Dos meses después de aquel incendio que terminó revelando las condiciones en las que vivían siete adultos mayores y personas con discapacidad en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte, el caso abrió una nueva puerta judicial. Esta vez, en el fuero federal y bajo una acusación que, de comprobarse, modificaría sustancialmente la dimensión de la investigación: Trata de Personas.

La denuncia fue presentada el viernes por el periodista santafesino Pablo Benito, con el patrocinio del abogado Dr .Santiago Banegas.

La presentación, según explicó Benito en una entrevista concedida al programa Santa Fe Policiales, que se emite por CYD Litoral, apunta a que se investigue si detrás del funcionamiento clandestino del establecimiento existió un mecanismo de captación, alojamiento y explotación económica de personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad.

La denuncia no aparece en un vacío. Llega después de semanas en las que fueron apareciendo testimonios, documentos y advertencias que habían sido formuladas antes del incendio del 27 de julio. Aquella jornada, uno de los residentes encendió un colchón. El fuego terminó siendo, paradójicamente, la señal que permitió descubrir lo que ocurría puertas adentro.

El establecimiento no figuraba en los registros municipales y funcionaba sin habilitación. Siete personas fueron rescatadas y trasladadas para recibir asistencia estatal.

Los testimonios posteriores hablaron de falta de alimentos, medicamentos, higiene y de la retención de documentos y tarjetas utilizadas para cobrar jubilaciones y pensiones. La Justicia provincial abrió una investigación por abandono de persona y otros posibles delitos. Pero ahora la mirada se desplaza hacia otra hipótesis.

Para Benito, el punto central está en determinar qué ocurrió antes de que los adultos mayores llegaran a aquel inmueble y, especialmente, quiénes intervinieron en esos ingresos.

Explicó que su hipótesis parte de denuncias previas en las que se describiría un mecanismo de captación a partir de la situación de vulnerabilidad de personas que habían sido externadas de establecimientos de salud.

Según su relato, una vez producido el ingreso al geriátrico, se habría pedido a los residentes o a sus familiares documentación personal, tarjetas bancarias y claves. El objetivo, sostiene el periodista, habría sido controlar los ingresos previsionales y eventualmente otros recursos económicos de las víctimas.

La hipótesis deberá ser ahora analizada por la Justicia. No se trata de afirmar que el delito de trata esté probado, sino de establecer si los hechos denunciados encajan en esa figura penal y, en ese caso, quiénes pudieron haber intervenido.

La cuestión adquiere especial gravedad porque las primeras denuncias habían sido realizadas meses antes del incendio. El Litoral ya había reconstruido el testimonio de la hija de uno de los residentes, quien aseguró haber presentado tres denuncias entre abril y mayo y haber aportado cartas de otros adultos mayores que pedían ayuda.

Una de esas cartas, según se informó, contenía un pedido desesperado para abandonar el lugar. Otros testimonios mencionaron presuntos malos tratos, retención de documentación y problemas vinculados con el manejo del dinero de los residentes.

Ahora, además, existe una investigación sobre la actuación de funcionarios que recibieron denuncias previas. En concreto La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga a los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini por no actuar a tiempo ante denuncias sobre un geriátrico clandestino en Santa Fe.

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿Qué habría ocurrido si aquella noche no se encendía el colchón?

Benito planteó otra cuestión todavía más incómoda. “Hay que controlar a quienes nos controlan”, afirmó al explicar por qué decidió dejar de ser solamente periodista y convertirse en denunciante.

En ese punto, la causa ingresa en un terreno particularmente delicado. Ya no se trata únicamente de reconstruir qué ocurrió dentro de aquella vivienda del barrio Nuevo Horizonte.

También será necesario determinar qué advertencias existieron, quiénes las recibieron, qué hicieron con ellas y por qué un lugar que, según la Municipalidad, funcionaba completamente fuera de la ley pudo permanecer abierto durante tanto tiempo.

La denuncia federal propone, en definitiva, mirar el caso desde el principio y no desde las llamas. Porque si aquello que parecía un incendio fue en realidad el último eslabón visible de una cadena más extensa, la investigación recién estaría comenzando.

La intensa búsqueda del kitesurfista desaparecido en aguas de la Laguna Setúbal tuvo este viernes un desenlace trágico. Poco después del mediodía, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo en el canal de derivación sur, en la intersección con el canal de acceso, a la altura de club Náutico Sur.

La información fue confirmada alrededor de las 12.17 por efectivos de la fuerza federal que participaban del operativo montado desde las primeras horas del jueves, cuando se perdió todo contacto con el deportista mientras navegaba en la laguna.

El hallazgo puso fin a un amplio despliegue de rastrillajes que se desarrolló durante casi dos jornadas. Desde el momento de la desaparición trabajaron embarcaciones de Prefectura Naval, buzos especializados y personal de distintas áreas de emergencia, que recorrieron sectores de la Laguna Setúbal y los canales vinculados al sistema hídrico.

Las tareas se reanudaron a primera hora de este viernes, concentrándose especialmente en la zona hacia donde podían haber derivado tanto el deportista como su equipo, de acuerdo con las condiciones del viento y la corriente.

Fue en ese contexto que, cerca de las 12.17, un oficial auxiliar de Prefectura Naval Argentina, informó el hallazgo del cuerpo en el canal de derivación sur, en la intersección con el canal de acceso.

El lugar se encuentra a la altura del Náutico Sur, donde inmediatamente se preservó la escena mientras se iniciaban las actuaciones judiciales de rigor y las diligencias para la identificación formal y posterior entrega del cuerpo a sus familiares.

La investigación quedó ahora orientada a establecer con precisión la mecánica del hecho, aunque todo indica que se trata del trágico desenlace de la desaparición que había motivado el amplio operativo de búsqueda.

La desaparición del kitesurfista había generado una profunda preocupación entre familiares, amigos y la comunidad vinculada a los deportes náuticos de la ciudad. Durante toda la jornada del jueves y la mañana de este viernes se sucedieron los rastrillajes por agua y por superficie, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, el hallazgo realizado este mediodía confirmó el peor escenario y puso punto final a una búsqueda que mantuvo en vilo a Santa Fe.

En las próximas horas se aguardarán las conclusiones de las actuaciones judiciales y los informes periciales correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.