que me estaba yendo de mi casa, un lugar que fue, es y seguirá siendo mi familia desde el día que ingresé como empleado”, decía.

Transitoriamente, la función de Bordas quedó repartida entre dos funcionarios con distinto anclaje territorial. Pablo Gómez sobre las tres circunscripciones del centro norte: Santa Fe, Rafaela y Reconquista; y Carlos Crespo, quien cumplía funciones como secretario letrado de la Corte, para Rosario y Venado Tuerto.

Pero durante su extenso período de desempeño en el cargo, por decisión de los ministros de la Corte, Bordas concentró la responsabilidad de una gran cantidad de tareas, que ahora serán reasignadas en un formato de distribución por áreas, cada una de ellas a cargo de alguno de los integrantes del Alto Tribunal.

Así, la administración económica (presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos), el manejo del personal, el área informática y el plano edilicio, dejarán de estar centralizadas como hasta ahora y los ministros tendrán asignada competencia en alguna de ellas, con un rol más operativo.

A la vez, la reformulación se inscribe en un momento en que la conformación de la Corte se halla inscripta en un proceso de transición, que (si todo se desarrolla conforme a lo previsto y anunciado) culminaría en el mes de noviembre del presente año, y no está exento de algunas tensiones y “tironeos”, como veladamente admiten los propios ministros.

La renovación de la Corte, que el gobernador Maximiliano Pullaro marcó como objetivo de su gestión al mismo momento de asumir, comenzó en febrero de 2025 cuando, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.

Baclini, Weder y Zabalza vinieron a reemplazar a Mario Netri -quien había dejado su puesto en diciembre anterior- y a María Angélica Gastaldi -que lo hizo a comienzos de abril- y a ocupar el séptimo asiento añadido por la reforma judicial sancionada a fines de 2024.

Luego de eso, la Legislatura aprobó el 26 de febrero de 2026 los pliegos de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel como nuevos ministros de la Corte Suprema provincial.

Los futuros ministros vendrán a reemplazar a los ministros que superan los 75 años de edad: Eduardo Spuler (que se irá el 1 de septiembre) y Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que adelantaron su intención de retirarse en noviembre, aún sin fecha ni renuncia presentada.

Por otra parte, la Corte llamó también a convocatoria pública y abierta de antecedentes, destinada a cubrir los perfiles técnicos, de gestión e informáticos para la réplica e implementación del Nuevo Modelo de Gestión Judicial Penal en Santa Fe denominado “Plataforma Alberdi”.

En este caso, se trata de cuatro gerentes / subcoordinadores de Área; dos analistas de procesos (Lean / Kaizen); dos analistas de Datos (PowerBI SQL); cuatro implementadores y dos programadores fullstack.

Los futuros agentes operarán con directivas de la delegación Rosario, y bajo la figura de contratos de servicios. La inscripción se extiende hasta el 20 de julio.

La “plataforma Alberdi” es un sistema de gestión penal impulsado por el ministro de la Corte Daniel Erbetta, basado en una herramienta digital desarrollada en Tucumán. El sistema promete agilizar trámites, generar datos en tiempo real y ampliar la transparencia, en un modelo que tomó a los tribunales de San Lorenzo como prueba piloto, para luego ser aplicado en toda la provincia.

Alberto Biglieri, reconocido académico y especialista en Derecho Administrativo, resaltó la utilidad de las herramientas de inteligencia artificial en la práctica jurídica y judicial, pero advirtió sobre los riesgos que supone la aparición de "sesgos". La inutilidad de intentar frenar su desarrollo, la necesidad de establecer regulaciones aplicables, y el imperativo de preservar el control humano, en diálogo con El Litoral.

Biglieri participó en Rosario de la 62ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), que se desarrolló bajo el lema "Universalidad del Derecho en la era de las nuevas tecnologías".

Allí disertó sobre "El impacto de la Inteligencia Artificial en las Fuentes del Derecho Administrativo" y fue distinguido por su destacada trayectoria profesional, académica y colegial, así como a sus aportes al estudio, la enseñanza y el fortalecimiento de las instituciones jurídicas.

En la entrevista con este medio, se refirió al acontecimiento y abordó la cuestión que fue la problemática de fondo abordada en el encuentro por profesionales y juristas de distintos países americanos.

Biglieri participó en Rosario de la 62ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados (FIA).

- ¿En qué consiste el trabajo de la FIA y la actividad que se desarrolló en Rosario?

- La Federación es una una rama americana de la "barra" americana, la International Bar Association. Ya tiene 86 años de vida, y el que se acaba de hacer en Rosario es el 62° Congreso Interamericano. Y se tomó como lema el impacto de la inteligencia artificial, su impacto en el derecho y el enfoque a un derecho global.

- También en este caso usted fue distinguido por la entidad.

- En cada Congreso la organización elige a un abogado destacado del país local, lo invita a una conferencia y lo distinguen con la medalla "William Roy Vallance", en recuerdo del fundador de la FIA. Esta vez yo tuve ese honor. Y había muchos paneles, con temas y expositores sumamente interesantes. Participan abogados y jueces también, lo cual lo hace más atractivo, porque permite un intercambio de distinto nivel y con distinta sintonía.

También creo que hay que destacar la participación de asociaciones, como la América Caribeña. El día que yo expuse había disertantes de Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Dominicana, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos. Hay una representatividad de países que a veces uno no ve en este tipo de encuentros.

Esto se extiende a la percepción de los factores que influyen cotidianamente en el ejercicio del derecho. Por caso, una colega boliviana no podía sacar el auto del estudio por los problemas en La Paz. Así que tener esa aproximación a la vida profesional, por fuera de lo estrictamente jurídico, es muy valioso.

Y también lo es el temario del Congreso, el impacto de inteligencia artificial en el Derecho. Mi especialidad es el administrativo, así que me enfoqué en las modificaciones que está produciendo la IA. Que, aunque alguien la quisiera negar, está.

- ¿Y cómo ve usted a la IA?

- Yo creo que es una herramienta fenomenal. Pero hay que tener cuidado, porque lo que no hay que hacer nunca es resignar la decisión humana final, ¿no? Especialmente cuando se dispone sobre fondos públicos o cuando se toma un beneficio judicial.

La vida privada es otra cosa. Si yo quiero que a mi casa la limpie un robot, es asunto mío. Pero lo público es tema de todos. Y la Unión Europea ya está haciendo muchas regulaciones que tienen que ver con eso, con el alto riesgo de la inteligencia artificial, por lo menos de seguridad, la cuestión de la privacidad, la libertad, el patrimonio….Son alertas que pone la Unión Europea, y dice: "Ojo, no se puede usar inteligencia artificial para hacer un fallo". Y yo creo que que ese es el camino.

- Claro, porque además recientemente no sólo hay demandas hechas con IA, que a veces remiten a fuentes inexistentes, e incluso fallos que citan jurisprudencia inventada.

- Es así. Pero cuando se trabaja a conciencia, esa fantasía, esa fábula que inventa la IA no me preocupa, porque si en la demanda se cita jurisprudencia o doctrina falsas, y el que está del otro lado trabaja a conciencia y lo contrasta, eso salta; y si no lo hace es porque es un vago.

Entonces, el juez o el decisor administrativo en el ámbito público tiene que controlar. Por eso tiene vigencia una vieja máxima del Derecho, que dice que la mejor forma de manejar la información que se da al otro es no hablar. Porque si mentís, el otro controla y se da cuenta. Y eso se puede detectar con tecnología.

Lo que estamos percibiendo con la IA es más complejo, porque se están produciendo sesgos en función del big data. O sea, tiene tantos datos de derecho privado, que deforma la idea de derecho público. Por otra parte, los grandes volúmenes de datos con que se construye la IA son de Estados Unidos, Europa, China, y un poquito de Argentina. Entonces, cuando te querés informar terminás accediendo a una IA que está alimentada con una gran cantidad de datos que no tienen nada que ver con nuestra cultura.

Yo suelo decir en mis clases que el mejor gol que ví en mi vida fue en un partido de Huracán contra San Lorenzo. Pero si yo pregunto al grupo, obviamente el más votado va a ser algún gol de Riquelme en Boca o de Passarella en River. Y ese es el fenómeno del Big Data. Si tengo que elegir el mejor gol, termino inducido por la mayoría datos. Cuando yo podría atestiguar y defender a muerte que no, que para mí el mejor gol es el que ví en el partido Huracán-San Lorenzo.

Y eso es lo que estamos viendo. O sea, más allá de que la IA pueda inventar un gol que no existió, el problema es que te da los datos que existen, pero con un sesgo producido por la cantidad.

El especialista alentó el uso de las nuevas herramientas, como la IA. Crédito: Reuters.

- Pero también podemos hablar de los beneficios…

- Por supuesto. Yo soy un defensor. Para mí es un hiperprocesador de texto maravilloso y tiene la ventaja, sobre todo en versiones pagas, en que uno le puede cargar 50 documentos, y alimentarla con datos que son realmente los que uno necesita analizar. Entonces, la IA se nutre con eso. Y si uno plantea una cuestión de tránsito, por ejemplo, no te va a tirar que alguien cometió una infracción porque circulaba por la derecha, como diría si solo carga datos de Inglaterra, donde se circula por mano izquierda.

Yo defiendo la IA, porque si uno la entiende como una herramienta, es maravillosa. Ahora, el problema es cuando es generativa. Cuando es generativa y no tiene control humano, puede terminar en cualquier cosa. Porque cuando produce una cantidad de datos en función de lo que vos le cargaste antes, al input lo manejás vos. Pero no tenemos volumen para darle tanta información. Y entonces la captura de los 7.000 millones de seres humanos del mundo. Y en ese contexto, 50 millones somos menos que una hormiga.

- Entonces, ¿la clave sigue siendo el conocimiento humano? Para alimentar primero, para formular las indicaciones correctas para los requerimientos a través de los prompt, y para el control final.

- Claro. La inteligencia artificial hace lo que por volumen no puede hacer el humano, pero el humano es el que controla. Y obtiene resultados a una velocidad magnífica con un texto muy claro. Si uno le da buenas indicaciones da buenos resultados, pero a la vez agregamos cosas. Por un lado, un mismo prompt en dos máquinas diferentes, una al lado de la otra, puede arrojar respuestas distintas. Y después, de un día para otro, las respuestas suelen ser distintas, porque la IA incorporó nuevos conocimientos.

El otro tema muy importante es que quien controla la IA tiene que saber. O sea, yo no voy a ser Van Gogh, ni Rubens, ni Picasso. Pero puedo ser un buen curador de una obra de arte. Puedo establecer que la obra pertenece al período azul, puedo explicar el impresionismo. Yo creo que los abogados vamos a tener esa labor de "curador". No voy a ser el gran artista plástico, pero sí el que puede ordenar eso a partir de saber.

- Usted habló también de las regulaciones en otros países. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo se está en condiciones de aplicar una regulación en esta materia?

- Creo que ahí está la respuesta: para mí es en qué ámbito se puede aplicar. Creer que por un decreto o por una ley se puede limitar el desarrollo del sistema de inteligencia artificial es como creer que vamos a tapar el sol con la mano. Lo que sí podemos decir es cuándo hay que tomar sol o con cuánto factor dérmico. Me parece que en la Unión Europea hacen autocrítica, porque dicen: "Tanto regulamos que al final desarrollan más los chinos y los yanquis que nosotros".

Yo no digo eso. El desarrollo tecnológico no va a parar por una norma. Lo que sí tiene que regularse es la lógica de cómo la dejo tomar decisiones. Si vos querés armar tu valija para viajar y se lo preguntás a la IA, me parece bien. Pero no la podés usar para decidir si una persona va presa o queda libre, o sobre el patrimonio de una persona.

Sí puede ser, y ocultarlo es una pavada, que todos los funcionarios que la usan se nutran y acepten algunas recomendaciones. Pero después a la decisión final la tiene que tomar el ser humano, eso es indubitable. Estamos hablando en el ámbito de justicia y administración pública. En el ámbito privado, como la plata es tuya, hace lo que quieras. Si llueve sopa y te aconseja comprar tenedores, y vos le hacés caso, es un problema tuyo.

Por eso yo creo que está bien que la Unión Europea legisle para determinados ámbitos. Y te dice: "Usarla para contestar un mail: bajo riesgo. Para la foto multa: riesgo mediano. Para tomar decisiones sobre libertad, impuestos o patrimonio: riesgo alto, inaceptable". Entonces, no podés usarla para que tome la decisión. Ahí no se puede prescindir del control humano.

Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Esa resolución implicó el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, convertido en un punto de confluencia de simpatizantes y manifestaciones de apoyo a la ex mandataria.

De hecho, para conmemorar este primer aniversario, diversas agrupaciones políticas como La Cámpora y el Partido Justicialista han organizado una serie de actividades, debates y movilizaciones con epicentro en su domicilio en el barrio de Constitución (Ciudad de Buenos Aires)

A su vez, los representantes de la oposición peronista en el Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe este martes. Sostuvieron que las medidas aplicadas a la ex presidenta difieren de las utilizadas en otros casos de condenados por delitos federales y apuntaron especialmente al uso de la tobillera electrónica y a las restricciones de visitas.

Los abogados de Cristina pidieron en reiteradas oportunidades y distintas instancias que le saquen el dispositivo, con el argumento de que cuenta con custodia las 24 horas. El último intento fracasó la semana pasada cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.

Otras de las discusiones que se repitieron en los últimos 12 meses estuvieron relacionadas con el uso del balcón, la organización de las visitas y los pedidos de los abogados para exponerse al aire libre. La justicia consideró que Cristina Fernández no violó las directivas judiciales al asomarse o dar mensajes.

En una aclaratoria los jueces le indicaron que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.

Pero frente a algunas situaciones resonantes, se remarcó la obligatoriedad de seguir requiriendo autorización individual, con el detalle del motivo, fecha y hora programada. Los encuentros solo quedaron permitidos dos veces por semana, hasta tres personas simultáneas, con un plazo máximo de 2 horas.

En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el TOF 2 ordenó que solo se puede acceder dos horas diarias, entre las 06:00 y las 20:00.

En la última resolución al respecto, el tribunal ratificó las condiciones porque consideró que Cristina Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.

Mientras tanto, los efectos de causa Vialidad vuelven al Máximo Tribunal tras la confirmación de la condena un año atrás. En este caso, es para que resuelva la queja de la ex mandataria en relación a los bienes incluidos en el decomiso que ordenó el TOF 2 para recuperar el dinero derivado de las acciones que formaron parte del entramado de corrupción establecido.

Después de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimó el recurso extraordinario contra la ejecución de bienes, que incluye los activos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, la defensa intentará cambiar el rumbo a través del planteo ante la Corte, con el argumento de que lesiona el derecho de propiedad de sus herederos.

En tal sentido, el Tribunal Oral Federal 2 envió un oficio a la Corte Suprema para que, a través de la dependencia correspondiente, defina si alguno de los bienes inmuebles sujetos a decomiso “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

Hasta ahora el TOF 2 habilitó para el decomiso un listado de 111 bienes de Lázaro Báez, de Cristina Kirchner, y 19 propiedades que figuran a nombre de sus hijos. Se trata de 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Esa nómina surge de la identificación de inmuebles que elaboró el fiscal Diego Luciani como adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

A su vez, existe otro grupo de propiedades que fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el tribunal, que están a la espera de resolución. Allí aparecen locaciones relacionadas con Los Sauces y Hotesur, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, donde residía la familia Kirchner.

En tanto, entre testigos que se desdicen y otros que sorpresivamente aportan nuevos elementos, sigue adelante el juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas, con la participación de actores relevantes.

La semana pasada, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Ante la Justicia, confirmó que en 2005 detectó sobreprecios del 20% en el área de Vialidad Nacional y que elevó esta advertencia al entonces presidente Néstor Kirchner.

Este martes, el financista Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner. También habló de cartelización de la obra pública: “La Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién quién ganaba una obra y quién no; quién tenía la próxima y quién no; y quién entraba y quién no. Lázaro, por ejemplo, era un marginado de eso”.

El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe rechazó la acción de amparo colectivo presentada por organizaciones ambientalistas y referentes sociales que pretendían suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta que el Estado nacional realizara una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del río Paraná.

La sentencia, firmada el 5 de junio por el juez federal Gastón Salmain, concluyó que no se acreditó una "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" por parte del Estado nacional y rechazó tanto la suspensión del Decreto 709/2024 como el pedido de inconstitucionalidad del DNU 699/2024, que declaró servicio público las actividades de dragado, redragado, señalización, balizamiento y control hidrológico.

Santa Fe pidió acelerar la adjudicación de la Hidrovía para reducir costos logísticos y ganar competitividad. Foto: Fernando Nicola

La resolución representa un respaldo judicial para la continuidad del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

"La arbitrariedad o ilegalidad exigida por el artículo 43 de la Constitución Nacional debe ser manifiesta. No basta la invocación de un desacuerdo técnico, una crítica política, una divergencia científica o la postulación de estándares ambientales más rigurosos que los implementados por la Administración", sostuvo el magistrado.

Los demandantes habían solicitado que la Justicia ordenara una evaluación ambiental estratégica sobre toda la cuenca del Paraná, suspendiera el proceso licitatorio y declarara inconstitucional el régimen normativo que regula actualmente la concesión de la Vía Navegable Troncal.

Salmain consideró que el planteo excedía los límites propios de la acción de amparo. "La protección ambiental no exige que el juez administre. Exige que controle", afirmó en uno de los párrafos centrales de la sentencia.

También sostuvo que "la Constitución Nacional no consagra una cláusula de inmovilidad ecológica, sino un modelo de desarrollo sostenible", y remarcó que el desafío consiste en compatibilizar producción, infraestructura, comercio exterior y protección ambiental.

Según el fallo, la Hidrovía constituye una infraestructura estratégica para el país y cualquier decisión judicial que paralizara integralmente el proceso debía analizarse con especial prudencia institucional.

"La relevancia económica del corredor no excluye el control ambiental, pero sí impone ponderar cuidadosamente las consecuencias institucionales de una sentencia que pudiera paralizar o condicionar de modo absoluto la gestión de una infraestructura estratégica", señaló.

La sentencia llega en un momento crucial para el futuro de la Hidrovía. Tras superar la etapa de evaluación técnica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió en mayo las ofertas económicas de los dos consorcios que llegaron a la instancia final: la belga Jan De Nul, asociada con Servimagnus, y su competidora DEME.

Draga Albuquerque de Jan De Nul, que opera en el río Paraná. Foto: Gentileza DJN

Ambas presentaron propuestas económicas prácticamente idénticas, con tarifas ubicadas en los valores mínimos previstos por los pliegos.

Finalmente, el mismo día en que Salmain firmó la sentencia, el Gobierno nacional difundió el dictamen de preadjudicación que recomienda otorgar la concesión a Jan De Nul–Servimagnus, abriendo ahora un período para eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva. La decisión se basó en el sistema de puntajes aplicado durante las etapas técnica y económica del procedimiento.

El proceso sigue rodeado de controversias. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había advertido semanas atrás sobre presuntas irregularidades en los pliegos y observaciones vinculadas a la transparencia del procedimiento, cuestionamientos que también fueron invocados por los actores en la causa judicial.

Sin embargo, Salmain sostuvo que las observaciones formuladas por la PIA "poseen relevancia institucional", pero que no constituyen por sí mismas una demostración de ilegalidad manifiesta que justifique la suspensión judicial del proceso.

El fallo también adquiere especial relevancia por el contexto institucional que atraviesa su autor. El juez Gastón Salmain compareció el 20 de mayo ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de expedientes disciplinarios acumulados abiertos en su contra. Durante esa audiencia respondió preguntas de los consejeros y ejerció su defensa.

El juez federal de Rosario Gastón Salmaín compareció ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Archivo El Litoral

Ocho días después, la Comisión aprobó por unanimidad un dictamen que propone al plenario del Consejo la apertura formal del procedimiento de remoción por presunto mal desempeño y su suspensión en el ejercicio del cargo. La recomendación todavía debe ser considerada por el plenario del organismo, que resolverá si formula la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe está vacante desde fines de 2024 tras la jubilación de Reinaldo Rodríguez, cubierto con subrogancias rotativas y actualmente con concurso en trámite para su cobertura en el Consejo de la Magistratura.

En tanto, la decisión de Salmain no clausura la discusión ambiental sobre la Hidrovía.

El propio magistrado aclaró que el rechazo del amparo "no importa una autorización judicial anticipada e irrestricta para cualquier obra futura" y recordó que el Estado mantiene la obligación de realizar las evaluaciones ambientales que correspondan respecto de proyectos concretos de ampliación, profundización o modificación del sistema navegable.

Por ahora, sin embargo, el fallo elimina uno de los principales obstáculos judiciales que enfrentaba el proceso licitatorio y despeja el camino para que el Gobierno avance hacia la adjudicación definitiva de una concesión estratégica por donde circula alrededor del 80 por ciento del comercio exterior argentino.